Un colegio de Tierralta, Córdoba, será el primero del país en cambiar su naturaleza y convertirse en escuela normalista, los ‘colegios de los maestros’. Esto es posible gracias a la nueva reglamentación con la que el Ministerio de Educación busca impulsar este tipo de instituciones.
Las escuelas normales superiores fueron las primeras instituciones acreditadas para formar maestros en el país y fueron las únicas en hacerlo hasta 1934, cuando se crearon las primeras facultades de educación.
Pero con el tiempo, las normalistas perdieron protagonismo en su tarea de preparar a los profesores. En 1997 y 2008 la ley les exigió pasar por procesos de acreditación, que disminuyeron su presencia en el sector educativo. De más de 300, ahora solo quedan 137.
Según la Ley General de Educación, la idea es que estas instituciones cumplan un papel de “formación inicial de docentes”, lo que implica el primer paso en una instrucción posterior más completa en licenciaturas y otros estudios. Sin embargo, por las dificultades de acceso a la educación superior (especialmente en las zonas más aisladas del país, donde mayor presencia tienen las normales), muchos normalistas no pueden continuar su carrera.
Por esa razón, en las escuelas rurales y los pueblos apartados del casco urbano estos profesores todavía cumplen un papel destacado en la educación. Además, porque en estas zonas hacen falta docentes.
Según la revista Dinero, en el campo, el 51 % de las sedes educativas son multigrado (escuelas que tienen un profesor para varios grados). De ahí la necesidad de contar con más docentes de calidad en las zonas rurales y la relevancia que tomaron las normales superiores, de las cuales el 90 % están en poblaciones con menos de 100.000 habitantes.
Las normales funcionan básicamente como una escuela secundaria regular, con una salvedad: después de grado 11, los alumnos pueden cursar un programa de formación complementaria en el que estudian cuatro semestres más y salen calificados para enseñar en preescolar o primaria.
Actualmente, hay 137 escuelas normales superiores en todo el país y se gradúan cerca de 7.000 estudiantes, según cifras de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores de Colombia (Asonen). Esto es, casi la quinta parte de todos los graduados en ciencias de la educación: 37.000 cada año.
De acuerdo con Miguel Romero, rector de la Institución Educativa Agroecológica Nuevo Oriente, en Tierralta, Córdoba, la importancia de las escuelas normales radica en que pueden formar a los jóvenes del mismo municipio para que, una vez terminen su proceso educativo, puedan ejercer la docencia en ese mismo municipio: “Muchas veces las plazas docentes en municipios alejados, o que han tenido conflicto, no son apetecidas por muchos profesores, razón por la que se hace vital formar el talento de la misma región, dado que así es más fácil que se queden aquí para aportar a la formación de calidad de futuras generaciones”.
Por esa razón, esta institución educativa será la primera del país en cambiar su naturaleza y pasar a convertirse en la Escuela Normal Superior del Alto Sinú. De acuerdo con cifras de Educapaz, entidad que acompaña el proceso de transformación del colegio, la mayoría de los 1.400 estudiantes del colegio viven en el barrio 9 de Agosto, que en algún momento fue una de las invasiones más grandes de Colombia.
El 66 % de la población estudiantil pertenece a familias en situación de desplazamiento forzado, y el 15 % a familias reincorporadas. “Todas las familias son vulnerables. La escuela empezó con unos quioscos de hoja de palma y hoy en día es prácticamente una ciudadela educativa: tiene un centro de desarrollo infantil anexo al colegio y los estudiantes salen como técnicos del SENA con énfasis agroecológico”, explicó el rector.
Desde su fundación, esta institución le apostó a la construcción de paz. Por eso cuenta con numerosas iniciativas propias y alianzas estratégicas con oenegés nacionales, cooperación internacional, universidades de la región y empresas privadas, que le han permitido posicionarse como un laboratorio de paz en el municipio. Además, a fin de ir un paso más allá y a causa de la necesidad de formar talento oriundo de la región, aplicaron al proceso de transformación que adelantaba la Gobernación de Córdoba.
Al tener avances en la doble titulación de bachilleres y trabajar con una población vulnerable, este colegio terminó elegido para ser el primero del país en convertirse en escuela normal superior, a pesar de no haber sido fundado así. Este es un proyecto bandera de la Gobernación de Córdoba, pionera nacional al proponer que, durante los próximos tres años, tres instituciones educativas puedan convertirse en escuelas normales superiores para aportar a la formación de maestros con enfoque de paz y con gran arraigo al territorio, en las zonas más violentas del departamento: el Alto Sinú y el Alto San Jorge, las cuales componen la subregión PDET Sur de Córdoba y Zona Costanera.
De acuerdo con el rector Romero, el proceso de transformación durará cerca de un año. “En 2021 estaremos en la adaptación del proyecto educativo institucional, que se acople con el nuevo enfoque al que pasaremos, acompañados de Educapaz y el ministerio, para así iniciar en 2022 con la formación de nuestros futuros maestros”, concluyó.
Las escuelas normales superiores pasaban por un problema de normatividad bastante particular. Están cobijadas por la Ley 115 (que abarca a las instituciones de educación básica y media) y sus exigencias son, en su mayoría, las de una escuela de primaria y secundaria.
Pero también cumplen funciones de una institución de educación superior, pues gradúan a personas calificadas para el trabajo docente. Por eso, las condiciones de calidad no están niveladas con las que se les exige a los programas de licenciatura. En aspectos como la práctica pedagógica, los normalistas tienen una gran ventaja, pues su formación es práctica casi en su totalidad. Pero en otros temas, como la investigación o el aprendizaje de inglés, están atrasadas.
Además de eso, con el mismo presupuesto que les asignan a las escuelas oficiales, las normales tienen que proveer su programa complementario de dos años más. Solucionar estos problemas implicaba replantear la normativa que regía las normales; por tal razón, hace unas semanas el Ministerio de Educación emitió las novedades en cuanto a la reglamentación, que ha venido trabajando de la mano con Asonen y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Se trata de la expedición del Decreto 1236 del 14 de septiembre de 2020, el cual establece los mecanismos y las rutas para que los educadores normalistas vinculados al sector oficial se profesionalicen al cursar licenciaturas con financiación del 100 % de su valor. De igual manera, le apunta a desarrollar un proyecto normativo para reglamentar su organización y funcionamiento.
Con la nueva norma, se abrió la posibilidad de que las normales suscriban convenios con instituciones de educación superior para ejecutar proyectos de investigación conjuntos, reconocer saberes, organizar las prácticas de los normalistas superiores y darle continuidad a su formación en un programa de licenciatura. A su vez, las escuelas normales podrán recibir estudiantes de licenciatura de las instituciones de educación superior para que hagan sus prácticas profesionales.
Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/el-colegio-de-profesores-llego-el-resurgir-de-las-escuelas-normales/202049/
Texto: Daniela Pastrana/ Fotos: Centro de Derechos Humano Miguel Agustín Pro
Un juez federal ordenó a la Fiscalía del Estado de México enviar a la Fiscalía General de la República el expediente de las 11 mujeres que hace 14 años sufrieron tortura sexual en Atenco y cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En entrevista, dos de ellas hablan de la batalla contra un Estado que está obligado a protegerlas.
Hace 14 años, Italia Méndez y Norma Jiménez sobrevivieron a la tortura sexual en San Salvador Atenco. Desde entonces, su vida está volcada en pelear por justicia y para que ninguna otra mujer viva lo que ellas vivieron. Han ganado todas las batallas, incluso, hace dos años consiguieron una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la estructura violenta del Estado es como una Hidra que se reproduce y multiplica.
Conversamos al final de una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, convocada este domingo para anunciar un pequeño triunfo, el último en la cuenta de una larga batalla legal: el 25 de noviembre, el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Toluca les concedió un amparo que ordena a la Fiscalía del Estado de México “revocar su negativa de cumplir con la facultad de atracción” de la Fiscalía General de la República.
Esta sentencia ordena a las autoridades estatales a cumplir otra, emitida hace dos años por la Corte Interamericana, y colaborar para que se unifique la investigación en el fuero federal.
“Que entregue la investigación”, resume Ivette Galván, abogada del Centro Pro, al explicar que la unificación de la investigación posibilitaría evaluar todas las constancias que hay del caso y no solo las que tiene ahora la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), las cuales están centradas en la participación de agentes federales, en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006.
Un logro pequeñito en una tragedia grande
“Durante los 14 años que llevan transcurridos los hechos no existe ninguna consignación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, entonces creemos que esto puede ser un paso más para activar la investigación que esta parada e impune hasta la fecha”, dice la abogada.
Para Italia y para Norma, dos de las 11 mujeres que llevaron la demanda de justicia a tribunales internacionales, la resolución del juez federal no es tan alentadora, quizá porque este domingo es uno de esos días —muchos en estos años — en los que la tristeza se les instala en el cuerpo.
Dice Norma:
“Hay momentos donde cae totalmente el ánimo y este es uno de esos, porque el panorama es bastante desalentador. Cuando vivimos esto, hace 14 años que parecen 40 porque toda mi vida se fue ahí, pero lo que pasó en 2006 fue tan shockeante, tan difícil de asimilar, y luego cuando hacíamos el recuento y hablábamos de los impactos que esto había generado en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y de la gente que lo vivió… no sé, lo único que me podría parecer justo era que no le ocurriera a otras mujeres. Y me parecía, al mirar, todo lo que se rompe, que nuestra exigencia era bien poquita. Solo queríamos decir: ‘hagan su trabajo’ y eso era como pelear contra el monstruo. Nos trataron como si pedir justicia fuera una afrenta, que lo es, pero en ese momento no lo vislumbraba así”
“(La sentencia del juez) es un logro pequeñito y de eso se ha construido nuestro camino y nos da un poquito más de ánimo para seguir caminando. Porque primero pensábamos que si lográbamos llega a la Corte, que lo veíamos muy lejano, íbamos a lograr lo que queríamos: las medidas de no repetición. Pero eso no ha pasado, y al contrario, vivimos en un país donde 11 mujeres son asesinadas todos los días y el Estado no hace nada, al contrario, cuando gracias a las familias se logra tener un victimario dentro (de la cárcel), lo dejan salir. Esa justicia que nos pintan, a la que tenemos derecho, no es real, no existe. La justicia se va construyendo de pequeñas victorias como esta y la van construyendo las víctimas. Ese es el trabajo. Lo único que nos queda es seguir dando pelea y encontrarnos en el camino para seguir teniendo esperanza porque es muy complicado”.
“Nos tenemos”
— Imagino que en estos 14 años has tenido muchas veces estos desánimos. ¿Qué te levanta, Norma?
— Pues creo que la lucha de otras mujeres, ahí encuentro las ganas… Italia, que no ha dejado que lo pierda (el ánimo).
Dice Italia:
“Pues es que nos tenemos. Al final, para mí la lucha de las mujeres de Atenco se traduce en una carrera de larga duración. Y sí, la lucha de otras mujeres es lo que nos ha reanimado, pero creo que la vida de las mujeres jamás había estado tan afectada como ahora, o quizá lo digo porque es la época que me ha tocado vivir y pelear. Pero es una emergencia”.
Lo que sigue no es una pregunta, sino una disertación de la periodista sobre cómo dejamos pasar todo lo que pasó en 2006. Cómo celebramos la Navidad ese año y normalizamos tanta impunidad. ¿Cómo paramos ahora la bola de nieve que se lanzó?
Responde Italia:
“Es eso que acabas de decir: Ha ido escalando y cada vez es una violencia más cruenta, y cada vez estamos más afectadas, y pareciera que no para y que no pasa nada”.
Hacer algo: sobrevivir
Me pregunto (y les pregunto) si no les ponemos demasiada carga de responsabilidad. Que las mujeres de Atenco luchen por todas. Que su batalla nos abra camino a las demás.
Norma niega con la cabeza. Luego explica:
“No hay una distancia ente la violencia que vive otra mujer y la que puedes vivir tú, porque, además, esta violencia desde las instituciones, desde las estructuras, es muy grande, pero no es la única vez que hemos sido violentadas. Creo que la memoria de nuestro cuerpo y de nuestra mente no nos deja estar en paz, sabes que es lo que te puede pasar si sales a la calle. La mayor parte de las mujeres han sido victimas de mas de una violencia, de cara a eso, a todas nos toca hacer algo, incluso sólo sobrevivir”.
— ¿Cómo ha sido en este tiempo su convivencia con espacios familiares o sociales que normalizan todas esas violencias?
— Una apuesta que tuvimos fue hablar con la gente desde una posición muy honesta- responde Italia —. Al principio, cuando hablábamos de violación, así en público, era muy shockeante. Tuvimos que ir modificando también nuestro propio testimonio y nuestra forma de contar lo que había pasado. Era muy duro por el estigma que cargaban sobre nosotras. Y poco a poco intentamos, porque no se puede siempre, desinstalarlo y decir: ‘esto no es mío, no me toca, esto fue un actuar que tuvieron los responsables’. Es decir, nosotras creemos que hay que devolverle la responsabilidad a quien la tiene y eso es el Estado y los policías. Y romper este estigma nos permitió establecer una comunicación mas honesta y mas real, que pudiera hablar de los impactos sin que nos atravesara la vergüenza, ni a nosotras ni a nuestras familias. Pero no es fácil, no es una fórmula, incluso con los medios, al principio nos decían: las violadas de Atenco
— Y lo peleamos —, dice Norma.
— Lo peleamos — dice Italia —. Son 14 años de lucha por intentar cambiar las narrativas y la forma en la que es percibida la víctima. Somos sujetos de derecho, y desde ahí es nuestra forma de abordarlo y exigirlo, no desde el victimismo. Entendemos la figura de victima en lo jurídico pero en lo social tenemos que darle a vuelta, y eso lo intentamos hacer creo que ha tenido sus frutos, no solo en el tema Atenco, hemos intentado construir juntas con otras mujeres con las que la experiencia nos hermanó.
Jóvenes rabiosas, señoras rabiosas
— ¿Se imagina de algún modo en 10 años?
— Mas vieiitas — bromea Norma.
Luego dice: “Éramos jóvenes rabiosas, y ahora somos señoras rabiosas. Y seremos abuelitas rabiosas”.
— Pero algo sí ha cambiado la estructura esta batalla de ustedes, ¿no? ¿Un poco, quizá?
— Sí, ha cambiado y nosotras también. Hemos encontrado muchas cosas donde fortalecernos y donde saber que batallas dar y no desgastarnos en otras cosas
Resume Italia:
“Así como van las cosas, estaremos peleando. Que sea más diverso el tema, que dejemos de ver el mundo polarizado y binario. Me da mucho gusto ver a mujeres que están vertidas en construir, en transformar. Aunque luego veo también la reacción que hay contra los movimientos feministas de la propia sociedad… Y eso es muy duro”.
Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/la-justicia-se-va-construyendo-de-pequenas-victorias-de-las-victimas/
Durante la Emergencia Sanitaria por Covid 19, se intensificaron las violencias estructurales hacia las mujeres en México. En distintos ámbitos desde lo familiar y comunitario a lo institucional, tanto en lo físico como en lo virtual. Sus derechos fueron violentados en la salud, la educación, lo laboral, la vivienda, entre otros. Los aislamientos con agresores, el detrimento en las condiciones de vida, la falta de protección en los espacios públicos, las restricciones de movimiento y las múltiples preocupaciones económicas, así como la fuerte sobrecarga psicológica del encierro, significó la reducción de posibilidades para las mujeres. Además de ser las principales cuidadoras de quienes se enfermaron tanto en hospitales como en los hogares.
La situación extrema de riesgo a la vida, seguridad e integridad se incrementó, debido a la falta de eficacia del Estado mexicano para implementar medidas urgentes de prevención y a los vacíos en el acceso a un sistema de justicia que mantiene un carácter patriarcal. En la política de gobierno federal y de las entidades, el asesinato de las mujeres, adolescentes y niñas, es un asunto de menor importancia, que envía mensajes de permisividad a los feminicidas.
De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México y Brasil son los países con mayor número de casos de asesinatos de mujeres, en la segunda entidad, América Latina, más letal en el mundo.1 Esta preocupante estadística se agravó. El reporte especial Las dos Pandemias, publicó que en el mes de abril de 2020, en nuestro país fueron asesinadas en promedio, 11.2 mujeres por día.2
En el Estado de Chiapas, el feminicidio y la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es preocupante. El Observatorio Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres, registró: 46 feminicidios al mes de septiembre.3 En el mismo lapso, hay al menos 151 mujeres desaparecidas y es alarmante que en su mayoría son menores de edad.
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró un aumento en los casos de Atención de la Violencia hacia las Mujeres, en el segundo semestre de 2020, respecto al mismo lapso en 2019. Con un total de 22 casos, del mes de julio a septiembre.4Los cuales siguen el patrón de violencia en el ámbito familiar con la omisión de autoridades de los distintos niveles, específicamente de las instancias encargadas de procurar justicia a mujeres y niñas.
En medio de las restricciones de la Pandemia y el incremento de la violencia hacia ellas, las mujeres en México y en Chiapas continúan organizándose en la reivindicación de la vida. A pesar de enfrentarse al asesinato, la privación de la libertad, la criminalización, la estigmatización y la judicialización. La Red Nacional de Defensoras y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras denunciaron, las intimidaciones a las Mujeres Autoconvocadas que asistieron a la Marcha de Las Catrinas, el 30 de octubre de 2020, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas5.“Estos hechos se suman a los actos de represión y violencia contra protestas de feministas y de defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en otros lugares del país.”
Ante la falta de garantías y los antecedentes de represión policiaca a manifestaciones de mujeres en diversas entidades6, el Frayba se suma a la exigencia al Estado mexicano de respetar el derecho a la libre expresión y organización, de quienes saldrán a las calles en el Día Internacional De la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres.
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1 Una mujer es asesinada cada dos horas en América Latina por el hecho de ser mujer. 03 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.france24.com/es/20200303-dia-de-la-mujer-feminicidios-latinoamericano-violencia-genero.
2 Equis: Justicia para las mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta. Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en México, en el contexto de COVID. Informe elaborado para la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf
3 Datos disponibles en la página: https://web.facebook.com/ObsFeministaCh
4Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Persiste violencia hacia las mujeres en Chiapas. Boletín 07. 13 de abril de 2020. Disponible en: https://frayba.org.mx/persiste-violencia-hacia-las-mujeres-en-chiapas/
5Intimidan, amenazan con atropellar e incitan a la violencia contra participantes en “Marcha de las Catrinas” el pasado 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas. 24 de noviembre de 2020. Disponible en: Intimidan, amenazan con atropellar e incitan a la violencia contra participantes en “Marcha de las Catrinas” el pasado 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas.
610 de septiembre, en Culiacán, Sinaloa; 11 de septiembre, en el municipio de Ecatepec, Estado de México; 28 de septiembre en Veracruz; 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, entre otras.
Los expertos alertan del incremento de la depresión, la ansiedad, el estrés, la irritabilidad y la apatía entre el alumnado.
Las necesidades de atención emocional a los alumnos y de asesoramiento a los equipos docentes y las familias acentuadas por el cierre de los centros de enseñanza durante la primera fase de la pandemia han puesto de relieve el «papel imprescindible» de los psicólogos educativos.
Así lo aseguran cinco expertos que firman conjuntamente el análisis «La importancia del profesional de la psicología educativa en tiempos de pandemia«, recogida en el »Anuario de la educación de las Islas Baleares 2020«, que ha publicado la UIB con el apoyo de la Fundación Guillen Cifre.
Los investigadores señalan en el resumen de su artículo que «los principales actores del sistema educativo han sufrido diferentes consecuencias psicológicas» a causa de las modificaciones que la pandemia ha impuesto en el ámbito escolar, ante la que el psicólogo educativo «no ha podido intervenir suficientemente».
Parte de estas consecuencias psicológicas derivan de las dificultades específicas agravadas de los alumnos con menos recursos económicos, que «han perdido un trimestre escolar al verse descolgados por la brecha digital y la imposibilidad de seguir las clases virtuales«.
«Las situaciones límite y de violencia intrafamiliar en que se encuentran algunos alumnos se han degradado aún más«, inciden los autores del estudio: Shannon de Jesús, Juana María Ribas, Victoria Gongález, Cinthia Frías y Pere Joan Joy.
El análisis, uno de los seis artículos de un monográfico dedicado al coronavirus dentro de un anuario que cuenta en total con treinta y uno, indica que «en general, se ha acelerado el fracaso escolar ante la imposibilidad de contar con un apoyo presencial y continuo por parte del profesorado, que no siempre ha estado a la altura en cuanto al dominio de las nuevas tecnologías«.
No obstante, «algunos alumnos han mejorado su capacidad de estudio por el hecho de encontrarse una modalidad de educación a distancia en la cual se siente cómodos y en la que pueden autogestionar el ritmo de trabajo».
Impacto incalculable
Más allá de las consecuencias psicológicas de carácter educativo, «un gran porcentaje de estudiantes» han sufrido el impacto «del confinamiento y la privación de sus rutinas y actividades previas a la declaración del estado de alarma».
Esto se ha puesto de manifiesto en su «estabilidad emocional y conductual« y ha tenido también como consecuencia el aumento del tiempo de uso de tecnologías de la comunicación.
Los especialistas citan estudios en los que se pone de manifiesto el incremento de la depresión, la ansiedad, el estrés, la irritabilidad y la apatía entre el alumnado, más desmotivado a la hora de afrontar sus tareas.
En este contexto, el psicólogo educativo «se convierte en una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro«, tanto por su capacidad para evaluar las situaciones que se produzcan como por la de proponer planes de acción para afrontarlas.
Uno de los retos de los profesionales de la psicología que trabajan en los centros de enseñanza es mejorar en el uso de «los medios telemáticos para poder seguir acompañando a los alumnos y sus familias», lo que requiere mejoras en la formación.
Durante el cierre escolar del último trimestre del curso 2019-2020, «se ha evidenciado que aquellos entornos educativos que han contado con un psicólogo educativo han sabido adaptarse de mejor manera» a los desafíos, inciden los especialistas.
Constatan que, además de los estudiantes y los profesores, «muchas familias han necesitado ayuda del psicólogo educativo» y lo han solicitado directamente o a través del centro, aunque también ha sido patente la desconexión de algunas otras.
El monográfico sobre el impacto de la pandemia del «Anuario de la educación de las Islas Baleares 2020» también incluye análisis sobre las lecciones de la crisis sanitaria respecto a la educación en casa, los efectos sobre la etapa de Infantil y la implicación de las familias.
Fuente e imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-pandemia-demuestra-papel-imprescindible-psicologos-escolares-202011300056_noticia.html
Estos participantes fueron becados por Inafocam para fortalecer su formación en la Especialidad en Educación Inicial y la Especialidad en Acompañamiento Pedagógico. Ambos programas se desarrollan de manera virtual por causa de la pandemia del Covid-19.
El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) llevaron a cabo un acto de firma contrato compromiso en el que 152 docentes del área metropolitana se comprometen a cumplir con los deberes del proceso de formación que se desarrolla en la citada institución de educación superior.
Estuvieron presentes coordinadores docentes y técnicos docentes que laboran en los niveles de Inicial y de Primaria del sistema educativo dominicano de las regionales 04 (de San Cristóbal), 10 y 15 (de Santo Domingo) y 17 (de Monte Plata).
Estos participantes fueron becados por Inafocam para fortalecer su formación en la Especialidad en Educación Inicial y la Especialidad en Acompañamiento Pedagógico. Ambos programas se desarrollan de manera virtual por causa de la pandemia del Covid-19.
La actividad se desarrolló este miércoles en el Salón Osvaldo García de la Concha de INTEC bajo la coordinación de Pascuala Matos coordinadora de programas de posgrados del Inafocam. El acto de firma del documento legal estuvo dirigido por Raquel Liriano y Ángela Acosta del Departamento Jurídico de este instituto.
Los representantes del Inafocam exhortaron a los becarios a comprometerse con el proceso de formación docente que se desarrolla en el INTEC. Dijeron que estos programas forman parte de los planes de la institución que representan para la creación de una masa crítica de especialistas en las diferentes áreas curriculares y transversales del currículo educativo por competencia.
Se les recordó la importancia que tienen los docentes y los técnicos docentes en la calidad de los aprendizajes escolares y que por esto el Inafocam compromete a los participantes en los programas que desarrolla a nivel nacional para que asuman con rigor el proceso formativo universitario.
En el documento entregado por los técnicos jurídicos del Inafocam se informó a los participantes de los programas de posgrado de los compromisos y responsabilidades que asumen como becarios de la institución responsable de la formación y capacitación de los maestros del sector educativo público.
Fuente e imagen: https://acento.com.do/actualidad/becarios-de-inafocam-e-intec-daran-inicio-a-especialidades-en-educacion-inicial-y-acompanamiento-pedagogico-8888276.html
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
El Enano discutió con un policía. El chofer, conocido por su apodo, acababa de intentar una maniobra prohibida. Todo para entrar con su precario autobús al principal parque industrial del municipio de Choloma, al norte de Honduras. Era 12 de agosto y pasaban las seis de la mañana. El conductor trasladaba a 31 obreras y 9 obreros a la maquila Jerzees Nuevo Día, una de las siete empresas en Honduras que fabrican ropa para la marca estadounidense Fruit of the Loom. El oficial retuvo el bus por unos minutos. Pero lo dejó pasar.
Temprano por la mañana, varias maquileras se dirigen a la entrada del parque industrial Zip Choloma, las medidas de distanciamiento social no se cumplen en los portones de acceso del parque
Cindy, una de las pasajeras y empleada de la fábrica textil, observó el incidente sorprendida desde su asiento. Recuerda al Enano como un hombre con sobrepeso. Le vio bastantes veces, pero no solía fijarse en él. Ese día, iba pensando en regresar bien a su casa, cuando acabara su jornada. El miedo al contagio le generaba mucho estrés. Cindy escuchó cuando el conductor se defendió del policía: “Viejo ¿por qué estás dejando pasar otros buses y a mí, no?”.
Al día siguiente, lo primero que Cindy hizo al subir al bus fue pensar que quizá el incidente se repetiría. La mujer que elige llamarse Cindy sin apellido por seguridad, saludó al Enano. “Buenos días, a ver cómo nos va hoy”, le dijo antes de acomodarse en un asiento intermedio de la unidad. Por residir en el sector López Arellano en Choloma, Cortés —el departamento con más casos detectados de Covid-19 a nivel nacional—, Cindy prefería salir de casa con la mascarilla puesta y la careta plástica que le dan en el trabajo.
El bus salió de la López Arellano, a 7 kilómetros del casco urbano de Choloma. Empezó a circular por una de las principales vías de la zona metropolitana del valle de Sula, que concentra el 80% de la zona manufacturera y textil de Honduras. Mientras el viejo vehículo amarillo avanzaba por el concurrido bulevar, Cindy se entretenía con el reguetón que retumbaba en los parlantes. No vio cómo el bus estaba a punto de ser detenido por la policía.
En Honduras, las fábricas de ropa textil de exportación, conocidas como maquilas, permanecieron cerradas solo del 10 de marzo al 22 de abril para reducir el contagio por la Covid-19. Reabrieron porque fueron consideradas por el gobierno como sector esencial para fabricar material sanitario a cambio de contratos. Equiparadas a los supermercados, farmacias, bancos y gasolineras. Desde entonces, no pararon.
Fue el caso de Jerzees, que empezó a fabricar mascarillas. Aunque su principal cliente siempre fue Fruit of the loom, de la corporación Berkshire Hathaway Group, un imperio que tiene unos 270 mil empleados y es propiedad del magnate Warren Buffett.
El bus de El Enano circula por las calles aledañas a la zona manufacturera de Choloma, al norte de Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, que ronda los nueve millones. Las 122 maquilas del sector textil fueron beneficiadas por el gobierno para hacer mascarillas a cambio de US$128,000 y batas quirúrgicas, por US$443,944. Las maquilas las fabricarían. Solamente en Choloma hay 78 maquilas, así que la demanda de transporte fue grande.
El transporte público estaba prohibido. Muchas maquilas contrataron transporte privado. Jerzees, desde antes de la pandemia, tenía un servicio privado en cumplimiento de un acuerdo sindical. Pero la reactivación de un sector con más de 160,000 empleados tuvo complicaciones.
El toque de queda absoluto que se decretó desde marzo, fue cambiando cada semana. En los primeros meses, hubo más de 54,000 detenciones policiales por presunto salto del toque de queda y un centenar de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad.
El saludo que Cindy le hizo al Enano, dirá ella después, fue un presagio.
El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 AM del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.
Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un video con su celular.
Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.
Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.
Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, 4 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar.
La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, luego se olvidó.
El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que al estar involucrado en un tema con la policía prefería irse de su casa.
Un policía a juicio
La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.
Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (US$560.000).
Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.
El policía implicado en el caso fue llevado al edificio judicial donde se realizaron las audiencias. Al terminar, fue custodiado y sacado por la puerta trasera para que la prensa no pudiera fotografiarlo
El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.
Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.
El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.
Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.
Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.
Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Ahorra para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad.
Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.
La pasajera del asiento intermedio
Cindy, 34 años, la trabajadora que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.
Cindy en su casa en la colonia López Arellano, donde viven la mayoría de trabajadoras de maquilas
Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras por ocho años tras un golpe de Estado en 1963.
En el sector López Arellano viven unas 132,000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.
Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1200 lempiras (US$48) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.
Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.
Cindy muestra su tobillo hinchado después del golpe que sufrió al tratar de huir del gas lacrimógeno
“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.
Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta US$8. Cindy se colocó más de 10 dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió en esa ida y venida al hospital.
En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.
María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la Covid-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerró operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1,300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.
En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los trabajadores fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.
María Medina cuenta que en la maquila Jerzees hubo varios contagiados por COVID-19 e incluso fallecidos; sin embargo, las operaciones de trabajo nunca se detuvieron.
Representantes de trabajadores, patronos y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6,000 lempiras (US$240). El gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de US$23 millones en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5,358,000 lempiras (US$218,000) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de US$122 a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila.
Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.
Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. «Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y que usa iluminaciones en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.
Maritza recuerda, mientras ve los buses pasar, como pensó que iba a morir en el bus tras la detonación de esa bomba lacrimógena
Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.
Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.
Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. «El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie», asegura.
«Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos», dice mientras hace ademanes y eleva la voz.
«Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta». Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. «Gritaba que nos iban a matar». Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.
Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. «Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno», dice.
La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.
El bus de El Enano se mantiene decomisado como evidencia para el seguimiento del caso en las dependencias policiales de Choloma
La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial # 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-gobierno-de-honduras-subsidia-el-trabajo-de-fabricas-de-ropa-mientras-su-policia-ataca-a-31-trabajadoras-durante-la-pandemia/
La Universidad Cooperativa de Colombia se la juega por este modelo de educación que mezcla estrategias virtuales y presenciales.
Desde hace algunos años ha tomado fuerza en Colombia lo que se conoce como B-learning, una modalidad de formación educativa que mezcla elementos tanto de la educación presencial como de la virtual.
Según la Universidad Cooperativa de Colombia, institución que le ha apostado a este modelo, una manera de traducir el término, tal vez la más aceptada, es aprendizaje combinado, que consiste en ofrecer cursos reuniendo, en efecto, estrategias presenciales y virtuales.
Es así como la universidad reservó los encuentros presenciales para aquellas actividades prácticas que requirieren espacios y herramientas especiales: ciertos laboratorios y clínicas en las áreas de ingeniería y salud, por ejemplo.
En tanto, las actividades virtuales se orientaron hacia la búsqueda de información y los encuentros profesores – alumnos, en algunos momentos de manera sincrónica y en otros asincrónica.
De acuerdo con voceros de la universidad, como la alternancia es una variable independiente que depende de la evolución de la pandemia y de las decisiones de las autoridades, se sabía que sería posible que algunas actividades programadas para ser presenciales podrían suspenderse en algunas ciudades donde se tiene alguno de los campus. Así, por ejemplo, la entidad educativa sabía que mientras en Medellín podría haber alguna restricción, en Santa Marta no. Por eso, para cada actividad presencial que se tenía prevista, se diseñó también la actividad virtual que entraría a suplirla cuando la alternancia impidiera asistir a los campus.
La estrategia
El diseño que se tenía de los cursos en el primer semestre de 2020 se hizo finalizando el 2019, es decir, se planteó para una modalidad presencial. Cuando, por razones de la pandemia, comenzó el período de confinamiento, la institución se encontró con cursos diseñados precisamente para la dinámica presencial, que ya no era posible. Fue así como “echó mano”, entonces, de estrategias que le permitieron trabajar de manera remota.
Así las cosas, cuando el Gobierno Nacional planteó la alternancia como opción para continuar el desarrollo de las actividades académicas, la universidad encontró que la modalidad combinada era la mejor manera de concretar dicha opción.
Para el segundo semestre, la universidad decidió volcarse hacia la modalidad combinada, aprovechando la experiencia que había desarrollado en la misma con algunos cursos que se habían ofrecido en 2019 en la sede de Pereira en el marco de un proyecto denominado “Ligre”, haciendo referencia al resultado de hibridar el león y el tigre. Fue así como elaboró un modelo de diseño instruccional en el que se orientaba la construcción de los cursos combinados.
Contenido elaborado con apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/modalidad-combinada-alternativa-eficaz-para-la-educacion-superior/202011/
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El principal objetivo de las escuelas normales es suplir la falta de docentes en colegios de ciertas regiones. – Foto: Educapaz
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