Author: Nelva Reyes

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Gratitud a Dalia Morales, ejemplo de lucha por la justicia social

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Nelva Reyes Barahona

La lucha contra la Ley 462 de 2025 fue un momento decisivo para las y los trabajadores panameños. El objetivo era garantizar una seguridad social justa y digna, que asegurara pensiones equivalentes al salario mínimo y con una indexación adecuada cada vez que el costo de vida aumentara, para que quienes han dedicado más de treinta años de su vida a trabajar por el bien del país, pudieran sostenerse tras su retiro con una pensión justa y digna. Esa propuesta fue elaborada por las y los trabajadores junto con personal técnico de la Universidad de Panamá, como la profesora Ana Patiño, el profesor José Gómez y el profesor Israel Gordón.

La huelga iniciada el 23 de abril de 2025 por las y los educadores, y a la que se sumaron el 28 de abril las y los compañeros bananeros y el Suntracs, fue parte de esta resistencia. Sin embargo, como represalia, 298 docentes fueron separados de sus cargos sin salario y posteriormente destituidos. Antes de llegar a la huelga, participamos en la mesa de escucha convocada por el presidente de la República, donde nuestras propuestas no fueron atendidas. También presentamos nuestras ideas en la Comisión de Salud y Trabajo, y realizamos movilizaciones. Finalmente, el gobierno impuso la Ley 462 en contra del sentir nacional.

Esta decisión violó el derecho a huelga consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política de Panamá. Entre las y los 298 docentes separados se encontraba la profesora Dalia Morales. Este artículo es un homenaje de gratitud a su lucha y resistencia y a la de los compañeros y compañeras que fueron injustamente separados de sus puestos.

¿Quién es Dalia Morales?

Dalia nació en el distrito de David, hija de Andrés Morales y Tilcia Troya, ambos ya fallecidos, quienes se dedicaban a la pesca artesanal para sostener a una familia de siete hijos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza: vivía en una casa de adobe con piso de tierra y, desde los seis años, vendía pescado en el pueblo. A pesar de las limitaciones económicas, su madre la inspiró a estudiar. Solo tres de los siete hermanos pudieron acceder a la educación formal.

Dalia cursó la primaria en la escuela El Horconcito, la premedia en el Primer Ciclo Abel Tapiero Miranda en San Lorenzo, y la secundaria en el Colegio Francisco Morazán. Posteriormente, obtuvo el título de licenciada en Geografía e Historia en la Unachi, además de un posgrado en Administración Educativa y Docencia Superior, y una maestría en Docencia Superior.

Ejerció como profesora titular en diversos centros educativos de Chiriquí, entre ellos el Colegio Abel Tapiero Miranda, el Primer Ciclo de Punta Burica, el Primer Ciclo de Puerto Armuelles, el Instituto Laboral Istmeño y el Centro Educativo Victoriano Lorenzo. En todos recibió reconocimientos como docente distinguida y nunca fue sancionada.

No obstante, con 25 años de servicio, fue separada sin salario el 10 de julio de 2025 por ejercer el derecho Constitucional a la huelga. Enfrentó esta situación siendo paciente de oncología, lo que agravó su salud al quedar sin seguro social. Además, enfrentó una demanda penal por “apología del delito”, acusación que reflejó la criminalización de la protesta. Durante ese tiempo, su hija en edad escolar sufrió las consecuencias del cerco de hambre y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Tras 16 meses de separación ilegal, fue reintegrada el 28 de agosto de 2026, retomando clases el 31 de agosto. Dalia es integrante activa de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).

La vida y la lucha de Dalia Morales son testimonio de dignidad, compromiso y resistencia frente a la injusticia. Su historia refleja la realidad de cientos de docentes que, por defender los derechos de las y los trabajadores del país, fueron castigados con la separación de sus cargos.

Recordar a Dalia es recordar que la educación y la justicia social no se conquistan sin sacrificio. Su ejemplo nos inspira a seguir defendiendo los derechos fundamentales de las y los trabajadores panameños, y a mantener viva la memoria de quienes entregaron su esfuerzo en esta causa.

* La autora es docente
https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/gratitud-a-dalia-morales-ejemplo-de-lucha-por-la-justicia-social-EB25539841
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Homenaje a las y los educadores: guardianes del saber, la justicia y la dignidad

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Nelva Reyes Barahona

La labor desempeñada por cada educadora y educador es noble y comprometida con la sociedad, orientada a lograr que sus estudiantes se conviertan en personas que contribuyan a la formación integral de la comunidad. Miles de educadoras y educadores han asumido con conciencia el papel de guiar a niñas, niños y jóvenes en valores, responsabilidad y compromiso, formando ciudadanas y ciudadanos que aportan al engrandecimiento de la sociedad.

Ninguna otra persona funcionaria pública realiza una tarea tan significativa como la que cumplen las y los educadores, quienes muchas veces se distancian de su hogar para compartir y brindar conocimientos en otras comunidades. Su objetivo no se limita al aspecto académico, sino que también abarca el desarrollo social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la autoestima de sus estudiantes, procurando una formación que enriquezca a la comunidad. Son incontables las y los educadores que han perdido la vida en accidentes mientras cumplían su misión: caídas de caballo, ahogamientos, picaduras de serpiente, entre otros. La nobleza de las y los educadores se refleja también en gestos sencillos, como compartir con sus estudiantes los alimentos que llevan para su merienda, respondiendo a las necesidades de quienes lo requieren. En múltiples ocasiones, madres, padres y familias expresan gratitud al personal docente por haber guiado de manera correcta a sus hijas e hijos, evitando que se pierdan en el camino.

Las y los educadores panameños, de manera unida en distintos períodos, hemos luchado por conquistas fundamentales. Entre ellas, la Ley Orgánica n.° 47 de 1946, impulsada por la maestra Sara Sotillo; el fuero de maternidad, defendido por Marta Matamoros; y los 31 puntos planteados en 1978-79, muchos de los cuales aún no se han alcanzado. Ese pliego contenía demandas relacionadas con la población, la educación, el Canal y otros temas de gran relevancia nacional.

Este año, cuando las y los educadores se movilizaron para defender la Caja del Seguro Social frente a intentos de privatización, así como para rechazar la explotación minera, los embalses y el memorando de entendimiento, la respuesta del gobierno fue imponer la Ley 462. Ante la resistencia de educadoras, educadores, trabajadores de la construcción y trabajadores bananeros, se desplegaron más de mil efectivos en la provincia de Bocas del Toro. La represión dejó como consecuencia la muerte de un niño producto de los gases lacrimógenos. También se reprimió a compañeras y compañeros indígenas de Arimay, una de ellas fue detenida y esposada con grilletes. Más de 500 trabajadores del Sindicato de la Construcción fueron arrestados, y a educadores se les lanzó bombas lacrimógenas, se les tiró al suelo y se les detuvo. Nunca antes las y los educadores habían sido reprimidos de la manera en que lo hizo esta administración.

La dignidad y el respeto hacia cada educadora y educador deben ser siempre reconocidos y defendidos.

En este día de la y el educador, rendimos homenaje a quienes, con entrega y vocación, han dedicado su vida a sembrar conocimiento, valores y esperanza en cada estudiante. Reconocemos la labor de todas las educadoras y todos los educadores que, desde cada aula y comunidad, construyen futuro con paciencia, compromiso y amor por la enseñanza. Que esta conmemoración sea también un llamado a la sociedad para valorar y respetar la dignidad de quienes ejercen la docencia, porque en sus manos está la formación de generaciones que harán de Panamá un país más justo, solidario y humano.

Hoy celebramos a las y los educadores, pilares de nuestra nación, guardianes del saber, la justicia, la dignidad y sembradores de sueños.

Al mismo tiempo, reafirmamos la importancia de la lucha que históricamente han sostenido las y los educadores en defensa de la educación pública, de los derechos sociales y de la justicia. En este día enviamos un mensaje especial de solidaridad y respeto a las y los educadores destituidos, por esta indiferente administración, quienes con valentía se han mantenido firmes en la defensa de los derechos colectivos. Su ejemplo nos recuerda que la docencia no es solo enseñar, sino también resistir y luchar por un país más digno. Exigimos el reintegro de todas y todos ellos, porque su voz y su presencia son indispensables en las aulas y en la construcción de una sociedad más equitativa.

*La autora es educadora
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Proyecto 163, una lesión al pueblo panameño

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Por: Nelva Reyes Barahona

Hace 38 años, en 1986, se intenta sin éxito introducir las primeras reformas negativas a la CSS. El Dr. Mauro Zúñiga, secretario general de la Amoacss y diversos grupos organizados de la sociedad civil impidieron que la reforma fructificara.

El Dr. Zúñiga señalaba que la CSS es un espejo de la sociedad. Esto significa que “si vivimos en un país: con tasas de desempleo bajas; con salarios reales altos; con inclusión importante del trabajo informal a la CSS,’’ habrá aumento de los ingresos a la institución y la misma podrá responder a sus retos económicos, aumentando los beneficios de la población asegurada de forma sostenible.

Posteriormente, en la década de los 90, la aplicación de las medidas económicas neoliberales con la privatización (Irhe-Intel), los puertos, ingenios, entre otras acciones aplicadas, agudizaron la situación económica del país y por ende de la CSS. Sin una correspondencia con el modelo económico que se desarrolla, los gobiernos a lo largo del tiempo han impuesto reformas como:

1. Paramétricas contempladas en: disminución del monto de las pensiones; aumento de la edad de jubilación; aumento de la cantidad de cuotas; y disminución de la calidad de los servicios médicos.

2. Privatización de la Caja de Seguro Social: estableciendo una relación individual entre los asegurados “clientes” y la institución; favoreciendo solo a los asegurados de altos ingresos; y externalización de los servicios de la CSS.

La sociedad panameña, trabajadores, maestros, profesionales y la ciudadanía en general, han resistido a los distintos Gobiernos, desde los militares, para impedir la privatización de la CSS.

En el 2005 comienza la privatización con las cuentas individuales, medida esta que ha sido un rotundo fracaso en los países en los que se ha implementado y de igual manera en Panamá no podemos continuar con esa receta cuando ya fracasó. Actualmente, se discute una propuesta del Ejecutivo que plantea las cuentas individuales, (privatización), se elimina la tasa de reemplazo, o sea el 60 % del salario que se paga de la pensión.

Ahora, el anteproyecto de ley 163 en su artículo 62, dice, se modifica el artículo 101 de la ley 51 del 2005 para que quede así: artículo 101, recursos de la CSS, para cubrir los gastos de administración que demande la gestión administrativa de la institución y las prestaciones de los riesgos de enfermedad, maternidad, y de invalidez, vejez, y muerte, estarán constituidos por los siguientes ingresos. Se establecen 28 literales y el literal 21 dice lo siguiente: los montos que según la reglamentación vigente de la CSS sean pagados por los dependientes de los asegurados para cubrir las prestaciones en salud de riesgo de enfermedad y maternidad. O sea que el beneficiario tendrá que pagar su atención en la CSS.

La propuesta del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) plantea lo siguiente: el Beneficio Definido de una taza de reemplazo básica del 60% del salario, que se mantenga; la edad de retiro de mujeres a los 57 y hombres a los 62, y la mayor cobertura de toda la clase trabajadora, incluyendo a los trabajadores informales; la vuelta en su totalidad al Sistema Solidario.

Demandamos:

1. Que se retorne al sistema solidario de Beneficio Definido.

2. Que se mantenga la administración pública de las reservas.

3. Incrementar los rendimientos de las inversiones, y transformar las inversiones directas y en proyectos de desarrollo nacional.

4. Que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional con la seguridad social y aumente el gasto Público en Pensiones.

5. Que se facilite la incorporación de los trabajadores informales.

6. Que se establezca una pensión mínima por el orden del costo de la Canasta Básica Alimenticia.

7. Que las pensiones sean indexadas para que recuperen su poder de compra.

8. Que se cobre y aumente la penalización de la evasión y mora de las cuotas por parte de los empresarios.

9. Extender la pensión de viudez a 10 años en vez de 5.

Mención especial merece la mujer panameña, porque el Proyecto 163 violenta sus derechos al no reconocer el valioso aporte que hace la mujer a la sociedad:

• Hay más de 73 mil mujeres que son receptoras del programa 120 a los 65, programa de muy bajo monto ya que debiería ser de B/.400, que cubra la Canasta de Alimentos.

• Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres y se incrementa en el caso de mujeres jóvenes; en las campesinas, indígenas, afrodescendientes y migrantes.

• Las mujeres protagonizan alrededor del 74% del total de los contratos a tiempo parcial.

• Acceden a trabajos de baja calificación y menor remuneración, a pesar de tener mayor nivel de estudios académico.

• No se reconoce el trabajo no-remunerado que realizan las mujeres en los hogares, entre ellos: Cuidado de personas dependientes (niños, enfermos, adultos mayores), tareas domésticas, entre otras.

• Sufren interrupciones reiteradas de su carrera laboral debido a la maternidad y tareas de cuidados en el hogar.

• Por esto las mujeres participan menos en la vida laboral y acumulan menor densidad de cotizaciones.

• Se utilizan tablas de mayor esperanza de vida discriminatorias a las mujeres, no es lo mismo la esperanza de vida de una mujer rural que una del área urbana y depende del trabajo que realice.

• Las adultas mayores, como resultado de la desigualdad, viven condiciones de mayor pobreza, en viudez, soledad y peores condiciones de vida.

«Las Revueltas»: la importancia del feminismo en las escuelas

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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Nelva Reyes

Por: Nelva Reyes

“[…] en Panamá, hoy, hay empresas que están solicitando pruebas de embarazo para que una mujer pueda entrar a laborar; pero más grave aún, están solicitando certificaciones del salpin o que estén operadas para no tener más hijas e hijos!”

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ha sido escrito con sangre y dolor por mujeres que desde 1857, han venido demandando mejores condiciones de trabajo, reconocimiento de los sindicatos, rebaja de las horas de trabajo, igual trabajo, igual salario que los hombres, la lucha por estas demandas llevó a que los dueños de las fábricas textiles en New York le pusieran candados a las puertas de las mismas y 146 de ellas murieran carbonizadas.

A lo largo de más de 166 años las mujeres han logrado conquistas importantes, que van desde el derecho a ejercer el voto, a la educación, salud, trabajo, al estudio de la Ciencia, a la igualdad de género, a la no violencia contra las mujeres, al derecho a la participación política y sindical y a la tenencia de la tierra, entre muchas otras conquistas producto de la lucha demandada por las propias mujeres.

Hoy, amparados o teniendo como excusa la pandemia de COVID-19, el sector empresarial se ha aprovechado de las circunstancias que hemos tenido que vivir haciendo recaer el peso de la pandemia en las y los trabajadores, recargando en las compañeras el trabajo que hacían cinco, dejando sólo a dos que lo realicen, manteniendo contratos suspendidos por más del tiempo estipulado por los decretos establecidos por el Ministerio de Trabajo, se dejó un vacío en lo concerniente a la licencia de maternidad, que aún a la fecha hay compañeras que no han podido cobrar la misma. A las mujeres se les hizo recaer el cuidado de los familiares, adultos mayores, los niños, al no poder asistir a la escuela de manera presencial, recayó en la madre fundamentalmente el cuidado y la atención escolar de ellos, en la casa, además del teletrabajo que realizaban y los quehaceres domésticos.

Las compañeras trabajadoras del hogar fueron las primeras a quienes se les envió para sus casas muchas veces sin pagarle sus prestaciones, dado que con quienes trabajaban fueron despedidas o suspendidas de sus trabajos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) Panorama Laboral 2022, América Lanita y el Caribe indica que en el tercer trimestre de 2022 la tasa de participación laboral femenina regional fue de 51.8 %, siendo inferior en casi 23 puntos porcentuales a la de los hombres (70,3).

La OIT indica que resulta imperioso adoptar políticas públicas con perspectiva de género que permitan eliminar las barreras a la entrada al mercado del trabajo y que amplíen el abanico de oportunidades laborales para las mujer en general y con particular atención en aquellas de menor calificaciones.

Han transcurrido 166 años desde que mujeres dieron sus vidas por el derecho al trabajo, por una jornada laboral cónsona y justa, que les permitiera trabajar. Si embargo, en Panamá, hoy, hay empresas que están solicitando pruebas de embarazo para que una mujer pueda entrar a laborar; pero más grave aún, están solicitando certificaciones del salpin o que estén operadas para no tener más hijas e hijos. Esto es una flagrante discriminación a las mujeres y lo peor que se está solicitando tanto en la empresa privada como en instituciones del Estado.

Ante la cantidad de compañeras y compañeros desempleados, la Central General Autónoma de Trabajadores (CGTP) está demandando una Ley que contemple un Plan de Urgencia Nacional que le garantice a esos miles de trabajadoras jefas de familia un trabajo digno con un salario justo. No podemos permitir que las y los hijos de estas compañeras mueran de hambre, que no tengan para asistir a la escuela.

Así como hay dinero para pagar altos salarios, que van desde cinco mil a veintiséis mil balboas, que se le permite a cientos de empresas evadir impuestos, que se exija el pago de esos impuestos y se le garantice a las trabajadoras desempleadas un trabajo, como lo ha manifestado la OIT, un trabajo decente.

Que este 8 de marzo sea un día de demandar justicia para la mujer trabajadora que hoy llenan las calles y aceras de la ciudad y de todo el país tratando de vender algo para subsistir, ese trabajo informal con más de 16 horas laborando, sin prestaciones sociales, sin poder participar en reuniones de la comunidad para exigir agua en sus viviendas nos retrotrae a las razones por las cuales compañeras de 1857- 1905 salieron a las calles a luchar y a impulsar y promover huelgas y, dados los hechos tan violentos realizado por los empleadores, la socialista alemana Clara Zetkin, en 1910, planteó, en la Segunda Conferencia Internacional de la mujer, que el 8 de marzo de cada año se estableciera como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, luego, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Saludos en el Día Internacional de la Mujer.

https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/230307/8-marzo-dia-internacional-mujer

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La necesidad de las bibliotecas

Nelva Reyes

Por: Nelva Reyes B.

“Diversos sectores de la sociedad tableña están preocupados por la suerte que corra la Biblioteca Carlos L. López, la necesidad que se tiene hoy es velar porque se construya una biblioteca moderna […]”

El padre de la educación panameña, don Manuel José Hurtado, quien, a finales de las décadas de 1870 y 1880, era considerado un sembrador de escuelas en comunidades en condiciones muy precarias, pese a las limitaciones, impulsaba, de igual manera, la creación de bibliotecas, como complemento para el proceso educativo. Igualmente, el Dr. José Daniel Crespo, en su libro Fundamentos de la Nueva Educación, indicaba que, para llevar a cabo su función social de formar las nuevas generaciones, la escuela debe contar con el auxilio eficaz de ciertos factores que facilitan su labor, entre los elementos indispensables, señalaba el Dr. Crespo, están las bibliotecas, afirmando que los beneficios que tales auxiliares pueden prestarles son incalculables. Ambos valoraban la necesidad e importancia de las bibliotecas en el proceso educativo.

La Biblioteca Pública Carlos L. López, de la ciudad de Las Tablas, es una institución que ha dependido del Ministerio de Educación desde sus inicios y está adscrita a la Biblioteca Nacional. El Decreto Ejecutivo N° 650 del 19 de agosto de 1943, que lleva la firma del presidente Ricardo Adolfo de La Guardia y del ministro de Educación, Víctor Florencio Goytía, estableció que esta institución, que actualmente lleva el nombre del historiador Ernesto J Castillero Reyes, sería el “órgano regular de comunicación entre las bibliotecas públicas establecidas o que se establezcan y el Ministerio de Educación”. Además, que desempeñaría “Las funciones de un Departamento de Bibliotecas y canjes”, al cual le correspondería “ser centro de toda actividad relacionada con la organización, funcionamiento y progresos de las demás bibliotecas del país”. Muy pronto, en enero de 2022, las bibliotecas públicas pasarán a estar bajo el mandato del Ministerio de Cultura, creado por la Ley N° 90 del 15 de agosto de 2019.

Desde enero de 2019, la Biblioteca Pública Carlos L. López dejó de atender a las y los usuarios por las malas condiciones físicas del edificio. Frente a ello, se han realizado diferentes manifestaciones que buscan una salida a la situación de la biblioteca, que se garanticen los libros y materiales que hoy se mantienen en cajas desde enero de 2019 y que arriesgan deteriorarse por la humedad. Además, se han emitido diversas notas a las autoridades del distrito de Las Tablas. Específicamente a su Consejo Municipal sin tener respuesta a las mismas.

También, se han presentado distintas propuestas para garantizar la biblioteca; sin embargo, no ha habido respuesta de quienes tienen el deber de garantizar la existencia de la biblioteca. El profesor Velarde lo dice en su folleto: “Durante casi un siglo, la biblioteca Carlos L. López brindó una callada, pero muy importante labor a los niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos que llegaban a ella a realizar sus investigaciones escolares”.

Pese a todos los avances tecnológicos, las bibliotecas son y seguirán siendo un sitio a donde la población -desde niñas, niños, jóvenes, hasta personas adultas mayores- acude y acudirá a nutrir su cerebro de la Historia, de la Ciencia, de las Matemáticas.

Cantadores de décimas, acuden a la biblioteca para estudiar y luego componer las mismas, de igual manera los compositores de piezas musicales, las y los santeños que han participado y ganado el Premio Ricardo Miró han tenido que leer de las disciplinas diversas. Muchos de ellos se han nutrido en la Biblioteca de Las Tablas.

Mahatma Gandhi indicaba que ninguna cultura podrá vivir si intenta ser exclusiva, el estímulo que nos lleva a compartir y reutilizar la información y los conocimientos adopta muchas formas. Cabe decir que el más arraigado de los instintos del ser humano es el deseo de preservar nuestra cultura para las generaciones futuras. Esta es precisamente una de las funciones más importantes que cumplen las bibliotecas. (Ben White).

Diversos sectores de la sociedad tableña están preocupados por la suerte que corra la Biblioteca Carlos L. López, la necesidad que se tiene hoy es velar porque se construya una biblioteca moderna que brinde a la juventud los servicios acordes con la actualidad. Que la biblioteca siga siendo el faro que ilumine el camino a las presentes y futuras generaciones.

Fuente de la información: https://www.laestrella.com

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El color de la piel nos marca y nadie nos mira

Nelva Reyes

Por: Nelva Reyes B.

“Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, […]”

 

El 25 de octubre, en la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, se presentó el libro Mujeres urbanas: afrodescendientes entre la desigualdad y la discriminación. La presentación estuvo a cargo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, con la doctora Aracelly De León, directora de este. Se hicieron presentes el doctor Jaime Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y el profesor de Sociología Fernando Murray.

La investigación fue llevada a cabo por las profesoras Xiomara Rodríguez, Juana Camargo y Eusebia Solís, además de mujeres de los cinco corregimientos, que participaron en el estudio aportando su experiencia y conocimientos.

La investigación se desarrolla con siete ejes fundamentales que parten de: Una Introducción; Una mirada conceptual a la discriminación; una mirada afrodescendiente a la realidad nacional; acercamiento socioeconómico a los corregimientos del estudio; voces de mujeres urbanas afrodescendientes del centro de la ciudad de Panamá: propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres urbanas afrodescendientes; conclusiones, bibliografías y anexos.

En el estudio se define a las y los afrodescendientes como “personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Se señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2011 que “en América Latina viven unos 150 millones de afrodescendientes, representando el 30 % de la población de una parte del continente americano”. Además, la investigación nos indica que, en el mundo laboral, la realidad para las personas afrodescendientes no es esperanzadora, puesto que dicha población ocupa la parte más baja de la escala salarial, y es la población que realiza más tareas en la informalidad de baja calificación, menor incluso, si se compara con una persona no afrodescendiente. Las tasas de desempleo de este colectivo son mayores que las de la población total, según el informe del BID, que plantea: “en general, los afrodescendientes tienen niveles más altos de desempleo en todos los países y entre quienes tienen empleo, una proporción mayor labora en ocupaciones poco calificadas”.

El libro hace una breve reseña de la fundación de cada uno de los corregimientos investigados, como lo son Calidonia, Curundú, El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana. Cuatro de los cinco corregimientos fueron fundados el 29 de abril de 1915 y el corregimiento de Curundú se funda el 17 de noviembre de 1971. La investigación contribuye a visibilizar que el racismo y la discriminación, como dimensiones de la opresión racial, son una realidad en Panamá. Las voces de las mujeres de estos corregimientos, establecidos en el corazón de la ciudad de Panamá, nos brindan una serie de información que corrobora las condiciones y situación en las cuales viven las familias afrodescendientes, y hace muy evidente la triple discriminación de la cual son víctimas las mujeres afrodescendientes, discriminadas por ser mujeres, negras y pobres. Pero, además nos indica, según la encuesta de hogares de 2017, que “la presencia de la población afrodescendiente se puede encontrar en todo el territorio nacional; sin embargo, las cinco provincias con mayor presencia afropanameña son Colón (41,8 %), Darién (24,3 %), Coclé (20 %), Panamá (18,6 %) Bocas del Toro (15,3 %), provincias donde vive la mayor cantidad de personas que se autocalifican como afrodescendientes…”. En estas provincias está Colón que en “2016, aportó el 26 % del producto interno bruto del país, 13 605, millones de balboas”, pero es víctima de políticas públicas racializadas.

Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, ya sea por etnia, condición económica o cualquier otra razón. Así se dio la ciudad amurallada, luego el “Silver Roll” y “Gold Roll” y en 1941, en la Constitución de la República de Panamá, se establecía: “Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el Castellano, la raza Amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África”. Son vergonzosas las experiencias que hemos vivido y vivimos, máxime que, según el censo de 2010, aproximadamente el 9 % de la población de Panamá se autoidentificó como afrodescendiente lo que coloca a Panamá como el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de población afrodescendiente.

Es importante tener políticas públicas que lleven el objetivo de erradicar la discriminación en nuestro país por cualquier condición u origen.

Agradecemos el aporte de las investigadoras, el auspicio del Espacio de Encuentro de Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debemos seguir profundizando en estas realidades.

Fuente de la información: https://www.laestrella.com.pa

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A un año de gobierno, promesas incumplidas

Nelva Reyes

Por: Nelva Reyes. 

 

Tenemos retos monumentales, grandes tareas nacionales, el combate contra la pobreza y la desigualdad, acabar con la corrupción y cerrar la brecha social. La corrupción nos roba a todas y todos y amenaza nuestro futuro. No habrá intocables ni, aunque sean ministros, diputados grandes empresarios, empezando por el propio presidente…”.

Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario.

Fuera del plan “Colmena”, no hemos visto otro programa que busque no un asistencialismo, sino garantizar la participación de las comunidades a quienes se apoye en la producción, se les garantice fuentes de trabajo en la propia comunidad que dignifique a la persona y cerrar la brecha social.

Durante este año se han dado escenarios como la compra de ventiladores con altos sobrecostos en medio de la pandemia de la COVID-19. Sentimos vergüenza cuando escuchamos los medios internacionales referirse a este hecho como inaudito, a nadie se le ocurre hacer negocio en medio de una crisis como la que vivimos. Las redes sociales y los medios de comunicación han señalado la supuesta participación de ministros de Estado. De igual manera, se ha dado información confusa y contradictoria del hospital modular.

La COVID-19 nos ha permitido corroborar la situación en la que se encuentran los centros educativos del país. Situación que los gremios docentes tenemos años demandando el 6 % del producto interno bruto, para educación, tal como lo establece el Artículo 266 de la Ley47 Orgánica de Educación de 1946. Solo el 20 % de las escuelas primarias del país tiene acceso a internet, y el 33 % de las escuelas no tiene luz eléctrica, limitaciones objetivas para garantizar las herramientas tecnológicas. Esta situación incrementará la brecha educativa en el sector oficial. Desde luego que se dificultará que la educación sea la Estrella del Gobierno.

“Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases […]”

Las ministras de Desarrollo Social, Vivienda y Salud fueron desplazadas de sus posiciones. El presidente en su campaña prometió la equidad de género y la creación del Ministerio de la Mujer, el cual se concretaría el 8 de marzo de 2020, lo que tampoco se hizo. El trabajo realizado por las ministras Markova Concepción y Rosario Turner desde el día uno demostraron capacidad, compromiso y responsabilidad por el país. Lo que no fue “aparentemente” del agrado de algún sector del Gobierno que considera que las mujeres solo servimos para acatar órdenes en silencio y estar en las cuatro paredes de la cocina. Mi respeto, gratitud y solidaridad con ellas.

El Gobierno del presidente Cortizo ha mantenido una política a favor del sector empresarial y la continuidad de las políticas neoliberales, sin contemplar a la clase trabajadora del país que es la mayoría. Han aprobado leyes como la de la Asociaciones Públicas-Privadas, donde fondos del sector público contribuirán con las inversiones del sector privado. Además, se han emitido decretos para favorecer a empresas, bancos y sectores de alto riesgo. Está el Decreto Ejecutivo N° 251 de 2020, se le hace una deducción del 30 % del ISR para 2020. El Decreto 298 de 2020, donde se extiende el plazo para el pago de impuestos de inmuebles. La Resolución N° 283 de 2020, permite que la Caja de Seguro Social suspendiera las multas y recargos y/o pago tardío de los pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 y así los medios informaron, el 7 de mayo, que el Gobierno trabajó un paquete de incentivos a las empresas, comprendido en 23 Leyes que serán remitidas a la Asamblea.

El Gobierno le ha garantizado a la banca, para su estabilización, millones de balboas, sin embargo, a las y los trabajadores les ha impuesto una serie de decretos que van desde la suspensión de contratos hasta la rebaja de la jornada laboral. Los trabajadores y trabajadoras hemos puesto nuestra cuota de sacrificio, comprensión y solidaridad ante la crisis producto de la pandemia sin una correspondencia, como sí la ha habido con el sector privado.

En el Diálogo Tripartido por la Economía y el Desarrollo Laboral, las y los trabajadores hemos demandado un decreto que le garantice a las y los trabajadores un subsidio de 500 balboas mensuales hasta diciembre, lo que contribuiría a que las personas no tuvieran que salir de sus casas y garantizar lo que dice el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Panamá: “… asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa”. Esperemos que las demandas del sector trabajador y la disposición constitucional no sigan cayendo en oídos sordos.

Fuente del artículo: https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/200630/ano-gobierno-promesas-incumplidas

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