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Reinventar las ciudades en clave social

Por Sergio Ferrari

Los centros urbanos en todo el mundo son a la vez causa y víctima de la crisis climática-ecológica global. A pesar de ello, podrían convertirse en portadores de soluciones significativas.

Con estas premisas, seis organizaciones de la sociedad civil europea participaron en un proyecto internacional para conceptualizar y proyectar de forma sostenible la transición hacia ciudades resilientes ante el cambio climático. Para lo cual, afirman, es imprescindible no solo buscar soluciones técnicas sino, fundamentalmente, apostar a un cambio radical en la forma de entender la economía, el bienestar social y la participación democrática.

Tras dos años de estudio cooperativo, el Transnational Institute (TNI) y el Commons Network de Ámsterdam, Países Bajos; Oikos de Gante, Bélgica; FUHEM de Madrid, España; NaZemi de Brno, Chequia, y el Institut za političku ekologiju (IPE) de Zagreb (Croacia), acaban de publicar sus conclusiones en el Manual Ciudades más allá del crecimiento (Cities Beyond Growth, en inglés), una guía pedagógica para repensar la vida en los grandes centros urbanos desde la perspectiva del “poscrecimiento”.

Resultante de la consulta y el intercambio con 1.700 ciudadanos en 100 países, esta perspectiva presupone la participación activa de comunidades y gobiernos locales en un proceso que los convierta gradualmente en agentes de transiciones inclusivas y democráticas y hacia una economía “poscrecentista”.

Punto de partida y de llegada del estudio apoyado también por el programa educativo europeo Erasmus+, la hipótesis de trabajo de que “los modelos económicos orientados al crecimiento ya no son sostenibles desde el punto de vista ecológico, ni social, ni político”. Y como principal corolario, que cualquier economía que aspire a proporcionar condiciones de vida dignas a las generaciones presentes y futuras debe ir más allá del crecimiento como lógica organizadora del desarrollo urbano y avanzar hacia una economía de poscrecimiento basada en el bienestar, la suficiencia y la autodeterminación democrática.  (https://www.tni.org/es/publicacion/cities-beyond-growth-manual)

Los dos rostros urbanos

Es en las ciudades donde se concentran las mayores emisiones de carbono y las más graves desigualdades sociales, y es en ellas donde se genera la mayor cantidad de cruciales decisiones políticas que impactan el destino de centenares de millones de personas. Las estadísticas lo confirman: las 1.000 ciudades más grandes concentran más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta, generando aproximadamente el 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂), ese gas tan nocivo que atrapa calor en la atmósfera y genera cambios climáticos perjudiciales.

Según un reciente informe de ONU-Habitat, agencia de Naciones Unidas dedicada a promover el desarrollo urbano, cerca de 3.400 millones de personas carecen en la actualidad de acceso a viviendas seguras, protegidas y adecuadas, incluyendo más de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales en condiciones muy difíciles. Entre las cuales la inestabilidad de la tenencia de sus lotes, el hacinamiento, la exposición a riesgos medioambientales y el acceso limitado a servicios básicos (https://onu-habitat.org/index.php/reporte-mundial-de-ciudades-2026).

También es en las ciudades donde se experimenta más densa y tangiblemente las consecuencias del crecimiento: contaminación, desigualdad, segregación espacial y exceso de trabajo, así como el impacto amplificado de fenómenos climáticos extremos, como voraces olas de calor e inundaciones.

Sin embargo, las ciudades continúan siendo los espacios naturales donde se organiza la comunidad humana, donde los esfuerzos cooperativos construyen alternativas y los gobiernos locales a menudo pueden actuar con mayor eficacia y rapidez que los propios Estados nacionales. Y por esta razón, coinciden los participantes del proyecto, las ciudades representan el escenario más prometedor para un cambio transformador. Siempre y cuando –valga la salvedad— sus habitantes apuesten a un cambio radical en la manera de entender y vivir la economía, el cuidado social y la participación democrática.

Ciudades del futuro

El mayor problema con el concepto de “crecimiento”, señala el proyecto Ciudades más allá del crecimiento, es que hasta ahora el indicador de referencia considera la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) como el principal índice de éxito, aun cuando el mismo nunca se diseñó con perspectivas de progreso social para todos por igual y menos aún con la salud ambiental en mente.

A pesar de esta deficiencia intrínseca, los Estados han adoptado el PBI como concepto directriz fundamental. Lo que sí ha logrado el imperio del PIB ha sido crear una brecha cada vez mayor entre la denominada “salud de las economías” y la experiencia real de los ciudadanos de esas sociedades. Paradójicamente, muchas veces el PIB aumenta a causa de vertidos de petróleo, deforestación e inundaciones, o cuando las fábricas despiden a sus trabajadores y los accionistas embolsan los beneficios.

Los participantes del proyecto coinciden en que este modelo produce “crisis ecosociales” toda vez que posibilita “la convergencia de colapsos ecológicos, sociales y políticos que tienen su origen en el capitalismo”. Esta correlación entre “crecimiento” y deterioro de la salud de la comunidad humana salta a la vista, por ejemplo, cuando se considera que el 10% de los europeos con mayores ingresos genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. De ninguna manera “fallos técnicos susceptibles de soluciones técnicas”, afirman enfáticamente las seis ONG que propiciaron el proyecto, sino lo que aquí está en juego son las “tendencias estructurales de una economía dependiente del crecimiento” económico como un fin en sí mismo sin tener en cuenta otras dimensiones clave en la vida, como el trabajo de cuidados no remunerados o el funcionamiento adecuado de los ecosistemas.

Alternativas posibles

La cuestión clave que resulta del proyecto es ¿cómo hacer que la economía sea un facilitador del tipo de vida que la gente quiere tener y del tipo de planeta que se quiere legar a las generaciones futuras?

La consulta promovida por las seis ONG europeas identifica el “poscrecimiento” como la mejor respuesta-opción. Un cambio de rumbo que implica alejarse de la expansión infinita de la producción y el consumo de bienes materiales para reorientarse hacia el bienestar sostenido de las personas y el planeta. Se trata de “decidir deliberadamente qué actividades económicas deben expandirse (como cooperativas de energías renovables, sistemas alimentarios comunitarios, servicios públicos, cuidados) y cuáles deben reducirse (combustibles fósiles, especulación inmobiliaria, agricultura industrial, publicidad)”.

Por otra parte, y no menos importante, esta transición debe ser justa, a todo nivel superadora de los periodos anteriores de transformación económica, que concentraron repetidamente el costo del crecimiento en los más vulnerables. No negociable: el “poscrecimiento” se niega a repetir ese patrón histórico.

Marcos conceptuales del proyecto

Varios son los marcos conceptuales que las seis ONG involucradas en este proyecto tuvieron en cuenta. De ninguna manera conceptos enfrentados, sino representativos de perspectivas complementarias. Y debidamente armonizados, base de partida para una convicción común de que el crecimiento económico no es, necesariamente, sinónimo de progreso social. Además, que el diseño de economías en torno a un verdadero desarrollo humano y ecológico es algo tan necesario como factible.

El decrecimiento, que apunta explícitamente a reducir los sectores más perjudiciales de la economía (como el consumo de energía y de bienes materiales) e invertir más en lo que es vital para la vida humana. La economía del bienestar, que le da prioridad absoluta al bienestar humano y ecológico antes que al PBI y que siempre tiene en cuenta los limites planetarios por encima de los apetitos individuales y corporativos. La economía del donut o rosquilla, una forma espacial y visual que representa en un mapa hasta qué punto una ciudad o un país satisface simultáneamente las necesidades sociales de sus residentes -el anillo interior- y se mantiene dentro de los límites planetarios -el anillo exterior. Y la economía de estado estacionario, arraigada en la tradición de la economía ecológica, que sostiene que la economía debe estabilizar su flujo de energía y materiales dentro de los límites regenerativos y asimilativos de los ecosistemas para lograr un desarrollo cualitativo sin expansión cuantitativa. El consenso fundamental es la convicción de que el crecimiento no es sinónimo de progreso social, y de que diseñar explícitamente economías en torno al florecimiento humano y ecológico es tan necesario como factible.

La suficiencia como concepto rector

Un principio esencial en esta búsqueda de alternativas es el de “suficiencia”, en virtud del cual ya no se maximiza la producción y el consumo, sino que se procura garantizar lo suficiente. Suficiente energía para que la comunidad pueda protegerse del frío o del calor extremos; suficiente alimento para una buena nutrición; suficiente vivienda para vivir con dignidad; suficiente tiempo para cuidarnos mutuamente.

A diferencia del concepto de “eficiencia”, que comúnmente implica reducción del consumo individual al punto de austeridad o privación, el de suficiencia propone reducir el consumo a nivel del sistema en su totalidad teniendo en cuenta, y responsablemente, los límites de la energía planetaria.

Este cambio de dirección propuesto por las seis ONG, también favorece una manera alternativa y más responsable de responder a dos preguntas inevitables: cuánto es suficiente, y para quién. En el caso hipotético de la población de las ciudades europeas, por ejemplo, una economía de suficiencia energética significaría más seguridad, más tiempo disponible y para compartir. Y si alguien tiene que reducir, sin duda se trata de los estratos superiores de consumo.

Técnicamente hablando, concluyen consensualmente las organizaciones que participaron en este proyecto, una intervención en clave de poscrecimiento ralentiza, reduce y reconstituye los flujos materiales de la urbanización. En términos políticos, dicha intervención procura articular las políticas anticapitalistas o poscapitalistas necesarias para alcanzar ese objetivo. Ambas dimensiones son necesarias y complementarias.

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Los multimillonarios golpean a la democracia

Por Sergio Ferrari 

Ofensiva antisindical mundial

Cuestionado por mal comportamiento laboral el Gobierno argentino recibió una fuerte sanción. La principal confederación sindical mundial ubica a Argentina entre los 10 peores países en cuanto a respeto de los derechos sindicales.

Tabla de posiciones que significa una verdadera condena a Javier Milei. Inmutable y luego de algunas semanas el Gobierno argentino parece no haberse dado por aludido ante esas serias críticas internacionales. Sigue adelante con su programa macro de ajustes -robustecido por la reciente visita al país de la directora del Fondo Monetario Internacional- y de medidas antisindicales.

Por su parte, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales ratificaron el 22 de julio su “Plan de lucha” contra el Gobierno de Milei, anticipando una marcha en la primera semana de agosto y una movilización cuando el Gobierno convoque a patronales y sindicatos al Consejo del Salario Mínimo con el objetivo de definir el nuevo ingreso básico.

La radiografía gremial que publicó en junio pasado la Confederación Sindical Internacional (CSI), la organización de trabajadores más grande del mundo, reconoce como tendencia mundial un aumento de las violaciones de la libertad de expresión y de reunión a lo largo del último año, así como de los casos de agresión violenta contra trabajadores y ataques frontales contra las libertades civiles, como puede verse por la cantidad de arrestos y detenciones de trabajadores y sus representantes.

En su Informe de 2026 El Índice Global de los Derechos de la CSI. Los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, esta organización expresa su preocupación por la persecución de líderes sindicales, algo cada vez más habitual en un número cada vez mayor de países y advierte sobre el uso cada vez más frecuente de las nuevas tecnologías como método de control y para vigilar, disciplinar y silenciar a los trabajadores. Además evalúa que cada vez son menos los gobiernos que consultan a los sindicatos antes de enmendar o promulgar leyes laborales.

Alarmante ataque al sindicalismo

El diagnóstico de la CSI, entidad que aglutina 344 centrales y federaciones de 171 países con más de 200 millones de miembros, es contundente: lo que está ocurriendo es una erosión global de los principios democráticos, resultado de lo que califica como un “golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia”. Como un desgaste financiado por los ricos e implementado por líderes autoritarios y de extrema derecha. “El acaparamiento de beneficios y el hecho de que las expectativas de recaudación de impuestos sobre el patrimonio no se cumplan en la práctica”, alega la CSI, “hacen que este golpe de Estado se traduzca en un deterioro del nivel de vida”. En consecuencia, las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que deberían constituir la base de la democracia, son acalladas, mientras que aquellos que las socavan concentran más riqueza en sus manos.

Para la CSI, se trata de “un patrón que los poderosos preferirían mantener oculto: el debilitamiento sistemático de la democracia mediante ataques a los trabajadores, a los sindicatos y a la negociación colectiva”. Desde la represión de las huelgas hasta la erosión de las medidas de protección jurídica y la criminalización de los sindicatos, nada de esto constituye incidentes aislados, sino tácticas de una estrategia más amplia que pretende silenciar la disidencia y afianzar las desigualdades.

Varios porcentajes ilustran el deterioro de los derechos laborales esenciales. En el 50% de los países, por ejemplo, hubo ataques contra la libertad de expresión y reunión. En 75 países (el 50% de los evaluados) se ha arrestado o detenido trabajadores, un récord histórico. El derecho al registro legal de los sindicatos se ha visto obstaculizado en el 75% de los países. El derecho de huelga se vulneró en el 87% de los países. La negociación colectiva se restringió en 121 países, el mismo número que el año anterior, y en tres de cada cuatro países se obstaculizó la libertad de asociación, así como de formación de sindicatos y la afiliación a los mismos.

Europa y las Américas (Norte, Centro y Suramérica) se han llevado las peores calificaciones desde 2014, año en que se creó este Índice. A modo de advertencia y sanción, cada año la CSI señala los peores diez países, es decir, los que menos respetan los derechos sindicales. En 2026 Argentina entra en dicha categoría con otras dos naciones latinoamericanas, Panamá y Ecuador; Turquía y Bielorrusia en Europa; Túnez, Egipto, Nigeria y Suazilandia, en África, y Myanmar (Birmania) en Asia. (https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_right_index_2026_es_v2.pdf?44483/4fb8b077de35d3439ad7f7f790918425a5947576c54824f0d83c2882641ee790).

Caer más bajo, casi imposible: el mal ejemplo argentino

Argentina está hoy entre los peores calificados en cuanto a derechos sindicales y su ubicación en la lista empeoró por segundo año consecutivo, pasando de “la existencia de violaciones regulares de los derechos” a una situación en la que “los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”. Según la CSI, “desde su llegada al poder en 2023, el presidente de extrema derecha Javier Milei ha encabezado un programa radicalmente antisindical, socavando derechos básicos de los trabajadores, libertades civiles y la actividad sindical”.

Este descenso brusco y sin precedentes en apenas 24 meses deja a Argentina en el nivel 3 de 5 en una escala donde 5+ es el peor, el de “derechos no garantizados debido a la destrucción del Estado de derecho”. El mismo nivel en el que se encuentran únicamente naciones con situaciones de conflicto extremo, catástrofes o guerras, desde Haití a Sudán del Sur, pasando por Siria, Burundi y Libia. Argentina se acerca peligrosamente a esta calificación extrema.

La evaluación que la CSI hace de Argentina detalla los hechos concretos detrás de tan mala nota. Por ejemplo, la imposición de parte del Gobierno de niveles obligatorios de servicios “mínimos” sobre los trabajadores. Es decir, la exigencia de que en un contexto de huelga, de todo modo continúen proveyendo las funciones y tareas estrictamente necesarias para proteger las instalaciones de la empresa y garantizar la prestación de servicios, y con severas sanciones por incumplimiento. Además, el hecho de que los trabajadores y los sindicalistas deban enfrentar abusos sistemáticos y una reducción del espacio cívico. En agosto de 2025, recuerda la CSI, la policía detuvo a Federico Giuliani, secretario general de la sección cordobesa de la Asociación de Trabajadores del Estado (Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, o ATE-CTA A), junto con otros 14 manifestantes. Una vez en libertad, Giuliani se vio obligado a huir a España en calidad de refugiado político. (https://www.elsaltodiario.com/argentina/represion-sindical-federico-giuliani).

Como respuesta a la ofensiva gubernamental del Gobierno de Milei en los últimos 30 meses, las tres confederaciones sindicales argentinas más importantes convocaron varias huelgas. Según el Centro de Economía Política (CEPA), durante ese mismo periodo cerraron 28.262 empresas y se perdieron 350.000 puestos de trabajos formales, lo que ilustra la dimensión del proyecto antisocial del actual Gobierno (https://centrocepa.com.ar/documentos/informes/820-analisis-de-la-dinamica-laboral-y-empresarial-datos-a-abril-2026).

En el frente de resistencia contra Milei no solo se encuentran el movimiento sindical y en especial los sectores más combativos del mismo. Son centenares las movilizaciones sociales a nivel local, regional y nacional, así como el aumento de la represión. Cada miércoles desde hace varios meses, el Movimiento de Jubilados se moviliza en las principales ciudades del país. Cada 24 de marzo (aniversario del golpe de Estado de 1976), miles de personas salen a la calle por la Memoria y ahora también con consignas antigubernamentales. Fuerza creciente y muy significativa la de las mujeres y las diversidades que se autoconvocan dos veces por año. La última Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en noviembre de 2025, congregó, según diversas fuentes, más de un millón y medio de participantes, y miles de personas se movilizaron en febrero de este año con la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista para reclamar contra la precarización de la vida y la reforma laboral aplicada por el Gobierno, iniciativa que reduce los derechos de los trabajadores y busca debilitar a los sindicatos.

En su Tercer Informe Especial de la Represión a la Protesta Social, publicado en enero, la Comisión Provincial de la Memoria constata que, en 2025, 4 de cada 10 movilizaciones públicas fueron reprimidas y que en 34 de las 79 marchas hubo represión (17 de 60 el año anterior); que unas 1.369 personas fueron heridas (1.216 heridos el año anterior), algunas de enorme gravedad, como ocurrió con el fotorreportero Pablo Grillo, y que dos personas perdieron la visión en un ojo. También, que se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos y aumentaron las detenciones arbitrarias con respecto a las del año anterior (https://www.comisionporlamemoria.org/se-duplico-la-represion-en-el-ultimo-ano-con-mas-personas-heridas-y-detenidas-arbitrariamente/).

Ultraderecha vs. sindicatos latinoamericanos

Una delegación de la UNI Global, principal confederación internacional de sindicatos del sector de servicios, con sede en Nyon, Suiza, visitó la región sudamericana a fines de junio de este año. En su informe sobre esa visita sostiene que “Argentina no es un caso aislado [ya que en] todas las Américas, gobiernos de derecha ganan las elecciones y muchos de ellos llevan a cabo la misma política una vez en el poder”. ¿De qué manera? Invocando la noción de urgencia económica para imponer reformas por decreto, lo cual les permite eludir el debate y la consulta.

Como ocurrió en Brasil bajo el Gobierno de Bolsonaro entre 2019 y 2023, y como está ocurriendo hoy en Argentina bajo el de Milei, subraya el Informe de la UNI Global, estos gobiernos terminan socavando la capacidad de los sindicatos para obtener los recursos que necesitan para continuar funcionando.

Por otra parte, Chile ha complicado considerablemente la realización de huelgas al imponer un nivel excesivo de “servicio mínimo” como el que Milei promueve en Argentina. En tanto, Ecuador y Perú están limitando las manifestaciones sindicales a áreas designadas como de “bajo impacto”, mientras que Trinidad y Tobago ha restringido los lugares donde se puede manifestar, concretamente, a zonas alejadas de las instituciones públicas. En Panamá y El Salvador los líderes sindicales han sido procesados y encarcelados (https://uniglobalunion.org/news/in-argentina-and-across-the-americas-unions-push-back-against-right-wing-attacks/).

¿Alternativas viables ante este programa antisindical? Más que recetas teóricas, es el momento de reforzar la unidad de los movimientos sociales a nivel nacional y regional. El Informe de la CSI vislumbra esta propuesta de “organización, negociación y campaña juntos”, lo que dará poder a los trabajadores y las trabajadoras para revertir esta erosión de sus derechos y construir un futuro más justo, inclusivo y democrático para todos. En tiempos en que las instituciones democráticas se encuentran bajo constante presión, los sindicatos no solo defienden los derechos en el trabajo, también salvaguardan la misma democracia.

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Periodismo amenazado, pero siempre esencial

Por: Sergio Ferrari

Fake news, guerras, monopolios, censura, Inteligencia Artificial…

A pesar de crecientes presiones y amenazas, el periodismo de calidad se torna más imprescindible que nunca en la defensa de los derechos democráticos esenciales.

Con el propósito de reactualizar la reflexión sobre la información y la profesión, durante la primera semana de mayo 300 representantes de 600 mil periodistas de los cinco continentes se dieron cita en París, Francia, convocados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

El 32º Congreso de la organización sindical más importante del sector a nivel mundial fue también una gran ocasión para celebrar su centenario comparando los valores fundacionales de 1926 con los desafíos actuales, redescubriendo similitudes y paralelismos entre ayer y hoy y evaluando nuevos retos.

En particular, identificando los desafíos que el periodismo confronta actualmente. Muchos de ellos, casi universales, como la defensa del derecho a elaborar una información “objetiva” y sin presiones del poder económico, político o judicial. O las consecuencias negativas de la concentración de los medios de información, así como la exigencia de informar activamente y sin censuras desde zonas de guerra y otras formas de conflicto. Además, la clarificación de la delicada frontera entre los aportes positivos y las amenazas de la Inteligencia Artificial a la profesión; la importancia de los medios públicos, diferenciándose con claridad lo que es información de lo que es propaganda, y la necesidad de una protección más coherente para las mujeres periodistas contra toda muestra de acoso o discriminación. Sin negar el reto constante de diferenciar información objetiva y profesional de las fake news, que crean opinión desvirtuada con argumentos, fuentes o hechos distorsionados o falsos (https://www.ifj.org/es/quien/congreso-centenario-fip-2026).

Solidaridad esencial

El apoyo a las personas que trabajan en la prensa en Palestina, con más de 220 asesinadas desde octubre de 2023 y siempre agredida, así como en Líbano, donde deben operar en condiciones represivas inhumanas y con atentados permanentes, estuvo en el centro mismo de la solidaridad de los delegados reunidos en París. De igual manera que el apoyo al Sindicato de Periodistas Yemeníes en sus esfuerzos por “hacer frente a las fuerzas y movimientos que pretenden silenciarlo”, así como al Sindicato de Periodistas de Sudán y a la organización sindical iraní, ambos luchando por su reactivación.

Apoyo consensual que en América Latina se extendió a las mujeres y los hombres de prensa de México, uno de los países donde la profesión sufre mayores agresiones de poderes no institucionales y, por lo general, con toda impunidad. En otras regiones del planeta, la misma expresión de solidaridad para con los trabajadores de la información en Serbia, actualmente amenazados y perseguidos, así como para sus pares en Pakistán y Sri Lanka, que exigen trabajo digno e igualdad de tratamiento para las mujeres periodistas.

En América del Sur, específicamente en Argentina, muestras unánimes de solidaridad para el fotorreportero Pablo Grillo, agredido y seriamente lesionado por las fuerzas de seguridad del gobierno de Javier Milei durante una movilización en marzo de 2025. Y el rechazo categórico al intento de ese mismo gobierno por derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), intentando así precarizar el trabajo periodístico y debilitar la acción sindical.

El Congreso también festejó varios logros, algunos históricos, como la reciente regularización de 1.860 periodistas en Mauritania gracias a la movilización sindical nacional con el apoyo de la Federación Internacional, la cual jugó un peso decisivo en la presión internacional.

Periodismo en la mira en un mundo complejo

Tanto desde América Latina como de Europa se alzaron numerosas voces para advertir y denunciar, en palabras de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), el “avance de la derecha neofascista” y convocar a “la lucha contra la extrema derecha y el autoritarismo”, como argumentaron los sindicatos franceses. La situación mundial, reforzada por la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, cuya “visión geopolítica concibe al Sur global como un espacio subordinado”, como argumenta FEPALC, también ocupó la preocupación unánime del Congreso. En medio de este panorama alarmante, el cónclave de París rescató el valor primordial de la Carta Mundial de Ética publicada en 2019. Junto con sus propios estatutos y numerosas resoluciones de organismos internacionales, como UNESCO, dicha Carta propugna una información de calidad y sin presiones de ningún tipo. (https://www.ifj.org/es/quien/reglas-y-politica/carta-mundial-de-etica-para-periodistas).

Las amenazas contra esta profesión continúan aumentando en muchas regiones del planeta, casi siempre promovidas por “discursos de odio y restricciones”, así como ataques institucionales contra el periodismo crítico e independiente y la presión de formidables intereses económicos para impedir cierta clase de información. Tendencia agravada por la “criminalización de la protesta social” expresada, como señala FEPALC, en el enjuiciamiento de líderes sindicales, estudiantiles y comunitarios, así como en el uso de mecanismos estatales para acosar, deslegitimar y perseguir a quienes promueven derechos democráticos fundamentales.

Muy significativo en el encuentro parisino de cuatro días fue el interés unánime en debatir el impacto cada vez mayor de la Inteligencia Artificial en la actividad informativa, de allí la propuesta del comité ejecutivo de que los sindicatos adopten consensualmente una “posición crítica y única” para facilitar el aprovechamiento, el marco económico y la regulación de la misma. La Inteligencia Artificial, se subrayó, debe servir a la creación de noticias imparciales y éticas, para beneficio de la humanidad y en conformidad con los principios promovidos por la FIP.

Si bien la discusión sobre esta nueva herramienta aún está en pañales, de todos modos, el Congreso articuló varios conceptos referenciales: oposición a la desigualdad de acceso a la IA; cuestionamiento de la falta de supervisión humana, que da lugar a información inexacta y sesgada, y la certidumbre de que todo trabajo con pretensiones de “periodismo”, en el buen sentido de la palabra, esté avalado por profesionales. Por último, promoción de una regulación internacional sólida de la IA con participación de periodistas acreditados para evitar, entre otras cosas, que la IA quede en manos de unas pocas personas o que no respete los derechos laborales.

En otras palabras, la FIP insiste en la necesidad desarrollar y ampliar la protección de los periodistas, y no solo en relación con la IA. Por ejemplo, mediante campañas en los diferentes países que aseguren leyes que obliguen a los gigantes tecnológicos a pagar un impuesto extraordinario sobre sus beneficios para mejorar los contenidos editoriales y ayudar al despegue de nuevos medios de comunicación.

Una temática no menos importante en París fue la defensa de los medios de comunicación de servicio público. Sendas mociones de los sindicatos del Reino Unido e Irlanda y de Italia, así como un debate central en una de las mesas redondas, subrayaron la necesidad de hacer frente a las amenazas que estos medios confrontan. Un par de propuestas específicas, como la defensa de la RAI italiana y la agencia de noticias AFP francesa, destacó el rol de los medios públicos como pilares del reforzamiento democrático.

Unidad, relevo y paridad para defender mejor el periodismo

El encuentro de la FIP en París, notable por su diversidad y multiculturalidad, con representantes de sindicatos de muchos de los 148 países que la integran, también significó un paso hacia adelante en lo que hace a su capacidad organizativa y su vocación renovadora. A cien años de su nacimiento, eligió presidenta a Zuliana Lainez, una destacada periodista y sindicalista peruana de 49 años de edad. Lainez, la primera representante latinoamericana a la cabeza de la Federación, es editora de opinión en el periódico digital Crónica Viva y de noticias internacionales en ANP Radio. Además, profesora de derecho de la prensa y de derecho a la información.

“Es histórico [el hecho de] que América Latina esté al frente de una federación mundial en el centenario de su fundación”, afirmó Lainez. Y agregó: “Las y los latinoamericanos, al igual que muchos de nuestras y nuestros colegas del Sur, sabemos lo que significa resistir y luchar. Esta historia nos persigue, pero también es una fuerza, una impronta para enfrentar los desafíos de hoy”. Las mujeres latinoamericanas, jóvenes o de edad intermedia, avanzan en los cargos directivos de la FIP. Tres de ellas, periodistas que representan los sindicatos nacionales de Colombia, Brasil y Argentina, forman parte del directorio de la federación compuesto por una veintena de personas.

Estimulado por una segunda presidencia consecutiva de mujeres (la periodista francesa Dominique Pradalie estuvo al frente de la FIP de 2022 a 2026), el Congreso aprobó una histórica reforma estatutaria para asegurar la paridad de género en la composición de su comité directivo que ya, a partir del reciente Congreso, es totalmente equitativa.

A pesar de sus profundas heridas por la partida de varios sindicatos europeos, mayormente de países nórdicos, en los últimos años, el reciente Congreso de París significó un grito concreto a favor de la unidad. Aprobó por consenso varias modificaciones estatutarias que allanan el camino a esos sindicatos y asociaciones para reintegrarse en un futuro cercano. Además, trabajó arduamente para revisar y reforzar su gobernanza, representación y transparencia organizativa para ser “aún más acogedora, unida y solidaria [que hasta ahora y estar más] a la altura de los retos globales”.

La información: ¿simple mercancía, instrumento de la propaganda interesada, o bien público de la humanidad? Debate esencial de la sociedad en un momento histórico donde a menudo resulta difícil diferenciar entre noticia verificada y fake y, no menos preocupante, el gran poder nacional e internacional –sea político, económico o militar- hace del control de la información una prioridad esencial para la defensa de sus propios intereses minoritarios.

El autor de este artículo participó en el congreso de la FIP en París como delegado de SYNDICOM, sindicato suizo de la comunicación e información

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El frágil horizonte de América Latina en 2026

Por: Sergio Ferrari

Entre tumbos económicos casi generalizados a nivel mundial, el continente latinoamericano mira al 2026 sin mucho optimismo. La tendencia parece prever “más de lo mismo”: una incómoda zona de “confort” de bajo crecimiento.

“El motor se atasca”, afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Balance Preliminar 2025 al calcular un crecimiento regional del 2,4% en 2025 y apenas un 2,3% en 2026. Según CEPAL, se trata de “un ritmo insuficiente para reducir la pobreza y la desigualdad de manera significativa”, en otras palabras, “una senda de bajo crecimiento”.

La principal alerta, según CEPAL, es el hecho de que los dos pilares que han sostenido la actividad en los últimos años comienzan a flaquear. Por un lado, el consumo privado, responsable de más de la mitad del crecimiento regional, que pierde energía por un mercado laboral menos dinámico; por el otro, la demanda externa, que también muestra signos de debilidad.

El informe 2025 revela realidades subregionales divergentes: América del Sur bajando del 2,9% en 2025 al 2,4%; Centroamérica, aumentando de un 2,6% en 2025 a un 3,0%, aunque sintiendo el impacto de una menor demanda desde Estados Unidos y amenazada por serios riesgos, como la volatilidad en las remesas y los efectos del cambio climático; el Caribe, que si bien exhibe las cifras más altas (5,5% en 2025 y 8,2% en 2026), sigue siendo frágil si se tiene en cuenta que tanto el boom petrolero de Guyana como la normalización del turismo postpandemia esconden la alta fragilidad de esa región ante desastres naturales recurrentes (https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/d36b03d7-df19-41e7-a01f-514792ae8818/content).

Para escapar al bajo crecimiento, CEPAL insiste en la necesidad de políticas de desarrollo productivo de mayor ambición –especialmente hoy debido a las nuevas condiciones de rivalidad geoeconómica– combinadas con decisiones macroeconómicas que muevan más recursos para el crecimiento, la innovación, la diversificación económica, la transformación productiva y la creación de empleos de calidad. La receta que CEPAL recomienda sostiene que, en un mundo transformado por la fragmentación geoeconómica y la revolución tecnológica, América Latina y el Caribe no puede conformarse con un crecimiento raquítico. En otras palabras, lo que hace falta es “una combinación audaz de políticas que fomenten la transformación productiva para construir una región más resiliente, inclusiva y, finalmente, más próspera”.

Lucha contra la pobreza

Si bien los porcentuales de crecimiento son relativos y a menudo fuertemente cuestionados por no incluir ciertos coeficientes esenciales del desarrollo humano, de todos modos pueden servir como pista para descifrar tendencias futuras. Un análisis más completo y objetivo hace imprescindible la inclusión adicional de la situación de pobreza y de extrema pobreza, así como de pobreza monetaria. Esta última considera la situación crítica de las personas o las familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, fundamentalmente vivienda, salud, educación y transporte.

Cuando se incluyen estos aspectos, las estadísticas de CEPAL son contundentes y revelan las contradicciones esenciales.  En América Latina y el Caribe, la concentración del ingreso sigue siendo extrema: el 10% más rico capta el 34,2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre solo accede al 1,7%. Esta disparidad se traduce en el índice de pobreza monetaria más bajo desde que comenzó esta medición: en 2024, el 25,5% de la población latinoamericana (162 millones de personas) carecía de los ingresos suficientes para enfrentar sus necesidades más básicas. Se trata de una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto de 2023, y de más de 7 puntos porcentuales respecto de 2020, en plena pandemia de COVID-19. En cuanto a la pobreza extrema, en 2024 la misma afectó al 9,8% de la población (62 millones de personas), lo cual representa 0,8 puntos porcentuales menos que el año anterior, aunque 2,1 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en 2014, cuando alcanzó el nivel más bajo de las últimas tres décadas.

Sin embargo, constata CEPAL, esta pequeña mejoría en 2024 no significa que el continente en su totalidad haya logrado resultados positivos en su lucha contra la pobreza. Se debe, principalmente, a los relativos avances de México y, en menor medida, de Brasil, los dos “gigantes” de la región. El resto del continente casi inmutable. (https://www.cepal.org/es/comunicados/la-concentracion-ingreso-sigue-siendo-extrema-america-latina-10-mas-rico-capta-342).

Marco mundial complejo

Las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe en 2026 proyectan un bajo dinamismo, con tasas de crecimiento moderadas debido a un entorno internacional incierto y persistentes limitaciones internas, todo lo cual afecta el impulso de la inversión, el fortalecimiento de la productividad y la expansión del empleo formal. En consecuencia, una mayor desaceleración de la economía mundial, con una proyección de 3,2% de crecimiento, menor que en 2024 y 2025.

Este panorama se ha agravado, en parte, por la escalada arancelaria desatada por Estados Unidos, así como los altos niveles de deuda pública, que restringieron el espacio del gasto gubernamental e impusieron altas tasas de interés a largo plazo. Mayores aranceles y endeudamiento se erigieron en obstáculos contra mayores niveles de inversión.

Según CEPAL, a esto se suman problemas estructurales, como la crisis de productividad en la zona del euro y la persistente deflación en China, factores que limitan el impulso global. En Europa, el crecimiento siguió siendo débil por la menor demanda externa, la debilidad de la inversión y problemas persistentes de productividad, particularmente en Alemania y Francia. Aunque la inflación europea se acercó a la meta del 2%, lo que permitió estabilizar la política monetaria, los altos niveles de endeudamiento continúan limitando los márgenes de acción. La excepción, según CEPAL, ha sido España, que se consolidó como la economía de mayor crecimiento (aunque de grandes disparidades internas) , con una tasa de alrededor del 2,6%, apoyada fundamentalmente por el turismo, la inversión en infraestructura y el avance de las energías renovables.

Las economías emergentes y en desarrollo han mostrado un desempeño favorable. Tal es el caso de India y China. Por otra parte, el comercio mundial registró en 2025 una recuperación parcial gracias al mayor dinamismo del comercio Sur-Sur y a pesar de verse afectado por los nuevos aranceles de importación impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones macrofinancieras y los altos niveles de endeudamiento público de las economías avanzadas reducen sus márgenes para la aplicación de políticas fiscales locales contra cíclicas, mientras que las tasas de interés a largo plazo permanecen elevadas, lo que restringe la inversión. En otras palabras: el costo de financiamiento de sus respectivas deudas nacionales sigue condicionado por la volatilidad global y la incertidumbre con respecto a la trayectoria futura de la política monetaria estadounidense.

Si bien a nivel continental la desocupación se ubica en un 6%, una de las más bajas de los últimos tres lustros, la informalidad y la desigualdad persisten y exigen respuestas urgentes. Especialmente en el importante sector agrícola, donde el 80% del trabajo es informal. Esto afecta en particular a las mujeres, los jóvenes y las personas mayores en el ámbito rural. Y algo no menos importante: este mismo sector concentra el 46% del trabajo infantil regional y más de la mitad de la mano de obra con baja escolaridad.

Los retos sociales y laborales en América Latina y el Caribe en 2026 son enormes. Defendidos por sindicatos y movimientos sociales, ninguneados e ignorados por los gobiernos latinoamericanos de derecha y extrema derecha que siguen apostando a más ajuste y menos Estado social.

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800 millones de pobres, la principal deuda social planetaria

Por: Sergio Ferrari

30 años después, la segunda Cumbre para el Desarrollo Social

En menos de dos semanas arranca en Doha, Catar, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. Convocatoria marcada por la crisis del multilateralismo, así como por una fatiga inevitable tras tantos eventos de las Naciones Unidas con relativamente pocos resultados. A pesar de algunos avances sociales, los esfuerzos de dicha organización lucen frágiles debido a los estragos causados por la persistente pobreza mundial.

Esta será la segunda cumbre, a treinta años de la de 1995 en Copenhague, y entre el 4 y el 6 de noviembre reunirá a miles de representantes de gobiernos e instituciones internacionales y de la sociedad civil. El programa incluye una sesión oficial y una paralela. Esta última, con un día para el Foro de la sociedad civil y otro para el Foro del sector privado (https://social.desa.un.org/es/world-summit-2025/programme).Hasta la tercera semana de octubre, los medios de información poco se interesaron en la dinámica preparatoria de la Cumbre de Catar, desde ya eclipsada por una coyuntura mundial donde los conflictos en Palestina y Ucrania, así como la imposición unilateral de aranceles por Washington, parecen definir otras prioridades.

Desde Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que tres décadas después de Copenhague esta nueva convocatoria busca evaluar el progreso alcanzado y definir nuevas estrategias para los desafíos actuales. Según la CEPAL, “persisten problemas como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en un contexto de crisis globales y cambios acelerados”, de allí la esperanza de que esta cumbre ofrezca una oportunidad clave para fortalecer compromisos y promover políticas que garanticen mayor cohesión social y movilidad económica. “América Latina y el Caribe, con una larga trayectoria en el debate sobre desarrollo social”, anticipa la CEPAL, “presentará propuestas para reducir la desigualdad y mejorar la inclusión social”. Como expresión de deseos esta organización latinoamericana espera que la cumbre sirva como plataforma para consolidar una perspectiva común que refuerce la gobernanza, la cooperación internacional y el papel de la sociedad civil en la implementación de políticas efectivas para el desarrollo sostenible (https://www.cepal.org/es/segunda-cumbre-mundial-desarrollo-social).

Tibios progresos, enormes deudas civilizatorias Con la mirada puesta en Catar, la segunda quincena de octubre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó la campaña “Esto es justicia social” mediante una serie de videos con historias humanas que muestran el impacto de la justicia social en la vida de trabajadores, empleadores y comunidades (https://www.ilo.org/es/temas-y-sectores/justicia-social).

Algunas semanas antes, a fines de septiembre, en su Informe sobre el Estado de la Justicia Social en 2025 la OIT reconoció varios logros desde Copenhague 1995 hasta el presente. Por ejemplo, la disminución del trabajo infantil del 20,6% en 1995 al 7,8% en 2024 y el aumento del índice de finalización de la escuela secundaria en 22 puntos porcentuales desde 2000 hasta la fecha. Además, el hecho de que la pobreza extrema pasara de 4 de cada 10 personas en 1995 a 1 de cada 10 en 2023 y que la proporción de trabajadores pobres se redujera del 27,9 % en 2000 al 6,9 % en 2024. Sin embargo, la propia OIT reconoce enormes tareas pendientes y deudas sociales no resueltas. Fundamentalmente, que no se haya logrado erradicar la pobreza, como lo evidencian estos datos tan preocupantes: 800 millones de personas aún viven con menos de 3 dólares al día y una de cada cuatro carece de acceso al agua potable. El desequilibrio resultante sigue siendo una constante planetaria: el 1% más rico de la población mundial posee el 20 % de los ingresos y el 38% de la riqueza. En paralelo, la brecha entre la fuerza de trabajo masculina y la femenina mejoró muy poco desde 1995 y el índice de informalidad laboral se redujo apenas dos puntos porcentuales desde 2005, con un 58% de los trabajadores aún en empleo informal. Si de derechos humanos fundamentales se trata, la OIT constata un deterioro del derecho de asociación y de negociación colectiva, para mencionar tan solo dos.

Fatiga de Cumbres

A fines de mayo pasado, la agencia informativa IPS publicó un comentario analítico titulado “La Cumbre Social Mundial de 2025 no debe ser una oportunidad perdida”. Escrito a seis manos por Isabel Ortiz, Odile Frank and Gabriele Koehler, tres dirigentes femeninas de prestigio en instituciones internacionales miembros de la organización Justicia Social Global, el análisis señala que “En la sede de la ONU circulan rumores de que hay poca ambición en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social… (y que) diplomáticos y expertos hablan de una ‘fatiga de cumbres’ tras un calendario repleto de reuniones globales: la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023, la Cumbre del Futuro de 2024 y la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 2025” (https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/109/2025/04/Zero-Draft-clean-as-of-24-April-2025-12pm.pdf)

Además, deslizan que el Borrador de la Declaración Política de la Cumbre Social “carece de la ambición necesaria para enfrentar las múltiples crisis sociales que atraviesa nuestro mundo” (https://ipsnoticias.net/2025/05/la-cumbre-social-mundial-de-2025-no-debe-ser-una-oportunidad-perdida/).

Para estas tres coautoras, la realidad es contundente: “Hay demasiado en juego. El mundo ha cambiado dramáticamente desde la histórica primera Cumbre Social de 1995 en Copenhague. En aquel entonces, los líderes mundiales reconocieron la necesidad de un desarrollo centrado en el ser humano. Hoy, la urgencia ha crecido exponencialmente en un mundo fracturado y volátil”.

El punto clave del comentario es el análisis de la actual situación mundial, con una población que debe enfrentar múltiples crisis superpuestas: una policrisis pospandémica, una crisis del costo de vida que ha empujado a millones a la pobreza, la priorización del bienestar corporativo sobre el de las personas, un rápido deterioro democrático que agrava las desigualdades, una creciente emergencia climática y una prolongada crisis de empleo que, con toda probabilidad, se deteriorará drásticamente debido al uso de la inteligencia artificial (IA). Por otra parte, la confianza en los gobiernos y en las instituciones multilaterales se está erosionando, el descontento social y las protestas se multiplican y las desigualdades, tanto internas como internacionales, han alcanzado niveles grotescos. Por todo ello, coinciden, “Una declaración tímida [en la Cumbre de Catar de noviembre]… sería una traición a quienes siguen viendo en las Naciones Unidas un modelo de justicia y dignidad humana”.

¿Cómo evitarlo, se interrogan? Según ellas, la Declaración debe definir acciones vinculantes y compromisos explícitos para construir sociedades que funcionen y generen prosperidad para todos. Esto implica, entre otras iniciativas, “reducir las desigualdades de ingresos y riqueza que socavan profundamente la cohesión social, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible”. Además, reconocer la justicia de género como un pilar fundamental, sin la cual se estaría traicionando a la mitad de la humanidad y fracasando en su misión de promover los derechos humanos, la dignidad y el desarrollo sostenible.

Por otra parte, insisten Ortiz, Frank y Koehler, se debe garantizar servicios públicos universales y de calidad a través de sistemas financiados y gestionados con fondos públicos para proteger a los trabajadores, eliminar barreras a los servicios de calidad mediante una sólida inversión pública basada en una financiación más justa y proteger el desarrollo social de los recortes presupuestarios y la privatización.

Con respecto a la creciente precariedad de ingresos, proponen abordarla mediante la inversión en trabajo decente con derechos/estándares laborales y la extensión de sistemas y niveles de protección social universales. Y promover una economía del cuidado que apoye a la mujer y priorice el bienestar sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Conceptualmente, sostienen, se debe reconocer las limitaciones de los paradigmas centrados en el crecimiento y en cambio adoptar políticas orientadas a la sostenibilidad ecológica y el desarrollo equitativo. No menos esencial en este panorama reivindicatorio es el combate contra los movimientos anti-derechos y anti-género y la reafirmación de los compromisos globales con los derechos humanos y la democracia.

El avance hacia la justicia social mundial confronta al planeta a sus propias contradicciones sistémicas, entre un ideal de mayor redistribución –con Estados sociales más fuertes – y un sistema hegemónico centralizador en lo económico y excluyente y discriminatorio en lo social.

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Cuando juventud rima con exclusión

Por: Sergio Ferrari

Uno de cada cuatro jóvenes no tendrá un empleo ni logrará estudiar en el transcurso de 2025. La exclusión de una buena parte de la juventud interpela a la sociedad planetaria. Se trata de más de 260 millones de jóvenes de entre 14 y 24 años en todo el mundo que integran la categoría de los NiNi, es decir, los que no trabajan, no estudian, ni tampoco logran realizar algún tipo de formación artesano-profesional. La tendencia es preocupante y va en aumento.

Según el Informe 2024 de la misma OIT, En 2023, los NiNi eran uno de cada cinco jóvenes del mundo, es decir, el 20,4%. En tanto, se mantiene la discriminación de género: la tasa mundial de NiNi de las mujeres jóvenes duplicó en 2023 la de sus pares masculinos (28,1% y 13,1%, respectivamente) (https://www.ilo.org/es/node/666121).

Al quedar fuera del mercado de trabajo y del mundo educativo, los NiNi  reflejan la compleja tendencia llena de obstáculos hacia la integración de la juventud en el mundo laboral. En un reciente artículo publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Niall O’Higgins, uno de sus investigadores estrellas, trata de clarificar con palabras simples el concepto de los NiNi. Incluye “a todos los jóvenes desempleados que no están cursando estudios, así como un grupo mucho más amplio de jóvenes que no tienen trabajo y no participan en ninguna actividad de formación formal, pero que, por una u otra razón, tampoco buscan trabajo activamente”.

O’Higgins explica que aunque la tasa de NiNi no es en absoluto un indicador perfecto de cómo se comportan los mercados laborales juveniles, “es difícil imaginar un indicador único que lo sea o pueda serlo”. Según el investigador, para medir dicho comportamiento la tasa de NiNi es más adecuada que la tradicional tasa de desempleo juvenil que se utilizaba anteriormente y que continua a emplearse en muchos estudios y estadísticas oficiales.

En ese sentido, afirma O’Higgins, “la proporción de NiNis en la población es un indicador más informativo de la magnitud del reto que supone el empleo juvenil”.  Los jóvenes NiNi superan el número de sus pares desempleados. La mayoría de ellos son mujeres jóvenes y a una parte numerosa le gustaría trabajar, pero no busca un empleo activamente, ya sea por falta de disponibilidad, por escasez de puestos de trabajo, o porque otros obstáculos como las responsabilidades de cuidado familiar le impide aspirar a integrarse en el mundo del trabajo formal. En 2015 las Naciones Unidas adoptaron como objetivo número 8 acápite 6 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de lucha contra la pobreza la reducción sustancial de la tasa de NiNi. Significa que dicha tasa es el instrumento en que internacionalmente se puede evaluar el progreso hacia la integración efectiva de los jóvenes en el mundo laboral. Teniendo en cuenta tal criterio, según el investigador de la OIT, “los avances hasta la fecha han sido bastante modestos”.

En ese marco, subraya O’Higgins, la condición de NiNi es un indicador más fiable que el concepto de desempleo para analizar la vulnerabilidad o la fragilidad social. En contextos en los que el acceso a la protección social es limitado o inexistente los jóvenes solo pueden permitirse estar desempleados durante un tiempo mientras buscan oportunidades de trabajo razonables si sus familias tienen recursos para mantenerlos. Los jóvenes más pobres y vulnerables no pueden permitirse ese “lujo”. Incluso aun en los países de ingresos altos, los jóvenes NiNi, fuera del mercado laboral, corren un riesgo mayor de exclusión económica y social a largo plazo. Realidad que se agrava en el caso de las mujeres jóvenes con responsabilidades de cuidado, es decir, aquellas que se dedican a la atención de familiares mayores, menores o enfermos.

Con la revisión de las estadísticas internacionales sobre el empleo, para ser considerado como empleado es condición recibir una remuneración. Esto significa que los jóvenes que realizan trabajos no remunerados, como la agricultura de subsistencia, no se consideran activos laboralmente y, por lo tanto, si no están cursando algún tipo de estudio, se les identifica como NiNi (https://www.ilo.org/es/resource/articulo/medir-lo-importante-los-nini-frente-al-desempleo-juvenil#:~:text=La%20OIT%20estima%20que%20en,estudian%20ni%20siguen%20una%20formaci%C3%B3n).

Latinoamérica y la marginalidad juvenil

En América Latina, coincidiendo con las estadísticas mundiales, uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años no estudia ni cuenta con un trabajo asalariado. De ese total, más del 70% son mujeres dedicadas exclusivamente a los cuidados del hogar.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las tasas de informalidad juvenil alcanzan en el continente latinoamericano cerca del 60%, en comparación con el 47,5% de los adultos, en tanto los ingresos de las personas jóvenes representan el 60% de los ingresos de los adultos (https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-02/Informe%20juventud%20en%20cambio%202025.pdf).

Por su parte, en noviembre de 2024 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el Estudio prospectivo del empleo juvenil en América Latina. El mismo concluye que las perspectivas hasta el 2030 no son demasiado optimistas: “continuará la tendencia de desplazamiento de las y los jóvenes desde la agricultura y manufactura hacia el sector de los servicios”. Según la CEPAL, en el marco de un escenario realista que incluye datos de 16 países de la región (y sólo considerando el aumento en la tasa de finalización de secundaria como variable estratégica en el análisis prospectivo), más de 1,2 millones de jóvenes dejarían el sector agrícola, cerca de 640 mil el manufacturero y más de 1,8 millones ingresarían al sector servicios, que, en la región, se caracteriza por bajos niveles de productividad laboral. Es decir, en caso de confirmarse esa tendencia, se dará una degradación de la calidad y la productividad del trabajo juvenil.

Cifras que podrían aumentar debido a la intensificación de la migración interna producto del cambio climático y de la reconfiguración de la migración intrarregional. Según el estudio de la CEPAL, si no se implementan medidas para anticipar estos cambios podría ocurrir que el mayor número de jóvenes que busca empleo supere la demanda existente, en particular, en zonas urbanas. Más aún, el desajuste entre oferta y demanda podría profundizarse debido a los procesos de automatización, grave riesgo que enfrenta en particular la población juvenil. Esta situación impactaría en mayores niveles de desocupación en ese grupo etario y en el aumento de los sectores informales (https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/846790fb-eb41-41b3-ba0a-e7dd80347bd7/content).

Europa no va mejor

No sólo los NiNi pagan el precio de la marginalidad en los países en desarrollo. También en naciones y regiones de altos ingresos la juventud experimenta golpes cotidianos a sus aspiraciones de progreso social. La segunda semana de agosto un informe del Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de España diseñó una radiografía impactante de la situación en ese país europeo. Según el sindicato, los jóvenes ganan un 25% menos que la media nacional; un 43% ha trabajado sin contar con un contrato formal y una de cada tres corre el riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social. El informe presenta un sombrío balance retrospectivo y llega a la conclusión que la juventud gana actualmente un 20% menos de lo que percibían “nuestros padres y madres a nuestra edad”.

Pau Garcia Orrit, secretaria confederal de Juventud de CCOO sostiene: “Aunque en los últimos años se han producido avances significativos en el ámbito laboral juvenil —mejoras en el acceso al empleo y condiciones de trabajo, incluso en un contexto marcado por sucesivas crisis y situaciones excepcionales— la precariedad estructural sigue condicionando profundamente la vida de la juventud en España”. Si bien el desempleo juvenil ha descendido a mínimos históricos, el país ibérico continúa en el primer lugar de precariedad juvenil en Europa. Agravado por un fenómeno no menos preocupante: el 85% de la juventud sigue viviendo con sus padres y madres. “El acceso a un alquiler asequible se ha convertido en una odisea, y la emancipación es un horizonte cada vez más lejano. Comprar una vivienda es directamente imposible para la mayoría de la juventud”.

La central sindical advierte que el presente sin estabilidad ni certezas ha convertido a la juventud en una categoría cada vez más vacía de significado. Ser joven hoy ya no es una etapa en la que se aprenda a construir un proyecto de vida, sino que es sinónimo de inseguridad, precariedad y falta de expectativas. Una juventud “vaciada de contenido real” (https://www.ccoo.es/noticia:734394–La_juventud_no_se_rinde_Jovenes_CCOO_exige_respuestas_para_una_situacion_de_emergencia&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95).

La precariedad laboral y educativa de la juventud continúa siendo un flagelo con profundas repercusiones sociales. Aunque golpea principalmente a países del Sur Global no se limita a este marco geográfico. Diez países europeos tienen tasas de desempleo juvenil que oscilan entre el 19% y el 25%. A la cabeza España y Rumania, con una o un joven cada cuatro en el desempleo, seguidos de cerca por Suecia. En tanto Finlandia, Italia, Bélgica, Portugal y Francia se ubican en torno de uno cada cinco. La exclusión juvenil aparece así casi como una norma, en un mundo regido de más en más por los hombres adultos.

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El costo humano de las guerras

En un clima mundial de conflictos armados que se multiplican sin cesar, las víctimas civiles tienen nombre de mujer, de niños y niñas, así como de militantes de derechos humanos y periodistas.

En 2024 en todo el mundo, cada 12 minutos murió un civil en un conflicto armado, lo que representó un aumento del 40% de casos con respecto al año precedente. Los registros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) contabilizan más de 48 mil asesinatos de civiles en el marco de conflictos bélicos. De los cuales 21.480 fueron mujeres y 16.690, niñas y niños (80% y 70% respectivamente, en Gaza, (https://news.un.org/es/story/2025/06/1539581).

Prensa mutilada

Según OCHA, estas cantidades macabras –con cifras “conservadoras” con respecto a otras fuentes– revelan, además, la “persistencia de ataques mortales contra defensores de derechos humanos”. En efecto, más de 500 hombres y mujeres fueron asesinados como parte de la respuesta represiva contra su actividad humanitaria y América Latina y el Caribe fue la región donde ocurrió la mayor cantidad de estos asesinatos. En ese mismo periodo, otros 123 activistas desaparecieron por la misma razón.

En 2024, cada 14 horas se registró el asesinato o la desaparición de un periodista, sindicalista o activista humanitario. El año pasado, OCHA contabilizó 82 muertes de comunicadores. Más del 60% de estos homicidios se produjeron en zonas de conflicto, la proporción más alta en más de una década.

Cifra, sin embargo, que se encuentra bastante por debajo de la que reconocen otras organizaciones fiables. La Federación Internacional de Periodistas (FIP), por ejemplo, registró 122 homicidios entre sus colegas –más de la mitad en relación al conflicto en Palestina– y calificó el año 2024 como uno de los “más mortíferos” de las últimas décadas, (https://www.ifj.org/es/sala-de-prensa/noticias/detalle/article/122-periodistas-trabajadorxs-medios-asesinadxs-2024-segun-fip).

Conflictos bélicos al por mayor 

En los últimos años han estallado nuevos conflictos armados que “han hecho descarrilar los esfuerzos mundiales hacia el desarrollo sostenible, el cual no puede prosperar sin paz y seguridad y sin la protección de los derechos humanos”, como señala el informe publicado por este organismo de las Naciones Unidas. Si bien entre 2015 y 2022 la tendencia fue decreciente, a partir del 2022 se revirtió debido a un aumento significativo de confrontaciones armadas en diversas regiones del planeta. Entre 2015 y 2024, OCHA documentó muertes de civiles relacionadas con conflictos bélicos en 16 países: Afganistán, Etiopía, Filipinas, Iraq, Líbano, Libia, Malí, Myanmar, Palestina, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania y Yemen.

Las conclusiones de un reciente estudio del Instituto de Investigación para la Paz (PRIO), de Oslo, son todavía más preocupantes: en 2024 el mundo experimentó el mayor número de conflictos armados desde 1946, superando a 2023, de por sí un año récord. Nada menos que 61 conflictos en 36 países, algunos de los cuales se vieron afectados por múltiples confrontaciones simultáneas. Realidad que llevó a Siri Aas Rustad, autora principal de este estudio de análisis de tendencias desde 1946 a 2024, a afirmar que no se trata de un aumento repentino, sino de un cambio estructural. Su conclusión: “El mundo actual es mucho más violento y está mucho más fragmentado que hace una década”.

El estudio de PRIO además documenta que África sigue siendo el continente más afectado, con 28 conflictos nacionales, seguida de Asia (17), Oriente Medio (10), Europa (3) y América (2). Y que más de la mitad de los Estados afectados han padecido o padecen dos o más conflictos cada uno. Tan solo el año pasado se confirmaron unas 129 mil muertes ligadas a confrontaciones armadas, mayormente entre Rusia y Ucrania, en la Franja de Gaza y en la región etíope de Tigray, (https://cdn.cloud.prio.org/files/31b69202-0728-4852-94e9-a08bdf662fe9/Rustad%20-%20Conflict%20Trends%201946-2024%20-%20PRIO%20Paper.pdf?inline=true).

Sobre un tonel de dinamita… nuclear

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán la segunda quincena de junio, con el pretexto de neutralizar una supuesta amenaza nuclear iraní, no hacen más que esconder la cara oculta del “juego” geopolítico en torno al verdadero poderío bélico en el mundo. Que se juega esencialmente en términos del poder nuclear es decir la capacidad máxima de destrucción de la fuerza enemiga.

Según el reciente informe Anual 2025 del Instituto de Estudios para la Paz (SIPRI), de Estocolmo, un inventario de enero de este año estimó en 12.241 el número de ojivas nucleares en existencia, todas ellas propiedad de nueve naciones (entre las que no se encuentra Irán): Francia, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, India, Pakistán, República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) e Israel. Notablemente, el 90% de esta cantidad pertenece a Rusia y a Estados Unidos, potencias embarcadas en extensos programas de modernización de sus respectivos arsenales nucleares con el propósito de incrementar el tamaño y la diversidad de los mismos. Según el SIPRI, los “arsenales nucleares mundiales se amplían y modernizan … y está emergiendo una nueva y peligrosa carrera armamentista nuclear en un momento en que los regímenes de control de armas se encuentran gravemente debilitados”.

De este total de ojivas nucleares, 3.912 ya están desplegadas en misiles o en bases con fuerzas operativas listas para el uso y 5.702 almacenadas en reserva, lo que exigiría una cierta preparación, por ejemplo, instalación de componentes, transporte y carga en lanzadores antes de su despliegue. El resto, 2627 ojivas han sido retiradas de la reserva militar pero aún no han sido desmanteladas.

Como subraya el SIPRI, en caso de no lograrse un nuevo acuerdo para limitar estos arsenales, es probable que aumente el número de ojivas desplegadas en misiles estratégicos tras la expiración en febrero de 2026 del Tratado bilateral de 2010 sobre Medidas para la Nueva Reducción y Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas (New START). Las tendencias armamentistas siguen consolidándose y por el momento no existen señales de negociaciones para renovar los frágiles acuerdos o bien para reemplazarlos, (https://www.sipri.org/sites/default/files/WNF%202025%20PR%20ESP.pdf).

Tendencia preocupante e imprevisible

Como enfatiza el SIPRI en su Informe 2025, “todo apunta a que se está gestando una nueva carrera armamentista que conlleva mucho más riesgo e incertidumbre que la anterior”. En la misma influye “el desarrollo acelerado y aplicación de una amplia gama de tecnologías –por ejemplo, en los campos de la inteligencia artificial (IA), las capacidades cibernéticas, los activos espaciales, la defensa antimisiles y la tecnología cuántica– que está redefiniendo radicalmente las capacidades nucleares” y genera nuevos factores de inestabilidad. Por otra parte, en la medida que la IA y otras tecnologías aceleran la toma de decisiones en contextos de crisis, “aumenta el riesgo de que un conflicto nuclear se desate como resultado de una mala comunicación, un malentendido o un accidente técnico”.

Los conflictos bélicos se multiplican cotidianamente, y los que han estallado apenas las últimas semanas están generando un ambiente apocalíptico que algunos analistas equiparan con el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Aun si esta lectura puede ser extrema, cómo negar que los hechos son elocuentes y que todas las cifras certifican una escalada violenta en muchas regiones del planeta. Planeta que ya duerme, cada noche, sobre un inmenso arsenal nuclear suficiente como para destruir buena parte de la civilización, incluso la civilización entera. Mientras tanto, cada doce minutos muere una persona no combatiente a causa de las estrategias y los conflictos bélicos. Civiles con apellidos propios, fundamentalmente, con nombres femeninos y de niños y niñas.

[Imagen: mujeres victimas de la guerra en Dafur. Foto ACNUR]

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