Author: Sergio Ferrari

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La otra cara del hambre es el desperdicio de comida

Sergio Ferrari

Por Sergio Ferrari

Alternativas al derroche alimentario

En la ciudad suiza de Ginebra, una asociación solidaria instaló cuatro frigoríficos con alimentos que se renuevan diariamente, a disposición del consumo público y gratuito.  

Iniciativa de Eco-ciudadano (Eco-citoyen, en su nombre en francés), organización que se propone limitar los desperdicios de alimentos, entre otros, frutas, verduras, lácteos, carnes, pastas o conservas (https://eco-citoyen.ch/).

Entusiasmo desmedido ante ciertas ofertas o compras hogareñas no bien planificadas. Así mismo, artículos que caducan o productos sobrantes, pero en buen estado, a la venta en negocios mayoristas y minoristas, y que están condenados a terminar en la basura. Realidades repetidas tanto en Ginebra, como en tantos otros lugares del mundo donde casi un 20 % de los desperdicios alimentarios provienen de los hogares.

Evitar los basureros

Los frigoríficos denominados Free-go (gratis), cuentan normalmente con un armario externo para los artículos que no necesitan enfriamiento. En Ginebra fueron instalados en el barrio Les Charmilles y en la Casa de las Asociaciones, en el popular Plainpalais, así como, a partir de este año, en el Centro Roseraie de Carouge y en el Pâquis. Cada uno de ellos ofrece alimentos que no pudieron ser vendidos y que son recogidos diariamente por voluntarios de la asociación en muchos comercios o de casas de particulares que desean donar. Esta experiencia tiene precedentes en el Cantón de Neuchâtel, donde se promovieron ya a partir de 2019 con resultados muy positivos (https://lecourrier.ch/2019/12/05/943487/).

El objetivo principal es “reducir el desperdicio de productos mediante la sensibilización de los hogares”, explicaba Marine Delévaux, directora del proyecto ginebrino, en un reciente reportaje publicado por el cotidiano suizo Le Courrier.

Para la directora, darles una segunda oportunidad a los alimentos condenados a la basura es, ante todo, “un acto cívico”.  Y reconoce que si bien los free-go juegan un papel social importante al poner a disposición productos de forma gratuita, la propuesta no solo está dirigida a familias con ingresos precarios. Cualquier persona puede servirse, por ejemplo, una manzana o una pera, explica la responsable.

La fruta, así como las verduras, constituyen la mayor parte de los comestibles, a los que se añaden ocasionalmente quesos o yogures. Alguna-os voluntaria-os, incluidos beneficiarios del Hospicio General (institución de Ayuda Social de la ciudad), están a cargo de los recorridos en bicicletas por las tiendas asociadas para buscar los sobrantes.

La propuesta busca también involucrar en el aprovisionamiento a los vecinos del propio barrio donde se ubican las heladeras populares. Todo el mundo puede colocar allí productos de huerta, pero también artículos secos como arroz o pastas cuya fecha de validez no haya caducado. No se permite alcohol, productos abiertos, ni comidas ya preparadas.

El primero de estos frigoríficos populares cumplió un año y el resultado es excelente, explica Marine Delévaux. La mayoría de los free-go, que ya cuentan con clientes habituales, se vacían rápidamente, una hora después de ser aprovisionados.  Eco-ciudadano calcula que en un año se recuperaron tres toneladas de alimentos. La asociación también organiza colectas “al pie de los edificios”, para dar a conocer su práctica de recuperación entre los vecinos.

Otras formas novedosas

A nivel nacional, la Fundación Table Suisse (Mesa Suiza) evitó en 2022 que 17.5 millones de porciones de comida terminaran en la basura. Dicha organización con sede en el Cantón de Friburgo y seis antenas regionales se moviliza contra el derroche y la pobreza, recuperando alimentos y productos de buena calidad que ya no pueden venderse. Provienen de grandes distribuidores, productores y minoristas y los redistribuye gratuitamente a instituciones sociales que atienden a personas de muy escasos recursos (https://tablesuisse.ch/a-propos-de-table-suisse/).

En 2022, recuperó 6.100 toneladas de productos alimentarios y no alimentarios de calidad irreprochable que, de otro modo, habrían acabado en los basureros y que representan casi una cuarta parte más que el año precedente.

Según la fundación, todos los actores de la cadena alimentaria generan a nivel nacional 2.8 millones de toneladas de residuos anuales. Dos tercios de los cuales están en buen estado para el consumo humano cuando llega la fecha de caducidad. Cifra que representa, en Suiza, un desperdicio anual de 330 kilos por persona.

Otra alternativa interesante contra el derroche la constituye Fruits en Cavale (Frutas a Domicilio), que promueve desde 2016 en el Cantón de Neuchâtel el aprovechamiento de frutas que por no ser cosechadas terminan desechándose. (https://fruits-en-cavale.ch/). Compuesta íntegramente por voluntarios, la asociación organiza la recolección urbana de fruta en la región de Neuchâtel (costera al lago, Val-de-Ruz y Val-de-Travers). Los propietarios de árboles recurren a la asociación cuando no pueden asegurar la recogida o en los casos en que se confrontan a una producción demasiado abundante. Esta actividad no autoriza ningún tipo de intercambio monetario ni venta. El producto se reparte equitativamente entre los propietarios, los voluntarios recolectores y diversas organizaciones de asistencia social (como el Centro Social Protestante o Emaús) que lo destinan para el consumo de sus beneficiarios.

Una organización de este tipo, SOS Fruits (SOS Frutas) nació en 2020 en el Cantón de Vaud, con Lausana como capital. Este modelo se inspira en una experiencia semejante denominada Les fruits défendus (Frutas Prohibidas) que existe en Quebec, Canadá, desde hace ya dos décadas.

A nivel macro europeo – y también presente en otros continentes– la iniciativa Too Good To Go (Demasiado buena para desperdiciarla) es una aplicación que permite a los usuarios comprar comida restante de calidad en muy diversos restaurantes por un precio muy bajo que puede llegar al tercio del valor real.

La aplicación facilita acceder, por ejemplo, a comidas elaboradas no vendidas al final del día, así como a paquetes “sorpresa”, con menús variados y de bajo costo. La misma facilita navegar en los sitios Web de los locales cercanos al domicilio del usuario para encontrar el lugar más apropiado al gusto del mismo. La aplicación informará además sobre la franja horaria en que se puede recoger la bolsa de comida, para lo que exige extrema puntualidad.

Como lo señala el sitio suizo de Too Good To Go, esta iniciativa “le da a la comida una segunda oportunidad” (https://www.toogoodtogo.com/de-ch). El hecho de que grandes cadenas de supermercados con beneficios millonarios (y no siempre principales defensores del medio ambiente) así como Nestlé, la cuestionada transnacional de la alimentación, participen entre los asociados, aunque no le resta utilidad a la aplicación disminuye la credibilidad sobre el sentido político de la misma.

Pan de ayer

Todo comenzó una década atrás con una idea muy sencilla. Cotidianamente, miles de barras de pan, medialunas, sándwiches, tortas y biscochos de muy diversos tipos van a parar a la basura, aunque estén en perfecto estado para el consumo humano.

Fue entonces cuando se lanzó el proyecto Äss-Bar (que en dialecto suizo alemán significa “Se puede comer”) que reintroduce el pan y la repostería del día anterior en el circuito de consumo. Los productos se recogen por la mañana en las distintas panaderías asociadas situadas en las proximidades de los siete puntos de venta – todas coquetas, estilo boutique– con que cuenta Äss-Bar en las principales ciudades ( https://www.aess-bar.ch/shop/stores.php).

En esos elegantes negocios especiales, ubicados en Lausana, Bienne, Berna, Lucerna, Zúrich, Basilea y Winterthur, esos productos del día anterior cuya manipulación debe respetar estrictamente la cadena de frío se pagan a mitad de precio o incluso más barato. Según el sitio Web de esta iniciativa “ya se han ahorrado varios cientos de toneladas de productos”, con un impacto positivo no sólo para el medio ambiente sino también para el bolsillo de los consumidores. En la actualidad, Äss-Bar cuenta con unos 90 empleados en toda Suiza y el hecho de consumir alimentos del sector de la panificación del día precedente es ya algo normal en la concepción del suizo medio. Si hace algunos años en los puntos de venta se veían en particular jóvenes, estudiantes y personas con menos recursos, hoy, los compradores, son indiferenciados y pertenecen a todo el espectro social.

Desperdicios al por mayor

Según cifras oficiales de la Confederación Helvética, cada año, el consumo alimentario suizo genera unos 2.8 millones de toneladas de residuos alimentarios, lo que corresponde a casi 330 kg de residuos anuales por habitante (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/guide-des-dechets-a-z/biodechets/types-de-dechets/dechets-alimentaires.html). Según un estudio de Foodwaste.ch de 2021, el 28% del desperdicio alimentario en este país europeo se genera en los hogares; el 7%, proviene de los restaurantes; 10% del comercio mayorista y minorista; 35% de la transformación y 20% de la agricultura.

En cuanto al impacto en el medio ambiente, el sistema alimentario representa alrededor del 28% de la huella ecológica total de Suiza (impacto en el efecto invernadero), una cuarta parte de la cual procede de residuos alimentarios que podrían ser evitados.

Desechos planetarios

En septiembre de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que el número de personas afectadas por el hambre había aumentado en 2021 hasta llegar a 828 millones, lo que significa un incremento de unos 46 millones en relación a 2020 y de 150 millones desde 2019 (https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-UNEP-agriculture-environment-food-loss-waste-day-2022/es). En total, en 2022 se estimaba que 3.100 millones de personas no contaban con una dieta saludable.

La misma organización onusiana, en su informe “El estado mundial de la agricultura y la alimentación” de 2019 estimaba que el 14 % de la producción alimentaria mundial se pierde después de recolectarse y antes de llegar a los puntos de venta. Las Naciones Unidas estima que el 17 % de los alimentos es desperdiciado tanto en la venta al por menor como por los consumidores directos, especialmente en el marco hogareño. Según la FAO, con los alimentos que se pierden y derrochan se podrían alimentar anualmente a 1.260 millones de personas víctimas del flagelo del hambre y la desnutrición crónica (https://www.unep.org/es/resources/informe/indice-de-desperdicio-de-alimentos-2021).

Desde la perspectiva ambiental, la pérdida y el desperdicio de comida representan entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a un clima inestable y a fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones. Estos cambios, a su vez, repercuten negativamente en el rendimiento de las cosechas, reducen potencialmente la calidad nutricional de los cultivos y provocan perturbaciones en la cadena de suministros.

Por tanto, según el organismo de la ONU, es fundamental priorizar la reducción de los alimentos que terminan en la basura para asegurar la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Sistemas que hagan más eficiente el uso de los recursos naturales, disminuyan su repercusión negativa en el planeta y garanticen la seguridad alimentaria y la correcta nutrición para todos los seres humanos.

Vientres llenos en lugar de basureros repletos y alimentos desperdiciados. Un desafío tan esencial, simple y humano, que pareciera imposible que todavía hoy no se pueda concretizar.

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Inteligencia Artificial: El robot sospechoso e impositivo

Sergio Ferrari

El robot sospechoso e impositivo

Sergio Ferrari

Omnipresente en la vida cotidiana… y mucho más

El ser humano integra a diario más y más productos que son el resultado de una Inteligencia Artificial (IA) capaz de imitar y potenciar el saber intelectual humano. Y que también amenaza desbancar millones de puestos de trabajo.

La primera semana de marzo el grupo de prensa Axel Springer, el más grande de Alemania, y editor de los periódicos Bild y Die Welt, anticipó una reducción significativa de sus empleados. Según el gigante alemán, dicha reestructuración que se hará hasta finales del año en curso está motivada por los últimos avances en la tecnología de la información-comunicación (https://www.rfi.fr/fr/europe/20230304-le-groupe-allemand-axel-springer-va-supprimer-des-postes-au-profit-de-l-intelligence-artificielle). Mathias Döpfner, director del grupo, envió una carta a su personal en la cual afirma que «La inteligencia artificial revolucionará el periodismo y la industria de los medios de comunicación” en la medida que substituya diversas actividades propias de la profesión.

Presencia cotidiana

Un buscador temático en Internet; la cortadora de césped automática sin cable; el calculador de distancias o el de tipos de cambio; múltiples traductores en línea; asistentes audio; vehículos sin conductor o robots cirujanos… Todos ellos avances tecnológicos que se van imponiendo aceleradamente gracias a la Inteligencia Artificial. Resultado de la combinación de algoritmos –secuencias de pasos lógicos estructurados en programas– que permite crear máquinas o instrumentos que presentan las mismas capacidades, o mejores, que las del ser humano.

Inteligencia Artificial, o términos intercambiables como “algoritmo” o “datos”, aparecen ya en los medios de prensa, estudios científicos, ensayos sociológico-filosóficos, documentos sindicales e incluso en las charlas de café, cuando compartimos aplicaciones e imágenes con nuestras amistades. Y también están presentes en las reflexiones y los debates sindicales, cuando se analiza el mundo del trabajo y el impacto directo que tienen las nuevas tecnologías en ciertos sectores. Por ejemplo, por citar solo algunos, el de las comunicaciones, la industria gráfica, el personal de ventas –reemplazado en los países industrializados por máquinas de autopago–, el bancario, el financiero, la logística en general y los centros de atención a clientes.

La Inteligencia Artificial traduce conceptos casi mágicos. A veces, incluso, se emplean sin entenderse el significado profundo de los mismos. Como lo señala Adrien Tallent, graduado en Filosofía Política y Ética en la Universidad de la Sorbona, Francia, en ciertos casos se los equipara con “instrumentos infalibles y  perfectamente racionales cuya ayuda puede ser inestimable para delegar ciertas tareas o incluso responsabilidades”.

Potencialidad y amenazas

Sin embargo, subraya Tallent en un reciente artículo publicado en The Conversation (https://theconversation.com/exploitation-des-donnees-un-changement-de-contrat-social-a-bas-bruit-199038), “la recopilación masiva de datos y el uso generalizado de algoritmos también supone una amenaza para la sociedad y la democracia”. Y explica que, a “cambio de un servicio (casi siempre gratuito), los usuarios delegan consciente o inconsciente-mente parte de su poder de decisión y la posibilidad de influir en sus elecciones y opiniones”.

El filósofo francés recuerda que los sistemas de Inteligencia Artificial se construyen para manejar enormes cantidades de datos y que su propósito es tomar las decisiones más informadas y objetivas posibles. Sin embargo, señala, este despliegue lógico a gran escala responde a opciones políticas y a la promoción de lo que ciertos intelectuales denominan «racionalidad algorítmica».

Tallent también explica que las sociedades occidentales son herederas de la revolución científica y filosófica del siglo XVII y que se construyeron en torno de las nociones de libertad y progreso, respetando cierta armonía entre emancipación humana y desarrollo técnico. Y se interroga: ¿Qué podría ser más racional que la gestión de diversos sectores y actividades quede en manos de la inteligencia artificial?

El problema que surge con esta concepción es que ve al ser humano como falible frente a una Inteligencia Artificial considerada infalible porque se basa en datos u objetos matemáticos. Según esa visión, cualquier decisión sería irrefutable porque se basaría en argumentos estadísticos sin tener en cuenta que la recuperación de datos y su explotación implica matices y contradicciones.

Tallent advierte que los gigantes digitales (las grandes empresas multinacionales del sector) conocen nuestras preferencias, nuestras opiniones y nuestros deseos. Además, que los contenidos afines a nuestras ideas ocupan un lugar preponderante y faltan opiniones alternativas, lo que facilita y aumenta la difusión de noticias falsas (fake news), las cuales disponen de un mayor potencial de difusión. Como resultado, cada vez compartimos menos verdades y experiencias comunes, necesarias para que funcione la democracia.

Inteligentes e invasivos

Al analizar nuestros datos personales con el propósito de predecir nuestro comportamiento, el sistema dominante se está convirtiendo en un “capitalismo de vigilancia», en palabras de la conocida socióloga norteamericana Shoshana Zuboff, a quien Tallent cita en su artículo. Según Zuboff, para estas empresas, los individuos ya no son clientes, sino productos para los anunciantes o proveedores de datos, y esos datos permiten desposeer a los potenciales consumidores de su propia voluntad.

Tallent subraya que “el hecho de que estemos expuestos a esa publicidad dirigida demuestra las dudas que tenemos sobre nuestros propios deseos. Ya no sabemos, realmente, si hemos deseado el objeto adquirido o lo compramos porque nos lo mostraron antes. Nuestro deseo está automatizado”.

“Acostumbrados al progreso técnico”, continúa, “los individuos se han habituado a un entorno en el que la búsqueda de comodidad, rapidez y entretenimiento permite la generalización y perpetuación de sistemas técnicos invasivos en detrimento de ciertas libertades fundamentales (derecho a la intimidad, al anonimato, a la independencia de pensamiento, etc.), que son las garantías de nuestras sociedades democráticas”.

Al facilitar nuestros datos e informaciones, concluye Tallent, transferimos parte de nuestro libre albedrío y la capacidad de opinar por nuestra propia cuenta. De esta manera limitamos seriamente nuestra capacidad de influir en los procesos electorales, es decir, en el ejercicio mismo de la democracia.

El caso de Cambridge Analytica es tal vez el que mejor ejemplifica esta realidad. La firma inglesa recopiló y usó, sin consentimiento, los datos de más de 80 millones de usuarios de Facebook. Su accionar demuestra la capacidad de manipulación política que tuvieron las redes sociales en elecciones tan decisivas como las presidenciales estadounidenses de 2016 o el referéndum británico sobre el Brexit para definir la continuidad o la salida británica de la Unión Europea.

Cambridge Analytica también promovió la figura de Mauricio Macri en su campaña electoral en 2015 en Argentina (https://www.analytica.com.do/publicaciones/blog/la-buena-nota-de-macri-en-los-mercados/). Diversos medios de prensa de muy variados horizontes ideológicos, incluyendo algunos conservadores como La Nación, informaron en su momento sobre este servicio de la empresa británica al ex presidente argentino (https://www.lanacion.com.ar/politica/cambridge-analytica-hizo-trabajos-pro-antes-campana-nid2289827/).

Control democrático de la Inteligencia Artificial

SYNDICOM, el sindicato suizo de la comunicación, comenzó hace años el estudio de la temática relacionada con la Inteligencia Artificial y este tema sigue siendo una prioridad cotidiana de su trabajo gremial. En 2020 avanzó una serie de principios rectores para conceptualizar y promover el uso responsable de la inteligencia artificial.

Su tesis fundamental consiste en que “en un mundo digital en el que la inteligencia artificial gana terreno, cada individuo debe poder decidir libre y autónomamente dónde y en qué medida se apoya en la tecnología, y en qué casos actúa por cuenta propia, sin ayuda de la misma”. El sindicato está convencido “de que el gran potencial de la inteligencia artificial sólo podrá hacerse realidad si se adapta a nuestras necesidades y si es aceptado por la sociedad”.

Sin embargo, advierte, esto debe hacerse dentro de un marco libremente elegido y que sea ética y legalmente correcto. Y enfatiza: “los seres humanos deben seguir conservando su soberanía”. Es decir, los individuos deben ubicarse y prevalecer sobre las máquinas y sus productos.

SYNDICOM considera esencial incluir las cuestiones éticas en el desarrollo y el uso de la IA y subraya que, en el contexto de los derechos humanos, la participación democrática, el Estado de Derecho y la redistribución social, la inteligencia artificial debe tener como único objetivo estar al servicio de las personas y de su libertad, y no al servicio de acumulación, propio de las empresas.

Palanca para redistribuir el ingreso

En 2020 SYNDICOM aprobó nueve Principios Rectores, es decir, marcos conceptuales de la Inteligencia Artificial para el Futuro Humano. Entre ellos: el ejercicio de autonomía y control; el respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales; la responsabilidad ética y social; asegurar transparencia; ejercitar la responsabilidad; aceptar las relaciones de coparticipación social y la codecisión de los trabajadores, y reconocer una transformación digital justa y duradera (https://syndicom.ch/fr/themes/dossier/intelligenceartificielleia/resolution/).

La transformación digital justa constituye un punto esencial de los postulados del sindicato y va directo al tema de la redistribución del ingreso. Para SYNDICOM, dicha transformación debe mejorar la situación del mayor número posible de personas mediante la redistribución y los esfuerzos por lograr la igualdad de género. “Las ganancias de productividad que pueda aportar el uso de la IA deben reinvertirse de forma sostenible en beneficio de la gente”. Y advierte que “en la era de la cuarta revolución industrial, el sistema económico ha cambiado de rostro. Pretende funcionar con el menor número posible de trabajadora-es y alejarse de las relaciones contractuales garantizadas por las convenciones colectivas”. Esta visión no constituye “una innovación tecnológica, sino una ruptura histórica y social. Las razones no hay que buscarlas en la automatización digital, sino en el sistema económico dominante”, concluye esta organización gremial helvética.

En cuanto al eventual uso indebido de las bases de datos, elemento esencial de la IA, la propuesta de SYNDICOM consiste en impulsar paraguas protectores debido a que la big data y la IA también pueden diseñarse para perjudicar a las personas. Estas inmensas cantidades de información, los datos, la IA y los sistemas inteligentes constituyen ingeniosas herramientas en manos de una multitud de actores, muchos de los cuales son políticamente poderosos, así como delincuentes. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar y regular la IA. Sin embargo, el daño potencial “no es una característica del desarrollo tecnológico, sino un resultado de su uso. Por eso es tan importante que los diferentes actores del Estado regulen el espacio digital para evitar que otros se apoderen de él y lo manipulen, incluso fuera de las fronteras nacionales.

Temática alucinante y reflexiones en pañales, que muchas veces parecen ir detrás del propio ritmo robótico de las nuevas tecnologías de la información, tan invasoras como beligerantes e imponentes. ¿Quién controla a quién en esta compleja relación entre robots y seres humanos? Tal vez, como lo afirma el filósofo suizo Hans Widmer (https://www.youtube.com/watch?v=EhYpE1PtULo), el desafío esencial sea desarrollar, trabajar, conceptualizar y pensar a fondo la relación entre la Inteligencia Artificial y la ética, para evitar caer en el riesgo posible de “un individuo que quede bajo la tutela de la IA”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/el-robot-sospechoso-e-impositivo/

 

 

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Perú – Lourdes Huanca, dirigente campesina y feminista: «No vamos a abandonar la resistencia»

Sergio Ferrari

Lourdes Huanca, dirigente campesina y feminista: «No vamos a abandonar la resistencia»

Sergio Ferrari

Desde hace casi dos meses se protagonizan en Perú constantes manifestaciones y la indignación popular no se debilita. Luego de los sucesos del 7 de diciembre pasado, con la detención del hasta entonces presidente Pedro Castillo, y su posterior substitución por la vicepresidenta Dina Boluarte, el país sudamericano parece ingobernable. El muy fragilizado poder ejecutivo no controla la situación interna y la protesta ciudadana sostiene reivindicaciones muy precisas.

“Exigimos la destitución de Dina Boluarte; la libertad del presidente Castillo; el cierre del Congreso; la instalación de una Asamblea Constituyente; que se levante el estado de emergencia y que se haga justicia para los más de 60 héroes de nuestro pueblo asesinados en estas últimas semanas”. Con voz enérgica, Lourdes Huanca, dirigente campesina y feminista peruana –tal como se define en su presentación– resume las exigencias que enarbolan importantes sectores sociales de su país.

Huanca llegó a mitad de enero a Europa para informar sobre la situación peruana. En Bruselas, tuvo diversos contactos con diputados europeos. En Madrid, encuentros con referentes políticos y sociales de primer nivel. En Suiza, con idas y vueltas de Ginebra (Naciones Unidas) a Berna, para encontrarse con personalidades internacionales, parlamentarios helvéticos y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. En Berlín, nuevos contactos con personalidades.

Su gira europea continúa en lo que parece una maratón infatigable.  Junto con su agenda “oficial”, siempre, la otra, no menos importante para Huanca: intercambios con asociaciones, sindicatos, ONG y medios de prensa. Así como plantones, movilizaciones e incontables encuentros con los actores y las actoras del movimiento de solidaridad.

Durante su presencia en Europa nunca se la ve sola: siempre arropada por latinoamericanas-os y europeas-os solidarias-os, que sin distinción de nacionalidad afirman que, hoy, “todas y todos somos peruanos”. Y Huanca precisa: no se debe parar con la solidaridad; no hay que resignar la presión internacional; es importante informar, permanentemente, sobre los hechos; movilizarse; escribir cartas a las autoridades y promover comisiones internacionales de investigación y encuesta que viajen rápidamente a Perú para comprobar las violaciones constantes de los derechos humanos.

Todo esto en un contexto muy particular: desde años no se vivía en esta parte del continente una movilización tan activa de la comunidad latinoamericana (y sectores europeos progresistas) asociándose, a la distancia, a la resistencia popular que se protagoniza en un país de América Latina.

“Nuestros pueblos originarios, nosotras, constatamos que tenemos hermanas y hermanos en todo el mundo. Puedo estar en Europa gracias al apoyo de esa hermandad. Nunca hubiera podido venir aquí si no fuera por ese sostén solidario”, explica la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), que cuenta con 160 mil mujeres afiliadas.

Campesinas y feministas

“Organización pujante”, según su presidenta, que hoy cosecha lo que viene construyendo desde el día que se fundó, en 2006. Huanca agrega que, al poco tiempo de su existencia organizativa, “nos integramos a la CLOC- Vía Campesina”, un paso esencial por lo que dicha organización representa para el movimiento campesino mundial.

La FEMUCARINAP, explica Huanca, promueve dos tareas principales: el empoderamiento de la mujer a partir de la defensa y el respeto de su cuerpo como territorio propio, y su empoderamiento socio-político y cultural en tanto que campesina y feminista. Todo esto, sin olvidar la lucha por la soberanía alimentaria, es decir, para proteger la tierra, el agua así como las semillas propias.

La dirigente campesina peruana continúa su reflexión: “nuestras madres, nuestras abuelas, nos enseñaron todo lo de la tierra, a sembrar, a sobrevivir en el campo.  Pero no nos pudieron enseñar cómo ser felices, a decidir si queremos tener uno o dos hijos, el derecho a enamorarnos. Eso, tan esencial, lo aprendimos de las feministas”. Y por eso, nuestra “esencia campesina y feminista van de la mano, son inseparables”. De esa misma identidad nace la convicción de FEMUCARINAP de participar activamente en la vida política y social peruanas. En la primera vuelta electoral de abril 2021, Huanca aclara que votaron por Verónika Mendoza, y que, en el segundo turno, en junio del mismo año, eligieron a Pedro Castillo, un maestro rural, y campesino, como ellas, que se enfrentó ya entonces a la derechista Keiko Fujimori, hija del dictador.

“Nos abrió las puertas”

Tan pronto como Castillo asumió como presidente, “nos abrió las puertas de su despacho para escuchar nuestras demandas y propuestas”, señala Huanca. “Era sorprendente: le escribíamos un mensaje por el celular diciendo que teníamos que hablar con él, y al instante nos respondía que coordináramos con su jefe de gabinete para organizar la reunión”. Una relación directa, horizontal, de enorme respeto hacia “los de abajo».

“No lo podíamos creer”, recuerda con emoción la dirigente campesina, a quien Castillo incluso le pidió que asumiera como ministra de la Mujer, propuesta que rechazó “porque quería seguir organizando y movilizando en las calles contra la derecha y, además, porque no quería ponerme mordazas si asumía una tarea ministerial. Mi rol era desde el llano. No quería renunciar a mis principios”.

El periodo de Castillo en el gobierno abrió un proceso muy rico y muy bueno que       “nos permitió avanzar con muchas propuestas y logros concretos”, entre los cuales se cuenta el apoyo para las mujeres campesinas en el marco de la segunda reforma agraria y el ingreso gratuito a las universidades de las hijas y los hijos del campesinado pobre. Según Huanca, su organización promovió y apoyó más 54 propuestas de ley para asegurar mejoras sociales, las que contaron con el apoyo del presidente, pero que en su mayoría fueron obstaculizadas y archivadas en el parlamento.

Por otra parte, prosigue Huanca, la derecha y las grandes transnacionales se salieron de sí cuando el presidente Castillo anunció que tenía la intención de revisar las concesiones petroleras y mineras –algunas de las cuales terminan en 2023– teniendo en cuenta si habían respetado o no los derechos humanos y ambientales de las poblaciones locales. “Eso les enfureció. Nosotros, los pueblos originarios, podemos probar que, en muchos lugares de Perú, hoy la Madre Tierra está muy enferma, nuestras comunidades padecen a causa de esa explotación y nuestros hijos están enfermos, e incluso muchos tienen plomo en su sangre”, explicó Huanca.

Quien resume las muchas trabas a la gobernabilidad que debió enfrentar la gestión del presidente Castillo: En todo ese año y medio, la derecha y el poder oligárquico tradicional no lo dejó gobernar; hubo varios intentos para licenciarlo (suspenderlo) por supuesta incapacidad; lo subestimaron, lo minimizaron constantemente… “Y cada ataque que él sufría lo sentíamos en carne propia, era como que también nos agredían a nosotras».

Resistencia en la calle

A la luz de la larga historia de lucha que los movimientos sociales viven desde décadas y durante la presidencia de Castillo, “¿cómo no íbamos a salir a las calles cuando lo secuestraron y lo detuvieron el 7 de diciembre?”, se interroga la referente feminista. Tras el ataque y detención del presidente se dio la traición de su vicepresidenta, Dina Boluarte, a quien “habíamos elegido en la misma fórmula, con nuestros votos”, explica Huanca. Y enfatiza: “muchas veces nos había dicho que, si tocaban al presidente, ella [Boluarte] se sumaría al pueblo para movilizarse y defenderlo, pero no fue así. Se pasó al otro lado, se fue con la derecha. Pura traición. Hoy tiene un discurso de diálogo y de pacificación, pero manda asesinar a nuestros hijos”.

“Imposible, por lo tanto, ir a dialogar con alguien que está masacrando al pueblo”, argumenta la líder campesina. La pausa, la voz entrecortada por la emoción, así como alguna lágrima y la realidad que tiene ya rostro de sentencia: “Son más de 60 las mujeres y los hombres asesinados en distintas partes del país, la mayoría, jóvenes, producto de la represión brutal que no cesa y aumenta cada día más. Si quieren masacrarnos que lo intenten… Encontrarán enfrente todo un pueblo con pecho abierto que no va a dejar de movilizarse hasta que logre justicia y asegure que sus reivindicaciones sean escuchadas.

“¿Frenar ahora nuestra resistencia? Inimaginable”, concluye Huanca. “Le estaríamos heredando el dolor a nuestros hijos y nietos, que seguirían sufriendo porque nosotras, hoy, habríamos renunciado a nuestra lucha”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/no-vamos-a-abandonar-la-resistencia-lourdes-huanca-dirigente-campesina-y-feminista/

 

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Las multinacionales imponen su ley a América Latina

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Miles de millones de dólares en pérdidas para los Estados

Las multinacionales no dan tregua a América Latina y el Caribe. Y cuando ciertos países osan cuestionarlas, el imperio de la ley internacional –elaborada a su medida– les cae encima.

En los últimos 30 años, cada día fue aumentando más la presión de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de los mismos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad.

En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario público. Según el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, esa cifra representa un tercio más que las pérdidas por causa del impacto de las catástrofes climáticas en el continente entre 1970 y 2021.

Según el reciente informe elaborado por Bettina Müller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigadoras del TNI, que acaba de publicarse la última semana de agosto — y que contiene datos actualizados al 31 de diciembre del 2021– Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los países que han soportado una mayor presión jurídica en estas últimas tres décadas (https://www.tni.org/es/publicacion/isds-en-numeros-Estados-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe).

Instrumento neoliberal y de dependencia

Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), son los instrumentos que permiten tramitar estas demandas. Son acuerdos entre dos países que tienen como objetivo proteger la seguridad jurídica de los inversores.

Como lo explica la organización española Ecologistas en Acción, suelen incluir una serie de disposiciones estándar siempre favorables a las transnacionales y que impiden, por ejemplo, las expropiaciones directas o indirectas de las empresas. Rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.

Sin duda, la disposición más perniciosa es la relativa a la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cumplido con una u otra cláusula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho país y denunciarlo ante tribunales internacionales.

Estas instancias, a las que suelen recurrir las grandes empresas, son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es el más solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o bien la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM). Las mismas pueden dictar sentencias de indemnizaciones a favor de los inversores afectados, que en la mayoría de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que el inversor calcula que ha dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el país demandado y que el acusador considera lesiva a sus intereses (https://www.ecologistasenaccion.org/27101/tratados-bilaterales-de-inversiones/).

Estos acuerdos, calificados por la organización ecologista española como “una herramienta fundamental para la globalización liberal”, se benefician de tres elementos que hacen a su propia esencia. Los enunciados sumamente vagos de la mayoría de estos instrumentos jurídicos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo. Los métodos opacos y para nada transparentes utilizados para resolver los procesos que serán resueltos, a la postre, por árbitros internacionales. Y finalmente, como señala Ecologistas en Acción, “la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE”, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no aceptan la situación inversa, es decir, cuando se trata de inversores que incumplen cualquier parte del acuerdo (o cuando violan los derechos humanos).”

El sitio web ISDS Impactos, que retoma la investigación del TNI, explica, por su parte que «el sistema de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) está incluido en miles de tratados internacionales”. Y precisa que es el mecanismo que le permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que los cambios introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los concebidos para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus ganancias (https://isds-americalatina.org/).

Las transnacionales, aves de rapiña

Según el informe del TNI, en los últimos 30 años, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribeños representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continente, la gran mayoría (86,8% de los casos) fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presentadas ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial ( https://icsid.worldbank.org/es/acerca). Los resultados hablan por sí mismo: las empresas le han ganado a los Estados en el 62% de los casos resueltos, sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes.

23 de los 42 países de América Latina y el Caribe ya han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular saña se expresa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); México (38); Perú (31) y Ecuador (25). Este mecanismo de enjuiciar a los Estados del continente se intensificó en particular entre 2011 y 2021, período en el cual de 91 demandas se pasó a 180, duplicando el total de los juicios. Los mismos, corresponden mayoritariamente a multinacionales que operan en los sectores de la minería y la extracción de gas y petróleo.  Pero también tocan de forma significativa a empresas que lucran con el gas y la electricidad, así como la manufactura.

Argentina, que contabiliza un 87% de sus juicios perdidos, es el país del continente que sufrió más derrotas ante ese tipo de tribunales. Y tiene el récord de lo que pagó en una sola causa: los 5.000 millones de dólares transferidos a la empresa española Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas perdidas le significan al país sudamericano 9.222 millones de dólares que debió pagar a los inversores.

Venezuela, la segunda nación más sancionada del continente por los tribunales internacionales, contabiliza el 64% de demandas en su contra con decisión desfavorable. Tiene a su haber el laudo más costoso del continente. En 2019 el Tribunal del CIADI le ordenó pagar 8.366 millones de dólares a la transnacional Conoco Phillips.

ConocoPhillips se une a la minería de Bitcoin - Cryptorobin.es

En términos monetarios concretos, los Estados casi siempre resultan ser los grandes perdedores, constata el Transnational Institute en su reciente informe. “Las demandas le cuestan millones de dólares en gastos de defensa (jurídica) y de proceso”.  Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a favor de los Estados, es normal que estos deban desembolsar millones de dólares para contratar firmas de abogados –para su defensa–, las que pueden cobrar hasta 1.000 dólares por hora de asesoramiento. Caso emblemático, el de Ecuador, que hasta 2013 llevaba gastados 155 millones de dólares para garantizar su defensa jurídica y para pagar los gastos producto del arbitraje.

Las sumas reclamadas por las empresas desde 1996 — según el detallado informe de la ONG con sede en la capital de los Países Bajos–, ascienden a 240.733 millones de dólares. Sin embargo, en 68 de las 327 demandas no se conocen los montos exigidos, por lo que esta cifra es significativamente mayor. Los tribunales han condenado a las naciones del continente latinoamericano a pagar, hasta ahora, 33.638 millones de dólares.

Según cálculos de las Naciones Unidas, con ese dinero, se podría resolver el drama de la extrema pobreza en 16 de las naciones del continente. “A su vez. Este monto representa más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores de 2020) y representa un tercio más que el total de las pérdidas que soportó la región entre 1971 y 2021 debido a las catástrofes climáticas”, explica el TNI.
En cuanto a las demandas pendientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) le podría significar pérdidas adicionales por 49.626 millones de dólares a América Latina y el Caribe.

Realidad tan contundente como dramática de un combate desigual institucionalizado como verdad única y universal. Como si en el ring, dos actores (un boxeador y el árbitro) se pelearan, juntos, contra el otro boxeador, vapuleado por los golpes a que recibe a cuatro manos.

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Mundo: Una infancia doblemente condenada

Sergio Ferrari

Una infancia doblemente condenada

Sergio Ferrari
Fuentes: Rebelión [Foto: Comite Español de ACNUR]

A este ritmo de consumo se necesitarían tres planetas Tierra

Aunque algunos de los países más poderosos sobreprotegen a su infancia, son, al mismo tiempo, responsables de políticas con consecuencias nefastas para miles de niños y niñas de los países “pobres”. En este marco de desproporcionalidad planetaria, el trabajo infantil, que involucra a más de 160.000.000 de niñas y niños en el mundo, constituye otra señal de alarma en todos los continentes.

El 24 de mayo, UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) presentó el informe Report Card: Lugares y Espacios, elaborado por su Oficina de Investigación Innocenti, de Florencia, Italia. Dicho estudio analiza y compara la creación de entornos saludables para la infancia en 43 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea (UE) (https://www.unicef-irc.org/publications/1423-rc17-resumen-lugares-y-espacios-entornos-y-bienestar-infantil.html).

Doble moral del mundo desarrollado

Este informe emplea muy diversos indicadores: la exposición a contaminantes nocivos, el aire tóxico, el empleo de plaguicidas, la humedad y el plomo. También evalúa el acceso a la luz, los espacios verdes y las carreteras seguras. Junto con todos estos parámetros, Innocenti incorpora el impacto de estos países en la crisis climática global, en el consumo de recursos y el desecho de residuos electrónicos.

El resultado es preocupante, ya que prácticamente ninguna de las naciones evaluadas logra proporcionar un entorno que respete todos los indicadores de referencia.

Aún más: el impacto de algunos de los países más ricos sobre el medio ambiente mundial, como Australia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, es grave cuando se consideran las emisiones de CO2 y los residuos electrónicos que producen, así como el consumo general de recursos per cápita.

Estos cuatro países ocupan también una posición para nada destacada en la creación de entornos saludables para los niños y niñas dentro de sus fronteras. Las cifras son sorprendentes. Más de 20 millones de menores de los países evaluados presentan en la sangre niveles elevados de plomo, una de las sustancias tóxicas ambientales más peligrosas.

Finlandia, Islandia y Noruega se ubican en puestos de cabecera entre los que aseguran un medio ambiente saludable para sus niños y niñas; paradójicamente, figuran entre los más contaminantes, generando altos índices de emisiones, residuos electrónicos y consumo.

En Islandia, Letonia, Portugal y el Reino Unido, 1 de cada 5 niños y niñas está expuesto a altos índices de humedad e incluso moho en sus viviendas, mientras que en Chipre, Hungría y Turquía padecen este problema 1 de cada 4.

Muchos menores respiran aire tóxico tanto fuera como dentro de sus casas. México, uno de los tres miembros latinoamericanos de las OCDE junto con Costa Rica, Brasil y Colombia, es uno de los países con mayor número de años de vida saludable perdidos a causa de la contaminación atmosférica: 3,7 años por cada 1.000 niños. En el otro extremo de la pirámide, Finlandia y Japón registran los datos más bajos, con 0,2 años.

En cuanto a la contaminación causada por plaguicidas, en Bélgica, Israel, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suiza, 1 de cada 12 niños están expuestos a esos tóxicos. Este tipo de contaminación se relaciona con el cáncer, incluida la leucemia infantil, y además puede dañar los sistemas nervioso, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, sanguíneo e inmunológico de la infancia.

Se agota la Tierra

El uso desproporcionado de recursos para una producción y un consumo descontrolados aparece como elemento clave del Report Card. Si todos los habitantes del mundo consumieran al mismo nivel que los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y de la Unión Europea, según este estudio se necesitaría el equivalente a 3,3 planetas Tierra. Y si todo el mundo explotara los recursos naturales al ritmo que lo hacen los habitantes de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, se necesitarían por lo menos, cinco planetas.

En cuanto a la “crisis” de la infancia, el informe de UNICEF publicado la última semana de mayo llama a los gobiernos a mejorar el entorno de la misma, en particular, de los sectores más vulnerables. “Los niños y niñas de las familias pobres tienden a estar más expuestos a los daños ambientales que los de las familias más ricas”, subraya el organismo internacional. En consecuencia, propone actuar de forma responsable y con visión de futuro: “Ellos van a ser quienes se enfrenten a los problemas medioambientales actuales durante más tiempo; pero también son los que menos pueden influir (hoy) en el curso de los acontecimientos”.

Un ejemplo a no imitar

Suiza, con apenas 8 millones de habitantes –y solo 41.000 kilómetros cuadrados– sale muy mal parada en el informe debido a su consumo insostenible. En efecto, ocupa el puesto 33 y está casi en la cola de la clasificación de los países evaluados.

El ciudadano helvético medio genera 708 kilogramos de residuos por año y el país ocupa el sexto lugar entre los que más basura producen. México oscila en unos 400 kilos anuales per cápita; España, 442 kilos, y Alemania más de 600 kilos. Estados Unidos, uno de los primeros en la escala internacional, contabiliza 770 kg de desechos anuales per cápita.

Por otra parte, la nación alpina tiene uno de los valores más altos de emisiones de CO2, ocupando el séptimo lugar en el mundo. Como media, una persona en Suiza produce 13,5 toneladas de CO2 por año. La Confederación Helvética es, además, el tercer país productor de residuos electrónicos: cada habitante genera, anualmente, 23,4 kg de desechos de ese tipo. En su descargo, hay que mencionar que realizó progresos en materia de contaminación atmosférica y desde 1990 ha estado reduciendo los valores de partículas finas PM2,5 a casi la mitad, pasando de 18,3 a 10, lo que le ha permitido mejorar los índices de contaminación urbana.

El trabajo infantil inhumano

El 20 de mayo, apenas cuatro días antes de conocerse el Report Card de UNICEF, finalizó en Durban, Sudáfrica, la 5ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la OIT, 160.000.000 de niñas y niños trabajan actualmente en el mundo, de los cuales cerca de 80 millones realizan una actividad laboral que puede considerarse peligrosa. En los últimos cuatro años, y en parte como efecto de la pandemia, el número de niños y niñas trabajadores aumentó más de 8.000.000. El mayor incremento se dio entre los de cinco a once años de edad, quienes representan más de la mitad de la totalidad de los casos de trabajo infantil.

El sector agrícola representa el 70% del trabajo infantil (112.000.000), seguido por el rubro de servicios, con un 20% (31.400.000) y la industria, con un 10% por ciento (16.500.000). El trabajo infantil es más frecuente entre los varones, independientemente de la edad. Si se tienen en cuenta las tareas domésticas realizadas durante 21 horas o más por semana, la brecha de género se reduce. En cuanto a su incidencia geográfica, es casi tres veces más frecuente en zonas rurales (14%) que en centros urbanos (5%).

Según las conclusiones de la Conferencia de Durban, los niños y las niñas que trabajan corren el riesgo de padecer daños físicos y mentales y ven más amenazado su acceso a la escuela. Casi el 28% de cinco a once años de edad y el 35% de 12 a 14 de edad no concurren a la escuela. Esta situación “restringe sus derechos, limita sus oportunidades en el futuro, y da lugar a círculos viciosos intergeneracionales de pobreza y más trabajo infantil”, explica la OIT.

El evento sudafricano propuso, como antídoto contra este flagelo, fomentar una protección social adecuada para todas las personas con prestaciones universales por hijos e hijas, aumentar los recursos para una educación gratuita y de calidad y estimular y facilitar el regreso de los menores a la escuela, incluso el de aquellos que estaban fuera del sistema escolar ya antes de la pandemia del COVID-19.

El organismo internacional también recomendó promover el trabajo decente para los adultos, con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir más a la ayuda de sus hijos para generar los ingresos necesarios. E invertir en sistemas de protección de la infancia, el desarrollo del sector agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y medios de subsistencia.

Millones de niñas y niños que trabajan. Muchas veces en condiciones de extremo riesgo por tratarse de actividades peligrosas, como la minería en socavones o la producción textil en talleres que son verdaderos escondrijos insalubres. Generalmente, sin poder asistir a una escuela ni ejercer su legítimo derecho a jugar. Al mismo tiempo, millones de niños y niñas, así como adolescentes en todo el planeta sin distinción de hemisferios que sufren las consecuencias nefastas de la crisis ambiental producida, en gran medida, por las naciones desarrolladas. Un modelo intrincado de producción y despilfarro repleto de víctimas infantiles. Un presente que niega el futuro.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/una-infancia-doblemente-condenada/

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El planeta en llamas

Sergio Ferrari

Por Sergio Ferrari

El Ártico se derrite aceleradamente

No por conocido deja de ser menos dramático. El planeta se quema y los plazos “infernales” se acortan día a día ante la indiferencia real de los que detentan el poder.

La segunda semana de abril, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con sede en Ginebra, informó que existe un 50% de probabilidad de que en alguno de los próximos cinco años la temperatura media del planeta supere en 1,5°C los índices preindustriales (1850-1900).

De concretarse, este aumento de temperatura marcaría así un punto de calentamiento global de no retorno y una bofetada al Acuerdo de París del 12 de diciembre del 2015, que entró en vigencia en noviembre de 2016.

La OMM constituye el organismo especializado de las Naciones Unidas que se dedica a la cooperación y la coordinación internacionales en lo referente al estado y el comportamiento de la atmósfera, su interacción con la tierra y los océanos, el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente distribución de los recursos hídricos (https://public.wmo.int/es/nuestro-mandato/qu%C3%A9-hacemos).

Según el comunicado de la OMM del 9 de mayo, existe un 93% de probabilidad de que al menos uno de los años del período comprendido entre 2022 y 2026 se convierta en el más cálido jamás registrado, desplazando así a 2016 del primer puesto.

En su informe sobre el Estado del Clima Mundial en 2021, a publicarse la tercera semana de mayo, la OMM profundiza el balance del año pasado. Según la OMM, los episodios consecutivos del fenómeno de La Niña a inicio y a fines de 2021, causaron una reducción de las temperaturas mundiales. Sin embargo, este efecto de enfriamiento global es solo provisional y no invierte la tendencia de calentamiento planetario a largo plazo. Por otra parte, si este año ocurriera otro episodio de El Niño, el mismo provocaría un repunte inmediato de las temperaturas, como ya ocurrió en 2016.

Previsiones más que seguras

La afirmación del organismo de las Naciones Unidas especializado en el clima se fundamenta en las conclusiones del Boletín sobre el clima mundial anual a decenal (Global Annual to Decadal Climate Update, https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/ ), elaborado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, centro de referencia de la OMM para este tipo de proyecciones sobre la temperatura mundial. Esa Oficina Meteorológica también prevé en más del 90% la probabilidad de que la media de la temperatura del quinquenio 2022-2026 supere a la del periodo 2017-2021.

Participaron en la elaboración de este informe, además, grupos de predicción climática de España, Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Japón, Australia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Ese cruce de pronósticos elaborados por entidades especializadas de diferentes regiones del mundo permite llegar a cálculos más precisos. Por otra parte, dicha colaboración multinacional se ve acompañada (y en cierta forma certificada) por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (https://council.science/es/what-we-do/affiliated-bodies/world-climate-research-programme/), que se autodefine como “la única iniciativa de más larga duración dedicada exclusivamente a la coordinación de la investigación climática internacional”. De hecho, se trata de un programa que reúne a climatólogos de renombre internacional y que utiliza los mejores sistemas de predicción de centros climáticos de vanguardia en el mundo.

Este Boletín indica que para cada año entre 2022 y 2026, se prevé que la temperatura media anual en superficie será de alrededor de entre 1,1°C y 1,7°C superior a los niveles preindustriales.

Empeoramiento acelerado

En 2015, la probabilidad de que en algún momento puntual el calentamiento global superara en 1,5°C los niveles preindustriales era casi nula, pero desde entonces no ha dejado de aumentar. Mientras que para el período 2017 a 2021 la probabilidad de superación del umbral indicado fue del 10%, para el período de 2022 a 2026 se ha incrementado casi en un 50%.

En la misma línea, en abril pasado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) señaló a través de un comunicado emitido en Ginebra que “los próximos años son críticos”. “Si queremos limitar el calentamiento global a 1,5°C, agregó, este es el momento; es ahora o nunca…Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores, será imposible”.

Según el análisis de esos especialistas, los escenarios que se evalúan para limitar el calentamiento a aproximadamente 1,5°C, implican “que las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global alcancen su punto máximo antes de 2025, a más tardar”, y se reduzcan en un 43%, en 2030. Aunque esto suceda, sostienen, es casi inevitable que se supere temporalmente este umbral de temperatura, “pero podríamos volver a situarnos por debajo de él a finales de siglo”.

Esas evaluaciones son parte del Resumen para responsables de políticas del Grupo de Trabajo III del IPCC: Cambio climático 2022: mitigación del cambio climático, aprobado el 4 de abril de 2022 por sus 195 Estados Miembros, en una reunión virtual de dos semanas. El informe constituye la tercera entrega del Sexto Informe de Evaluación (IE6) del IPCC, que se completará a fines de 2022 (https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_PressRelease-Spanish.pdf).

Sin embargo, y aunque la información esencial no falta, las decisiones que toman los gobiernos siguen siendo tímidas e incongruentes, como se comprobó una vez más, por ejemplo, en la última Cumbre de la COP 26 de las Naciones Unidas, en Escocia, en noviembre del año pasado. Los Estados, especialmente los más poderosos (que son los más contaminantes) no dan los pasos suficientes para destrabar el drama ya explosivo del calentamiento global. Un cambio de fondo de paradigma climático los obligaría a confrontarse con la esencia mismo del sistema hegemónico mundial de producción y con el dilema, no menos esencial, de crecimiento versus decrecimiento.

Meteorólogos preocupados

Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, al comentar sobre las preocupantes proyecciones que se dieron a conocer esta semana, fue categórico: “Estamos, notablemente, más cerca de rebasar de forma transitoria el límite inferior del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”. Y agregó que “este umbral de 1,5°C no es una cifra aleatoria, sino que indica el punto en el que los efectos del clima serán cada vez más perjudiciales no solo para las personas, sino para todo el planeta».

El Acuerdo de París establece objetivos a largo plazo para ayudar a las naciones a reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta y así mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de 2°C, al tiempo que se prosigue con los esfuerzos máximos para limitar ese incremento a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales.

Si no cesan las emisiones de gases de efecto invernadero, “las temperaturas seguirán aumentando”, subrayó Taalas. En paralelo, los océanos continuarán calentándose y se volverán más ácidos; el hielo marino y los glaciares seguirán derritiéndose; el nivel del mar subirá y las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas.

Por su parte Leon Hermanson, experto de la Oficina Meteorológica del Reino Unido que elaboró el Boletín, aseguró que, si bien en un año determinado se superara ese valor de 1,5°C, no significaría que se hubiera rebasado el umbral simbólico del Acuerdo de París, aunque “sí evidenciaría que nos estamos acercando cada vez más a una situación en la que el límite de 1,5°C se podría sobrepasar durante un lapso de tiempo prolongado».

Según diversos estudios científicos, el calentamiento global se siente de forma particularmente desmesurada en el Ártico. Teniendo en cuenta las proyecciones correspondientes a los próximos cinco inviernos prolongados del hemisferio norte, el Boletín que acaba de publicar la OMM prevé que el aumento de la temperatura en el Ártico podría ser más del triple que el de la media mundial registrada entre1991 y 2020.

Por otra parte, el régimen pluvial previsto para 2022 sugiere una mayor probabilidad de condiciones más secas en el suroeste de Europa y el suroeste de América del Norte, y una mayor pluviosidad en el norte de Europa, el Sahel, el noreste de Brasil y Australia.

El planeta arde. Enfriarlo sería solo una cuestión de voluntad política consensuada a nivel mundial. Misión tan difícil como la misma modificación del rumbo productivo imperante. La consigna que prima parece ser “nada nuevo bajo el sol y sigamos jugando con el fuego”.

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La huelga sigue siendo una potente arma sindical

Sergio Ferrari

Con más de 26 meses de duración, la huelga de las y los periodistas de la agencia mexicana de información Notimex es uno de los conflictos más largos de la historia sindical contemporánea de América Latina.

Se inició el 21 de febrero del 2020 y continúa. La lanzó SutNotimex (https://sutnotimex.com.mx/), el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que cuenta con el apoyo activo del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, organización afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con sede en Bruselas, Bélgica.

Para esa fecha Notimex había despedido a 245 de sus 327 colaboradores. La principal reivindicación de la huelga sigue siendo la restitución del personal cesanteado y el pleno respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.

Desde entonces, el servicio informativo “clásico” de Notimex está suspendido. La agencia reemplazó a una parte de los despedidos y recurrió a otros canales y medios sociales para tratar de mitigar el impacto de la huelga en su oferta informativa cotidiana.

SutNotimex contabiliza en la actualidad un centenar de miembros, el 90% son mujeres. “Hemos vivido dos años y dos meses muy complejos. Sin salarios y sin prestaciones sociales”, explica a este corresponsal Adriana Urrea, joven periodista y secretaria general de dicho sindicato. Urrea participó en la última semana de abril en el 4to. encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha que se realizó en Dijon, Francia.

La huelga sigue siendo una potente arma sindical
Adriana Urrea en la manifestación del Primero de Mayo

Aunque el Ministerio del Trabajo reconoció la legalidad de “nuestra medida de fuerza”, comenta Urrea, “hemos sufrido muchas presiones. Sectores del gobierno y ciertos medios de comunicación cercanos al poder nos han tratado de criminalizar. Esgrimen que nuestro movimiento no es legítimo”. Sin embargo, enfatiza, “hemos revertido estas acusaciones y ese intento de criminalizar nuestra lucha. Hemos modificado esa situación desfavorable, ganando una credibilidad social que no contábamos en 2020 cuando nos lanzamos a la huelga”.

Urrea ha sido acusada, a través de tres diferentes procesos judiciales, de corrupción y desvío de recursos públicos durante sus viajes de servicio en sus funciones de reportera, antes del conflicto. Fue declarada inocente en dos de los tres juicios por falta de mérito. Un tercer fallo, de abril del año en curso, la sanciona por no haber presentado comprobantes de gastos por la irrisoria suma de 120 dólares. “Es un burdo pretexto para desprestigiar nuestra lucha. Mis abogados tienen todas las pruebas en las manos y van a recurrir esta nueva embestida jurídica”, argumenta.

La acción legal tiene un objetivo claro: desprestigiar a la dirigente sindical. Algo totalmente coherente con la actitud de la dirección de Notimex, que ya en junio de 2021 propuso resolver el conflicto y respetar los salarios caídos con la única condición de que Adriana Urrea no regresara a su puesto de trabajo. “Las afiliadas y afiliados no aceptaron esta propuesta. Rechazaron la falta de respeto de la empresa tanto a la libertad sindical como a la persona que les representa”, explica la dirigente.

Al momento del balance de este conflicto siempre en marcha, la dirigente subraya con emoción la presencia mayoritaria de mujeres. “Protagonizamos una lucha larguísima con compañeras que no aceptan levantar la huelga porque sienten que sería una claudicación”. Y que se juegan por el sindicato que recuperaron de las manos de una burocracia inoperante y que lograron reconstruir.

Urrea reivindica también la enorme legitimidad nacional e internacional: “Amplios sectores gremiales y de la sociedad civil mexicana hoy nos apoyan activamente, nos reconocen y adhieren a nuestras demandas. Al igual que organizaciones del mundo entero. Esta es ya una gran victoria de nuestro combate sindical”.

Otra lucha, las mismas armas

A casi 4.500 kilómetros al sur de México, en diciembre pasado estalló un frontal conflicto sindical en pleno corazón del Perú andino. Sus protagonistas: los trabajadores de la mina de Andaychagua, en el departamento de Junín (44 mil kilómetros cuadrados). Exigen a la Volcan Compañía Minera, propiedad de la multinacional suiza Glencore, la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo.

A pesar de que las autoridades peruanas ya habían reconocido la legitimidad de las demandas sindicales, ante el rechazo empresarial de negociar dicho acuerdo, el 20 de diciembre del año pasado el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua convocó a la huelga. Luego de más de 60 días de conflicto, el Gobierno peruano exigió a la filial de Glencore que se sentara a negociar. La empresa rechazó la decisión oficial y optó por apelar ante la justicia, recurriendo a diversos pretextos formales.

“Una de las posibles causas de fondo por la cual la Volcan no aceptaría la negociación es la decisión del sindicato de ampliar el ámbito de afiliación a los trabajadores tercerizados”, explica en entrevista exclusiva Gianina Echevarría, asesora sindical y miembro de Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), institución especializada en la problemática laboral en Perú y América Latina (http://www.plades.org.pe/).

La mina de Andaychagua, que se dedica especialmente a la extracción de plata y zinc, cuenta con aproximadamente 400 trabajadores directos (de planta) incluyendo el staff administrativo. Otros 1.100 son trabajadores de empresas subsidiarias o contratistas de la Volcan, por lo cual no gozan de los mismos derechos que los trabajadores directos. Sus contratos temporales pueden no ser renovados sin obligar a la Volcan a pagar indemnizaciones y derechos sociales.

Echevarría visitó recientemente Suiza invitada por organizaciones helvéticas para la celebración del 1 de mayo y para participar en varios eventos informativos sobre la situación sindical en su país.  “Otro nivel de tensión, detonante de la huelga”, explica, “fue la oposición de la patronal de Volcan a firmar una Convención Colectiva con el sindicato. Éste propuso en julio de 2021 un pliego de peticiones que la filial de la Glencore rechazó negociar”.

Según esta asesora sindical, que representa también en Perú a la organización CNV Internacional –de los Países Bajos–, “las condiciones de trabajo de los trabajadores tercerizados son, muchas veces, peores que las de los empleados directos”. Laboran a cientos de metros bajo tierra, en espacios mal ventilados, con temperaturas muy altas y sin equipos de seguridad adecuados.

Desde el comienzo de la pandemia, la situación de los mineros se deterioró aún más. Esta situación impulsó al sindicado en su reunión de diciembre de 2020 a modificar sus estatutos, con el fin de autorizar la afiliación de sus colegas tercerizados. La oficina regional de trabajo aprobó este cambio, pero la filial de Glencore presentó un recurso para invalidarlo. Las autoridades rechazaron dicho recurso. La empresa entonces tomó represalias contra el sindicato y multiplicó los obstáculos jurídicos formales para no negociar con su contraparte sindical.

El respeto a los convenios y a la negociación colectiva es un derecho universal reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y un instrumento esencial para los trabajadores. Sin embargo, dicho derecho produce irritación en amplios sectores patronales. La huelga sigue siendo en algunos países latinoamericanos, un arma esencial del combate sindical.

Miles de trabajadores recurren a esta medida de lucha. Paros que exigen grandes sacrificios personales de parte de sus protagonistas. Sin embargo, estas-os ven que sus reivindicaciones y luchas gozan de buena salud, recogen un apoyo social significativo y, muchas veces, incluso, su compromiso ejemplar despierta y moviliza a la solidaridad internacional.

*Artículo en homenaje a Victorio Paulón, amigo-hermano, compañero expreso político de la cárcel argentina de Coronda durante la última dictadura, destacado militante sindical argentino, fallecido el 5 de mayo del 2022 en Rosario, Santa Fe, Argentina.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-sigue-siendo-una-potente-arma-sindical/

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