Author: Sergio Ferrari

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Movimiento altermundialista choca con la pandemia

Sergio Ferrari

Por Sergio Ferrari

El Foro Social de las Resistencias reducido al formato virtual

La pandemia volvió a jugar una mala pasada al movimiento altermundialistamovimiento altermundialista. El Foro Social de las Resistencias, previsto entre el 26 y el 30 de enero en Porto Alegre, Brasil, solo podrá realizarse virtualmente.

A última hora, los organizadores debieron posponer para abril próximo la parte presencial de la convocatoria con la que se intenta conmemorar los 20 años de la creación del Foro Social Mundial (FSM). El país sudamericano contabilizó a mitad de la penúltima semana de enero en torno de 150.000 nuevos casos diarios de Covid, lo que constituye un récord desde el inicio de la crisis sanitaria.

El impacto del Ómicron en Brasil conspiró contra el Foro Social de las Resistencias, al cual habían confirmado su presencia representantes de numerosas organizaciones y movimientos sociales brasileros y latinoamericanos, así como delegada-os de diversos países. El programa original contemplaba catorce asambleas de convergencia e incluía, en paralelo, un Foro Social Justicia y Democracia. El nuevo programa del Foro Social de las Resistencias, rediseñado para su formato digital, fue anunciado el 23 de enero en el sitio oficial del mismo (https://www.forumsocialdasresistencias.org.br/_files/ugd/fb3f63_84e4d86c5c3b4e569d3f43c028edfcea.pdf ).

Se confirma el FSM para mayo en México

Ya está confirmado en el programa virtual, para el sábado 29 de enero, el Encuentro Transnacional de Redes en Camino hacia el Foro Social Mundial de México. “Lo proponemos como un espacio de encuentro que reúna a actores sociales de todo el mundo”, precisa Carminda Mac Lorin, directora general de la organización canadiense Katalizo (https://www.katalizo.org/ ) y una de las promotoras de esa convocatoria virtual. El objetivo es reflexionar sobre los contenidos que deberían integrar el programa del próximo Foro Social Mundial que se realizará entre el 1 y el 7 de mayo próximo en México, señala Mac Lorin en entrevista vía telefónica.
“Tenemos el convencimiento de que los foros sociales son llamas de esperanzas para la sociedad civil planetaria, especialmente en esta etapa tan compleja de la humanidad, explica la directora de Katalizo. Y agrega: “Nos proponemos, especialmente, crear espacios para que los jóvenes y los movimientos sociales que siguen promoviendo centenas de luchas locales y regionales en todo el mundo, puedan compartirlas, promoviendo agendas y confluencias”. Mac Lorin, quien además integra el Consejo Internacional del FSM, jugó un importante papel en la organización del FSM de Montreal, Canadá, en 2016.

Aunque reconoce “las dificultades y los obstáculos que la pandemia también le ha impuesto a la movilización social a nivel planetario”, ve señales de optimismo en amplios sectores de la juventud que quieren participar y reforzar los procesos de transición, especialmente en lo social y lo climático. “Teníamos previsto estar presentes en el Foro de las Resistencias de Porto Alegre con un grupo de jóvenes canadienses. A pesar de que no fue posible concretar el viaje por el cambio de programación debido a la pandemia, ya estamos preparando una delegación de un Colectivo de la juventud de nuestra provincia, Quebec, para participar en la convocatoria de México”, señala.

La activista altermundialista anticipa que el próximo FSM en la capital azteca contará con una fórmula híbrida, es decir, con actividades presenciales y otras virtuales. Será esencial integrar, subraya Mac Lorin, las experiencias del último Foro Social Mundial, que se realizó en enero de 2021 de forma totalmente virtual. Dicha convocatoria reunió a casi 10 mil participantes de 1.300 organizaciones de 144 países, quienes organizaron 800 actividades en línea.

Movimientos globales, confiados

El 27 de noviembre último, representantes de Movimientos Globales de África, Asia, Europa y América se reunieron con el Grupo Facilitador (grupo local de organización) del FSM de México y con miembros del Consejo Internacional del FSM. En esa cita digital se ratificó la convocatoria de mayo y se adoptaron mecanismos para que los muy diversos movimientos y organizaciones sociales se involucren activamente en los preparativos de la misma.

Además, se actualizó la agenda de las actividades que dichos movimientos sociales planean impulsar en los cuatro continentes hasta la cita en México. Por otra parte, se aprobó la constitución de cinco comisiones para asegurar el éxito del evento: programación; comunicación y difusión; movilización; sistematización, así como la que debe asegurar la implementación del método híbrido, es decir presencial y virtual, del evento alter mundialista.

Varios de los participantes en esa reunión preparatoria compartieron su preocupación con respecto a la posibilidad de que, al llegar a las fronteras mexicanas, periodistas y miembros de los movimientos sociales sean discriminados mediante restricciones migratorias y exploraron maneras de evitarlo.

A veinte años de su nacimiento en Brasil, el FSM, sin duda el principal espacio del movimiento altermundialista, se confronta no solo con la pandemia sino también con los retos de su propia sobrevivencia. No faltan las voces críticas: algunas señalan que el proceso que nació en Porto Alegre en 2001 ya está agotado; otras, proponen revisar la Carta de Principios (https://transformadora.org/es/sobre/principios ) que desde hace dos décadas enmarca conceptualmente al FSM, con la idea de que un cambio de la misma podría generarle una nueva dinámica a este espacio internacional.

Queda una rica historia de 20 años con decenas de encuentros multitudinarios — Porto Alegre, Mumbai, Nairobi, Belém de Pará, Dakar, Túnez, Montreal, entre otros. El de Salvador de Bahía, en marzo de 2018, fue el último con formato presencial y reunió a más de 80 mil participantes. Historia que reúne, también, centenas de encuentros temáticos, regionales y continentales, así como trascendentes movilizaciones ciudadanas en los más diversos rincones del planeta.

Dado por muerto – en muchas ocasiones –, por sus detractores, el FSM, concebido en 2001 como el “Anti Davos del Sur” (en contraposición al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza) y siempre convencido de que Otro Mundo es Posible, se resiste a claudicar.

Aunque diezmado, continúa luchando por su existencia e intenta seguir dinamizando diversos actores sociales planetarios para encontrar alternativas viables a un sistema hegemónico ciego climáticamente y sordo ante las injusticias estructurales predominantes.

Movimiento altermundialista choca con la pandemia

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Ese oro que sangra en vez de brillar

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Objeto de deseo para algunos, refugio especulativo para otros, parámetro de las reservas en la mayoría de los bancos del planeta. El oro, sin embargo, sigue siendo un metal de dos caras: la que deslumbra y la del dolor.

Cada año se extraen 3.300 toneladas de oro a nivel mundial. El 49% del mismo se utiliza para fabricar relojes y joyas, un 29% como inversión, 15% lo compran los bancos centrales y el 7% restante se destina para dispositivos técnicos.

Su precio explota. La segunda semana de noviembre alcanzó el récord de los últimos seis meses. Los últimos días su precio oscilaba en los 1.875 dólares estadounidenses por onza.

Entre el 50% y el 70% del total global se refina en Suiza. De las siete mayores procesadoras a escala internacional, cuatro residen en ese país alpino, no sólo el segundo importador mundial, sino también el mayor exportador de este metal precioso, aunque no cuente ni con un solo yacimiento dentro de sus fronteras.

Es síntesis, la mayor parte del oro que circula por el mundo, pasa por Suiza. Llega sin refinarse y parte con deslumbrante “pureza”. Un negocio que le representa entre 70.000 y 90.000 millones de francos anuales (1 franco = 1,09 dólares estadounidenses). Si bien se extrae oro al menos en 90 países, prácticamente la mitad de todas las importaciones del metal procesado y refinado en Suiza provienen de Gran Bretaña, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong. Paradójicamente, ninguna de esas naciones cuenta con extracción nacional. Por otra parte, una cantidad significativa llega de países productores cuyas economías dependen, en gran medida, de su exportación, como Burkina Faso, Ghana, Mali y Perú, entre otros.

Según un informe oficial de la Oficina Federal de Aduanas de Suiza, en 2017 este país importó 2.404 toneladas métricas de oro, con un valor aproximado de 70.000 millones de francos suizos. Ese mismo año exportó oro por un valor de 67.000 millones de francos suizos. Es otras palabras, en 2017 el tráfico de oro representó el nada despreciable 24% de las exportaciones y el 31% de las importaciones helvéticas. Para contextualizar estas cifras, en ese mismo periodo, la industria relojera helvética exportó por 20.000 millones de francos, lo que equivaldría a unos 24 millones de relojes.

Las ventajas fiscales también influyen en la importación del metal precioso, debido a que en este país no se aplican impuestos al oro adquirido como inversión ni a las monedas de oro importadas ni al oro procesado. Las aleaciones con otros metales también pueden declararse como oro y, en consecuencia, eximirse de impuestos. Tal es el caso de la plata, que, aunque sólo contiene un 2% del metal precioso, puede importarse libre de tasas.

Sangra la tierra

Aunque todas estas cifras son públicas, el informe The Impact of Gold, (El Impacto del Oro) que publicó la segunda semana de noviembre la organización WWF Suiza (World Wide Fund for Nature – Fondo Mundial para la Naturaleza) les da nueva relevancia.

El camino del oro desde la mina hasta nuestro país — sostiene dicho informe– “es especialmente problemático. Suele ser opaco y difícil de rastrear porque los intermediarios mezclan ese mineral proveniente de diferentes fuentes”. Sin trazabilidad — concluye el informe– “no se puede descartar que el metal utilizado fue producido en condiciones sociales y ecológicas inaceptables”. https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-11/2021_11_WWF_The%20Impact%20of%20Gold.pdf

La publicación de WWF Suiza sistematiza conceptos y constataciones.

El oro se extrae a menudo en condiciones sociales y ecológicas deplorables, con consecuencias nefastas para el medio ambiente y las poblaciones locales.

Abrir nuevas minas y construir las infraestructuras necesarias requiere grandes superficies. Ahí donde se descubren vetas se talan enormes extensiones de bosque, muchas veces de forma ilegal. Sólo en Brasil, su extracción supone la destrucción anual de una superficie natural del tamaño de 14.000 campos de fútbol.

Por otra parte, su extracción requiere casi sistemáticamente productos químicos altamente tóxicos, como el mercurio y el cianuro. Estas sustancias se expanden en el aire, el suelo y el agua. En consecuencia, la biodiversidad se resiente, así como la salud de la población local. Entre otras enfermedades, dichos venenos pueden causar ceguera, daños cerebrales, tumores y malformaciones fetales.

La recuperación del oro tiene, además, un impacto directo en la calidad y la disponibilidad del agua en las regiones afectadas.  Finalmente, son evidentes los efectos nocivos sobre el clima, debido al alto consumo de energía ya que la producción de un kilo de oro genera unas 12 toneladas de emisiones de CO2.

La organización ambientalista WWF Suiza subraya que, junto con el enorme impacto medioambiental, la extracción suele asociarse con condiciones laborales deplorables, esclavitud, tráfico de personas, trabajo infantil y prostitución forzada. Muchas veces los pueblos indígenas o las comunidades autóctonas son expulsadas de sus tierras, ahora convertidas en yacimientos a cielo abierto.

La dramática Amazonia peruana

Hacia mediados del 2019, Perú exportaba unas 60 toneladas de oro producido ilegalmente en su suelo, gran parte del cual iba directamente a las refinerías suizas. La región de Madre de Dios (con Puerto Maldonado como capital), en la Amazonia peruana, es históricamente uno de los principales centros de extracción aurífera del país sudamericano.

Un reciente reportaje de la agencia española de noticias EFE señala que “desde el aire, el paisaje es desolador: allí donde antes hubo bosque amazónico, ahora rebosan cráteres de fango, árboles talados y arenales yermos tapizados en mercurio y morralla. Un páramo depredado por la *fiebre del oro* aluvial, que a ras de suelo creó un infierno clandestino y sin ley en la selva peruana. Se trata de La Pampa –entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica–, un territorio dentro del escudo protector de la reserva nacional de Tambopata que durante años ha sido el epicentro de la minería ilegal en la región peruana de Madre de Dios, y en donde este suculento negocio, más rentable que la cocaína, arrebató en las últimas décadas 25.000 hectáreas de una de las selvas con más biodiversidad del planeta”.

Dicho reportaje, elaborado in situ, señala que “hoy a pesar de los esfuerzos millonarios destinados a echar a los mineros ilegales de la zona, el flagelo sigue en brasas, el desastre ambiental intacto, y la trata de personas, el sicariato y la explotación laboral y sexual continúan proliferando como efectos colaterales de esta tragedia. Allí se extiende una suerte de poblado sin nombre, en donde hoy viven unas 40.000 personas dedicadas a actividades vinculadas a la minería ilegal. En esta ciudad improvisada escasean los lujos, pero sobran hoteles, restaurantes, bares y, sobre todo, prostitución, al más puro estilo del ‘salón’ de las películas de vaqueros”.

En Madre Dios se produce el 70% del oro artesanal de Perú, que es el primer productor de oro de Latinoamérica y el 5to a nivel mundial. En Madre de Dios, el 70% de la economía tiene que ver con la minería, pero solo el 10% es legal.

A comienzos del 2019, el Gobierno peruano puso en marcha la Operación Mercurio en la región de La Pampa, un mega operativo para tratar de erradicar las actividades no legales. Según la publicación digital peruana Actualidad Ambiental, si bien se ha logrado reducir la minería ilegal en un 98%, existe evidencia de que la misma ha migrado a áreas circundantes.

A pesar de más de 700 operativos policiales en menos de dos años y de la expulsión de 25.000 mineros ilegales, un informe de Monitoreo de Deforestación en la Amazonía indica que, tras el inicio de la Operación Mercurio, 1.100 nuevas hectáreas quedaron deforestadas debido a la actividad aurífera, y se constató la aparición de seis nuevos puntos de extracción no autorizada: Pariamanu, La Pampa (en dos zonas ubicadas al norte de dicha región), Camanti, Chaspa (Puno) y Apaylon. En síntesis, toda política represiva de estas actividades cuando no van acompañadas de propuestas productivas y de reinserción laboral parecen estar condenadas al fracaso.

Autocrítica helvética

El Consejo Federal suizo (poder ejecutivo colegiado) “es consciente de que existe el riesgo de que se importe en Suiza oro extraído ilegalmente, con las posibles violaciones de los derechos humanos que esto representa”.

Así lo afirman las autoridades federales en el informe “Comercio de oro producido en violación de derechos humanos”, presentado ante el parlamento a fines de 2019, como respuesta a una interpelación que cuatro años antes presentó el senador nacional ecologista Luc Recordon. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54475.pdf

El Gobierno le encargó a un grupo independiente que realizara un análisis del sector del oro en Suiza, sus principales actores y los posibles riesgos y desafíos. Como parte de este proceso, el grupo se puso en contacto con representantes del sector privado y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) activas en derechos humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo.

El informe acepta como probable que las actividades de las empresas en toda la actividad aurífera tengan repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, como: maltrato de los trabajadores y violaciones de la legislación laboral, en particular en lo que se refiere a condiciones de trabajo seguras y saludables y a una remuneración que proporcione una vida digna. También reconoce posibles violaciones del modo de vida tradicional de los pueblos indígenas, su autodeterminación y sus tierras. Así como impactos negativos en las comunidades locales: reasentamiento y desplazamiento forzado, violación de los derechos de propiedad, de la libertad de asociación y de opinión y expresión.

El informe habla de los eventuales daños al medio ambiente y no excluye la posibilidad que las empresas auríferas cometan violaciones contra el estado de derecho. Finalmente, el Gobierno recomienda asegurar mayor transparencia en todas las actividades relacionadas con el oro que llega a Suiza. Recomienda, además, estimular a las asociaciones involucradas en la industria y el comercio del metal (por ejemplo, la Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos y la Swiss Better Gold) a que mejoren la manera como operan y a entablar un diálogo con las ONG interesadas en los desafíos pendientes en este sensible sector de la economía helvética.

Entre las recomendaciones de su informe de noviembre, WWF reclama leyes que obliguen a las empresas con sede en Suiza que compran y procesan oro a cumplir normas sociales y ecológicas mínimas y hacer público su comportamiento. Y llama a los consumidores a que asuman actitudes más responsables al adquirir productos que contienen oro. Ciertos sellos de calidad existentes como FairTrade y FairMined contribuyen a promover una extracción más responsable y transparente y a minimizar la potencial destrucción futura del medio ambiente.

500 años después, las carabelas repletas de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo se ven reemplazadas por buques o aviones de carga que llegan a destinos europeos. Se les agregan otros, provenientes de África y de Asia. Una gran parte del oro importado por Viejo Mundo desemboca en las sofisticadas refinerías de Suiza, principal plataforma giratoria del comercio mundial.  Casi todo legal, aunque no siempre justo y, por eso mismo, tampoco ético.

Ese oro que sangra en vez de brillar

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Las voces de “abajo” se hacen escuchar en Glasgow

Sergio Ferrari

Por Sergio Ferrari

El movimiento por el climaEl movimiento por el clima gana las calles

En la Conferencia de las Partes (COP26) que se reúne en Glasgow, Escocia, hasta el próximo 12 de noviembre, los reflectores apuntan, esencialmente, a los anuncios y las promesas grandilocuentes de los gobernantes. Las voces críticas del movimiento ambientalista resonaron en Glasgow y en tantas otras ciudades del planeta el sábado 6 de noviembre.

Promediada la primera semana de la Cumbre, la ansiedad de los Estados por presentar logros fue evidente. Dos acuerdos, según ellos “relevantes”, se convirtieron en primera página de los diarios: el que promueve un freno a la deforestación mundial hasta 2030 y el relativo a la reducción de la emisión de gases de metano en un 30%.

Hasta Bolsonaro lo suscribió

La COP26 alcanzó un nuevo acuerdo entre gobiernos, incluido el de Brasil, para detener y revertir la deforestación a más tardar en 2030. El 1 de noviembre Greenpeace Internacional, una de las ONG más activas en la defensa del medioambiente, buscó poner los puntos sobre las íes y cuestionó “la luz verde que se abre para otra década de destrucción forestal”.

Hay una muy buena razón para que incluso alguien como Bolsonaro se sienta cómodo como para firmar este nuevo acuerdo, subrayó Greenpeace.  Le permite otra década de destrucción del pulmón del planeta. Carolina Pasquali, directora ejecutiva de su rama brasilera señaló que el nuevo Acuerdo – refrendado por un centenar de país que poseen el 85% de las reservas forestales — no es vinculante, es decir, no es de aplicación obligatoria. Pasquali recordó que la Amazonia ya se confronta con el límite de su propia existencia y no puede soportar más deforestación. Por su parte, pueblos indígenas de la región exigen que el 80% de esta reserva natural mundial sea realmente protegida antes del 2025.

Este nuevo acuerdo reemplaza la Declaración de Nueva York sobre Bosques de 2014, documento que Brasil, en aquel entonces, no suscribió. La declaración de 2014 incluyó el compromiso de los gobiernos de reducir a la mitad la tala de bosques hasta 2020 y lograr la deforestación cero como máximo en 2030 (https://unfccc.int/es/news/declaracion-de-nueva-york-sobre-los-bosques ).

Sin embargo, en los últimos siete años la tasa de pérdida de bosques naturales aumentó exponencialmente en vez de retroceder. Solo en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil se incrementaron un 9,5%, como consecuencia, justamente, de la destrucción de la Amazonía, resultado de decisiones deliberadas de la administración Bolsonaro.

En su evaluación de la gestión de dicha administración brasilera, Greenpeace advierte que entrevé pocas posibilidades de que la misma respete este acuerdo suscrito en Glasgow. Y recordó que en la actualidad Bolsonaro está tratando de impulsar un paquete legislativo que incluso aceleraría más el talado de bosques.

Otro aspecto esencial que cuestiona Greenpeace es la carencia de una propuesta para reducir la demanda de carne y lácteos industriales. Este sector tiene un gran impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero ya que acelera la destrucción del ecosistema y amplias reservas forestales.

Anna Jones, de Greenpeace del Reino Unido, declaró que “hasta que no pongamos fin a la expansión de la agricultura industrial, empecemos a avanzar hacia dietas basadas en vegetales y reduzcamos la cantidad de carne industrial y lácteos que consumimos, se seguirá amenazando los derechos de los pueblos indígenas y se continuará destruyendo la naturaleza, en lugar de dársele la oportunidad de recuperarse».  Su protesta coincide con la de otras voces de la sociedad civil internacional que desde la COP26 advierten la potencial peligrosidad de la propuesta de “compensación carbono”. Esta propuesta, en síntesis, autorizaría a un Gobierno o una transnacional a deforestar masivamente si asume el compromiso de plantar árboles.

El concepto de compensación de carbono es radicalmente criticado por el movimiento ambientalista, como lo argumenta el estudio La Gran Estafa, (https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/06/La-Gran-Estafa.pdf),publicado ) publicado este año por Amigos de la Tierra Internacional, la Coalición Global de los Bosques y la Campaña por la Responsabilidad Corporativa. Dicho estudio denuncia la idea de que un agente contaminador — por ejemplo, las grandes transnacionales—pueda “compensar” su exceso de emisiones apoyando proyectos con impacto ambiental teóricamente positivo en otros lugares – usualmente países del sur. Está demostrado que este mecanismo no aporta beneficios reales, sostiene dicho estudio. Y concluye: los Grandes Contaminadores imponen su agenda “cero neto” para retrasar, engañar y negar la acción climática.

Menos metano

Casi al inicio de la COP26, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron su propuesta de promover la reducción de las emisiones globales de gas metano en un 30% hasta el año 2030.

Numerosas voces ambientalistas respondieron que el compromiso de reducción de metano no debe ocultar la necesidad esencial de una reducción de los combustibles fósiles. En otras palabras: no se debe aceptar la negociación de reducciones cuando eso implica una reducción a expensas de otra. “Esta iniciativa sobre el gas metano, con 28 veces el potencial de calentamiento del CO2, debe ser el comienzo y no el objetivo final”, enfatizó Greenpeace.

La ONG recordó, además, que, si se quiere que el aumento de temperatura global se mantenga por debajo de 1,5°C, es imprescindible reducir drásticamente y simultáneamente todas las emisiones, tanto de metano como de combustibles fósiles. “Todos los caminos terminan apuntando a la necesidad de eliminar los combustibles fósiles de nuestro sistema energético y la carne industrial y los lácteos de nuestras dietas lo antes posible”, afirmó.

La juventud ignorada

Los gobiernos deben declarar el Estado de Emergencia climática. Deben reconocer la catástrofe climática como una crisis que hay que superar. Deben tomar medidas concretas en respuesta a este drama e informar adecuadamente a la población.

Dicho Estado de Emergencia no debe entenderse como un término legal. “Nuestro objetivo es que las acciones de protección del clima se decidan de forma ambiciosa y urgente y sin restringirse los derechos democráticos”. Así se posiciona la Huelga por el Clima (según extractos del documento de la sección suiza), uno de los movimientos internacionales más activos, cuestionadores y radicalizados en defensa del medioambiente.

La Huelga por el Clima es auspiciada por grupos juveniles en numerosos países. Es la continuación de Los Viernes para el Futuro (en inglés Fridays for Future o FFF), que cuenta hoy con varios referentes de primera línea, entre ellos, la joven militante sueca Greta Thunberg. El viernes 15 de marzo de 2019 se convocó a una primera huelga internacional, la que se tradujo en movilizaciones callejeras en más de 2.000 ciudades del mundo, con casi dos millones de participantes. Puntapié inicial de una presencia constante que también, ahora, se da cita en la COP26 de Glasgow, con críticas frontales a la dirigencia internacional por su tibieza y por postergar soluciones de fondo para el planeta.

Además de la declaración del Estado de Emergencia climática, este movimiento — con su organización, existencia y particularidades en cada país– exige la neutralidad neta de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Y pone sobre la mesa de debate (al mismo tiempo que exige su aceptación) el concepto de Justicia Climática. “Las consecuencias del calentamiento global afectan más a los más pobres, tanto a nivel local como mundial. Por lo tanto, la protección del clima es también una cuestión global de justicia social”, enfatiza el pronunciamiento de la sección helvética (https://climatestrike.ch/fr/movement#demands)

Los grupos más débiles de la sociedad no deben sufrir por el nivel de vida de los más ricos. Además, las medidas para alcanzar los objetivos climáticos deben diseñarse de tal manera que las personas material y económicamente desfavorecidas no se vean sometidas a cargas adicionales que no puedan soportar. Y exige que se aplique el principio de «quien contamina paga»: los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación deben ser considerados responsables. Deben prevenir los daños o reparar los que ya se han producido. Las generaciones posteriores no deben verse afectadas por las acciones de las anteriores. No debe aumentarse la desigualdad, sino reducirla, señala.

“Stop al bla-bla-bla. Stop a la explotación de los pueblos, de la naturaleza y del planeta. Stop a eso que están en tren de definir ahí adentro. Ya estamos cansados. Nosotros vamos a hacer el cambio y no la dirigencia que está ahí reunida”, enfatizó Greta Thunberg en una de las manifestaciones paralelas de las que participó en las afueras del centro de conferencias, expresando así las críticas directas de la Huelga del Clima hacia la COP26.

La voz a los sin voz aumenta la tensión

Durante la primera semana de la COP26, esta joven sueca de apenas 18 años protagonizó una fuerte escaramuza que involucró a decenas de representantes del movimiento ambientalista.

Fue durante un evento organizado por el Grupo de Trabajo sobre los Mercados Voluntarios de Carbono, respaldado por compañías de combustibles fósiles como Shell y BP, que busca expandir la compensación carbono y su agenda “cero neto”. Participaba también Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra.

Representantes de 20 pueblos indígenas de la Red Ambiental Indígena a los que no se autorizó a participar de este evento organizaron una manifestación afuera del centro de conferencias,  exhibiendo afiches con las copias de un anuncio de página completa que habían publicado en los periódicos FT y Times, bajo el título “La compensación de Carbono nos está desgastando”.

En paralelo, en el recinto donde se reunía el Grupo de Trabajo, y a pesar que en este tipo de cumbres todo tipo de protesta está prohibida, dirigentes de prestigiosas ONG acreditadas levantaron pancartas de denuncia a los mecanismos perversos que, en definitiva, no aportan a reducir las emisiones sino a lavarle la cara a los grandes responsables de las mismas.

Haciéndose eco de las incontables voces que están denunciando en Glasgow el concepto de “compensación carbono”, Greta Thunberg, quien también asistió al evento, tuiteó un mensaje de denuncia:  «Este Grupo de Trabajo, y otros esquemas similares, son estafas que podrían arruinar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ° C». Al salir del evento, declaró: «No más lavado verde», una forma contundente de denunciar las fórmulas que proponen las multinacionales y ciertos países ricos para burlar la obligación de una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En los últimos días Glasgow se inflamó como el mismo clima planetario. La cumbre institucional intenta vender sus logros y “avances”. Mientras tanto, los sin voz climática, los jóvenes de la calle, el movimiento ambientalista, los que ya perdieron la paciencia, aceptan la pulseada: el de la protesta, denuncia y movilización colectiva y ciudadana. Y unos 100 mil manifestantes ganaron las calles de la ciudad escocesa para hacer escuchar su protesta. En paralelo, desde Sídney a París, de México a Londres, así como en tantas otras ciudades del mundo, se multiplicaron las protestas. Con la certeza que, en esta lucha desigual de David contra Goliat, cada vez es más difícil ignorar la voz de los de abajo, el grito de la resistencia ambientalista.

Las voces de “abajo” se hacen escuchar en Glasgow

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Cumbre climática a prueba de fuego

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Clima vs sistema

Aunque el planeta agoniza, los remedios son insuficientes. La comunidad internacional intenta de nuevo, esta vez en Glasgow, Escocia, lanzar una terapia. Lamentablemente, casi inofensiva en relación al diagnóstico.

Gran parte del mundo científico y el movimiento ambientalista consideran este esfuerzo como la última oportunidad para frenar el ya irreversible aumento de la temperatura terrestre. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), organizada en esta ocasión por el Reino Unido en colaboración con Italia, empieza este domingo 31 de octubre y se extiende hasta el 12 de noviembre.

El ABC de Glasgow

La Conferencia de las Partes –de ahí la sigla COP– de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una cita anual en la cual representantes gubernamentales de alto nivel discuten y negocian eventuales propuestas para reducir el calentamiento global.

Esta 26ª sesión reunirá, según los organizadores, a delegados de casi todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas; entre ellos, un centenar de jefes de Estado y de Gobierno. También expertas-os en el tema ambiental, dirigentes empresariales, representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil en general (https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow).

Todo anticipa que será un vértice particularmente trascendente ya que, a pesar de los seis años transcurridos desde la adopción del Acuerdo de París en la COP21, los esfuerzos implementados hasta ahora para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius han resultado insuficientes. (https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf).

Para el mundo científico, esta cifra –1,5 grados Celsius– constituye el umbral límite o punto de ruptura, superado el cual el cambio climático podría tener impactos dramáticamente irreversibles tanto para el ser humano como para la naturaleza. Los recientes incendios, olas de calor, inundaciones y otras catástrofes naturales cada vez más intensas exigen una acción climática urgente y mancomunada.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, del 9 de agosto del año en curso, es contundente. Afirma que “Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios” (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ ).

En dicho informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 ºC en las próximas décadas, y se concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, “limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable”.

Otro tema clave de la agenda de la COP26 de Glasgow será la financiación climática, es decir, la ayuda que los países industrializados han prometido proporcionar a aquellos más afectados por el calentamiento global, casi siempre las naciones en vías de desarrollo. Todavía se está muy lejos de los 100.000 millones de dólares anuales anunciados en 2009 en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague, Dinamarca, para el financiamiento de proyectos de reducción de emisiones y de adaptación climática en las regiones de menos recursos.

El Acuerdo de París como espejo

¿Es posible que una eventual “terapia” surgida de la Conferencia de Glasgow ayude a recuperar el tiempo que se ha desaprovechado en la lucha contra el calentamiento planetario? ¿O será un mero espejo que se mire en París 21 pero sin superarlo, con propuestas consensuadas y promesas que no responden a la agonía?

El objetivo principal del Acuerdo de París del 12 diciembre de 2015 establece que el aumento de la temperatura terrestre, en este siglo, no supere los 2 grados centígrados – siempre en relación con los niveles preindustriales. E incluso propuso que se redoblaran los esfuerzos mundiales para intentar que dicho incremento sea como máximo de 1,5 grados centígrados.

Esta meta incluye la necesidad de un salto significativo de cada país para hacer frente a los efectos del cambio climático, limitar sensiblemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y lograr el financiamiento necesario para hacerlo posible. Por otra parte, establece informar periódicamente sobre sus respectivos niveles de emisión y sus esfuerzos por poner lo acordado en práctica, además de realizar cada cinco años y en forma conjunta un inventario mundial para evaluar el progreso colectivo en el cumplimiento de dichos compromisos.

Con todo esto en mente, lo acordado en París fue como un mandato para que los países desarrollados siguieran asumiendo una responsabilidad principal mediante objetivos de reducción absolutos para toda la economía, mientras que los países en desarrollo continuaran intensificando sus esfuerzos de mitigación.

Dicho Acuerdo quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 –Día de la Tierra– en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2016, entró en vigencia, treinta días después de que se cumpliera con el “doble criterio”, es decir, su ratificación por 55 países que representan al menos el 55% de las emisiones mundiales. Desde entonces ha sido suscripto por 192 países.

A juzgar por los resultados alcanzados, ni el Acuerdo de París ni los esfuerzos posteriores han dado los resultados proyectados. Los análisis retrospectivos sugieren que, aun si se hubieran cumplido las promesas asumidas en París en 2015-2016, solo se habría limitado el aumento de la temperatura a menos de 4° C, muy lejos del tan proclamado aumento máximo de 1.5 grados. Es decir, los compromisos asumidos por los Estados en ese momento eran ya insuficientes para lograr las metas planteadas.

Según Alok Sharma, presidente entrante de la COP26, “Ha habido progreso, pero no lo suficiente. Es por eso que necesitamos, especialmente, que los mayores emisores, las naciones del G20, presenten compromisos más fuertes para 2030 si queremos mantener el objetivo del 1,5° C durante esta crítica década».

Promesas (casi) imposibles

Los compromisos climáticos más recientes de varios países de aquí al año 2030 “no son suficientemente ambiciosos y ponen al mundo en camino a un aumento de temperatura este siglo de por lo menos 2,7° C”, señala el último Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado el 26 de octubre.

Los anuncios a nivel nacional hechos hasta ahora permitiría una escasísima reducción: tan solo un 7,5% de las emisiones previstas para 2030 (https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021). “Para mantenernos en la ruta hacia el objetivo del 2° C deben asegurarse reducciones de emisiones del 30%”. Si se pretende alcanzar el objetivo de 1,5%, se necesitarían reducciones en el orden de un 55%. Nuevamente, de cara a la COP26, las promesas de las Partes no corresponden con los objetivos acordados. Se repite así la larga historia de respuestas tibias para salvar un planeta en llamas.

Al presentar el informe de PNUMA, algo así como un marco de referencia conceptual para la Cumbre de Glasgow, Inger Aderson, la directora de dicha organización recordó que «el cambio climático ya no es un problema del futuro. Es un problema ahora». PNUMA insiste en que sólo disponemos de ocho años de oportunidad para limitar el calentamiento global a 1,5° C mediante la reducción a casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Menos de una década para hacer planes, implementar políticas y, finalmente, presentar resultados tangibles. “El reloj avanza rápidamente», subraya este organismo internacional.

Al pasado 30 de septiembre, 120 países, responsables de poco más de la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, habían comunicado nuevas metas, actualizadas. Adicionalmente, tres miembros del G20 (las 20 naciones más desarrolladas) anunciaron nuevas promesas de mitigación para 2030. En su evaluación del informe del 26 de octubre, Alok Sharma, consideró que, si los países cumplen con sus metas pautadas para 2030 y los compromisos de cero emisiones anunciados, “estaremos dirigiéndonos hacia aumentos promedio de la temperatura global de poco más de 2° C”.

Dos visiones en conflicto

La Cumbre de Glasgow tiene tanto de laberinto como de encrucijada para el clima planetario. Y mucho más de sofisma, una falacia construida sobre la base de promesas que la gran mayoría de las naciones sabe que realmente no podrán cumplir.

La COP26 desnuda, además, el choque de dos concepciones confrontadas. La visión de una “institucionalidad” onusiana, con propuestas a mediano y largo plazo, a pesar de que el mundo científico viene diagnosticando, desde años, la gravedad extrema de la enfermedad. Y, enfrente, la visión de una buena parte de la sociedad civil planetaria –movimientos ambientalistas, ONG de desarrollo, sindicatos, redes y plataformas–, que se movilizará críticamente en las calles de Glasgow durante la COP26, que insiste en la “urgencia climática” como clave de interpretación de una sociedad humana en carrera acelerada hacia su propia desaparición.

No sorprende, entonces, que una de las principales consignas comunes de los millones de jóvenes movilizados en los últimos años en torno a la “huelga del clima” lo describa con elocuencia: “No hay que cambiar el clima, sino el sistema”.

Cumbre climática a prueba de fuego

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Clima de infierno y el agua que desaparece

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

La Tierra se inflama y en muchas regiones del planeta el agua se convierte, de más en más, en un artículo de lujo. El cambio climático interpela a fondo a la sociedad civil internacional que identifica responsables políticos.

Entre ellos Jair Bolsonaro, a quien acaban de denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI). Por sexta vez en sus escasos 34 meses de gestión, el presidente de Brasil fue acusado ante la CPl, con sede en La Haya, Países Bajos. En esta ocasión, en la segunda semana de octubre, la ONG austríaca All Rise, lo denuncia por genocidio ecológico y crímenes de lesa humanidad.

Apenas siete días antes, el martes 5 de octubre, la profunda crisis del agua volvía a ser noticia de primera plana a raíz de un nuevo informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra, Suiza.

Calentamiento global, catástrofe amazónica — con el Gobierno Bolsonaro como uno de los principales responsables– y crisis del agua, se entremezclan en un laberinto que parece no tener salida. El cual hace aún más actual las previsiones de los científicos y analistas que desde ya hace algunos años vaticinan que las próximas guerras serán por la disputa del vital líquido en un planeta donde el agua dulce aprovechable constituye solo el 0.5% de los recursos hídricos disponibles.

Radiografía del espanto

En 2020, 3.600 millones de personas carecieron de un servicio de saneamiento gestionado de forma segura y 2.300 millones no contaron con servicios básicos de higiene.

En 2018, fueron 3.600 millones las personas que al menos durante un mes al año no tuvieron acceso adecuado al agua potable. Según el Informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2021: agua (https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/se-advierte-que-urge-tomar-conciencia-de-la-inminente-crisis-del-agua) que acaba de publicarse en Ginebra, se prevé que de aquí a 2050 esta cifra superará los 5.000 millones.

En las últimas dos décadas, los depósitos continentales del agua, los cuales incluyen todas las reservas sobre y debajo de la superficie terrestre (tanto en forma líquida, como de humedad del suelo, nieve y hielo) se han reducido a un ritmo de 1 centímetro por año. Las mayores pérdidas se contabilizan en la Antártida y en Groenlandia. No obstante, otros lugares en diversas latitudes, con alta densidad de población, también registran reducciones considerables aun cuando se trata de zonas que, tradicionalmente, han sido fuentes de abastecimiento.

En este mismo período explotó la frecuencia de los peligros hidrológicos. Así, por ejemplo, a partir del año 2000 se registra un aumento de un 134% en los desastres causados por las crecidas, en comparación con los decenios anteriores.  Y, en paralelo, el número de sequías y la duración de las mismas también creció un 29%.

A pesar de algunos avances logrados, la OMM considera que 107 países están lejos de cumplir el objetivo de gestión sostenible de sus recursos hídricos. Y concluye que, en términos generales, el mundo se encuentra considerablemente atrasado en lo que respecta a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 – de los 17 aprobados en 2015 por las Naciones Unidas–, el cual consiste en “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”.

En 75 países se registraron niveles de aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos inferiores a la media, y en 10 de ellos los niveles fueron sumamente bajos. El ritmo de progreso actual debería cuadruplicarse para lograr las metas mundiales propuestas para el 2030.

Nada es casual

Según la OMM, el aumento de las temperaturas está generando cambios en las precipitaciones a nivel general, lo que provoca variaciones violentas en la distribución de las lluvias y las estaciones agrícolas. Calentamiento global e irregularidades meteorológicas con repercusiones directas y nefastas tanto para la seguridad alimentaria como para la salud y el bienestar general de los seres humanos.

Por ejemplo, durante el 2020, se han registrado numerosos fenómenos extremos, todos ellos relacionados entre sí. En Asia, lluvias extraordinarias causaron inundaciones masivas en Japón, China, Indonesia, Nepal, Pakistán e India. Millones de personas se vieron obligadas a desplazarse y centenares de seres humanos perdieron la vida. Sin embargo, las graves perturbaciones provocadas por las inundaciones no se limitaron a los países en desarrollo. También en Europa ocasionaron muertes y daños generalizados.

En contraposición, el cambio climático acelerado en otras regiones ha provocado sequías. La falta de agua continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación para muchas naciones, especialmente en África. Según ese mismo informe, más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren estrés hídrico y carecen de un suministro de agua potable y servicios de saneamiento.

Caso emblemático

A fines de septiembre, el nivel de las reservas de agua en las centrales hidroeléctricas de Brasil, las cuales generan lo esencial de la energía del país, había descendido a un 23 %, según datos del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) de ese país. Las previsiones son aún más preocupantes: para fin de año ese nivel podría llegar al 12 %. A modo de comparación, en 2001, cuando Brasil atravesó un grave periodo de restricción energética, las reservas bajaron a un 34%. La energía hidroeléctrica abastece más del 63% del consumo de esa nación sudamericana.

En agosto pasado la plataforma brasilera MAPBIOMAS –universidades y especialistas medioambientales– publicó un informe nacional en el que constata la reducción de casi un 16% de las superficies de agua dulce. Dicho informe subraya que la actual crisis hídrica es la peor de las que Brasil ha atravesado en los últimos 90 años. El impacto de la misma tiene consecuencias regionales, dada la importancia de la Cuenca del Amazonas compartida con otros siete países, y la Cuenca del Paraná, común con Argentina. Este mismo informe insiste en que los períodos de lluvias e inundaciones no compensan más los de profunda sequía. Hecho trascendente para un país que concentra el 53% de la reserva de agua dulce del continente sudamericano y el 12% de las reservas planetarias.

Según especialistas medioambientales, las causas de esta crisis se encuentran en
el cambio climático el cual provoca más sequías con el inevitable aumento de la temperatura y temporadas de lluvias más breves. También inciden significativamente la deforestación amazónica para facilitar la ganadería extensiva, ciertos monocultivos de agroexportación y la extracción ilegal de madera y minerales.

El calentamiento global indetenible y las distorsiones pronunciadas del agua dulce a nivel planetario estarán en el centro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebrará en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. Para diversos analistas, es la última oportunidad para evitar un incremento irreversible del calentamiento global. Para las voces ecologistas más críticas, ya es demasiado tarde y poco de nuevo habrá bajo el sol después de concluida la COP26.

Clima de infierno y el agua que desaparece

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La cuarta ola es ya una realidad

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari 

Se polariza la brecha entre los vacunados y los vacuna escépticos

Lejos de desaparecer, el COVID-19 recupera protagonismo en Europa luego del respiro estival. Y ahora se confirma la que ya es una realidad: la cuarta ola. La variante Delta se proyecta como el actor virulento de esta tragedia social que parece no tener fin.

Esta nueva ola se está acelerando debido, principalmente, a los contagios entre la población adulta joven, advirtió la tercera semana de agosto el Instituto Robert Koch (RKI), organismo alemán de prevención y control de enfermedades.

Los casos de infección se han incrementado una vez más desde inicios de julio, luego del paréntesis de abril a junio. El número de hospitalizaciones también aumenta, con una diferencia neta con respecto a las olas anteriores: ahora la franja de edad predominante es de 35 a 59 años. Si bien en Alemania hacia la tercera semana de agosto un 63.8% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna –y un 58.25%, las dos– el RKI considera que el riesgo de contagio es siempre mucho más alto entre los no vacunados y que han recibido una sola dosis. La variante Delta representa el 99% de la incidencia pandémica total en ese país.

El caso suizo

Realidad semejante a la que se vive en Suiza, donde los epidemiólogos también reconocen que la cuarta ola ya está instalada en el país, con casi 3000 casos diarios a fines de agosto y más de 500 personas hospitalizadas afectadas por el coronavirus, para una población de 8.5 millones de habitantes. Proporcionalmente la realidad helvética correspondería a casi 18 mil casos diarios en Argentina o España, 24 mil en Francia, o bien 45 mil en México. A pesar de esta tendencia ascendente, el número de decesos diarios a causa de la pandemia se mantiene bajo si se compara con el de los meses anteriores. Elemento que indicaría, tendencialmente, que el impacto de esta cuarta ola en vidas humanas será menor que las anteriores.

Para evaluar el estado de la situación sanitaria, los expertos internacionales sostienen que es necesario medir el porcentaje de pruebas de detección que han dado positivo, es decir, la “tasa de positivos”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si esta cifra no supera el 5%, se considera que la pandemia está controlada. Si supera ese umbral, se corre el riesgo de que la pandemia se descontrole.

El 20 de agosto, en Suiza, esa tasa llegó al 12.9%, casi la mitad del máximo alcanzado durante el peor momento de la crisis, en noviembre del año pasado (26.9%). Sin embargo, mucho mayor que la de unas pocas semanas atrás, a inicios de julio, cuando no alcanzaba al 1%. Constatación adicional de que la pandemia vuelve a intensificar su impacto.

La tercera semana de agosto, Tanja Stadler, la nueva responsable del Grupo de Trabajo COVID-19 de la Confederación Helvética, compartió su preocupación a raíz del violento aumento de casos. El último mes, las admisiones hospitalarias se han duplicado, sucesivamente, tres veces. El 90% de las mismas son personas no vacunadas, y casi la mitad es gente que regresa al país luego de las vacaciones, en particular de la región de los Balcanes y Grecia. Si en septiembre se mantuviera esta constante, aumentaría el nivel de hospitalizaciones, lo que hace temer a algunos epidemiólogos la posibilidad de un nuevo tensionamiento del sistema hospitalario. Otros consideran que se vive una situación pandémica de “meseta” y que los riesgos para la sobrecarga de hospitales son menores que en las olas anteriores. Para fundamentar esta evaluación contabilizan no solo la cantidad de vacunados, sino también la alta proporción de personas de riesgo que ha recibido las dos dosis, así como el porcentaje de la población que ya ha contraído el virus en este último año y medio.

Según Stadler, el problema es que ahora el país se confronta con una dinámica que se desarrolla velozmente, propia de la naturaleza de la variante Delta. Todo esto en un momento del año muy particular debido al regreso de las vacaciones veraniegas de julio y agosto y la caída paulatina de las temperaturas, lo que limita las actividades al aire libre y concentra la vida social en espacios cerrados. Señala dicha experta que, alrededor de este mismo periodo el año pasado, factores semejantes no contribuyeron a frenar la explosión de una segunda ola, que impactó en noviembre y diciembre y que en definitiva fue la más agresiva desde que el COVID-19 comenzó a golpear en Europa.

El ámbito científico insiste en la necesidad imperiosa de extender la vacunación a niñas y niños a partir de los 12 años y extender el pasaporte COVID-19 a bares, restaurantes y actividades culturales. Y propone que a partir de octubre todos los tests –hasta ahora mayoritariamente financiados por el Estado—sean sufragados por los usuarios, como una forma indirecta de estimular la vacunación, la cual seguirá siendo gratuita. Autoridades federales hablan de la posibilidad de establecer una lista de “países de alto riesgo” y de volver a establecer el asilamiento obligatorio para los viajeros que lleguen de los mismos.

En este marco global el problema se profundiza por la enorme resistencia de casi la mitad de la población suiza a vacunarse. A pesar de las campañas oficiales y la existencia de stocks abundantes, hasta el 27 de agosto solo el 51.03% de la población se había inmunizado con ambas dosis. Este porcentaje aumenta al 57.01% cuando se incluye a las personas que recibieron una sola dosis.

“Paradójicamente esta cuarta ola es la de los no-vacunados en un continente donde sobran las vacunas cuando en la gran mayoría del planeta faltan las dosis”, enfatiza el doctor suizo Bernard Borel, activo en la lucha contra el COVID-19 en el Cantón de Vaud. Y agrega: “Es absurdo. Es la consecuencia de una sociedad egoísta y egocéntrica, donde muchos desprecian el valor de la salud como bien común”.

La situación europea

Según la OMS hasta el lunes 23 de agosto, la situación de casos en Europa era preocupante en varios países. Gran Bretaña contabilizaba 423.000 nuevas infecciones (+ 14 % en relación a la incidencia por 100.000 habitantes de las semanas precedentes); Francia 314.000 (+ 1%); Alemania 79.000(+128%); Gran Bretaña 423.000 (+14%) e Italia 88.000 (+12%).

Albania con + 422%; Bosnia Herzegovina con +344; y Bulgaria con +204% se ubican entre los países más fuertemente afectados por el incremento exponencial pandémico. España, a pesar de sus 134.000 nuevos casos en las dos últimas semanas, registra una disminución de la incidencia de -52%. Junto con Turquía, Portugal, la Federación Rusa, Finlandia, Bélgica y Uzbekistán es la única del continente que en los últimos quince días no vio aumentar la incidencia del COVID-19.

Con respecto al porcentajes de inmunización, al 23 de agosto, el 69% de la población de Dinamarca ya estaba completamente vacunada. En España y Portugal, 67%; en Gran Bretaña, 62%, y en los Países Bajos, 61%. El porcentaje cae por debajo del 60% en Italia (58%); Francia (56%) y Grecia, (52%). En menos de 50% se encuentran los países nórdicos, a excepción de Suecia, con 50.5% de su población inmunizada. El porcentaje se precipita bruscamente en la Europa Oriental; en Rusia apenas llega al 24%.

El avance de la vacunación en Europa ha experimentado desarrollos dispares. En algunos países, como Francia, la resistencia a los programas de inmunización se ha expresado a través de significativas movilizaciones callejeras. Y en formas menos masivas en Italia, Grecia, Irlanda, Gran Bretaña y Suiza, entre otros. De una u otra manera, esas expresiones de protesta, así como el áspero debate continental en torno a la crisis pandémica, ponen de manifiesto la polarización que experimenta la sociedad europea en el presente.

La protesta

La dinámica europea de los vacuna-escépticos es muy diversa y expresa condimentos nacionales específicos.

El Francia, por ejemplo, el sábado 21 de agosto, miles de personas protestaron en gran parte del país contra el pasaporte sanitario. Era el sexto fin de semana consecutivo de manifestaciones. El arranque se dio el 24 de julio, jornada sobre la cual diversas fuentes, como el cotidiano Liberation, hablaron de 160 mil participantes. En la convocatoria del 15 de agosto el Ministerio del Interior contabilizó 214 mil manifestantes en todo el país. Por su parte, el colectivo militante Nombre Jaune, que publica un recuento ciudad por ciudad, calculó más de 388 mil participantes a nivel nacional.

Según Liberation, “Este movimiento heterogéneo, que comenzó a mediados de julio y que reúne a personas más allá de la galaxia de los escépticos o los antivacunas, ha crecido de forma inédita en pleno verano”. En paralelo a la entrega del pasaporte (o tarjeta) sanitaria, que pasó a ser obligatorio en bares, restaurantes y hospitales. Desde el lunes 23 de agosto, más de 120 grandes centros comerciales y tiendas de la región de París y de la mitad sur de Francia están obligados a comprobar sistemáticamente este documento, como ya sucedía en vuelos de línea nacional, trenes etc.

Este diverso conglomerado que continúa ganando las calles en Francia expresa desacuerdos de fondo con las políticas gubernamentales. El “anti-Macronismo”, –en referencia al presidente Emmanuel Macron–, es el elemento unificador. Y para muchos la protesta contra las medidas sanitarias vigentes no es más que un pretexto para cuestionar al gobierno. Desde las esferas oficiales responden que la cantidad de gente que ha acudido a vacunarse es más significativa que la de los que vienen protestando desde julio.

En Suiza, la “resistencia” antivacuna reúne a sectores y actitudes muy diversas, aunque, en este caso, el discurso antigubernamental no es dominante.

Concuerdan sectores conservadores de derecha y grupos reaccionarios. Junto con activistas ambientalistas o de izquierda, críticos contra el poder de las transnacionales farmacéuticas a las que acusan de sacar el principal provecho de la actual crisis.

Se le suman grupos juveniles que esgrimen dos argumentos principales: no constituyen la fracción etaria que puede padecer los principales efectos brutales del COVID-19 y nadie puede garantizar de forma absoluta –debido a lo novedoso de las vacunas utilizadas-, que eventualmente las mismas no causen efectos secundarios a mediano o largo plazo.

Iglesias fundamentalistas de todo tipo, así como sectores extremos que se autodefinen como constitucionalistas, quienes consideran las medidas anti COVID-19 como restrictivas de las libertades individuales, se suman al rechazo de la vacuna.

Común denominador de todos los refractarios: la preeminencia de la decisión individual sobre la colectiva. Para ellos, la contribución a una solidaridad social, especialmente hacia los sectores de mayor riesgo, no es un argumento decisivo como para concurrir a los centros de vacunación.

Dos visiones de una coyuntura sanitaria que crispa los espíritus e intensifica la brecha societal entre vacunados y no vacunados y que comienza a convertirse en un nuevo tipo de contradicción identitaria cotidiana. Y que exaspera a algunas autoridades cantonales, que incluso proponen pasarles la factura de los gastos hospitalarios a los pacientes no vacunados, medida extrema que atentaría contra principios constitucionales esenciales.

En la Suiza enriquecida, el debate con respecto a la vacuna, sea con argumentos de derecha o de izquierda, no hace más que robustecer la retórica social del privilegio. Cada individuo que rechaza inmunizarse sabe que, en el peor de los casos, nunca le va a faltar una cama de hospital, una máscara de oxígeno o una máquina respiratoria si tienen que entubarlo.

Más aún, este debate posterga la reflexión sobre la sociedad global, la solidaridad activa entre naciones y la necesaria lucha mancomunada para generalizar y democratizar el acceso a la vacuna en el mundo entero. Única fórmula para derrotar, verdaderamente, al CODIV-19 y sus actuales y futuras variantes.

https://rebelion.org/la-cuarta-ola-es-ya-una-realidad/
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Latinoamérica en brasas

Sergio Ferrari

“El cambio climático se ensañará con el continente”

En 2020 la Amazonia perdió una superficie de selva igual a siete Londres

Si la Tierra arde, América Latina y el Caribe son como brasas: son de las regiones del planeta más afectadas por el cambio climático. Las prevenciones anti-riesgo regionales sufren de insuficiencia crónica.

Solo una semana después de que el Grupo de expertos internacionales (IPCC, en inglés) publicara su informe sobre la dramática situación mundial, el tercer martes de agosto la alarma sonó con decibeles latinoamericanos

La radiografía continental del nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado el 17 de agosto revela un diagnóstico grave.

2020 fue uno de los tres años más calientes –desde que existen mediciones– en México/América Central y el Caribe. Y el segundo más cálido en América del Sur. Las temperaturas se situaron en 1°C, 0.8°C y 0.6°C, respectivamente, por encima de la media de las décadas 1980-2010.

En el sur de la Amazonia y el Pantanal, donde confluyen las aguas de nueve países de América del Sur y se concentra una décima parte del carbono terrestre, los incendios explotaron exponencialmente como resultado de la intensa sequía que azotó esa región. Sequía que no es inocente, sino el resultado del talado a gran escala de los bosques con el propósito de generar tierras para la cría del ganado y los cultivos de agroexportación. Fue la peor sequía de los últimos 60 años.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), la Amazonia brasileña registró en junio del año en curso 2.308 focos de incendios, su peor cifra desde 2007.  Superó en un 2.6% los del año pasado, los cuales, según el informe de la OMM, ya habían sido récord.

La reducción de la selva amazónica en tan solo un año equivale aproximadamente a un área siete veces el tamaño de la ciudad de Londres. A este ritmo, la Amazonia corre el gran riesgo de no poder jugar más su rol de pulmón del planeta. La pérdida de vegetación selvática podría convertirse, a corto plazo, en una fuente aún mucho más grande e intensa de emisión de carbono. En la actualidad, América Latina y el Caribe reúnen más del 55% de los bosques primarios del mundo, los cuales almacenan unas 104 gigatoneladas de carbono. Entre el 40% y el 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies botánicas se encuentran allí.

El estudio de la OMM indica que la sequía generalizada en esa región tuvo un impacto considerable en las rutas de navegación interior, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, debido a lo cual se agravó la inseguridad alimentaria en muchas zonas. Fenómeno que se visualiza, en particular, en la región del Caribe, con una vulnerabilidad muy alta. Varios de sus países integran la lista de territorios con mayor estrés hídrico del mundo, con menos de 1.000 m3 de recursos de agua dulce per cápita. En el centro de América del Sur, en 2020, los totales de precipitación se aproximaron al 40 % de los valores normales. El período de precipitaciones estacionales de septiembre de 2019 a mayo de 2020 estuvo marcado por un déficit de lluvias que se agravó, particularmente, entre enero y marzo.

En la Argentina, 2020 fue un año seco, con una anomalía nacional estimada del −16.7 % con respecto a la media de 1981-2010. Fue uno de los peores años desde 1961 y el más seco desde 1995. Los totales de precipitación por debajo de lo normal fueron el resultado de la misma sequía que afectó a la región del Pantanal.

Este calentamiento sistemático repercutió en los glaciares andinos de Argentina y Chile. Según el estudio de la OMM, la pérdida de masa ha ido en aumento desde 2010, en consonancia con el incremento de las temperaturas y de la reducción considerable de las precipitaciones.

Cataclismos de un carácter muy diferente, aunque igualmente devastadores, los huracanes Eta e Iota, con una intensidad 4, golpearon en rápida sucesión a Centroamérica. Siguieron trayectorias igualmente destructivas por Nicaragua y Honduras acentuando así los impactos acumulativos de una región tan interconectada. Los daños estimados en ambas naciones y en Guatemala abarcan a casi 1 millón de hectáreas cultivadas.

Los ecosistemas marítimos y litorales, así como las comunidades humanas que dependen de ellos, en particular en los pequeños Estados insulares, se confrontan hoy a las crecientes amenazas derivadas del calentamiento y la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del agua y una mayor intensidad y frecuencia de las tormentas tropicales. En la región, el 27% de la población vive en áreas costeras. Y entre un 6 y un 8% habita en zonas amenazadas gravemente por eventuales inundaciones.

Con un promedio de 3.6 milímetros de incremento anual en los últimos treinta años, el nivel del mar en la región del Caribe ha superado el promedio mundial, que fue de 3.3 milímetros. El estudio recuerda que el océano absorbe cerca del 23 % de las emisiones antropogénicas anuales del CO2 presente en la atmósfera, y es, por lo tanto, un elemento esencial que contribuye a mitigar los efectos del aumento de las emisiones en el clima de la Tierra. Sin embargo, el CO2 reacciona con el agua aumentado su acidez. Este proceso en paulatino incremento afecta a muchos organismos y ecosistemas marinos y amenaza la seguridad alimentaria al poner en peligro la pesca y la acuicultura.

Doble condena: clima y deuda

El Informe El estado del clima en América Latina y el Caribe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10765), reúne los aportes multidisciplinarios de 40 expertos. Sus conclusiones se basan en una metodología estándar que evalúa los aspectos físicos del sistema climático a partir de datos de 1.700 estaciones meteorológicas de toda la región.

Sus conclusiones preliminares crean alarma y producen escalofríos. Las medidas de adaptación — en particular los sistemas de alerta temprana multirriesgo– no están lo suficientemente preparadas para hacer frente a los cataclismos. El apoyo de los gobiernos, así como de la comunidad científica y tecnológica, sería fundamental para reforzarlas y también para mejorar la recopilación y el almacenamiento de datos. De este modo, podría integrarse mejor la información sobre el riesgo de desastres en la planificación del desarrollo. No se puede subestimar el costo de la prevención: es fundamental contar con un apoyo financiero sólido para lograr esos objetivos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa malas noticias. El cambio climático se ensañará con América Latina, donde se batirán récords en concepto de huracanes, se sufrirán sequías severas, seguirá aumentando el nivel del mar y habrá más incendios. Todo podría empeorar si no se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero.

El futuro ya es presente. Las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020, constituyen la nueva normalidad que le espera a América Latina. El continente se proyecta como una de las zonas donde los efectos e impactos del cambio climático serán más pronunciados: olas de calor, disminución del rendimiento de los cultivos, incendios forestales, agotamiento de los arrecifes de coral y eventos extremos relacionados con el aumento del nivel del mar.

Los expertos son contundentes. Aseguran que es de vida o muerte poner límites al calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo sostenible.

Y algunos ejemplos hablan por sí mismos: en el Caribe, los desastres naturales se triplicaron en los últimos 30 años y las pérdidas económicas asociadas se quintuplicaron. La destrucción causada por los huracanes Irma y María en 2017 produjo pérdidas equivalentes al 250% del Producto Interno Bruto (PIB) en países como Dominica (https://www.cepal.org/es).

Adicionalmente, en el terreno financiero internacional, entre los efectos inesperados del cambio climático se encuentra la actitud nefasta de las agencias calificadoras dedicadas a evaluar los riesgos de inversiones. Las mismas consideran que la vulnerabilidad climática es un criterio para rebajar la calificación de seguridad y beneficio. Lo que produce, según la CEPAL, consecuencias gravísimas porque aumenta, injustamente, el costo de la deuda soberana y el pago de intereses para aquellos países en desarrollo altamente vulnerables ante el cambio climático. Según el organismo continental, esto agrava, por ejemplo, las capacidades del Caribe, de Argentina y de Ecuador los cuales ya tienen una “carga muy pesada por los altos niveles de deuda enraizada en los shocks externos agravados por el impacto de los desastres y las debilidades estructurales, sociales y económicas”.

La protesta se consolida

América Latina y el Caribe se confrontan con un laberinto casi sin salida. A pesar de ser responsables solamente del 8.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pagan uno de los precios más altos por el deterioro climático global. Y lo pagan con su vulnerabilidad cotidiana, que incluye la fragilidad de sus sistemas de prevención de riesgos.

Realidad planetaria compleja, donde la descripción fáctica del drama climático esconde, muchas veces, los diferentes niveles de responsabilidad por continentes, regiones y países, así como por sectores de actividades y formas y lógicas de producción. De ahí que sean cada vez más potentes las voces sociales que se escuchan a lo largo y a lo ancho del mundo entero, especialmente las juveniles, que no se contentan de constatar la crisis climática mundial. Y que exigen que se hable también de la necesidad de una verdadera justicia climática planetaria.

Fuente: https://rebelion.org/latinoamerica-en-brasas/
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