Author: Sergio Ferrari

Page 2 of 10
1 2 3 4 … 10

Perú – Lourdes Huanca, dirigente campesina y feminista: «No vamos a abandonar la resistencia»

Sergio Ferrari

Lourdes Huanca, dirigente campesina y feminista: «No vamos a abandonar la resistencia»

Sergio Ferrari

Desde hace casi dos meses se protagonizan en Perú constantes manifestaciones y la indignación popular no se debilita. Luego de los sucesos del 7 de diciembre pasado, con la detención del hasta entonces presidente Pedro Castillo, y su posterior substitución por la vicepresidenta Dina Boluarte, el país sudamericano parece ingobernable. El muy fragilizado poder ejecutivo no controla la situación interna y la protesta ciudadana sostiene reivindicaciones muy precisas.

“Exigimos la destitución de Dina Boluarte; la libertad del presidente Castillo; el cierre del Congreso; la instalación de una Asamblea Constituyente; que se levante el estado de emergencia y que se haga justicia para los más de 60 héroes de nuestro pueblo asesinados en estas últimas semanas”. Con voz enérgica, Lourdes Huanca, dirigente campesina y feminista peruana –tal como se define en su presentación– resume las exigencias que enarbolan importantes sectores sociales de su país.

Huanca llegó a mitad de enero a Europa para informar sobre la situación peruana. En Bruselas, tuvo diversos contactos con diputados europeos. En Madrid, encuentros con referentes políticos y sociales de primer nivel. En Suiza, con idas y vueltas de Ginebra (Naciones Unidas) a Berna, para encontrarse con personalidades internacionales, parlamentarios helvéticos y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. En Berlín, nuevos contactos con personalidades.

Su gira europea continúa en lo que parece una maratón infatigable.  Junto con su agenda “oficial”, siempre, la otra, no menos importante para Huanca: intercambios con asociaciones, sindicatos, ONG y medios de prensa. Así como plantones, movilizaciones e incontables encuentros con los actores y las actoras del movimiento de solidaridad.

Durante su presencia en Europa nunca se la ve sola: siempre arropada por latinoamericanas-os y europeas-os solidarias-os, que sin distinción de nacionalidad afirman que, hoy, “todas y todos somos peruanos”. Y Huanca precisa: no se debe parar con la solidaridad; no hay que resignar la presión internacional; es importante informar, permanentemente, sobre los hechos; movilizarse; escribir cartas a las autoridades y promover comisiones internacionales de investigación y encuesta que viajen rápidamente a Perú para comprobar las violaciones constantes de los derechos humanos.

Todo esto en un contexto muy particular: desde años no se vivía en esta parte del continente una movilización tan activa de la comunidad latinoamericana (y sectores europeos progresistas) asociándose, a la distancia, a la resistencia popular que se protagoniza en un país de América Latina.

“Nuestros pueblos originarios, nosotras, constatamos que tenemos hermanas y hermanos en todo el mundo. Puedo estar en Europa gracias al apoyo de esa hermandad. Nunca hubiera podido venir aquí si no fuera por ese sostén solidario”, explica la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), que cuenta con 160 mil mujeres afiliadas.

Campesinas y feministas

“Organización pujante”, según su presidenta, que hoy cosecha lo que viene construyendo desde el día que se fundó, en 2006. Huanca agrega que, al poco tiempo de su existencia organizativa, “nos integramos a la CLOC- Vía Campesina”, un paso esencial por lo que dicha organización representa para el movimiento campesino mundial.

La FEMUCARINAP, explica Huanca, promueve dos tareas principales: el empoderamiento de la mujer a partir de la defensa y el respeto de su cuerpo como territorio propio, y su empoderamiento socio-político y cultural en tanto que campesina y feminista. Todo esto, sin olvidar la lucha por la soberanía alimentaria, es decir, para proteger la tierra, el agua así como las semillas propias.

La dirigente campesina peruana continúa su reflexión: “nuestras madres, nuestras abuelas, nos enseñaron todo lo de la tierra, a sembrar, a sobrevivir en el campo.  Pero no nos pudieron enseñar cómo ser felices, a decidir si queremos tener uno o dos hijos, el derecho a enamorarnos. Eso, tan esencial, lo aprendimos de las feministas”. Y por eso, nuestra “esencia campesina y feminista van de la mano, son inseparables”. De esa misma identidad nace la convicción de FEMUCARINAP de participar activamente en la vida política y social peruanas. En la primera vuelta electoral de abril 2021, Huanca aclara que votaron por Verónika Mendoza, y que, en el segundo turno, en junio del mismo año, eligieron a Pedro Castillo, un maestro rural, y campesino, como ellas, que se enfrentó ya entonces a la derechista Keiko Fujimori, hija del dictador.

“Nos abrió las puertas”

Tan pronto como Castillo asumió como presidente, “nos abrió las puertas de su despacho para escuchar nuestras demandas y propuestas”, señala Huanca. “Era sorprendente: le escribíamos un mensaje por el celular diciendo que teníamos que hablar con él, y al instante nos respondía que coordináramos con su jefe de gabinete para organizar la reunión”. Una relación directa, horizontal, de enorme respeto hacia “los de abajo».

“No lo podíamos creer”, recuerda con emoción la dirigente campesina, a quien Castillo incluso le pidió que asumiera como ministra de la Mujer, propuesta que rechazó “porque quería seguir organizando y movilizando en las calles contra la derecha y, además, porque no quería ponerme mordazas si asumía una tarea ministerial. Mi rol era desde el llano. No quería renunciar a mis principios”.

El periodo de Castillo en el gobierno abrió un proceso muy rico y muy bueno que       “nos permitió avanzar con muchas propuestas y logros concretos”, entre los cuales se cuenta el apoyo para las mujeres campesinas en el marco de la segunda reforma agraria y el ingreso gratuito a las universidades de las hijas y los hijos del campesinado pobre. Según Huanca, su organización promovió y apoyó más 54 propuestas de ley para asegurar mejoras sociales, las que contaron con el apoyo del presidente, pero que en su mayoría fueron obstaculizadas y archivadas en el parlamento.

Por otra parte, prosigue Huanca, la derecha y las grandes transnacionales se salieron de sí cuando el presidente Castillo anunció que tenía la intención de revisar las concesiones petroleras y mineras –algunas de las cuales terminan en 2023– teniendo en cuenta si habían respetado o no los derechos humanos y ambientales de las poblaciones locales. “Eso les enfureció. Nosotros, los pueblos originarios, podemos probar que, en muchos lugares de Perú, hoy la Madre Tierra está muy enferma, nuestras comunidades padecen a causa de esa explotación y nuestros hijos están enfermos, e incluso muchos tienen plomo en su sangre”, explicó Huanca.

Quien resume las muchas trabas a la gobernabilidad que debió enfrentar la gestión del presidente Castillo: En todo ese año y medio, la derecha y el poder oligárquico tradicional no lo dejó gobernar; hubo varios intentos para licenciarlo (suspenderlo) por supuesta incapacidad; lo subestimaron, lo minimizaron constantemente… “Y cada ataque que él sufría lo sentíamos en carne propia, era como que también nos agredían a nosotras».

Resistencia en la calle

A la luz de la larga historia de lucha que los movimientos sociales viven desde décadas y durante la presidencia de Castillo, “¿cómo no íbamos a salir a las calles cuando lo secuestraron y lo detuvieron el 7 de diciembre?”, se interroga la referente feminista. Tras el ataque y detención del presidente se dio la traición de su vicepresidenta, Dina Boluarte, a quien “habíamos elegido en la misma fórmula, con nuestros votos”, explica Huanca. Y enfatiza: “muchas veces nos había dicho que, si tocaban al presidente, ella [Boluarte] se sumaría al pueblo para movilizarse y defenderlo, pero no fue así. Se pasó al otro lado, se fue con la derecha. Pura traición. Hoy tiene un discurso de diálogo y de pacificación, pero manda asesinar a nuestros hijos”.

“Imposible, por lo tanto, ir a dialogar con alguien que está masacrando al pueblo”, argumenta la líder campesina. La pausa, la voz entrecortada por la emoción, así como alguna lágrima y la realidad que tiene ya rostro de sentencia: “Son más de 60 las mujeres y los hombres asesinados en distintas partes del país, la mayoría, jóvenes, producto de la represión brutal que no cesa y aumenta cada día más. Si quieren masacrarnos que lo intenten… Encontrarán enfrente todo un pueblo con pecho abierto que no va a dejar de movilizarse hasta que logre justicia y asegure que sus reivindicaciones sean escuchadas.

“¿Frenar ahora nuestra resistencia? Inimaginable”, concluye Huanca. “Le estaríamos heredando el dolor a nuestros hijos y nietos, que seguirían sufriendo porque nosotras, hoy, habríamos renunciado a nuestra lucha”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/no-vamos-a-abandonar-la-resistencia-lourdes-huanca-dirigente-campesina-y-feminista/

 

Comparte este contenido:
Leer más »

Las multinacionales imponen su ley a América Latina

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Miles de millones de dólares en pérdidas para los Estados

Las multinacionales no dan tregua a América Latina y el Caribe. Y cuando ciertos países osan cuestionarlas, el imperio de la ley internacional –elaborada a su medida– les cae encima.

En los últimos 30 años, cada día fue aumentando más la presión de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de los mismos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad.

En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario público. Según el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, esa cifra representa un tercio más que las pérdidas por causa del impacto de las catástrofes climáticas en el continente entre 1970 y 2021.

Según el reciente informe elaborado por Bettina Müller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigadoras del TNI, que acaba de publicarse la última semana de agosto — y que contiene datos actualizados al 31 de diciembre del 2021– Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los países que han soportado una mayor presión jurídica en estas últimas tres décadas (https://www.tni.org/es/publicacion/isds-en-numeros-Estados-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe).

Instrumento neoliberal y de dependencia

Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), son los instrumentos que permiten tramitar estas demandas. Son acuerdos entre dos países que tienen como objetivo proteger la seguridad jurídica de los inversores.

Como lo explica la organización española Ecologistas en Acción, suelen incluir una serie de disposiciones estándar siempre favorables a las transnacionales y que impiden, por ejemplo, las expropiaciones directas o indirectas de las empresas. Rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.

Sin duda, la disposición más perniciosa es la relativa a la Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cumplido con una u otra cláusula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho país y denunciarlo ante tribunales internacionales.

Estas instancias, a las que suelen recurrir las grandes empresas, son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es el más solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o bien la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM). Las mismas pueden dictar sentencias de indemnizaciones a favor de los inversores afectados, que en la mayoría de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que el inversor calcula que ha dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el país demandado y que el acusador considera lesiva a sus intereses (https://www.ecologistasenaccion.org/27101/tratados-bilaterales-de-inversiones/).

Estos acuerdos, calificados por la organización ecologista española como “una herramienta fundamental para la globalización liberal”, se benefician de tres elementos que hacen a su propia esencia. Los enunciados sumamente vagos de la mayoría de estos instrumentos jurídicos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo. Los métodos opacos y para nada transparentes utilizados para resolver los procesos que serán resueltos, a la postre, por árbitros internacionales. Y finalmente, como señala Ecologistas en Acción, “la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE”, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no aceptan la situación inversa, es decir, cuando se trata de inversores que incumplen cualquier parte del acuerdo (o cuando violan los derechos humanos).”

El sitio web ISDS Impactos, que retoma la investigación del TNI, explica, por su parte que «el sistema de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) está incluido en miles de tratados internacionales”. Y precisa que es el mecanismo que le permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que los cambios introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los concebidos para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus ganancias (https://isds-americalatina.org/).

Las transnacionales, aves de rapiña

Según el informe del TNI, en los últimos 30 años, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribeños representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continente, la gran mayoría (86,8% de los casos) fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presentadas ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial ( https://icsid.worldbank.org/es/acerca). Los resultados hablan por sí mismo: las empresas le han ganado a los Estados en el 62% de los casos resueltos, sea por haber obtenido un laudo favorable o por haberse beneficiado de un acuerdo de partes.

23 de los 42 países de América Latina y el Caribe ya han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular saña se expresa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); México (38); Perú (31) y Ecuador (25). Este mecanismo de enjuiciar a los Estados del continente se intensificó en particular entre 2011 y 2021, período en el cual de 91 demandas se pasó a 180, duplicando el total de los juicios. Los mismos, corresponden mayoritariamente a multinacionales que operan en los sectores de la minería y la extracción de gas y petróleo.  Pero también tocan de forma significativa a empresas que lucran con el gas y la electricidad, así como la manufactura.

Argentina, que contabiliza un 87% de sus juicios perdidos, es el país del continente que sufrió más derrotas ante ese tipo de tribunales. Y tiene el récord de lo que pagó en una sola causa: los 5.000 millones de dólares transferidos a la empresa española Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas perdidas le significan al país sudamericano 9.222 millones de dólares que debió pagar a los inversores.

Venezuela, la segunda nación más sancionada del continente por los tribunales internacionales, contabiliza el 64% de demandas en su contra con decisión desfavorable. Tiene a su haber el laudo más costoso del continente. En 2019 el Tribunal del CIADI le ordenó pagar 8.366 millones de dólares a la transnacional Conoco Phillips.

ConocoPhillips se une a la minería de Bitcoin - Cryptorobin.es

En términos monetarios concretos, los Estados casi siempre resultan ser los grandes perdedores, constata el Transnational Institute en su reciente informe. “Las demandas le cuestan millones de dólares en gastos de defensa (jurídica) y de proceso”.  Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a favor de los Estados, es normal que estos deban desembolsar millones de dólares para contratar firmas de abogados –para su defensa–, las que pueden cobrar hasta 1.000 dólares por hora de asesoramiento. Caso emblemático, el de Ecuador, que hasta 2013 llevaba gastados 155 millones de dólares para garantizar su defensa jurídica y para pagar los gastos producto del arbitraje.

Las sumas reclamadas por las empresas desde 1996 — según el detallado informe de la ONG con sede en la capital de los Países Bajos–, ascienden a 240.733 millones de dólares. Sin embargo, en 68 de las 327 demandas no se conocen los montos exigidos, por lo que esta cifra es significativamente mayor. Los tribunales han condenado a las naciones del continente latinoamericano a pagar, hasta ahora, 33.638 millones de dólares.

Según cálculos de las Naciones Unidas, con ese dinero, se podría resolver el drama de la extrema pobreza en 16 de las naciones del continente. “A su vez. Este monto representa más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores de 2020) y representa un tercio más que el total de las pérdidas que soportó la región entre 1971 y 2021 debido a las catástrofes climáticas”, explica el TNI.
En cuanto a las demandas pendientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) le podría significar pérdidas adicionales por 49.626 millones de dólares a América Latina y el Caribe.

Realidad tan contundente como dramática de un combate desigual institucionalizado como verdad única y universal. Como si en el ring, dos actores (un boxeador y el árbitro) se pelearan, juntos, contra el otro boxeador, vapuleado por los golpes a que recibe a cuatro manos.

Comparte este contenido:
Leer más »

Mundo: Una infancia doblemente condenada

Sergio Ferrari

Una infancia doblemente condenada

Sergio Ferrari
Fuentes: Rebelión [Foto: Comite Español de ACNUR]

A este ritmo de consumo se necesitarían tres planetas Tierra

Aunque algunos de los países más poderosos sobreprotegen a su infancia, son, al mismo tiempo, responsables de políticas con consecuencias nefastas para miles de niños y niñas de los países “pobres”. En este marco de desproporcionalidad planetaria, el trabajo infantil, que involucra a más de 160.000.000 de niñas y niños en el mundo, constituye otra señal de alarma en todos los continentes.

El 24 de mayo, UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) presentó el informe Report Card: Lugares y Espacios, elaborado por su Oficina de Investigación Innocenti, de Florencia, Italia. Dicho estudio analiza y compara la creación de entornos saludables para la infancia en 43 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea (UE) (https://www.unicef-irc.org/publications/1423-rc17-resumen-lugares-y-espacios-entornos-y-bienestar-infantil.html).

Doble moral del mundo desarrollado

Este informe emplea muy diversos indicadores: la exposición a contaminantes nocivos, el aire tóxico, el empleo de plaguicidas, la humedad y el plomo. También evalúa el acceso a la luz, los espacios verdes y las carreteras seguras. Junto con todos estos parámetros, Innocenti incorpora el impacto de estos países en la crisis climática global, en el consumo de recursos y el desecho de residuos electrónicos.

El resultado es preocupante, ya que prácticamente ninguna de las naciones evaluadas logra proporcionar un entorno que respete todos los indicadores de referencia.

Aún más: el impacto de algunos de los países más ricos sobre el medio ambiente mundial, como Australia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, es grave cuando se consideran las emisiones de CO2 y los residuos electrónicos que producen, así como el consumo general de recursos per cápita.

Estos cuatro países ocupan también una posición para nada destacada en la creación de entornos saludables para los niños y niñas dentro de sus fronteras. Las cifras son sorprendentes. Más de 20 millones de menores de los países evaluados presentan en la sangre niveles elevados de plomo, una de las sustancias tóxicas ambientales más peligrosas.

Finlandia, Islandia y Noruega se ubican en puestos de cabecera entre los que aseguran un medio ambiente saludable para sus niños y niñas; paradójicamente, figuran entre los más contaminantes, generando altos índices de emisiones, residuos electrónicos y consumo.

En Islandia, Letonia, Portugal y el Reino Unido, 1 de cada 5 niños y niñas está expuesto a altos índices de humedad e incluso moho en sus viviendas, mientras que en Chipre, Hungría y Turquía padecen este problema 1 de cada 4.

Muchos menores respiran aire tóxico tanto fuera como dentro de sus casas. México, uno de los tres miembros latinoamericanos de las OCDE junto con Costa Rica, Brasil y Colombia, es uno de los países con mayor número de años de vida saludable perdidos a causa de la contaminación atmosférica: 3,7 años por cada 1.000 niños. En el otro extremo de la pirámide, Finlandia y Japón registran los datos más bajos, con 0,2 años.

En cuanto a la contaminación causada por plaguicidas, en Bélgica, Israel, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suiza, 1 de cada 12 niños están expuestos a esos tóxicos. Este tipo de contaminación se relaciona con el cáncer, incluida la leucemia infantil, y además puede dañar los sistemas nervioso, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, sanguíneo e inmunológico de la infancia.

Se agota la Tierra

El uso desproporcionado de recursos para una producción y un consumo descontrolados aparece como elemento clave del Report Card. Si todos los habitantes del mundo consumieran al mismo nivel que los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y de la Unión Europea, según este estudio se necesitaría el equivalente a 3,3 planetas Tierra. Y si todo el mundo explotara los recursos naturales al ritmo que lo hacen los habitantes de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos, se necesitarían por lo menos, cinco planetas.

En cuanto a la “crisis” de la infancia, el informe de UNICEF publicado la última semana de mayo llama a los gobiernos a mejorar el entorno de la misma, en particular, de los sectores más vulnerables. “Los niños y niñas de las familias pobres tienden a estar más expuestos a los daños ambientales que los de las familias más ricas”, subraya el organismo internacional. En consecuencia, propone actuar de forma responsable y con visión de futuro: “Ellos van a ser quienes se enfrenten a los problemas medioambientales actuales durante más tiempo; pero también son los que menos pueden influir (hoy) en el curso de los acontecimientos”.

Un ejemplo a no imitar

Suiza, con apenas 8 millones de habitantes –y solo 41.000 kilómetros cuadrados– sale muy mal parada en el informe debido a su consumo insostenible. En efecto, ocupa el puesto 33 y está casi en la cola de la clasificación de los países evaluados.

El ciudadano helvético medio genera 708 kilogramos de residuos por año y el país ocupa el sexto lugar entre los que más basura producen. México oscila en unos 400 kilos anuales per cápita; España, 442 kilos, y Alemania más de 600 kilos. Estados Unidos, uno de los primeros en la escala internacional, contabiliza 770 kg de desechos anuales per cápita.

Por otra parte, la nación alpina tiene uno de los valores más altos de emisiones de CO2, ocupando el séptimo lugar en el mundo. Como media, una persona en Suiza produce 13,5 toneladas de CO2 por año. La Confederación Helvética es, además, el tercer país productor de residuos electrónicos: cada habitante genera, anualmente, 23,4 kg de desechos de ese tipo. En su descargo, hay que mencionar que realizó progresos en materia de contaminación atmosférica y desde 1990 ha estado reduciendo los valores de partículas finas PM2,5 a casi la mitad, pasando de 18,3 a 10, lo que le ha permitido mejorar los índices de contaminación urbana.

El trabajo infantil inhumano

El 20 de mayo, apenas cuatro días antes de conocerse el Report Card de UNICEF, finalizó en Durban, Sudáfrica, la 5ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la OIT, 160.000.000 de niñas y niños trabajan actualmente en el mundo, de los cuales cerca de 80 millones realizan una actividad laboral que puede considerarse peligrosa. En los últimos cuatro años, y en parte como efecto de la pandemia, el número de niños y niñas trabajadores aumentó más de 8.000.000. El mayor incremento se dio entre los de cinco a once años de edad, quienes representan más de la mitad de la totalidad de los casos de trabajo infantil.

El sector agrícola representa el 70% del trabajo infantil (112.000.000), seguido por el rubro de servicios, con un 20% (31.400.000) y la industria, con un 10% por ciento (16.500.000). El trabajo infantil es más frecuente entre los varones, independientemente de la edad. Si se tienen en cuenta las tareas domésticas realizadas durante 21 horas o más por semana, la brecha de género se reduce. En cuanto a su incidencia geográfica, es casi tres veces más frecuente en zonas rurales (14%) que en centros urbanos (5%).

Según las conclusiones de la Conferencia de Durban, los niños y las niñas que trabajan corren el riesgo de padecer daños físicos y mentales y ven más amenazado su acceso a la escuela. Casi el 28% de cinco a once años de edad y el 35% de 12 a 14 de edad no concurren a la escuela. Esta situación “restringe sus derechos, limita sus oportunidades en el futuro, y da lugar a círculos viciosos intergeneracionales de pobreza y más trabajo infantil”, explica la OIT.

El evento sudafricano propuso, como antídoto contra este flagelo, fomentar una protección social adecuada para todas las personas con prestaciones universales por hijos e hijas, aumentar los recursos para una educación gratuita y de calidad y estimular y facilitar el regreso de los menores a la escuela, incluso el de aquellos que estaban fuera del sistema escolar ya antes de la pandemia del COVID-19.

El organismo internacional también recomendó promover el trabajo decente para los adultos, con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir más a la ayuda de sus hijos para generar los ingresos necesarios. E invertir en sistemas de protección de la infancia, el desarrollo del sector agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y medios de subsistencia.

Millones de niñas y niños que trabajan. Muchas veces en condiciones de extremo riesgo por tratarse de actividades peligrosas, como la minería en socavones o la producción textil en talleres que son verdaderos escondrijos insalubres. Generalmente, sin poder asistir a una escuela ni ejercer su legítimo derecho a jugar. Al mismo tiempo, millones de niños y niñas, así como adolescentes en todo el planeta sin distinción de hemisferios que sufren las consecuencias nefastas de la crisis ambiental producida, en gran medida, por las naciones desarrolladas. Un modelo intrincado de producción y despilfarro repleto de víctimas infantiles. Un presente que niega el futuro.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/una-infancia-doblemente-condenada/

Comparte este contenido:
Leer más »

El planeta en llamas

Sergio Ferrari

Por Sergio Ferrari

El Ártico se derrite aceleradamente

No por conocido deja de ser menos dramático. El planeta se quema y los plazos “infernales” se acortan día a día ante la indiferencia real de los que detentan el poder.

La segunda semana de abril, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con sede en Ginebra, informó que existe un 50% de probabilidad de que en alguno de los próximos cinco años la temperatura media del planeta supere en 1,5°C los índices preindustriales (1850-1900).

De concretarse, este aumento de temperatura marcaría así un punto de calentamiento global de no retorno y una bofetada al Acuerdo de París del 12 de diciembre del 2015, que entró en vigencia en noviembre de 2016.

La OMM constituye el organismo especializado de las Naciones Unidas que se dedica a la cooperación y la coordinación internacionales en lo referente al estado y el comportamiento de la atmósfera, su interacción con la tierra y los océanos, el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente distribución de los recursos hídricos (https://public.wmo.int/es/nuestro-mandato/qu%C3%A9-hacemos).

Según el comunicado de la OMM del 9 de mayo, existe un 93% de probabilidad de que al menos uno de los años del período comprendido entre 2022 y 2026 se convierta en el más cálido jamás registrado, desplazando así a 2016 del primer puesto.

En su informe sobre el Estado del Clima Mundial en 2021, a publicarse la tercera semana de mayo, la OMM profundiza el balance del año pasado. Según la OMM, los episodios consecutivos del fenómeno de La Niña a inicio y a fines de 2021, causaron una reducción de las temperaturas mundiales. Sin embargo, este efecto de enfriamiento global es solo provisional y no invierte la tendencia de calentamiento planetario a largo plazo. Por otra parte, si este año ocurriera otro episodio de El Niño, el mismo provocaría un repunte inmediato de las temperaturas, como ya ocurrió en 2016.

Previsiones más que seguras

La afirmación del organismo de las Naciones Unidas especializado en el clima se fundamenta en las conclusiones del Boletín sobre el clima mundial anual a decenal (Global Annual to Decadal Climate Update, https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/ ), elaborado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, centro de referencia de la OMM para este tipo de proyecciones sobre la temperatura mundial. Esa Oficina Meteorológica también prevé en más del 90% la probabilidad de que la media de la temperatura del quinquenio 2022-2026 supere a la del periodo 2017-2021.

Participaron en la elaboración de este informe, además, grupos de predicción climática de España, Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Japón, Australia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Ese cruce de pronósticos elaborados por entidades especializadas de diferentes regiones del mundo permite llegar a cálculos más precisos. Por otra parte, dicha colaboración multinacional se ve acompañada (y en cierta forma certificada) por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (https://council.science/es/what-we-do/affiliated-bodies/world-climate-research-programme/), que se autodefine como “la única iniciativa de más larga duración dedicada exclusivamente a la coordinación de la investigación climática internacional”. De hecho, se trata de un programa que reúne a climatólogos de renombre internacional y que utiliza los mejores sistemas de predicción de centros climáticos de vanguardia en el mundo.

Este Boletín indica que para cada año entre 2022 y 2026, se prevé que la temperatura media anual en superficie será de alrededor de entre 1,1°C y 1,7°C superior a los niveles preindustriales.

Empeoramiento acelerado

En 2015, la probabilidad de que en algún momento puntual el calentamiento global superara en 1,5°C los niveles preindustriales era casi nula, pero desde entonces no ha dejado de aumentar. Mientras que para el período 2017 a 2021 la probabilidad de superación del umbral indicado fue del 10%, para el período de 2022 a 2026 se ha incrementado casi en un 50%.

En la misma línea, en abril pasado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) señaló a través de un comunicado emitido en Ginebra que “los próximos años son críticos”. “Si queremos limitar el calentamiento global a 1,5°C, agregó, este es el momento; es ahora o nunca…Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores, será imposible”.

Según el análisis de esos especialistas, los escenarios que se evalúan para limitar el calentamiento a aproximadamente 1,5°C, implican “que las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global alcancen su punto máximo antes de 2025, a más tardar”, y se reduzcan en un 43%, en 2030. Aunque esto suceda, sostienen, es casi inevitable que se supere temporalmente este umbral de temperatura, “pero podríamos volver a situarnos por debajo de él a finales de siglo”.

Esas evaluaciones son parte del Resumen para responsables de políticas del Grupo de Trabajo III del IPCC: Cambio climático 2022: mitigación del cambio climático, aprobado el 4 de abril de 2022 por sus 195 Estados Miembros, en una reunión virtual de dos semanas. El informe constituye la tercera entrega del Sexto Informe de Evaluación (IE6) del IPCC, que se completará a fines de 2022 (https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_PressRelease-Spanish.pdf).

Sin embargo, y aunque la información esencial no falta, las decisiones que toman los gobiernos siguen siendo tímidas e incongruentes, como se comprobó una vez más, por ejemplo, en la última Cumbre de la COP 26 de las Naciones Unidas, en Escocia, en noviembre del año pasado. Los Estados, especialmente los más poderosos (que son los más contaminantes) no dan los pasos suficientes para destrabar el drama ya explosivo del calentamiento global. Un cambio de fondo de paradigma climático los obligaría a confrontarse con la esencia mismo del sistema hegemónico mundial de producción y con el dilema, no menos esencial, de crecimiento versus decrecimiento.

Meteorólogos preocupados

Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, al comentar sobre las preocupantes proyecciones que se dieron a conocer esta semana, fue categórico: “Estamos, notablemente, más cerca de rebasar de forma transitoria el límite inferior del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”. Y agregó que “este umbral de 1,5°C no es una cifra aleatoria, sino que indica el punto en el que los efectos del clima serán cada vez más perjudiciales no solo para las personas, sino para todo el planeta».

El Acuerdo de París establece objetivos a largo plazo para ayudar a las naciones a reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta y así mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de 2°C, al tiempo que se prosigue con los esfuerzos máximos para limitar ese incremento a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales.

Si no cesan las emisiones de gases de efecto invernadero, “las temperaturas seguirán aumentando”, subrayó Taalas. En paralelo, los océanos continuarán calentándose y se volverán más ácidos; el hielo marino y los glaciares seguirán derritiéndose; el nivel del mar subirá y las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas.

Por su parte Leon Hermanson, experto de la Oficina Meteorológica del Reino Unido que elaboró el Boletín, aseguró que, si bien en un año determinado se superara ese valor de 1,5°C, no significaría que se hubiera rebasado el umbral simbólico del Acuerdo de París, aunque “sí evidenciaría que nos estamos acercando cada vez más a una situación en la que el límite de 1,5°C se podría sobrepasar durante un lapso de tiempo prolongado».

Según diversos estudios científicos, el calentamiento global se siente de forma particularmente desmesurada en el Ártico. Teniendo en cuenta las proyecciones correspondientes a los próximos cinco inviernos prolongados del hemisferio norte, el Boletín que acaba de publicar la OMM prevé que el aumento de la temperatura en el Ártico podría ser más del triple que el de la media mundial registrada entre1991 y 2020.

Por otra parte, el régimen pluvial previsto para 2022 sugiere una mayor probabilidad de condiciones más secas en el suroeste de Europa y el suroeste de América del Norte, y una mayor pluviosidad en el norte de Europa, el Sahel, el noreste de Brasil y Australia.

El planeta arde. Enfriarlo sería solo una cuestión de voluntad política consensuada a nivel mundial. Misión tan difícil como la misma modificación del rumbo productivo imperante. La consigna que prima parece ser “nada nuevo bajo el sol y sigamos jugando con el fuego”.

Comparte este contenido:
Leer más »

La huelga sigue siendo una potente arma sindical

Sergio Ferrari

Con más de 26 meses de duración, la huelga de las y los periodistas de la agencia mexicana de información Notimex es uno de los conflictos más largos de la historia sindical contemporánea de América Latina.

Se inició el 21 de febrero del 2020 y continúa. La lanzó SutNotimex (https://sutnotimex.com.mx/), el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que cuenta con el apoyo activo del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, organización afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con sede en Bruselas, Bélgica.

Para esa fecha Notimex había despedido a 245 de sus 327 colaboradores. La principal reivindicación de la huelga sigue siendo la restitución del personal cesanteado y el pleno respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.

Desde entonces, el servicio informativo “clásico” de Notimex está suspendido. La agencia reemplazó a una parte de los despedidos y recurrió a otros canales y medios sociales para tratar de mitigar el impacto de la huelga en su oferta informativa cotidiana.

SutNotimex contabiliza en la actualidad un centenar de miembros, el 90% son mujeres. “Hemos vivido dos años y dos meses muy complejos. Sin salarios y sin prestaciones sociales”, explica a este corresponsal Adriana Urrea, joven periodista y secretaria general de dicho sindicato. Urrea participó en la última semana de abril en el 4to. encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha que se realizó en Dijon, Francia.

La huelga sigue siendo una potente arma sindical
Adriana Urrea en la manifestación del Primero de Mayo

Aunque el Ministerio del Trabajo reconoció la legalidad de “nuestra medida de fuerza”, comenta Urrea, “hemos sufrido muchas presiones. Sectores del gobierno y ciertos medios de comunicación cercanos al poder nos han tratado de criminalizar. Esgrimen que nuestro movimiento no es legítimo”. Sin embargo, enfatiza, “hemos revertido estas acusaciones y ese intento de criminalizar nuestra lucha. Hemos modificado esa situación desfavorable, ganando una credibilidad social que no contábamos en 2020 cuando nos lanzamos a la huelga”.

Urrea ha sido acusada, a través de tres diferentes procesos judiciales, de corrupción y desvío de recursos públicos durante sus viajes de servicio en sus funciones de reportera, antes del conflicto. Fue declarada inocente en dos de los tres juicios por falta de mérito. Un tercer fallo, de abril del año en curso, la sanciona por no haber presentado comprobantes de gastos por la irrisoria suma de 120 dólares. “Es un burdo pretexto para desprestigiar nuestra lucha. Mis abogados tienen todas las pruebas en las manos y van a recurrir esta nueva embestida jurídica”, argumenta.

La acción legal tiene un objetivo claro: desprestigiar a la dirigente sindical. Algo totalmente coherente con la actitud de la dirección de Notimex, que ya en junio de 2021 propuso resolver el conflicto y respetar los salarios caídos con la única condición de que Adriana Urrea no regresara a su puesto de trabajo. “Las afiliadas y afiliados no aceptaron esta propuesta. Rechazaron la falta de respeto de la empresa tanto a la libertad sindical como a la persona que les representa”, explica la dirigente.

Al momento del balance de este conflicto siempre en marcha, la dirigente subraya con emoción la presencia mayoritaria de mujeres. “Protagonizamos una lucha larguísima con compañeras que no aceptan levantar la huelga porque sienten que sería una claudicación”. Y que se juegan por el sindicato que recuperaron de las manos de una burocracia inoperante y que lograron reconstruir.

Urrea reivindica también la enorme legitimidad nacional e internacional: “Amplios sectores gremiales y de la sociedad civil mexicana hoy nos apoyan activamente, nos reconocen y adhieren a nuestras demandas. Al igual que organizaciones del mundo entero. Esta es ya una gran victoria de nuestro combate sindical”.

Otra lucha, las mismas armas

A casi 4.500 kilómetros al sur de México, en diciembre pasado estalló un frontal conflicto sindical en pleno corazón del Perú andino. Sus protagonistas: los trabajadores de la mina de Andaychagua, en el departamento de Junín (44 mil kilómetros cuadrados). Exigen a la Volcan Compañía Minera, propiedad de la multinacional suiza Glencore, la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo.

A pesar de que las autoridades peruanas ya habían reconocido la legitimidad de las demandas sindicales, ante el rechazo empresarial de negociar dicho acuerdo, el 20 de diciembre del año pasado el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua convocó a la huelga. Luego de más de 60 días de conflicto, el Gobierno peruano exigió a la filial de Glencore que se sentara a negociar. La empresa rechazó la decisión oficial y optó por apelar ante la justicia, recurriendo a diversos pretextos formales.

“Una de las posibles causas de fondo por la cual la Volcan no aceptaría la negociación es la decisión del sindicato de ampliar el ámbito de afiliación a los trabajadores tercerizados”, explica en entrevista exclusiva Gianina Echevarría, asesora sindical y miembro de Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), institución especializada en la problemática laboral en Perú y América Latina (http://www.plades.org.pe/).

La mina de Andaychagua, que se dedica especialmente a la extracción de plata y zinc, cuenta con aproximadamente 400 trabajadores directos (de planta) incluyendo el staff administrativo. Otros 1.100 son trabajadores de empresas subsidiarias o contratistas de la Volcan, por lo cual no gozan de los mismos derechos que los trabajadores directos. Sus contratos temporales pueden no ser renovados sin obligar a la Volcan a pagar indemnizaciones y derechos sociales.

Echevarría visitó recientemente Suiza invitada por organizaciones helvéticas para la celebración del 1 de mayo y para participar en varios eventos informativos sobre la situación sindical en su país.  “Otro nivel de tensión, detonante de la huelga”, explica, “fue la oposición de la patronal de Volcan a firmar una Convención Colectiva con el sindicato. Éste propuso en julio de 2021 un pliego de peticiones que la filial de la Glencore rechazó negociar”.

Según esta asesora sindical, que representa también en Perú a la organización CNV Internacional –de los Países Bajos–, “las condiciones de trabajo de los trabajadores tercerizados son, muchas veces, peores que las de los empleados directos”. Laboran a cientos de metros bajo tierra, en espacios mal ventilados, con temperaturas muy altas y sin equipos de seguridad adecuados.

Desde el comienzo de la pandemia, la situación de los mineros se deterioró aún más. Esta situación impulsó al sindicado en su reunión de diciembre de 2020 a modificar sus estatutos, con el fin de autorizar la afiliación de sus colegas tercerizados. La oficina regional de trabajo aprobó este cambio, pero la filial de Glencore presentó un recurso para invalidarlo. Las autoridades rechazaron dicho recurso. La empresa entonces tomó represalias contra el sindicato y multiplicó los obstáculos jurídicos formales para no negociar con su contraparte sindical.

El respeto a los convenios y a la negociación colectiva es un derecho universal reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y un instrumento esencial para los trabajadores. Sin embargo, dicho derecho produce irritación en amplios sectores patronales. La huelga sigue siendo en algunos países latinoamericanos, un arma esencial del combate sindical.

Miles de trabajadores recurren a esta medida de lucha. Paros que exigen grandes sacrificios personales de parte de sus protagonistas. Sin embargo, estas-os ven que sus reivindicaciones y luchas gozan de buena salud, recogen un apoyo social significativo y, muchas veces, incluso, su compromiso ejemplar despierta y moviliza a la solidaridad internacional.

*Artículo en homenaje a Victorio Paulón, amigo-hermano, compañero expreso político de la cárcel argentina de Coronda durante la última dictadura, destacado militante sindical argentino, fallecido el 5 de mayo del 2022 en Rosario, Santa Fe, Argentina.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-sigue-siendo-una-potente-arma-sindical/

Comparte este contenido:
Leer más »

Incumplimiento de los Objetivos de la ONU hasta 2030, Latinoamérica en silla de ruedas

Sergio Ferrari

– La misma pobreza que hace 27 años

– Empleo femenino, retrocede 18 años

– Salidas posibles solo con nueva voluntad política

De continuar por el actual camino América Latina se aleja, cada día más, de los desafíos de las Naciones Unidas de erradicar la pobreza hasta 2030.

“No estamos en el camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 en América Latina y el Caribe”, declaró el 7 de marzo desde Costa Rica, Amina Mohammed, número dos de las Naciones Unidas (ONU).

La vicesecretaria de la ONU analizó la realidad continental en el marco de la 5ta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (https://foroalc2030.cepal.org/2022/es), que se realizó entre el 7 y el 9 de marzo en ese país centroamericano.

El Foro es el mecanismo regional establecido en 2017 – reunido por primera vez en México, ese mismo año — para darle seguimiento a la implementación de la Agenda 2030, brújula elaborada por las Naciones Unidas para orientar la erradicación de la pobreza en el mundo.

Cada vez más pobres

La evaluación relativamente pesimista de la ONU sobre América Latina no hace más que ratificar los signos preocupantes anticipados a fines de enero del año en curso. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 5.000.000 de latinoamericanos y caribeños cayeron en el estado de pobreza extrema en 2021, para llegar así a los 86 millones de seres humanos afectados.

En su informe anual, Panorama Social de América Latina 2021, (https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021), este organismo regional sostiene que, pese a la recuperación económica de 2021, los niveles estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los índices registrados en 2019, reflejo de la continuidad de la crisis social.

La emergencia sanitaria permanece vigente, enfatiza el informe, y América Latina y el Caribe constituyen la región más vulnerable del mundo. Esta realidad pandémica, se manifiesta en una crisis social que elevó la tasa de pobreza extrema del 13,1% de la población latinoamericana en 2020, al 13,8% en 2021.

Fue en Argentina, Colombia y Perú donde se dieron mayores incrementos de pobreza, en el orden de los 7 puntos porcentuales. En Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay creció de un 3% a un 5%. En Bolivia, México y la República Dominicana, menos de 2 puntos porcentuales. El informe de la CEPAL señala que Brasil fue el único país de la región con una disminución de la pobreza en 2020.

Casi tres décadas de retroceso

Según Panorama Social de América Latina 2021, en 2020 la región experimentó una regresión significativa en el combate contra la pobreza por sexto año consecutivo. Ésta se elevó a niveles similares a los registrados 27 años atrás, y la pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

Entre 2019 y 2020 el Coeficiente de Gini –que se emplea a nivel internacional para medir comparativamente la distribución del ingreso– aumentó un 0,7%.

En 2020 también aumentó la proporción de mujeres sin ingresos propios y se mantuvieron las brechas significativas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y entre la niñez.

La recuperación económica de 2021, que en su momento causó cierta euforia en algunos países latinoamericanos, sin embargo, no fue suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingresos, la pobreza, la informalidad laboral, la vulnerabilidad en que vive la población y las disparidades significativas de género.

En femenino: víctimas y protagonistas

El 8 de marzo, un tema central de los debates del Foro de Costa Rica fue la denuncia de la “pandemia en la sombra” de la violencia contra las mujeres. La CEPAL estima que durante 2020 al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y dos de cada tres mujeres sufrieron violencia a causa del género.

Por otra parte, la participación laboral de las mujeres de América Latina y el Caribe sufrió 18 años de retroceso. Para 2022 se visualiza que esta participación alcanzará solo un 51%, mientras que la de los hombres llegaría al 73,8%. En síntesis, una de cada dos mujeres no participará este año en el mercado laboral. En paralelo, las mujeres dedican actualmente tres veces más de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados familiares no remunerados.

Amina Mohammed indicó en el cónclave de Costa Rica que a menos que se ponga a las mujeres y a las niñas en el centro de los esfuerzos sociales no se podrá alcanzar con éxito los actuales y apremiantes desafíos globales contra la emergencia climática, la violencia de género, las divisiones políticas y a favor de la recuperación sostenible de esta pandemia global.

Por su parte Alicia Bárcenas, secretaria general de la CEPAL, recordó que los nudos estructurales de la desigualdad de género siguen presentes en la distribución desigual del poder, los recursos, la riqueza, el acceso al empleo, así como en la persistencia del patriarcado y la cultura del privilegio. Este 8 de marzo dijo Bárcenas, “es un día para reconocer el valor y la contribución de las mujeres para un futuro sostenible. Pero hay que estar alertas para garantizar que ninguna mujer se quede atrás”. Según ella, la consigna sigue siendo ‘nada sobre nosotras sin nosotras’.

Solución política: un Estado fortalecido y transparente

Precediendo a la reunión del Foro de Costa Rica, la CEPAL publicó el quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, voluminoso documento de 186 páginas, con un balance preocupante. Dicho documento destaca que un tercio de las metas definidas por los Objetivos de Desarrollo han retrocedido en los últimos años (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47745/S2100985_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y).

Los Objetivos no se alcanzarán “con más de lo mismo” y es imprescindible avanzar hacia un nuevo sistema económico y social inclusivo y sostenible, destaca el informe. Y presenta cuatro propuestas: el fortalecimiento del multilateralismo, en particular en materia de financiamiento para el desarrollo, así como la mejora de la implementación de las políticas productivas, sociales y ambientales de alcance nacional y regional. También, el aumento de la resiliencia de las instituciones y la superación de conflictos a través de la implementación de acuerdos y pactos sociales.

Mirando al futuro la CEPAL parte de una crítica histórica: la combinación de la inflación y el reducido crecimiento de los años setenta puso fin al “pacto” social (de inspiración keynesiana) incorporado al sistema monetario y cambiario de las instituciones de Bretton Woods.

Y se interroga: ¿Está el mundo frente a un momento histórico en que podría emerger un nuevo modelo social?

Sin duda, la pandemia golpeó una economía mundial y regional que ya había perdido dinamismo, sobre todo después de la crisis financiera mundial de 2008. El patrón de crecimiento anterior reproducía asimetrías y desequilibrios con costos crecientes, que se hicieron más visibles con la crisis sanitaria. Ésta, en conjunto con las lecciones que dejó la crisis de 2008, puede haber creado una coyuntura crítica favorable a la adopción de reformas profundas.

Aunque la democracia se sigue percibiendo como la mejor forma posible de gobierno, afirma la CEPAL, su funcionamiento es juzgado muy negativamente por la ciudadanía. Esto genera una paradoja. Por un lado, la necesidad de bienes públicos (mundiales, regionales y nacionales) y, por el otro, las deficiencias de la institucionalidad en la región.

La debilidad del Estado de derecho, la administración de justicia, la rendición de cuentas, la insuficiencia de la transparencia y la ineficiencia o mala calidad de ciertos servicios públicos, entre otros aspectos, se traducen en niveles decrecientes de confianza institucional.

Y la CEPAL concluye que ya quedó atrás la idea de que el mercado (con algunas correcciones puntuales de precios) podría resolver estos problemas por sí solo. La política pública con el Estado como orientador estratégico está en el centro mismo de la nueva visión. Es por ello que los Estados deben fortalecer sus capacidades y reforzar la cooperación en el marco del sistema internacional y regional. Al mismo tiempo, deben volverse más transparentes y estar dispuestos a rendir cuentas a sus ciudadanos. Si no lo hacen no podrán diseñar e implementar las políticas conducentes a un nuevo estilo de desarrollo.

De las cenizas de los ajustes neoliberales, de los traumas sociales pandémicos, ¿podrá realmente surgir un modelo-proyecto continental alternativo? América Latina, en muletas, sigue apostando a una recuperación postraumática adecuada. La terapia se llama voluntad política.

Fuente: https://rebelion.org/latinoamerica-en-silla-de-ruedas/

Comparte este contenido:
Leer más »

La ONU pone a Brasil en su mira: El Gobierno “debe cumplir sus obligaciones internacionales”

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari 

Debe reforzar el sistema de prevención de la tortura

Nubarrones preocupantes sobrevuelan los derechos humanos en Brasil. Diversas voces internacionales aumentaron en las últimas horas el tono de su crítica contra el Gobierno de Jair Bolsonaro. Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de personas privadas de libertad,con más de 750.000 detenida-os y cárceles superpobladas.

Experta-os del órgano de prevención de la tortura de las Naciones Unidas (ONU) luego de su visita al país sudamericano, señalaron que “Brasil debe cumplir con sus obligaciones internacionales y reforzar sus mecanismos nacionales de prevención de la tortura”. El comunicado de los especialistas fue difundido el 11 de febrero en la sede de la ONU en Ginebra (https://news.un.org/es/story/2022/02/1503982).

La preocupación principal de la-os especialistas es de tipo institucional. En junio de 2019, Jair Bolsonaro promulgó un Decreto Presidencial que, según la ONU, debilita gravemente el sistema de prevención de la tortura. En virtud del polémico Decreto, los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT), dejarían de ser remunerados y deberían trabajar de forma voluntaria. Además, el Gobierno decidió unilateralmente disminuir significativamente el apoyo profesional y a nivel de la secretaría de dicho mecanismo. Se espera en las próximas semanas una decisión del Supremo Tribunal Electoral que deberá decidir sobre la legalidad de dicho Decreto Presidencial número 9.831 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9831.htm).

La experta de Líbano, Suzanne Jabbour,quien encabezó la misión realizada entre el 31 de enero y el 4 de febrero, instó a que “se abandone la decisión de desmantelarel mecanismo nacional de prevención de la tortura». Pidió, también, “que Brasil respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y consolide sus recursos y esfuerzos para combatir la tortura”.

Integraron la misión, además, Juan Pablo Vegas de Perú, relator para Brasil y la experta noruega Nora Sveaass (https://news.un.org/pt/story/2022/01/1778152).Durante su visita a Brasilia la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT, por sus siglas en inglés), se reunió, entre otros, con la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, con diversosparlamentarios — incluidos los presidentes de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras–, con representantes del Supremo Tribunal Federal, con el fiscal general de la República y su adjunto encargado de los derechos de los ciudadanos.

La delegación fue recibida por el MNPCT, que es el organismo de vigilancia de la prevención de la tortura en el país. Y también por sus homólogos estaduales — cuatro Estados sobre 26 — en los que existe dicho mecanismo. La comitiva onusianadialogó con representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la prevención de la tortura.

«Todas las altas autoridades con las que nos reunimos coincidieron en que es absolutamente esencial contar con un mecanismo de prevención independiente y que funcione bien, tanto a nivel federal, como estatal», declaró Jabbour.

Brasil, como cada uno de los Estados Partes en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), están obligados a establecer mecanismos nacionales de prevención funcionales e independientes. Dichos organismos tienen como tarea realizar visitas periódicas a los lugares en los que hay personas privadas de libertad, como parte de los esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones de detención.

Otras condenas internacionales

Apenas tres semanas antes del pronunciamiento de dicha misión de la ONU en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos condenaron los recientes asesinatos de activistas ambientales y defensoras y defensores de la tierra en ese país sudamericano. Y exigieron al Estado la protección de “quienes defienden el medio ambiente y el territorio” yque realice investigaciones de manera pronta, exhaustiva e imparcial” (http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/017.asp).

El 9 de enero de 2022 fueron hallados los cuerpos de José Gomes, su esposa Marcia y su hija menor de edad, Joene en la región de São Félix do Xingu, Estado de Pará, en la Amazonia brasileña.  Gomes y su familia eran conocidos por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental.

Un día antes, el 8 de enero, se conoció el atentado mortal del campesino José Francisco Lopes Rodrigues. Este defensor de la tierra se encontraba hospitalizado luego de ser víctima — junto con su nieta de diez años–, de una agresión armada en su domicilio de la comunidad de Cedro, en Arari, Estado de Maranhão, el pasado 3 de enero.

En su Informe de País de 2021(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf) la CIDH había puesto el énfasis en la situación contextual de violencia en contra de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra en Brasil.

Desde que asumiera el presidente Bolsonaro, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales consideran a Brasil como uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa y protección del medio ambiente y de los derechos sociales.

El Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, avanza también críticas frontales al gobierno brasilero por violaciones de derechos humanos en varias áreas de su gestión. Entre ellas, por amenazar al “sistema democrático en Brasil al intentar mellar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”. También por su mala gestión de la pandemia del Covid-19 así como por su política a favor de la deforestación que sigue asolando a la selva tropical amazónica. “Los pueblos indígenas y otras comunidades que defienden la selva fueron blanco de amenazas y ataques”, sostiene el informe que reúne datos de relativos al año 2021(https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380707).Dicho informe retoma la información suministrada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el cual contabiliza que agentes de policía provocaron la muerte de más de 6.400 personas en 2020, último año sobre el cual existen datos disponibles.

Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 2 of 10
1 2 3 4 … 10