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Incumplimiento de los Objetivos de la ONU hasta 2030, Latinoamérica en silla de ruedas

– La misma pobreza que hace 27 años

– Empleo femenino, retrocede 18 años

– Salidas posibles solo con nueva voluntad política

De continuar por el actual camino América Latina se aleja, cada día más, de los desafíos de las Naciones Unidas de erradicar la pobreza hasta 2030.

“No estamos en el camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 en América Latina y el Caribe”, declaró el 7 de marzo desde Costa Rica, Amina Mohammed, número dos de las Naciones Unidas (ONU).

La vicesecretaria de la ONU analizó la realidad continental en el marco de la 5ta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (https://foroalc2030.cepal.org/2022/es), que se realizó entre el 7 y el 9 de marzo en ese país centroamericano.

El Foro es el mecanismo regional establecido en 2017 – reunido por primera vez en México, ese mismo año — para darle seguimiento a la implementación de la Agenda 2030, brújula elaborada por las Naciones Unidas para orientar la erradicación de la pobreza en el mundo.

Cada vez más pobres

La evaluación relativamente pesimista de la ONU sobre América Latina no hace más que ratificar los signos preocupantes anticipados a fines de enero del año en curso. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 5.000.000 de latinoamericanos y caribeños cayeron en el estado de pobreza extrema en 2021, para llegar así a los 86 millones de seres humanos afectados.

En su informe anual, Panorama Social de América Latina 2021, (https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021), este organismo regional sostiene que, pese a la recuperación económica de 2021, los niveles estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los índices registrados en 2019, reflejo de la continuidad de la crisis social.

La emergencia sanitaria permanece vigente, enfatiza el informe, y América Latina y el Caribe constituyen la región más vulnerable del mundo. Esta realidad pandémica, se manifiesta en una crisis social que elevó la tasa de pobreza extrema del 13,1% de la población latinoamericana en 2020, al 13,8% en 2021.

Fue en Argentina, Colombia y Perú donde se dieron mayores incrementos de pobreza, en el orden de los 7 puntos porcentuales. En Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay creció de un 3% a un 5%. En Bolivia, México y la República Dominicana, menos de 2 puntos porcentuales. El informe de la CEPAL señala que Brasil fue el único país de la región con una disminución de la pobreza en 2020.

Casi tres décadas de retroceso

Según Panorama Social de América Latina 2021, en 2020 la región experimentó una regresión significativa en el combate contra la pobreza por sexto año consecutivo. Ésta se elevó a niveles similares a los registrados 27 años atrás, y la pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

Entre 2019 y 2020 el Coeficiente de Gini –que se emplea a nivel internacional para medir comparativamente la distribución del ingreso– aumentó un 0,7%.

En 2020 también aumentó la proporción de mujeres sin ingresos propios y se mantuvieron las brechas significativas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y entre la niñez.

La recuperación económica de 2021, que en su momento causó cierta euforia en algunos países latinoamericanos, sin embargo, no fue suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingresos, la pobreza, la informalidad laboral, la vulnerabilidad en que vive la población y las disparidades significativas de género.

En femenino: víctimas y protagonistas

El 8 de marzo, un tema central de los debates del Foro de Costa Rica fue la denuncia de la “pandemia en la sombra” de la violencia contra las mujeres. La CEPAL estima que durante 2020 al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y dos de cada tres mujeres sufrieron violencia a causa del género.

Por otra parte, la participación laboral de las mujeres de América Latina y el Caribe sufrió 18 años de retroceso. Para 2022 se visualiza que esta participación alcanzará solo un 51%, mientras que la de los hombres llegaría al 73,8%. En síntesis, una de cada dos mujeres no participará este año en el mercado laboral. En paralelo, las mujeres dedican actualmente tres veces más de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados familiares no remunerados.

Amina Mohammed indicó en el cónclave de Costa Rica que a menos que se ponga a las mujeres y a las niñas en el centro de los esfuerzos sociales no se podrá alcanzar con éxito los actuales y apremiantes desafíos globales contra la emergencia climática, la violencia de género, las divisiones políticas y a favor de la recuperación sostenible de esta pandemia global.

Por su parte Alicia Bárcenas, secretaria general de la CEPAL, recordó que los nudos estructurales de la desigualdad de género siguen presentes en la distribución desigual del poder, los recursos, la riqueza, el acceso al empleo, así como en la persistencia del patriarcado y la cultura del privilegio. Este 8 de marzo dijo Bárcenas, “es un día para reconocer el valor y la contribución de las mujeres para un futuro sostenible. Pero hay que estar alertas para garantizar que ninguna mujer se quede atrás”. Según ella, la consigna sigue siendo ‘nada sobre nosotras sin nosotras’.

Solución política: un Estado fortalecido y transparente

Precediendo a la reunión del Foro de Costa Rica, la CEPAL publicó el quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, voluminoso documento de 186 páginas, con un balance preocupante. Dicho documento destaca que un tercio de las metas definidas por los Objetivos de Desarrollo han retrocedido en los últimos años (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47745/S2100985_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y).

Los Objetivos no se alcanzarán “con más de lo mismo” y es imprescindible avanzar hacia un nuevo sistema económico y social inclusivo y sostenible, destaca el informe. Y presenta cuatro propuestas: el fortalecimiento del multilateralismo, en particular en materia de financiamiento para el desarrollo, así como la mejora de la implementación de las políticas productivas, sociales y ambientales de alcance nacional y regional. También, el aumento de la resiliencia de las instituciones y la superación de conflictos a través de la implementación de acuerdos y pactos sociales.

Mirando al futuro la CEPAL parte de una crítica histórica: la combinación de la inflación y el reducido crecimiento de los años setenta puso fin al “pacto” social (de inspiración keynesiana) incorporado al sistema monetario y cambiario de las instituciones de Bretton Woods.

Y se interroga: ¿Está el mundo frente a un momento histórico en que podría emerger un nuevo modelo social?

Sin duda, la pandemia golpeó una economía mundial y regional que ya había perdido dinamismo, sobre todo después de la crisis financiera mundial de 2008. El patrón de crecimiento anterior reproducía asimetrías y desequilibrios con costos crecientes, que se hicieron más visibles con la crisis sanitaria. Ésta, en conjunto con las lecciones que dejó la crisis de 2008, puede haber creado una coyuntura crítica favorable a la adopción de reformas profundas.

Aunque la democracia se sigue percibiendo como la mejor forma posible de gobierno, afirma la CEPAL, su funcionamiento es juzgado muy negativamente por la ciudadanía. Esto genera una paradoja. Por un lado, la necesidad de bienes públicos (mundiales, regionales y nacionales) y, por el otro, las deficiencias de la institucionalidad en la región.

La debilidad del Estado de derecho, la administración de justicia, la rendición de cuentas, la insuficiencia de la transparencia y la ineficiencia o mala calidad de ciertos servicios públicos, entre otros aspectos, se traducen en niveles decrecientes de confianza institucional.

Y la CEPAL concluye que ya quedó atrás la idea de que el mercado (con algunas correcciones puntuales de precios) podría resolver estos problemas por sí solo. La política pública con el Estado como orientador estratégico está en el centro mismo de la nueva visión. Es por ello que los Estados deben fortalecer sus capacidades y reforzar la cooperación en el marco del sistema internacional y regional. Al mismo tiempo, deben volverse más transparentes y estar dispuestos a rendir cuentas a sus ciudadanos. Si no lo hacen no podrán diseñar e implementar las políticas conducentes a un nuevo estilo de desarrollo.

De las cenizas de los ajustes neoliberales, de los traumas sociales pandémicos, ¿podrá realmente surgir un modelo-proyecto continental alternativo? América Latina, en muletas, sigue apostando a una recuperación postraumática adecuada. La terapia se llama voluntad política.

Fuente: https://rebelion.org/latinoamerica-en-silla-de-ruedas/

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La ONU pone a Brasil en su mira: El Gobierno “debe cumplir sus obligaciones internacionales”

Por: Sergio Ferrari 

Debe reforzar el sistema de prevención de la tortura

Nubarrones preocupantes sobrevuelan los derechos humanos en Brasil. Diversas voces internacionales aumentaron en las últimas horas el tono de su crítica contra el Gobierno de Jair Bolsonaro. Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de personas privadas de libertad,con más de 750.000 detenida-os y cárceles superpobladas.

Experta-os del órgano de prevención de la tortura de las Naciones Unidas (ONU) luego de su visita al país sudamericano, señalaron que “Brasil debe cumplir con sus obligaciones internacionales y reforzar sus mecanismos nacionales de prevención de la tortura”. El comunicado de los especialistas fue difundido el 11 de febrero en la sede de la ONU en Ginebra (https://news.un.org/es/story/2022/02/1503982).

La preocupación principal de la-os especialistas es de tipo institucional. En junio de 2019, Jair Bolsonaro promulgó un Decreto Presidencial que, según la ONU, debilita gravemente el sistema de prevención de la tortura. En virtud del polémico Decreto, los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT), dejarían de ser remunerados y deberían trabajar de forma voluntaria. Además, el Gobierno decidió unilateralmente disminuir significativamente el apoyo profesional y a nivel de la secretaría de dicho mecanismo. Se espera en las próximas semanas una decisión del Supremo Tribunal Electoral que deberá decidir sobre la legalidad de dicho Decreto Presidencial número 9.831 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9831.htm).

La experta de Líbano, Suzanne Jabbour,quien encabezó la misión realizada entre el 31 de enero y el 4 de febrero, instó a que “se abandone la decisión de desmantelarel mecanismo nacional de prevención de la tortura». Pidió, también, “que Brasil respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y consolide sus recursos y esfuerzos para combatir la tortura”.

Integraron la misión, además, Juan Pablo Vegas de Perú, relator para Brasil y la experta noruega Nora Sveaass (https://news.un.org/pt/story/2022/01/1778152).Durante su visita a Brasilia la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT, por sus siglas en inglés), se reunió, entre otros, con la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, con diversosparlamentarios — incluidos los presidentes de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras–, con representantes del Supremo Tribunal Federal, con el fiscal general de la República y su adjunto encargado de los derechos de los ciudadanos.

La delegación fue recibida por el MNPCT, que es el organismo de vigilancia de la prevención de la tortura en el país. Y también por sus homólogos estaduales — cuatro Estados sobre 26 — en los que existe dicho mecanismo. La comitiva onusianadialogó con representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la prevención de la tortura.

«Todas las altas autoridades con las que nos reunimos coincidieron en que es absolutamente esencial contar con un mecanismo de prevención independiente y que funcione bien, tanto a nivel federal, como estatal», declaró Jabbour.

Brasil, como cada uno de los Estados Partes en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), están obligados a establecer mecanismos nacionales de prevención funcionales e independientes. Dichos organismos tienen como tarea realizar visitas periódicas a los lugares en los que hay personas privadas de libertad, como parte de los esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos y mejorar las condiciones de detención.

Otras condenas internacionales

Apenas tres semanas antes del pronunciamiento de dicha misión de la ONU en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur de ONU Derechos Humanos condenaron los recientes asesinatos de activistas ambientales y defensoras y defensores de la tierra en ese país sudamericano. Y exigieron al Estado la protección de “quienes defienden el medio ambiente y el territorio” yque realice investigaciones de manera pronta, exhaustiva e imparcial” (http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/017.asp).

El 9 de enero de 2022 fueron hallados los cuerpos de José Gomes, su esposa Marcia y su hija menor de edad, Joene en la región de São Félix do Xingu, Estado de Pará, en la Amazonia brasileña.  Gomes y su familia eran conocidos por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental.

Un día antes, el 8 de enero, se conoció el atentado mortal del campesino José Francisco Lopes Rodrigues. Este defensor de la tierra se encontraba hospitalizado luego de ser víctima — junto con su nieta de diez años–, de una agresión armada en su domicilio de la comunidad de Cedro, en Arari, Estado de Maranhão, el pasado 3 de enero.

En su Informe de País de 2021(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Brasil2021-es.pdf) la CIDH había puesto el énfasis en la situación contextual de violencia en contra de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra en Brasil.

Desde que asumiera el presidente Bolsonaro, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales consideran a Brasil como uno de los países más peligrosos de la región para ejercer la defensa y protección del medio ambiente y de los derechos sociales.

El Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, avanza también críticas frontales al gobierno brasilero por violaciones de derechos humanos en varias áreas de su gestión. Entre ellas, por amenazar al “sistema democrático en Brasil al intentar mellar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”. También por su mala gestión de la pandemia del Covid-19 así como por su política a favor de la deforestación que sigue asolando a la selva tropical amazónica. “Los pueblos indígenas y otras comunidades que defienden la selva fueron blanco de amenazas y ataques”, sostiene el informe que reúne datos de relativos al año 2021(https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380707).Dicho informe retoma la información suministrada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el cual contabiliza que agentes de policía provocaron la muerte de más de 6.400 personas en 2020, último año sobre el cual existen datos disponibles.

Fuente de la información e imagen: https://rebelion.org

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Movimiento altermundialista choca con la pandemia

Por Sergio Ferrari

El Foro Social de las Resistencias reducido al formato virtual

La pandemia volvió a jugar una mala pasada al movimiento altermundialistamovimiento altermundialista. El Foro Social de las Resistencias, previsto entre el 26 y el 30 de enero en Porto Alegre, Brasil, solo podrá realizarse virtualmente.

A última hora, los organizadores debieron posponer para abril próximo la parte presencial de la convocatoria con la que se intenta conmemorar los 20 años de la creación del Foro Social Mundial (FSM). El país sudamericano contabilizó a mitad de la penúltima semana de enero en torno de 150.000 nuevos casos diarios de Covid, lo que constituye un récord desde el inicio de la crisis sanitaria.

El impacto del Ómicron en Brasil conspiró contra el Foro Social de las Resistencias, al cual habían confirmado su presencia representantes de numerosas organizaciones y movimientos sociales brasileros y latinoamericanos, así como delegada-os de diversos países. El programa original contemplaba catorce asambleas de convergencia e incluía, en paralelo, un Foro Social Justicia y Democracia. El nuevo programa del Foro Social de las Resistencias, rediseñado para su formato digital, fue anunciado el 23 de enero en el sitio oficial del mismo (https://www.forumsocialdasresistencias.org.br/_files/ugd/fb3f63_84e4d86c5c3b4e569d3f43c028edfcea.pdf ).

Se confirma el FSM para mayo en México

Ya está confirmado en el programa virtual, para el sábado 29 de enero, el Encuentro Transnacional de Redes en Camino hacia el Foro Social Mundial de México. “Lo proponemos como un espacio de encuentro que reúna a actores sociales de todo el mundo”, precisa Carminda Mac Lorin, directora general de la organización canadiense Katalizo (https://www.katalizo.org/ ) y una de las promotoras de esa convocatoria virtual. El objetivo es reflexionar sobre los contenidos que deberían integrar el programa del próximo Foro Social Mundial que se realizará entre el 1 y el 7 de mayo próximo en México, señala Mac Lorin en entrevista vía telefónica.
“Tenemos el convencimiento de que los foros sociales son llamas de esperanzas para la sociedad civil planetaria, especialmente en esta etapa tan compleja de la humanidad, explica la directora de Katalizo. Y agrega: “Nos proponemos, especialmente, crear espacios para que los jóvenes y los movimientos sociales que siguen promoviendo centenas de luchas locales y regionales en todo el mundo, puedan compartirlas, promoviendo agendas y confluencias”. Mac Lorin, quien además integra el Consejo Internacional del FSM, jugó un importante papel en la organización del FSM de Montreal, Canadá, en 2016.

Aunque reconoce “las dificultades y los obstáculos que la pandemia también le ha impuesto a la movilización social a nivel planetario”, ve señales de optimismo en amplios sectores de la juventud que quieren participar y reforzar los procesos de transición, especialmente en lo social y lo climático. “Teníamos previsto estar presentes en el Foro de las Resistencias de Porto Alegre con un grupo de jóvenes canadienses. A pesar de que no fue posible concretar el viaje por el cambio de programación debido a la pandemia, ya estamos preparando una delegación de un Colectivo de la juventud de nuestra provincia, Quebec, para participar en la convocatoria de México”, señala.

La activista altermundialista anticipa que el próximo FSM en la capital azteca contará con una fórmula híbrida, es decir, con actividades presenciales y otras virtuales. Será esencial integrar, subraya Mac Lorin, las experiencias del último Foro Social Mundial, que se realizó en enero de 2021 de forma totalmente virtual. Dicha convocatoria reunió a casi 10 mil participantes de 1.300 organizaciones de 144 países, quienes organizaron 800 actividades en línea.

Movimientos globales, confiados

El 27 de noviembre último, representantes de Movimientos Globales de África, Asia, Europa y América se reunieron con el Grupo Facilitador (grupo local de organización) del FSM de México y con miembros del Consejo Internacional del FSM. En esa cita digital se ratificó la convocatoria de mayo y se adoptaron mecanismos para que los muy diversos movimientos y organizaciones sociales se involucren activamente en los preparativos de la misma.

Además, se actualizó la agenda de las actividades que dichos movimientos sociales planean impulsar en los cuatro continentes hasta la cita en México. Por otra parte, se aprobó la constitución de cinco comisiones para asegurar el éxito del evento: programación; comunicación y difusión; movilización; sistematización, así como la que debe asegurar la implementación del método híbrido, es decir presencial y virtual, del evento alter mundialista.

Varios de los participantes en esa reunión preparatoria compartieron su preocupación con respecto a la posibilidad de que, al llegar a las fronteras mexicanas, periodistas y miembros de los movimientos sociales sean discriminados mediante restricciones migratorias y exploraron maneras de evitarlo.

A veinte años de su nacimiento en Brasil, el FSM, sin duda el principal espacio del movimiento altermundialista, se confronta no solo con la pandemia sino también con los retos de su propia sobrevivencia. No faltan las voces críticas: algunas señalan que el proceso que nació en Porto Alegre en 2001 ya está agotado; otras, proponen revisar la Carta de Principios (https://transformadora.org/es/sobre/principios ) que desde hace dos décadas enmarca conceptualmente al FSM, con la idea de que un cambio de la misma podría generarle una nueva dinámica a este espacio internacional.

Queda una rica historia de 20 años con decenas de encuentros multitudinarios — Porto Alegre, Mumbai, Nairobi, Belém de Pará, Dakar, Túnez, Montreal, entre otros. El de Salvador de Bahía, en marzo de 2018, fue el último con formato presencial y reunió a más de 80 mil participantes. Historia que reúne, también, centenas de encuentros temáticos, regionales y continentales, así como trascendentes movilizaciones ciudadanas en los más diversos rincones del planeta.

Dado por muerto – en muchas ocasiones –, por sus detractores, el FSM, concebido en 2001 como el “Anti Davos del Sur” (en contraposición al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza) y siempre convencido de que Otro Mundo es Posible, se resiste a claudicar.

Aunque diezmado, continúa luchando por su existencia e intenta seguir dinamizando diversos actores sociales planetarios para encontrar alternativas viables a un sistema hegemónico ciego climáticamente y sordo ante las injusticias estructurales predominantes.

Movimiento altermundialista choca con la pandemia

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Ese oro que sangra en vez de brillar

Por: Sergio Ferrari

Objeto de deseo para algunos, refugio especulativo para otros, parámetro de las reservas en la mayoría de los bancos del planeta. El oro, sin embargo, sigue siendo un metal de dos caras: la que deslumbra y la del dolor.

Cada año se extraen 3.300 toneladas de oro a nivel mundial. El 49% del mismo se utiliza para fabricar relojes y joyas, un 29% como inversión, 15% lo compran los bancos centrales y el 7% restante se destina para dispositivos técnicos.

Su precio explota. La segunda semana de noviembre alcanzó el récord de los últimos seis meses. Los últimos días su precio oscilaba en los 1.875 dólares estadounidenses por onza.

Entre el 50% y el 70% del total global se refina en Suiza. De las siete mayores procesadoras a escala internacional, cuatro residen en ese país alpino, no sólo el segundo importador mundial, sino también el mayor exportador de este metal precioso, aunque no cuente ni con un solo yacimiento dentro de sus fronteras.

Es síntesis, la mayor parte del oro que circula por el mundo, pasa por Suiza. Llega sin refinarse y parte con deslumbrante “pureza”. Un negocio que le representa entre 70.000 y 90.000 millones de francos anuales (1 franco = 1,09 dólares estadounidenses). Si bien se extrae oro al menos en 90 países, prácticamente la mitad de todas las importaciones del metal procesado y refinado en Suiza provienen de Gran Bretaña, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong. Paradójicamente, ninguna de esas naciones cuenta con extracción nacional. Por otra parte, una cantidad significativa llega de países productores cuyas economías dependen, en gran medida, de su exportación, como Burkina FasoGhanaMali y Perú, entre otros.

Según un informe oficial de la Oficina Federal de Aduanas de Suiza, en 2017 este país importó 2.404 toneladas métricas de oro, con un valor aproximado de 70.000 millones de francos suizos. Ese mismo año exportó oro por un valor de 67.000 millones de francos suizos. Es otras palabras, en 2017 el tráfico de oro representó el nada despreciable 24% de las exportaciones y el 31% de las importaciones helvéticas. Para contextualizar estas cifras, en ese mismo periodo, la industria relojera helvética exportó por 20.000 millones de francos, lo que equivaldría a unos 24 millones de relojes.

Las ventajas fiscales también influyen en la importación del metal precioso, debido a que en este país no se aplican impuestos al oro adquirido como inversión ni a las monedas de oro importadas ni al oro procesado. Las aleaciones con otros metales también pueden declararse como oro y, en consecuencia, eximirse de impuestos. Tal es el caso de la plata, que, aunque sólo contiene un 2% del metal precioso, puede importarse libre de tasas.

Sangra la tierra

Aunque todas estas cifras son públicas, el informe The Impact of Gold, (El Impacto del Oro) que publicó la segunda semana de noviembre la organización WWF Suiza (World Wide Fund for Nature – Fondo Mundial para la Naturaleza) les da nueva relevancia.

El camino del oro desde la mina hasta nuestro país — sostiene dicho informe– “es especialmente problemático. Suele ser opaco y difícil de rastrear porque los intermediarios mezclan ese mineral proveniente de diferentes fuentes”. Sin trazabilidad — concluye el informe– “no se puede descartar que el metal utilizado fue producido en condiciones sociales y ecológicas inaceptables”. https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-11/2021_11_WWF_The%20Impact%20of%20Gold.pdf

La publicación de WWF Suiza sistematiza conceptos y constataciones.

El oro se extrae a menudo en condiciones sociales y ecológicas deplorables, con consecuencias nefastas para el medio ambiente y las poblaciones locales.

Abrir nuevas minas y construir las infraestructuras necesarias requiere grandes superficies. Ahí donde se descubren vetas se talan enormes extensiones de bosque, muchas veces de forma ilegal. Sólo en Brasil, su extracción supone la destrucción anual de una superficie natural del tamaño de 14.000 campos de fútbol.

Por otra parte, su extracción requiere casi sistemáticamente productos químicos altamente tóxicos, como el mercurio y el cianuro. Estas sustancias se expanden en el aire, el suelo y el agua. En consecuencia, la biodiversidad se resiente, así como la salud de la población local. Entre otras enfermedades, dichos venenos pueden causar ceguera, daños cerebrales, tumores y malformaciones fetales.

La recuperación del oro tiene, además, un impacto directo en la calidad y la disponibilidad del agua en las regiones afectadas.  Finalmente, son evidentes los efectos nocivos sobre el clima, debido al alto consumo de energía ya que la producción de un kilo de oro genera unas 12 toneladas de emisiones de CO2.

La organización ambientalista WWF Suiza subraya que, junto con el enorme impacto medioambiental, la extracción suele asociarse con condiciones laborales deplorables, esclavitud, tráfico de personas, trabajo infantil y prostitución forzada. Muchas veces los pueblos indígenas o las comunidades autóctonas son expulsadas de sus tierras, ahora convertidas en yacimientos a cielo abierto.

La dramática Amazonia peruana

Hacia mediados del 2019, Perú exportaba unas 60 toneladas de oro producido ilegalmente en su suelo, gran parte del cual iba directamente a las refinerías suizas. La región de Madre de Dios (con Puerto Maldonado como capital), en la Amazonia peruana, es históricamente uno de los principales centros de extracción aurífera del país sudamericano.

Un reciente reportaje de la agencia española de noticias EFE señala que “desde el aire, el paisaje es desolador: allí donde antes hubo bosque amazónico, ahora rebosan cráteres de fango, árboles talados y arenales yermos tapizados en mercurio y morralla. Un páramo depredado por la *fiebre del oro* aluvial, que a ras de suelo creó un infierno clandestino y sin ley en la selva peruana. Se trata de La Pampa –entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica–, un territorio dentro del escudo protector de la reserva nacional de Tambopata que durante años ha sido el epicentro de la minería ilegal en la región peruana de Madre de Dios, y en donde este suculento negocio, más rentable que la cocaína, arrebató en las últimas décadas 25.000 hectáreas de una de las selvas con más biodiversidad del planeta”.

Dicho reportaje, elaborado in situ, señala que “hoy a pesar de los esfuerzos millonarios destinados a echar a los mineros ilegales de la zona, el flagelo sigue en brasas, el desastre ambiental intacto, y la trata de personas, el sicariato y la explotación laboral y sexual continúan proliferando como efectos colaterales de esta tragedia. Allí se extiende una suerte de poblado sin nombre, en donde hoy viven unas 40.000 personas dedicadas a actividades vinculadas a la minería ilegal. En esta ciudad improvisada escasean los lujos, pero sobran hoteles, restaurantes, bares y, sobre todo, prostitución, al más puro estilo del ‘salón’ de las películas de vaqueros”.

En Madre Dios se produce el 70% del oro artesanal de Perú, que es el primer productor de oro de Latinoamérica y el 5to a nivel mundial. En Madre de Dios, el 70% de la economía tiene que ver con la minería, pero solo el 10% es legal.

A comienzos del 2019, el Gobierno peruano puso en marcha la Operación Mercurio en la región de La Pampa, un mega operativo para tratar de erradicar las actividades no legales. Según la publicación digital peruana Actualidad Ambiental, si bien se ha logrado reducir la minería ilegal en un 98%, existe evidencia de que la misma ha migrado a áreas circundantes.

A pesar de más de 700 operativos policiales en menos de dos años y de la expulsión de 25.000 mineros ilegales, un informe de Monitoreo de Deforestación en la Amazonía indica que, tras el inicio de la Operación Mercurio, 1.100 nuevas hectáreas quedaron deforestadas debido a la actividad aurífera, y se constató la aparición de seis nuevos puntos de extracción no autorizada: Pariamanu, La Pampa (en dos zonas ubicadas al norte de dicha región), Camanti, Chaspa (Puno) y Apaylon. En síntesis, toda política represiva de estas actividades cuando no van acompañadas de propuestas productivas y de reinserción laboral parecen estar condenadas al fracaso.

Autocrítica helvética

El Consejo Federal suizo (poder ejecutivo colegiado) “es consciente de que existe el riesgo de que se importe en Suiza oro extraído ilegalmente, con las posibles violaciones de los derechos humanos que esto representa”.

Así lo afirman las autoridades federales en el informe “Comercio de oro producido en violación de derechos humanos”, presentado ante el parlamento a fines de 2019, como respuesta a una interpelación que cuatro años antes presentó el senador nacional ecologista Luc Recordon. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54475.pdf

El Gobierno le encargó a un grupo independiente que realizara un análisis del sector del oro en Suiza, sus principales actores y los posibles riesgos y desafíos. Como parte de este proceso, el grupo se puso en contacto con representantes del sector privado y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) activas en derechos humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo.

El informe acepta como probable que las actividades de las empresas en toda la actividad aurífera tengan repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, como: maltrato de los trabajadores y violaciones de la legislación laboral, en particular en lo que se refiere a condiciones de trabajo seguras y saludables y a una remuneración que proporcione una vida digna. También reconoce posibles violaciones del modo de vida tradicional de los pueblos indígenas, su autodeterminación y sus tierras. Así como impactos negativos en las comunidades locales: reasentamiento y desplazamiento forzado, violación de los derechos de propiedad, de la libertad de asociación y de opinión y expresión.

El informe habla de los eventuales daños al medio ambiente y no excluye la posibilidad que las empresas auríferas cometan violaciones contra el estado de derecho. Finalmente, el Gobierno recomienda asegurar mayor transparencia en todas las actividades relacionadas con el oro que llega a Suiza. Recomienda, además, estimular a las asociaciones involucradas en la industria y el comercio del metal (por ejemplo, la Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos y la Swiss Better Gold) a que mejoren la manera como operan y a entablar un diálogo con las ONG interesadas en los desafíos pendientes en este sensible sector de la economía helvética.

Entre las recomendaciones de su informe de noviembre, WWF reclama leyes que obliguen a las empresas con sede en Suiza que compran y procesan oro a cumplir normas sociales y ecológicas mínimas y hacer público su comportamiento. Y llama a los consumidores a que asuman actitudes más responsables al adquirir productos que contienen oro. Ciertos sellos de calidad existentes como FairTrade y FairMined contribuyen a promover una extracción más responsable y transparente y a minimizar la potencial destrucción futura del medio ambiente.

500 años después, las carabelas repletas de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo se ven reemplazadas por buques o aviones de carga que llegan a destinos europeos. Se les agregan otros, provenientes de África y de Asia. Una gran parte del oro importado por Viejo Mundo desemboca en las sofisticadas refinerías de Suiza, principal plataforma giratoria del comercio mundial.  Casi todo legal, aunque no siempre justo y, por eso mismo, tampoco ético.

Ese oro que sangra en vez de brillar

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Las voces de “abajo” se hacen escuchar en Glasgow

Por Sergio Ferrari

El movimiento por el climaEl movimiento por el clima gana las calles

En la Conferencia de las Partes (COP26) que se reúne en Glasgow, Escocia, hasta el próximo 12 de noviembre, los reflectores apuntan, esencialmente, a los anuncios y las promesas grandilocuentes de los gobernantes. Las voces críticas del movimiento ambientalista resonaron en Glasgow y en tantas otras ciudades del planeta el sábado 6 de noviembre.

Promediada la primera semana de la Cumbre, la ansiedad de los Estados por presentar logros fue evidente. Dos acuerdos, según ellos “relevantes”, se convirtieron en primera página de los diarios: el que promueve un freno a la deforestación mundial hasta 2030 y el relativo a la reducción de la emisión de gases de metano en un 30%.

Hasta Bolsonaro lo suscribió

La COP26 alcanzó un nuevo acuerdo entre gobiernos, incluido el de Brasil, para detener y revertir la deforestación a más tardar en 2030. El 1 de noviembre Greenpeace Internacional, una de las ONG más activas en la defensa del medioambiente, buscó poner los puntos sobre las íes y cuestionó “la luz verde que se abre para otra década de destrucción forestal”.

Hay una muy buena razón para que incluso alguien como Bolsonaro se sienta cómodo como para firmar este nuevo acuerdo, subrayó Greenpeace.  Le permite otra década de destrucción del pulmón del planeta. Carolina Pasquali, directora ejecutiva de su rama brasilera señaló que el nuevo Acuerdo – refrendado por un centenar de país que poseen el 85% de las reservas forestales — no es vinculante, es decir, no es de aplicación obligatoria. Pasquali recordó que la Amazonia ya se confronta con el límite de su propia existencia y no puede soportar más deforestación. Por su parte, pueblos indígenas de la región exigen que el 80% de esta reserva natural mundial sea realmente protegida antes del 2025.

Este nuevo acuerdo reemplaza la Declaración de Nueva York sobre Bosques de 2014, documento que Brasil, en aquel entonces, no suscribió. La declaración de 2014 incluyó el compromiso de los gobiernos de reducir a la mitad la tala de bosques hasta 2020 y lograr la deforestación cero como máximo en 2030 (https://unfccc.int/es/news/declaracion-de-nueva-york-sobre-los-bosques ).

Sin embargo, en los últimos siete años la tasa de pérdida de bosques naturales aumentó exponencialmente en vez de retroceder. Solo en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil se incrementaron un 9,5%, como consecuencia, justamente, de la destrucción de la Amazonía, resultado de decisiones deliberadas de la administración Bolsonaro.

En su evaluación de la gestión de dicha administración brasilera, Greenpeace advierte que entrevé pocas posibilidades de que la misma respete este acuerdo suscrito en Glasgow. Y recordó que en la actualidad Bolsonaro está tratando de impulsar un paquete legislativo que incluso aceleraría más el talado de bosques.

Otro aspecto esencial que cuestiona Greenpeace es la carencia de una propuesta para reducir la demanda de carne y lácteos industriales. Este sector tiene un gran impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero ya que acelera la destrucción del ecosistema y amplias reservas forestales.

Anna Jones, de Greenpeace del Reino Unido, declaró que “hasta que no pongamos fin a la expansión de la agricultura industrial, empecemos a avanzar hacia dietas basadas en vegetales y reduzcamos la cantidad de carne industrial y lácteos que consumimos, se seguirá amenazando los derechos de los pueblos indígenas y se continuará destruyendo la naturaleza, en lugar de dársele la oportunidad de recuperarse».  Su protesta coincide con la de otras voces de la sociedad civil internacional que desde la COP26 advierten la potencial peligrosidad de la propuesta de “compensación carbono”. Esta propuesta, en síntesis, autorizaría a un Gobierno o una transnacional a deforestar masivamente si asume el compromiso de plantar árboles.

El concepto de compensación de carbono es radicalmente criticado por el movimiento ambientalista, como lo argumenta el estudio La Gran Estafa, (https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/06/La-Gran-Estafa.pdf),publicado ) publicado este año por Amigos de la Tierra Internacional, la Coalición Global de los Bosques y la Campaña por la Responsabilidad Corporativa. Dicho estudio denuncia la idea de que un agente contaminador — por ejemplo, las grandes transnacionales—pueda “compensar” su exceso de emisiones apoyando proyectos con impacto ambiental teóricamente positivo en otros lugares – usualmente países del sur. Está demostrado que este mecanismo no aporta beneficios reales, sostiene dicho estudio. Y concluye: los Grandes Contaminadores imponen su agenda “cero neto” para retrasar, engañar y negar la acción climática.

Menos metano

Casi al inicio de la COP26, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron su propuesta de promover la reducción de las emisiones globales de gas metano en un 30% hasta el año 2030.

Numerosas voces ambientalistas respondieron que el compromiso de reducción de metano no debe ocultar la necesidad esencial de una reducción de los combustibles fósiles. En otras palabras: no se debe aceptar la negociación de reducciones cuando eso implica una reducción a expensas de otra. “Esta iniciativa sobre el gas metano, con 28 veces el potencial de calentamiento del CO2, debe ser el comienzo y no el objetivo final”, enfatizó Greenpeace.

La ONG recordó, además, que, si se quiere que el aumento de temperatura global se mantenga por debajo de 1,5°C, es imprescindible reducir drásticamente y simultáneamente todas las emisiones, tanto de metano como de combustibles fósiles. “Todos los caminos terminan apuntando a la necesidad de eliminar los combustibles fósiles de nuestro sistema energético y la carne industrial y los lácteos de nuestras dietas lo antes posible”, afirmó.

La juventud ignorada

Los gobiernos deben declarar el Estado de Emergencia climática. Deben reconocer la catástrofe climática como una crisis que hay que superar. Deben tomar medidas concretas en respuesta a este drama e informar adecuadamente a la población.

Dicho Estado de Emergencia no debe entenderse como un término legal. “Nuestro objetivo es que las acciones de protección del clima se decidan de forma ambiciosa y urgente y sin restringirse los derechos democráticos”. Así se posiciona la Huelga por el Clima (según extractos del documento de la sección suiza), uno de los movimientos internacionales más activos, cuestionadores y radicalizados en defensa del medioambiente.

La Huelga por el Clima es auspiciada por grupos juveniles en numerosos países. Es la continuación de Los Viernes para el Futuro (en inglés Fridays for Future o FFF), que cuenta hoy con varios referentes de primera línea, entre ellos, la joven militante sueca Greta Thunberg. El viernes 15 de marzo de 2019 se convocó a una primera huelga internacional, la que se tradujo en movilizaciones callejeras en más de 2.000 ciudades del mundo, con casi dos millones de participantes. Puntapié inicial de una presencia constante que también, ahora, se da cita en la COP26 de Glasgow, con críticas frontales a la dirigencia internacional por su tibieza y por postergar soluciones de fondo para el planeta.

Además de la declaración del Estado de Emergencia climática, este movimiento — con su organización, existencia y particularidades en cada país– exige la neutralidad neta de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Y pone sobre la mesa de debate (al mismo tiempo que exige su aceptación) el concepto de Justicia Climática. “Las consecuencias del calentamiento global afectan más a los más pobres, tanto a nivel local como mundial. Por lo tanto, la protección del clima es también una cuestión global de justicia social”, enfatiza el pronunciamiento de la sección helvética (https://climatestrike.ch/fr/movement#demands)

Los grupos más débiles de la sociedad no deben sufrir por el nivel de vida de los más ricos. Además, las medidas para alcanzar los objetivos climáticos deben diseñarse de tal manera que las personas material y económicamente desfavorecidas no se vean sometidas a cargas adicionales que no puedan soportar. Y exige que se aplique el principio de «quien contamina paga»: los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación deben ser considerados responsables. Deben prevenir los daños o reparar los que ya se han producido. Las generaciones posteriores no deben verse afectadas por las acciones de las anteriores. No debe aumentarse la desigualdad, sino reducirla, señala.

“Stop al bla-bla-bla. Stop a la explotación de los pueblos, de la naturaleza y del planeta. Stop a eso que están en tren de definir ahí adentro. Ya estamos cansados. Nosotros vamos a hacer el cambio y no la dirigencia que está ahí reunida”, enfatizó Greta Thunberg en una de las manifestaciones paralelas de las que participó en las afueras del centro de conferencias, expresando así las críticas directas de la Huelga del Clima hacia la COP26.

La voz a los sin voz aumenta la tensión

Durante la primera semana de la COP26, esta joven sueca de apenas 18 años protagonizó una fuerte escaramuza que involucró a decenas de representantes del movimiento ambientalista.

Fue durante un evento organizado por el Grupo de Trabajo sobre los Mercados Voluntarios de Carbono, respaldado por compañías de combustibles fósiles como Shell y BP, que busca expandir la compensación carbono y su agenda “cero neto”. Participaba también Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra.

Representantes de 20 pueblos indígenas de la Red Ambiental Indígena a los que no se autorizó a participar de este evento organizaron una manifestación afuera del centro de conferencias,  exhibiendo afiches con las copias de un anuncio de página completa que habían publicado en los periódicos FT y Times, bajo el título “La compensación de Carbono nos está desgastando”.

En paralelo, en el recinto donde se reunía el Grupo de Trabajo, y a pesar que en este tipo de cumbres todo tipo de protesta está prohibida, dirigentes de prestigiosas ONG acreditadas levantaron pancartas de denuncia a los mecanismos perversos que, en definitiva, no aportan a reducir las emisiones sino a lavarle la cara a los grandes responsables de las mismas.

Haciéndose eco de las incontables voces que están denunciando en Glasgow el concepto de “compensación carbono”, Greta Thunberg, quien también asistió al evento, tuiteó un mensaje de denuncia:  «Este Grupo de Trabajo, y otros esquemas similares, son estafas que podrían arruinar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ° C». Al salir del evento, declaró: «No más lavado verde», una forma contundente de denunciar las fórmulas que proponen las multinacionales y ciertos países ricos para burlar la obligación de una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En los últimos días Glasgow se inflamó como el mismo clima planetario. La cumbre institucional intenta vender sus logros y “avances”. Mientras tanto, los sin voz climática, los jóvenes de la calle, el movimiento ambientalista, los que ya perdieron la paciencia, aceptan la pulseada: el de la protesta, denuncia y movilización colectiva y ciudadana. Y unos 100 mil manifestantes ganaron las calles de la ciudad escocesa para hacer escuchar su protesta. En paralelo, desde Sídney a París, de México a Londres, así como en tantas otras ciudades del mundo, se multiplicaron las protestas. Con la certeza que, en esta lucha desigual de David contra Goliat, cada vez es más difícil ignorar la voz de los de abajo, el grito de la resistencia ambientalista.

Las voces de “abajo” se hacen escuchar en Glasgow

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Cumbre climática a prueba de fuego

Por: Sergio Ferrari

Clima vs sistema

Aunque el planeta agoniza, los remedios son insuficientes. La comunidad internacional intenta de nuevo, esta vez en Glasgow, Escocia, lanzar una terapia. Lamentablemente, casi inofensiva en relación al diagnóstico.

Gran parte del mundo científico y el movimiento ambientalista consideran este esfuerzo como la última oportunidad para frenar el ya irreversible aumento de la temperatura terrestre. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), organizada en esta ocasión por el Reino Unido en colaboración con Italia, empieza este domingo 31 de octubre y se extiende hasta el 12 de noviembre.

El ABC de Glasgow

La Conferencia de las Partes –de ahí la sigla COP– de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una cita anual en la cual representantes gubernamentales de alto nivel discuten y negocian eventuales propuestas para reducir el calentamiento global.

Esta 26ª sesión reunirá, según los organizadores, a delegados de casi todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas; entre ellos, un centenar de jefes de Estado y de Gobierno. También expertas-os en el tema ambiental, dirigentes empresariales, representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil en general (https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow).

Todo anticipa que será un vértice particularmente trascendente ya que, a pesar de los seis años transcurridos desde la adopción del Acuerdo de París en la COP21, los esfuerzos implementados hasta ahora para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius han resultado insuficientes. (https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf).

Para el mundo científico, esta cifra –1,5 grados Celsius– constituye el umbral límite o punto de ruptura, superado el cual el cambio climático podría tener impactos dramáticamente irreversibles tanto para el ser humano como para la naturaleza. Los recientes incendios, olas de calor, inundaciones y otras catástrofes naturales cada vez más intensas exigen una acción climática urgente y mancomunada.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, del 9 de agosto del año en curso, es contundente. Afirma que “Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios” (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ ).

En dicho informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 ºC en las próximas décadas, y se concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, “limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable”.

Otro tema clave de la agenda de la COP26 de Glasgow será la financiación climática, es decir, la ayuda que los países industrializados han prometido proporcionar a aquellos más afectados por el calentamiento global, casi siempre las naciones en vías de desarrollo. Todavía se está muy lejos de los 100.000 millones de dólares anuales anunciados en 2009 en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague, Dinamarca, para el financiamiento de proyectos de reducción de emisiones y de adaptación climática en las regiones de menos recursos.

El Acuerdo de París como espejo

¿Es posible que una eventual “terapia” surgida de la Conferencia de Glasgow ayude a recuperar el tiempo que se ha desaprovechado en la lucha contra el calentamiento planetario? ¿O será un mero espejo que se mire en París 21 pero sin superarlo, con propuestas consensuadas y promesas que no responden a la agonía?

El objetivo principal del Acuerdo de París del 12 diciembre de 2015 establece que el aumento de la temperatura terrestre, en este siglo, no supere los 2 grados centígrados – siempre en relación con los niveles preindustriales. E incluso propuso que se redoblaran los esfuerzos mundiales para intentar que dicho incremento sea como máximo de 1,5 grados centígrados.

Esta meta incluye la necesidad de un salto significativo de cada país para hacer frente a los efectos del cambio climático, limitar sensiblemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y lograr el financiamiento necesario para hacerlo posible. Por otra parte, establece informar periódicamente sobre sus respectivos niveles de emisión y sus esfuerzos por poner lo acordado en práctica, además de realizar cada cinco años y en forma conjunta un inventario mundial para evaluar el progreso colectivo en el cumplimiento de dichos compromisos.

Con todo esto en mente, lo acordado en París fue como un mandato para que los países desarrollados siguieran asumiendo una responsabilidad principal mediante objetivos de reducción absolutos para toda la economía, mientras que los países en desarrollo continuaran intensificando sus esfuerzos de mitigación.

Dicho Acuerdo quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 –Día de la Tierra– en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2016, entró en vigencia, treinta días después de que se cumpliera con el “doble criterio”, es decir, su ratificación por 55 países que representan al menos el 55% de las emisiones mundiales. Desde entonces ha sido suscripto por 192 países.

A juzgar por los resultados alcanzados, ni el Acuerdo de París ni los esfuerzos posteriores han dado los resultados proyectados. Los análisis retrospectivos sugieren que, aun si se hubieran cumplido las promesas asumidas en París en 2015-2016, solo se habría limitado el aumento de la temperatura a menos de 4° C, muy lejos del tan proclamado aumento máximo de 1.5 grados. Es decir, los compromisos asumidos por los Estados en ese momento eran ya insuficientes para lograr las metas planteadas.

Según Alok Sharma, presidente entrante de la COP26, “Ha habido progreso, pero no lo suficiente. Es por eso que necesitamos, especialmente, que los mayores emisores, las naciones del G20, presenten compromisos más fuertes para 2030 si queremos mantener el objetivo del 1,5° C durante esta crítica década».

Promesas (casi) imposibles

Los compromisos climáticos más recientes de varios países de aquí al año 2030 “no son suficientemente ambiciosos y ponen al mundo en camino a un aumento de temperatura este siglo de por lo menos 2,7° C”, señala el último Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado el 26 de octubre.

Los anuncios a nivel nacional hechos hasta ahora permitiría una escasísima reducción: tan solo un 7,5% de las emisiones previstas para 2030 (https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021). “Para mantenernos en la ruta hacia el objetivo del 2° C deben asegurarse reducciones de emisiones del 30%”. Si se pretende alcanzar el objetivo de 1,5%, se necesitarían reducciones en el orden de un 55%. Nuevamente, de cara a la COP26, las promesas de las Partes no corresponden con los objetivos acordados. Se repite así la larga historia de respuestas tibias para salvar un planeta en llamas.

Al presentar el informe de PNUMA, algo así como un marco de referencia conceptual para la Cumbre de Glasgow, Inger Aderson, la directora de dicha organización recordó que «el cambio climático ya no es un problema del futuro. Es un problema ahora». PNUMA insiste en que sólo disponemos de ocho años de oportunidad para limitar el calentamiento global a 1,5° C mediante la reducción a casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Menos de una década para hacer planes, implementar políticas y, finalmente, presentar resultados tangibles. “El reloj avanza rápidamente», subraya este organismo internacional.

Al pasado 30 de septiembre, 120 países, responsables de poco más de la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, habían comunicado nuevas metas, actualizadas. Adicionalmente, tres miembros del G20 (las 20 naciones más desarrolladas) anunciaron nuevas promesas de mitigación para 2030. En su evaluación del informe del 26 de octubre, Alok Sharma, consideró que, si los países cumplen con sus metas pautadas para 2030 y los compromisos de cero emisiones anunciados, “estaremos dirigiéndonos hacia aumentos promedio de la temperatura global de poco más de 2° C”.

Dos visiones en conflicto

La Cumbre de Glasgow tiene tanto de laberinto como de encrucijada para el clima planetario. Y mucho más de sofisma, una falacia construida sobre la base de promesas que la gran mayoría de las naciones sabe que realmente no podrán cumplir.

La COP26 desnuda, además, el choque de dos concepciones confrontadas. La visión de una “institucionalidad” onusiana, con propuestas a mediano y largo plazo, a pesar de que el mundo científico viene diagnosticando, desde años, la gravedad extrema de la enfermedad. Y, enfrente, la visión de una buena parte de la sociedad civil planetaria –movimientos ambientalistas, ONG de desarrollo, sindicatos, redes y plataformas–, que se movilizará críticamente en las calles de Glasgow durante la COP26, que insiste en la “urgencia climática” como clave de interpretación de una sociedad humana en carrera acelerada hacia su propia desaparición.

No sorprende, entonces, que una de las principales consignas comunes de los millones de jóvenes movilizados en los últimos años en torno a la “huelga del clima” lo describa con elocuencia: “No hay que cambiar el clima, sino el sistema”.

Cumbre climática a prueba de fuego

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Clima de infierno y el agua que desaparece

Por: Sergio Ferrari

La Tierra se inflama y en muchas regiones del planeta el agua se convierte, de más en más, en un artículo de lujo. El cambio climático interpela a fondo a la sociedad civil internacional que identifica responsables políticos.

Entre ellos Jair Bolsonaro, a quien acaban de denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI). Por sexta vez en sus escasos 34 meses de gestión, el presidente de Brasil fue acusado ante la CPl, con sede en La Haya, Países Bajos. En esta ocasión, en la segunda semana de octubre, la ONG austríaca All Rise, lo denuncia por genocidio ecológico y crímenes de lesa humanidad.

Apenas siete días antes, el martes 5 de octubre, la profunda crisis del agua volvía a ser noticia de primera plana a raíz de un nuevo informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra, Suiza.

Calentamiento global, catástrofe amazónica — con el Gobierno Bolsonaro como uno de los principales responsables– y crisis del agua, se entremezclan en un laberinto que parece no tener salida. El cual hace aún más actual las previsiones de los científicos y analistas que desde ya hace algunos años vaticinan que las próximas guerras serán por la disputa del vital líquido en un planeta donde el agua dulce aprovechable constituye solo el 0.5% de los recursos hídricos disponibles.

Radiografía del espanto

En 2020, 3.600 millones de personas carecieron de un servicio de saneamiento gestionado de forma segura y 2.300 millones no contaron con servicios básicos de higiene.

En 2018, fueron 3.600 millones las personas que al menos durante un mes al año no tuvieron acceso adecuado al agua potable. Según el Informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2021: agua (https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/se-advierte-que-urge-tomar-conciencia-de-la-inminente-crisis-del-agua) que acaba de publicarse en Ginebra, se prevé que de aquí a 2050 esta cifra superará los 5.000 millones.

En las últimas dos décadas, los depósitos continentales del agua, los cuales incluyen todas las reservas sobre y debajo de la superficie terrestre (tanto en forma líquida, como de humedad del suelo, nieve y hielo) se han reducido a un ritmo de 1 centímetro por año. Las mayores pérdidas se contabilizan en la Antártida y en Groenlandia. No obstante, otros lugares en diversas latitudes, con alta densidad de población, también registran reducciones considerables aun cuando se trata de zonas que, tradicionalmente, han sido fuentes de abastecimiento.

En este mismo período explotó la frecuencia de los peligros hidrológicos. Así, por ejemplo, a partir del año 2000 se registra un aumento de un 134% en los desastres causados por las crecidas, en comparación con los decenios anteriores.  Y, en paralelo, el número de sequías y la duración de las mismas también creció un 29%.

A pesar de algunos avances logrados, la OMM considera que 107 países están lejos de cumplir el objetivo de gestión sostenible de sus recursos hídricos. Y concluye que, en términos generales, el mundo se encuentra considerablemente atrasado en lo que respecta a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 – de los 17 aprobados en 2015 por las Naciones Unidas–, el cual consiste en “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”.

En 75 países se registraron niveles de aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos inferiores a la media, y en 10 de ellos los niveles fueron sumamente bajos. El ritmo de progreso actual debería cuadruplicarse para lograr las metas mundiales propuestas para el 2030.

Nada es casual

Según la OMM, el aumento de las temperaturas está generando cambios en las precipitaciones a nivel general, lo que provoca variaciones violentas en la distribución de las lluvias y las estaciones agrícolas. Calentamiento global e irregularidades meteorológicas con repercusiones directas y nefastas tanto para la seguridad alimentaria como para la salud y el bienestar general de los seres humanos.

Por ejemplo, durante el 2020, se han registrado numerosos fenómenos extremos, todos ellos relacionados entre sí. En Asia, lluvias extraordinarias causaron inundaciones masivas en Japón, China, Indonesia, Nepal, Pakistán e India. Millones de personas se vieron obligadas a desplazarse y centenares de seres humanos perdieron la vida. Sin embargo, las graves perturbaciones provocadas por las inundaciones no se limitaron a los países en desarrollo. También en Europa ocasionaron muertes y daños generalizados.

En contraposición, el cambio climático acelerado en otras regiones ha provocado sequías. La falta de agua continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación para muchas naciones, especialmente en África. Según ese mismo informe, más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren estrés hídrico y carecen de un suministro de agua potable y servicios de saneamiento.

Caso emblemático

A fines de septiembre, el nivel de las reservas de agua en las centrales hidroeléctricas de Brasil, las cuales generan lo esencial de la energía del país, había descendido a un 23 %, según datos del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) de ese país. Las previsiones son aún más preocupantes: para fin de año ese nivel podría llegar al 12 %. A modo de comparación, en 2001, cuando Brasil atravesó un grave periodo de restricción energética, las reservas bajaron a un 34%. La energía hidroeléctrica abastece más del 63% del consumo de esa nación sudamericana.

En agosto pasado la plataforma brasilera MAPBIOMAS –universidades y especialistas medioambientales– publicó un informe nacional en el que constata la reducción de casi un 16% de las superficies de agua dulce. Dicho informe subraya que la actual crisis hídrica es la peor de las que Brasil ha atravesado en los últimos 90 años. El impacto de la misma tiene consecuencias regionales, dada la importancia de la Cuenca del Amazonas compartida con otros siete países, y la Cuenca del Paraná, común con Argentina. Este mismo informe insiste en que los períodos de lluvias e inundaciones no compensan más los de profunda sequía. Hecho trascendente para un país que concentra el 53% de la reserva de agua dulce del continente sudamericano y el 12% de las reservas planetarias.

Según especialistas medioambientales, las causas de esta crisis se encuentran en
el cambio climático el cual provoca más sequías con el inevitable aumento de la temperatura y temporadas de lluvias más breves. También inciden significativamente la deforestación amazónica para facilitar la ganadería extensiva, ciertos monocultivos de agroexportación y la extracción ilegal de madera y minerales.

El calentamiento global indetenible y las distorsiones pronunciadas del agua dulce a nivel planetario estarán en el centro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebrará en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. Para diversos analistas, es la última oportunidad para evitar un incremento irreversible del calentamiento global. Para las voces ecologistas más críticas, ya es demasiado tarde y poco de nuevo habrá bajo el sol después de concluida la COP26.

Clima de infierno y el agua que desaparece

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