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Salarios de hambre en medio de una crisis mundial que empeora

Salarios de hambre en medio de una crisis mundial que empeora

Sergio Ferrari

Fuentes: Rebelión [Las mujeres, las más afectadas en la perdida de sus ingresos a causa de la crisis sanitaria mundial. Foto OIT]

19 % de asalariados ganan menos que un sueldo mínimo

Mil millones de seres humanos padecerán de extrema pobreza en 2030. La pandemia acelera la crisis y los salarios caen en picada. Las mujeres, así como los trabajadores con remuneraciones más bajas, pagan el precio más alto.

Según diversos organismos internacionales en torno a 207 millones de personas van a caer por debajo de la línea de pobreza en los próximos años como consecuencia de la crisis económica resultante del COVID-19. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anticipa cifras no menos dramáticas para el fin de la década: mil millones de personas padecerían de extrema pobreza en el 2030.

El PNUD,  (https://www.undp.org/content/undp/es/home.html y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, (https://unctad.org/webflyer/least-developed-countries-report-2020)  hicieron públicos la primera semana de diciembre dos estudios donde advierten sobre los altos costos de la situación actual “para los países menos desarrollados”, donde vive la mitad de la población mundial.

Ambas organizaciones coinciden que este año los seres humanos que viven con menos de 1.9 dólares por día aumentarán en 32 millones, implicando un incremento de la tasa de pobreza a nivel global del 32.5% al 35.7%.

La proyección más pesimista anticipa que la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años. La UNCTAD recuerda que la pandemia ha afectado especialmente a los países más debilitados porque constituyen las economías más vulnerables y de menos nivel de resiliencia. Se trata de los 47 países menos desarrollados que producen cerca del 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y albergan 1.060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones había sido de apenas 1.088 dólares en el marco de un promedio mundial de 11.371 dólares.

De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años, con una caída significativa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de esfuerzos para alcanzar leves progresos en la reducción de la pobreza, y la mejora de la nutrición y de la educación.

Drama salarial

Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado también al inicio de diciembre en Ginebra, debido a la pandemia, en el primer semestre de 2020, los salarios mensuales de 2/3 de los países -de los que se cuentan datos oficiales- se redujeron o crecieron más lentamente.  En otros países, el salario medio aumentó, pero solo como producto de cálculos artificiales. Ya que ese incremento -solo estadístico- fue la consecuencia de la pérdida sustancial de puestos de trabajo en los sectores con sueldos más bajos.

Tendencialmente, según el organismo internacional, el horizonte será tormentoso. Estima como probable que en el futuro cercano se produzca una fuerte presión a la baja sobre los salarios dada la actual crisis internacional.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 constata que, en América Latina, la pandemia borró rápidamente el leve avance que se había logrado en materia salarial, en particular a partir de 2018, cuando se comenzó a sentir una cierta recuperación.

En este continente se da una situación particular. Una buena parte de asalariados trabaja en la economía informal, razón por la cual muchos han sido excluidos de las medidas de ayuda que han dado algunos gobiernos. En países como México y Brasil, las familias que incluyen personas que tienen empleos informales, han perdido el 60% de sus ingresos a partir de la pandemia.

Principales perjudicadAs

La crisis no ha afectado del mismo modo a todas y todos. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. Un sondeo realizado en 28 países europeos concluye que, sin los subsidios estatales, en el segundo trimestre de 2020, la pérdida salarial para las mujeres hubiera sido del 8,1 % frente al 5,4 % para los hombres. La OIT sostiene que “por lo general las mujeres predominan entre los trabajadores mal pagados…En todas las regiones, la proporción de mujeres es mayor entre quienes perciben un salario mínimo o un monto inferior que entre quienes perciben un monto superior al salario mínimo”. También son penalizados los trabajadores jóvenes de menos de 25 años, los que tienen un nivel de instrucción inferior y los trabajadores rurales.

El golpe más fuerte lo sufren los sectores menos pudientes. En esos mismos países, sin los subsidios temporarios, el 50 % de quienes ganan menos hubiera perdido aproximadamente el 17,3 % de su salario. Sin embargo, dichas prestaciones actuaron como amortiguadores. Y compensaron casi la mitad (un 40%) de esa pérdida.

Guy Ryder, Director General de la OIT, al presentar el nuevo estudio, afirmó que “el crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones”.

Y anticipó que la estrategia de recuperación “debe centrarse en las personas. Necesitamos políticas salariales adecuadas que tengan en cuenta la sostenibilidad del empleo y de las empresas, en las que se aborden también las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda”. Ryder lanzó una crítica directa a paradojas inexplicables en el actual sistema: si se quiere reconstruir pensando en un futuro mejor, hay que plantearse cuestiones incómodas, como por qué con tanta frecuencia las ocupaciones de gran valor social, como el personal docente y de la salud son sinónimo de sueldo bajo.

Tema esencial, el salario mínimo

El estudio de la OIT incluye un análisis de los sistemas de salario mínimo, que, podrían constituir un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y justa.

El 90 % de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Sin embargo, aproximadamente 327 millones de asalariada-os (es decir el 19% del total) reciben una remuneración equivalente o menor al salario mínimo por hora vigente.  Y enfatiza que ya “antes de la pandemia

266 millones de personas –el 15 por ciento de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora” (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762645/lang–es/index.htm).

Las causas principales de esa situación son el incumplimiento de la ley o bien la exclusión de ciertas actividades laborales de la normativa marco. El estudio indica que prácticamente 1 de cada 5 países (el 18 % de los mismos a nivel mundial) que reconocen un ingreso mínimo por ley, excluyen de esa normativa a la-os trabajadora-os agrícolas y doméstica-os, o bien a ambos.

El desafío de un “ajuste salarial suficientemente frecuente” es crucial, enfatiza la organización internacional. Quien constata que en la práctica solo un país de cada dos -que cuenta con un salario mínimo reconocido por ley-, lo ajustó al menos cada dos años en la década 2010-2019. En ese periodo, el aumento real fue, en promedio, de 1.1% en África, 1.8% en las Américas, 2.5 % en Asia y 3.5% en Europa y Asia Central.

La organización internacional mira hacia al futuro. Y lanza como desafío que al prepararse para una nueva y mejor “normalidad”, la existencia de salarios mínimos adecuados- definidos por ley o negociados- podría contribuir a lograr más justicia social y menos desigualdad.

El PNUD, por su parte, estima que con voluntad política se podría evitar lo peor. Si se hicieran inversiones en la dirección establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería posible rescatar de la extrema pobreza a 146 millones de personas. Para ello, insiste, debería invertirse en esta década en programas de protección y bienestar social, gobernanza, digitalización, y en un cambio hacia la economía verde, así como en mejorar las capacidades productivas. Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza en relación al género y se podría reducir en 74 millones el número de mujeres en estado de pobreza, concluye el organismo.

Realidad económica, caída salarial y aumento de la pobreza son tres ángulos de una misma figura. La disputa principal de los actores sociales -sindicatos, movimientos sociales- a nivel mundial es asegurar una mayor participación en la redistribución desde los ingresos sociales. Intentar, al menos, que el triángulo sea equilátero…

Fuente de la Información: https://rebelion.org/salarios-de-hambre-en-medio-de-una-crisis-mundial-que-empeora/

 

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Cuba: Una señal de esperanza para los países empobrecidos

Una señal de esperanza para los países empobrecidos

Justo algunos días antes que se restablecieran los vuelos comerciales con Cuba, a mediados de noviembre, el doctor y profesor suizo Franco Cavalli, viajó al país caribeño. Fue uno de los primeros científicos europeos en poder visitarlo luego del estricto confinamiento.

“Me encontré con un país ejemplar en el combate contra el COVID-19. Que, sin embargo, debido a la pandemia y al bloqueo, confronta hoy una profunda crisis económica”, explica el presidente de mediCuba Europa, importante red de ONG del sector de la salud presentes en 13 países del continente.

Entre marzo y el lunes 30 de noviembre, las cifras oficiales corroboradas por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) reflejan una realidad sanitaria excepcional. “Cuba contabiliza 50 veces menos de muertes que Suiza y casi 120 veces menos que Bélgica”, enfatiza el prestigioso oncólogo que entre 2006 y 2008 fue presidente de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).

En estos últimos 10 meses, la nación caribeña registra 8.233 infecciones y solo 134 decesos para una población de cerca de 12 millones de personas. Lo que representa un impacto de 1.18 muertes por 100 mil habitantes. En tanto su vecina República Dominicana oscila en los 21.92;  Alemania -ejemplo europeo por el control de la pandemia-, tiene 19.68;  Suiza llega ya a 55.53  y Bélgica a 144.73 , siempre por cada 100 mil habitantes ( https://www.rtve.es/noticias/20201125/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml )

Esfuerzo sanitario exitoso

El sistema público de salud, totalmente gratuito, y la concepción imperante de medicina comunitaria, «ha permitido controlar exitosamente la pandemia que hubiera podido hacer estragos como sucedió en muchos de los países latinoamericanos y caribeños”, analiza Cavalli.

Quien subraya la “extrema disciplina ciudadana. Nunca vi a nadie, en esos días que estuve en Cuba, sin mascarilla. Los controles sanitarios son sistemáticos. Al entrar a cualquier institución o espacio público miden la temperatura corporal y se exige la desinfección de manos. En muchos lugares, incluso, se desinfectan los zapatos”.

Uno de los objetivos de su viaje fue el de informarse sobre el avance de la vacuna. Soberana 1 ha concluido la primera fase. Se experimentó en dos grupos etarios, uno de mayores de 60 años y otro de más jóvenes. La fase 2, en la cual se mide la eficacia especialmente a nivel de respuesta celular y de anticuerpos, está en marcha. Esperan comenzar con la fase 3 hacia fin de año. Calculan tenerla lista a fines de marzo y proyectan aplicarla hacia mitad del 2021. Existe un segundo proyecto, la vacuna Soberana 2, que también está en proceso.

“Cuba ha invertido desde hace muchos años en la investigación biomédica.  Sus investigadores tienen una enorme experiencia en este rubro. Por ejemplo, lograron la primera vacuna en el mundo contra el meningococo”, explica el profesor suizo. El Instituto Finlay, con el cual mantuvo estrechos contactos durante su reciente estadía, es uno de los 32 centros que hacen parte del polo científico de La Habana (BioCubaFarma), que ocupa, en total, cerca de 20 mil personas.

Una de las características de los entes especializados en Cuba es haber desarrollado en un mismo espacio la investigación y la producción industrial. Las exportaciones biotecnológicas significan una fuente importante de recursos para el país, recuerda. Un ejemplo: una gran parte del mercado latinoamericano de la eritropoyetina (EPO), esencial para el tratamiento crónico de anemias, disfuncionamiento renal y tratamientos posteriores a ciclos de quimioterapias, es asegurado por un producto cubano.

“No estoy seguro, en este caso específico de la vacuna contra el SARS-CoV-2, si la capacidad productiva de Cuba puede ser suficiente en caso que llegara a imponerse en una parte del mercado mundial. Sin embargo, como BioCubaFarma cuenta con tres filiales en China, mi impresión es que una parte de la producción, dado el caso, podría venir desde allí”, reflexiona Cavalli.

El médico suizo recuerda haber escuchado en La Habana una frase conclusiva que lo marcó significativamente: “No seremos los primeros en tener una vacuna, pero aspiramos en ser el primer país que asegure la vacunación de toda su población”. Desafío que, dado los avances en la investigación, podría ser una realidad a mediano plazo.

La vacuna cubana, agrega el científico helvético, puede llegar a trascender fronteras. Hablando con varios responsables de la OMS /OPS (Organización Panamericana de la Salud) en la capital cubana, “llego a la conclusión que existe la esperanza que la misma podría ser distribuida en países de bajos recursos a precios asequibles. Adaptada para altas temperaturas – a diferencias de otras en experimentación-, sin exigencia de sofisticadas cadenas de frío, podría constituir una real alternativa a la de los grandes laboratorios farmacológicos”.

Situación compleja

Las consecuencias económicas de la pandemia no pueden ser subestimadas y tienen efectos casi drámaticos. “Si se suma al endurecimiento impacto del bloqueo, por ejemplo, con  la reciente decisión de Donald Trump de impedir el envío de remesas  familiares desde Estados Unidos hacia la isla, el panorama es doblemente preocupante”, insiste.

Se perciben, añade, elementos cotidianos parecidos a la crisis que la nación caribeña experimentó durante el periodo especial, a inicios de la década de los 90. Tal vez la diferencia, “es que ahora la penuria de combustible es menor que entonces”. Es muy evidente percibir los grandes esfuerzos de ahorro que se implementan en todas las actividades.

El turismo, uno de los sectores esenciales de la economía, ya que aporta el 10 % del Producto Interno Bruto, ha sufrido un impacto significativo en estos últimos diez meses de autoconfinamiento de la isla.  “Recién ahora se retoma esa actividad pero con muchas precauciones”, explica Franco Cavalli.  Se acaba de reabrir a partir del 15 de noviembre el aeropuerto internacional de La Habana para vuelos de línea y se reactivan algunas regiones turísticas, como Varadero.

Esa situación compleja no puede dejar indiferente a la solidaridad internacional, afirma el presidente de mediCuba Europa. Esa red logró canalizar 600 mil euros, durante los primeros meses de la pandemia, asegurando materiales necesarios para preparar los tests así como  25 aparatos de ventilación pulmonar.

Ahora, el Instituto Finlay le presentó un proyecto de casi medio millón de euros para comprar  instrumentos que no pueden conseguir en el mercado debido al bloqueo estadounidesne. Se trata de equipos que permiten medir, luego de la vacunación, la modificación de los glóbulos blancos que producen los anticuerpos que combaten directamente el virus.

Casi a las puertas de sus 80 años, – y desde hace más de 40- Franco Cavalli hace de la solidaridad internacional uno de sus compromisos militantes cotidianos. Cuba, Centroamérica constituyen su horizonte prioritorio, aunque no exclusivos.

Sin abandonar por tanto su reflexión crítica. Como lo expresarsa ya en una entrevista anterior, la SOLIDARIDAD es mucho más que el concepto de “ayuda al desarollo”.  Y decía entonces: “El concepto es falso. No pongo en duda la noción de ayuda. Tenemos que seguir cooperando y siendo solidarios. Sin este pequeño aporte seguramente la gente de esos países estaría todavía peor. Pero lo que no podemos decir es que esa ayuda va a conducir al desarrollo. La filosofía que hay detrás del concepto ‘ayuda al desarrollo’ está equivocada. Debemos promover, sobre todo, el cambio político de las reglas de juego internacional”.

Y esas nuevas reglas exigen horizontalidad Norte-Sur-Norte. De allí la esperanza del presidente de mediCuba Europa: ante el impacto devastador de la pandemia, en el futuro, una vacuna descubierta y producida en el Caribe, podría constituir una bocanada de esperanza para los relegados de la gran industria farmacéutica multinacional.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/una-senal-de-esperanza-para-los-paises-empobrecidos/

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La vacuna anti-COVID promueve el debate de la sociedad planetaria

Por: Sergio Ferrari

En los últimos días la vacuna contra el SARS-CoV-2 se convirtió en una vedette mediática, casi al mismo nivel que las elecciones en los Estados Unidos o la segunda ola pandémica europea.

El 9 de noviembre las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron el resultado positivo de su vacuna en preparación en un 90% de los casos probados. Dos días más tarde, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto de Investigación Gamaleya comunicaron que su vacuna Sputnik-V había resultado eficaz en un 92% de los testeos realizados. Y el lunes 16 del mismo mes fue el turno de Moderna de comunicar un porcentaje de éxito del 94.5% de las pruebas efectuadas. Anuncios todos que trajeron un suspiro de alivio en la perspectiva de mediano plazo de la actual crisis sanitaria.

Tres razones confluyentes lo explican. La primera, la gente. El enorme interés de una gran parte de la población mundial -especialmente de Europa y de América – agotada por la pandemia y que no ve ninguna puerta de salida sin la vacuna. La segunda, los negocios. La gran industria farmacéutica sabe que el medicamento preventivo anti-COVID-19 le aportará beneficios incalculables dada la dimensión global de la demanda. Y, la tercera, el poder político. El entusiasmo de los gobiernos de las naciones golpeadas por la pandemia, que ven en la vacuna la lámpara de Aladino de la estabilidad sanitaria. Y la esperan como el único descongestionante potencialmente efectivo para la grave crisis. La gobernabilidad se ve amenazada por este cataclismo sanitario-económico-social.

La nueva “ética”

«Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”, enfatizó un grupo de expertos de las Naciones Unidas en asuntos de derechos humanos al pronunciarse públicamente el 9 de noviembre. El comunicado de prensa apareció casi en paralelo con el de las empresas Pfizer-BioNTech a través del cual informaron sobre los resultados positivos de su vacuna en un 90% de las pruebas realizadas.

Estos expertos intentaban recordar que el acaparamiento de ese fármaco por parte de los países que cuentan con más recursos económicos, o que proclaman un nacionalismo extremo que los lleva a ignorar cruelmente las necesidades del resto del mundo, “no tiene lugar en la lucha contra la pandemia”. La advertencia-denuncia se dirigió hacia “algunos países que están tratando de monopolizar cualquier futura vacuna contra el COVID-19” y hacia las empresas farmacéuticas que “tienen la responsabilidad de no anteponer las ganancias a los derechos de las personas a la vida y a la salud”.

Con el trasfondo planetario de más de 1.319.000 muertos (al 16 de noviembre), producto del coronavirus; el azote de la segunda ola europea, cuyo impacto ya supera al de la primera;  y el reflejo  instintivo del sálvese quien pueda, esas personalidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentaron reforzar el debate ético sobre el valor igualitario y universal de la vida humana.

Reflexión que, a escala nacional, se instaló en algunos países de la región con respecto a la selección de los pacientes graves en sistemas hospitalarios colapsados. ¿Quién tiene más *derecho* de sobrevivir entre dos enfermos en igual situación médica si ambos dependen de un solo respirador artificial o un mismo equipo de entubamiento? Los científicos de la Academia Suiza de Ciencias Médicas, a instancias del Gobierno federal, acaban de actualizar las directivas sobre el tipo de atención para los pacientes graves si se diera el colapso hospitalario. En la práctica: a quiénes se atenderá en cuidados intensivos y a quiénes se destinarán al sector paliativo para una muerte casi segura. Todo esto genera una reflexión ética semejante a la discusión en puertas sobre la distribución prioritaria, la venta y la aplicación futura de la vacuna.

Este debate es lo que, en un plano más global, intentaron provocar los diversos relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo de la división de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con su comunicado del segundo lunes de noviembre.

Según este grupo de trabajo, “parece que, lamentablemente, algunos gobiernos se han comprometido a garantizar vacunas solamente para sus ciudadanos. Las políticas de salud y adquisiciones aislacionistas están en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.

Por tal razón, dicho grupo, le pidió a la comunidad internacional que sostenga la iniciativa COVAX, que procura garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata del “mecanismo clave que permitiría que todos los países participantes tengan acceso a la vacuna que haya demostrado ser segura y eficaz”.

Según el derecho internacional, subraya el grupo de trabajo de la ONU, el acceso a cualquier vacuna y tratamiento para el COVID-19 debe estar al alcance de todos los que lo necesiten… especialmente aquellos países en situaciones vulnerables o que viven en la pobreza.

Convoca, además, a incrementar la cooperación y la asistencia internacional entre los países desarrollados y en desarrollo a fin de garantizar un intercambio generalizado de tecnologías sanitarias y conocimientos sobre las vacunas y el tratamiento para el COVID-19 en general.

Finalmente, les recuerda a las empresas farmacéuticas que tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales y que no deben anteponer sus ganancias a los derechos humanos a la vida y la salud, lo que implica aceptar límites y restricciones razonables a sus patentes.

La sociedad civil toma la palabra

Desde el estallido de la pandemia diferentes voces de la sociedad civil internacional han estado advirtiendo sobre las desigualdades de acceso a equipos médicos, materiales de protección y medicamentos en general. En un futuro inmediato, esta disparidad también podría expresarse también con la vacuna. Aun cuando es un hecho que el virus golpea por igual a ricos y pobres, estos expertos anticipan que la factura más abultada a nivel global será pagada por los sectores de menores recursos.

Un grupo concentrado de naciones ricas ya había comprado en septiembre de este año más de la mitad de las dosis en preparación de las vacunas contra el COVID-19, informó OXFAM. La ONG estima que se producirán unos 5.900 millones de dosis en una primera etapa, cantidad que sería suficiente para unos 3.000 millones de personas dado que las cinco empresas, que en septiembre tenían mayor probabilidad de éxito, coincidían en la necesidad de dos dosis por persona. El documento se refería a los proyectos en marcha en fase 3 –es decir, de testeo amplio previo a la comercialización– de AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac.

Hasta este momento, afirma la OXFAM, se había negociado la adquisición de 5.300 millones de dosis, de las cuales 2.700 millones (51%) han sido encargadas por países, territorios y regiones que representan el 13 % de la población mundial. Incluyendo a los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong y Macao, Japón, Suiza e Israel. Países en vías de desarrollo, como India, Bangladesh, China, Brasil y México, entre otros, compraron las 2.600 millones dosis restantes o se comprometieron a hacerlo.

Los Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, ya habían reservado en septiembre 800 millones de dosis de seis diferentes fabricantes. La Unión Europea, con 450 millones de habitantes, había encargado 1.500 millones de dosis, según diversas fuentes informativas. Al día siguiente de conocerse el comunicado del 9 de noviembre de la Pfizer, la Unión Europea se abalanzó para asegurar 300 millones de dosis suplementarias.

Al lanzar su campaña internacional “Exigimos que la vacuna sea gratuita para todo el mundo” (https://actions.oxfam.org/international/covid-19-vaccine/petition/es/ ), OXFAM analizó el mal ejemplo de la empresa Moderna, que aun cuando había recibido pedidos de diferentes gobiernos en torno a los 2.500 millones de dólares, optó por “vender a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción”.

Según la ONG, el costo de vacunar a toda la población mundial será minúsculo: costaría menos del 1% del impacto previsto de la pandemia en la economía mundial. En cuanto a los tiempos y plazos, la ONG estima que, de no haber cambios esenciales al ritmo actual, dos tercios de la población mundial (un 61%) no tendrá acceso a la vacuna antes del año 2022.

Equidad en un mundo polarizado

La vacuna contra el COVID-19, que según numerosos especialistas no saldrá al mercado libre antes de mediados del año 2021, se desarrolla en un escenario global preocupante.

La mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud más esenciales, así como a fuentes seguras de agua potable. Millones de personas viven en villas miseria o campos de refugiados superpoblados.

La mitad del total de los pobladores del planeta podría padecer una situación de pobreza una vez terminada la pandemia. Según OXFAM, los efectos directos del COVID-19 amenazan condenar a 135 millones de seres humanos a una situación de inseguridad alimentaria o hambre. A pesar de este contexto, los remedios siguen siendo, para las empresas multinacionales del ramo, simples mercancías portadoras de suculentos beneficios.

Como lo sostiene OXFAM, “muchas veces los medicamentos se venden a precios excesivos e inaccesibles”. Los derechos ligados a la “propiedad intelectual” son utilizados por la gran industria farmacéutica para aumentar enormemente el valor de los mismos en el mercado. Los ejemplos sobran. Como lo señala la ONG, a pesar de que la neumonía es la principal causa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años –cerca de 2.000 por día–, dos grandes empresas del ramo, entre las cuales se encuentra la misma Pfizer, se repartieron los derechos de patente y exigieron precios exorbitantes, lo cual causó “la muerte de millones de niñas y niñas”.

Durante toda esta etapa, esas dos multinacionales obtuvieron beneficios de aproximadamente 50 mil millones de dólares por la venta de vacunas contra la neumonía, como lo denunció en diciembre de 2019 la organización Médicos sin Fronteras. Pequeño anticipo de lo que podría suceder en el futuro con la vacuna contra el COVID-19.

La distribución equitativa a nivel internacional de una vacuna segura y eficaz, y a un precio asequible para todos, será sin duda un complejo tema de debate, presiones y contrapresiones. Varias organizaciones europeas anticiparon, a mediados de noviembre, el lanzamiento de una petición ciudadana que espera contar con el apoyo de por lo menos 1 millón de firmas. Dicha petición exige a la Unión Europea que sus contratos con las empresas farmacéuticas sean transparentes y que les obliguen a contraprestaciones, como la liberalización de las patentes pertinentes, con el propósito de reducir el costo de la vacuna.

La vacuna, antes de existir realmente, ya se instaló como un nuevo debate y combate ético-político de dimensión *Tierra*.

Fuente: https://rebelion.org/la-vacuna-anti-covid-promueve-el-debate-de-la-sociedad-planetaria/

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Periodismo, profesión de alto riesgo

Micrófono y grabadora bajo mordaza. Mucho peor: comunicadores asesinados en distintas regiones del mundo en ejercicio de su profesión. Nueve de cada diez de estos crímenes quedan impunes.

El lunes 9 de noviembre el periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado a balazos mientras cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca, en Guanajuato. Hace apenas una semana, el primer lunes de noviembre, en Sonora, el comunicador Jesús Alfonso Piñuelas había corrido la misma suerte. Arturo Alba Medina, conductor de Telediario, en Multimedios Televisión, en la Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinado los últimos días de octubre. Las tres víctimas más recientes, todas en México. Las cifras son escalofriantes. En la última década se registró el asesinato de un-a periodista cada cuatro días. Casi 9 de cada 10 de esos casos fatales quedaron sin sanción.

Organizaciones internacionales contabilizan 157 asesinatos en todo el mundo en el periodo 2018-2019. De los cuales 57 se produjeron el año pasado, lo que representa la cifra más baja del último decenio.

Según las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más violenta en cuanto a este tipo de agresiones a trabajadoras-es de la prensa. En los primeros 9 meses del año en curso se registraron 39 actos fatales. 16 de ellos en el continente latinoamericano, 11 en Asia y el Pacífico, 7 en la zona de los Estados Árabes en tanto 5 en África.

Dato significativo del reciente informe que acaba de presentar la UNESCO es que una gran parte de estos hechos no se dan en contexto de guerras abiertas. Constata “el considerable descenso de periodistas asesinados en países que viven conflictos armados en comparación con el aumento en las naciones que no los padecen”. La mayoría de estos crímenes se produjeron por cubrir casos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, delitos ambientales, tráfico y delitos políticos.

El sector de la profesión más golpeado es la televisión. En ese mismo periodo, padeció 47 de las muertes. Seguido de la radio con 20 víctimas – 5 de las cuales trabajaban en radios comunitarias,

Las mujeres periodistas son objeto de ataques de género, tanto en el ciberespacio como fuera de él, que van desde el acoso al troleo, pasando por las agresiones físicas y sexuales, precisa el estudio que fue divulgado el 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Diagnóstico que corresponde con un reciente escándalo que ocupa la primera plana en Suiza. La última semana de octubre el cotidiano Le Temps publicó una detallada investigación realizada por tres de sus periodistas, titulada “La ley del silencio”, sobre el acoso sexual, abuso de poder y soberbia en la gestión de varios cuadros de la actual Radio Televisión Pública (RTS). Entre ellos, el presentador “estrella” de los noticieros, Darius Rochebin, quien en agosto se trasladó a Paris con un nuevo contrato con la LCI/ TF1. Las revelaciones movilizan actualmente a los sindicatos del sector, organizaciones feministas y actores políticos y sociales exigiendo una investigación a fondo de los hechos denunciados. Dos de los cuadros de dirección de la RTS fueron ya separados de sus puestos en tanto Rochebin anuló en los últimos días todos sus programas en la cadena francesa.

Contra la impunidad

Fue la Asamblea General de la ONU la que el 18 de diciembre del 2013 aprobó una primera resolución (A/RES/68/163) relativa a la seguridad de los periodistas y la temática de la impunidad. La misma condenaba cualquier tipo de ataque contra los trabajadores de los medios de comunicación y proclamaba el 2 de noviembre como día mundial del combate contra la impunidad en homenaje a la periodista francesa Ghislaine Dupont y su colega Claude Verlon, asesinados en ese mismo año en Malí.

Esta resolución insta a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. También exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro, para dar garantías a los hombres y mujeres de prensa para que puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

México, peor ejemplo

El país azteca sigue “siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, enfatiza la Federación Internacional de Periodistas (FIP) al lanzar a fines de octubre una campaña anual contra la impunidad.

La FIP recuerda que se registran 162 asesinatos en ese país desde 2006, año en el que empezó la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México reconoció que el 90% de los crímenes contra periodistas quedan impunes. “Aquí, de nuevo, vemos cientos de casos donde las autoridades corruptas vinculadas a los asesinatos siguen ocupando sus posiciones de poder”, subraya la organización mundial con sede en Bruselas que agrupa a 600 mil periodistas de 187 sindicatos de 140 países.

Las estadísticas mundiales estremecen. Según la FIP, desde 1990, 2644 periodistas han perdido la vida. Evidencia, “los enormes esfuerzos que grupos de poder en todo el mundo están haciendo para ocultar la verdad y aterrorizar a aquello/as que se atreven a contarla…”. Esos periodistas muertos “significan miles de historias de interés público sin contar. Cuando esto sucede, la democracia se ve seriamente afectada”, subraya.

Asesinar la voz pública

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reitera que la seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno.

Sin embargo, en los últimos 14 años (2006-2019), la UNESCO registra 1200 periodistas que han sido asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En uno de cada diez casos prevalece la impunidad. (https://www.un.org/es/observances/end-impunity-crimes-against-journalists).

“La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial”, afirma.

Estas cifras – recuerda el organismo – no incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales.

“Es preocupante que menos de uno de cada diez casos de crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación durante la pasada década haya culminado en una condena”, enfatiza.  Esta impunidad tiende a envalentonar a los autores de dichos crímenes, y, al mismo tiempo, tienen un efecto paralizador en la sociedad, incluyendo a los mismos periodistas. La impunidad genera más impunidad, dando lugar a un círculo vicioso, evalúa.

Cuando las agresiones a los periodistas permanecen impunes, se envía un mensaje extremamente negativo: o sea, que contar “verdades embarazosas” o expresar “opiniones indeseadas” podría poner en problemas a la gente común. Además, afirma la organización rectora de la cultura y la educación, la sociedad pierde así la confianza en su propio sistema judicial, cuyo deber es proteger a los ciudadanos de cualquier agresión a sus derechos. Los autores de crímenes contra los periodistas son alentados por el hecho de agredir a sus objetivos sin tener siquiera que dar cuentas a la justicia. La impunidad daña a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. El tipo de noticias que son «silenciadas» es exactamente el tipo de información que la opinión pública necesita conocer, enfatiza.

Para el próximo 10 de diciembre, la UNESCO organiza, junto con el Reino Unido y los Países Bajos, una conferencia internacional al mismo tiempo digital y presencial. Pretende celebrar, conjuntamente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes de los periodistas (2 de noviembre). Tema principal de este evento:  el Fortalecimiento de las investigaciones y enjuiciamientos para poner fin a la impunidad de los crímenes con periodistas. En dicho cónclave se presentarán las directrices para fiscales sobre investigación y juicio de los delitos y ataques contra la/os trabajadora/es de la prensa.

Fuente: https://rebelion.org/periodismo-profesion-de-alto-riesgo/

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Los “Don nadie” con rostro humano

Por: Sergio Ferrari

Seres humanos sin identidad ni coordenadas. Figuras escondidas y fantasmagóricas diseminadas en todas las regiones del planeta. Desclasados, necesarios, a veces imprescindibles, casi siempre ‘desechables’.

Ciudadanos de segunda categoría, los 272 millones de migrantes a nivel mundial, avivan pasiones y atizan discursos xenofóbicos con cálculos electorales en buena parte de la geografía planetaria.

Integran un sector sumamente vulnerable a los impactos sanitarios, económicos y sociales de la actual pandemia. Al mismo tiempo, por su aporte a nivel económico y laboral, constituyen un resorte importante –a veces esencial- para la recuperación económica integral.

Así lo entiende, en todo caso, las Naciones Unidas.  En particular, su Programa para el Desarrollo Humano (PNUD), que publicó el 21 de octubre un informe donde analiza las migraciones en la última década.

Movilidad humana, oportunidades compartidasAnálisis del Informe sobre Desarrollo Humano 2009 y la ruta hacia delante (https://www.undp.org/content//human-mobility/en/home.html)  examina las grandes tendencias pasadas y , al mismo tiempo, arriesga anticipar pistas futuras para facilitar una migración segura, ordenada y regular.

Escondidos detrás de los números, cuadros y análisis, se desvanecen ciertos mitos ligados a la migración, que sigue siendo una temática de principal actualidad civilizatoria, atravesada-manipulada por retóricas políticas y convertida en espantapájaros en el debate societario mundial.

Con expresiones simbólicas muy fuertes, como la construcción del muro entre Estados Unidos y México o bien la ‘barrera de seguridad’ instalada por la Unión Europea en las aguas del Mediterráneo o el chantaje permanente de Turquía hacia la Unión Europea, al tener en sus manos una gigante llave maestra migratoria.

Algunos de esos mitos son repetidos hasta el cansancio por muchos medios de información y un importante sector de la clase política y el poder. Que la migración mundial es incontrolable cuantitativamente a nivel planetario; que es una población que aprovecha de las ventajas de países más ricos a donde se dirige; que el impacto de los refugiados –una ínfima parte de dicho grupo humano- amenaza la paz interna de las regiones más estables del planeta.

Población minoritaria

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) calcula en su Informe 2020 la existencia de unos 272 millones de migrantes internacionales, cifra que representa apenas un 3.5% de la población mundial. (https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020)

La tendencia es creciente. Las cifras actuales superan las proyecciones hechas para el año 2050, que pronosticaban un 2,6%, es decir 230 millones de migrantes internacionales, recién dentro de tres décadas. Sin embargo, los porcentajes siguen siendo mínimos en el marco demográfico mundial.

Como lo sostiene la OIM, la escala y el ritmo de la migración internacional son muy difíciles de predecir con exactitud, porque están estrechamente relacionados con acontecimientos puntuales o de duración limitada, como las situaciones de inestabilidad grave, crisis económica o conflicto. Además del impacto que pueden tener las tendencias a largo plazo, que también tienen una repercusión esencial: los cambios demográficos, el diferente desarrollo económico regional, los avances de la tecnología de las comunicaciones y el acceso al transporte.

En cuanto a coordenadas geográficas, India sigue siendo el principal país de origen de migrantes internacionales (17,5 millones).  El segundo en importancia es México con 11,8 millones y China se ubica en tercer lugar con algo más de 10 millones. Si se analizan el destino, los Estados Unidos mantienen el primer lugar, captando más de 50 millones migrantes internacionales.

Tres cuartas partes de los 272 millones -52 % hombres y 48% mujeres- tienen entre 20 y 64 años y constituyen una fuerza de trabajo potencialmente activa.

Las remesas internacionales que origina ese movimiento migratorio ascendieron en 2018 a los 689.000 millones de dólares estadounidense. Las mismas terminan en un sin número de países. Tres de ellos son los principales receptores: India, China, y México. Sin embargo, en regiones enteras, como Centroamérica y el Caribe o la África subsahariana, el impacto económico de las remesas impacta en la sobrevivencia misma de numerosas familias o comunidades. Para Haití representan un 37,1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Para Honduras, un 22 %; El Salvador, 21%; Jamaica,16 %; Nicaragua y Guatemala, 13,1%. El Banco Mundial calcula que, en 2019, América Latina y el Caribe recibió, en conjunto, 96.000 millones de dólares en transferencias enviadas por los migrantes.

Según el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), la migración forzosa – desplazados internos y refugiados- si bien se ha duplicado en los últimos 10 años significa actualmente unos 79 millones de personas.  Una pequeña minoría en el contexto ya minoritario del conjunto del movimiento migratorio a nivel mundial.

Actor productivo

El discurso xenofóbico de enorme impacto a nivel mediático internacional subraya el “oportunismo”, cuando no el “ocio”, de los migrantes que llegan a países de alto o mediano desarrollo.  Cuando este discurso se embebe de componentes raciales, como sucede en Europa con los inmigrantes provenientes del África subsahariana o de países árabes, el coctel resulta socialmente explosivo, discriminador y racista.

Sin embargo, “bien gestionada, la movilidad humana impulsa el crecimiento económico, reduce inequidades y conecta a sociedades diversas”, subraya el nuevo Informe del PNUD, desmitificando una parte de los argumentos descalificadores. Y subraya que “aunque únicamente representan el 3,5% de la población mundial, las personas migrantes generaron el 9% del PIB mundial en 2015”.

Otros estudios de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, citados por el PNUD en su informe, “muestran que un aumento porcentual de la proporción de migrantes en países de altos ingresos aumenta el ingreso per cápita en un 2%”. Y anticipa que “si las personas inmigrantes aumentaran la mano de obra de los países ricos en 3%, el Producto Interno Bruto mundial incrementaría 356.000 millones de dólares para 2025.

Con la mirada retrospectiva, el PNUD reconoce que desde 2009 se ha avanzado poco en cuanto a abordar la movilidad de personas migrantes poco cualificadas. Los derechos de las personas migrantes están más protegidos en el papel; pero, en la mayoría de los países, su acceso a protección y servicios sociales sigue siendo limitado. Y los costos de transacciónpara documentos, desplazamiento y transferencias monetarias siguen siendo obstinadamente elevados.

La crisis sanitaria mundial no debería ser un factor para cerrar aun más las fronteras. Al presentar el estudio, Asako Okai, administradora adjunta y directora de la Oficina de Crisis del PNUD enfatiza que “las economías y las sociedades saludables dependen de la movilidad humana. Los esfuerzos de recuperación de la COVID-19 deben incluir a las personas migrantes, asegurando que sus derechos no sean marginados y que no se desperdicie su contribución”.

«Nadie está seguro hasta que todos estén seguros» enfatiza el resumen técnico del informe, lo que implica la necesidad de “una respuesta inclusiva”, que integre a las personas migrantes.

Humanizar la migración

Movilidad Humana, oportunidades compartidas no se queda en el diagnóstico, sino que propone pasos concretos para valorizar y dignificar la migración.

Recomienda tomar y asumir ciertas decisiones políticas internacionales. Entre las cuales:  ampliar las rutas legales, reducir los costos de transacción de las remesas, garantizar los derechos de las personas migrantes, especialmente para las mujeres, fomentar la integración y la cohesión social, y movilizar a las diásporas.

Y concluye que «la pandemia y la pausa en los viajes son una oportunidad para redefinir la movilidad humana y construir un mundo mejor”.  El Administrador de la PNUD Achim Steiner al presentar el nuevo informe sobre las Migraciones 2020, sostuvo que “promover los beneficios, reducir los costos y hacer que la migración sea una opción nos preparará hoy para hacer frente a los nuevos retos que plantee el cambio climático, la creciente inequidad y la transformación digital del trabajo de mañana».

A la crisis económica mundial de 2008 le siguió una década de un debate muy politizado, algunos avances y muchas oportunidades desperdiciadas en relación con la movilidad humana, enfatizó Steiner.  Debemos redoblar esfuerzos ahora y centrarnos en los progresos en los próximos diez años si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible», enfatizó.

El PNUD anticipa, de cara al futuro, nuevos enfoques para potenciar los beneficios de la movilidad humana, tanto para las personas migrantes y sus familias, como para los países de origen y destino. Van en la dirección de ampliar las rutas legales de migración, innovaciones digitales para ayudar a las personas a ganarse la vida mientras están en tránsito, un enfoque renovado en protección social y la participación de las diásporas en las políticas de los países de origen.

Las imágenes casi cotidianas definen el argumentario planetario. Los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos vía México. O las barcazas repletas de hombres, mujeres y niños africanos golpeando a las puertas europeas – solo el año pasado murieron 1.283 en la travesía en tanto 110 mil lograron entrar al Viejo Mundo. Lo que esconden los reflectores mediáticos es, sin embargo, lo esencial: el enorme aporte de los trabajadores migrantes a las economías de los países centrales, así como el efecto de oxigenación intercultural imprescindible para las tan ricas como envejecidas sociedades opulentas.

Fuente: https://rebelion.org/los-don-nadie-con-rostro-humano/

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Gracias a la pandemia, más ricos que antes

Por: Sergio Ferrari

Revelador informe de la Unión de Bancos Suizos (UBS)

Mientras la crisis actual aumenta aceleradamente los niveles de pobreza y de indigencia en todo el planeta, un selecto grupo de multimillonarios ve crecer sus riquezas de una manera impresionante.

Son las 2.000 personas más ricas del planeta. Exactamente, 2.189 multimillonarios (31 más que en 2017), quienes a fines de julio de este año ya contaban con una fortuna total de 10.2 billones (10.200 mil millones) de dólares estadounidenses. Cifra equivalente a lo que poseen 4.600 millones de personas en el mundo entero.

COVID 19, negocio apetitoso

Una parte de esta elite, especialmente aquellos activos en los sectores tecnológico, sanitario e industrial, aprovecha oportunistamente los beneficios adicionales generados durante la crisis. Los 37 multimillonarios que residen en la pequeña Suiza ejemplifican esta tendencia de enriquecimiento acelerado: entre abril y julio aumentaron su patrimonio en un 29% para alcanzar, entre todos, los 123.500 millones de francos suizos (unos 135.000 millones de dólares).

Estas cifras siderales, que escapan a la imaginación del ciudadano medio, han visto la luz a principios de octubre a través de un informe elaborado conjuntamente por el banco helvético UBS (Unión de Bancos Suizos), el más grande del mundo en cuanto a gestión de fortunas, y la firma británica PricewaterhouseCoopers, una de las cuatro más importantes en el sector de consejo financiero y contable.

Se trata del séptimo estudio promovido por el UBS sobre la riqueza de los super ricos. El de 2020 analiza las fortunas de 2.000 multimillonarios en 43 mercados diferentes, lo que significa, prácticamente, todas las grandes fortunas del mundo. Es decir, el 98% de la población minoritaria super rica  a nivel internacional.

Los empresarios del sector de la salud vieron cómo su patrimonio fue aumentando hasta un 50% en estos últimos meses gracias a sus apuestas a los nuevos tratamientos, las innovaciones de diagnóstico y, en especial, la investigación sobre el COVID-19. Siguen siendo, sin embargo, los de la tecnología, los que concentran la mayor fortuna, con 1.8 billón de dólares.

Según France24, Elon Musk, director general de Tesla y SpaceX, también se benefició económicamente de la pandemia. “Mientras criticaba el distanciamiento social en Twitter, cuadruplicó su fortuna, la que creció de 76 a 103 mil millones de dólares”, señala la cadena francesa.

Las empresas tecnológicas fueron las que más se privilegiaron en los últimos meses, según el informe de la Unión de Bancos Suizos. Aunque el mismo no cita nombres, la televisora gala asegura que Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Ma (Alibaba) y Steve Ballmer (ex-CEO de Microsoft) se encuentran entre los grandes ganadores en esta coyuntura. Según el informe conjunto de UBS y PwC, las nuevas ganancias provienen prácticamente en su totalidad de transacciones financieras. Los potentados del sector tecnológico se han beneficiado gracias a los profundos cambios que la crisis sanitaria y el confinamiento “han provocado en los hábitos de consumo y trabajo. El éxito de las aplicaciones de videoconferencia, como Zoom, y las plataformas de compras en línea, como Amazon, han convencido a los inversores a apostar por cualquier cosa que brille tecnológicamente”, explica la cadena francesa.

En abril del año en curso, la revista Forbes incluyó a siete latinoamericanos en la lista de los que poseen más de mil millones de dólares. Entre esos siete, el mexicano Carlos Slim, el más rico del continente, con 49 mil millones de dólares de patrimonio; Joseph Safra, de Brasil; Iris Fontbona, de Chile; Luis Carlos Sarmiento, de Colombia; Carlos Rodríguez, de Perú, y Juan Carlos Escotet, de Venezuela. El séptimo en la lista de potentados de la región es el empresario petrolero argentino Alejandro Bulgheroni, con una fortuna de 2.8 mil millones de dólares.

Caras de una misma moneda

Riqueza y pobreza, multimillonarios e indigentes, actúan en una misma probeta planetaria y se entrelazan a través de vasos comunicantes. La brecha entre los más ricos del mundo y el resto de la sociedad planetaria sigue siendo abismal. Como lo señala en su informe de enero pasado la ONG Oxfam, la riqueza de – en ese momento- los 2.153 multimillonarios era mayor que todo lo que poseen los 4.600 millones de habitantes del planeta, es decir, aproximadamente, el 60% de la población total.

Para explicar pedagógicamente esta relación de desigualdad creciente, la organización calcula que los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riquezas que todas las mujeres del continente africano. El 1% más rico de la Tierra concentra más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Para ilustrarlo, la confederación internacional Oxfam, la cual reúne a una veintena de ONG en 90 países, explica que si “cada persona se sentara sobre el dinero que posee, apilado en billetes de 100 dólares, la mayor parte se sentaría en el suelo. Una persona de clase media de un país rico lo haría como en una silla. Los dos individuos más ricos del mundo estarían sentados en el espacio”. (https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-es.pdf).

La crisis agudiza la desigualdad 

Los estudios más recientes de instituciones internacionales, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hasta la Conferencia Económica para América Latina (CEPAL), anticipan el marco calamitoso de la situación internacional y regional pospandémica.  El Banco Mundial, por su parte, en un estudio de inicios de octubre, concluye que, debido a la actual crisis, entre 88 millones y 115 millones de personas contarán en 2020 con menos de 1.90 dólar por día, cifras que las llevarán a una extrema pobreza. Debido a la actual recesión económica, estimada en un 5.2% para el año 2020, estas podrían convertirse en 150 millones en el 2021.

“La paradoja es que esta crisis no afecta a todos por igual”, afirma la ONG Oxfam en su informe ¿Quién paga la cuenta?. “Desde el principio de los confinamientos” han aparecido 8 nuevos milmillonarios (o billonarios) en América Latina, es decir, uno nuevo cada dos semanas. En otras palabras: la fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia hasta fines de julio. Paradójico, advierte la Oxfam, si se estima que 52 millones de personas se convertirán en pobres y 18 millones perderán sus empleos este año en el continente. Para comprenderlo mejor, este aumento de la riqueza de la élite privilegiada equivale al 38 % del total de los paquetes de estímulo que el conjunto de gobiernos nacionales ha activado, y a nueve veces la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) con préstamos de urgencia hasta el momento en el continente latinoamericano.

¿Quién paga la factura?

Un desbarranco planetario de esta dimensión es difícil a conceptualizar y pone en cuestión las políticas de Estados y las recomendaciones monetaristas y fiscales emanadas de las organizaciones internacionales para paliar la crisis.
Punto clave del debate general -ya en marcha en muchos países-, es el del impuesto a las riquezas.

En su análisis de la situación latinoamericana, a fines de julio Oxfam lanzó propuestas concretas que van en la dirección de “aplicar en 2020 un impuesto al patrimonio neto de entre el 2% y el 3,5 % a quienes tengan más de un millón de dólares”. Con este impuesto, los gobiernos latinoamericanos podrían recaudar hasta 14.200 millones de dólares, los que se podrían invertirse en salud pública y protección social. En la segunda semana de octubre, portavoces del nada progresista Fondo Monetario Internacional anticiparon la necesidad de avanzar en una política impositiva particular. “El FMI llama a subir los impuestos a los más ricos y a las empresas rentables para pagar la factura de la crisis”, titulaba el cotidiano El País de España en su edición del pasado 14 de octubre.

Aunque no es algo nuevo, la realidad de fortunas multiplicadas y riquezas aceleradas astronómicamente en tiempos de pandemia agudiza la reflexión sobre la redistribución de los ingresos en cada nación. Esto implica reexaminar temas sensibles como los impuestos a las fortunas y a las ganancias, así como la necesidad de recuperar la transparencia activa y el coraje político para enfrentar la evasión fiscal y la fuga de capitales y también para definir una postura firme de parte de los Estados con respecto a la deuda externa.

Fuente: https://rebelion.org/gracias-a-la-pandemia-mas-ricos-que-antes/

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Europa exporta venenos prohibidos en sus propios países

Europa exporta venenos prohibidos en sus propios países

Sergio Ferrari

Europa exporta venenos prohibidos en sus propios países

Los pesticidas europeos invaden los cinco continentes. Para las multinacionales agroquímicas con sede en el Viejo Mundo no importa si sus productos no son autorizados para la venta en la misma Europa. Todo vale y la deontología, para ellas, no existe en el diccionario de la rentabilidad.

En 2018, grandes empresas de los países de la Unión Europea (UE) exportaron más de 81.000 toneladas de pesticidas prohibidos a la venta en el propio mercado continental por contener sustancias que afectan seriamente la salud humana o el medio ambiente.

Los principales exportadores fueron empresas del Reino Unido con 32.187 toneladas; de Italia 9.499; de Alemania 8.078; de los Países Bajos 8.010. En igual período, desde Francia se vendió fuera de la UE, 7.663 toneladas; desde España 5.182 y desde Bélgica 4.907. El destino: unos 85 países – las tres cuartas partes catalogados como “en desarrollo” o emergentes. Entre los cuales, en América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, por citar solo algunos.

Entre los principales destinatarios de esos químicos prohibidos en suelo europeo se encuentran países que, paradójicamente, nutren, a la postre, a la Unión Europea con productos agrícolas. La UE permite así a sus empresas químicas y agroquímicas exportar desde su territorio sustancias que luego se encontrarán residualmente en las comidas consumidas por su población. Perversa práctica boomerang de mercado.

Dichas empresas aprovechan así de actividades económicas en naciones donde las reglamentaciones y controles son menos severos y los riesgos más elevados que en la misma UE, concluye la investigación elaborada por la ONG suiza Public Eye (el Ojo Público) en colaboración con Unearthed, célula de investigación de Greenpeace de Gran Bretaña. El estudio, cuyos resultados iniciales fueron develados a inicios del 2020, vuelve a ocupar hoy el espacio mediático a través de detalles y complementos difundidos a fines de septiembre.

Una pesquisa inteligente

Para evitar las respuestas edulcoradas de las multinacionales agroquímicas, durante varios meses, los investigadores de las dos ONG solicitaron informaciones, directamente, a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), encargada de regular las sustancias químicas y biocidas en el mercado continental.  Esta instancia procesa expedientes de ese tipo de productos y observa si respetan las normas. Se dedica también, en colaboración con los gobiernos nacionales, al análisis de las sustancias más peligrosas y en ciertos casos, pone el foco en aquellas que obligan a una mayor gestión de riesgos para proteger las personas o el medio ambiente. Colabora, además, con un centenar de organizaciones “acreditadas” ligadas a la producción, al medio ambiente, académicas, sindicales (https://echa.europa.eu/es/about-us/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations), entre las cuales, Greenpeace.

A través de la ECHA lograron recolectar “miles de notificaciones de exportaciones”, es decir, los formularios que, según la legislación europea, las empresas deben completar cuando se trata de productos que contienen sustancias químicas prohibidas para la comercialización en la Unión Europea. “Si a veces dichas notificaciones pueden diferir de los volúmenes efectivamente exportados, esa documentación constituye la fuente de información más completa” señala el estudio. Resultado: las dos ONG lograron elaborar una cartografía hasta ahora inédita de las exportaciones pesticidas prohibidas que salen de los diferentes países de la UE. (https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Pestizide/202009_EU-export-pesticides_worldmap_FR.pdf)

Identifican un total de 41 productos de esa categoría. De los cuales se reconocen oficialmente algunos de los efectos más graves: toxicidad aguda; malformación genética; problemas reproductivos o del sistema hormonal; cáncer; contaminación de fuentes de agua potable; impactos perversos para los ecosistemas.

Como parte de la investigación, Public Eye y Greenpeace contactaron también a unas 30 empresas, de las cuales quince – incluida Syngenta- respondieron formalmente. Las mismas coinciden en cuatro argumentos retóricos repetidos: que sus productos son seguros; que están comprometidas con la reducción de riesgos; que respetan las leyes de los países donde operan – y que éstos deciden libremente sobre los pesticidas más adecuados para los agricultores locales. Y, en particular, que es normal que numerosos pesticidas vendidos al extranjero no sean registrados en la UE dado que el clima y el tipo de agricultura son diferentes a los europeos.

Círculo macabro: semillas de laboratorio y pesticidas

Producido por la transnacional química suiza Syngenta en su fábrica inglesa de Huddersfield, el Paraquat está prohibido desde 1989 en Suiza y desde el 2007 en la Unión Europea.

En 2018, funcionarios británicos la autorizaron a exportar nada menos que 28.000 toneladas de un producto que incorpora dicho veneno vendido en muchos mercados bajo el nombre de Gramoxone. La mitad, destinada a Estados Unidos, donde la multinacional agroquímica es acusada ante los tribunales por campesinos que padecen del Mal de Parkinson. La otra mitad, en dirección, principalmente de los principales consumidores mundiales como Brasil, México, India, Colombia, Indonesia, Ecuador y África del Sur. Aunque su comercialización se expande en buena parte del planeta, incluido muchos países latinoamericanos.

Primer productor de pesticidas del mundo y tercer fabricante de semillas, Syngenta constituye, junto con Monsanto, el símbolo de la agricultura industrial. En 2018, la organización suiza Multiwatch publicó la versión francesa de su Libro Negro de los Pesticidas. Esa asociación que se dedica a denunciar las políticas ilegales de las transnacionales, describe en su publicación que las tres cuartas partes de la actividad de Syngenta está consagrada a productos fitosanitarios y un cuarto a organismos genéticamente modificados (OGM).  “Asistimos a la apropiación de la naturaleza por parte de las multinacionales con el fin de constituir monopolios en el mercado de semillas y pesticidas”. Y denuncia el mecanismo diabólico que lleva a los campesinos, fundamentalmente en el Sur, a tener que comprar las semillas, “con el gran riesgo de aumentar sus deudas y de disminuir la biodiversidad”. Y de estar obligados a usar pesticidas, de las mismas multinacionales, responsables de la degradación de la salud de ellos y de las poblaciones expuestas a esos productos. Los ejemplos, no faltan: de Pakistán a Hawai, de la India al continente africano y en toda América Latina. Multiwatch dedicó este libro al militante social brasilero Keno, dirigente del MST (Movimiento de Trabajadores rurales sin Tierra) asesinado en el 2007 en Santa Tereza do Oeste, Estado de Paraná, por miembros de una sociedad privada de seguridad contratada por Syngenta, quien ocho años después fue condenada por tal hecho.

En esa publicación los militantes helvéticos retoman cifras que provienen de la misma ONU. El organismo internacional calculaba ya en el 2017 alrededor de 200 mil decesos anuales resultantes del uso de pesticidas. Y subrayan la gran capacidad de las multinacionales de cambiar de ropaje cuando el descrédito amenaza sus intereses. De la misma manera que la estadounidense Monsanto desapareció en 2017 al ser absorbida por el gigante alemán Bayer, la Syngenta suiza fue formalmente vendida en el 2016 a la Chemchina, aunque su sede principal sigue estando en Basilea, capital suiza de la industria química.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de septiembre del 2019 indicaba, por otra parte, que cada 40 segundos se produce el suicidio en una persona en algún lugar del planeta. El envenenamiento con pesticidas es uno de los tres métodos más usados. Y concluye que “la intervención con mayor potencial inmediato para reducir el número de suicidios es la restricción del acceso a los plaguicidas que se utilizan para la intoxicación voluntaria”.

Concesión a las multinacionales

En julio del año en curso Baskut Tuncak, por entonces todavía Relator Especial de las Naciones Unidas sobre productos tóxicos, pidió a los países ricos que pongan fin a la “deplorable” práctica de exportar productos químicos y plaguicidas tóxicos prohibidos a las naciones más pobres que carecen de «capacidad para controlar los riesgos».

Su declaración fue sostenida por otros 35 expertos del Consejo de Derechos Humanos. Entre ellos David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, Tendayi Achiume, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

Tuncak explicó que las naciones más ricas suelen aplicar un mecanismo cuestionable “que permite el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos sanitarios y ambientales en los más vulnerables… Estos vacíos legales son una concesión política a la industria”, que permite a los fabricantes de productos químicos aprovecharse de trabajadores y comunidades envenenadas en el extranjero… Hace mucho tiempo que los Estados deberían haber finalizado con esta explotación, concluyó.

Veneno para muchos -especialmente campesinos de países periféricos-, rentabilidad extrema para las grandes multinacionales agroquímicas. Cara y cruz de una realidad planetaria que sin embargo no se queda solo en la sanción sanitaria y ambiental del Sur. Va y viene, como un enorme boomerang interoceánico, y llega también, inexorablemente, al plato diario del consumidor europeo.

Fuente de la Información:https://rebelion.org/europa-exporta-venenos-prohibidos-en-sus-propios-paises/

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