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El clima grita ¡Auxilio!

Las temperaturas récord durante los últimos tres meses en el Ártico pasaron desapercibidas ante la marea informativa de la pandemia. Sin embargo, el clima lanza un desesperado S.O.S. Un sector de la juventud se moviliza para salvarlo.

Las fuerzas ambientalistas retoman la iniciativa. El pasado viernes 4 de septiembre, se realizaron movilizaciones en 18 cantones suizos convocadas por la Huelga del Clima, reactivando una dinámica que desde marzo se vivía en cámara lenta.

Por su parte, las Naciones Unidas anticipan para la 2da semana de septiembre un informe sobre el impacto del cambio climático en la criosfera. Hay creciente preocupación por el estado de las regiones de la Tierra cubiertas por hielo. Lo que explica que el documento sea presentado, en manera conjunta, por el propio secretario general desde Nueva York y el director de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en Ginebra.

Cuando el Ártico transpira

El verano del norte, entre junio y septiembre, está trayendo malas noticias en estas latitudes.  Los registros “explosivos” en el Ártico -con días de hasta 38 ° en Siberia- produjeron el desprendimiento de 81 kilómetros cuadrados de la plataforma de Milne en Canadá. Era la última de este tipo que quedaba todavía íntegra.

Las autoridades canadienses argumentaron que ese fenómeno se produjo debido a las temperaturas del aire por encima de lo normal, el impacto de vientos marinos y costeros, la falta de hielo marino y la existencia de fracturas preexistentes.

Un reciente estudio de la OMM (https://news.un.org/es/story/2020/09/1479842)  asegura que “las temperaturas en el Ártico están aumentando más rápidamente que el promedio mundial. Su impacto repercute ya en todo el hemisferio norte.

En 20 de junio, por ejemplo, la ciudad siberiana de Verkhoyansk, en el círculo polar, registró por primera vez 38° C. Durante los diez días previos el termómetro había marcado 30° C como máxima. En el archipiélago de Svalbard, aún más al norte, el 25 de julio, se rompió el récord de las últimas cuatro décadas con 21,7°. Y aún más al norte, en la Estación Eureka en Nunavut, a fines de junio, se llegó a los 21,4°.

El “sauna” alpino

Aunque este verano no se han batido récords de temperaturas en los Alpes, se registró una ola de calor sostenida este verano. En Francia, se contabilizaron 40,4° C a inicios de julio en Ayze, una pequeña ciudad en el corazón del macizo del Mont Blanc. Y el termómetro marcó 5° C a una altitud de 4000 m sobre Courmayeur, en la vertiente italiana del Mont Blanc, a principios de agosto.

Víctimas principales del calentamiento: los glaciares. En la región alpina sufren enormemente con las temperaturas de verano por encima de lo normal. En Suiza, por ejemplo, el Turtmann, en el cantón del Valais, se partió en dos y perdió 300 000 metros cúbicos en un colapso dramático que tuvo lugar el 6 de agosto, fenómeno filmado en video por un excursionista.

“El retroceso de los glaciares en los Alpes no solo afecta nuestros paisajes, sino también nuestros recursos hídricos y parte de nuestra economía. Los eventos abruptos de pérdida de masa como el observado en el Turtmanngletscher son raros, pero son ilustrativos de cómo los mismos sufren veranos anormalmente cálidos”, asegura la agencia meteorológica internacional en un boletín.

Por su parte, el glaciar Planpincieux ubicado en la vertiente oriental de las Grandes Jorasses, Valle de Aosta, en el macizo del Mont Blanc, ha estado al borde del colapso durante más de 2 años.

Vigilado de cerca por investigadores italianos en colaboración con la Fondazione Montagna Sicura, el glaciar aceleró este verano hasta alcanzar velocidades superiores a un metro por día a principios de agosto, lo que provocó la evacuación de hoteles y casas cercanos. Más de 500.000 metros cúbicos de hielo se desprendieron gradualmente del cuerpo principal.

Las temperaturas en los Alpes han aumentado 2° C durante el siglo XX. El incremento se atribuye a la disminución de la capa de hielo sobre rocas más oscuras que absorben, así, más radiación solar.

Tipo de alimentación y clima

Una nueva estrategia basada en dietas sostenibles y en la reducción de los desperdicios alimenticios podría tener un impacto significativo en el clima, señala otro informe de la ONU presentado el 1ro de septiembre.

Y anticipa que introducir cambios en esos dos aspectos – por el momento no contemplados en los planes nacionales de acción climática-, podría reducir hasta 12,5 giga toneladas de emisiones anuales de Co2. Sería como sacar de las carreteras 2700 millones de automóviles.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) subraya que una alimentación sostenible y botar menos alimentos reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 25% (https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-accion-climatica-en-los-sistemas-alimentarios-puede)

El informe elaborado en conjunto con el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), EAT y Climate Focus, afirma que el cambio de ciertos hábitos puede generar reducciones en las emisiones de dióxido de carbono y metano. Y subraya que la reducción de los cambios de uso del suelo y la conversión de hábitats naturales puede disminuir las emisiones en 4,6 giga toneladas de CO2 por año.

Una disminución en la pérdida y el desperdicio de alimentos, que representa el 8 por ciento de todas las emisiones mundiales, significaría disminuir las emisiones en 4,5 giga toneladas de CO2 por año. En tanto que si se mejorara los métodos de producción y se disminuyeran las emisiones de metano del ganado podría limitar las mismas hasta en 1,44 giga toneladas anualmente. Aunque esa cifra sería mucho mayor (hasta de 8 giga toneladas de CO2) si se lograra cambiar el paradigma alimenticio, pasando a dietas más saludables y sostenibles, con una mayor proporción de productos de origen vegetal que de origen animal.

Rediseñar planes nacionales

La tesis principal de los cuatro organismos internacionales que elaboraron el estudio es que sin una acción sobre la producción y el consumo de alimentos no se lograrán los objetivos climáticos o de biodiversidad previstos. Los que constituyen la base para lograr la seguridad alimentaria, prevenir la aparición de enfermedades y, en última instancia, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y recuerda que “hasta el momento, ningún plan de acción climática nacional menciona explícitamente las dietas más sostenibles”. Solo once países hacen referencia a la pérdida de alimentos en sus planes. Y ninguno considera, realmente, el tema del desperdicio de los mismos.

Según el Acuerdo de París de 2015, se espera que los países revisen o vuelvan a enviar sus Contribuciones Nacionales Determinadas cada cinco años.

En ese marco, este año, los parlamentarios de cada nación tendrían la oportunidad de adoptar soluciones de sistemas alimentarios y establecer metas y medidas más ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, a su vez, mejorar la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la salud pública, aseguran. “Se necesitan compromisos ambiciosos, con plazos concretos y cuantificables para la transformación de los sistemas alimentarios si queremos lograr un futuro de 1,5 ° C”, puntualizan.

Según las Naciones Unidas, el año próximo tendrá una particular importancia en lo que respecta esta temática. En 2021, en el contexto de la Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP 15), los líderes mundiales podrían llegar a un nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas, y de esta forma detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Así mismo, la primera Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que se llevará a cabo en 2021 podría, también, reforzar este enfoque.

Emergencia: la protesta en las calles

El primer viernes de septiembre se realizaron manifestaciones en dieciocho ciudades de Suiza. Significaron el reinicio de la actividad masiva en las calles. Desde febrero pasado no se vivía una jornada tan activa, masiva y nacional.

Los jóvenes ganaron las calles en Berna y en otras 17 ciudades suizas por el clima. Foto Sergio Ferrari

Y esas mismas organizaciones juveniles llaman, en forma unitaria, a una semana de movilización, entre el 20 y el 25 del mes en curso, bajo la consigna “de pie para el cambio”. Lo convocan Extinction Rebellion, el Colectivo por la Justicia Climática, la Huelga por el Clima y el Colectivo Breack Free.

La no violencia, la participación ciudadana amplia y la acción urgente son pilares conceptuales del movimiento juvenil en marcha. Que no ahorra críticas a los gobiernos y a los Estados en general -y a las autoridades suizas en particular- por la pasividad en las decisiones y la lentitud para ejecutar medidas concretas contra el calentamiento global. Y que anticipa una «radicalización» de sus acciones, consecuente con la gravedad de la situación climática a nivel mundial.

Fuente: https://rebelion.org/el-clima-grita-auxilio/
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América Latina: Ni la pandemia le da respiro a América Latina

Ni la pandemia le da respiro a América Latina

Por Sergio Ferrari

Latinoamérica, epicentro actual de la crisis sanitaria mundial, sigue siendo una presa deseada para los inversores extranjeros. En los últimos meses, en plena época de estragos pandémicos, cinco países del continente sufrieron severas amenazas de las multinacionales. Estas se apoyan en el régimen mundial vigente que protege las inversiones extranjeras por sobre los intereses nacionales. Otras naciones arriesgan futuras presiones y demandas en tribunales de arbitraje.

El blanco: Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala. Las armas:  amenazas o demandas ante tribunales internacionales de arbitraje ante medidas tomadas durante la pandemia. O bien, simplemente, oídos sordos ante la solicitud de los Estados de posponer arbitrajes en curso. El objetivo: evitar a las transnacionales cualquier posible pérdida de ganancias a causa de la crisis actual. Síntesis del Estudio de 20 páginas “Haciendo malabares. América Latina entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones” ( https://longreads.tni.org/es/isds-covid19-alc )que acaba de publicar el TNI (Transnational Institute), centro de investigación e incidencia política con sede en Ámsterdam, Holanda.

América Latina y el Caribe pagan el precio de haber firmado, en las últimas décadas, 470 tratados de comercio y protección de inversiones. De los cuales se han originado 282 demandas -en todo caso conocidas públicamente- de inversores extranjeros contra Estados,resueltas en tribunales de arbitraje internacional.  La gran mayoría de las sentencias favorecieron a las empresas trasnacionales con un costo de 31.000 millones de dólares estadounidenses, cifra astronómica que los Estados debieron desembolsar. Más inabordable aún, el monto que reclaman los inversores en las demandas pendientes cuyas cifras se conocen y que ascienden a 40.000 millones de dólares.

Los tratados de protección de inversiones ya no se consideran remedios de último recurso, sino herramientas importantes en el arsenal de los inversores”, señala un documento de la Oficina inglesa de Abogados Simmons and Simmons citado por las investigadoras Cecilia Olivet y Bettina Müller, autoras del estudio del TNI.

La guerra de los peajes

Perú fue la primera nación en el mundo en recibir amenazas por medidas tomadas durante la pandemia. En abril del 2020, el Congreso aprobó una Ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia para facilitar la circulación de personas y mercancías. Varias concesionarias que administran el pago del uso de rutas anticiparon la intención de llevar la medida a un arbitraje internacional. La presión surtió efecto. El ejecutivo trasandino abrió en junio un proceso de inconstitucionalidad de dicha ley ante el temor certero frente a las sanciones que podrían producir las denuncias si se presentaran ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial.

Debilitar el control soberano de la energía

Las amenazas contra México se dieron a partir de decisiones que su gobierno tomó en el terreno energético como consecuencia de la pandemia. Suspendió, para asegurar ahorros y controlar el mercado energético nacional, la entrada en operación de plantas de energía renovables, ligadas a multinacionales energéticas europeas que cuentan contratos leoninos. Entre estas empresas, las españolas Iberdrola, Naturgy o Acciona, la italiana Enel y la francesa Engie.

Tal como lo confirma el Estudio del Transnational Institute, algunas de las empresas españolas *afectadas* ya comenzaron a preparar demandas de arbitraje contra  México. Así mismo, empresas canadienses, insinuaron que las medidas del gobierno azteca podrían violar el TLCAN 2.0.  Bufetes de abogados especializados -como DLA Piper o Crowell&Moring- ofrecieron sus servicios a las empresas “perjudicadas”.

La deuda eterna

Argentina las últimas amenazas le cayeron por su deuda externa. El Centro de investigación holandés recuerda que el 22 de mayo, en medio de la pandemia, el país sudamericano no pudo pagar parte de su deuda pública con un grupo de bonistas internacionales, entre ellos BlackRock -la empresa estadounidense de gestión de inversiones más grande del mundo. Esto se produjo en medio de la negociación de toda su deuda externa heredada del Gobierno anterior y que asciende, según cifras del TNI, a 66 mil millones de dólares.

El Transnational Institute lanza la hipótesis que las presiones de diferente tipo, entre ellas de parte del Bufete de Abogados White & Case – que asesora a los tenedores de bonos argentinos liderados por BlackRock- pudo haber tenido un impacto en el precio final de negociación. El 17 de junio dicho Bufete había publicado un comunicado donde expresaba que “nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles”. Entre las posibilidades de recursos legales está la de iniciar una demanda de arbitraje de inversiones.

Como recuerda el TNI, “White & Case no es un estudio jurídico más”. Forma parte de la élite de grupos especializados en arbitraje de inversiones, habiendo participado en por lo menos 73 casos inversor-Estado llevados adelante en el CIADI.

Pero aún más relevante, enfatiza el centro de estudios, es el hecho que White & Case fue el bufete que representó a 60.000 tenedores de bonos italianos que demandaron a la Argentina (el caso Abaclat) en 2007 al no aceptar la reestructuración de la deuda después de la crisis del 2001. Esta oficina legal aseguró en 2016 un pago de 1.350 millones de dólares para esos 60.000 bonistas.

Ninguna tregua

A pesar del pedido expreso de Bolivia para que se suspendan, dadas las consecuencias de la pandemia en su debilitada economía, las demandas de empresas privadas en tribunales arbitrales, la negativa fue la única respuesta.

Según José María Cabrera, actual Procurador General del país andino, los cuatro juicios de arbitraje internacional representan más de 3 mil millones de dólares. Se solicitó una suspensión en dos de ellos en el sector minero. Uno, con la multinacional suiza Glencore y el otro con el inversor estadounidense Julio Miguel Orlandini Agreda. Las dos solicitudes fueron denegadas por el ente arbitral.

Guatemala, que argumentó el estado de calamidad nacional producto del COVID-19, solicitó la suspensión de un laudo arbitral favorable a la empresa estadounidense TECO, representada por los abogados White & Case, de un valor de 21 millones de dólares. Integrando los intereses, la suma que debe pagar el país centroamericano es del orden de 36,5 millones de dólares. Para Guatemala, entre los países más empobrecidos del continente y con un sistema hospitalario ya colapsado, ese monto le representaría la posibilidad de instalar 108.000 camas extras para pacientes afectados por el coronavirus. O aumentar en un cuarto el presupuesto especial destinado para hacer frente a la pandemia. Un juez del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó tal solicitud.

Futuro aún más preocupante

Los cinco países mencionados en la investigación del TNI no son más que ejemplos. La tendencia se perfila más peligrosa y global. Muchos grupos de abogados al servicio de las transnacionales vienen especulando desde el inicio mismo de la pandemia, con nuevas demandas.

El bufete Ropes& Gray, por ejemplo. opina que «para las empresas con inversiones extranjeras, los acuerdos de inversión podrían ser un instrumento poderoso para recuperar o prevenir las pérdidas resultantes de las medidas gubernamentales relacionadas con el COVID-19».

En decenas de comunicaciones a sus clientes corporativos, los abogados de las empresas identifican medidas tomadas por los gobiernos que podrían originar demandas invocando las amplias protecciones que establecen los acuerdos de inversiones vigentes.

Por ejemplo, Colombia, Honduras, Paraguay y Argentina han tomado medidas durante la crisis que proveen apoyo directo a los usuarios de agua, tales como suspender la desconexión del servicio por falta de pago. El grupo notarial Hogan Lovells advirtió que esas medidas “podrían alentar a los inversores extranjeros a recurrir a las protecciones que figuran en los tratados de inversión”.

Por su parte, Chile y Ecuador han facilitado la emisión de licencias obligatorias que buscan evitar que las patentes sobre medicamentos y equipos puedan ser monopolizados por una empresa. Sin embargo, los abogados de arbitraje en materia de inversiones consideran que las medidas de los “gobiernos (…) de obligar a los fabricantes a que vendan medicamentos a precios muy reducidos o de quedarse con la propiedad intelectual o difundirla a terceros sin permiso” constituyen una expropiación y podrían dar lugar a demandas en virtud de tratados de inversión, explica el Informe del Transnational Institute.

El futuro está abierto y el punto de ruptura no lejos. Muchas empresas jurídicas ven en la situación de pandemia -como contraofensiva contra medidas sociales tomadas por los gobiernos- la posibilidad de salvar los platos rotos y recuperar inversiones para sus defendidos y ganancias para ellos mismos con el mecanismo de las demandas arbitrales.

También es cierto, que la “voracidad” de las transnacionales y sus asesores jurídicos en época de crisis sanitaria está llegando a un extremo tal que podría poner en cuestión, de cara al futuro, la aceptación de los Estados de esos mecanismos perversos en los acuerdos internacionales.  Si gobiernos-Estados confrontaran esas presiones estarían escuchando a importantes actores de la sociedad civil internacional que impulsan el desconocimiento del arbitraje y la anulación de estos mecanismos coercitivos en el futuro.

 

Autor: Sergio Ferrari

Fuente de la Información: https://rebelion.org/ni-la-pandemia-le-da-respiro-a-america-latina/

 

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El peso de la crisis sobre la “juventud del confinamiento”

Por: Sergio Ferrari

A pesar que desde hace meses el foco protector planetario está puesto en los sectores de alto riesgo, en particular los mayores de 65 o 70 años, las consecuencias de la pandemia, sin embargo, golpean significativamente a la juventud.

Tres de cuatro jóvenes que estudiaban antes de la crisis sanitaria mundial se confrontaron al cierre de las escuelas. No todos pudieron continuar con el aprendizaje en línea y a la distancia. Y los que lo hicieron manifiestan una pérdida en su calidad de aprendizaje.

Uno de cada seis jóvenes que contaba con un empleo antes del inicio de la crisis lo perdió. Muchos de los que lograron mantener sus puestos vieron reducidos su tiempo laboral casi en una cuarta parte. Y dos de cada cinco, es decir el 42 %, sufrieron una reducción de sus ingresos.

Conclusiones todas de un Estudio que acaba de ser presentado el 11 de agosto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_753054.pdf)

El mismo, sintetiza los resultados de la Encuesta mundial sobre los jóvenes y COVID-19, realizada en los meses de abril y mayo por ese organismo internacional en colaboración con sus cinco socios de la Iniciativa Mundial sobre Empleo Decente. Hacen parte el Grupo Principal de la Infancia y la Juventud de las Naciones Unidas; la Asociación Internacional de Estudiantes de Economía y Ciencias Comerciales (AIESEC); el Foro Europeo de la Juventud; el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea; y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Voz juvenil de 112 países

El sondeo, en 23 idiomas, fue respondido por más de 12 mil jóvenes de 112 países. Se propuso reflejar los efectos inmediatos de la crisis sanitaria en una población generacional ubicada entre 18 y 29 años, en el mismo momento en que adquiría ya la dimensión de crisis económica. Se centró en cuatro ámbitos: el empleo, la educación y la formación, el bienestar mental, y los derechos y las opiniones. Examinó, también, las acciones de los jóvenes en relación con el activismo social y el comportamiento de respuesta a la crisis.

La población juvenil en esos 112 países representa 1.470 millones, y corresponde al 92 % de la población juvenil mundial. Sin embargo, como lo aclara la misma OIT, por el hecho de tratarse de una encuesta en línea – que exige medios técnicos y nivel educativo para responderla- representa la opinión solamente de una parte de la juventud que cuenta con niveles de educación media o superior.

Casi tres cuartas partes (el 73,8 %) de los jóvenes encuestados viven en países de ingresos medios, y 25% en países de ingresos altos. Solo el 1,3 % de los encuestados proviene de países de ingresos bajos. El 59,2 % de los consultados proceden de zonas urbanas, el 31,8 % de zonas suburbanas y el 19,1 % de regiones rurales. A nivel geográfico, la mayor cantidad de respuestas provinieron de Asia. Únicamente el 18,4% provino de las Américas.

Trabajo y educación: bienestar psicológica

El documento de la OIT, de más de 50 páginas, concluye que el impacto de la pandemia en la juventud “es sistemático, profundo, desproporcionado”. Y ha sido particularmente duro para las mujeres jóvenes, los de menor edad (18 a 24 años) y aquellos que viven en países de ingresos más bajos.

“En un momento de crisis e incertidumbre como el actual, las opiniones y acciones de los jóvenes pueden dejarse de lado con demasiada facilidad” subraya el estudio, que pretende de esta forma, darle la voz a un sector de la población planetaria.

“El estrés familiar, el aislamiento social, el riesgo de violencia doméstica, la interrupción de la educación y la incertidumbre en torno al futuro son algunos de los canales a través de los cuales la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto en el desarrollo emocional de los niños y los jóvenes”, subraya la OIT en su capítulo dedicado al “Bienestar Mental”.

Afirma, como contexto general, que la mitad de todos los trastornos de salud mental comienzan, en general, a los 14 años, lo que significa que infantes y jóvenes corren un riesgo particular en la crisis actual. Y recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre la población de 15 a 29 años de edad.

A fin de comprender mejor la situación psicológica, la encuesta presentó un módulo con la Escala de Bienestar Mental de Warwick–Edimburgo (SWEMWBS). La misma reveló que, a nivel mundial, uno de cada dos jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años sufren ansiedad o depresión, mientras que otro 17 %, probablemente, se verá afectado por ella.

La-os trabajadora-es jóvenes que habían perdido su empleo tienen casi dos veces más probabilidades de verse afectada-os por una probable ansiedad o depresión que los que seguían trabajando. Entre el sector estudiantil que creía que su educación se retrasaría o podría fracasar, el 22 % sufría ansiedad o depresión, síndrome que afectaba solo al 12 % de los que habían podido continuar con su formación.

En síntesis, los resultados subrayan el vínculo entre el bienestar mental, por una parte, y el éxito educativo y la integración del mercado de trabajo, por otra.

Lo que se perdió

La mayoría de países tomaron medidas enérgicas en respuesta a la pandemia, incluida la recomendación-orden de “quedarse en casa” para ralentizar su propagación. Consecuencia inevitable ha sido la limitación de la libertad de movimiento de la juventud, lo que impactó muy fuerte en el derecho al ocio, a participar en los asuntos públicos y a practicar una religión o creencias.

El 68% de los encuestados indicaron limitaciones considerables de las actividades recreativas, en particular salir, reunirse con los amigos, hacer deporte, cultivar sus intereses culturales y viajar.

Una-o de cada tres jóvenes manifestó el impacto considerable en su derecho a participar en los asuntos públicos. Este es mayor para aquellos que viven en países de ingresos bajos (el 40 %) que para los que viven en países de ingresos medios-bajos (el 36 %) y en naciones de ingresos altos (el 28%).

La-os jóvenes perciben que tienen dificultades para tomar parte en los procesos políticos, las instituciones y la formulación de políticas. El problema no es nuevo, aunque se ve agravado por la coyuntura. Un estudio realizado ya en 2016 por la Unión Interparlamentaria Mundial, indicaba que menos del 2% de los parlamentarios de todo el mundo eran menores de 30 años.

Más de una-o de cada cuatro jóvenes (el 27%) declaró que la pandemia ha menoscabado considerablemente su derecho a la libertad de movimiento y a la libertad de religión o de culto.

Casi una-o de cada cuatro jóvenes (el 24%) indicó, por otra parte, un efecto negativo considerable en su derecho a la información. La difusión de información errónea sobre la pandemia a través de las redes sociales ha sido notoria. Además, las y los jóvenes que se identifican como parte de una minoría étnica, religiosa o de otro tipo indicaron un impacto más pronunciado que otros grupos de jóvenes en lo que respecta al derecho a la libertad de religión o de culto, a la vivienda, a estar libres de violencia, y a asistencia jurídica.

Entre la-os jóvenes que se autoidentificaron como una minoría, el 44 % señaló que se había menoscabado considerablemente su derecho a la libertad de religión, en comparación con el 37 % de los demás jóvenes.

En cuanto a la actividad social solidaria, último tema central del estudio presentado por la OIT la segunda semana de agosto, las conclusiones son significativas y expresan un aumento progresivo con el paso de las semanas. El 31 % de la-os jóvenes señaló un alto grado de voluntariado, mientras que el 27 % realizó donaciones.

Juventud del confinamiento”

En la Encuesta mundial, cuatro de cada cinco jóvenes de 18 a 29 años reconocieron que se habían quedado, en gran medida, en casa, mientras que dos de cada tres se habían puesto en contacto con sus amigos, familiares y seres queridos

Más de una cuarta parte indicó un alto grado de participación en actividades de voluntariado y en la realización de donaciones para luchar contra el COVID-19. La participación de la-os jóvenes en actividades de voluntariado fue aumentando considerablemente durante el período de la encuesta, es decir del 21 de abril al 21 de mayo.

A medida que el mundo fue testigo de cambios radicales en las actividades sociales y económicas, la-os jóvenes compartieron sus perspectivas sobre las medidas adoptadas por los gobiernos para luchar contra la epidemia. La mayoría estuvo a favor de quedarse en casa con el objetivo de proteger el mundo del trabajo, los empleos y las empresas. Abogaban por medidas firmes para proteger la salud y los medios de sustento de los sectores más vulnerables de la población, incluidos la-os trabajadora-es migrantes y la-os trabajadora-es de la economía informal.

La-os jóvenes instaron a los gobiernos a que, cuando fuera posible, relajaran gradualmente las restricciones, poniendo énfasis en la salud y la seguridad de la-os trabajadora-es. Propusieron, además, adoptar medidas complementarias para impulsar los servicios de salud y lograr una gobernanza adecuada a través de mecanismos de información, rendición de cuentas y coordinación.

Imposible anticipar, en una crisis todavía abierta, las consecuencias a largo plazo de la misma en el conjunto de la sociedad humana. Sin embargo, se hace cada día más evidente que si bien a nivel médico-sanitario no es la más afectada, la juventud del 2020, a la que ya se la comienza a denominar “juventud del confinamiento”, cargará sobre sus espaldas una parte significativa del impacto estratégico (económico, social, psicológico) de una pandemia tan destructiva como indescifrable.

Fuente: https://rebelion.org/el-peso-de-la-crisis-sobre-la-juventud-del-confinamiento/

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Hambre creciente en un mundo que derrocha cada día más alimentos

Desde hace años se promete mucho y se cumple poco. El *hambre cero* se sigue posponiendo y el panorama para la próxima década no es halagüeño. Sin embargo, un tercio de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano se pierde o desperdicia anualmente.

La brecha de riqueza-pobreza se agudiza, la sociedad planetaria se polariza, y los seres humanos insuficientemente nutridos llegan casi a los 3 mil millones. 690 millones, es decir uno cada diez habitantes del planeta Tierra, padecen hambre.

Hace cinco años las Naciones Unidas se habían propuesto terminar con este flagelo en el 2030. El horizonte se estira, las apuestas se alejan. La situación internacional lejos de mejorar, empeora. En el último quinquenio, en vez de reducirse los números, 60 millones más de personas engrosaron las filas de los desheredados de la Tierra.

Cinco de las organizaciones onusianas publicaron en la segunda semana de julio, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html). El planeta sigue grave. Y el COVID-19 no mejora las cosas, pudiendo sumar, según estimaciones, 130 millones adicionales a la categoría de insuficientemente alimentados.

Derecho humano esencial

Tal como lo define el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el DESC) en su documento de mayo de 1999, “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medidas para obtenerla” (https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN12)

Tres años antes, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en Roma, se había acordado dar un contenido más concreto y operacional a dicho derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y consagrado 18 años más tarde, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el 2000, la Comisión de DDHH de la ONU estableció el mandato de Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Y tres años después, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental que elaboró en 2004 las Directrices Voluntarias en apoyo a la Realización Progresiva del Derecho de una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. En síntesis, se trata de recomendaciones que los Estados deben cumplir coherentes con el artículo 11 del Pacto Internacional.

Los expertos en el tema subrayan tres componentes esenciales para asegurar el ejercicio de este derecho en todo el planeta. La disponibilidad de los alimentos ya sea mediante la producción directa (agricultura, ganadería etc.) o bien a través de la adquisición de los mismos en tiendas y mercados.

La accesibilidad, que implica asegurar que todo ser humano (incluyendo niños, enfermos, discapacitados o mayores) pueda tener acceso físico o condiciones para obtener o comprar los productos esenciales. Sin comprometer por ello, la satisfacción de ninguna otra necesidad básica: medicamentos, alquiler, gastos escolares, entre otras.

Y, como tercer elemento y condición absoluta, asegurarse una alimentación realmente adecuada a las necesidades, libre de sustancias contaminantes y culturalmente adaptada a las costumbres de cada grupo social determinado.

Diagnóstico preocupante

En el último lustro el “hambre aumentó al ritmo del crecimiento de la población mundial”, sostiene el estudio elaborado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional para la Agricultura (FIDA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según su impacto regional, en Asia viven 381 millones de mal alimentados. 250 millones en África y cerca de 48 millones en América Latina y el Caribe. Si de porcentajes se trata, es África el continente más golpeado por este flagelo social, y cuenta casi con un 20 % de su población mal alimentada. 8,3 % en Asia y 7,4% en América Latina y el Caribe. De mantenerse la actual tendencia, más de la mitad de la población africana sufrirá de hambre crónica en el 2030.

El acceso a una alimentación realmente de calidad – incluyendo 2300 calorías y 69 gramos de proteínas diarias- constituye ya un sueño de ricos para casi la mitad de la población mundial. Se calcula que los alimentos sanos son cinco veces más caros si se compara con un régimen a base de carbohidratos que da respuesta solo a las necesidades energéticas.

Su precio está por encima de la noma internacional de la pobreza internacional (definida en 1.90 dólares diarios por persona). Por otra parte, los países con bajos ingresos consumen más alimentos de base y menos frutas, verduras y carnes que los países de ingresos más altos. Una gran parte de la población mundial no cuenta hoy con el mínimo de 400 gramos por persona y por día de frutas y verduras, recomendados por la OMS.

Según el informe de las cinco agencias de Naciones Unidas, las niñas y los niños se encuentran entre las principales víctimas de esta ilógica realidad mundial. El año pasado, 144 millones de menores de 5 años (21,3% del total de los infantes) padecieron un retraso en el crecimiento, 47 millones (6,9%) sufrieron emaciación es decir pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal, y 38,3 millones de sobrepeso debido a la mala alimentación.

Nubarrones sobre América Latina

Para el continente las previsiones tampoco son alentadoras. Según el informe, la situación actual es peor que en el 2015. “Desde entonces nueve millones de personas más viven con hambre”, afectando a un 7,7% de la población total. En perspectiva ese porcentaje llegará al 9,5 en el 2030.

A nivel subregional, las previsiones para 2030 indican tres puntos de aumento en América Central, llegando casi a los 8 millones de víctimas del hambre. Sudamérica superaría, entonces, casi los 36 millones. El Caribe, a pesar de leves avances, no cumplirá con la meta de hambre cero y contaría con 6,6 millones de seres humanos mal alimentados al finalizar esta década.

También son preocupantes los matices intermedios. Casi un 10 % de la población actual sufre de inseguridad alimentaria grave, es decir gente que por diversas razones no cuenta regularmente con alimentos y pueden llegar a pasar uno o varios días sin comer.

Si se introduce la categoría de “inseguridad alimentaria moderada”, casi un tercio de la población latinoamericana y caribeña, es decir 205 millones de personas, la padecen. Se trata de la incertidumbre sobre la capacidad para obtener alimentos lo que las lleva a reducir la cantidad o la calidad de la comida que consumen.

En cuanto al acceso a una dieta realmente saludable, 104 millones de habitantes de la región no lo logran. El precio de 3,98 dólares por día es el más alto del mundo y es 3,3 veces más caro que lo que una persona bajo la línea de la pobreza puede invertir para alimentos.

Derroche criminal

Hipótesis novedosa: el informe concluye afirmando que un cambio global hacia regímenes alimentarios sanos ayudaría no solo a frenar el hambre sino también a lograr enormes ahorros en el plano internacional. Ese cambio es posible asegurando que se haga de “manera durable para las personas y el planeta”.

Las organizaciones especializadas de la ONU calculan que ese cambio de paradigma (de comida chatarra a alimentos sanos) permitiría compensar casi totalmente los costos de salud resultante de una mala alimentación -solo en Estados Unidos se calculan en 1.300 billones de dólares. Y reducir en tres cuartas partes el valor actual del costo social de las emisiones de efecto invernadero ligadas a la producción de alimentos, calculado en 1700 billones de dólares estadounidenses.

Llaman a los gobiernos a integrar la nutrición en sus estrategias agrícolas y a esforzarse en reducir los factores de aumento de los costos en la producción, stock, transporte, distribución y comercialización de alimentos.

Y proponen, además, ayudar a los pequeños productores locales a cultivar y vender productos más nutritivos garantizándoles un acceso al mercado. Recomiendan favorecer el cambio de comportamientos a través de la educación y comunicación e integrar la nutrición en los sistemas de protección social y en las estrategias oficiales de inversiones.

Una reflexión esencial en las líneas de acción futura consiste en reducir gastos debido a la ineficacia, pérdidas y derroches.

La FAO calculaba ya en 2019 que 1.300 millones de toneladas de alimentos humanos producidos cada año se pierden o desperdician (http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/).

Según la ONG helvética WWF en Suiza representan 2,8 millones de toneladas. Es decir, se derrochan 330 kilos por persona y por año.

En Francia al igual que en México se botan 10 millones de toneladas anuales. En Argentina 16 millones y en Brasil 41 millones de toneladas. La población de Estados Unidos tira a la basura un 30% de los alimentos producidos (unos 400 gramos por día y por persona), en tanto en Europa, como promedio, representa el 20%.

Fuente: https://rebelion.org/hambre-creciente-en-un-mundo-que-derrocha-cada-dia-mas-alimentos/

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Erradicar la pobreza, de sueño a pesadilla

El objetivo planetario de erradicar la pobreza en el 2030 se diluye entre los zarpazos de la pandemia que arrastrará a 250 millones de personas al borde de la inanición. Sin embargo, las causas del incumplimiento de esta meta esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se limitan al impacto sanitario del  COVID-19.  Sino que hay que buscarlas en mecanismos internos propios de un sistema oxidado por la desigualdad.

Constatación que no surge -en este caso- de la crítica alter mundialista. Sino que condensa las conclusiones centrales de un nuevo informe de Naciones Unidas que acaba de ser presentado la primera semana de julio en Ginebra por el experto belga Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. “El pésimo historial de la comunidad internacional en lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desprecio por la vida humana precede en gran medida a esta pandemia”, enfatiza el experto (Versión preliminar en inglés bajo la denominación  A/HRC/44/40 Advanced Unedited Version).

El documento anticipa que la misma arrastrará a 176 millones de personas más a la extrema pobreza, agravando la situación, ya dramática, de personas de muy bajos ingresos, entre las que se encuentran, fundamentalmente, mujeres, trabajadora-es migrantes y refugiada-os o demandantes de asilo.

Estadísticas “manipuladas”

«Muchos líderes mundiales, economistas y expertos han promovido con entusiasmo un mensaje de autocomplacencia, proclamando que el progreso contra la pobreza es uno de los mayores logros humanos de nuestro tiempo», dice el documento de las Naciones Unidas. Sin embargo, «la realidad es que miles de millones de personas se enfrentan a pocas oportunidades, innumerables indignidades, hambre innecesaria y muerte evitable, y no disfrutan de sus derechos humanos básicos».

«En demasiados casos, los beneficios prometidos del crecimiento no se materializan o no se comparten», enfatiza. Y desnuda el mecanismo de polarización social planetario:  «la economía mundial se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría, y sin embargo la mitad del mundo vive con menos de 5,50 dólares al día, principalmente porque los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más ricos».

Según estadísticas oficiales de organismos internacionales, entre 1990 y 2015 se habría logrado reducir el nombre de personas pobres de 1.900 millones a 736 millones. Sin embargo, según el informe de la ONU, esa cifra se basa en una medición “insatisfactoria” de la pobreza aplicada por el Banco Mundial, que fija el piso de la misma en 1,90 dólares diarios. Si la barra de análisis se estableciera en 2,50 dólares diarios, en los últimos 25 años casi no se percibieron mejorías. Incluso, se comprobaría un empeoramiento de la situación de al menos 140 millones de personas que viven, especialmente, en África subsahariana y el Medio Oriente.

El documento – por el momento solo en una versión preliminar en inglés- fue elaborado por el profesor australiano Philip Alston, quien hasta abril de este año fue el Relator de la ONU en esta temática y quien sintetiza su contenido de 20 páginas en tres conclusiones principales.

Hay que parar con la apuesta al crecimiento económico como medio para reducir la pobreza y centrarse, sobre todo, en la reducción de la desigualdad y la redistribución de las riquezas.  En segundo lugar, la filantropía no puede reemplazar el rol esencial de protección que deben jugar los gobiernos. Adicionalmente, propone implementar una más efectiva justicia fiscal, profundizar la democracia y adoptar una gobernabilidad participativa.

La diabólica evasión fiscal

Casi en paralelo a la presentación en el 44 período del Consejo de Derechos Humanos del informe de Philip Alston, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) se pronunció sobre uno de los temas centrales del informe sobre la pobreza.

“La evasión fiscal en América Latina es un obstáculo para la recuperación de la crisis del coronavirus”, subraya el organismo al presentar el 6 de julio su Panorama Fiscal (https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada).

Recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19 -en lugar de un mayor endeudamiento- es la fórmula que recetan los expertos económicos de la ONU para América Latina y el Caribe. Región donde solo en 2018, el incumplimiento tributario –denominando como evasión fiscal- representó 325.000 millones de dólares, monto equivalente al 6,1% del Producto Interior Bruto de la región.

La evasión del impuesto sobre la renta corporativa, es decir la que deberían pagar las grandes empresas, en la región latinoamericana es especialmente aguda, subraya la CEPAL. Quien llega a la conclusión que los sistemas tributarios que tienen un impacto significativo en el PIB, en algunos casos de más del 5%, en algunos países, debido a la evasión, generan menos de la mitad de lo que deberían recaudar.

Esa evasión fiscal empresarial constituye una “de las principales barreras” para una mayor movilización de recursos internos en la región. Una parte significativa de los recursos destinados por los Estados en la situación de la emergencia pandémica podrían ser cubiertos por el correcto pago de los impuestos empresariales. Evitando así un incremento del endeudamiento interno.

La justicia fiscal 

“La pobreza no es sólo una cuestión de bajos ingresos», afirmó Olivier De Schutter en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra el martes 7 de julio. «Es una cuestión de desempoderamiento, de abuso institucional y social, y de discriminación. Es el precio que pagamos por las sociedades que excluyen a las personas cuyas contribuciones no son reconocidas. Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos». Y llamó a conformar un Fondo de Protección Social para ayudar que los países puedan asegurar garantías básicas de seguridad social a los sectores más empobrecidos de su población.

El mundo necesita nuevas estrategias, una auténtica movilización, potenciación y responsabilidad «para evitar el sonambulismo hacia el fracaso asegurado mientras se producen interminables informes insípidos», subraya el informe del Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos.

La justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social: en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40 % de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38 por ciento en 1980 al 24,18 % en 2019.

La pandemia, subraya por su parte el Panorama Fiscal de la CEPAL, ha expuesto las deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.

Por lo tanto, “América Latina debe acelerar hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad…” enfatiza.

Fuente: https://rebelion.org/erradicar-la-pobreza-de-sueno-a-pesadilla/

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El racismo es una construcción histórica y social

Por: Sergio Ferrari 

Decenas de movilizaciones antirracistas recorrieron las principales ciudades del mundo en las últimas semanas protestando contra un flagelo tan complejo como *escondido*. Miles de personas, también en Suiza, participan de estas manifestaciones a pesar de las restricciones sanitarias debidas a la pandemia.

“Esas reacciones no me sorprenden para nada ya que el movimiento de denuncia no es nuevo, existe desde hace varios años”, subraya Izabel Barros, una de las fundadoras de la organización helvética Berner Rassismus Stammtisch.

Esta dinámica de protesta tiene un doble significado: la denuncia de una realidad casi cotidiana, que padecen, aquí, muchas personas negras. Y, por otra parte, la solidaridad activa con las protestas que se dan en otras partes del mundo para denunciar brutalidades racistas, explica Izabel Barros, brasilera, *afro descendiente y de raíces indígenas* -según su propia definición-, quien llegó al país hace 15 años como parte de un intercambio universitario.

“Mi objetivo, entonces, era realizar estudios en la Universidad de Friburgo sobre la guerra de las religiones en Suiza, pero mis profesores me señalaron en ese momento que no era adecuado que en tanto extranjera me lanzara a investigar una temática tan específica de la historia nacional”, recuerda con cierta ironía.

Fue así que, para la entonces joven estudiante, la temática del colonialismo y el esclavismo, incluyendo la responsabilidad helvética en este sistema-proceso, se convirtió en tema central de análisis y guía rectora de su dedicación profesional y asociativa.

Paradójicamente, esa vivencia inicial en Suiza, “con condimentos un tanto discriminatorios a nivel académico”, la reorientaron a la problemática del colonialismo-racismo, que constituye hoy, para ella, una prioridad cotidiana.

Concluido su master en Historia y Sociología en la Universidad de Neuchâtel, Barros, junto con sus colegas de la Fundación suiza Cooperaxion lanzaron, en tanto pioneras, las visitas guiadas a través de los “vestigios del colonialismo y la esclavitud”. Las realizan en las ciudades de Berna, Friburgo y Neuchâtel, dotadas de sólidos argumentos históricos y de calidad pedagógica. Centenares de personas – especialmente estudiantes- participaron de las mismas en los últimos 7 años.

Racismo a la “helvética”

“El racismo es la continuidad de la esclavitud. Es una construcción histórica y social, en la cual Suiza, como la gran mayoría de las naciones europeas, participaron activamente, de una u otra manera”, explica Izabel Barros.

Entre el pasado colonial y la realidad actual, un puente repleto de historia, de sacrificios y de sufrimientos humanos, reflexiona. “El racismo golpea hoy a muchas personas en su día a día. Les complica la búsqueda de un empleo; su desarrollo profesional; el contar con una vivienda digna; el ejercicio de las relaciones sociales; sufrir controles de las autoridades policiales por el solo hecho de su identidad, fenómeno conocido como perfil racial”, subraya.

Según la Comisión Federal contra el Racismo, principal entidad oficial dedicada a esta temática, existen unas 100.000 personas negras en Suiza susceptibles de “vivir una situación particular”: ataques físicos y verbales, carentes de instrumentos de apoyo, con el sentimiento de sentirse desvalorizados en la propia sociedad suiza.

En su Estudio de referencia sobre la problemática, publicado a fines del 2017, donde presenta Recomendaciones sobre el tema del racismo anti-Negro en Suiza, afirma que las personas de color pueden confrontarse cotidianamente “a la discriminación sistemática y a las estigmatizaciones”. Y padecen de “numerosos prejuicios … en el sentido de que serían irracionales, emotivas, perezosas, sin pudor, violentas y tendrían comportamientos criminales”.(https://www.ekr.admin.ch/pdf/Studie_AntiRassismus_F.pdf).

“El color de la piel pesa”, reflexiona Izabel Barros, subrayando, por ejemplo, los controles sistemáticos y especiales de documentación en la vía pública que sufren las personas negras y no sufren las personas blancas, subraya.

El pasado 11 de junio, en el marco de las movilizaciones de solidaridad contra el asesinato en Estados Unidos de George Floyd, una quincena de asociaciones, hizo público un comunicado que enfatiza “que la violencia policial racista también es una realidad mortífera en Suiza”. En el mismo dan los nombres de 23 personas muertas en el país, en los últimos 20 años, en hechos ligados a la intervención de fuerzas policiales o de seguridad. Todos casos debidamente registrados.

Sin llegar a la muerte han sido conocidos en los últimos años procesos jurídicos resultantes de la identificación pública exigida por policías a gente de color. Entre ellos, el de Mohamed Wa Baile, negro de nacionalidad suiza, hecho que fuera ampliamente mediatizado en el año 2018.

Brutalidad global

La salida de tanta gente a las calles para protestar, reflexiona Barros, “es el resultado de la comprensión del racismo como un sistema global y estructural, que excede las fronteras nacionales de un país en concreto”.

Muchas de estas protestas, aquí, analiza, no fueron convocadas por las organizaciones que desde años trabajan en esta temática. “Tuvieron y tienen un condimento altamente espontáneo, integrando a nuevos participantes, muchos de ellos jóvenes, analiza. Todo esto, muestra la amplitud del problema, “que está subyacente y comprueba lo fructífero del esfuerzo de concientización que sobre el tema se viene haciendo desde hace mucho tiempo”. Y que a nivel internacional implica la participación de millones de personas en Europa, Estados Unidos, América Latina y en tantas otras regiones, puntualiza.

¿El racismo es igual en todas partes?, preguntamos a la también militante feminista. “Hay particularidades específicas, por ejemplo, en América Latina”, responde. En Brasil, por ejemplo, se trató de “vender” el mito de una democracia racial, argumentando que todos somos iguales ante la ley. “En realidad se trata de un modelo impuesto por una élite blanca a la mayoría de la población que es afro descendiente, con casi cinco siglos de esclavismo por detrás. En América Latina, completa, “nuestra identidad es de asimilación, pero al mismo tiempo de mucha revuelta y violencia explosiva”.

A nivel más académico, completa, también existe una diferencia significativa entre la mirada latinoamericana, vivencial, que parte de ser “víctimas directas del racismo y la segregación” y la percepción de ciertos intelectuales -incluyendo algunos de la autodenominada izquierda europea-, que “priorizan el análisis de clases por sobre los de raza y de género. Y posponen así la solución de estos temas, “que para nosotros son esenciales y prioritarios, al cambio de sistema, estructural, futuro, a largo plazo”, afirma.

El Estado, solo asume a medias

La preocupación de la Suiza oficial ante el racismo constituye una realidad concreta en los últimos años. El Estudio que mandató la Oficina Federal contra el Racismo -dependiente del Ministerio Federal del Interior- y que realizaron investigadores de la Universidad de Zúrich enumera múltiples recomendaciones.

Entre ellas, la necesidad de una mayor apertura de la Administración Pública a las minorías; evitar estigmatizaciones y excesos verbales de parte de los responsables políticos; promover que los medios de comunicación traten de forma correcta este delicado tema. Además, urgen “a la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales y a la Conferencia de Directoras y Directores de los Departamentos Cantonales de Justicia y Policía, a asumirse garantes, incluso públicamente, del respeto a las minorías y reforzar las medidas necesarias”. Instan también a crear instancias de apoyo y sugieren al mundo académico promover la investigación necesaria en cuanto a protección contra la discriminación y el racismo”.

Buenas propuestas -aunque el Estudio tiene lagunas- pero insuficientes, reflexiona la joven activista antirracista.  “Todo será limitado e incompleto en tanto el Estado no reconozca y corrija el racismo estructural existente”. Lo que explica que, a pesar de una relativa buena voluntad oficial, “muchas de estas recomendaciones hayan quedado como simples deseos, pero no sean aplicadas debidamente”, concluye.

Fuente: https://rebelion.org/el-racismo-es-una-construccion-historica-y-social-2/

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Una pandemia no esconde la otra

Desde la ONU, Ginebra, Suiza

El planeta sigue transpirando. Las temperaturas globales se disparan, a pesar del leve respiro que, paradójicamente, le da el COVID-19 con su corolario de contracción económica y reducción del transporte. Los próximos e imprevistos desastres naturales seguirán tocando a la puerta de la Tierra, aunque el coronavirus buscará desplazarlos del primer plano mediático.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, como el C02, responsables principales del deterioro climático, se redujeron drásticamente durante la actual crisis. Por ejemplo, en China, principal emisor del mundo, se estima que las mismas bajaron en torno de un 25 %.

“Suspiro” en sala de emergencia

Sin embargo, descenso momentáneo no implica solución estratégica. Y hacia allí apunta Greenpeace, cuando afirma en su estudio de abril del año en curso que “pese a la reducción de las emisiones en algunos sectores como el transporte y el eléctrico, la concentración de CO2 en la atmósfera no baja, sino que sigue aumentando. Consecuentemente la crisis sanitaria no está contribuyendo a paliar la otra gran crisis que enfrenta el mundo: el cambio climático”  (https://es.greenpeace.org/es/noticias/la-concentracion-de-co2-sigue-creciendo-a-pesar-de-la-crisis-sanitaria-causada-por-el-covid-19/)

La ONG internacional sistematiza algunas estimaciones sobre la reducción transitoria a raíz de la crisis. Y afirma que Alemania podría emitir entre 50 y 120 millones de toneladas menos de CO2 este año por la enorme bajada en la demanda de electricidad. En la ciudad de Nueva York se estima una caída del 5-10% de las emisiones de CO2 y una caída sólida en el metano.

Carbon Brief, referencia en el tema, sostiene que esa reducción podría ser de un 5% con respecto a 2019 (https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2-emissions). Y sostiene que dicho descenso va a ser el más importante de la historia, desde que se realizan inventarios. Será más significativo que las caídas de CO2 registradas, en orden descendente, durante la recesión del 1991-1992; la crisis energética del 1980-81; la Gripe Española de 1918-1919; y la crisis financiera del 2008-2009.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata que la demanda de petróleo de este año ha caído por primera vez desde 2009. Una reducción de cerca de 90.000 barriles de petróleo/día respecto a 2019, debido a la profunda contracción del consumo en China y a las suspensiones en los viajes y el comercio mundiales. Los datos más recientes indican que la demanda de petróleo se desplomó un 25%. Para visualizarlo con una imagen, esa caída sería como si toda Norteamérica (EEUU, Canadá y México) dejasen de consumir ese combustible de golpe.

Cada vez peor

Los últimos cinco años, según el balance de diferentes organizaciones internacionales especializadas, han sido dramáticos para el clima. A pesar de los gritos crecientes de nuevos actores sociales que ganaron asidua y activamente las calles, las cifras son categóricas.

Desde los años 80 cada década ha sido más cálida que la anterior. La concentración del CO2, en el último quinquenio resultó un 18% mayor que en el anterior. El año pasado se registraron los valores más elevados en cuanto a contenido calorífico en los 700 metros superiores de los océanos, amenazando significativamente la vida marina y los ecosistemas.

Las olas de calor golpearon entre 2015-2019 a todos los continentes sin distinción. Y fueron una de las causas principales de los incendios forestales sin precedentes, no solo en la selva amazónica, sino en Australia, América del Norte y Europa.

En cuanto a la repercusión directa en la especie humana, cerca un tercio de la población mundial vive en zonas con temperaturas potencialmente mortales, al menos 20 días por año, debido a las enfermedades propias de ese clima excesivo. La sequía multiplicó la inseguridad alimentaria en numerosas regiones del globo, en particular en África, en tanto los ciclones tropicales repetidos produjeron pérdidas incalculables.

Las lluvias intensas y desbocadas, facilitan la aparición de brotes epidémicos. Allí donde el cólera es ya endémico, 1300 millones de personas corren el riesgo de contraer la enfermedad.

50 años de “poco o nada”

Hace exactamente medio siglo, se “celebró” por primera vez el Día de la Tierra. Entonces, los expertos comenzaron a alertar sobre las consecuencias irreparables para la humanidad producto del calentamiento global.

El diagnóstico de entonces no era errado. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, la concentración de CO2 es actualmente un 26% mayor que las marcas de 50 años atrás. La temperatura aumentó en igual período un 0,86°C y ya supera holgadamente en 1,1°C la de la era preindustrial. Y la tendencia sigue en ascenso. La misma agencia de la ONU calcula saltos significativos hasta 2024, en particular en las regiones de altas latitudes y zonas terrestres, siendo más lento en los océanos, en particular el Atlántico Norte y el Austral. (https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-d%C3%ADa-de-la-tierra-hace-hincapi%C3%A9-en-la-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica)

Desafíos monumentales

En tanto la pandemia produjo un cimbronazo mundial sin precedentes desde la 2da Guerra Mundial, pero con impacto a corto y mediano plazo, la lucha contra el calentamiento apuesta a la estrategia misma de sobrevivencia de la humanidad.

“Se debe actuar con decisión para proteger el planeta tanto del coronavirus como de la amenaza existencial del cambio climático”, declaró recientemente Petteri Talas, director de la Organización Meteorológica Mundial.  Agregando que “debemos aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático…Tenemos que actuar juntos en interés de la salud y la prosperidad de la humanidad, no solo durante las próximas semanas y meses, sino pensando en muchas generaciones futuras”.

Si se quiere controlar la pandemia climática, se debería asegurar – lo que parece ya casi imposible- una disminución de las emisiones globales de carbono de 7,6% para fines del año en curso. Y mantener ese porcentaje de reducción anual durante la próxima década para mantener el calentamiento global por debajo del 1,5°C a fines del siglo, según las previsiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Visión compartida, al menos retóricamente, por el Secretario General de las Naciones Unidas. En su mensaje por el Día Internacional de la Madre Tierra, el pasado 22 de abril, Antonio Guterres insistió en que “las perturbaciones del clima se están acercando a un punto de no retorno”. Y definió seis principios para que la recuperación económica y financiera postcrisis se impulse en el marco de una nueva conciencia de protección del medioambiente. “La recuperación debe ir acompañada de la creación de nuevos trabajos y empresas mediante una transición limpia y ecológica …la artillería fiscal debe impulsar el paso de la economía gris a la verde y aumentar la resiliencia de las sociedades y las personas” (https://www.un.org/es/observances/earth-day/message)

Greenpeace, por su parte, en el estudio de abril, considera que, “aunque las reducciones puntuales en las emisiones no van a paliar la crisis climática, sí deberían servir para iniciar los cambios profundos y necesarios para reducir las emisiones a cero”. Sostiene que este punto de inflexión puede y debe ser un motor de la recuperación económica y ser la base de la prosperidad a largo plazo. Y llama a que los Gobiernos abandonen las subvenciones a los combustibles fósiles al mismo tiempo que el apoyo a las inversiones públicas se destinen a actividades productivas que garanticen la sostenibilidad del planeta.

Recuperar la calle

La pandemia y las restricciones de movilización y concentración humana frenaron en seco, por algunas semanas, la protesta ciudadana a nivel planetario. La misma estaba en ascenso en muchos países cuando se desató el COVID-19.

Esa cuarentena de calle golpeó particularmente a las movilizaciones juveniles en defensa del clima, principales protagonistas sociales durante todo 2019, en todo caso en Europa. Y hoy, una de las *víctimas* indirectas de la pandemia.

Las organizaciones nucleadas en torno la Huelga Climática, que marcaron la dinámica social en Suiza en los últimos dos años, se vieron obligadas a renunciar, por ejemplo, a la gran jornada de acción que había sido originalmente convocada para el pasado viernes 15 de mayo. Que había logrado consensuar las fuerzas juveniles medioambientales y las principales organizaciones sindicales. Y que se proponía crear un hecho político de la dimensión de la Huelga de Mujeres, del 14 de junio del 2019, cuando se movilizaron en todo el país medio millón de participantes.

Cuando la lenta reapertura comienza a transitarse en una buena parte del planeta, la pregunta de fondo es doble. ¿Logrará imponerse una nueva racionalidad productiva que sea ecológicamente sustentable? Y, adicionalmente, ¿conseguirán las organizaciones sociales -especialmente juveniles- a favor del clima recuperar la energía de un año antes o sufrirán el impacto del lockdown impuesto por los gobiernos para evitar la propagación de la pandemia?

Fuente: https://rebelion.org/una-pandemia-no-esconde-la-otra/

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