Author: Sergio Ferrari

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La cuarta ola es ya una realidad

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari 

Se polariza la brecha entre los vacunados y los vacuna escépticos

Lejos de desaparecer, el COVID-19 recupera protagonismo en Europa luego del respiro estival. Y ahora se confirma la que ya es una realidad: la cuarta ola. La variante Delta se proyecta como el actor virulento de esta tragedia social que parece no tener fin.

Esta nueva ola se está acelerando debido, principalmente, a los contagios entre la población adulta joven, advirtió la tercera semana de agosto el Instituto Robert Koch (RKI), organismo alemán de prevención y control de enfermedades.

Los casos de infección se han incrementado una vez más desde inicios de julio, luego del paréntesis de abril a junio. El número de hospitalizaciones también aumenta, con una diferencia neta con respecto a las olas anteriores: ahora la franja de edad predominante es de 35 a 59 años. Si bien en Alemania hacia la tercera semana de agosto un 63.8% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna –y un 58.25%, las dos– el RKI considera que el riesgo de contagio es siempre mucho más alto entre los no vacunados y que han recibido una sola dosis. La variante Delta representa el 99% de la incidencia pandémica total en ese país.

El caso suizo

Realidad semejante a la que se vive en Suiza, donde los epidemiólogos también reconocen que la cuarta ola ya está instalada en el país, con casi 3000 casos diarios a fines de agosto y más de 500 personas hospitalizadas afectadas por el coronavirus, para una población de 8.5 millones de habitantes. Proporcionalmente la realidad helvética correspondería a casi 18 mil casos diarios en Argentina o España, 24 mil en Francia, o bien 45 mil en México. A pesar de esta tendencia ascendente, el número de decesos diarios a causa de la pandemia se mantiene bajo si se compara con el de los meses anteriores. Elemento que indicaría, tendencialmente, que el impacto de esta cuarta ola en vidas humanas será menor que las anteriores.

Para evaluar el estado de la situación sanitaria, los expertos internacionales sostienen que es necesario medir el porcentaje de pruebas de detección que han dado positivo, es decir, la “tasa de positivos”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si esta cifra no supera el 5%, se considera que la pandemia está controlada. Si supera ese umbral, se corre el riesgo de que la pandemia se descontrole.

El 20 de agosto, en Suiza, esa tasa llegó al 12.9%, casi la mitad del máximo alcanzado durante el peor momento de la crisis, en noviembre del año pasado (26.9%). Sin embargo, mucho mayor que la de unas pocas semanas atrás, a inicios de julio, cuando no alcanzaba al 1%. Constatación adicional de que la pandemia vuelve a intensificar su impacto.

La tercera semana de agosto, Tanja Stadler, la nueva responsable del Grupo de Trabajo COVID-19 de la Confederación Helvética, compartió su preocupación a raíz del violento aumento de casos. El último mes, las admisiones hospitalarias se han duplicado, sucesivamente, tres veces. El 90% de las mismas son personas no vacunadas, y casi la mitad es gente que regresa al país luego de las vacaciones, en particular de la región de los Balcanes y Grecia. Si en septiembre se mantuviera esta constante, aumentaría el nivel de hospitalizaciones, lo que hace temer a algunos epidemiólogos la posibilidad de un nuevo tensionamiento del sistema hospitalario. Otros consideran que se vive una situación pandémica de “meseta” y que los riesgos para la sobrecarga de hospitales son menores que en las olas anteriores. Para fundamentar esta evaluación contabilizan no solo la cantidad de vacunados, sino también la alta proporción de personas de riesgo que ha recibido las dos dosis, así como el porcentaje de la población que ya ha contraído el virus en este último año y medio.

Según Stadler, el problema es que ahora el país se confronta con una dinámica que se desarrolla velozmente, propia de la naturaleza de la variante Delta. Todo esto en un momento del año muy particular debido al regreso de las vacaciones veraniegas de julio y agosto y la caída paulatina de las temperaturas, lo que limita las actividades al aire libre y concentra la vida social en espacios cerrados. Señala dicha experta que, alrededor de este mismo periodo el año pasado, factores semejantes no contribuyeron a frenar la explosión de una segunda ola, que impactó en noviembre y diciembre y que en definitiva fue la más agresiva desde que el COVID-19 comenzó a golpear en Europa.

El ámbito científico insiste en la necesidad imperiosa de extender la vacunación a niñas y niños a partir de los 12 años y extender el pasaporte COVID-19 a bares, restaurantes y actividades culturales. Y propone que a partir de octubre todos los tests –hasta ahora mayoritariamente financiados por el Estado—sean sufragados por los usuarios, como una forma indirecta de estimular la vacunación, la cual seguirá siendo gratuita. Autoridades federales hablan de la posibilidad de establecer una lista de “países de alto riesgo” y de volver a establecer el asilamiento obligatorio para los viajeros que lleguen de los mismos.

En este marco global el problema se profundiza por la enorme resistencia de casi la mitad de la población suiza a vacunarse. A pesar de las campañas oficiales y la existencia de stocks abundantes, hasta el 27 de agosto solo el 51.03% de la población se había inmunizado con ambas dosis. Este porcentaje aumenta al 57.01% cuando se incluye a las personas que recibieron una sola dosis.

“Paradójicamente esta cuarta ola es la de los no-vacunados en un continente donde sobran las vacunas cuando en la gran mayoría del planeta faltan las dosis”, enfatiza el doctor suizo Bernard Borel, activo en la lucha contra el COVID-19 en el Cantón de Vaud. Y agrega: “Es absurdo. Es la consecuencia de una sociedad egoísta y egocéntrica, donde muchos desprecian el valor de la salud como bien común”.

La situación europea

Según la OMS hasta el lunes 23 de agosto, la situación de casos en Europa era preocupante en varios países. Gran Bretaña contabilizaba 423.000 nuevas infecciones (+ 14 % en relación a la incidencia por 100.000 habitantes de las semanas precedentes); Francia 314.000 (+ 1%); Alemania 79.000(+128%); Gran Bretaña 423.000 (+14%) e Italia 88.000 (+12%).

Albania con + 422%; Bosnia Herzegovina con +344; y Bulgaria con +204% se ubican entre los países más fuertemente afectados por el incremento exponencial pandémico. España, a pesar de sus 134.000 nuevos casos en las dos últimas semanas, registra una disminución de la incidencia de -52%. Junto con Turquía, Portugal, la Federación Rusa, Finlandia, Bélgica y Uzbekistán es la única del continente que en los últimos quince días no vio aumentar la incidencia del COVID-19.

Con respecto al porcentajes de inmunización, al 23 de agosto, el 69% de la población de Dinamarca ya estaba completamente vacunada. En España y Portugal, 67%; en Gran Bretaña, 62%, y en los Países Bajos, 61%. El porcentaje cae por debajo del 60% en Italia (58%); Francia (56%) y Grecia, (52%). En menos de 50% se encuentran los países nórdicos, a excepción de Suecia, con 50.5% de su población inmunizada. El porcentaje se precipita bruscamente en la Europa Oriental; en Rusia apenas llega al 24%.

El avance de la vacunación en Europa ha experimentado desarrollos dispares. En algunos países, como Francia, la resistencia a los programas de inmunización se ha expresado a través de significativas movilizaciones callejeras. Y en formas menos masivas en Italia, Grecia, Irlanda, Gran Bretaña y Suiza, entre otros. De una u otra manera, esas expresiones de protesta, así como el áspero debate continental en torno a la crisis pandémica, ponen de manifiesto la polarización que experimenta la sociedad europea en el presente.

La protesta

La dinámica europea de los vacuna-escépticos es muy diversa y expresa condimentos nacionales específicos.

El Francia, por ejemplo, el sábado 21 de agosto, miles de personas protestaron en gran parte del país contra el pasaporte sanitario. Era el sexto fin de semana consecutivo de manifestaciones. El arranque se dio el 24 de julio, jornada sobre la cual diversas fuentes, como el cotidiano Liberation, hablaron de 160 mil participantes. En la convocatoria del 15 de agosto el Ministerio del Interior contabilizó 214 mil manifestantes en todo el país. Por su parte, el colectivo militante Nombre Jaune, que publica un recuento ciudad por ciudad, calculó más de 388 mil participantes a nivel nacional.

Según Liberation, “Este movimiento heterogéneo, que comenzó a mediados de julio y que reúne a personas más allá de la galaxia de los escépticos o los antivacunas, ha crecido de forma inédita en pleno verano”. En paralelo a la entrega del pasaporte (o tarjeta) sanitaria, que pasó a ser obligatorio en bares, restaurantes y hospitales. Desde el lunes 23 de agosto, más de 120 grandes centros comerciales y tiendas de la región de París y de la mitad sur de Francia están obligados a comprobar sistemáticamente este documento, como ya sucedía en vuelos de línea nacional, trenes etc.

Este diverso conglomerado que continúa ganando las calles en Francia expresa desacuerdos de fondo con las políticas gubernamentales. El “anti-Macronismo”, –en referencia al presidente Emmanuel Macron–, es el elemento unificador. Y para muchos la protesta contra las medidas sanitarias vigentes no es más que un pretexto para cuestionar al gobierno. Desde las esferas oficiales responden que la cantidad de gente que ha acudido a vacunarse es más significativa que la de los que vienen protestando desde julio.

En Suiza, la “resistencia” antivacuna reúne a sectores y actitudes muy diversas, aunque, en este caso, el discurso antigubernamental no es dominante.

Concuerdan sectores conservadores de derecha y grupos reaccionarios. Junto con activistas ambientalistas o de izquierda, críticos contra el poder de las transnacionales farmacéuticas a las que acusan de sacar el principal provecho de la actual crisis.

Se le suman grupos juveniles que esgrimen dos argumentos principales: no constituyen la fracción etaria que puede padecer los principales efectos brutales del COVID-19 y nadie puede garantizar de forma absoluta –debido a lo novedoso de las vacunas utilizadas-, que eventualmente las mismas no causen efectos secundarios a mediano o largo plazo.

Iglesias fundamentalistas de todo tipo, así como sectores extremos que se autodefinen como constitucionalistas, quienes consideran las medidas anti COVID-19 como restrictivas de las libertades individuales, se suman al rechazo de la vacuna.

Común denominador de todos los refractarios: la preeminencia de la decisión individual sobre la colectiva. Para ellos, la contribución a una solidaridad social, especialmente hacia los sectores de mayor riesgo, no es un argumento decisivo como para concurrir a los centros de vacunación.

Dos visiones de una coyuntura sanitaria que crispa los espíritus e intensifica la brecha societal entre vacunados y no vacunados y que comienza a convertirse en un nuevo tipo de contradicción identitaria cotidiana. Y que exaspera a algunas autoridades cantonales, que incluso proponen pasarles la factura de los gastos hospitalarios a los pacientes no vacunados, medida extrema que atentaría contra principios constitucionales esenciales.

En la Suiza enriquecida, el debate con respecto a la vacuna, sea con argumentos de derecha o de izquierda, no hace más que robustecer la retórica social del privilegio. Cada individuo que rechaza inmunizarse sabe que, en el peor de los casos, nunca le va a faltar una cama de hospital, una máscara de oxígeno o una máquina respiratoria si tienen que entubarlo.

Más aún, este debate posterga la reflexión sobre la sociedad global, la solidaridad activa entre naciones y la necesaria lucha mancomunada para generalizar y democratizar el acceso a la vacuna en el mundo entero. Única fórmula para derrotar, verdaderamente, al CODIV-19 y sus actuales y futuras variantes.

https://rebelion.org/la-cuarta-ola-es-ya-una-realidad/
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Latinoamérica en brasas

Sergio Ferrari

“El cambio climático se ensañará con el continente”

En 2020 la Amazonia perdió una superficie de selva igual a siete Londres

Si la Tierra arde, América Latina y el Caribe son como brasas: son de las regiones del planeta más afectadas por el cambio climático. Las prevenciones anti-riesgo regionales sufren de insuficiencia crónica.

Solo una semana después de que el Grupo de expertos internacionales (IPCC, en inglés) publicara su informe sobre la dramática situación mundial, el tercer martes de agosto la alarma sonó con decibeles latinoamericanos

La radiografía continental del nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado el 17 de agosto revela un diagnóstico grave.

2020 fue uno de los tres años más calientes –desde que existen mediciones– en México/América Central y el Caribe. Y el segundo más cálido en América del Sur. Las temperaturas se situaron en 1°C, 0.8°C y 0.6°C, respectivamente, por encima de la media de las décadas 1980-2010.

En el sur de la Amazonia y el Pantanal, donde confluyen las aguas de nueve países de América del Sur y se concentra una décima parte del carbono terrestre, los incendios explotaron exponencialmente como resultado de la intensa sequía que azotó esa región. Sequía que no es inocente, sino el resultado del talado a gran escala de los bosques con el propósito de generar tierras para la cría del ganado y los cultivos de agroexportación. Fue la peor sequía de los últimos 60 años.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), la Amazonia brasileña registró en junio del año en curso 2.308 focos de incendios, su peor cifra desde 2007.  Superó en un 2.6% los del año pasado, los cuales, según el informe de la OMM, ya habían sido récord.

La reducción de la selva amazónica en tan solo un año equivale aproximadamente a un área siete veces el tamaño de la ciudad de Londres. A este ritmo, la Amazonia corre el gran riesgo de no poder jugar más su rol de pulmón del planeta. La pérdida de vegetación selvática podría convertirse, a corto plazo, en una fuente aún mucho más grande e intensa de emisión de carbono. En la actualidad, América Latina y el Caribe reúnen más del 55% de los bosques primarios del mundo, los cuales almacenan unas 104 gigatoneladas de carbono. Entre el 40% y el 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies botánicas se encuentran allí.

El estudio de la OMM indica que la sequía generalizada en esa región tuvo un impacto considerable en las rutas de navegación interior, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, debido a lo cual se agravó la inseguridad alimentaria en muchas zonas. Fenómeno que se visualiza, en particular, en la región del Caribe, con una vulnerabilidad muy alta. Varios de sus países integran la lista de territorios con mayor estrés hídrico del mundo, con menos de 1.000 m3 de recursos de agua dulce per cápita. En el centro de América del Sur, en 2020, los totales de precipitación se aproximaron al 40 % de los valores normales. El período de precipitaciones estacionales de septiembre de 2019 a mayo de 2020 estuvo marcado por un déficit de lluvias que se agravó, particularmente, entre enero y marzo.

En la Argentina, 2020 fue un año seco, con una anomalía nacional estimada del −16.7 % con respecto a la media de 1981-2010. Fue uno de los peores años desde 1961 y el más seco desde 1995. Los totales de precipitación por debajo de lo normal fueron el resultado de la misma sequía que afectó a la región del Pantanal.

Este calentamiento sistemático repercutió en los glaciares andinos de Argentina y Chile. Según el estudio de la OMM, la pérdida de masa ha ido en aumento desde 2010, en consonancia con el incremento de las temperaturas y de la reducción considerable de las precipitaciones.

Cataclismos de un carácter muy diferente, aunque igualmente devastadores, los huracanes Eta e Iota, con una intensidad 4, golpearon en rápida sucesión a Centroamérica. Siguieron trayectorias igualmente destructivas por Nicaragua y Honduras acentuando así los impactos acumulativos de una región tan interconectada. Los daños estimados en ambas naciones y en Guatemala abarcan a casi 1 millón de hectáreas cultivadas.

Los ecosistemas marítimos y litorales, así como las comunidades humanas que dependen de ellos, en particular en los pequeños Estados insulares, se confrontan hoy a las crecientes amenazas derivadas del calentamiento y la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del agua y una mayor intensidad y frecuencia de las tormentas tropicales. En la región, el 27% de la población vive en áreas costeras. Y entre un 6 y un 8% habita en zonas amenazadas gravemente por eventuales inundaciones.

Con un promedio de 3.6 milímetros de incremento anual en los últimos treinta años, el nivel del mar en la región del Caribe ha superado el promedio mundial, que fue de 3.3 milímetros. El estudio recuerda que el océano absorbe cerca del 23 % de las emisiones antropogénicas anuales del CO2 presente en la atmósfera, y es, por lo tanto, un elemento esencial que contribuye a mitigar los efectos del aumento de las emisiones en el clima de la Tierra. Sin embargo, el CO2 reacciona con el agua aumentado su acidez. Este proceso en paulatino incremento afecta a muchos organismos y ecosistemas marinos y amenaza la seguridad alimentaria al poner en peligro la pesca y la acuicultura.

Doble condena: clima y deuda

El Informe El estado del clima en América Latina y el Caribe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10765), reúne los aportes multidisciplinarios de 40 expertos. Sus conclusiones se basan en una metodología estándar que evalúa los aspectos físicos del sistema climático a partir de datos de 1.700 estaciones meteorológicas de toda la región.

Sus conclusiones preliminares crean alarma y producen escalofríos. Las medidas de adaptación — en particular los sistemas de alerta temprana multirriesgo– no están lo suficientemente preparadas para hacer frente a los cataclismos. El apoyo de los gobiernos, así como de la comunidad científica y tecnológica, sería fundamental para reforzarlas y también para mejorar la recopilación y el almacenamiento de datos. De este modo, podría integrarse mejor la información sobre el riesgo de desastres en la planificación del desarrollo. No se puede subestimar el costo de la prevención: es fundamental contar con un apoyo financiero sólido para lograr esos objetivos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa malas noticias. El cambio climático se ensañará con América Latina, donde se batirán récords en concepto de huracanes, se sufrirán sequías severas, seguirá aumentando el nivel del mar y habrá más incendios. Todo podría empeorar si no se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero.

El futuro ya es presente. Las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020, constituyen la nueva normalidad que le espera a América Latina. El continente se proyecta como una de las zonas donde los efectos e impactos del cambio climático serán más pronunciados: olas de calor, disminución del rendimiento de los cultivos, incendios forestales, agotamiento de los arrecifes de coral y eventos extremos relacionados con el aumento del nivel del mar.

Los expertos son contundentes. Aseguran que es de vida o muerte poner límites al calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo sostenible.

Y algunos ejemplos hablan por sí mismos: en el Caribe, los desastres naturales se triplicaron en los últimos 30 años y las pérdidas económicas asociadas se quintuplicaron. La destrucción causada por los huracanes Irma y María en 2017 produjo pérdidas equivalentes al 250% del Producto Interno Bruto (PIB) en países como Dominica (https://www.cepal.org/es).

Adicionalmente, en el terreno financiero internacional, entre los efectos inesperados del cambio climático se encuentra la actitud nefasta de las agencias calificadoras dedicadas a evaluar los riesgos de inversiones. Las mismas consideran que la vulnerabilidad climática es un criterio para rebajar la calificación de seguridad y beneficio. Lo que produce, según la CEPAL, consecuencias gravísimas porque aumenta, injustamente, el costo de la deuda soberana y el pago de intereses para aquellos países en desarrollo altamente vulnerables ante el cambio climático. Según el organismo continental, esto agrava, por ejemplo, las capacidades del Caribe, de Argentina y de Ecuador los cuales ya tienen una “carga muy pesada por los altos niveles de deuda enraizada en los shocks externos agravados por el impacto de los desastres y las debilidades estructurales, sociales y económicas”.

La protesta se consolida

América Latina y el Caribe se confrontan con un laberinto casi sin salida. A pesar de ser responsables solamente del 8.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pagan uno de los precios más altos por el deterioro climático global. Y lo pagan con su vulnerabilidad cotidiana, que incluye la fragilidad de sus sistemas de prevención de riesgos.

Realidad planetaria compleja, donde la descripción fáctica del drama climático esconde, muchas veces, los diferentes niveles de responsabilidad por continentes, regiones y países, así como por sectores de actividades y formas y lógicas de producción. De ahí que sean cada vez más potentes las voces sociales que se escuchan a lo largo y a lo ancho del mundo entero, especialmente las juveniles, que no se contentan de constatar la crisis climática mundial. Y que exigen que se hable también de la necesidad de una verdadera justicia climática planetaria.

Fuente: https://rebelion.org/latinoamerica-en-brasas/
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Latinoamérica en brasas: “El cambio climático se ensañará con el continente”

Sergio Ferrari
Por Sergio Ferrari

En 2020 la Amazonia perdió una superficie de selva igual a siete Londres

Si la Tierra arde, América Latina y el Caribe son como brasas: son de las regiones del planeta más afectadas por el cambio climático. Las prevenciones anti-riesgo regionales sufren de insuficiencia crónica.

Solo una semana después de que el Grupo de expertos internacionales (IPCC, en inglés) publicara su informe sobre la dramática situación mundial, el tercer martes de agosto la alarma sonó con decibeles latinoamericanos

La radiografía continental del nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado el 17 de agosto revela un diagnóstico grave.

2020 fue uno de los tres años más calientes –desde que existen mediciones– en México/América Central y el Caribe. Y el segundo más cálido en América del Sur. Las temperaturas se situaron en 1°C, 0.8°C y 0.6°C, respectivamente, por encima de la media de las décadas 1980-2010.

En el sur de la Amazonia y el Pantanal, donde confluyen las aguas de nueve países de América del Sur y se concentra una décima parte del carbono terrestre, los incendios explotaron exponencialmente como resultado de la intensa sequía que azotó esa región. Sequía que no es inocente, sino el resultado del talado a gran escala de los bosques con el propósito de generar tierras para la cría del ganado y los cultivos de agroexportación. Fue la peor sequía de los últimos 60 años.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), la Amazonia brasileña registró en junio del año en curso 2.308 focos de incendios, su peor cifra desde 2007.  Superó en un 2.6% los del año pasado, los cuales, según el informe de la OMM, ya habían sido récord.

La reducción de la selva amazónica en tan solo un año equivale aproximadamente a un área siete veces el tamaño de la ciudad de Londres. A este ritmo, la Amazonia corre el gran riesgo de no poder jugar más su rol de pulmón del planeta. La pérdida de vegetación selvática podría convertirse, a corto plazo, en una fuente aún mucho más grande e intensa de emisión de carbono. En la actualidad, América Latina y el Caribe reúnen más del 55% de los bosques primarios del mundo, los cuales almacenan unas 104 gigatoneladas de carbono. Entre el 40% y el 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies botánicas se encuentran allí.

El estudio de la OMM indica que la sequía generalizada en esa región tuvo un impacto considerable en las rutas de navegación interior, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, debido a lo cual se agravó la inseguridad alimentaria en muchas zonas. Fenómeno que se visualiza, en particular, en la región del Caribe, con una vulnerabilidad muy alta. Varios de sus países integran la lista de territorios con mayor estrés hídrico del mundo, con menos de 1.000 m3 de recursos de agua dulce per cápita. En el centro de América del Sur, en 2020, los totales de precipitación se aproximaron al 40 % de los valores normales. El período de precipitaciones estacionales de septiembre de 2019 a mayo de 2020 estuvo marcado por un déficit de lluvias que se agravó, particularmente, entre enero y marzo.

En la Argentina, 2020 fue un año seco, con una anomalía nacional estimada del −16.7 % con respecto a la media de 1981-2010. Fue uno de los peores años desde 1961 y el más seco desde 1995. Los totales de precipitación por debajo de lo normal fueron el resultado de la misma sequía que afectó a la región del Pantanal.

Este calentamiento sistemático repercutió en los glaciares andinos de Argentina y Chile. Según el estudio de la OMM, la pérdida de masa ha ido en aumento desde 2010, en consonancia con el incremento de las temperaturas y de la reducción considerable de las precipitaciones.

Cataclismos de un carácter muy diferente, aunque igualmente devastadores, los huracanes Eta e Iota, con una intensidad 4, golpearon en rápida sucesión a Centroamérica. Siguieron trayectorias igualmente destructivas por Nicaragua y Honduras acentuando así los impactos acumulativos de una región tan interconectada. Los daños estimados en ambas naciones y en Guatemala abarcan a casi 1 millón de hectáreas cultivadas.

Los ecosistemas marítimos y litorales, así como las comunidades humanas que dependen de ellos, en particular en los pequeños Estados insulares, se confrontan hoy a las crecientes amenazas derivadas del calentamiento y la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del agua y una mayor intensidad y frecuencia de las tormentas tropicales. En la región, el 27% de la población vive en áreas costeras. Y entre un 6 y un 8% habita en zonas amenazadas gravemente por eventuales inundaciones.

Con un promedio de 3.6 milímetros de incremento anual en los últimos treinta años, el nivel del mar en la región del Caribe ha superado el promedio mundial, que fue de 3.3 milímetros. El estudio recuerda que el océano absorbe cerca del 23 % de las emisiones antropogénicas anuales del CO2 presente en la atmósfera, y es, por lo tanto, un elemento esencial que contribuye a mitigar los efectos del aumento de las emisiones en el clima de la Tierra. Sin embargo, el CO2 reacciona con el agua aumentado su acidez. Este proceso en paulatino incremento afecta a muchos organismos y ecosistemas marinos y amenaza la seguridad alimentaria al poner en peligro la pesca y la acuicultura.

Doble condena: clima y deuda

El Informe El estado del clima en América Latina y el Caribe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10765), reúne los aportes multidisciplinarios de 40 expertos. Sus conclusiones se basan en una metodología estándar que evalúa los aspectos físicos del sistema climático a partir de datos de 1.700 estaciones meteorológicas de toda la región.

Sus conclusiones preliminares crean alarma y producen escalofríos. Las medidas de adaptación — en particular los sistemas de alerta temprana multirriesgo– no están lo suficientemente preparadas para hacer frente a los cataclismos. El apoyo de los gobiernos, así como de la comunidad científica y tecnológica, sería fundamental para reforzarlas y también para mejorar la recopilación y el almacenamiento de datos. De este modo, podría integrarse mejor la información sobre el riesgo de desastres en la planificación del desarrollo. No se puede subestimar el costo de la prevención: es fundamental contar con un apoyo financiero sólido para lograr esos objetivos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa malas noticias. El cambio climático se ensañará con América Latina, donde se batirán récords en concepto de huracanes, se sufrirán sequías severas, seguirá aumentando el nivel del mar y habrá más incendios. Todo podría empeorar si no se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero.

El futuro ya es presente. Las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020, constituyen la nueva normalidad que le espera a América Latina. El continente se proyecta como una de las zonas donde los efectos e impactos del cambio climático serán más pronunciados: olas de calor, disminución del rendimiento de los cultivos, incendios forestales, agotamiento de los arrecifes de coral y eventos extremos relacionados con el aumento del nivel del mar.

Los expertos son contundentes. Aseguran que es de vida o muerte poner límites al calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo sostenible.

Y algunos ejemplos hablan por sí mismos: en el Caribe, los desastres naturales se triplicaron en los últimos 30 años y las pérdidas económicas asociadas se quintuplicaron. La destrucción causada por los huracanes Irma y María en 2017 produjo pérdidas equivalentes al 250% del Producto Interno Bruto (PIB) en países como Dominica (https://www.cepal.org/es).

Adicionalmente, en el terreno financiero internacional, entre los efectos inesperados del cambio climático se encuentra la actitud nefasta de las agencias calificadoras dedicadas a evaluar los riesgos de inversiones. Las mismas consideran que la vulnerabilidad climática es un criterio para rebajar la calificación de seguridad y beneficio. Lo que produce, según la CEPAL, consecuencias gravísimas porque aumenta, injustamente, el costo de la deuda soberana y el pago de intereses para aquellos países en desarrollo altamente vulnerables ante el cambio climático. Según el organismo continental, esto agrava, por ejemplo, las capacidades del Caribe, de Argentina y de Ecuador los cuales ya tienen una “carga muy pesada por los altos niveles de deuda enraizada en los shocks externos agravados por el impacto de los desastres y las debilidades estructurales, sociales y económicas”.

La protesta se consolida

América Latina y el Caribe se confrontan con un laberinto casi sin salida. A pesar de ser responsables solamente del 8.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pagan uno de los precios más altos por el deterioro climático global. Y lo pagan con su vulnerabilidad cotidiana, que incluye la fragilidad de sus sistemas de prevención de riesgos.

Realidad planetaria compleja, donde la descripción fáctica del drama climático esconde, muchas veces, los diferentes niveles de responsabilidad por continentes, regiones y países, así como por sectores de actividades y formas y lógicas de producción. De ahí que sean cada vez más potentes las voces sociales que se escuchan a lo largo y a lo ancho del mundo entero, especialmente las juveniles, que no se contentan de constatar la crisis climática mundial. Y que exigen que se hable también de la necesidad de una verdadera justicia climática planetaria.

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Piratas pandémicos

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial

La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda. Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.

La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones.  En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.

En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.

El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.

Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.

Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.

La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdf.  Y subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.

Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.

No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPICque regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.  (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).

Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.

El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.

En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista—, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.

La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.

¡Al abordaje!

La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.

La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.

Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.

El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.

Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.

Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (ndr: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.

Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.

La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.

Resistencia ciudadana

Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.
Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.

Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.

Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos.  La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.

En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.

El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.

Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza.

Piratas pandémicos

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Recrudece el trabajo infantil. La pandemia jaquea al empleo

Sergio Ferrari

Por: Sergio Ferrari

Las tibias señales de recuperación laboral de fines del año pasado en el continente chocan contra los impactos de las nuevas olas. Las proyecciones son inciertas y el futuro dependerá de cómo siga afectando la pandemia. Sin embargo, ya hay que programar la postpandemia.

La región deberá implementar políticas que estimulen la generación de empleos, particularmente entre los sectores más vulnerables: la juventud y las mujeres. Este es uno de los argumentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quienes publicaron en junio su Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe(https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46955/1/S2100277_es.pdf ), donde analizan los efectos críticos del COVID-19 en el continente.

Según las dos organizaciones onusianas, la crisis económica del año pasado, la más significativa del último siglo, se expresó en una caída del Producto Interno Bruto de -7.1%, y en una tasa de desempleo media continental superior al 10%. La que tuvo una particular incidencia en los sectores hotelero (19.2%), de la construcción (11.7%), del comercio (10.8%) y del transporte (9.2%). Los cuatro, en conjunto, concentran cerca del 40% del empleo regional total. A la industria la afectó en un       8.6%, en tanto en la agricultura un 2.4%.

Los cálculos de los organismos internacionales señalan que, debido a la crisis sanitaria, el año pasado, se perdieron en el continente más de 26 millones de puestos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo reveló que la tasa de ocupación promedio de la región se redujo del 57.4% al 51.7% entre 2019 y 2020. Otro estudio señala que una de cada seis personas de entre 18 y 29 años ha perdido su empleo en la región desde que se desató la pandemia.

De cara al futuro cercano, la CEPAL y la OIT sugieren la implementación de estrategias que permitan sentar las bases para un retorno, con mejores condiciones laborales, para todos los trabajadores. Entre ellas: apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados; mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo; la formalización de la situación de los trabajadores; la promoción de la inclusión laboral de las mujeres, así como la regulación adecuada de nuevas modalidades de trabajo.

En su diagnóstico del mundo del trabajo dado a conocer el tercer lunes de junio, las dos organizaciones sostienen que los impactos más negativos se observaron en el segundo trimestre del año pasado, cuando se implementaron las medidas de confinamiento para intentar contener el pico pandémico. Lo que implicó la caída de la actividad económica, del empleo y de las horas trabajadas.

Especial incidencia negativa se registró en el sector informal y en los países en los cuales dicho sector es predominante. Un número significativo de trabajadoras y trabajadores no pudo continuar con sus labores, lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar de forma contra cíclica, a diferencia de lo sucedido con el sector informal en crisis anteriores. El cierre temporal de los servicios de cuidado y de las escuelas repercutió, además, en una sobrecarga del trabajo en los hogares. Fueron entonces las mujeres las que soportaron el peso principal de esta tendencia dado el rol decisivo que juegan en los quehaceres hogareños y en la gestión de la vida familiar.

Drama en la tragedia: la niñez trabajadora

Un efecto significativo colateral de la crisis pandémica regional fue el retroceso en los esfuerzos que América Latina y el Caribe venían realizando con la perspectiva de reducir o eliminar el trabajo infantil hasta el 2025. Entre 2016 y 2020 cerca de 2.300.000 infantes habían podido dejar de trabajar.

A partir del COVID-19, el prolongado cierre de escuelas y el aumento de la pobreza entre las familias más vulnerables arrastraron a más niñas y niños de la región a buscar formas de subsistencia. Según un nuevo estudio de la OIT y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) que fue divulgado en la segunda semana de junio, más de 8 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años se ven obligada-os, actualmente, a trabajar en el continente. Se trata mayoritariamente de adolescentes varones, aunque un 33% corresponde a niñas. (https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/ ).

El número de niños y niñas en hogares con pocos ingresos aumentó como consecuencia de la pérdida del empleo o la reducción salarial de muchas familias, que deben ahora recurrir al trabajo infantil como aporte complementario a la sobrevivencia.

El trabajo infantil está presente tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y casi la mitad (el 48.7%) se practica en el sector agrícola. Más del 50% de la niñez trabajadora realiza tareas peligrosas, es decir, con riesgos o consecuencias negativas para su salud, educación o bienestar.

Ante esta compleja realidad continental, la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF recomiendan que se aumente el gasto en servicios públicos como la protección social; el acceso universal a una educación gratuita y de buena calidad y que se reabran las escuelas, pero de forma segura. También proponen el trabajo decente para la-os jóvenes en edad legal de trabajar; que se vuelva a prestar atención al trabajo infantil en la agricultura; que se promulguen leyes que protejan mejor a la niñez que promuevan sistemas integrales de protección de la infancia allí donde no existan.

Opciones de futuro

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe analiza el impacto negativo de la pandemia –mayor que en todas las crisis anteriores– en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. Y enumera sus expresiones más constantes: la destrucción y precarización del empleo; el aumento de la desocupación; la abrupta disminución de la participación laboral y los efectos en el empleo y en la participación de las mujeres, entre otros. Y sugiere anticipar los desafíos de corto y mediano plazo para una transición paulatina hacia la postpandemia.

Ésta dependerá tanto de la efectividad y la masificación de las medidas de control de la crisis sanitaria — en particular la vacunación–, como de la robustez de la recuperación de la actividad económica en un contexto de gran fragilidad.

Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 y de las segundas y terceras olas que confrontan varios países, es muy probable que desde 2021 la región conviva con tasas de desocupación más altas respecto a los años precedentes.

Es posible, enfatizan la OIT y la CEPAL, que los empleos formales que se generen en el futuro, no recuperen en el corto plazo los niveles previos a la crisis sanitaria. Debido a los problemas que están experimentando muchas empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas, para sostener y recuperar su actividad.

En consecuencia, ciertos mecanismos como los seguros de desempleo, junto con las políticas de capacitación e intermediación laboral, son y serán muy importantes tanto para sostener los ingresos de los desocupados como para facilitar su retorno al mercado laboral.

Como opciones de salida de la crisis recomiendan la promoción de la inversión pública y privada con alta intensidad de mano de obra, especialmente en los sectores más afectados en cada país, “de manera que la reactivación del tejido productivo en esos sectores acelere la demanda del empleo a nivel sectorial”.

El sector informal, por otra parte, deberá estar también en el centro de la preocupación oficial. Será importante sostener políticas de ingreso para los trabajadores informales y sus familias durante las siguientes olas de la pandemia y en la postpandemia, enfatiza el estudio. Subraya también la atención particular, en esta etapa, a las opciones del trabajo femenino, particularmente afectado durante la crisis. “Para facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral — además de promover la recuperación del empleo–, se deberán priorizar las medidas que fortalezcan las políticas e instituciones de los sistemas de cuidado, tanto en términos de educación como de salud.

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe subraya una realidad “novedosa” que explotó con fuerza en los últimos meses: los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la realidad muestra que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación. De ahí, la necesidad de bregar por condiciones realmente decentes en esta nueva modalidad laboral, insisten la OIT y la CEPAL.

Aunque no lo señalen explícitamente estos organismos, el futuro laboral-social en el continente – y a nivel mundial— va a generalizar el debate sobre quién pagará realmente los costos de la crisis. Una pugna esencial de sociedad, que, si bien ya se visualiza, sigue parcialmente velada por las restricciones pandémicas que limitan la movilización social. Todo anticipa que la recuperación del empleo y la vigencia de condiciones laborales decentes no solo dependerán de la buena voluntad de los gobiernos sino también de la presión social en las calles.

La pandemia jaquea al empleo

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Los alimentos por las nubes… y también en la basura

Sergio Ferrari

Por Sergio Ferrari

América Latina debería poder alimentar 10 mil millones de personas en 2050

Impacto mortífero para los bolsillos populares. Los precios de los alimentos básicos se dispararon en todas partes y alcanzan los valores mundiales más altos de la última década.

Los alimentos costaron en mayo del 2021 un 39.7% más que en mayo del año pasado. Así lo señala el índice de precios elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), publicado en la primera quincena de junio (http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ ).

El maíz explota

Para arribar a estos datos, el organismo internacional da seguimiento sistemático a cinco grupos sectores básicos:  los cereales, los aceites vegetales, los productos lácteos, el azúcar y la carne. Un desglose detallado por rubro permite tener una visión general de esta tendencia alcista generalizada.

En mayo, los cereales aumentaron 36.6%, si se compara con los precios del mismo mes del año pasado. Los valores internacionales del maíz fueron los que más subieron, alcanzando un 89.3% por encima del registrado en igual momento del 2020. Estos aumentos representan el nivel más elevado desde enero de 2013. Según la FAO, la posibilidad de disminución de la producción en Brasil acentuó la presión sobre la oferta mundial, de por sí ya muy limitada.

Los precios internacionales de la cebada y el sorgo también se incrementaron en mayo. Tras el aumento repentino de los precios del trigo, una mejoría en las condiciones de los cultivos, sobre todo en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, provocó un marcado descenso de su precio a finales del último mes. Aun así, en promedio, este grano superó en un 28.5% los valores de un año antes.

Los aceites vegetales –palma, soja, colza– aumentaron 7.8% en lo que representa ya el decimosegundo aumento mensual consecutivo. Las cotizaciones internacionales del aceite de palma mantuvieron una tendencia alcista en mayo y alcanzaron su nivel más elevado desde febrero de 2011. Debido, principalmente, al débil crecimiento de la producción en los países de Asia sudoriental, junto con la extensión de la demanda mundial de las importaciones. También aumentó el aceite de soja, muy demandado por el sector del biodiesel.

En cuanto a los productos lácteos, la FAO registró un salto de un 28% con respecto a mayo de 2020. Sin embargo, las cotizaciones internacionales de la leche desnatada en polvo fueron las que más subieron. La sólida demanda de importaciones en un contexto de escasez de suministros procedentes de la Unión Europea explica dicho aumento.

El índice de precios de la carne experimentó un alza del 10% en relación al mismo mes del año pasado, aunque todavía se mantuvo un 12% por debajo de su precio máximo de agosto de 2014.

En cuanto al azúcar, el estudio de la FAO constató un aumento en mayo de un 6.8% con respecto a abril, el más elevado desde marzo de 2017. La subida de las cotizaciones internacionales de este producto se debió, principalmente, a retrasos en las cosechas y a la preocupación ante un menor rendimiento de los cultivos en el Brasil, el mayor exportador del mundo, a causa de la sequía prolongada. El aumento de los precios del petróleo crudo y el continuo fortalecimiento de la moneda brasilera frente al dólar estadounidense también favorecieron la subida. No obstante, los grandes volúmenes de exportaciones procedentes de la India contribuyeron a moderar los precios e impidieron un mayor incremento mensual.

Interrogándose sobre las causas de esta explosión de precios a nivel mundial, un reciente artículo de la BBC Mundo responde: “Como era de esperar, el aumento está relacionado a la pandemia. Los proveedores se han visto afectados por interrupciones en la producción, la mano de obra y el transporte. Y mientras tanto, la demanda de alimentos está creciendo”.

El medio británico recuerda que “los expertos habían advertido que la alta demanda y la baja producción conducirían a un aumento de la inflación a medida que las economías salieran de las restricciones impuestas por la pandemia”. Y anticipa que, sin embargo, “algunas industrias podrían experimentar una fuerte recuperación”. La FAO prevé una producción mundial récord de cereales este año, lo que puede ayudar a aliviar las presiones alcistas de los precios.

Unos con hambre, otros derrochan

Si la pandemia juega un rol condicionante en los precios de la canasta básica a nivel internacional, intervienen también otros factores estructurales: América Latina pierde el 12% de sus alimentos antes que éstos lleguen a la venta al por menor.

Esta es la principal conclusión de otro estudio de la misma organización onusiana de fines de abril. Afirma que unos 220 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura, luego de la cosecha y antes de la venta minorista.

Esta pérdida representa 150.000 millones de dólares. Cifra de magnitud si se considera que al menos 60 millones de latinoamericanos y caribeños se confrontan con el drama de la inseguridad alimentaria.

El informe más recientes de la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –publicado en marzo de este año y correspondiente al 2019– señala que casi una quinta parte de toda la comida del mundo acaba en los tachos de basura de los hogares,  los restaurantes y  otros sitios donde se sirven alimentos (https://news.un.org/es/story/2021/03/1489102 ).

Comparativamente, el peso de esos alimentos equivaldría, a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados. Puestos en fila, darían siete vueltas a la Tierra.

A nivel mundial, cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos per cápita. Una de las conclusiones más significativas del estudio, es que no se observan grandes diferencias entre países ricos y en desarrollo. Nigeria es uno de los países donde más comida se tira a nivel familiar: unos 189 kilos per cápita al año, comparados con los 59 kilos de Estados Unidos de América. En México se desperdician 94 kilos, en España, 77 y en Colombia, 70.

La agricultura, apuesta latinoamericana también de futuro

Según previsiones de las Naciones Unidas (https://news.un.org/es/story/2021/04/1490932) América Latina y el Caribe “en tanto pilares de la seguridad alimentaria” deben jugar un papel esencial de cara al futuro: garantizar la alimentación de 10.000 millones de personas en el 2050. En la actualidad aporta el 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% de su comercialización y sus sistemas agroalimentarios suponen casi la mitad del empleo total del sector, el cual representa entre el 30 y el 40% del Producto Interno Bruto regional.

Sin embargo, la ONU reconoce que la pandemia ha provocado un retroceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y que, en consecuencia, más de 20 millones de personas en la región podrían engrosar las filas de la pobreza. Esta crisis continental, responsable de casi la mitad de los casos totales de contagios y decesos, en 2020 provocó una contracción del 7.7% del PIB, el cierre de 2.700.000 de empresas y un retroceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y la pobreza. Los organismos internacionales proyectan en diez años el tiempo necesario para que el continente alcance sus niveles pre pandémicos. Paradoja de la historia:  a pesar del creciente desempleo, las exportaciones agrícolas regionales aumentaron durante la pandemia, lo que pone de manifiesto la resistencia del sector en la mayoría de los países.

En la agricultura, sus innovaciones y diversificación, América Latina y el Caribe se juegan gran parte de su futuro. Sin embargo, “la” agricultura no es una, ya que implica una pugna de modelos y conceptos (agronegocio vs. agroecología) y exige cambios profundos de actitudes de la sociedad planetaria, como, por ejemplo, evitar el desperdicio de alimentos. Todo esto en una coyuntura internacional de interdependencia creciente, en momentos en que los precios de los alimentos básicos se disparan en todo el mundo y los platos rotos, como siempre, los pagan los sectores sociales menos pudientes.

Los alimentos por las nubes… y también en la basura

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Frenar la política de muerte del Gobierno de Bolsonaro en Brasil

Sergio Ferrari
Por Sergio Ferrari

En Brasil el movimiento feminista –como todo el sector popular– transita una compleja etapa política. Tanto la pandemia como la ofensiva neoliberal y conservadora obligan a los movimientos populares a ser creativos y audaces.

Esta coyuntura implica más violencia, precariedad y sobrecarga de trabajo, afirma Renata Tica Moreno, del portal digital Capire (https://capiremov.org/es/), militante de la Marcha Mundial de Mujeres e integrante de la coordinación nacional brasilera del Colectivo de Comunicadoras.

Capire es una herramienta de comunicación internacionalista que se creó en 2021 en cinco idiomas con el fin de convertirse en un eco de las voces de las mujeres en movimiento y de hacer visibles las luchas y los procesos de organización en los territorios. Su objetivo, reforzar las referencias locales e internacionales del feminismo popular, anticapitalista y antirracista.

Ante la situación tan compleja en Brasil, la principal tarea es “frenar la política de muerte impulsada por el Gobierno de Jair Bolsonaro”, enfatiza la joven militante. Y recuerda que, para el movimiento feminista de su país, las reivindicaciones esenciales son a favor de la autonomía, por la tierra, contra el racismo y contra todas las formas de violencia. Es decir, promover las resistencias cotidianas de las mujeres en cada territorio, así como las prácticas para organizar la vida común y para transformar la economía. Priorizando la siempre imprescindible movilización social.

Tragedia pandémica

La crisis sanitaria obliga a las organizaciones de mujeres a priorizar la defensa de la vida. Brasil es uno de los países del mundo con más decesos por el virus.

La Marcha Mundial de Mujeres (MMM) de Brasil, participa en la distribución de alimentos y de productos de higiene en diferentes regiones. Y promueve activamente la formación y el intercambio de información, incluso sobre el COVID-19 y temas de salud. La catástrofe social es ya una realidad, constata Moreno. Y los componentes de la misma se multiplican: caída del empleo; aumentos de los precios de los productos de la canasta básica; el hambre que se multiplica y la falta de una adecuada asistencia médica y hospitalaria.

Todo esto ante la mirada cómplice del gobierno, principal promotor de esta política de muerte. “Expresa una irresponsabilidad total hacia el pueblo. Subestima la pandemia (“es solo una gripecita”), reduce la asistencia de emergencia, propagandiza la cloroquina, aunque se sabe que no tiene efectos positivos. Y relativiza la importancia de las vacunas. Adicionalmente, y esto es un aspecto gravísimo, promueve la desinformación. Lo que pasó en Manaos a inicios del año fue brutal: el gobierno no hizo nada para asegurar el aprovisionamiento de oxígeno en una de las ciudades del mundo más golpeadas por el COVID-19. Miles de muertes por falta de lo esencial, insiste.

Y esta trágica situación define la acción de las organizaciones feministas en la coyuntura actual del país sudamericano. “Garantizar las condiciones de existencia, al mismo tiempo que articulamos y fortalecemos la resistencia”, subraya Tica Moreno.

Y explica que para el feminismo popular, esto no es nada nuevo, “ya que una de las características de nuestro movimiento es partir de las condiciones de vida y proponer transformaciones estructurales en la sociedad”. Lo que representa el lema de la MMM: cambiar la vida de las mujeres y cambiar el mundo en un solo movimiento.

Por eso, el trabajo y la alimentación están en el centro de “nuestras prácticas y nuestra política”. Las mujeres se ven muy afectadas por el desempleo y el aumento de la pobreza, ya que constituyen la mayoría en los trabajos informales y precarios, en el sector de los servicios. Combinado con el aumento del hambre y la inseguridad alimentaria, que alcanzó a 55 millones de personas el año pasado, todo indica que en Brasil se vive una crisis que se prolongará en el tiempo, especialmente si no se cambia la dirección política del país.

Solidaridad de abajo

Los gestos diarios de solidaridad que se multiplican, constituyen el balance positivo, subraya la militante feminista. Incluyendo las prácticas de agroecología y de economía feminista. Muchos de los productos distribuidos y compartidos provienen de agricultoras familiares que deben enfrentar una situación muy difícil en el campo. Ellas se organizan para producir, también, mascarillas y productos de higiene.

Ante la desinformación como política dominante sobresale la creatividad para mantener y ampliar las diversas formas de comunicación popular. Por ejemplo, las radios comunitarias y las “bicicletas de sonido”, dotadas de pequeños altoparlantes a transistores para multiplicar la información y la orientación sanitarias. Todo en defensa de la gente y su sobrevivencia, lo que es nuestra principal tarea en esta dramática etapa pandémica. “En síntesis, como lo definimos en nuestro colectivo de comunicación, buscamos asegurar las voces feministas para cambiar el mundo”, concluye Tica Moreno.

“Lucha local, proyección internacionalista” 

Las prioridades de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil; los desafíos en cuanto a formación; la siempre activa perspectiva internacionalista, fluyen en el diálogo con la joven dirigente feminista Renata Tica Moreno. 

P: Las mujeres brasileras organizadas ponen una gran importancia en el combate por la alimentación…

 Renata Moreno: En efecto. Las luchas en torno a la alimentación no sólo tienen que ver con el acceso a alimentos de calidad, sino también con las condiciones de producción y las tensiones que enfrenta el campesinado, la-os agricultores familiares y las comunidades quilombolas en sus territorios. Las transnacionales del agronegocio y la contaminación por agrotóxicos y minería se han multiplicado en Brasil en los últimos años. En paralelo, también crecen las formas de apropiación de territorios para asegurar la preservaciódo el medio ambiente. 

P: ¿ Es decir, valorizar los desafíos cotidianos y locales de la gente ante el impacto devastador de la economía globalizada? 

RM: En la Marcha Mundial de las Mujeres/ Brasil, trabajamos con agendas locales y nacionales, pero siempre articuladas a dinámicas internacionales. Estamos organizando, por ejemplo,  un proceso de formación y movilización contra la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Con la perspectiva de visiblizar los impactos negativos que tal acuerdo traería en nuestras vidas, trabajo, naturaleza y políticas públicas. Esta iniciativa forma parte de la crítica feminista al poder de las empresas transnacionales y a los instrumentos que actualizan el colonialismo actual. El internacionalismo guía nuestras prácticas y, también, fortalece nuestras luchas. En mayo pasado se dio otro terrible hecho de violencia racista por parte del Estado: la masacre de Jacarezinho, en Río de Janeiro, que provocó 28 muertes. Ocurrió al mismo tiempo que en Colombia la población se movilizaba y se enfrentaba una grave represión y que Palestina fue atacada por Israel. Como Marcha Mundial de Mujeres de Brasil promovimos un diálogo para tratar de analizar los elementos comunes de esas tres situaciones y evaluar las estrategias de denuncia y solidaridad. Convencidas que hacer circular la información sobre esos hechos es, en sí, una primera estrategia, ya que los grandes medios de comunicación ocultan aspectos esenciales. Todas esas luchas hacen parte del feminismo popular. Necesitan articularse para posibilitar la transforación política y económica de Brasil y en todo el mundo.

P: En esta perspectiva, la formación política de los movimientos sociales aparece como esencial…

RM: Sin duda. Esto no es sólo un discurso, sino parte de nuestras prácticas de construcción de movimientos. Un ejemplo es la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres que la Marcha está organizando en alianza con otros movimientos. Somos 132 mujeres, de 39 países y territorios, que participamos en un proceso de formación virtual que comenzó en abril y continuará hasta julio. En ella estamos construyendo un conocimiento común, basado en nuestras luchas, en la defensa de la naturaleza y los territorios, en la autonomía sobre nuestros cuerpos y sexualidades y en nuestras políticas de democratización del Estado.  Estamos fortaleciendo, además, la Economía Feminista como una propuesta para organizar la sociedad poniendo como prioridad la sostenibilidad de la vida. Cada quince días publicamos en Capire (www.capiremov.org ) una síntesis de los avances de la escuela. La solidaridad y la organización internacional se fortalecen con las luchas feministas y populares, en cada lugar donde las mujeres resisten, se transforman y transforman.

Frenar la política de muerte del Gobierno de Bolsonaro en Brasil

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