Author: Violeta García

Mientras las autoridades universitarias argumentan que hay un problema de finanzas, detrás se esconden los intentos de privatizar la educación en México.

Que nadie pretenda llamarse a engaño. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y sin contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante; refuta y transforma, revoluciona la realidad social, política, cultural, científica. No se engañen las clases dominantes: ¡Somos una Revolución! Esta es nuestra bandera.

Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Ciudad Universitaria, 26 de agosto de 1968.

Hace aproximadamente un año, supimos de la deuda en la que se encontraban diversas universidades públicas. Así mismo, gracias al trabajo periodístico de diversos medios, nos enteramos de la llamada “estafa maestra” [1] con la que al menos ocho universidades públicas —y una decena de instituciones estatales— desviaron alrededor de 8 mil millones de pesos por medio de empresas fantasmas.

Los rectores de estas universidades y los altos funcionarios del gobierno, no pudieron responder claramente qué estaba ocurriendo con las universidades, ni tampoco con las instituciones relacionadas con la estafa maestra. Las auditorias que se realizaron en los meses consecutivos, al destape del uso de empresas fantasmas para desviar recursos, evidenciaron que la corrupción del anterior gobierno federal de Enrique Peña Nieto había echado raíz en todas las instituciones del Estado.

Las universidades que no se encontraban en crisis por el desvío de recursos lo hacían por otras circunstancias. Se destapó que al menos treinta y cuatro universidades públicas se encontraban en crisis económica, de las cuales diez se mantienen formalmente en quiebra. A esto, los rectores y los altos funcionarios de las universidades —así como algunos analistas— mencionaron que la crisis se debía a un mal manejo de las finanzas, sumado al sistema de pensiones y la contratación elevada de personal. Sin embargo, ninguno de estos señaló con claridad ni el desvío de recursos ni el insuficiente presupuesto estatal a la educación.

Asimismo, en agosto del año en curso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sacó un comunicado con motivo de la crisis económica de las universidades y la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. La COPARMEX mencionó que se hace necesaria “la posibilidad de establecer cuotas parciales de recuperación en las universidades públicas”. [2] Estas medidas las justifica supuestamente al constatar que hoy en día es mayor el porcentaje de estudiantes de altos ingresos que estudian en dichas universidades, es decir, que la educación se ha elitizado profundamente. Con este análisis, la Confederación Patronal sólo pone sobre la mesa sus intereses respecto a la privatización de la educación y los servicios públicos.

La privatización, un largo proceso

En 1999 se alzaron las banderas rojinegras por toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta huelga cuestionó todo lo dicho por las autoridades universitarias, que, sin temor a equivocarse, habían condenado a la universidad a una inminente quiebra. Las razones: una crisis relacionada con los recursos universitarios, que no eran suficientes para mantener la casa de estudios. 
En aquel año las autoridades no dudaron de que quienes tendrían que pagar la universidad serían los estudiantes, aún cuando éstos, sus padres, sus abuelos y el conjunto de los trabajadores habían mantenido y sostenido las universidades por todo el siglo pasado, mismo discurso que mantiene hoy la COPARMEX. [3] Sin embargo, los estudiantes de aquel entonces pronto echaron abajo esta apreciación engañosa de las autoridades universitarias y evidenciaron que el Estado había recortado los recursos de la universidad con el fin último de legitimar una consecutiva privatización. Después de nueve meses de huelga, los jóvenes lograron que las cuotas no se impusieran.

Hoy —casi veinte años después— nos encontramos con la misma disyuntiva respecto a las universidades públicas, el uso de los recursos y su financiamiento. Pues actualmente, la respuesta de las autoridades ante la crisis en la que ellas mismas metieron a las universidades no es muy diferente a la que se ha dado con anterioridad: como ya mencionamos más arriba, éstas sugieren que el problema responde al mal manejo de las finanzas, al sistema de pensiones, a la contratación mal planeada y dan respuestas que pretenden retroceder en las conquistas que aún persisten de la universidad púbica, tal como lo dice la COPARMEX respecto a lograr cuotas de recuperación, siendo esto, un avance más en la elitización de la educación superior.

Las políticas de elitización, que abren camino a la privatización de la educación, así como de los sectores públicos como salud, vivienda, trasporte, etc. no es recientes, sino que es todo un proceso que lleva casi cinco décadas. [4] Esta fase ha sido llevada adelante por todos los partidos del régimen y ahora, aunque Andrés Manuel López Obrador anunció en su toma de protesta la creación de 100 universidades más, es evidente que no se resuelve el problema de los recursos para sostener esas universidades y tampoco menciona cual será el mecanismo de rescate de las más de 30 casas de estudio en crisis. Asimismo, no da aliento alguno el nombramiento del próximo secretario de educación pública, Esteban Moctezuma, [5] quien tiene un pasado priísta, con cercanía al millonario Salinas Pliego.

La situación crítica en la que se encuentran la gran mayoría de las universidades públicas del país no se debe sólo a un mal manejo de las finanzas, que, no obstante, el movimiento estudiantil, así como el activismo de las diversas facultades y centros de estudio de todas las universidades ha evidenciado. Tampoco se debe al sistema de pensiones y jubilaciones, por demás claramente insuficientes para la amplia mayoría de los docentes y trabajadores universitarios que entregaron su vida en esas instituciones. La situación estructural de las casas de estudio se debe ante todo a la política económica imperante bajo el régimen social, que buscó reducir el llamado presupuesto social (para educación, vivienda, salud, etc.) con una política claramente regresiva que atenta contra los intereses de las grandes mayorías y a la par busca avanzar la privatización de los sectores públicos.

El movimiento estudiantil y el activismo no niegan que exista un mal manejo de las finanzas al interior, desde hace años se ha denunciado como se ha usado el financiamiento de las universidades para los negocios personales de rectores o caciques universitarios que nada tienen que ver con las casas de estudio. Tal es el caso de las empresas parauniversitarias en la Universidad de Guadalajara que son levantadas a partir del presupuesto de la universidad, otro importante caso sería el de la UNAM donde son prestadas las instalaciones a equipos privados de primera división, así como los millonarios salarios de directivos y altos funcionarios de los gobiernos universitarios.

Ciertamente el presupuesto podría usarse de manera eficiente: en la ampliación de las matrículas, la generación de más espacios para el esparcimiento cultural de los universitarios, docentes y trabajadores de la educación, la destinación de recursos a la investigación, el mejoramiento de las condiciones laborales del personal universitario, etc. Pero hay que ser honestos y señalar que eso no es suficiente, sino que la pelea por la educación pública, gratuita e irrestricta va de la mano de la lucha por un nuevo sistema que logre acabe con la distinción de clases y permita el acceso universal a la educación, la cultura, el esparcimiento y la recreación.

Así la pelea por la educación pública, gratuita e irrestricta, y por una universidad al servicio de los trabajadores, los campesinos y el pueblo, pasa por lograr el aumento del presupuesto educativo sobre la base del no pago de la deuda externa y los impuestos progresivos a las grandes fortunas. Una perspectiva que representa un quiebre respecto a lo que planteamos antes y que implicó una orientación reaccionaria frente a la educación; la evidente negativa del nuevo gobierno a impulsar una perspectiva en ese sentido muestra sus limitaciones para poner en cuestión el orden existente y afectar los intereses empresariales.