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No es posible recuperar la memoria histórica a través de la Ley de la Memoria Histórica

Por: Vincec Navarro

Las campañas de recuperación de la memoria histórica han centrado sus actividades en el reconocimiento de las víctimas de la enorme represión que caracterizó a aquel régimen dictatorial, uno de los más represivos de los que hayan existido en Europa en el siglo XX. Nunca debe dejar de enfatizarse que, según estudiosos de los regímenes fascistas y nazis en Europa, como el recientemente fallecido profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el liderado por el General Franco cometió 10.000. Consciente de que tenía a la mayoría de las clases populares en contra, el régimen dictatorial español utilizó el terror para mantenerse en el poder, estableciendo un miedo generalizado sobre el cual, y a través del control de todas las instituciones generadoras de valores (desde los medios de información hasta el sistema educativo) se estableció una cultura profundamente antidemocrática que incluso persiste hoy en España, y que explica que el Estado español haya condenado a una persona a un año de cárcel por haber insultado la memoria del Almirante Carrero Blanco, segundo en la jerarquía en el Estado dictatorial, después del propio dictador.

¿Cómo puede ser que esa cultura heredada del régimen dictatorial todavía exista? 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran parte en la manera como se realizó la transición de la dictadura a la democracia, proceso que no significó una ruptura con el Estado que rigió España durante casi cuarenta años, sino una apertura para incorporar elementos de democracia. Las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado dictatorial y los medios de información dominaron el proceso de transición, dominio que explica la baja calidad de la democracia española, el escaso desarrollo de su Estado del Bienestar y la persistencia de la cultura franquista. Tal dominio es lo que también explica la resistencia a la recuperación de la memoria histórica, incluyendo la demanda de rehabilitación y homenaje a las víctimas del régimen terrorista anterior. Tal resistencia se basa, por una parte, en la clara oposición de las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado dictatorial y de sus herederos (que continúan ejerciendo una enorme influencia sobre el Estado actual), así como, por otra parte, en el limitadísimo compromiso con tal recuperación de la memoria histórica por parte de los líderes del PSOE, cuya integración en el nuevo Estado, a través del bipartidismo, se basó en una serie de renuncias y adaptaciones a ese nuevo Estado y a la cultura que transmitió. Y dicha oposición y/o limitadísimo compromiso en recuperar la memoria histórica (en su labor de rehabilitar y homenajear a las víctimas del franquismo) es el resultado de la toma de conciencia de que la demanda de reconocimiento de tales víctimas abre la posibilidad de que se genere otra demanda, parecida, pero distinta, de que se redefina la historia de España, corrigiendo la tergiversada historia que se continúa presentando en las instituciones reproductoras de valores del país, a fin de poder establecer una cultura opuesta a la actual, que sea continuadora de la cultura republicana que la franquista sustituyó. Este es el gran temor de las fuerzas bipartidistas de recuperar la memoria histórica.

El constante argumento que utilizaron las derechas en España en contra de aprobar una ley de memoria histórica fue que “abriría heridas” que se asume (erróneamente) que están cerradas. Pero tal argumento oculta el hecho de que la oposición a la recuperación de la memoria histórica tiene poco que ver con el estado de las heridas, y mucho que ver, por el contrario, con el deseo de evitar que se conozca la historia real de los distintos pueblos y naciones de España. Con ello se evita también que se cuestione la cultura franquista que persiste, impidiendo que reaparezca la cultura republicana. Ahí está el meollo de la cuestión.

La labor de ocultación de los medios de información y persuasión en España. El caso de El País 

Durante muchísimos años, los medios de información han promovido y continúan promoviendo las instituciones monárquico-borbónicas, tergiversando tanto su pasado como su presente, ocultando realidades que pudieran dañarlas. Las grandes limitaciones de la libertad de prensa (un indicador más del enorme poder de las fuerzas conservadoras) aparecieron con toda claridad en esta protección de la Monarquía por parte de los medios, confundiendo persuasión y promoción con información. Un caso claro es el de El País. Este rotativo fue fundado por dirigentes del régimen anterior, y en su nacimiento intervinieron personajes como Fraga Iribarne, tal como reconoció recientemente el presidente del Grupo Prisa (al que pertenece este rotativo), Juan Luis Cebrián. En realidad, Cebrián proviene de una familia fascista, siendo su padre uno de los directores del diario Arriba, del partido fascista La Falange. Siguiendo los pasos de su padre, fue periodista y trabajó en periódicos del aparato fascista, como Pueblo (que era el diario propiedad de los sindicatos verticales). Más tarde fue uno de los directores de RTVE (concretamente, jefe del servicio de informativos) durante el último periodo de la dictadura, el máximo instrumento mediático el régimen.

Colaboró con otros elementos del Estado dictatorial para favorecer una apertura, presionando para que hubiera un cambio significativo en el Estado que facilitara el establecimiento del juego democrático, labor meritoria pero también limitada, pues estaba claro desde el principio que los límites de la apertura estaban fijados, permitiendo el debate dentro de unos parámetros sumamente limitados. Una consecuencia de ello fue que El País fue siempre hostil a fuerzas y personalidades de izquierda que pudieran cuestionar el Estado monárquico actual y que pudieran significar una amenaza para la continuación de las relaciones de poder dentro de tal Estado, resultado del maridaje entre el poder económico y financiero, por un lado, y el poder político y mediático por el otro. Ello explica su clara oposición a figuras como Alfonso Guerra y más tarde Josep Borrell en el PSOE, a Gerardo Iglesias y Julio Anguita en el PCE, y ahora a Pablo Iglesias en Podemos.

Las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, sobre la memoria histórica 

Tal oposición de El País a las izquierdas se extiende a la Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica. En una entrevista reciente en El Mundo (20.02.17), Cebrián expresa su oposición a la Ley de la Memoria Histórica, pues “genera conflictos y problemas”. Considera que el Estado no debería inmiscuirse en esta labor. Tras reconocer que “la mayoría de impulsores del periódico (El País) fueron personas vinculadas con el franquismo” añade, sin embargo, que él, en realidad, nunca fue franquista (sí, léalo y lo verá, dicho por el mismo individuo que dirigió los mayores medios de propaganda y persuasión de tal régimen). También cuestiona en esa entrevista que el régimen que él llama franquista fuera terrorista, criticando al Presidente Zapatero por haber éste indicado que su abuelo, asesinado por los golpistas, fue víctima del terrorismo, señalando Cebrián que ello no es cierto, pues no fue una víctima del régimen, sino una víctima de la guerra entre dos bandos, asumiendo (erróneamente) que los Estados de los dos bandos intentaron dominar a la población mediante el ejercicio del terror. Predeciblemente, niega también la plurinacionalidad de España, y considera que la ley está por encima de todo y de todos, ley que ha sido acordada en unas coordenadas de poder heredadas de la inmodélica Transición, muy desigual y poco equilibrada. Cebrián está en contra de la redefinición de España que reconozca su plurinacionalidad, y se muestra dispuesto a enviar a la Guardia Civil a Catalunya para poner orden, asegurándose de que la ley se respeta, exigiendo que los representantes parlamentarios que actúan para realizar un referéndum vayan a la cárcel, tal como el yerno del Rey Juan Carlos I debería hacer, poniendo un tema profundamente político (la relación de Catalunya con España) al mismo nivel que si fuera un caso de fraude y corrupción fiscal. No deja de ser paradójico que este personaje, que con su silencio a través de su diario cubrió en su día la enorme corrupción de Jordi Pujol, a fin de protegerlo, ahora exija la prisión para aquellos que piden la secesión. La doble moralidad de este personaje y el oportunismo mostrado a lo largo de su vida son un buen reflejo de la reproducción de la cultura y el comportamiento franquistas que continúa dándose en grandes secciones de tal rotativo. Ni que decir tiene que El País tiene profesionales de gran valor cuya credibilidad e integridad, sin embargo, debe cuestionarse por su silencio ensordecedor frente a los comportamientos sectarios, abusivos y claramente antidemocráticos de tal rotativo que se han ido acentuando en los últimos años en contra de las voces que exigen un cambio profundo para establecer una España más democrática, más justa, más plurinacional y con muchísima más pluralidad en sus medios. Tal silencio debe también denunciarse.

Quisiera añadir una nota personal. Procedo de una familia represaliada por el fascismo, por el mismo régimen al que sirvieron el padre y el hijo Cebrián. No podemos estar más lejos en cuanto a biografía y vida profesional. Que tal individuo presente mi deseo de desenmascarar tanta mentira y tanto cinismo como “un intento de abrir las heridas” es una muestra más, como mínimo, de la incomprensión que los hijos e hijas de los vencedores del golpe fascista militar muestran hacia el enorme mal que han hecho y continúan haciendo a España. Ahora bien, es probable que en lugar de incomprensión sea un caso más del cinismo y caradura (no hay otra manera de definirlo) que ha caracterizado a los oportunistas que han estado gobernando España durante tanto tiempo en defensa de sus intereses, reproduciendo la cultura franquista que está asfixiando al país.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/19703/no-es-posible-recuperar-la-memoria-historica-a-traves-de-la-ley-de-la-memoria-historica/

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Hay distintas clases sociales entre las mujeres y, por lo tanto, diferentes feminismos

Por: Vincenc Navarro

Entre los hombres, la manera de expresar su machismo (la manera de oprimir a la mujer) depende, en gran parte, de la clase social del que lo manifiesta. Naturalmente que hay puntos y comportamientos comunes, pero siempre, o casi siempre, la clase social del hombre define muy marcadamente cómo se expresa tal machismo. No es, pues, de extrañar que lo mismo ocurra entre las mujeres (en un comportamiento precisamente opuesto al machismo). La bienvenida concienciación de las mujeres, como colectivo social, de la necesidad de conseguir los mismos derechos que los hombres, también viene marcada de una manera muy palpable por la clase social a la que la mujer pertenece o representa. De ahí la pluralidad de movimientos feministas.

Quedó ello claro hace varios días en un hecho que adquiría gran visibilidad mediática en EEUU, y que ocurrió en la Harvard University, el centro académico con más recursos, más rico y más poderoso de EEUU. Tal universidad tiene 37.000 millones en endowment (es decir, en propiedad sobre la cual generar ingresos). Las matrículas de los estudiantes son una parte muy minúscula de sus ingresos y, con tal propiedad, se ha convertido en uno de los centros de fondos de inversión más importantes del país. El hecho que sea un centro educativo es una actividad más que le da nombre, pero la mayoría de sus fondos se obtienen a través de las inversiones de su endowment. La riqueza de recursos es, pues, su característica principal. Dicha universidad es también donde parte de la élite de EE.UU. se educa, se socializa y configura su manera de pensar mediante los valores que tal universidad promueve. En EE.UU., es conocido que la cultura de tal centro es predominantemente conservadora y liberal (“liberal” en el sentido europeo de la palabra, pues la palabra “liberal” en EE.UU. quiere decir socialdemócrata o socialista, de los cuales hay muy pocos en Harvard. Por cierto, el hecho que los corresponsables de los medios de información españoles parezcan no darse cuenta de esta diferencia en la utilización del término “liberal”, crea una confusión enorme en la audiencia de tales rotativos).

El conservadurismo de Harvard aparece en todas sus dimensiones, incluyendo en su escasa sensibilidad hacia las poblaciones vulnerables y discriminadas, como afroamericanos, latinos y mujeres. Ahora bien, en 1977 tomaron la decisión de intentar parecer más modernos y se abrieron lentamente a afroamericanos (procedentes, sin embargo, de escuelas privadas de élite, como fue el caso del estudiante Obama, que llegó a ser presidente del país), más tarde a latinos y, últimamente, a mujeres. Harvard quiere parecer moderna y feminista.

Ahora bien, su conservadurismo y liberalismo estructural permanece y es marcado, apareciendo cuando uno menos se lo espera, como ocurrió recientemente cuando el que había sido ministro de Hacienda de la Administración Clinton, el señor Larry Summers  fue nombrado, por el Executive Board de tal universidad, presidente de la Universidad. En una entrevista, dicho señor Summers dijo que el hecho de que no hubiera más mujeres que fueran catedráticas en disciplinas científicas como física o química, se debía –según él- a razones biológicas, es decir, que las mujeres no eran hábiles para tales ciencias.

El feminismo de la clase de renta alta y mediana-alta

El escándalo que tales declaraciones crearon fue mayúsculo, de manera que el Executive Board de la Universidad rápidamente indicó que nombraría a una mujer como Presidenta, lo cual, por fin ocurrió. Se nombró como Presidenta a la Dra. Drew Faust, que era, además de ser mujer, una conocida feminista entre la comunidad científica que había animado a las mujeres (de su clase social, de renta alta y mediana-alta) a aspirar a lugares de alto poder institucional, rompiendo así con el monopolio del hombre en las estructuras de poder. Tal nombramiento fue celebrado prácticamente por la mayoría de las asociaciones feministas de EE.UU.

El feminismo popular

Ahora bien, hubo algunas mujeres de Harvard que no lo han celebrado. No eran ni profesoras, ni estudiantes, sino trabajadoras. Eran las mujeres de limpieza de la Universidad de Harvard (concretamente del hotel que tiene Harvard en su terreno, de siete pisos y cuarenta habitaciones, gestionado por la compañía Hilton Hotels & Resorts). Este hotel es uno de los más exitosos de Boston (los cuales, todos ellos, dependen primordialmente de la clientela provista por sus vinculados al mundo académico de tal ciudad). Tal hotel el año pasado consiguió uno de los mayores beneficios en el sector hotelero de la ciudad. Pero, a pesar de tal riqueza, las mujeres de la limpieza del hotel (la gran mayoría de ellas latinas) se encontraban entre las peor pagadas del sector, con mayor número de habitaciones a limpiar por día y mayor número de accidentes.

Durante más de tres años tales mujeres han estado intentando sindicalizarse, pues, de conseguirlo, podrían defenderse colectivamente y negociar sus salarios, beneficios sociales y condiciones de trabajo. Harvard, incluyendo su presidenta feminista, se ha opuesto durante muchos años. Y a pesar de las peticiones de las trabajadoras, muchas feministas de gran renombre en EE.UU., figuras del establishment político-mediático del país, ignoraron estas peticiones. En un interesante artículo en la revista The Nation, Sarah Lemand y Rebecca Rojas han detallado la enorme y heroica lucha de estas trabajadoras para conseguir que Harvard aceptara que pudieran sindicalizarse. Y las trabajadoras de limpieza descubrieron que hay tantos feminismos como clases sociales existen en EEUU. Y que las feministas del establishment político-académico-mediático estadounidense, no representaban los intereses de la mayoría de las mujeres que no pertenecen a tales clases pudientes y adineradas. El conflicto entre estas dos clases (las clases de renta alta y mediana-alta, por un lado, y la clase trabajadora, por el otro) apareció también en la definición de sus intereses. La realidad es que la integración de las primeras en las estructuras de poder era y es irrelevante para la mujer de las clases populares.

Y ello apareció también claramente en las últimas elecciones a la Presidencia de aquel país. El hecho de que la candidata a la presidencia del Partido Demócrata intentara movilizar a las mujeres presentándose como la candidata feminista es un ejemplo de ello. La gran mayoría de las mujeres de clase trabajadora no le votaron; apoyaron a Trump que, junto con el candidato socialista, apeló al voto de clase, incluyendo un discurso y unos temas de clara aceptación y atractivo para las clases populares. Clase social, después de todo, continúa siendo una variable clave para entender lo que pasa a nuestro alrededor, no solo en el mundo del hombre, sino también en el mundo de la mujer.

Las consecuencias de la debilidad del feminismo popular

Y esto ocurre también en España. La evidencia científica existente muestra claramente que, en España, aquellos servicios del Estado del bienestar que están menos desarrollados son precisamente los servicios de ayuda a las familias, tales como las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en nuestro país- y los servicios domiciliarios a las personas con dependencia. El déficit en el desarrollo de tales servicios en este país es enorme.

Y en España cuando decimos “familia” queremos decir mujer. Es la mujer la que lleva la mayor carga de responsabilidades familiares. El contraste de los países del sur de Europa (donde las derechas han sido históricamente muy fuertes) con el norte (donde las izquierdas han sido históricamente muy fuertes) es abrumador. En Suecia, por ejemplo, el número de horas semanales dedicadas a las tareas familiares por parte de la mujer es de 26. El hombre, 22. En España, la proporción es de 42 versus 8.

Ahí radica el escasísimo desarrollo de los servicios de ayuda a las familias en el sur de Europa, con un coste humano enorme. La mujer española tiene tres veces más de enfermedades debidas al estrés que el hombre. Y la mujer más afectada es la de clase trabajadora que no tiene servicios privados como la de clase pudiente (la sirvienta), que puede ayudarla. De ahí que la mayoría de encuestas muestren que, además de mejor condiciones de trabajo y mejores salarios, las demandas más comunes por parte de las mujeres de las clases populares son las dirigidas a conseguir estos servicios. Es urgente que los partidos políticos que están enraizados en las clases populares y que se consideren al servicio de dichas clases protagonicen y lideren la universalización de tales servicios en España. España (incluyendo Catalunya) necesita mayor concienciación de las necesidades de las mujeres pertenecientes a las clases populares. La evidencia de ello es abrumadora. Así de claro.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/19649/hay-distintas-clases-sociales-entre-las-mujeres-y-por-lo-tanto-diferentes-feminismos/

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La otra corrupción política de la que no se habla, responsable de la escasa protección al consumidor en España

Europa/España/Diciembre 2016/ Vicenç Navarro/
Público.es

 

Este artículo denuncia la falta de protección del consumidor frente a los abusos de las empresas productoras de bienes y servicios como consecuencia de su excesiva influencia sobre el Estado español, influencia que debería definirse como corrupción, y que está causando miles de muertos en todo el país. Cito el caso de Volkswagen como ejemplo de ello.

El caso más conocido de corrupción y con mayor visibilidad mediática se produce cuando un grupo económico o financiero paga directamente a un político para que este tome decisiones que les son beneficiosas. Otro caso, también conocido y visible en los medios, se da cuando el político, bien a título personal o representando a un partido, exige un pago de la empresa como condición para que se la contrate para el desarrollo de una actividad o servicio. En ambos casos, la base de dicha corrupción es la complicidad que se desarrolla entre personas o instituciones políticas por un lado, y personas e instituciones económicas o financieras por el otro. España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de mayor desarrollo económico de la Unión Europea) donde estos tipos de corrupción están más extendidos.

Pero hay otra corrupción política que es masiva en las instituciones políticas españolas de la que raramente se habla en los medios y que responde también a esta complicidad entre el mundo de los negocios y el de la política, complicidad que está dañando enormemente a la ciudadanía española. Me estoy refiriendo a la enorme falta de protección del consumidor en España, que se encuentra totalmente desamparado frente a los abusos en la provisión de bienes y servicios realizados por intereses económicos y financieros que se realizan con la complicidad del poder político, es decir, del Estado español. Estos abusos, resultado de tal complicidad, se dan con más frecuencia con los partidos de derechas (partidos conservadores, como el PP, y partidos liberales, como Convergència Democràtica -ahora Partit Demòcrata Europeu Català-, que pertenece a la misma familia política que Ciudadanos) que con los partidos de izquierdas (aunque también se han dado en gobiernos del PSOE). Y ello como consecuencia de que su proximidad al mundo empresarial es mayor (por lo general) que la de los partidos de izquierdas (que suelen estar más próximos a los sindicatos y movimientos en defensa del consumidor).

Esta situación ha sido una constante en la historia de España, incluyendo durante su periodo democrático. La manera inmodélica como se hizo la transición de la dictadura a la democracia perpetuó la enorme influencia del mundo de las grandes empresas financiera e industriales sobre el Estado español (que había dominado el Estado dictatorial), influencia que corrompe la democracia española y que afecta negativamente a la calidad de vida no solo de los trabajadores (los salarios están entre los más bajos de la UE-15), sino también de los consumidores españoles (que tienen una de las protecciones más débiles y limitadas en la UE-15). Ejemplos de ello hay a miles.

El escándalo de Volkswagen

Uno de los casos más aparatosos (que ha tenido muy poca visibilidad mediática) ha sido el de la empresa alemana productora de automóviles, Volkswagen, la cual era plenamente consciente del daño que estaba causando a la salud (tanto de los usuario de sus vehículos como de la población en general), al alentar el uso de un combustible, el llamado nuevo diesel, que es altamente tóxico y contaminante. Y para ocultar tal gravedad, esta empresa había desarrollado un sistema de gestión del combustible en el vehículo que ocultaba la contaminación de los motores de sus modelos de coche con diesel en las pruebas de emisiones. Para evaluar correctamente el significado de esta canallada (y no puede ser definida de otra manera) hay que ser consciente de que tal producto mata a miles de personas en el mundo, pues es altamente tóxico. La empresa Volkswagen sabía de ello, pues la evidencia científica sobre su toxicidad es abrumadora. Algo idéntico ha pasado en España, por cierto, con la producción y utilización del amianto, sustancia altamente tóxica, un hecho que las empresas productoras ocultaron, dañando enormemente a los trabajadores del amianto y a las comunidades expuestas a tal contaminación (como ha sido el caso del municipio de Cerdanyola del Vallès en Catalunya). Ningún empresario de estas compañías ha terminado en la cárcel. Y tampoco irán los productores de los vehículos Volkswagen que están diseñados para ocultar el impacto contaminante, dañino y mortal del combustible del nuevo diesel.

La inmunidad empresarial en España

Cuando tal ocultación de la intensidad del efecto contaminante en los automóviles Volkswagen se descubrió en Estados Unidos, hubo una demanda de que se sancionara a Volkswagen por sus prácticas deshonestas y perjudiciales hacia los usuarios de sus vehículos y a la sociedad en general. Y muchos países, incluido EEUU, han sancionado a esta compañía, desde que en septiembre de 2015 se descubriera tal canallada. Pero España no es uno de ellos. Con predecible cinismo (y podría añadirse “cara dura”) el Estado español ha dicho “que lo están estudiando”, comentario que ha sido la respuesta continua del gobierno Rajoy del Partido Popular, y que ha colmado la paciencia de la Comisión Europea, que por fin ha abierto un expediente (¡ya era hora!) al Estado español, denunciando su pasividad (pasividad, por cierto, de la que la propia Comisión Europea ha sido también cómplice). Predeciblemente, el Sr. Ministro de Justicia del gobierno del PP, el Sr. Rafael Catalá, respondió a la Comisión Europea indicando que el ministerio lo estaba estudiando (lo han estado estudiando por más de un año). El Ministro de Industria (que era el que “lo está estudiando” desde hace ya más de un año) era el Sr. José Manuel Soria, conocido por su supuesta conexión con los papeles de Panamá, y que fue propuesto por el gobierno del PP para ocupar un alto cargo en el Banco Mundial (siendo un gran amigo del Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos). Es interesante señalar que el Sr. Manuel Soria tuvo que renunciar al puesto debido a sus supuestas relaciones con los papeles de Panamá, pero nunca se consideró que su complicidad con Volkswagen, evitando con ello sancionar a tal compañía, fuera un motivo que justificara su dimisión. La falta de protección al consumidor que existe en España se basa precisamente en la complicidad entre el Estado español y las industrias altamente contaminantes que continúan gozando de una enorme inmunidad en este país.

Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=13758

Fuente :

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220513

Fuente imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/Ltl0ZpwJwdwEjRJCYP1yndazDZ6Q3eBR_Jpk0I93HzZ_0rB2RA_kk4TcUqW7Ila78YzBSNU=s85

 

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El ataque a la educación pública en España

Por: Vicenç Navarro

No hay plena conciencia, entre el establishment político-mediático que gobierna España, de las consecuencias de los recortes que han ocurrido durante estos últimos años (2008-2016) en la educación pública, afectando desde las escuelas de infancia (mal llamadas guarderías, en España, y digo mal llamadas porque el término asume que la mayor función de estos centros es guardar a los infantes y niños mientras los padres están trabajando, cuando debería ser la de educar y ayudar al desarrollo emocional e intelectual del/de la niño/a, en una etapa crucial y de enorme importancia en su vida) hasta los programas de formación para personas adultas. Estos recortes del gasto público educativo se han estado aplicando (en realidad, debería utilizarse el término “imponiendo”, pues ninguno de los partidos gobernantes en España –ni el PSOE ni el PP- tenían en su programa electoral la realización de tales recortes) con una intensidad que no había ocurrido en ningún momento anterior del periodo democrático.

La intensidad de los recortes

Si un ejército extranjero enemigo hubiera ocupado el país e impuesto estas políticas de recortes, es más que probable que hubiera habido una rebelión popular, oponiéndose a la ocupación del país por una fuerza política extranjera que, con sus políticas, estarían afectando muy negativamente el futuro del país a base de destrozar su sistema educativo. Sin embargo, no ha habido tal rebelión pues, en parte, no hay plena conciencia del enorme deterioro de la educación pública (ya que, salvo contadísimas excepciones, los medios no han estado informando de la enorme gravedad de la situación). Pero otra razón de que no haya habido tal rebelión es también debido a que el que realiza estos recortes no es una fuerza extranjera, sino que son los propios gobiernos españoles, los cuales los justifican aludiendo que “no hay ninguna otra alternativa posible” (la frase más utilizada por los dirigentes políticos responsables de tales políticas), pues hay que reducir el déficit público a fin, en teoría, de generar el beneplácito de los mercados financieros, necesario para que los Estados puedan conseguir dinero prestado de los bancos privados (a los cuales, por cierto, los Estados ayudan y rescatan cuando están en dificultades).

¿A qué se debe el silencio ante tal ataque?

Ahora bien, la causa más importante de que no haya una revuelta en las calles en referencia a lo que está ocurriendo con la educación pública de este país es que los sectores más pudientes de la población, el 25-30% de renta superior del país, no queda especialmente afectada por los recortes, pues llevan a sus hijos a la escuela privada (que recibe unos subsidios públicos llamados concierto), siendo las clases populares las que más utilizan las escuelas públicas. Las escuelas privadas concertadas tienen un porcentaje muy elevado de escuelas de la Iglesia Católica, institución que, excepto durante la II República, siempre ha ejercido un enorme –y excesivo- poder en el sistema escolar, lo cual explica que haya sido en las escuelas públicas dónde los recortes han sido más acentuados.

En realidad, esta polarización del sistema educativo por clase social (que se refleja, por ejemplo, en la dicotomía clases pudientes – escuela privada y clases populares – escuela pública) es la causa, no solo de la pobreza del gasto público educativo, sino también del hecho que los recortes hayan sido más acentuados en la escuela pública que en la privada concertada. Veamos los datos disponibles en el Ministerio de Educación y en el sistema informático de la UE (Eurostat).

La subfinanciación del sistema educativo público en España

España es uno de los países con uno de los gastos públicos educativos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español): un 4,19% del PIB (según los datos de 2013), mucho más bajo, por ejemplo, que el 7,16% de Finlandia. España tiene una escuela clasista, es decir, su escolaridad está definida por la homogeneidad de clase social en cada centro escolar. Finlandia, en cambio, tiene una escuela multiclasista. El hijo del banquero y el hijo del empleado de la banca van a la misma escuela, un hecho impensable en España.

La escuela de este país dista mucho más de ser el crisol de la sociedad donde se cocina la cohesión social. En realidad, el sistema educativo produce dos tipos de ciudadanos: uno, el ciudadano de primera, miembro de las clases dirigentes; el otro, el ciudadano de segunda, miembro de las clases populares subalternas. Hagan un estudio del tipo de escuelas a las que asistieron los miembros de los gobiernos españoles y lo verán. Un 72% de todos los ministros de los gobiernos españoles (fueran estos socialistas o populares) fueron a escuelas privadas. En realidad, este porcentaje es similar al que otros estudios han mostrado para periodos anteriores, durante el siglo XX.

Esta polarización educativa responde a un enorme poder de las clases pudientes, a través de los partidos políticos de sensibilidad conservadora y liberal (lo que se conoce –a nivel de calle- como las derechas). A mayor poder político de tal clase social, mayor polarización del sistema educativo. No es de extrañar, pues, que uno de los sistemas escolares más polarizados en España sea el catalán, resultado de haber sido, Catalunya, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por una alianza de un partido liberal (CDC) y un partido democratacristiano (UDC). El supuesto nacionalismo de esta coalición gobernante promocionó paradójicamente uno de los sistemas educativo más descohesionados de España. Catalunya es una de las Comunidades Autónomas con mayor división de la población por clase social en su sistema escolar.

La polarización social del sistema escolar

Otra relación estadística demostrada es que, a mayor poder de las derechas, mayores son los recortes en el gasto público educativo. España, de nuevo, es uno de los países de la UE-15 que ha recortado tal gasto de una manera más acentuada durante la Gran Recesión (recortes realizados, en su mayor parte, durante la época del gobierno Rajoy), con una reducción del 18,4% durante la mayoría del periodo de austeridad, agravada por el hecho que ha coincidido con una expansión de la población escolar (un 6,67%) durante el mismo periodo (2009-2016). Ningún otro país (excepto Grecia) ha visto unos recortes tan acentuados como en España. Y Catalunya ha sido una de las Comunidades Autónomas que más ha recortado el gasto público educativo. Es más, los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya en los que CDC ha sido la fuerza dominante han aprobado en las Cortes Generales la gran mayoría de leyes y propuestas del gobierno del PP, que afectaron directa o indirectamente al gasto público educativo de Cataluña.

Recortes en todos los componentes del gasto público social

Esta pobreza de recursos e intensidad de recortes aparece también en otros componentes del sistema educativo, como es la educación universitaria. La universidad pública ha sufrido de una manera muy marcada, no solo en capítulos como investigación, sino también en becas y ayudas al estudiante, así como en formación al cuerpo docente. Algunos de estos capítulos han incluso desaparecido de los presupuestos educativos.

Pero ha sido en los programas de formación ocupacional donde tales recortes han sido incluso más acentuados, recortes que han tenido lugar a la vez que aumentaba significativamente la necesidad por tales programas, debido al gran crecimiento del desempleo. Según los estudios del sindicato CCOO, tal gasto se ha reducido casi por la mitad durante el periodo de austeridad. De nuevo, uno de los lugares de España donde los recortes han sido más acentuados ha sido Cataluña.

A la luz de todos estos datos, es acertado definir lo que está ocurriendo en España (incluyendo Catalunya) como un ataque al sistema educativo público, ataque que ha sido diseñado y realizado por partidos gobernantes españoles (incluyendo catalanes), y que excusan tales ataques aludiendo, como indiqué antes, a que no hay otras alternativas, frase que carece de credibilidad ya que es fácil de demostrar, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos hecho en el libro Hay Alternativas, que sí que las hay si hay voluntad política para hacerlas. Así de claro.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215966

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