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Estados Unidos: Cómo afectaría el presupuesto de Trump a las escuelas de California y de todo el país

Estados Unidos/Mayo de 2017/Autor: Joy Resmovits/Fuente: Hoy

La propuesta presupuestaria del presidente Trump, publicada el martes, busca recortar el financiamiento para la educación en un total de $9,200 millones de dólares. El proyecto retiraría parte de apoyo federal, como el dinero para las Olimpiadas Especiales y una iniciativa de lectura, mientras que promocionaría los vales escolares y generaría ingresos para las escuelas charter.
Para la secretaria de Educación, Betsy DeVos, el plan es “una inversión histórica en los estudiantes de los Estados Unidos”. Para otros, es todo menos eso.

Lily Eskelsen García, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, lo consideró una “bola de demolición”; el superintendente de Instrucción Pública de California, Tom Torlakson, afirmó que “fallará”, y el último secretario de Educación de la administración de Obama, John B. King Jr., lo consideró como “un ataque al sueño estadounidense”.

A continuación, los puntos más importantes acerca de cómo afectaría la propuesta a las escuelas y los estudiantes de California y de todo el país.

  1. Habría grandes recortes en general, tanto para la educación K-12 como para la enseñanza superior

    Los $9,200 millones en recortes representan una caída del 13.5% del presupuesto de 2017, de $68.2 millones de dólares, del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Incluye una reducción de $2 millones a la Oficina de Derechos Civiles, el grupo responsable de hacer cumplir la ley de derechos civiles en las escuelas del país.

Los observadores no esperan que el Congreso apruebe el presupuesto en su forma actual, pero King, quien ahora dirige Education Trust, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que se enfoca en la equidad educativa, dijo que éste muestra los valores de la administración y centra la conversación en los recortes en lugar de las inversiones.

El gobierno está creando un comité para reformar el Departamento de Educación. Se espera que sus miembros presenten un proyecto de plan para finales de junio, que propondría “áreas para la reducción de personal”.

  1. Utilizaría parte de una fuente de financiación para niños desfavorecidos por la elección escolar 

    El programa federal conocido como Título I paga los servicios de los estudiantes de bajos recursos. La administración de Trump propone utilizar $1,000 millones de dólares en fondos del Título I para pagar un nuevo programa de elección escolar. El incremento de $550 millones del Título I que un reciente acuerdo presupuestario le otorgó a los estados se recortaría de la fórmula de financiación programada con regularidad. California recibió $1,740 millones de dólares de este programa para el año escolar actual.

Cambios en la mayor fuente de financiación federal escolar para los estudiantes pobres

Propuesta presupuestaria de Trump

  • Los estados obtendrán la mayor parte del dinero sin condiciones, pero se repartirían $1,000 millones de dólares en nuevas subvenciones, llamadas Furthering Options for Children to Unlock Success (FOCUS).
  • Las becas FOCUS solamente le darían dinero a los distritos escolares que utilizan los sistemas de inscripción abierta y los sistemas de financiación ponderados con base a las necesidades de los estudiantes individuales.

* Para calificar, estos sistemas de inscripción abierta tendrían que incluir a todas las escuelas, de distrito y charter, afirmó un funcionario federal.

Actualmente

  • Los estados reciben el dinero sin condiciones específicas, más allá de aquellas  escritas en la Ley Cada Estudiante Triunfa.

* El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se está preparando para construir un portal de inscripción abierta, pero el plan actual no incluye ninguna escuela charter o independiente.

  1. Convertiría un concurso de innovación en un incentivo de vales escolares

    La administración de Obama utilizó un programa llamado Investing in Innovation para ayudar a los estados a experimentar con nuevas ideas en educación. La propuesta presupuestaria reforzaría ese programa por $250 millones, pero la versión nueva alentaría a los estados a utilizar los fondos para crear o ampliar los programas de vales escolares.

California rechazó dos veces las propuestas de vales. “No veo que esto suceda aquí”, estimó el profesor de la Universidad de Stanford David Plank, acerca de la posible participación en un programa federal de vales.

La financiación federal para las escuelas charter aumentaría en $167 millones. El LAUSD ya cuenta con más escuelas charter que cualquier otro distrito escolar en el país.

  1. Los estudiantes universitarios en conjunto obtendrían menos ayuda para pagar sus estudios

El presupuesto consolidaría varios programas de condonación de préstamos estudiantiles en un solo programa, el cual limitaría el pago en un 12.5% del ingreso de los graduados y condonaría los saldos de los préstamos para alumnos de pregrado después de 15 años.

La propuesta eliminaría el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, pero los estudiantes actualmente matriculados no se verían afectados. También pondría fin a los préstamos estudiantiles subsidiados por el gobierno federal, lo cual significa que los alumnos universitarios deberían pagar intereses sobre el dinero que piden prestado del gobierno federal, incluso mientras están en la escuela.

Los estudiantes podrán acceder a las becas Pell para clases que puedan tomar durante los semestres de verano.

  1. Eliminaría una serie de programas

    El presupuesto eliminaría un programa de alfabetización de $190 millones, un programa de $2,300 millones para enriquecer la instrucción y el programa Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, de $1,200 millones, que ofrece opciones extracurriculares para los alumnos de escuelas desfavorecidas. También reduciría los programas educativos de las Olimpiadas Especiales, una medida que un funcionario público consideró como un sacrificio duro pero necesario.

    La administración justifica estos recortes diciendo que dichos programas están duplicados o no muestran evidencias de éxito.

  1. Las escuelas en las reservas indígenas y los estudiantes militares podrían salir perdiendo

El presupuesto eliminaría los pagos Impact Aid Support Payments for Federal Property, dinero que el gobierno federal entrega directamente a los distritos escolares que no generan impuestos a la propiedad, como aquellos que tienen estudiantes en las reservas indias o escuelas públicas en terrenos federales no gravables, como las bases militares. En California, cerca de 15 distritos escolares podrían verse afectados.

  1. Los recortes a otros organismos también podrían afectar a los niños

    Los estudiantes de bajos recursos y sus familias dependen del gobierno federal para conseguir ayuda para acceder a la atención médica, alimento y refugio. El presupuesto reduciría $193,000 millones en estampillas de comida. También recortaría  $800,000 millones en fondos para programas como el Children’s Health Insurance, Medicare y Obamacare. Sin embargo, el programa Head Start recibiría un pequeño aumento de financiación.

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/latimesespanol/hoyla-lat-siete-puntos-importantes-sobre-como-afectaria-el-presupuesto-de-trump-a-las-escuelas-de-california-y-20170524-story.html

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EEUU: Poder transformador de la educación

Reconozco que tengo como un defecto profesional, pues me parece, y de cierta manera la experiencia me ha permitido comprobarlo, que una buena educación, desde el kindergarten hasta la universidad, es la solución más plausible para una vida plena.

Y sí, he confrontado amistosamente en este camino a muchísimos suspicaces, cuando me ponen ejemplos de personas que han llegado al éxito sin una sólida preparación profesional.

Toda regla tiene su excepción, no queda la menor duda al respecto, pero en estos tiempos de dinámica científica y tecnológica sin parangón, la persona que no se prepara apropiadamente, terminará por pertenecer a los márgenes de las grandes posibilidades.

Me perturba bastante que incluso reconocidas encuestadoras y otros tipos de organizaciones que se precian de analizar, en detalle, el desarrollo social, manipulen la realidad o se equivoquen, en ocasiones, e insistan en afirmar que no hay necesidad de estudios superiores para escapar de la mediocridad y la pobreza.

Es una recomendación malsana, sobre todo considerando que en Estados Unidos la educación universitaria cuenta históricamente con numerosas alternativas para llevarse a efecto que, en ocasiones, son puestas en solfa por estamentos políticos, algo disparatados.

Reflexiono sobre estos hechos que forman parte de mi extensa carrera en el ámbito pedagógico, enciendo el televisor y veo a funcionarios de las escuelas públicas de nuestra laboriosa y luchadora comunidad lamentando las decisiones, ciertamente perjudiciales, de la legislatura estatal con respecto al presupuesto que han asignado para nuestras escuelas.

Por muy habituado que esté a decisiones arbitrarias originadas en la grave escisión que existe entre política y realidad, cada vez más ancha, y considerando que Miami Dade College tampoco ha escapado este año al desafuero de fondos eliminados, me pregunto: ¿Cuándo fue que la educación dejó de primar entre nuestras más perdurables necesidades? ¿Por qué no asumir con responsabilidad, la entereza y vocación de miles de estudiantes?

La legislatura propone hacer el recorte más significativo que haya sufrido MDC, 14 millones de dólares. No pocas de estas disminuciones estarán sujetas al cumplimiento de parámetros de rendimiento adecuados para alumnos que estudian a tiempo completo, pero que no consideran a la gran mayoría de los nuestros, aquí en el sur de la Florida, imposibilitados de terminar sus estudios en calendarios no realistas, ya que desempeñan uno o varios trabajos y el 66% proviene de familias de bajos ingresos, así como que el 45% vive en el nivel de pobreza o por debajo del mismo.

¿Dónde fue que se perdió el sentido común, el vínculo con la realidad a la hora de premiar una labor de éxito, como la que logran nuestros profesores y empleados en los predios del College desde hace poco más de medio siglo, elogiada en la nación por su eficiencia y austeridad?

Sin embargo no hay que cejar en nuestros empeños en pro de una educación universal asequible. Ustedes lectores de este venerable Diario Las Américas disfrutaron la espléndida cobertura que hiciera de nuestras graduaciones, donde quedó más que demostrado, con hechos, el potencial transformador que tiene la enseñanza en el individuo y su contexto social.

Fuente: http://www.diariolasamericas.com/opinion/poder-transformador-la-educacion-n4122898

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EEUU: Activists Call on Rauner to Avoid School Voucher Programs

América del Norte/EEUU/lawndalenews.com

Resumen: Esta semana, 34 legisladores firmaron una carta al gobernador Bruce Rauner instándole a evaluar los programas de vales escolares de Illinois y mantener el dinero público en el sistema de educación pública y no ser desviado a escuelas privadas y religiosas. “Lo que necesitamos en Illinois no es un sistema de vales. Para mejorar la educación, necesitamos dos cosas: un presupuesto que financia por completo nuestras escuelas y una fórmula de financiación de las escuelas equitativa. No podemos permitir que el gobernador Rauner salga a vender otro bien público al mejor postor. El plan de educación Trump-Rauner no ayudará a los estudiantes de Illinois “, dijo el senador Omar Aquino, el martes, en la décima sexta reunión de mayo realizada en el Capitolio del Estado de Illinois, donde fue acompañado por los estudiantes, padres, activistas y compañeros legisladores.

This week, 34 legislators signed a letter to Governor Bruce Rauner urging him to keep school voucher programs out of Illinois and keep public dollars within the public education system not to be diverted to private and religious schools. “What we need in Illinois is not a voucher system. To improve education, we need two things: a budget that fully funds our schools and an equitable school funding formula. We cannot allow Governor Rauner to sell off another public good to the highest bidder. The Trump-Rauner education plan will not help Illinois students,” said Senator Omar Aquino, on Tuesday, May 16th inside the Blueroom at the Illinois State Capitol Building, where he was joined by students, parents, activists, and fellow legislators.

Lawndale News Chicago's Bilingual Newspaper - Education

The press conference was in direct response to Secretary of Education Betsey DeVos and President Trump’s support for the use of federal funds for voluntary school voucher programs at the state level. President Trump’s proposed budget for fiscal year 2018 includes $250 million for private school choice initiatives. A school voucher can be thought of as a coupon supported by state dollars that allows parents to use them to send their kids to the school of their choice, even private, religiously affiliated schools. The money is all or some of what the state would have otherwise spent to educate the child in a public school. Vouchers are often reserved for low-income students, children with disabilities or for families zoned to a failing public school. Currently, 14 states offer the student voucher program, including Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Utah, Vermont, and Wisconsin, in addition to Washington, D.C.

The letter to the Governor from state legislators that they “oppose the creation of any program that will divert public funds from the public school system to be used to pay tuition, fees or other costs at private and religious schools—whether in the form of vouchers or scholarship tax credits, other than that which already exists under current state and federal law to provide students with disabilities with a Free and Appropriate public education.” Community groups delivered the letter to Governor Rauner’s office following the press conference. Legislators who signed on to the letter include: Representatives Carol Ammons, Kelly Cassidy, Linda Chapa LaVia, Barbara Flynn Currie, Mary Flowers, Robyn Gabel, Will Guzzardi, Michael Halpin, Sonya Harper, Greg Harris, Camille Lilly, Theresa Mah, Robert Martwick, Christian Mitchell, Anna Moeller, Elaine Nekritz, Juliana Stratton, Silvana Tabares, Chris Welch, Ann Williams, Senators Omar Aquino, Jennifer Bertino-Tarrant, Daniel Biss, Melinda Bush, Cristina Castro, John Cullerton, Bill Cunningham, Don Harmon, Kimberly Lightford, Iris Martinez, Laura Murphy, Kwame Raoul, Heather Steans, and Patricia Van Pelt.

Fuente: http://www.lawndalenews.com/2017/05/activists-call-on-rauner-to-avoid-school-voucher-programs/

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Estados Unidos: Worcester Prep student appointed to the United States Merchant Marine Academy

Estados Unidos/Mayo de 2017/Fuente: Delmarvanow

Resumen:  Reid Carey, residente de Worcester Prep School y residente de Dagsboro, recibió su nombramiento en la Academia de Marina Mercante de los Estados Unidos durante la convocatoria de la escuela el 24 de mayo. Carey es uno de aproximadamente 250 estudiantes en la nación para recibir una cita a la academia. Su comisión vino del Teniente Coronel jubilado Steve Rakow de las Reservas de Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. «Estoy feliz de estar aquí esta noche para honrar a Reid Carey por una cita muy distinguida que ha escuchado a la Academia de Marina Mercante de los Estados Unidos». La academia, localizada en Kings Point, Nueva York, entrena a los miembros más nuevos de los marinos de la marina de guerra de los E. para servir en sus buques. Para recibir una cita, Rakow explicó que Carey necesitaba mostrar un alto éxito académico, pasar un examen de salud y pasar un examen de aptitud física.

Reid Carey, a Worcester Prep School senior and Dagsboro resident, received his appointment to the United States Merchant Marine Academy during the school’s convocation May 24.

Carey is one of roughly 250 students in the nation to receive an appointment to the academy. His commission came from retired Lt. Col. Steve Rakow of the United States Marine Corps Reserves.

«I am happy to be here tonight to honor Reid Carey for a very distinguished appointment that he has heard to the U.S. Merchant Marine Academy.»

The academy, located in Kings Point, New York, trains the newest members of the U.S. Merchant Marine midshipmen to serve on its vessels.

In order to receive an appointment, Rakow explained Carey needed to show high academic success, pass a health test and pass a physical fitness test.

Carey also needed to receive a congressional appointment, of which he received three: Sen. Tom Carper, D-Del., Sen. Chris Coons, D-Del., and then-Rep. John Carney, D-Del., who is now Delaware’s governor now.

«Quite an accomplishment,» Rakow said.

Rakow, though, did remind Carey that his education is being paid for by the United States government, his education won’t come free.

Carey, as a new midshipan — called a pleb — will have to go through a rigorous summer program and  follow strict rules during his first year.

Carey will also have to spend an entire year at sea on a United States Merchant Marine vessel and will have the option of either entering the Navy Reserve upon graduation or enter any of the five service branches — Marine Corps, Army, Navy, Air Force or Coast Guard — and serve for at least five years.

But Rakow said Carey is ready.

«Today I take great pleasure, and consider it a high honor, on behalf of Rear Admiral James Helis, the academy’s superintendent, to recognize the appointment of Reid. S. Carey to the United States Merchant Marine Academy for the class of 2021,» Rakow said. «This remarkable achievement reflects great credit upon Reid and demonstrates that he is already living up to the academy’s motto: Acta Non Verba, which is deeds, not words.»

Fuente: http://www.delmarvanow.com/story/news/local/maryland/2017/05/25/worcester-prep-student-appointed-united-states-merchant-marine-academy/342338001/

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Estados Unidos: ¿Charter o pública? La escuela que mejor prepara para el futuro

Estados Unidos/25 mayo 2017/Fuente: El Nuevo Herald

Pocos temas en la educación inspiran más debates que el de la comparación entre las escuelas charter con las escuelas públicas tradicionales. Y en pocos lugares es ese debate más acalorado —o más partidista— que en la Florida.

Los partidarios de las escuelas chárter alegan que estas, financiadas con fondos públicos pero administradas de manera privada, ofrecen una mejor alternativa en áreas cuyas escuelas públicas de barrio tienen un rendimiento académico bajo. Los críticos afirman que las escuelas charter están llevándose los fondos de las escuelas públicas tradicionales y no están sujetas al mismo nivel de inspección, lo cual permite a algunas de ellas malgastar fondos públicos y defraudar a los estudiantes.

En una decisión que seguramente provocará más controversia, el Departamento de Educación de la Florida dio a conocer recientemente un informe que muestra que los estudiantes de las escuelas charter tuvieron un rendimiento superior al de sus homólogos de la escuelas públicas en toda una serie de exámenes estandarizados. En la mayoría de las asignaturas, y para la mayoría de los grupos de edades, un mayor porcentaje de estudiantes de las escuelas charter aprobaron los exámenes estatales que sus homólogos en las escuelas públicas tradicionales, de acuerdo con el análisis del departamento de más de 4.2 millones de calificaciones de exámenes del curso escolar 2015-2016 .

Estas son las conclusiones clave del informe:

 1. Una décima parte de los estudiantes de la Florida estudian en escuelas charter

A pesar de todo el énfasis que la política estatal hace en las escuelas charter, menos del 10 por ciento de los 2.8 millones de estudiantes de escuelas públicas de la Florida asisten a las mismas. Durante el curso escolar 2015-2016, cerca de 271,000 estudiantes asistieron a escuelas charter, en comparación con los más de 2.5 millones en escuelas públicas tradicionales. La proporción es mayor en el sur de la Florida, donde cerca de 17 por ciento de los chicos de escuelas públicas de Miami-Dade estudiaron en escuelas charter durante el curso escolar 2015-2016, alrededor de 59,000 estudiantes en un distrito de aproximadamente 357,000.

Aunque su parte del mercado de las escuelas públicas es todavía pequeña, las escuelas charter están atrayendo a un creciente número de estudiantes. Durante la última década, la matrícula de las escuelas charter ha aumentado en casi el 200 por ciento a nivel estatal, de acuerdo con el informe. En Miami-Dade, la matrícula ha aumentado en más del triple durante los últimos 10 años.

Alrededor de 55 por ciento de las escuelas charter de la Florida tienen una calificación estatal de A o B, una evaluación basada en parte en los resultados en los exámenes y los índices de graduación, en comparación con el 44 por ciento de las escuelas públicas tradicionales. En el otro extremo del espectro, alrededor del 6 por ciento de las escuelas charter de la Florida son escuelas F, en comparación con el 3 por ciento de las escuelas públicas tradicionales.

2. En general, los estudiantes pobres y procedentes de minorías presentan mejores calificaciones en las escuelas charter

La conclusión del estado de que un mayor porcentaje de estudiantes de las escuelas charter aprueban los exámenes estandarizados estatales en la mayoría de las asignaturas fue especialmente cierta con relación a los estudiantes hispanos y de bajos ingresos.

Aunque el índice de aprobación del examen de lectura de los estudiantes de nivel de secundaria en escuelas charter fue seis puntos de porcentaje más alto en general que en las escuelas públicas tradicionales, por ejemplo, la diferencia para los estudiantes de bajos ingresos de nivel de secundaria fue de 10 puntos de porcentaje, y para los adolescentes hispanos fue de 12. La diferencia para los estudiantes afroamericanos de nivel de secundaria fue más pequeña, de alrededor de 4 puntos de porcentaje. Los resultados fueron similares en los exámenes estatales de matemática, aunque la diferencia entre ambos grupos de estudiantes fue más pequeña en general.

La brecha de rendimiento —la diferencia entre los resultados obtenidos por los estudiantes anglos y de minorías en los exámenes— fue también más pequeña entre los estudiantes de las escuelas charter en la mayoría de los casos.

Las conclusiones son música para los oídos de los partidarios de las escuelas charter. “Veinte años después de la creación de las primeras escuelas charter en la Florida, resultados como los del último informe estatal muestran que el movimiento definitivamente sí funciona”, dijo Robert Haag, presidente del Consorcio de Escuelas Públicas charter de la Florida (Florida Consortium of Public Charter Schools), en un correo electrónico.

3. La diferencia no es igual de grande para los estudiantes anglosajones

Las diferencias entre los índices de aprobado de los estudiantes de las escuelas charter y los de las escuelas públicas tradicionales fueron más pequeñas para los estudiantes anglosajones. De hecho, en algunos exámenes estatales, los estudiantes anglosajones de las escuelas públicas tradicionales salieron mejor que sus homólogos de las escuelas charter. Un porcentaje ligeramente mayor de estudiantes anglosajones de niveles de secundaria y primaria aprobaron los exámenes de matemática y de ciencias, por ejemplo.

Hubo además niveles de grado y asignaturas en las cuales los estudiantes en escuelas públicas tradicionales salieron mejor en general que sus homólogos de las escuelas charter. Los estudiantes de nivel de secundaria en escuelas públicas tradicionales salieron ligeramente mejor en los exámenes estatales de ciencias y estudios sociales, por ejemplo, aunque los estudiantes de las escuelas charter salieron ligeramente mejor en general en esas asignaturas en los grados inferiores.

4. Las razones de las diferencias en los resultados son complejas

El informe no ofrece explicaciones de ningún tipo de las diferencias en el rendimiento en los exámenes, pero los defensores de las opciones escolares afirman que la mayor flexibilidad de las escuelas charter podría ser una razón clave.

“Es posible que las escuelas charter estén centradas en áreas específicas y que sean escuelas más pequeñas, lo cual permite una mayor flexibilidad y la posibilidad de una mayor atención a las necesidades de los estudiantes individuales”, dijo Haag en un correo electrónico. Si un número grande de los estudiantes en una escuela charter son inmigrantes, por ejemplo, la escuela puede añadir programas adicionales de inglés y otros servicios sin tener que pasar por un montón de trámites burocráticos, dijo Haag.

Esta flexibilidad hace además que las escuelas charter puedan cambiar más fácilmente sus estrategias fallidas, dijo Lynn Norman-Teck, directora ejecutiva de la Alianza de las Escuelas charter de la Florida (Florida Charter School Alliance). “Las escuelas pueden hacer ajustes a su currículo cuando ven que algo no está funcionando”, dijo.

Las escuelas charter tienden además a atraer estudiantes cuyos padres participan activamente en su educación, dijo Chris Norwood, fundador de la Asociación de Escuelas Públicas Independientes de la Florida (Florida Association of Independent Public Schools), en un correo electrónico. Ese empujón adicional de parte de los padres podría ser uno de los factores que contribuyen a los índices de aprobado más altos de los estudiantes de bajos ingresos y procedentes de minorías en las escuelas charter.

“La afirmación menos controversial que puede hacerse en la educación pública es que la participación de los padres en la escuelas mejora los resultados académicos del estudiante así como sus destrezas sociales, reduce el ausentismo y devuelve a los padres la confianza en la educación de sus hijos”, dijo Norwood. “En comunidades de bajos ingresos, la participación de los padres es aún más importante porque los padres no pueden dar a sus hijos el lujo del éxito económico generacional”.

Algunas escuelas charter exigen a los padres que sirvan de voluntarios en la escuela por una cierta cantidad de horas todos los semestres, o piden a la familia otras contribuciones obligatorias de su tiempo, una exigencia que de acuerdo con los críticos de las escuelas charter excluye a algunas familias de clase trabajadora.

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/trasfondo/article151851212.html

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Estados Unidos: Mississippi accused of unequal schooling for black students

Jackson / 24 de mayo de 2017 / Por: JEFF AMY / Fuente: http://www.hawaiinewsnow.com

Mississippi is denying good schools to African American students in violation of the federal law that enabled the state to rejoin the union after the Civil War, a legal group alleged Tuesday.

The Southern Poverty Law Center wants a federal judge to force the state’s leaders to comply with the 1870 law, which says Mississippi must never deprive any citizen of the «school rights and privileges» described in first post-Civil War constitution.

That law still obligates Mississippi to provide a «uniform system of free public schools» for all children, but the state has instead watered down education protections in a white supremacist effort to prevent the education of blacks, the group said.

«From 1890 until the present day, Mississippi repeatedly has amended its education clause and has used those amendments to systematically and deliberately deprive African-Americans of the education rights guaranteed to all Mississippi schoolchildren by the 1868 Constitution,» the suit states.

Attorney Will Bardwell says the suit, filed on behalf of four African-American mothers with children in public elementary schools, aims to force the state to provide equal opportunities and outcomes. Mississippi’s leaders are welcome to do so without increasing spending if they can, he said.

«I’m filing this lawsuit because the state has an obligation to make the schools that black kids attend equal to the schools that white kids attend,» said Indigo Williams, the parent of a first-grade boy at Raines Elementary School in west Jackson.

The named defendants include Gov. Phil Bryant, Lt. Gov. Tate Reeves, House Speaker Philip Gunn and Secretary of State Delbert Hosemann, all Republican elected officials. It also names state school Superintendent Carey Wright and the nine appointed members of the state Board of Education.

Mississippi’s public schools have stubbornly ranked at or near the bottom of national measures of academic achievement and progress. But Bryant and Reeves said Mississippi’s education system is improving under their leadership.

«This is merely another attempt by the Southern Poverty Law Center to fundraise on the backs of Mississippi taxpayers,» the governor said in a statement. «While the SPLC clings to its misguided and cynical views, we will continue to shape Mississippi’s system of public education into the best and most innovative in America.»

Reeves called the SPLC a «fringe organization,» and said it’s «almost laughable» that the legal group is simultaneously trying to «protect the status quo» by challenging efforts to direct public funds to charter schools that would provide more choices to minority students.

All 19 Mississippi school districts rated «F» by the Mississippi Department of Education have overwhelmingly African-American student bodies, while the state’s five highest-performing school districts are predominantly white, the SPLC says.

The schools attended by the plaintiffs’ children «lack textbooks, literature, basic supplies, experienced teachers, sports and other extracurricular activities, tutoring programs, and even toilet paper,» the SPLC said.

Mississippi already faces a lawsuit over funding for all public schools. Former Gov. Ronnie Musgrove is representing 21 school districts demanding that the state pay back amounts it has shorted districts under the public school funding formula between 2010 and 2015.

Musgrove said the Legislature can’t evade a 2006 law requiring it to fund the amount required by the formula. He also argues that the funding law is reinforced by the current constitution.

The SPLC suit takes a sharply different view of the current law and constitution.

Its lawsuit recites changes to the provision, including a 1960 amendment that made public schools optional and could have allowed Mississippi to close public schools to evade racial integration.

That change was partially reversed in 1987, when voters amended the state constitution to again make public schools mandatory, but the amendment didn’t require a uniform system, and said lawmakers could impose «such conditions and limitations as the Legislature may prescribe.»

«This is one of the weakest education clauses in America because its mandate creates virtually no obligations that the Legislature does not choose for itself,» the suit states.

That’s close to the view of proponents of Initiative 42, a failed attempt in 2015 to amend Mississippi’s constitution yet again to require «an adequate and efficient system of public schools,» and allow people to sue over funding shortfalls.

Tuesday’s lawsuit, if successful, could also set the stage for such suits. Bardwell said if the SPLC wins and state officials don’t follow the revised constitutional mandates, the organization could sue again for more specific remedies.

Fuente noticia: http://www.hawaiinewsnow.com/story/35496485/mississippi-accused-of-unequal-schooling-for-black-students

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La “Peste Blanca” del siglo XXI

Por: James Petras

Exterminio del proletariado blanco y pobre en los Estados Unidos

Traducido del inglés para Rebelión por César P. Guidini Joubert

Presentación

En el curso de los dos decenios pasados en los Estados Unidos se registraron cientos de miles de fallecimientos prematuros [i] por culpa de médicos que recetan de forma totalmente irresponsable calmantes y demás depresores del sistema nervioso central, como los tranquilizantes, los cuales provocan enviciamiento, y también a causa de las contraindicaciones de tales medicamentos, cuyas consecuencias son mortales. El hecho innegable es que esos fallecimientos corresponden en su inmensa mayoría a individuos que son raza blanca y pertenecen a la clase trabajadora y a la clase media baja que vive en las regiones rurales y en las ciudades en las que cerraron las fábricas [ii] . La clase dirigente y los grandes mandamases de la oligarquía decidieron, con toda discreción, desprenderse de esa parte del país porque consideran que “sobra”. La víctima y los parientes que la sobreviven carecen de la más mínima posibilidad de conseguir que se les indemnice para reparar la negligencia general y la codicia que llevan al enviciamiento y a la muerte. El gobierno en su conjunto y la prensa, que obedece a la oligarquía, omiten deliberadamente informar de las causas últimas de la epidemia e investigarlas en consecuencia, y lo único que se puede leer y escuchar son las clásicas peroratas, pomposas y superficiales, sobre el problema.

Se examinarán en primer término las proporciones y los pormenores de la epidemia y se señalarán las causas últimas, tras lo cual se expondrán soluciones.

Cotejo de cifras

En el concierto de los países adelantados de Europa y Asia los Estados Unidos pueden reivindicar la dudosa distinción de que cuentan con la tasa más elevada de aumento del fallecimiento prematuro de individuos jóvenes y adultos de extracción obrera y de clase media baja [iii] ; ese aumento de la mortalidad prematura no se registra siquiera en los países que no son tan adelantados, salvo en los tiempos de guerra. Tal devastación, que es exclusivamente propia de los Estados Unidos, se concentra en la población blanca, pobre y con escasos estudios que vive en los pueblos y ciudades pequeñas y en las regiones rurales.

El fenómeno ya no se puede ocultar: en el curso de los dieciséis años pasados (2000 a 2016), la tasa de fallecimiento del obrero norteamericano que tiene de 50 a 54 años de edad se duplicó y pasó de 40 a 80 por 100.000 [iv] . Por el contrario, en Alemania la tasa de mortalidad del individuo de características semejantes descendió de 60 a 42 por 100.000 y en Francia lo hizo de 55 a 40 por 100.000 (2). Además, en los Estados Unidos la tasa de mortalidad del obrero blanco marginado aumentó en comparación con la cifra correspondiente a la población negra y a la procedente de América Latina. Dicho aumento de la muerte prematura señala un notable deterioro de las condiciones de vida de una fracción descomunal de la población de los Estados Unidos. Los fallecimientos se atribuyen fundamentalmente a la notable alza del suicidio, a las complicaciones que acarrean la obesidad y la diabetes, y muy particularmente, al “envenenamiento”, concepto genérico en el que, además del alcohol, los estupefacientes, y, sobre todo, los analgésicos narcóticos que receta el médico, cabe un amplio espectro de contraindicaciones.

A juicio de algunos pretendidos “especialistas” que “dominan” el problema del vicio con medicamentos, el alza de la tasa de mortalidad del obrero de los Estados Unidos se atribuye a “la mundialización y la automatización” (3). Eso es un ejemplo de lo que se denominan explicaciones “superficiales” o “falsas”, y se llaman así porque el fenómeno no se registra en los demás países industrializados; en efecto, incluso si se consideran el Japón, el Canadá y el Reino Unido, cuya economía se transformó por causa de la “mundialización” y de la moderna automatización, en ninguno de ellos se observa que aumente la mortalidad de la parte fundamental de la población.

La mortalidad del obrero del Reino Unido, Canadá y Australia se mantiene estable en unos cuarenta fallecimientos por cien mil, o sea, la mitad de la tasa de los Estados Unidos, pese a que esos países no presentan grandes diferencias en lo que respecta a las características demográficas y a la cuota del mercado mundial. La clave para comprender el presente fenómeno radica en la atención que el capital y la estructura dominante de los Estados Unidos prestan a las necesidades de la mano de obra, que ya no resulta necesaria por causa de la transformación que se opera en la economía

En los Estados Unidos el obrero blanco adulto, mal remunerado y que, con suerte, cursó la enseñanza secundaria, sobre todo el que cumple labores manuales, registra una mortalidad que cuadriplica la de aquel otro que fue a la universidad. El aumento espectacular de la mortalidad en dicha categoría demográfica se corresponde con la mayor proporción de obreros y sus familias que ya no gozan de la debida atención médica a cargo del patrón. La desaparición de los puestos de trabajo seguros y bien remunerados de la industria fabril provoca que se extiendan los fallecimientos prematuros en dicha capa de la sociedad.

En otras palabras, las muertes evitables en el mundo del trabajo aumentan de forma paralela al éxodo de fábricas al extranjero, la automatización y la contratación de obreros inmigrantes y de obreros autóctonos sin seguro y que trabajan por horas, todo lo cual acarrea que desaparezca la atención médica completa que recibe la clase trabajadora, pero precisamente gracias a eso es que la tasa de ganancia del gran de capital puede aumentar sin pausa. En otras economías capitalistas adelantadas de Europa y Asia se mantienen intactas las instituciones de salud pública y previsión social, que son de carácter universal y cumplen debidamente la misión de aliviar el daño que causan a la salud del obrero la mayor inseguridad del puesto de trabajo y el deterioro de las condiciones de vida. Dichas instituciones de salud pública salvan millones de vidas y ése es uno de los contrastes más marcados que separan a la medicina de los Estados Unidos de la que está vigente en el resto del mundo industrializado.

El “OxyContin” [v] , la Peste Blanca

La causa última de la descomunal alza de la mortalidad de obreros en los Estados Unidos es, ante todo, la decisión que tomó la clase capitalista de suprimir la atención médica general y en buenas condiciones de que gozaba el trabajador a la vez que se rebajaba el salario y se enviaban al extranjero muchos puestos de trabajo. Por esa causa, y en vista del descenso de su ingreso, el obrero no puede darse el lujo de pagar para sí y para su familia las sumas astronómicas que representan la prima del seguro de salud, la consulta al médico y la receta y la franquicia. Tampoco tiene para pagar la abultada factura de la “terapia física y rehabilitación” cuando sufre un accidente, todo lo cual explica que prefiera que le receten un analgésico narcótico gracias al que podrá soportar el dolor crónico [vi] mientras sigue trabajando.

En segundo lugar, el personal médico (médicos, enfermeras y auxiliares médicos) está sometido a fuertes presiones del patrón para que dedique el menor tiempo posible tiempo al paciente que padece de dolor crónico y lesiones por accidentes del trabajo, sobre todo, los que cuentan con recursos limitados. El salario y la retribución extraordinaria dependen generalmente del número de pacientes que se atienden por día. La clásica receta, especialmente cuando se prescriben narcóticos, sedantes, ansiolíticos y somníferos, ahorra tiempo y dinero al médico y al hospital privado. Muy rara vez recibe el obrero accidentado y el que sufre de dolor crónico el examen detenido de la historia, el debido reconocimiento, el diagnóstico serio y el consiguiente tratamiento y vigilancia posterior, pues todo eso cuesta mucho dinero.

Las sociedades farmacéuticas fabrican miles de millones de opioides de síntesis [vii] , de muy bajo costo de producción, pero cuya ganancia es descomunal, pues rinden muchísimo más que los denominados “medicamentos estrella”. Los multimillonarios dueños de los laboratorios que se dedican a los analgésicos narcóticos contratan a legiones de vendedores que visitan a los médicos y a las clínicas del dolor, aprovechando que operan en un ramo que carece prácticamente de reglamentación y que es ajeno por completo a la intervención y vigilancia del Estado capitalista. Los valedores de la industria farmacéutica gastan cientos de millones de dólares en los políticos y jerarcas públicos para proteger su ganancia, aún a costa de que aumente el número de muertes por sobredosis de quienes no pueden vivir sin el opioide que le receta el médico. La falta absoluta de intervención del Estado en la presente epidemia no tiene parangón en el mundo industrializado. Esa malévola indiferencia prueba que existe un darwinismo social, tácito, pero de carácter oficial, y que opera en las más altas esferas; es la misma ideología y práctica que antes era patrimonio exclusivo de los más ardientes defensores del fascismo y de las teorías de la eugenesia.

¿Qué da al gran capital impunidad para el asesinato?

El envenenamiento con los narcóticos recetados y con la mezcla de tranquilizantes, alcohol y estupefacientes, de consecuencias mortales, es la primera causa de fallecimiento prematuro, y evitable, en el mundo del trabajo. También debería figurar en la categoría de fallecimiento por sobredosis el obrero que pasa del vicio del estupefaciente que le receta el médico al estupefaciente que se vende en la calle, pues, en última instancia, el vicio que padece comienza en el hospital que lo atiende. Aunque nunca lleguen a conocerse, el traficante de la calle es socio del mundo de la empresa privada y de esas clínicas del dolor, que siempre están relucientes de limpias.

Las muertes prematuras por sobredosis causan increíble sufrimiento a los amigos y parientes de la víctima, pero a los ojos del “gran capital” constituyen un hecho favorable, y por esa razón la epidemia ha permanecido casi oculta por espacio de dos decenios. La prensa de los pueblos de provincia acostumbra dedicar extensos y conmovedores párrafos en recuerdo del abuelito fallecido en los que no faltan tiernas palabras acerca de la enfermedad que se lo llevó, mientras que la muerte por sobredosis del padre adulto o de la madre que fue despedida del trabajo es llorada en el anonimato y en silencio.

El fallecimiento prematuro del obrero por sobredosis engrosa considerablemente la ganancia del patrón, pues así disminuyen los gastos generales en concepto de despido, pensión, medidas de seguridad en el trabajo y cuantos otros gastos en atención médica corran de cuenta de la empresa. Se extingue el subsidio de paro y la contracción de la población trabajadora hace que bajen los tributos municipales destinados a sufragar la enseñanza y los servicios y provoca que se contraiga también la demanda de servicios sociales. No es coincidencia alguna que el marcado aumento de la muerte prematura de obreros coincida con la increíble concentración de riqueza en manos de los grandes oligarcas de los Estados Unidos.

En tales circunstancias, la fuerte merma del salario y de los derechos sociales sumada a la mayor inseguridad del puesto de trabajo hace cundir un miedo profundo en el mundo del trabajo. La mayor parte de las veces el obrero que ve con terror la pobreza en que quedará sumida su familia por la pérdida de un puesto de trabajo decente continúa trabajando a pesar de que se encuentre accidentado o enfermo y para llegar a duras penas al fin de la jornada tiene que tomar estupefacientes legales y de otro tipo. Combate el estado de inseguridad, la ansiedad y el insomnio con otros medicamentos que, a su vez, agravan el riesgo de sobredosis. El miedo y el clima envenado que reina en el lugar de trabajo lo obligan a abstenerse de solicitar la licencia de enfermedad y una buena terapia física rehabilitadora por la vía del seguro de salud de la empresa.

Los calmantes más “eficaces” y que están respaldados por una enorme propaganda, como el OxyContin, suelen ser los que provocan un enviciamiento más veloz y de consecuencias mortales. Los representantes de la industria farmacéutica que visitan clínicas y hospitales se encargan de ocultar deliberadamente la peligrosa naturaleza enviciante de esos “medicamentos milagrosos”. La víctima de tales fármacos enviciantes es casi siempre el obrero mal pago y el que no tiene trabajo, y el médico que hace la receta es un fiel servidor del patrón capitalista y de las grandes farmacéuticas. Los laboratorios cuentan con la protección de las altas esferas del Estado y, a su vez, los funcionarios de jerarquía “media” se encargan de proteger a los propietarios y al personal médico de los hospitales y las clínicas del dolor, que están en manos privadas.

Los autores de ese asesinato colectivo por sobredosis sacan un provecho descomunal y con total impunidad del caos que se provoca, pero no ocurre lo mismo con el pequeño traficante callejero que puebla las atestadas y gigantescas prisiones de los Estados Unidos. No hay un solo organismo federal, policial o de seguridad que siquiera se atreva a perseguir y enjuiciar a los propietarios de esas enormes sociedades farmacéuticas. En efecto, el brazo de la seguridad y la justicia del Estado hace de cómplice del enviciamiento colectivo, aunque los agentes de policía no son más inmunes a los narcóticos con receta que las enfermeras y demás personal médico que deben tratar a las víctimas de los accidentes de trabajo. En realidad, el problema de la muerte por sobredosis de medicamentos narcóticos que afecta al personal médico y del servicio de seguridad (incluidos los frecuentes casos de suicidio por sobredosis de quienes pierden el puesto de trabajo por culpa del consumo de narcóticos) constituye una tragedia pública de la que no se tiene noticia y por la cual nadie llora. Tampoco escapan al problema los soldados que regresan de las guerras imperiales en el Medio Oriente y el Sudeste Asiático.

Las contradicciones de una sociedad que otorga impunidad a los capitalistas que perpetran esa epidemia de muerte (la “guerra del opioide” [viii] contra la clase obrera sobrante) y, al mismo tiempo, gasta miles de millones de dinero del Estado para encarcelar al pequeño traficante de la calle y al cliente ilustran que el gobierno federal y el de los estados se encuentran sumidos en el caos y les resulta imposible intervenir como se debe en favor del ciudadano.

Con oportunidad de las elecciones internas y presidenciales del año pasado y la difusión por radio y televisión de las respectivas campañas (por primera vez) los políticos nacionales fueron interpelados en numerosas ocasiones por los ciudadanos de los pueblos de provincia que estaban alarmados por la devastación que sufren por culpa de los medicamentos narcóticos y la muerte por sobredosis. El candidato Trump hizo varias declaraciones sumamente emotivas acerca de la cuestión y, por su parte, resulta interesante destacarlo, la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, no hizo la más mínima mención al problema a lo largo de la campaña, a pesar de que no cesó de pregonar y vanagloriarse de los “logros” que ella había conseguido en el campo de la salud.

En los últimos meses las proporciones que reviste el fallecimiento por sobredosis en los pueblos pequeños y en el campo provocaron movilizaciones populares que reclaman que el Estado haga algo. Como era de esperar, entonces se reunió rápidamente un pequeño ejército de catedráticos, especialistas y entendidos, y asociaciones privadas (ONG) y se presentó para reclamar más fondos para “investigación, formación y tratamiento”. Los mismos propietarios de las clínicas del dolor, que llevan a tantos a caer en el vicio de los medicamentos, decidieron ampliar el campo comercial y ahora se denominan “clínicas de rehabilitación”, cuyo fin es complementar la labor de las asociaciones de apoyo a la víctima y que proliferan como hongos después de la lluvia.

Ninguna de esas empresas oportunistas, más que discutibles, se propone “instruir” políticamente y movilizar al obrero enviciado con medicamentos y al resto de la ciudadanía para reclamar que se cree una institución nacional de salud pública universal como hay en otros países en los que no existe el problema del envenenamiento por medicamentos. Ni siquiera se encargan del problema de los accidentes de trabajo y de que el obrero sea tratado con opioides porque no se le presta un servicio de rehabilitación y terapia física. Los profesionales de la medicina prefieren remitir al paciente a los centros de tratamiento, en los que el problema del vicio se tratará con medicamentos que lo agravan, como la metadona, en vez de hacer frente a las consecuencias devastadoras de la quiebra de las instituciones de salud pública de los Estados Unidos, que están en manos de los seguros de salud privados que buscan el lucro a toda costa, y en consecuencia, organizarse para atender como se debe al paciente.

Del mismo modo, las instituciones de trabajo y los sindicatos del ámbito federal y estatal omiten cuidadosamente hablar de los estragos que la epidemia causa en la mano de obra. En un editorial del New York Times del 16 de octubre de 2016 se señala que millones de hombres en edad de trabajar se encuentran totalmente fuera del mercado de trabajo por causa de “dolor e incapacidad” y una parte considerable de ellos vive con analgésicos narcóticos. El efecto prolongado es obvio: el tratamiento enviciante con dichos medicamentos destruye la disciplina interna del obrero, que es imprescindible para que la industria produzca. Sería inimaginable que los industriales y los gobernantes de Alemania y de China aceptaran las consecuencias prolongadas de tal fenómeno. Ése es apenas un brillante ejemplo que revela la actitud arrogante y displicente con que la oligarquía y el mundo de la política de los Estados Unidos tratan a la mano de obra del propio país.

Los asesinos y sus víctimas se califican por su clase social y no por los “estudios” o los “conocimientos de informática” que posean. Los capitalistas de la industria farmacéutica producen mortíferas mercancías que se distribuyen con astronómicos recargos en decenas de miles de farmacias. Los destinatarios de esa mercadería son el trabajador y el individuo de clase media baja que cae víctima del envenenamiento.

Por su parte, los capitalistas y los oligarcas no tienen la más mínima necesidad de recurrir al seguro de salud, pues tienen a su disposición sus propias y exclusivas clínicas de lujo que son atendidas por el correspondiente cuadro de médicos de renombre y enfermeras que les brindan la mejor atención que se conoce. A ellos jamás se les ocurriría permitir que sus parientes fueran tratados con esos medicamentos enviciantes que devastan la vida de millones y millones de ciudadanos inferiores y los cuales les hacen ganar enormes sumas de dinero. Aunque uno nunca pueda ver y, mucho menos, visitar esas clínicas de lujo, no es difícil entender las consecuencias mortíferas que provoca ese apartheid en el campo de la medicina.

Haciendo gala de un optimismo que no es extrañar, la prensa de los Estados Unidos da cuenta de que, gracias al problema de la mortandad por sobredosis, los hospitales que realizan trasplantes cuentan ahora con numerosas partes del cuerpo que son necesarias. ¡No se consuela quien no quiere!

La clase capitalista que ha desencadenado esa “guerra del opioide contra la clase obrera” no tiene el menor problema en donar decenas de millones de dólares a los candidatos a la presidencia y los demás dirigentes de los partidos políticos para asegurarse de que las autoridades que designen en los denominados organismos de inspección del Estado se esfuercen por proteger sus ganancias en vez de la salud pública del ciudadano. Los oligarcas gozan de inmunidad casi total y eterna de dichos organismos fiscalizadores. Si, alguna vez el escándalo de las inmensas pérdidas de vidas humanas que causan los medicamentos que envenenan llega por casualidad a afectar su vida refinada del mundo de la filantropía de las bellas artes y demás actividades de la élite, tienen a su disposición legiones de “moralistas” de la prensa y del mundo oficial que se encargan de culpar a las víctimas por los hábitos malsanos que les arruinan la vida.

Una de esas compañías es Purdue Pharmaceuticals, que fabrica el OxyContin y que es propiedad de la familia Sackler, cuyos fundadores pertenecen a la cúpula de los filántropos de la cultura de los Estados Unidos. Desde que, en 1995, comenzó a girar en el ramo de los calmantes, lucrativo como no hay otro, el OxyContin redituó a la Purdue 35.000 millones de dólares y los Sackler pudieron entrar en el Olimpo de los archimillonarios del país. A ninguno de los conservadores de las Galerías Sackler y del ala Sackler del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se le ocurriría hacer una exposición de “realismo social” que ilustre el inmenso sufrimiento y muerte que los medicamentos de sus patrones causan a millones de individuos de clase baja; pero ocurre que los gustos cambian y el “realismo social” ya no está de moda en el apartheid de clase que los Sackler y sus amigos impusieron en el país.

Los estudios serios y rigurosos sobre la evolución demográfica también han quedado anticuados. Un antiguo director de la Administración de Alimentación y Farmacia (FDA) sostiene que la moda de recetar opioides de forma indiscriminada constituye uno de los “mayores errores de la historia de la medicina moderna”, pero no hizo nada para contener la epidemia durante el período en el que estuvo al frente del organismo (1990 a 1997) ni para llamar la atención acerca de sus devastadoras consecuencias después de que dejara el cargo. En efecto, el doctor David Kessler [ix] esperó hasta hace muy poco para sumarse al coro de quienes lamentan la epidemia de opioides a raíz del sonado fallecimiento por sobredosis de Prince, la estrella del rock, y fue solamente entonces que escribió un artículo de opinión en el New York Times del 6 de mayo de 2016 [x] .

Los profesores de universidad reciben subsidios de las grandes fundaciones nacionales para “estudiar el problema de los opioides” con el fin de elucidar particularmente los trastornos psicológicos que padece la víctima de sobredosis y las patologías sociales del traficante de la calle. Eso desvía la atención de los laboratorios farmacéuticos, que lucran con la epidemia, y de los gobernantes del capitalismo, que prepararon el terreno para ese envenenamiento colectivo en todo el país. Pero, el ascenso en la universidad, el reconocimiento de los colegas y los jugosos subsidios de investigación no son para quien cometa la tontería de señalar con el dedo a las farmacéuticas asesinas, las peligrosas condiciones de condiciones de trabajo, las horas extras, la escasa paga, el aumento de los accidentes de trabajo y las enfermedades y la desesperación que hacen que el obrero pase de manos de la empresa asesina a manos del “papá laboratorio”, ni tampoco para el que se atreva a denunciar a los médicos que estimulan al trabajador a que recurra al veneno de los calmantes en vez de reivindicar aumento de salario, mejor atención médica, mejores condiciones de trabajo y un futuro de verdad para su familia.

Es urgente que se tomen medidas en serio. La realidad de los cientos de miles de fallecimientos por culpa de la “receta de la muerte” y de los millones de víctimas del vicio de los medicamentos deben reclamar que se cree una fiscalía especial nacional que se dedique de forma exclusiva a desentrañar las causas últimas de esta epidemia que no remite y las cuales radican en el ánimo de lucro que mueve a la élite social y económica del país. La investigación deberá encaminarse a perseguir a la extensa red de chantajistas y propiciadores, en la que caben desde los valedores de los laboratorios farmacéuticos y los jerarcas del Estado corruptos hasta los médicos y los periodistas, porque la presente epidemia afecta a decenas de millones de trabajadores y a su familia, amigos, compañeros de trabajo y al medio en el que viven. ¿Y dónde están los defensores del niño que representen los intereses de los miles de hijos de madres de las comarcas rurales atrapadas por el OxyContin que nacen con el síndrome de abstinencia neonatal y que desbordan la capacidad de los hospitales del campo y de los pueblos?

Soluciones

La cadena que forman el enviciamiento con medicamentos y la muerte por sobredosis obliga a hacer algo más que propaganda con las típicas fotos de los centros de tratamiento de los pueblos. En efecto, hay que encarar decididamente el problema de los opioides con receta y enjuiciar en consecuencia a los laboratorios criminales, y perseguir, sobre todo, a los capitalistas que explotan al obrero vulnerable, le niegan protección, condiciones de trabajo seguras y la atención médica debida. Se impone una transformación fundamental de la relación del capital y el trabajo en este país.

Los planes del capital, que merman el salario y la seguridad del obrero, obligan a contar con un ejército de reserva más numeroso, que forman los desocupados y los trabajadores mal pagos. Habiendo tantos obreros autóctonos que sufren incapacidad por accidentes y otros que están apartados del mundo del trabajo por culpa del enviciamiento, se debe recurrir a la mano de obra zafral procedente del extranjero, cuyo país de origen se encargó de que esa mano de obra creciera, estudiara y se preparara para la vida, con el consiguiente gasto. En otras épocas eso se llamaba “éxodo de cerebros”, pero ahora es el “éxodo de cerebros y de músculos hábiles”. Gracias a los recursos que gastan otros países para criar e instruir a la mano de obra que luego emigra, el capitalismo y los gobernantes de los Estados Unidos pueden recortar drásticamente el gasto social que se destina a instruir y cuidar la salud del trabajador autóctono.

No hay otra forma de contrarrestar ese fenómeno en los Estados Unidos que instaurar una norma de inmigración que sea racional, calibrando bien previamente el número, composición y condiciones de la mano de obra nacional. Hay que poner límites al poder que tiene el capital de contratar y despedir libremente al obrero estadounidense y de arrasar en consecuencia pueblos y regiones enteras.

Los valedores de los grandes laboratorios farmacéuticos y los organismos oficiales de inspección, que lucraron o simplemente pasaron por alto el gigantesco problema del vicio de los medicamentos y la muerte por sobredosis, deberán recibir el mismo trato que el delincuente que mata y el que causa lesiones.

Los médicos, que deciden recetar grandes dosis de medicamentos narcóticos muy potentes que llevan al enviciamiento y a la sobredosis mortal, deberán ser reeducados y sometidos a vigilancia, si no quieren perder la licencia y verse obligados a responder ante la justicia. Desde los primeros momentos de la epidemia, conocían la naturaleza de dichos medicamentos que provocan enviciamiento. No son pocos los propios médicos y personal auxiliar que quedan “enganchados”. Los que explotan las denominadas “fábricas de píldoras”, en las que se recetan y venden alegremente toda clase de remedios, deberán ser castigados con severas penas, es decir, largos años de reclusión. Los profesionales de la medicina podrían haber decidido pelear para que el paciente accidentado tuviera la rehabilitación y terapia física necesarias, pero por su avaricia y voracidad contribuyeron al desastre actual. ¿En qué se distinguen, realmente, de los psicólogos de renombre que contrata el gobierno de los Estados Unidos para inventar métodos de tortura?

Sin embargo, hay otros que intentaron dar la alarma. No se puede dejar de reconocer y recompensar a los farmacéuticos, médicos, enfermeras y organismos de inspección que resistieron la presión de recetar y estimular el consumo de los opioides con meros fines de lucro y, en vez, procuraron intervenir para proteger al paciente vulnerable y alertar del problema. Muchos de ellos sufrieron represalias en la vida profesional por su conducta de “denunciante”. La medicina de los Estados Unidos se rige por el lema “primero el lucro y después el paciente”, lo cual explica que sea la única nación industrializada en la que ocurre el presente fenómeno demográfico; eso debería servir de moraleja a aquellos países que piensen instaurar los principios yanquis en el campo de la medicina y, en particular, los métodos lucrativos que se aplican para tratar el “dolor” crónico, con las consecuencias mortales ya conocidas. En un artículo de investigación aparecido hace poco en Los Angeles Times y que se titula OxyContin goes global – “We’re only just getting started” [xi] [“El OxyContin al asalto del mercado internacional: ‘Esto es apenas el principio’”] (18 de diciembre de 2016) se explica con detalle la multimillonaria campaña emprendida por los laboratorios que fabrican opioides para radicarse en otros mercados y se documenta el abrupto aumento de los fallecimientos por sobredosis.

El elemento imprescindible para resolver esta crisis descomunal radica en que se instaure en todo el país un régimen universal de salud pública y que el Estado se haga cargo de él. ¿De dónde saldría el presupuesto necesario? De suprimir las exenciones tributarias a los ricos y de repatriar y gravar los billones (1.000.000.000.000) de dólares de beneficio que las sociedades yanquis guardan en los paraísos fiscales y, también, de gravar las grandes herencias. Ésa sería una medida redistributiva que iría en contra de la inmensa acumulación de riqueza y gracias a la cual habría oportunidades en el campo de la enseñanza, la movilidad social y la promoción en el puesto de trabajo. Sólo entonces se vería que disminuye el consumo desenfrenado de opioides entre los obreros que descienden en la escala social, el número de muertes por sobredosis y también el alza de la mortalidad.

Habría que gravar a las sociedades que se trasladan al extranjero para combatir la fuga de capitales y también imponer un gravamen del uno por ciento a las operaciones de carácter especulativo, como las que se hacen en la Bolsa.

Una institución nacional de salud pública que brindase atención completa rebajaría drásticamente los onerosos gastos generales de administración. También se reducirían notablemente los tratamientos y métodos innecesarios y poco éticos y demás formas de estafa que son endémicas en las actuales instituciones médicas “con fines de lucro”. Los recursos que se consiguiesen con dichos ahorros se destinarían a mejorar la atención médica y los servicios correspondientes.

Con esas reformas de los servicios sociales, la justicia y la tributación se conseguiría sustentar un servicio universal de salud pública para todo el país que se apoyaría en la estructura del actual Medicare [xii] , que ha dado tan buen resultado para la población mayor en los últimos decenios. Además, así se podría fortalecer la mano de obra nacional, que contaría con un obrero sano, bien remunerado, eficiente y que tuviese el puesto de trabajo asegurado.

Los gobernantes y demás dirigentes políticos de los Estados Unidos, actuales y del pasado, dilapidan billones de dólares del presupuesto público en numerosas guerras contra el terrorismo y operaciones de “cambio de régimen” y en sufragar las instituciones carcelarias más descomunales de la historia de la humanidad, pero dejan de lado la muerte prematura y la destrucción de sus propios ciudadanos, provocadas por los métodos “legales” que aplican los laboratorios farmacéuticos y los profesionales de la medicina. Las soluciones se dejan en manos de las generaciones futuras, que deberán meditar lo que se hace, pero ahora los de abajo reclaman con fuerza que se ponga fin a esta crisis. El obrero marginado y los pobres del campo que votaron en masa por primera vez contra la “candidata de las grandes farmacéuticas” Hillary Clinton y eligieron al oportunista “multimillonario” Donald Trump se concentran en las mismas zonas que han sido devastadas por la epidemia de los opioides (y el suicidio de obreros). Esas capas marginadas que siempre fueron despreciadas por los políticos tradicionales y a las que la candidata Clinton tachó de “miserables” [xiii] no necesitarán grandes discursos para convencerlas de que apoyen la creación de un servicio nacional de salud pública, que es el primer paso para encarar el actual problema de la vida y la muerte que sufre el obrero de los Estados Unidos.

Además, la evolución actual de la industria, con el recurso a los adelantos técnicos, como los autómatas y la inteligencia artificial, sirve a la ganancia del capitalista, pues se consigue prescindir del obrero y explotar mejor a los quedan, amén de recortar el oneroso gasto en atención médica y en pensiones. Esa nueva relación del capital y el trabajo puede y se debe substituir por otra, en la que técnica esté al servicio del obrero, ya que se lograría mejorar las condiciones de trabajo y reducir la semana de trabajo de cuarenta a treinta horas con igual salario, que era la reivindicación general del movimiento obrero en la década de 1950.

Pero esos cambios no vendrán de la mano de los proyectos de investigación “neutrales” que llevan a cabo las universidades gracias a los fondos que aporta la patronal ni tampoco de los vacuos seminarios que dictan los “especialistas” de las famosas asociaciones privadas (ONG).

La verdadera oposición a esta “guerra de clase con receta médica” dependerá de la solidaridad y la lucha. El obrero debe librarse de este flagelo. No tiene nada que perder, salvo el peligroso y degradante vicio de los medicamentos, pero tiene en cambio un mundo y un verdadero futuro que ganar. Parafraseando a Trump [xiv] , ¡solamente los obreros pueden hacer que los Estados Unidos se vuelvan a levantar!



Notas del Traductor

[i] Según datos de los Centros de Erradicación y Prevención de Enfermedades, se registraron más de medio millón de fallecimientos en el período comprendido entre los años de 2000 y 2015:

https://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/?utm_source=Bruegel+Updates&utm_campaign=50f07a51aa-Blogs+review+25%2F03%2F2017&utm_medium=email&utm_term=0_eb026b984a-50f07a51aa-278510293

[ii] Han aparecido últimamente numerosos artículos que dan cuenta del problema en la prensa de los Estados Unidos:

“The Enemy is Us: The Opioid Crisis and the Failure of Politics”  

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/opioid-crisis-failure-politics-fda-neoliberalism

“The American opioid epidemics”  

http://bruegel.org/2017/03/the-american-opioid-epidemics/  

“American Carnage: The New Landscape of Opioid Addiction ”

https://www.firstthings.com/article/2017/04/american-carnage

“Mortality and morbidity in the 21st century”

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/6_casedeaton.pdf

Why Connecticut’s drug overdose crisis isn’t slowing down

https://overdose.trendct.org/

Why Did The Death Rate Rise Among Middle-aged White Americans?

http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/why-is-the-death-rate-rising-among-middle-aged-white-americans

How Government Enables the Opioid Epidemic and Tax-Payers Help Fund It

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/03/16/opioid-addiction.aspx

[iii] Ellen Meara y Jonathan Skinner (“Losing ground at midlife in America”) comparan el fenómeno con el ocurrido tras la disolución de la URSS, en cuya oportunidad la tasa de fallecimiento de varones fue aún más elevada que la actual en los Estados Unidos.

http://www.pnas.org/content/112/49/15006.full

[iv] Shawn Donnan: “White ‘deaths of despair’ surge in US”, Financial Times, 24 de marzo de 2017 https://www.ft.com/content/34637e1a-0f41-11e7-b030-768954394623

[v] http://www.narconon.org/es/informacion-drogas/oxycontin.html

[vi] Se cifra en cien millones el número de pacientes que sufren de dolor crónico:

http://nationalacademies.org/hmd/Reports/2011/Relieving-Pain-in-America-A-Blueprint-for-Transforming-Prevention-Care-Education-Research/Report-Brief.aspx

[vii] http://www.eldiario.es/theguardian/Fentanilo-potente-heroina-New-Hampshire_0_483652257.html

[viii] http://www.eldiario.es/theguardian/historia-opiaceos-Unidos-infantil-militar_0_495900433.html

[ix] https://en.wikipedia.org/wiki/David_A._Kessler

[x] https://www.nytimes.com/2016/05/07/opinion/the-opioid-epidemic-we-failed-to-foresee.html?ref=opinion

[xi] http://www.latimes.com/projects/la-me-oxycontin-part3/

http://www.latimes.com/projects/oxycontin-part1/

http://www.latimes.com/projects/la-me-oxycontin-part2/

[xii] https://es.wikipedia.org/wiki/Medicare

[xiii] https://www.nytimes.com/2016/09/11/us/politics/hillary-clinton-basket-of-deplorables.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Basket_of_deplorables

[xiv] El autor parafrasea el lema que presidió la campaña de Donald Trump: “Make America great again!”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226907&titular=la-%93peste-blanca%94-del-siglo-xxi-

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