¿Para quién o quiénes debe gobernar un presidente?
Independiente de las promesas o compromisos de campaña, un mandatario debe de atender las demandas de todas y todos sus gobernados.
Hoy vemos a un López Obrador, minimizar la capacidad de pensar y de elegir de la clase media, es decir, los clasemedieros no tenemos la capacidad de analizar y reconocer y el buen o mal trabajo de quienes están al frente de las administraciones; no tenemos esa sensibilidad para darnos cuenta, por nosotros mismos, si algo está funcionando o no.
Para AMLO, la clase media fue influenciada, se creyó lo del populismo, lo del falso mesías, lo del mesías tropical, la reelección.
Presidente, la clase media ha sacado adelante a este país en diversos momentos de crisis, la clase media señor presidente, paga impuestos, un alto porcentaje de su economía está en la formalidad, la clase media es la más vulnerable a los errores de las administraciones gubernamentales, subir un impuesto, incrementar la canasta básica, dejar de tener medicinas, robo, tipo de cambio, en fin todo.
En tiempos de pandemia la clase medía, la de los pequeños establecimientos, cómo un pequeño restaurante, una fonda, una cafetería, una papelería, entre otros, tuvo que cerrar por varios meses, echando mano de los pocos ahorros, si es que había para aguantar, la clase media, buscó la forma de no despedir a sus empleados.
The New York Times, publicó que en México muchos creen ser de clase media pero no es así, el 61% de la población se identifica como tal pero solo el 12% lo es.
Es decir que la mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso, confusión que comparten ricos y pobres por igual. El 84% de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega.
Negar la realidad, impide tener demandas políticas concretas y claras, por lo que es imperativo que el mexicano promedio deje de engañarse a sí mismo sobre su nivel de vida.
Para AMLO la clase media, es la aspiracionista y egoísta, que quiere triunfar a toda costa, me pregunto si tener aspiraciones es malo, si querer triunfar también está mal.
Ser mejores está en la naturaleza humana, ser mejores es la base de un país democrático que cree en las oportunidades, en la competencia, en ser mejores, en crecer.
Es por ello que un gobierno debe de pensar en todas y todos, no solo en algunos, hay que recordar de dónde sale el presupuesto para los programas sociales, de dónde salen los recursos también para los procesos electorales.
Ya basta de dividir, estamos a la mitad de la administración, es momento de hacer una pausa para reflexionar, AMLO dijo que hacía falta trabajar más en la CDMX, hace falta trabajar más en todo el país.
Por el bien de México
Fuente de la Información: https://www.sdpnoticias.com/opinion/enrique-aviles-muchos-creen-ser-de-clase-media-pero-no-lo-son/
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en este regreso a clases presenciales, la educación integral de la sexualidad debe cobrar un lugar prioritario, por lo que es necesario trabajar coordinadamente para que las escuelas sean espacios seguros.
Al encabezar la XXIV Reunión Ordinaria del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), organizada por la secretaria general del Consejo Nacional de Población (SG Conapo) en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), resaltó la importancia del mandato constitucional de incorporar en los planes y programas de estudios la educación sexual integral.
El objetivo es que las escuelas sean lugares de empoderamiento, donde adquieran herramientas para construir relaciones respetuosas e igualitarias libres de violencia, en donde se puedan adoptar formas positivas de nuevas masculinidades.
Durante su participación, hizo un llamado a todas las instituciones presentes a continuar su importante y comprometido trabajo en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).
“No solo es posible, es necesario posponer la edad del embarazo, extender el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivo y facilitar la movilidad social, garantizando el desarrollo y la realización de los sueños de todas las niñas, niños y adolescentes de México”.
Reconoció la importancia de los avances alcanzados con la elaboración de un Documento Marco que complementará un nuevo andamiaje adoptado en diciembre 2020, por lo que celebró la elaboración de instrumentos para dar seguimiento a la operación de la Enapea, como parte del esfuerzo de articulación intersectorial.
Asimismo, reconoció que con las acciones orientadas hacia las poblaciones indígenas, afromexicanas y rurales, cuyos derechos han sido relegados
históricamente, se atiende una deuda del Estado mexicano.
Por su parte, la secretaria general del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez, enfatizó que con la adopción del Documento Marco de la Enapea 2021-2024, durante esta sesión, se da un paso importante en el proceso de reorientación que inició con un decálogo de compromisos emitido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en diciembre de 2019.
No hay pueblo maya sano sin territorio», concluyeron los jóvenes y defensores que participaron en el taller de política comunitaria «La salud del territorio maya, nuestra salud», donde reflexionaron sobre su sistema de prevención de enfermedades, el conocimiento de los abuelos sobre la medicina y la amenaza que representan los megaproyectos y el despojo para la salud de las comunidades en la Península de Yucatán.
En el taller, organizado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, los jóvenes mayas abordaron la relación que existe entre un medio ambiente sano y la salud física, emocional y mental de las comunidades, de donde resaltaron «la imperante necesidad de la defensa del territorio».
Señalaron que la imposición de megaproyectos como el Tren Maya, los parques eólicos y los cultivos de transgénicos provocan la contaminación de las tierras y los cenotes, así como la división en las comunidades. «Nos confrontan y eso nos enferma, nuestro óol se enferma, y es por esto que algunos mayas pierden su corazón maya y se cuelgan en la frente una cinta roja como señal de conquista», explicaron.
Durante la sesión, los jóvenes y defensores mayas reflexionaron de manera colectiva sobre la importancia de la salud desde la perspectiva del pueblo, «que es holística, integrativa y que mantiene una relación sana, amorosa y equilibrada con la naturaleza».
Destacaron la importancia de seguir con la siembra de plantas nativas y atender los consejos de los abuelos para recuperar el equilibrio que, señalaron, «tan violentamente nos ha arrebatado el sistema que hasta hoy impera».
En la reflexión colectiva, coincidieron en que los abuelos aún practican sus conocimientos ancestrales sobre medicina, pero los guardan «ante la invasión de la medicina occidental y el extractivismo», por lo que es su responsabilidad como jóvenes preservar la sabiduría maya y heredarla a las futuras generaciones.
«La medicina maya está viva y sigue resistiendo», subrayaron los jóvenes y defensores de distintas comunidades de la Península de Yucatán, donde se han organizado los talleres de formación política comunitaria para reflexionar sobre la identidad maya, «que nada tiene que ver con el folclor que vende el sistema colonial», compartir las denuncias de atropellos en su contra y proponer alternativas de organización.
«Como organización tenemos el deber de buscar una forma de seguir existiendo. Estamos peleando por la vida, y la vida incluye el agua, la tierra, los árboles, todos los seres vivos», concluyeron.
Este antimonumento será un recordatorio permanente de la deuda de justicia que existe, así como un acto que permita florecer la memoria popular, aseguró el Comité 68 durante su instalación, en el 50 aniversario de la matanza estudiantil.
«La memoria florece, Echeverría asesino, fuiste tú, ni perdón ni olvido» se lee en el antimonumento recién colacado entre la Avenida Juárez y la calle Humboldt en el centro de la Ciudad de México, para conmemorar la matanza de estudiantes ordenada por el expresidente Luis Echeverría Álvarez.
Como parte de la jornada de protestas, una marcha partió del metro Normal hacia el Zócalo capitalino. Fue encabezada por sobrevivientes de la también conocida como la matanza del Jueves de Corpus e integrantes del Comité 68.
A la protesta también se sumaron estudiantes de la normal rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, así como miembros del Sindicato de Trabajadores de Electricistas (SME).
Foto: Erika Lozano
Al llegar a la Avenida Juárez, la marcha detuvo su recorrido para colocar la «V» de victoria que recuerda a los estudiantes caídos. Activistas acompañaron su instalación con poesía y danza.
Éste se suma a otros reclamos de justicia permanentes en el espacio público de la Ciudad de México, tales como la exigencia de aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (+43), el memorial para los 49 niños y niñas de la Guardería ABC (49ABC), la demanda de justicia para los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas (+72), la conmemoración por los mineros muertos en Pasta de Conchos (+65), la protesta contra la violencia de género (Antimonumenta), el antimonumento colocado a 50 años de la masacre de Tlatelolco, entre otros símbolos de memoria colectiva que hoy permanecen desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.
Integrantes del Comité 68 exigieron justicia para sus compañeros y compañeras asesinadas, y demandó al gobierno actual que conduzca a la verdad de lo que pasó aquel 10 de junio de 1971, cuando hombres de cabello corto tipo militar, armados con palos largos, atacaron la manifestación estudiantil, junto a paramilitares armados con pistolas y rifles de asalto, recordaron.
Ante la pandemia, tanto docentes como estudiantes presentan riesgo conductual elevado asociado a diferentes aspectos como: mayor consumo de bebidas alcohólicas y café (solo en el caso de los adultos), menor calidad y horas de sueño, hábitos de alimentación modificados y un mayor tiempo frente a dispositivos electrónicos (pantallas de tv, celulares, tabletas, computadoras, etc.).
Según el estudio Educar en contingencia. La educación básica durante la COVID-19 en el que participaron investigadores de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Universidad Anáhuac, se observa la necesidad de atención para trabajar la capacidad de resiliencia, tanto en docentes como en niños, así como potenciar más la capacidad de regulación emocional, en particular para aprender a manejar el enojo, la ansiedad y estrés de forma proactiva, y desarrollar estilos de afrontamiento más productivos, y menos reactivos, que permitan no caer en la autoinculpación, el escape o la evitación, y el aislamiento.
El análisis determina que, en términos de demografía nacional, en algunos estados del país se puede apreciar un mayor riesgo psicosocial y conductual, además de existir una relación estadísticamente significativa entre la capacidad de regulación emocional reportada y los riesgos psicológicos y conductuales identificados.
Por otro lado, explica, en las y los menores de educación básica se encuentra una respuesta preferencial en los estilos de afrontamiento marcada por el enojo, probablemente relacionada con las restricciones en la movilidad y la socialización, la percepción de aburrimiento y estrés por la educación a distancia, y la convivencia al interior de la familia en donde se observa un aumento en los incidentes de violencia y comportamiento violento.
Desde el análisis cualitativo de los incidentes críticos que relatan las y los participantes, se percibe la presencia de aburrimiento y apatía entre las y los estudiantes en las clases virtuales, y se presenta como un reto recurrente el poder mantener su atención y motivación durante las clases a distancia.
Por su parte, las y los docentes en términos de su bienestar socioemocional reportan síntomas de depresión, ansiedad y estrés, además de situaciones que comprometen su bienestar y salud física, tales como sedentarismo asociado a las clases frente al ordenador, el cansancio ocular por el tiempo excesivo frente a la pantalla, la sobrecarga de trabajo y desgaste físico derivado de atender tanto las labores docentes, como las tareas domésticas y al apoyo escolar que brindan al interior de la familia, en particular las docentes mujeres con hijas o hijos en edad escolar.
El estudio Educar en contingencia. La educación básica durante la COVID-19, hace un análisis del aprendizaje durante la contingencia desde tres dimensiones con sus respectivos objetivos:
• La pedagógica, para analizar los procesos de educación a distancia, implementados a través del programa “Aprende en casa” y sus efectos en los resultados de aprendizaje.
• La psicológica, interesada en conocer los efectos que produjo la educación mediada por tecnologías en la salud socioemocional de estudiantes y docentes, durante la implementación de dicho programa.
• La tecnológica, orientada a describir los desafíos del aprendizaje a distancia, el acceso a las tecnologías, el conocimiento que se tiene de éstas, así como el manejo y uso que se les dio al implementar dicho programa.
Para ello se aplicaron más de 185 mil cuestionarios autoadministrados entre estudiantes y profesores que incluyeron 15 variables tales como evaluación, resiliencia, riesgo conductual, o recursos utilizados, entre otras. Una vez que los participantes completaban los cuestionarios se entregaba un reporte automatizado sobre las variables analizadas junto con recomendaciones personalizadas.
En México, hay niñas y niños laborando en los campos agrícolas donde se cultivan los alimentos que llegan a nuestras mesas; trabajando en fábricas y talleres donde se maquila la ropa que vestimos; realizando servicio doméstico o tareas de cuidados de otras personas, y siendo cooptados por el crimen organizado para realizar actividades ilícitas, trata y explotación laboral y sexual.
Como sociedad hemos normalizado ver a niñas y niños trabajando. No nos extraña que estén en las calles vendiendo chicles, limpiando los parabrisas de los coches o recogiendo basura.
Pero el trabajo infantil es mucho más complejo y grande de lo que nuestros ojos alcanzar a mirar. En México, hay niñas y niños laborando en los campos agrícolas donde se cultivan los alimentos que llegan a nuestras mesas; trabajando en fábricas y talleres donde se maquila la ropa que vestimos; realizando servicio doméstico o tareas de cuidados de otras personas; y siendo cooptados por el crimen organizado para realizar actividades ilícitas, trata y explotación laboral y sexual.
Actualmente, se estima que en México trabajan 3.3 millones de niñas y niños, quienes pierden su niñez al tener que involucrarse en trabajos que obstaculizan sus derechos a la educación, descanso, juego, esparcimiento, y que incluso ponen en peligro su integridad, dignidad, así como su propia vida por la exposición constante que tienen a los accidentes, lesiones, condiciones climáticas adversas, químicos, pesticidas, maltrato y abuso sexual.
El trabajo infantil es un problema originado por múltiples factores
En todos los países se observa que ocurre sobre todo en los hogares más pobres.1 En todos los países, se observa que ocurre sobre todo en los hogares más pobres.2 En el contexto de la pandemia por covid-19, se estima que un incremento de la pobreza del 1% propiciará un incremento mínimo del 0.7% en el trabajo infantil, esto es, en menos de 1 año, en México más de 180 mil niñas, niños y adolescentes se sumarán a las filas del trabajo infantil.3
Los bajos salarios que perciben las personas adultas y jóvenes, o la carencia de protección social que impide a las familias hacer frente a situaciones imprevistas que provocan pérdidas de ingresos económicos, también son factores de riesgo. Asimismo, la falta de accesibilidad y calidad de la educación provoca que las niñas y niños abandonen la escuela y se incorporen al trabajo infantil.
Además, culturalmente, el trabajo infantil continúa siendo aceptado en muchos entornos como una forma de desarrollar habilidades en las niñas y los niños, pero se olvida que hay una diferencia entre apoyar actividades que favorecen su desarrollo y el trabajo infantil, ya que este último tiene un impacto negativo al poner en riesgo su bienestar, sus necesidades presentes y sus oportunidades futuras.
La falta de accesibilidad y calidad de la educación de igual manera provoca que niñas y niños abandonen la escuela y se incorporen al trabajo infantil. Existe evidencia suficiente para afirmar que la niñez que trabaja tiene problemas de rendimiento escolar, un retraso educativo aproximado de dos años,4 y sólo 1 de cada 4 concluye la educación básica 5. Esto, a su vez, impide eliminar la pobreza y las desigualdades, porque el nivel de escolaridad afecta proporcionalmente el ingreso de una persona en su vida adulta,6 así que al no acceder a educación o no lograr el rendimiento esperado, solo podrán aspirar a tener ocupaciones menos calificadas y, por tanto, con baja remuneración.
Lamentablemente, la inseguridad que sufre el país también es un factor de riesgo, pues la muerte o desaparición forzada de padres y madres puede orillar a niñas y niños a integrarse a una actividad productiva para cubrir sus necesidades.
¿Qué podemos hacer?
El trabajo infantil es un problema público que debe ser abordado desde una visión sistémica que involucre la participación de todos los sectores sociales (gobierno, sector privado, sociedad) mediante acciones articuladas.
Uno de los grandes desafíos actuales es que México no cuenta con una Estrategia Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar el Trabajo Infantil, lo que obstaculiza que las instituciones, órdenes de gobierno y sectores involucrados actúen de forma coordinada para atender las causas estructurales que originan este problema, y para restituir los derechos de las niñas y niños que ya son o están en riesgo de ser víctimas del trabajo infantil.
Cabe señalar que si bien existe la Comisión Intersecretarial en materia de Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI), aún es necesario fortalecerla para que sus decisiones sean vinculantes para los actores participantes, y asignarle presupuesto público suficiente con el objetivo de que logre coordinar una estrategia integral.
Del mismo modo, se requiere fortalecer los mecanismos del Estado para hacer cumplir la ley. En este sentido, debe invertirse más en la inspección laboral por ser esta una de las mejores herramientas para detectar, atender y prevenir el trabajo infantil.
En el año 2020 se contabilizaron 468 personas inspectoras laborales en las 32 entidades federativas,7 y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estima que se realizan 136 mil inspecciones en general cada año, mientras que en el país hay más de 6 millones de establecimientos productores, comercializadores o prestadores de servicios8. Claramente el número de inspecciones realizadas con relación al número de establecimientos es insuficiente; además, entre 2015 y 2020 el número de inspectores ha tenido una disminución del 41.8% 9.
El sector privado también tiene una gran responsabilidad en la prevención y erradicación del trabajo infantil. En principio, porque la mejor manera de prevenirlo es garantizando salarios justos, pero también tiene la responsabilidad de asegurar que toda su cadena de valor (desde la materia prima hasta la comercialización) esté libre de trabajo infantil, y debe llevar a cabo acciones de remediación para que cuando detecte su existencia, las niñas y niños puedan regresar a la escuela y cubrir sus necesidades básicas, ya que si solo se les retira de los trabajos actuales estarán en riesgo de realizar trabajos aún más peligrosos.
Todas y todos, como sociedad, también tenemos un papel clave. La denuncia ciudadana de los casos de trabajo infantil es más que necesaria porque las inspecciones laborales para detectar y atender los casos se realizan principalmente cuando existe una denuncia y, a partir de eso, las instituciones del Estado mexicano están obligadas a restituirles sus derechos, es decir, proporcionarles medidas de protección social, salud, educación y alimentación.
Asimismo, podemos contribuir mediante un consumo más responsable, tratando de identificar de dónde provienen los productos, bienes y servicios que adquirimos; y exigir que las empresas cuenten con distintivos que aseguren que están libres de trabajo infantil en toda su cadena de valor.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil es una oportunidad para recordar que la erradicación de este problema debe ser una prioridad en la agenda pública de todos los gobiernos porque se trata del bienestar de las niñas y niños y del desarrollo social de las naciones. Todas y todos tenemos una responsabilidad que asumir, desde la exigencia y la acción.
En el marco de este Día desde Save the Children presentamos la exposición #NiñezLibreDeTrabajo la cual estará montada en las rejas del Senado de la República sobre avenida Paseo de la Reforma hasta el 30 de junio de 2021 y también está disponible de forma virtual en este enlace.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Apoya a los niños y niñas a tener una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página web y nuestras redes sociales: Facebook,Twitter e Instagram.
1 OIT. “Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012”, pág. VIII.
2 OIT. “Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012”, pág. VIII.
3 OIT y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, La COVID-19 y el trabajo infantil: Un periodo de crisis, una oportunidad para actuar, 2020, p. 8.
4 STPS, El trabajo infantil en México Avances y Desafíos, 2014, p. 64.
6 INEE, Salario relativo por hora de los trabajadores.
7 Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Oficio No. 510/DPSRLDH/1016/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el C. Ulises Hernández Colín, director de Prestaciones Sociales, Relaciones Laborales y Desarrollo Humano.
8 INEGI, Establecimientos y Personal ocupado total según año de inicio de operaciones, método de captación y tipo de propiedad.
9 STPS, Oficio No. 510/DPSRLDH/1016/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el C. Ulises Hernández Colín, director de Prestaciones Sociales, Relaciones Laborales y Desarrollo Humano.
Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el «halconazo», pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.
Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.
Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.
Hasta el 10 de junio de 1971.
En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.
“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.
Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.
A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.
Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.
El motivo de la protesta
La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.
Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.
“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.
Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.
En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.
Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.
El inicio del ataque
A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.
Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.
“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.
Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.
Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.
“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.
Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.
“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.
“Fue una ratonera”
Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.
El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.
Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.
“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.
Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.
También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.
Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.
“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.
El “remate” en hospitales
La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.
Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.
“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.
La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.
“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.
Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.
Un “genocidio” descalificado
El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.
“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.
En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.
“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.
Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.
Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.
El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.
Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.
En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.
La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.
Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.
Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.
“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.
“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.
“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.
Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.
El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo“. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.
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