Recuerdo que hace varios años tuve la oportunidad de desarrollar, conjuntamente con mis estudiantes, una investigación relacionada con contenido que se ofrecía en medios visuales para personas sordas. Un tema que, indiscutiblemente, nos dejó grandes enseñanzas, porque los seres humanos que tenemos la capacidad de ver y escuchar el mundo a través de nuestros ojos y oídos, en algún momento de nuestra vida llegamos a pensar, que ese mundo, no es el mismo para todos. Craso error, desde luego, de mi parte.
Para tal indagación, nos dimos a la tarea de recuperar algunos datos importantes, sobre todo, pensando en que nuestra atención estaría enfocada en esos contenidos, pero también, en las personas sordas; para ello, logramos realizar una entrevista a un grupo de 5 estudiantes de la Licenciatura de Educación Especial de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, ubicada en el Estado de Morelos. Como parece obvio, para dicha entrevista, tuvimos la oportunidad de contar con un intérprete, puesto que los que realizamos este trabajo, desconocíamos la lengua de señas mexicana y un profesor, que laboraba en esa institución educativa, nos apoyó en esa encomienda dada su experiencia, conocimiento y capacidad en este rubro.
Recuerdo también que, antes de la entrevista, el nervio se apoderó un poco de nosotros. Repasábamos las preguntas, verificábamos que el funcionamiento de la cámara y de la grabadora fuera el más adecuado, movíamos las sillas que habíamos colocado; en fin, con estas acciones, pretendíamos que nuestros invitados (informantes), se sintieran cómodos y en confianza.
Llegado el momento, nos saludamos; la tensión fue notoria, puesto que mientras nosotros (hablantes y oyentes) expresábamos algunas palabras para saludarlos, nuestros acompañantes solamente sonreían y gesticulaban. Tomamos nuestro respectivo lugar y, después de un agradecimiento por la aceptación de la entrevista, ésta comenzó. Desde luego, el intérprete, les comunicaba lo que, con nuestras palabras, les expresábamos.
La comunicación fluyó y, después de algunas preguntas que, obviamente fueron contestadas, recuerdo que una de mis alumnas les preguntó sobre las posibles dificultades que encuentran, todos los días, para comunicarse con todas las personas. La respuesta, nos dejó pensando varios minutos: “Imagina que tú, que tienes la capacidad de oír, ingresas a una sala de cine en la que sólo ves lo que proyecta la pantalla, sin sonidos, solamente se reproducen las imágenes. Imagina que las personas que aparecen en la película se comunican mediante señas que, con sus manos, realizan. Imagina que en esa sala todas las personas son sordas y que, con alguna de las escenas que en la pantalla se reproducen, todos ríen y se comunican, también, con señas. ¿Cómo te sentirías? Bueno pues, de esa misma forma nos sentimos la mayoría de nosotros, en un mundo en el que tal parece que la sordera nos hace diferentes, sin embargo, esto no es así, porque nosotros somos personas normales con una discapacidad auditiva pero la gente no entiende esto. Ahora, si en un rato vas al cine, ¿la película que deseas ver tiene un recuadro en el que aparece un intérprete? Imagina lo difícil que es para nosotros ver la televisión, ir al cine o a una fiesta. ¿No te parece que vivimos en mundos diferentes?”.
Como decía, tal respuesta nos dejó pensando un par de minutos; y después, la comunicación siguió y la entrevista finalizó. Desde luego, el estudio arrojó resultados que ya suponíamos, por ejemplo, que los contenidos que producen varios medios visuales no tenían contemplado un esquema de trasmisión para personas con una discapacidad auditiva; que aquellos que lo tenían, colocaban un recuadro muy pequeño en el que se podía observa a un intérprete, pero, desafortunadamente, por el tamaño, no se percibía con claridad lo que comunicaba; que las empresas o medios visuales no tenían la intención, al menos en ese momento, de invertir en este tipo de esquema para que sus contenidos llegaran a este sector de la población; en fin, todo un cúmulo de cuestiones que, de cierta manera, reflejaron, y reflejan, una de las más crudas realidades que se viven en nuestro país.
Todo este tema lo traigo a colación porque, como es sabido, el pasado 3 de agosto se anunció el lanzamiento de la estrategia Aprende en Casa II; un proyecto mediante el cual, se pretende dar continuidad a los aprendizajes que deben adquirir los miles de estudiantes de nuestra República Mexicana y, para ello, se buscó que la televisión, fuera el medio para que se lograra este propósito, sin embargo, y aunque se anunció que este programa llegaría a todos los sectores de la población, la verdad de las cosas, es que el discurso dista mucho de lo que sucede en diversos hogares de México.
Por ejemplo, tuve la oportunidad de observar alguna de las trasmisiones que, en estos días, se están proyectando por medio de la televisión, con la finalidad de “reforzar” los conocimientos de los alumnos que, la estrategia Aprende en Casa I, ofreció a partir de marzo hasta el cierre del ciclo escolar 2019-2020. Lo observado, estaba destinado para 1º, 2º y 3º de educación primaria y, quiero pensar, que tenía relación con educación artística. Menciono: “quiero pensar”, porque no fue clara la intencionalidad curricular que la trasmisión ofrecía, pero por lo que pude observar y escuchar, deduje que se trataba de ello. Así, después de que la “conductora” dio la bienvenida a su posible audiencia (en el recuadro inferior derecho se podía observar a la intérprete comunicando, mediante señas, las palabras que la hablante ofrecía), llegó el momento en que esta “conductora” le pidió a sus “amiguitos” que escucharan los sonidos que producía la música mientras, a la par, bailaba (en este momento, la intérprete, dejó de realizar movimientos con las manos y permaneció impávida) y, después de ello, esa misma “conductora”, formuló algunas preguntas (mismas que fueron comunicadas por dicha intérprete).
¿Un mundo paralelo? Fue un cuestionamiento que surgió en mi mente y, desde luego, me llevó a escribir estas líneas con la finalidad de reflexionar sobre un tema que es, y debe ser, preponderante para todas las instituciones gubernamentales y educativas.
Tengo claro que la pandemia ha representado un gran reto para todos los gobiernos, pero ¿qué estamos haciendo en México con los más de 500 mil niños y niñas que presentan alguna discapacidad?, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cerrar las brechas de desigualdad y para lograr mayores espacios de equidad e inclusión?, ¿por qué no considerar las propuestas que han surgido de distintas organizaciones y colectivos, como las del Colectivo Educación Especial Hoy, cuyas aportaciones son valiosas y bien fundadas, para la realización de esquemas que apoyen a este y a otros sectores de la población que presentan alguna discapacidad?, ¿por qué no destinar mayores recursos para que, tanto estudiantes como profesores y padres de familia, cuenten con las mejores condiciones para lograr los propósito educativos?, ¿hasta cuándo dejaremos de vivir en mundos paralelos cuando hay un solo mundo, el suyo, el mío, el nuestro?
Este año la organización de la caminata por las personas desaparecidas en San Luis Potosí no recayó sólo en sus familiares. Por primera vez otros grupos convocaron y realizaron el programa con la intención de solidarizarse y brindarles un abrazo cálido.
SAN LUIS POTOSÍ.- “En los intersticios del mandamiento que ordena ‘honrarás a tu padre y a tu madre’, estas madres, estos familiares, nos revelan un imperativo profundamente doloroso: buscarás a tus hijos y a tus seres queridos hasta los confines del tiempo y del espacio, más allá de la propia vida”, la voz de Cristina, o More como se le conoce por estos rumbos, se escuchaba entrecortada, una mezcla de la emoción y el megáfono que utilizaba.
Este año, More ayudó a la organización de la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada en San Luis Potosí. Una fecha importante para las familias del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, el único grupo de búsqueda de desaparecidos en el estado. Como cada año, las actividades del 30 de agosto son para concientizar a la sociedad y hacerlos cómplices de su lucha, de su dolor y de su gran amor por sus familiares ausentes. Pero esta vez fue algo distinto, porque la organización se realizó desde otros espacios (Cristina y la organización civil Educación y Ciudadania, Educiac, realizaron el programa y la convocatoria) buscando quitar una carga a los familiares del colectivo y brindando un abrazo cálido a todos ellos.
Pasadas de las once de la mañana, en la esquina de la avenida Venustiano Carranza y Reforma, se congregaron más de sesenta personas: familiares de víctimas de desaparición, personas solidarias con la causa y reporteros.
Doce personas, cada una con una letra que completaba la leyenda: “¿Dónde están?”, comenzaron a caminar, gritando la interrogante que portaban. Seguían a la gran manta del colectivo: una lona tapizada de fotos, más de 70 rostros que hacen falta y se buscan.
“Me dicen que por buscar, ahora, a mí me andan buscando”
Un contingente vestido de blanco en su mayoría, y portando un cubrebocas con las fotos de los desaparecidos sobre una mariposa monarca; cargaban mantas y póster con sus familiares extraviados, velas y flores. Inundaron de color, esperanza y amor una de las vías principales de la ciudad. Conforme se desplazaban, sus pasos eran marcados por pétalos de rosas rojas: por ahí pasaron las buscadoras y sus cómplices de lucha.
“Me dicen que por buscar”, se escucharon las primera tonada de un huapango, “ahora, a mí me andan buscando». El cantar de Eloisa, actriz de teatro, era un lamento. «Que por tanto preguntar los estoy atormentando”. El nudo en la garganta se hizo más profundo y constante.
El contingente llegó a la primera esquina y comenzó el pase de lista de los familiares desaparecidos: “Enrique de la Torre Netro. ¡Presente!”. Mientras, el contingente se apoderó del carril derecho de la vía. “Rafael Rodríguez García. ¡Presente!”. Los automovilistas que circulaban sobre el carril izquierdo miraban con sorpresa. “Cesar Alberto Sanchez Landaverde. ¡Presente!”. Bajaban la música de sus autos y se unían por escasos segundos a la manifestación. “Román Castillo Briseño. ¡Presente!”.
“Domingo Ramírez Santiago. ¡Presente! Sobre la banqueta, se colocó una ofrenda a los ausentes. “Martín Ortega Huerta. ¡Presente! Un ramo de flores blancas al centro. “Francisco Javier Hernández Perez. ¡Presente!Rodeado de un puño de semillas de arroz y de frijol. “Eugenio Flores Hernández. ¡Presente! Y una veladora al frente de todo. “Ramiro Torres Madrid. ¡Presente! Un regalo de vida para ellos, los que nos faltan.“Daniel Elías Mendiola. ¡Presente! ”Una luz para que encuentren el camino a casa. “Gerardo Uribe Rodríguez. ¡Presente!
Milynali Piña Pérez. ¡Presente!. Este ritual, se repitió en las cinco esquinas recorridas. José Arturo Domínguez Pérez ¡Presente!. ¡Nos hacen falta!”.
Tras 15 minutos de recorrido, el contingente se topó con otra manifestación. Era una marcha por la paz, supuestamente, apartidista y organizada por ciudadanos de pie. Más de 100 personas que parecían uniformadas, con pancartas y mantas impresas con el mismo diseño, gritaban eufóricamente: “¡Fuera, Nava!”. Era una manifestación contra la inseguridad que se vive en la capital del estado, donde se pedía la renuncia del presidente municipal.
Violencia e inseguridad que no han frenado desde hace más de 10 años. Dolor, indignación y un reclamo de justicia que se sentía con más fuerza en el contingente de familias de desaparecidos, quienes comenzaron a gritar: “Si la sociedad se uniera, pero se uniera de veras, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra”. Los manifestantes por la paz, que en un principio gritaban «¡Únanse!», enmudecieron.
Lupita Mendiola, hermana de Daniel Elías Mendiola, desaparecido el 7 de noviembre del 2012 sobre la carretera de Ciudad Mante, Tamaulipas, mencionó que al ver la otra manifestación: “sentí que nosotros estamos en una verdadera lucha. Nos hablaron muchos políticos, que ahora están en campaña, para preguntarnos si se podían unir, y le dijimos que no. ¿Por qué ahora que vienen elecciones? ¿Por qué ahora quieren entrar al tema? ¿Por qué ahora? Sentí ganas de gritar más fuerte porque, quizá, a ellos les regalaron las pancartas o algo más para marchar, pero nuestra lucha es desde el corazón porque los estamos buscando y los queremos con nosotros”.
Muchos políticos han querido validar sus carreras con la lucha y persistencia del colectivo. Pero ellas no han dejado que su batallas se manchen con intereses de partidos políticos o propuestas sin fondo.
Comenzó a sonar la última canción del recorrido, justo antes de llegar a la plaza del barrio de Tequisquiapan: “Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y así perseguir a la felicidad”.
Fueron cinco cuadrasrecorridas, donde familias, parejas e individuos observaron con atención las mantas, escucharon los cánticos y los pases de lista. Un kilómetro donde muchas personas se solidarizaron con las familias del colectivo, todo a través de miradas y atención.
“Fue un buen momento para hacernos presentes ante la sociedad. Que la sociedad vea, escuche y conozca que hay muchas personas desaparecidas y mucho dolor en las familias que buscan” comenta Rosa Laura Martínez, esposa de Fidel Barragán desaparecido el 17 de marzo del 2010. “Que sepan que necesitamos el apoyo de la sociedad porque nadie está exento de que le pase esto. Incluso nosotros, no estamos exentos de volver a sufrir una cosa como esta (la desaparición de un ser querido). Necesitamos de todos para pedir justicia y que estas situaciones paren”. Fidel fue uno de los 33 pasajeros desaparecidos en el camión Pirasol, mientras circulaba por la carretera de Tamaulipas hacia la frontera norte.
Acompañar y solidarizarse con la búsqueda es algo que está en nuestras manos. Para Tere Medina, compartir las fichas y transmitir la información sobre desaparición en redes sociales es secundar a la familia de un desaparecido, es ayudarlas a dar un paso más para poder encontrar información de su ser querido. Tere busca a su hija y a su yerno, Perla Guadalupe Padron Castillo y José Alberto Gallegos Torres, víctimas de desaparición forzada en la ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, desde 14 de junio del 2013.
En esta manifestación se demostró que “los desaparecidos son de todos, porque todos permitimos que esta crisis pasará y seguimos permitiéndolo al ser omisos y al ser indiferentes con esta lucha”, mencionó Edith Pérez, que busca a sus dos hijos, José Arturo y Alexis Domíngez Pérez; a sus sobrinos Milynali Piña Pérez y Aldo de Jesús Pérez Salazar; y a su hermano Ignacio Pérez Rodríguez, que desaparecieron mientras circulaban por la carretera de Mante, Tamaulipas, el 14 de agosto del 2012.
El contingente entró a la plaza de Tequisquiapan y se instaló en el centro, rodeado el Monumento a la Madre con mantas de los hijos, hermanos y esposos desaparecidos.
Comenzó a sonar el tambor y los primeros versos de la canción Cielo Rojo retumbaron por toda la plaza: “Sola sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer” dos decenas de flores blancas y cuatro veladoras fueron colocadas frente a la manta del colectivo. “Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti, mi bien”. Cristina comenzó a soltar los pétalos de rosa que quedaban sujetos a su falda, mientras danzaba. “No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche, en que te perdí”. Todo en aquel acto era dolor profundo, lamento, incertidumbre.
“Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez”. Rosa Laura recordó que los primeros días sin saber de Fidel, fueron los momentos más difíciles de todos y esa canción la acompañaba en su dolor.
Los familiares portaban a sus desaparecidos en el cubrebocas de mariposa monarca. Aunque la contingencia sanitaria no permitiera el contacto físico, el grupo se mantenía unido, la lucha de las familias se había convertido en una lucha y un sentir colectivo.
Resonó el último poema de la tarde: “Saben ustedes, como el poeta, que la huella de la mariposa no desaparece, precisamente porque no se ve. Adivinan que en lo cotidiano resplandece lo eterno”, recitó Cristina, era un poema del palestino Mahmud Darwish. “La huella de la mariposa no se ve. La huella de la mariposa no desaparece… Hasta encontrarlos”.
Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/la-solidaridad-crece-en-la-busqueda-de-personas/
Con marchas y fotografías intervenidas digitalmente, mujeres hidalguenses exigieron este 29 y 31 de agosto un freno a las desapariciones y asesinatos violentos que han sucedido en la Región de Tula-Tepeji.
“Quisiera ser un monumento para que se indignen si me tocan”, fue el lema que pusieron las mujeres de la Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl sobre fotografías de monumentos importantes de la entidad, como el Reloj Monumental de la capital de Hidalgo. Con estas imágenes, las hidalguenses buscan exponer la incongruencia de los argumentos de quienes critican las pintas y acciones que llevan a cabo las feministas para exigir la erradicación de la violencia contra la mujer.
Las fotografías estuvieron acompañadas del siguiente mensaje “los monumentos representan un cachito de historia de cada etapa importante de la sociedad, no están de adorno nada más. Y hoy en Hidalgo estamos haciendo historia, las mujeres alzamos la voz en lo público y lo privado exigiendo un alto a la violencia machista y ya no nos van a callar”.
FOTO: Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
Esta acción se suma a la marcha del pasado sábado 29 de agosto en Pachuca, y a las que previamente se realizaron en Tula, Mixquiahuala y Tlahuelilpan. Estas protestas fueron por la desaparición el pasado 2 de agosto de Mariana Zavala Escamilla, quien sigue sin ser localizada, y por el hallazgo en las inmediaciones de la región de tres mujeres, quienes fueron asesinadas con visibles actos de tortura.
En lo que va del año, las autoridades han confirmado 10 feminicidios en la entidad pero el número podría ser mayor, ya que hay más asesinatos de mujeres que están en vías de investigación. Sin embargo, días previos a la marcha, las autoridades de Seguridad Pública dijeron que la entidad tiene un “número mínimo” de estos delitos, en comparación con otros estados.
Frente a ello, las mujeres de Aquelarre Cihuacóatl dijeron que un solo feminicidio debe ser motivo de actuación y las autoridades no deben esperar a que las mujeres sigan siendo asesinadas para realizar acciones contundentes.
Durante la marcha, las asistentes acudieron con guantes, cubrebocas y listones o palos de escoba para respetar la sana distancia y con ello evitar el contagio del nuevo coronavirus.
Las feministas reconocieron que existe un riesgo de salir a las calles debido a la alta transmisión, pero señalaron que es más grande la rabia y el miedo de sentirse inseguras en sus propios hogares, ya que el confinamiento no ha logrado protegerlas de la violencia.
De forma casi simultánea a la manifestación en Pachuca, otro grupo acudió a las oficinas de la Procuraduría en Tula. Como parte de su hartazgo con la inacción de las autoridades, las feministas rompieron los vidrios de la entrada, mismos que fueron repuestos unas horas más tarde.
Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
Fuente e imagen: https://cimacnoticias.com.mx/2020/08/31/mujeres-hidalguenses-exigen-frenar-violencia-en-region-de-tula
En un artículo de opinión, compartí cierto punto de vista optimista sobre el valor pedagógico de la televisión (mirada que extiendo a otros recursos digitales) (Auli, 2020). Sin embargo, dicha idea se daría en un contexto prácticamente utópico; en el que los actores, pero sobre todo el gobierno pusiera en primer lugar la educación y dejara de lado razones políticas y económicas. Además, habría que eliminar la desigualdad social en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cosa nada fácil.
En este contexto desolador en el que no es posible la interacción presencial (debido a la pandemia) y en el que tampoco nos fiamos de las estrategias impulsadas por el gobierno (me refiero al plan “aprende en casa II”), la pregunta que surge es ¿qué estrategias pedagógicas pueden construir los profesores para dar seguimiento a la formación de sus estudiantes, sin poner en riesgo la salud y tampoco agravar el rezago educativo? Sobre todo, los profesores que se encuentran en contextos donde es evidente la brecha digital.
A falta de la consulta de los profesores en el plan “aprende en casa II”, la CNTE (Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación) de Oaxaca desde hace más de diez días ha iniciado su jornada de actualización docente que desarrollan cada año previo al inicio del ciclo escolar (denominado Taller Estatal de Educación Alternativa (TEEA); cabe destacar que este año lo han dedicado en construir una crítica a la estrategia del gobierno, pero sobre todo a preparar una propuesta pedagógica para enfrentar el reto educativo que ha impuesto la pandemia, poniendo en primer lugar la experiencia docente y la salud de los estudiantes. Celebro y me encuentro de acuerdo con dicha iniciativa.
He seguido algunas conferencias y conversatorios que la sección XXII de Oaxaca ha organizado para rescatar la voz de los docentes, en ellas no solo se presentan a conferencistas de renombre, también se enriquecen de experiencias de profesores frente a grupo. Una de las conclusiones a las que he llegado es que hay diferentes formas para enfrentar el problema; en las que el uso de la televisión solo es una manera entre otras. Las maneras se pueden conocer y mejorar si se dialogan; el gobierno debió haber generado espacios para que los profesores intercambiaran experiencias [considerando la sana distancia]. Pero tuvo que ser el sindicato de profesores quienes lo organizaran, específicamente la CNTE.
El viernes (21 de agosto) los diferentes líderes sindicales que conforman la CNTE se pronunciaron por no iniciar el ciclo escolar el día 24 de agosto, como lo acordó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo anterior no se postula con la intención de llevar la contraria o de resistirse de manera ociosa. La idea de la CNTE es construir primero un plan integral, que contemple las particularidades contextuales en las que viven los estudiantes, sobre todo de los más vulnerables. Estoy de acuerdo con lo anterior, ya que -como lo he dicho en otro lado- la contingencia sanitaria no nos debe hacer tomar decisiones a la ligera que en un futuro cercano lamentaremos.
He sabido que varios colectivosescolares de la sección XXII se han empezado a reunir de manera virtual para reflexionar las conferencias del TEEA e ir construyendo la ruta pedagógica que resulte adecuada para acompañar la formación de sus estudiantes. Otro ejemplo, es que algunas zonas escolares, siguiendo el pronunciamiento de la CNTE, han organizado para la semana del 24 al 28 de agosto jornadas de trabajo, con el objetivo de diagnosticar la situación de sanidad de las poblaciones en donde se encuentran sus escuelas, así como las posibilidades de comunicación a distancia con cada alumno.
Me parece certera la propuesta de algunos investigadores, quienes indican que en estos momentos es importante explotar la creatividad, pero antes habrá que nutrirla. A lo anterior, quiero enriquecer que en los encuentros virtuales (que plantea la CNTE) se les dé relevancia a las experiencias vividas por los profesores para acompañar a sus estudiantes desde el inicio del confinamiento (20 de marzo del presente año), tomando en cuenta todos los detalles. Por ejemplo, un profesor rural de la cañada oaxaqueña me comentó que se valió del médico de la localidad para mandar actividades a un estudiante que no cuenta con celular. El médico yendo más allá de su función en la comunidad, le escribía al profesor las dudas del joven. Por su parte, el profesor contestaba con audios. Lo anterior podría complementarse con el conocimiento que tienen los profesores del contexto socioeconómico de las familias. Asimismo, habría que añadir una reflexión pedagógica profunda que retome la forma en que viven los jóvenes y lo que se busca enseñar.
En este sentido, cada profesor tendrá ideas para desarrollar estrategias puntales y hacer frente a la pandemia; así se construirán estrategias locales.
No se trata de iniciar el ciclo escolar por iniciarlo. A mi ver, la fecha de inicio es lo de menos, muchos profesores tuvieron comunicación con sus estudiantes y padres de familia aún en el receso escolar. Son tiempos inciertos, por lo que debemos cuestionarnos y meditar -lo más que se puede- para construir las mejores estrategias posibles.
Para finalizar, es importante reiterar que la propuesta de la CNTE es viable e incluso necesaria, ya que pone en el centro las experiencias de los profesores, mientras la SEP construye propuestas sin consulta, contabilizando la satisfacción [véase Juárez Pineda, 2020]. En estos momentos es el profesor quien debe construir las estrategias para sortear los problemas educativos que ha generado la pandemia.
Referencias:
Auli, I. (2020). «¿Es la televisión mala maestra?» En Blog Educación Futura, 11 de agosto.
Juárez Pineda, E. (2020). “La encuesta de satisfacción de Aprende en Casa: Ni están todos los que son ni son todos los que están”. En Blog Educación Futura, 14 de agosto.
Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA
Desafíos y resistencias en la construcción del poder comunitario y autonomía política de los pueblos indígenas
El 30 de agosto de 1995 el Congreso de Oaxaca aprobó el reconocimiento constitucional de las normas y prácticas comunitarias para el nombramiento de autoridades en los municipios indígenas de Oaxaca, conocidas hasta entonces como usos y costumbres.
Esta reforma, que consistió fundamentalmente en una modificación al artículo 25 de la Constitución de Oaxaca y una adición al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (CIPPEO), se dio en un contexto extraordinario, tanto a nivel nacional como en el ámbito estatal. El país se sacudía por la insurrección zapatista en el sureste mexicano, lucha que hacía visibles las demandas de los pueblos indígenas en México. Las organizaciones de la sociedad civil salían a las calles para exigir elecciones limpias en el marco de la transición democrática. En Oaxaca irrumpían las organizaciones y comunidades indígenas en demanda de autonomía y libre determinación.
Es importante destacar que, esta enmienda a la Constitución, no hubiera sido posible sin una serie de reformas previas en la legislación local. Oaxaca como entidad pionera en el reconocimiento del derecho indígena instituyó en la ley suprema del estado, desde la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, el reconocimiento de las formas propias de organización económica, social, política y cultural de los pueblos indígenas; entre otras el Tequio, el Sistema de Cargos, la toma de decisiones de manera colectiva y la autonomía.
Antes que lo hiciera la federación, Oaxaca reconoció en su Constitución Local, la composición pluriétnica del estado: pueblos con una raíz cultural común, una lengua propia, un territorio y bienes comunes, estructuras tradicionales de organización política y normas internas para la convivencia comunitaria. Sin duda, este fue un avance importante para los cambios constitucionales que a la postre ocurrieron en el país, en especial la Reforma al Artículo 2º de la Constitución Política de México, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía.
Durante estos veinticinco años, a partir de la reforma constitucional que concedió autonomía política a los municipios y pueblos indígenas, ha habido una serie de embates contra estas comunidades por parte de actores externos, como son los partidos políticos, agentes de gobierno, iglesias, empresas y líderes sociales que han lucrado políticamente con esta lucha autonómica. Esto ha generado un clima de hostilidad y conflictos sociales que ha deteriorado la convivencia comunitaria.
La conflictividad en la dinámica política, ha sido un sello característico en los procesos electorales de los municipios indígenas. La violencia política ha cobrado vidas humanas de decenas de indígenas. Los conflictos político-electorales han estado asociados a diversas causas: conflictos agrarios, intolerancia religiosa, megaproyectos de desarrollo, demanda de recursos económicos, participación de las agencias, inclusión de diversos sectores de la población en el nombramiento de autoridades (mujeres, jóvenes, avecindados, migrantes, radicados).
No obstante, de los 417 municipios que eligen autoridades por Sistemas Normativos Internos, en 350 de ellos, aproximadamente, no existen conflictos y los procesos electorales transcurren de manera pacífica. En otros municipios se han experimentado formas propias de conciliación y mediación, así como mecanismos de resolución de conflictos con la participación de la asamblea comunitaria, el Consejo de Ancianos y otras figuras ciudadanas que desarrollan estrategias para construir consensos o acuerdos internos que permitan la gobernabilidad al interior de estas municipalidades.
En este tiempo han ocurrido una serie reformas legales que han tenido como finalidad mejorar los procesos electorales indígenas. Aquí es necesario hacer un alto para señalar a qué reformas nos referimos: a).- La del 30 de agosto de 1995 que reconoce en la Constitución los usos y costumbres; b).- La de marzo de 1997 que hace más explícitos los derechos electorales de los pueblos indígenas; c).- La de septiembre de 1997 que crea el Libro IV “De la renovación de ayuntamientos que electoralmente se rigen por normas de derecho consuetudinario”; d).- La Reforma Electoral del 17 de agosto de 2012 que es quizá la reforma más completa en materia de sistemas normativos internos; y e).- Finalmente la de junio de 2015 que, por falta de discusión y debate en su aprobación, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En agosto de ese mismo 2015, se creó la Ley de Sistemas Electorales Indígenas de Oaxaca, que también fue invalidada por la Corte debido a que no se realizó el proceso de consulta establecido en la Constitución.
Entre los logros más importantes, durante estos veinticinco años, se encuentra el acceso de los pueblos indígenas a la justicia electoral en el ámbito federal. Los conflictos que no se han podido resolver en el municipio o con las instancias locales, han recurrido a los órganos federales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Destacan los casos de Asunción Tlacolulita (1999) y Santiago Ixtayutla (2000), que abrieron la llave de la justicia electoral a los pueblos indígenas. Los municipios y comunidades, a través de estrategias de litigio y pluralismo jurídico, han logrado la judicialización de los conflictos políticos como última instancia para resolver las controversias comunitarias. Las sentencias relevantes del TEPJF aportan elementos jurídicos y antropológicos de gran valía para la defensa de la autonomía en los procesos electorales indígenas.
Una reflexión especial merece la participación política de las mujeres indígenas. Si bien, la actual legislación electoral en materia de elecciones por usos y costumbres, establece claramente la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad, lo cierto es que el esfuerzo por alcanzar un pleno reconocimiento a su ciudadanía ha costado mucho a las mujeres. La participación en Comités de Salud, Agua Potable, Educación, ha hecho que las mujeres tengan un rol vital para la producción y reproducción de la vida comunitaria. Sin embargo, el acceso a cargos de toma de decisiones, debido a las ataduras patriarcales y al machismo, es aún un fuerte desafío en los municipios indígenas, y en general en la vida pública del país.
Después de veinticinco años aún persiste una crítica con un fuerte sesgo racista y colonial hacia los usos y costumbres. Si bien, hubo quienes desde sus inicios no auguraban futuro político en el desarrollo de este sistema de elección, pues consideraban que tarde o temprano los municipios indígenas iban a volver al redil de los partidos políticos; hubo también quienes, desde sus inicios, consideraron este sistema como antidemocrático. Existe un sector de la población y de la clase política que considera que los usos y costumbres violan los derechos humanos, las garantías individuales y la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Esto obedece a una visión colonial que considera a los pueblos indígenas sociedades subdesarrolladas e incapaces de gobernarse a sí mismas.
En todo este tiempo (1995-2020) ha habido transformaciones de fondo en la vida comunitaria: procesos migratorios de campesinos e indígenas oaxaqueños al norte del país y a Norteamérica; el deterioro del nivel de vida y la pérdida de empleos por las recurrentes crisis económicas; la inversión privada en Oaxaca, los proyectos económicos a gran escala y el extractivismo minero afectan a territorios indígenas; el pacto federal también ha impactado en la autonomía municipal y comunitaria, debido sobre todo a las formulas y criterios para la distribución y asignación de los recursos municipales; los cambios en la configuración del poder político a nivel nacional. Todo esto ha impactado en la organización política y económica municipal y en el gobierno indígena. Sin embargo, a pesar de ello, aún persiste el modelo de gobierno indígena, basado en sus prácticas comunitarias de ejercicio del poder. En un principio fueron 412 municipios que se inscribieron dentro del sistema de usos y costumbres, posteriormente creció este número a 418, a la fecha sólo un municipio ha pedido su cambio de régimen al de partidos políticos, este es el municipio de San Andrés cabecera Nueva, en la mixteca oaxaqueña.
Los municipios indígenas han tenido que sortear una serie de desafíos y dificultades para afianzar su autonomía y empoderamiento local, algunos de estos retos son: modificar sus mecanismos de elección para considerar la participación de las minorías locales, elaborar sus estatutos electorales comunitarios, fortalecer los procesos de administración financiera y rendición de cuentas, innovar modelos de reparto de recursos a las agencias, capacitar a los jóvenes en temas de la administración pública municipal, reforzar y capacitar a sus liderazgos locales, discutir y acordar la participación de las agencias, reconocer y valorar la participación política de las mujeres, estos, entre otros desafíos que han enfrentado y siguen enfrentando los municipios indígenas.
Hace veinticinco años se analizaban dos escenarios previsibles en el devenir de los Usos y Costumbres: a). – Su desaparición para dar paso al régimen de competencia partidaria, b). – Su permanencia y fortalecimiento debido a que garantizan la estabilidad y gobernabilidad democrática en el estado. Hoy, frente a los grandes desafíos que enfrenta el mundo globalizado: catástrofe sanitaria, crisis económica a gran escala e inseguridad y violencia, no cabe la menor duda que el modelo de autoridad indígena y los procesos de nombramiento basado en normas comunitarias, no sólo son necesarios, sino que requieren ser fortalecidos y afianzados como ejemplo de democracia participativa y autonomía comunitaria.
Al norte de México, en la Sierra Tarahumara, una comunidad indígena ha recorrido un largo camino para que se reconozca su territorio ancestral; eso los ha llevado a levantar la voz en contra de un aeropuerto, un gasoducto y la tala que se realiza en los bosques donde ellos han forjado su historia. Un taller de costura comunitario es hoy uno de sus símbolos de lucha.
CHIHUAHUA.- Teresa González Parra defiende su derecho a soñar. Ella es rarámuri y por años ha hecho todo lo posible para que su comunidad, Bosques de San Elías Repechique, logre el reconocimiento de su territorio ancestral. Su otro anhelo está a un paso de hacerse realidad: abrir un taller de costura comunitario.
La construcción del taller, que tiene un avance del 90 por ciento, se detuvo el pasado 13 de agosto. Ese día alrededor de 15 policías del estado de Chihuahua clausuraron la obra e intentaron detener a Teresa González. La indígena rarámuri tiene una demanda en su contra; el empresario Fernando Cuesta la acusa de haberlo despojado del terreno donde se construye el taller.
“No quieren que construyamos aquí nuestra casa (el taller) que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que (el terreno) es de otro señor… Pero nosotros (los rarámuri) somos los primeros que somos de aquí”. Es la voz de Teresa; su vestimenta colorida contrasta con la serenidad y fortaleza que muestra cuando habla de las agresiones que, desde hace décadas, enfrenta su comunidad.
El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
Los habitantes de Bosques de San Elías Repechique —municipio de Bocoyna, al norte de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua— han luchado desde hace décadas para que no les arrebaten las tierras de las que tienen posesión, pero no los documentos que avalen la propiedad.
En su reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral, la comunidad indígena ha enfrentado a empresarios de la región, a “chabochis” —como los rarámuri les dicen a los mestizos— que aseguran ser los dueños de buena parte del territorio y a quienes la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha entregado permisos de aprovechamiento maderero, pese a los reclamos y denuncias de los indígenas.
Apropiarse de un bosque ancestral
En 2014, la comunidad ganó un amparo contra el aeropuerto de Creel. Foto: Patricia Mayorga.
En la Sierra Tarahumara, a muchas comunidades originarias no se les reconoció su territorio ancestral durante la Reforma Agraria, explica el biólogo Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.).
Esa falta de reconocimiento provocó, entre otras cosas, que gente externa a las comunidades originarias se apropiara de los territorios y también aprovechara los recursos naturales de esos lugares.
Al igual que Bosques de San Elías Repechique otras comunidades sostienen luchas históricas por su territorio ancestral y recursos naturales. Algunas de ellas son Choréachi y Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, las cuales han sido acompañadas por la organización Alianza Sierra Madre.
Choreachi logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en marzo de 2017 emitió medidas provisionales para toda la comunidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus habitantes. Y Coloradas de la Virgen es la comunidad indígena que más líderes asesinados ha aportado en la lucha por el territorio.
En el municipio de Carichí, comunidades como Baqueachi, acompañadas por la organización Bowerasa, ha ganado ocho juicos agrarios contra caciques. El último fue en mayo de 2018, cuando recuperaron 350 hectáreas de agostadero y 100 hectáreas agrícolas que ya estaban devastadas.
En el caso de Bosques de San Elías Repechique, hace más de cuarenta años, empresarios de la región adquirieron 12 propiedades —poco más de 11 mil 500 hectáreas—, sin importar que esas tierras ya eran habitadas desde mucho tiempo atrás por los rarámuri, explica Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que da acompañamiento legal a la comunidad.
De esos 12 predios, ocho han obtenido permisos de aprovechamiento forestal en forma constante. “Desde que era niña veíamos camiones que llevaban bolillos (troncos); que cortaban pinos. Nos quejábamos con los gobernadores (líderes indígenas), pero nunca les hacían caso. Han seguido cortando el bosque, también se llevan las piedras”, explica Teresa González.
Los nombres de quienes aparecen como dueños de esos ocho predios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, son: Manuel Navarro Trieste (predio San Javier), Mireya Ayala Torres (predio Rinconcito Lejano o Batuivo), Carlos Aguilar Pérez (predio La Merced), Lorenzo Sandoval Valenzuela (predio Aguizania), Pedro Parra Ramos (predios San Antonio y Gomegó), Laila Miledi Pérez (predio Pino Gordo) y Fernando Higinio Cuesta Miledi (predio El Venado).
Los mismos datos de la Secretaría de Desarrollo Rural muestran que, tan solo en 2019, esos predios registraron volúmenes de aprovechamiento maderable que van de los 326 metros cúbicos de madera (predio La Merced) hasta los 1 213 metros cúbicos (predio San Javier).
Quienes aprovechan la madera de Repechique no viven en el lugar, solo mandan trabajadores a cortar los árboles; tampoco realizan acciones que garanticen la recuperación y el cuidado del bosque.
“Los que talan, ellos no cuidan nada”, dice indignada Teresa González. “Por ejemplo, cuando hay incendio normalmente nosotros, los de la comunidad, somos los que estamos más al pendiente y los que talan nomás lo que buscan son los pinos o donde hay bosque muy cerrado, por ahí entran. Donde está muy escondido, ahí se van a talar”.
Mujeres rarámuri cocinan durante una manifestación para denunciar la tala. Foto: Patricia Mayorga.
Al preguntarle sobre las denuncias de los rarámuri, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Heredia, respondió que no está autorizado para dar esa información, solo a través de las oficinas centrales. Mongabay Latam solicitó entrevista a la oficina de prensa de Semarnat, pero hasta el momento de la publicación del reportaje no se tuvo respuesta.
“Todos somos Teresa”
El predio Pino Gordo, que comprende poco más de 2 500 hectáreas, está a nombre de Laila Miledi Pérez, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua. Es dentro de la superficie de ese terreno en donde las mujeres de Bosques de San Elías Repechique construyen su taller de costura y por el que Teresa González está demandada por despojo.
El día en que los policías estatales llegaron por ella y colocaron los sellos de clausura, la comunidad la protegió. “Todos somos Teresa”, respondieron. Los agentes advirtieron que los arrestarían a todos; los rarámuri no bajaron la guardia: “Todos somos Teresa”, repitieron.
Alrededor de 50 mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores caminaron por el sendero de terracería que va de la comunidad a la carretera. Siguieron andando durante cerca de dos horas hasta llegar a la ciudad de Creel, donde se encuentra la oficina del Ministerio Público. Los acompañaron dos abogadas de Contec, entre ellas Diana Villalobos.
Algunos medios locales publicaron lo que ocurría. Cuando la caravana de Repechique entró a Creel, los policías de la Fiscalía General del Estado los dejaron. Los indígenas decidieron ir a la plaza principal; ahí esperaron durante más de media hora al agente del Ministerio Público, quien les dijo que ya no tenía la carpeta de investigación, por lo que tendrían que ir a Cuauthémoc, municipio ubicado a tres horas de Creel.
Hasta mediados de agosto, las abogadas que acompañan a la comunidad no han logrado tener acceso al expediente. La Fiscalía General del Estado informó a Mongabay Latam que Fernando Cuesta Miledi es quien demandó a Teresa González.
Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en donde aseguró que los indígenas de Repechique nunca fueron arrestados y que, por su seguridad, los resguardaron hasta Creel. Sin embargo, cuando los rarámuri regresaron a su comunidad ninguna autoridad los resguardó, pese a que era de noche y caminaron por una zona donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada.
Mongabay Latam contactó a Fernando Cuesta Miledi para entrevistarlo sobre la denuncia y la compra de predios en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique. En entrevista telefónica aseguró que su familia compró esas tierras en la década de los sesenta y que tienen evidencia de que, desde hace más de 150 años, los terrenos ha pertenecido a particulares.
El predio Pino Gordo, señaló, lo adquirió su tío Salomón Miledi Pérez en 1961; quién se lo dejó a él y a otros sobrinos. Otros dos predios, El Águila y El Venado, los adquirió en esa misma época su papá, Gregorio Cuesta.
Para el empresario, la comunidad Bosques de San Elías Repechique no vivía en el lugar hasta hace pocos años. “El juez no dice que ellos son dueños de las tierras o que sean propietarios de ciertas tierras. No tienen nada que compruebe que ellos son los dueños de esas tierras… A nosotros nadie nos ha quitado la propiedad, nadie nos ha dicho en un juicio que no es nuestra, nadie nos ha dicho que no nos pertenece en ninguna forma”.
Fernando Cuesta acusa a la comunidad indígena de usar la madera, de los árboles que están en los predios que reclama de su propiedad, para construir sus casas. “Nosotros no podemos talar un solo árbol si no están autorizados por la Semarnat, por la Conafor”. Cuesta señala que la denuncia contra Teresa González Parra la interpuso porque ser ella quien promovió el proyecto del taller de costura. “Si tienen algo que comprueben por qué están invadiendo el terreno, que resuelva el juez, y acatamos”.
Denuncias que se quedan en el aire
Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, recuerda lo que le decían sus abuelos y padres: “La historia cuenta que cuando llegó el tren (a la Tarahumara) comenzaron a tumbar los árboles. También llegaron muchos aserraderos y ponían a trabajar a las personas de una manera muy violenta”.
Los mayores también le contaron que las personas que llegaban de fuera les quitaban su producción de maíz: “Mis ancestros tenían que levantar la cosecha antes de tiempo, antes de que llegaran a quitarles. Otras personas murieron por defender. Ha sido una lucha muy triste. Cuando estaba chiquito, me decían: ‘vamos por la carretera, si ves personas mestizas, escóndete’. Crecimos con ese miedo”, dice el joven rarámuri.
Como segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, Luis también tiene la responsabilidad de seguir con las demandas que, desde hace décadas, han puesto otras autoridades tradicionales para reclamar el derecho a su territorio ancestral, pero también para denunciar la tala en el bosque donde ellos siempre han vivido.
Las denuncias por la tala se han presentado en diferentes instancias, tanto federales como estatales, pero la gran mayoría no han prosperado.
“Ha sido muy difícil, porque nuestra palabra y exigencia no ha sido respetada. Pero cuando vienen personas de fuera, como el caso que pasó aquí con el taller de costura, llegaron ministeriales y luego luego cerraron. Y nuestras exigencias ahí están, vamos y venimos y pura vuelta. A veces ni siquiera nos hacen un documento, nada. Vamos al Ministerio Público y nada más nos oyen, nunca ha habido una resolución”, resalta Luis.
La extracción de árboles no cesa. El corte de pinos sigue, incluso, durante la temporada de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
La comunidad, por su parte, hace uso del bosque como les enseñaron sus abuelos: recolectan quelites, hongos y madera para hacer leña. Tienen veredas que utilizan para el pastoreo de animales. Han creado zonas donde se encuentran sus centros ceremoniales, donde hacen sus juegos ancestrales.
Luis Pérez explica por qué su defensa del territorio es también una defensa del bosque: “Los árboles retienen la tierra. De otra forma, sería pura laja y no tendríamos ni dónde sembrar. Los árboles detienen la humedad, que no haya deslave. Ya hay partes que están secas por los incendios o por la tala indiscriminada. Hay lugares donde casi no hay tierra para sembrar. Ya hay una zona que mucho tiempo talaron, ahora casi no hay tierra, hay muchas manchas ya en la comunidad”.
Mujeres de Repechique esperan que pueda continuar la construcción del taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
A los rarámuri que viven en Bosques de San Elías Repechique les preocupa la deforestación que hacen los mestizos, porque cada vez hay menos agua.
En varias ocasiones han solicitado a la Semarnat que cancele los permisos de aprovechamiento forestal que se han otrogado en el área. Solo en una ocasión la dependencia federal canceló los permisos, pero fue de manera provisional. Eso sucedió cuando la comunidad consiguió una victoria en la lucha por la defensa de su territorio.
Reconocimiento del territorio comunitario
En abril de 2014, el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, falló a favor de la comunidad de Bosque de San Elías Repechique porque no fueron consultados para la construcción del aeropuerto de Creel. El amparo favoreció a 33 rancherías de la región.
En la sentencia, el juez reconoció la posesión ancestral del territorio de la comunidad demandante y ordenó al gobierno estatal la creación de un fideicomiso, por 65 millones de pesos (alrededor de 2 millones de dólares), como reparación por el daño causado. Un comité técnico revisa y da seguimiento a ese fideicomiso que comenzó a ser efectivo hasta 2017.
El juez también ordenó que la comunidad tenía que presentar una serie de proyectos comunitarios en los que se invertiría el dinero. El plan primero fue aprobado por la asamblea rarámuri y después por el comité técnico, del que forman parte cuatro secretarías del gobierno estatal: Hacienda, Desarrollo Municipal, Innovación y Desarrollo Económico y la Secretaría General. Los funcionarios que están al frente de esas cuatro dependencias conocen la sentencia del juez Cuenca Zamora, donde se reconoce que la comunidad tiene posesión ancestral del territorio.
En 2019, la comunidad recibió los primeros recursos del fideicomiso: 1 300 000 pesos (alrededor de 59 mil dólares). Primero, construyeron un salón de usos múltiples. El taller de costura es otro de los proyectos aprobados y su realización está a cargo de Teresa González, quien cuenta con apoyo contable externo para que todas las facturas que debe entregar estén a tiempo y, además, para tener transparencia en el uso del dinero.
Otros de los proyectos contemplados es un programa de apoyo mensual para personas con discapacidad y adultos mayores. Durante la pandemia, lograron que se apoyara a 220 personas. Además, avanzan en la construcción de una casa comunal, así como en la instalación de una huerta de manzana para la ranchería Ratuivo, en el que trabajarán 20 personas.
En 2018, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique interpuso otra demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo de Distrito. En esa ocasión fue para exigir la cancelación de las escrituras de los 12 predios; además, solicitan la titulación de esas tierras.
La jueza les negó el amparo. La comunidad impugnó. El caso estaba a punto de entrar a un Tribunal Colegiado, pero llegó la pandemia y paralizó la actividad judicial. El caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala Diana Villalobos, de Contec, organización que acompaña legalmente a Bosque de San Elías Repechique.
Seguir en el camino
La comunidad ha exigido el reconocimiento del territorio ancestral ante diferentes instancias. En 2014 acudieron al Senado de la República y denunciaron el aprovechamiento que hacían los “chabochis” de su bosque, pero también denunciaron que, sin consultarles, se pretendía instalar un gasoducto en su territorio. Con marchas y otras acciones legales, Repechique consiguió que el gasoducto no pasara por su comunidad.
El 2018, los particulares que tienen a su nombre los 12 predios presentaron dos denuncias en contra de los rarámuri, por “falsedad de declaraciones”. Cuando se hizo el peritaje y se comprobó que la comunidad indígena sí existe y está en el territorio, las denuncias se archivaron.
Después vino la demanda en contra de Teresa González. Agentes de la Fiscalía Zona Occidente han acudido en tres ocasiones al taller de costura para clausurar la construcción que está a cargo de la misma comunidad.
Teresa no entiende por qué la acusan de despojo: “Nosotros somos los primeros que somos aquí. Nosotros vivimos cuidando todo el bosque, trabajando la tierra y haciendo quehaceres, cuidando nuestro hogar y no nomás como dicen (…) nosotros no compramos un terreno para estarnos nada más ahí. Nosotros cuidamos alrededor del territorio. Ellos compraron según el territorio, cuando ya existíamos aquí, pero ellos quiénes son o qué”.
Por un momento, Teresa González reconoce que “a veces quisiera una tirar la toalla”. Pero esas palabras se desvanecen cuando recuerda las agresiones que ha recibido por defender su territorio y sus sueños. Y entonces cuenta sus planes con entusiasmo:
“El taller de costura lo soñamos muy bonito. Las señoras dicen: ‘qué bueno que esta vez va a existir este taller’. Las personas van a aprender mucho, van a aprender a usar máquinas. Es un espacio para las señoras”.
La comunidad ya eligió el nombre que tendrá el taller de costura. Lo llamaran “Najativo”, palabra rarámuri que significa “seguir el camino”. Un vocablo que representa, también, lo que ha sido su lucha: “Es un camino largo y a pesar de todo —dice Teresa—, estamos con la esperanza de que se respete el territorio”.
Mientras las demandas siguen su curso—o se archivan en alguna dependencia pública— la gente de Bosques de San Elías sigue con su vida cotidiana, con la milpa, con el cuidado de sus animales, con la recolección de leña, haciendo sus artesanías y, también, mirando cómo los que llegan de fuera “empiezan a tumbar madera, a prohibir a la gente de la comunidad que no tire árboles, como si nosotros fuéramos los extraños —reclama Teresa—, como si nosotros viniéramos de fuera. Eso sí causa tristeza”.
Actualización:
Después de la publicación del texto, Fernando Cuesta Miledi respondió a la solicitud de entrevista que se le había hecho con anterioridad; por lo que se agregó su versión al texto.
“El tiempo ha transcurrido sin saber nada de nuestros hijos. El dolor y la herida sigue marcando nuestras vidas porque nos siguen faltando 43. Estamos preocupados con la noticia de que un juez concede un amparo a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles, y puedan salir impunes por el caso de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Estamos seguros que nuevamente la corrupción que prevalece en el poder judicial queda de manifiesto y demostrado que los jueces reciben sobornos, como cuando se liberó al Mochomo, a pocas horas de su captura”, comentó en el mitin en el antimonumento +43 don Bernabé Abraham, padre de Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el 26 de septiembre del 2014.
A 71 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, las madres y padres de familia no dejan de alzar la voz. “Le decimos a México y al mundo que en un inicio el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso callarnos con dinero, pero aquí seguimos buscando a nuestros hijos porque no hay verdad ni justicia”.
Las madres y padres de familia dijeron que las investigaciones se siguen realizando, hay nuevos hallazgos y un nuevo camino hacia la verdad científica. “A un mes de cumplir seis años de este crimen de Estado queremos decirle al mundo que no hay poder humano que nos detenga hasta llegar a la verdad y pueda haber justicia, porque no puede quedar en la impunidad y menos en el olvido”.
“Los policías municipales, policía federal, ministeriales y elementos del ejército han sido señalados que participaron y estuvieron presentes en los diferentes ataques que sufrieron nuestros hijos”. No hubiéramos conocido verdad alguna sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), señalaron las madres y los padres.
Doña Hilda Legideño, en su intervención, habló de la disposición que tiene el gobierno actual para seguir investigando y buscando a los jóvenes, pero se requiere del respaldo de todos los mexicanos que han acompañado y siguen para encontrar a nuestros hijos. Es muy importante que los culpables sean castigados para que no se siga cometiendo hechos como en Iguala. “Mientras nuestro grito siga existiendo la esperanza seguirá ardiendo como una luz en los caminos para encontrar a nuestros hijos”.
Por su parte, representaciones de las normales rurales sintetizaron su exigencia por la aparición con vida de sus 43 compañeros, primero, con la solidaridad incondicional hacia los padres para seguir luchando y, segundo, que sus compañeros en estos tiempos “deberían estar impartiendo clases si no fueran desaparecidos por el gobierno. El gobierno nos ha matado a nuestros compañeros y nos quitó a 43 camaradas. Exigimos justicia. Nosotros como normalistas no nos vamos a rendir hasta saber la verdad”.
“Las madres y padres estamos seguros que la justicia va a llegar, porque los que saben de los hechos tienen que hablar para poder saber el paradero de nuestros hijos. No vamos a parar hasta llegar a la verdad y se pueda hacer justicia. Reiteramos nuestra exigencia a las autoridades que encarcelen a las autoridades y/o personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, sólo así se revelará la verdad”.
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FOTO: Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
En 2014, la comunidad ganó un amparo contra el aeropuerto de Creel. Foto: Patricia Mayorga.
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