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México / 2 de diciembre de 2017 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En estos tiempos en que se definen las candidaturas a la presidencia de la República y junto con ello se afinan las propuestas de programas de gobierno, en el contexto electoral nacional del 2018, conviene retomar algunas reflexiones críticas en torno a las complejas relaciones entre la política y la educación.

¿Qué significa “recuperar la rectoría del Estado” en materia de Educación? ¿Cuáles son los argumentos que ofrecen las autoridades educativas, algunos miembros de la comunidad académica y los tomadores de decisión que han promovido tan sui generis“reivindicación”?

Desde que se diseñó la estructura jurídica y una vez aprobadas las modificaciones constitucionales, de la actual “Reforma Educativa” (2012-2013), al iniciar el presente sexenio se dijo que: “La reforma educativa permitió al Estado mexicano recuperar su rectoría en la materia, indispensable para dirigir y lograr los cambios necesarios a favor de la niñez y la juventud, pese a que existen intereses de todo género e inercias de todo origen, sostuvo el titular de la SEP, Emilio Chuayffet.” (Excélsior, 29 enero, 2014, con base en información de Notimex)  Ese mismo discurso oficial se ha mantenido hasta la fecha y ha sido reiteradamente esgrimido por el secretario de Educación Pública en funciones, Aurelio Nuño, durante sus comparecencias y entrevistas ante los medios entre 2015 y 2017. ¿Por qué?

Como se puede notar, desde el principio y en su momento tanto Emilio Chuayffet como Enrique Peña Nieto, y ahora Aurelio Nuño, han incluido en el núcleo de sus discursos la necesidad política de “recuperar” la rectoría del Estado en materia educativa. Pero ¿acaso la Constitución Política y la Ley General de Educación no establecían u otorgaban al Estado, antes de 2013, las facultades jurídicas para ejercer dicha rectoría? ¿Qué había de recuperarse, aparte, si las facultades del Estado en la conducción y dirección de la educación nacional ya estaban conferidas?

Al respecto, la Maestra Lucrecia Santibáñez ofrece un interesante análisis: “Se habla mucho en los medios de que esta iniciativa de reforma es una estocada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como si esto fuera su principal objetivo. Aquí habría que recordar, que muchos países con buen desempeño educativo (Canadá, Singapur e incluso Finlandia), tienen sindicatos docentes fuertes. Sin argumentar ningún tipo de causalidad, tener un sindicato fuerte, por sí mismo, no excluye el tener buenos resultados. Hay de sindicatos a sindicatos, por supuesto. En el caso de México el SNTE tiene injerencia en todos los principales programas educativos y goza de poder monopólico sobre las relaciones laborales entre autoridad y maestros. Si le añadimos que juega directamente en la cancha gremial y en la cancha electoral la cosa se complica. Por lo tanto, si cambiar las formas significa ampliar el rango de acción de la autoridad educativa y su posibilidad de mejorar la educación en México, el enfoque estaría justificado.” (Nexos, blog de la redacción, 13 dic., 2012)

Por su parte, Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ha expuesto sus ideas y argumentos sobre este tema: “El objetivo de la reforma educativa es devolver el valor a la enseñanza. Lo que ocurrió con la educación en los últimos 70 años fue que se generó una relación perversa entre el Estado y el SNTE, de  tal manera que el primero hizo concesiones desmesuradas en dinero, plazas, direcciones de escuelas… Entonces, señala, el sindicato comenzó a colonizar, como dice Carlos Ornelas, la esfera directiva del Sistema Educativo Nacional hasta llegar  al punto extremo del 2008, cuando se firma la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y el sindicato participa directamente en la dirección nacional. “El 50% de la comisión mixta nacional estaba formada por miembros del sindicato”.

“Por esto, con la reforma se busca desterrar, como lo dijeron el gobierno y las tres fuerzas políticas de México, el PAN, PRD y PRI, los antiguos poderes que se generaron en el país durante esas siete décadas, además de que el Estado recupere la rectoría de la educación…”, (Guevara Niebla, en entrevista con Adrián Figueroa, Crónica, 5 ago., 2016).

¿Qué es lo lleva a los políticos y funcionarios del sector educativo a hablar de la supuesta “recuperación” de la rectoría del Estado en materia de Educación en México? Para algunos observadores independientes, como es mi caso, queda claro que el discurso oficial sobre la “recuperación” de la rectoría del Estado en la Educación, ha sido “sobre dimensionado” o de plano “exagerado”, puesto que dichas facultades ya se encontraban establecidas en la Constitución y en las leyes secundarias en la materia: Tres elementos, por mencionar sólo algunos, dan cuenta del aseguramiento de la llamada rectoría del Estado en este ámbito: 1) El control de la nómina y de las plazas de trabajo federales del Sistema Educativo Nacional (que desde 2015 se volvió a centralizar en la CDMX por parte de la SEP); 2) La decisión y facultades absolutas sobre los cambios a los Planes y los Programas de la Educación Básica (que impacta e involucra a la mayoría de los mexicanos) y, desde 2013, de la Educación Media Superior; y 3)  La conducción (con financiamiento incluido) de la formación inicial y continua de las maestras y los maestros del país.

Pienso que la supuesta “pérdida” de rectoría del Estado en materia Educativa, tiene otro sentido más específico: Se refiere, más bien, al conjunto de prácticas corporativas y clientelares que impusieron los gobiernos federales, encabezados por priístas y panistas durante los últimos 40 años, con el beneplácito de las cúpulas sindicales dominantes o hegemónicas, de origen priísta, sobre todo desde el periodo 1989-1992, tiempo en el cual Carlos Salinas pactó esa relación con la maestra Elba Esther Gordillo, mediante el llamado “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (firmado por cierto por Ernesto Zedillo, como titular de la SEP y por todos los gobernadores de la entidades federativas).

Entonces no fue “pérdida” de rectoría, sino más bien “cooptación”, “negociación”, “alianza” o “pacto” político que convenía a ambas partes, sobre todo con fines de control y manejo corporativo de los miles de miembros del SNTE. Así era (¿o es?) la ecuación para ejercer el poder político sobre el magisterio.

Justo sobre este controversial núcleo discursivo (“la necesidad política de recuperar la rectoría del Estado en Educación”), la Mtra. Tatiana Coll, de la Universidad Pedagógica Nacional, se refiere a este asunto como: “El fetiche de la rectoría del Estado y la calidad educativa”.

“Los argumentos más visibilizados que sustentan esta reforma son: la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa y la tan llevada y traída calidad de la educación. La llamada “rectoría del Estado” parece haberse convertido en los nuevos tiempos priístas en la palabra clave que permite explicar, justificar, alabar y llevar a cabo un conjunto de políticas reformadoras. Se “recupera la rectoría del Estado” en educación al encarcelar a la señora Gordillo a pesar de que los charros sigan controlando el sindicato; sin embargo, “no se pierde la rectoría del Estado” al abrir el petróleo a la inversión privada nacional y extranjera cuando sólo se podrán cobrar menguados impuestos; y se “consolida la rectoría del Estado” en telecomunicaciones al aceptar el ingreso del monopolio Slim en televisión y, viceversa, del monopolio Azcárraga en telefonía. Una rectoría del Estado cuyos principios se acomodan fácilmente a los intereses dominantes.”

Así continúa su análisis la Mtra. Coll: “La pregunta evidente sería: ¿qué entienden por Estado y por rectoría del Estado cuando se utilizan para caracterizar procesos tan aparentemente disimiles? Seguramente el meollo radica en que “la injerencia dañina” del SNTE vulnera al Estado, mientras que la “benéfica injerencia” del capital privado lo fortalece. En realidad me parece que es exactamente al revés: en el caso de la educación nunca se perdió la famosa rectoría, es un pretexto para controlar a los maestros, mientras que con relación al petróleo y su apertura al capital privado el Estado está muy dispuesto a cederla; así,  aunque se trasnacionalice, como los bancos, “seguirá siendo de la nación”, maniobras verbales en las que se especializa el priísmo.” (Coll Lebedeff, Tatiana. La reforma educativa, el poder del Estado y la evaluación. El Cotidiano, núm. 179, 2013, pp. 43-54. UAM, Unidad Azcapotzalco. México)

La guerra sobre la idea de “colonización” en el vínculo política-educación

El debate sobre la llamada “Colonización” derivada de la difícil relación entre el SNTE y el Estado mexicano, a la que se ha referido Carlos Ornelas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha generado un explosivo debate, específicamente con Manuel Gil Antón, del Colegio de México, quien ha señalado, palabras más palabras menos, que “no se puede colonizar a alguien con quien se ha sido cómplice o sujeto de una invitación.” Aquí algunos fragmentos del debate conceptual:

“De vez en cuando, Manuel Gil Antón me critica por cosas que él dice que digo, no por lo que escribo… Hoy repite la dosis, reitera lo que ha argumentado en ponencias y otros artículos. En su pieza del 4 de noviembre, en El Universal, Manuel apunta: “Javier Tello, al coordinar una sesión del seminario que organizó el INEE en torno a la reforma educativa, escuchó a Ornelas y al subsecretario (Otto) Granados hablar de la colonización y, con inteligencia, preguntó: ‘¿No habrá sido una colonización por invitación?’. Ornelas respondió que sí, que la colonización ha sido a petición de parte, o bien por contrato o convenio”.

“Una parte de esa cita es correcta, pero corta. En mi respuesta a la pregunta de Javier expresé de manera sintética lo que he expuesto con fundamento en bibliografía y documentado con investigación empírica en varios textos. Recurro a la taxonomía que estructuró Martin Carnoy (“La educación como imperialismo cultural”. México, Siglo XXI, 1977). Los casos típicos de colonización son: 1) por invitación (que fue como comenzó la cosa entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde 1946), 2) por convenio (que es como ha sido la mayor parte de los arreglos entre la SEP y el SNTE) y, 3) por conquista, que fue lo que hicieron Carlos Jonguitud Barrios —contra Fernando Solana y Jesús Reyes Heroles— y Elba Esther Gordillo, cuando algún secretario —o secretaria— de Educación Pública no quería ceder.”

“Además, señalo que la colonización que ejerce el SNTE sobre el gobierno de la educación básica siempre estuvo sujeta a los intereses institucionales del Estado. Cuando Jesús Robles Martínez, Carlos Jonguitud Barrios o Elba Esther Gordillo rebasaron los límites, el jefe del Estado en turno los defenestró.” (Carlos Ornelas Navarro, Educación Futura, 8 nov., 2017. Ornelas Navarro es autor del libro: “Educación colonización y rebeldía: la herencia del pacto Calderón-Gordillo. Siglo XXI Editores, 2012).

La respuesta de Manuel Gil Antón:

“En mi texto, critico un concepto que ha empleado con frecuencia (para caracterizar la relación entre la SEP y el SNTE) pues me parece equívoco. No hago, como creo que debe ser, ningún juicio a su persona. Más allá de los desacuerdos, vale la pena, siempre, debatir. Le agradezco la lectura de mi artículo y, con base en las dos contribuciones, los lectores podrán reflexionar sobre el tema.  Lo saluda con aprecio, Manuel Gil Antón.”

Como podemos observar, el debate sobre la necesidad política, estratégica y operativa de “recuperar la rectoría del Estado sobre la Educación, así como sobre la llamada “colonización”, está y estará vivo durante las campañas políticas que se avecinan. Por ello, considero conveniente identificar los hilos finos del tejido que forman parte de esta tela, de la cual por cierto hay mucho qué tejer y destejer desde diversos puntos de vista. ¿Por dónde le quisieran entrar: por lo ideológico, lo político o lo conceptual?

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/11/30/rectoria-del-estado-en-educacion