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Una mirada diferente a la Universidad del Sur

Por: Alfonso Atencio Esquiaqui

20 junio 2016

Jamás en la historia de la Universidad del Atlántico habíamos asistido a semejante mezquindad por parte de uno de los actores profesorales que debería más bien librar una dura batalla en la calles con los estudiantes, para la apertura inmediata de una sede universitaria de cara al postconflicto: la Universidad del Sur.

Es una aspiración histórica del movimiento estudiantil y profesoral alcanzar una Educación Superior como derecho fundamental y bien común, con calidad, de libre acceso a las comunidades y suministrado por el Estado. De igual manera, es una reivindicación de la lucha campesina el acceso a la tierra y el trabajo, en condiciones que reconozcan la coexistencia de diversos modelos productivos permitiendo el fortalecimiento de la economía campesina y la producción de alimentos, en términos de democratización territorial, desarrollo técnico y científico para la producción agraria, dotación de medios de producción, infraestructura de transporte, comunicaciones, distritos de riego y regadío, logística de almacenamiento y recursos de crédito.

El llamado Cono Sur del departamento conformado por los municipios de Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucia y Suán, concentra cerca de 90 mil habitantes aproximadamente, de los cuales el 15.5% habitan en el campo. Además, las actividades económicas, sociales y culturales en los cascos municipales están totalmente ligadas al mundo rural. Pese a ello, estos departamentos nunca han tenido la posibilidad de desarrollar toda la potencialidad productiva de la tierra debido a la ausencia de acceso a infraestructura, financiación, sistemas de riego y drenaje, así como la falta de planificación y presencia estatal en apoyo a la producción campesina, de forma que sea posible el salto de la producción de auto consumo y subsistencia hacia la explotación agrícola con fines de comercialización a gran escala, a través de la tecnificación y el apoyo científico y tecnológico al pequeño productor de alimentos.

La vocación agropecuaria de las tierras del sur del Atlántico se vio trastocada tras los efectos de la inundación generada por la ruptura del Canal del Dique en el año 2010. Fueron 24.284 hectáreas dedicadas al cultivo de alimentos las que fueron totalmente infundadas en los seis municipios mencionados anteriormente, lo que ha disminuido la productividad del campo y ha profundizado el fenómeno de pobreza que históricamente ha atravesado esta subregión del departamento. En el municipio de Candelaria se alcanza un porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas de 74,22, mientras que Campo de la Cruz, Santa Lucia, Manatí, Suán y Repelón oscilan entre el 52 y el 62 por ciento.

En este contexto, es a la vez un sentir y una exigencia por parte de las comunidades del sur del departamento del Atlántico, la presencia del Estado en sus territorios a través de instituciones educativas que permitan superar las difíciles condiciones de vida que atraviesan las personas. Por esta razón, la existencia o no de una institución de educación superior pública, de calidad y pertinente a las necesidades de esta subregión no es una cuestión que surja del espíritu filantrópico de un gobernador, es un clamor que debe ser atendido y que ha sido expresado por la población a través de la lucha social y las organizaciones campesinas en el sur del departamento.

De igual manera, la puesta en marcha de una institución de educación superior en la subregión del sur del departamento no puede estar determinada a la voluntad política del gobierno central, que por medio del ministerio de educación aprieta el pulso a diario, en medio de la tarea que juiciosamente ha asumido esta cartera desde el año de 1991 en procura por la privatización y la financiación del sistema educativo.

No es nuevo el fantasma de la desfinanciación de la universidad pública en nuestro país. El Sistema Universitario Estatal señalaba que: “Si bien la Ley 30 de 1992 hace un reconocimiento de esta autonomía de las IES estatales en temas de administración, manejo presupuestal, normatividad, elección de sus directivas, entre otras características; también generó en el Gobierno Nacional un efecto desobligante en materia de financiación de la Educación Superior Pública, donde la responsabilidad de garantizar la educación de calidad fue trasladada a las IES Estatales y los recursos que aporta la Nación a las Universidades son considerados hoy solo un aporte de ley.” (Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia: La realidad de la Crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales. SUE, Diciembre de 2012).

Hoy el gobierno nacional y departamental, pretenden poner a forcejear tanto a las comunidades del sur, que legítimamente exigen y deben tener acceso a la educación, como a la comunidad universitaria de la Uniatlántico que con conocimiento de causa manifiestan su preocupación por la carga financiera que implicaría para la universidad asumir una nueva sede si su base presupuestaria no es ampliada.

Ante esta situación las instalaciones, construidas por la gobernación del Atlántico construidas en el municipio de Suan, deben ponerse en función de los intereses estratégicos del departamento y las comunidades que habitan el área de influencia de éstas, en un contexto que incluye además el posible acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC EP, lo que contemplaría una trasformación radical del campo, con enfoque de territorialidad.

Recordemos que, con esta obra se benefician los 2.700 estudiantes que anualmente egresan de bachillerato de las instituciones educativas de los municipios de Manatí, Repelón, Candelaria, Suan, Santa Lucía y Campo de la Cruz en el Atlántico; Zapayán, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia y Pedraza en Magdalena y San Estanislao, Soplaviento, San Cristobal, Arroyo Hondo y Calamar en Bolívar (El Heraldo, 28 de Diciembre de 2015). Se es mezquino plantear que la Universidad del Sur solo albergará a los estudiantes del Departamento del Atlántico. Una regionalización (en el pleno sentido de Fals Borda) a la altura de las necesidades actuales conlleva a llegar a todos los municipios y departamentos, área de influencia de la Unisur. La Universidad del Atlántico, no puede desentenderse del reto que implica la formación de profesionales integrales e investigadores, capaces de transformar su entorno, en ejercicio autónomo de la responsabilidad social y en búsqueda de la excelencia académica para propiciar el desarrollo humano, la democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el avance de las ciencias, la tecnología y la innovación, como bien lo señala su misión institucional. Por esta razón, debe ser esta la que esté al frente de los programas profesionales que se oferten en el sur del departamento.

Los programas ofertados tienen que estar enmarcados a los campos de acción pertinentes a la vocación agropecuaria y acuícola del Cono Sur, además de mantener un enfoque de desarrollo sostenible y construcción de tejido social para la paz y justicia social. Para esto es viable la apertura de programas que ya son ofertados por la Universidad del Atlántico en esta sede, como el caso de Ingeniería Agroindustrial, Biología, Química y Administración de Empresas. Así como la creación de programas profesionales que permitan hacer de la hasta ahora denominada Universidad del Sur, un centro de investigación, Docencia e Innovación rural del Atlántico. En ese sentido, es necesario iniciar estudios de viabilidad de cara a la creación de la Sede Rural de la Universidad del Atlántico, contemplando la oferta de otros programas profesionales a ofertar, tales como, Zootecnia y Veterinaria. Teniendo en cuenta lo contemplado por el artículo 58 de la ley 30.

De otro lado y, ante esta necesidad objetiva, no es decoroso que la Doctora Gina Parody, ministra de Educación, en lugar de aumentar cobertura educativa a una población humilde y sedienta de educación en el sur del Departamento, salga ahora planteando que su Ministerio no asignará recursos a este proyecto, inspirado por la gobernación del Atlántico y que se espera adscribir a la U. del Atlántico, y por la restricción de recursos que tiene la misma Universidad. Según Parody, “El Ministerio no va a girar ningún recurso, porque nosotros giramos directamente a las instituciones cuando son una realidad”.

Flaco favor estamos haciendo a los gobiernos de turno. Qué paradoja, la ministra exige aumento de cobertura y jornada única en educación básica y media y, por otro lado cierra las aspiraciones y el futuro a esos mismos estudiantes una vez se gradúan. ¿Para dónde vamos? ¿El mundo al revés?

Las fuerzas sociales de los departamentos áreas de influencia de la de Unisur deben manifestarse frente a este juego perverso en que se encuentra estancada la educación y el futuro de nuestros estudiantes.
El gobierno nacional debe responder a la altura de las necesidades históricas, de cara al postconflicto. Observamos a diario como se pierden y esfuman, en la corrupción los sagrados recursos económicos; los ladrones de cuello blanco se pasean libremente por sus casas; y una sede universitaria, de que solo necesita de dos mil millones de pesos.

La universidad del Atlántico ha propuesto la posibilidad del traslado de los Programas Académicos regionalizados que actualmente se están ofertando en las instalaciones del CERES Suan. Para ello, se estimaron unos gastos de $888.709.286. La Universidad del Atlántico aportaría $448.231.214, correspondiente a los gastos académicos, administrativos, promoción y de apoyo a la Sección Funcional de Desarrollo Estudiantil; mientras que la Gobernación del Atlántico podría asumir $440.478.072 correspondientes a los gastos de funcionamiento y mantenimiento de lo que han llamado la nueva estructura en Suan. ¿Por qué el MEN no puede poner también unos recursos?

Con esta “propuesta se trasladarían actualmente ochenta y tres (83) estudiantes y se acogerían ciento veinte (120) aspirantes que están en proceso de admisión para el segundo semestre académico de 2016 el cual inicia en el próximo mes de agosto”. Es más, según las directivas académicas de la Universidad del Atlántico, se realizará el trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación Nacional para la creación de una Seccional en Suán, previa autorización del Consejo Superior de la Universidad.

Con voluntad política, con presupuesto de la nación, se genera plenas garantías para que la Universidad del Atlántico pueda adscribir a la Unisur. Sin mezquindades, se podrá rescatar nuevamente la vocación agrícola, pecuaria y acuícola en el cono sur y departamentos vecinos, cuyo centro estratégico es en Municipio de Suan. Esta es la esencia de la transformación del campo con enfoques de territorialidad.

Fuente del Artículo:

http://www.las2orillas.co/una-mirada-diferente-la-universidad-del-sur/

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Mexico “La protesta pública en el regreso del PRI”

Artículo de Opinión/México/junio de 2016/por: Carlos Illades

Los movimientos sociales emergen a mediados del siglo XVIII con el propósito de interpelar al Estado con respecto de reivindicaciones colectivas específicas. Si bien desde un principio incorporó la concentración pública, organización, propaganda y demostraciones grupales de voluntad y compromiso, no fue sino un siglo adelante cuando se impuso la manifestación pública como recurso de la protesta, particularmente de la clase obrera que reclamaba mejoras laborales y derechos políticos.
En el siglo XX se multiplicaron los actores de la acción colectiva y los movimientos sociales prosperaron en los países democráticos estableciéndose como una forma legítima de política popular, mientras que los estados autoritarios tendieron a inhibirlos (1).
La protesta pública es una práctica corriente que surgió a mediados del siglo XIX entre los artesanos de Ciudad de México e indudablemente creció durante la transición democrática. No obstante, resulta engañoso suponer que antes de ésta era prohibida por el régimen posrevolucionario y actualmente permitida por la democracia. Después del movimiento estudiantil de 1968, el Estado fue medianamente tolerante con las manifestaciones públicas opositoras en la capital federal, siempre y cuando no culminaran en la Plaza de la Constitución, reservada para uso exclusivo de los “sectores” del partido hegemónico en actos de adhesión al régimen o en conmemoraciones cívicas.
De otro lado, del 2000 para acá ocasionalmente se ha empleado a la policía para desbloquear vías de comunicación o detener a manifestantes cuando estallan actos de vandalismo, incluso con víctimas mortales. En las ciudades de provincia y el medio rural hubo menor tolerancia hacia la protesta. Esto pone en juego una hipótesis complementaria a la de Charles Tilly, que apunta hacia el incremento de la manifestación pública como una expresión de la crisis de lo político y de las instituciones representativas, bastante devaluadas por cierto entre los jóvenes mexicanos (2).
Muchas y muy grandes protestas públicas han recorrido las calles de Ciudad de México en los últimos 15 años, desde el arribo del contingente neozapatista que reclamaba el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios hasta las concentraciones exigiendo la reaparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En medio: los ejidatarios de Atenco, la marcha de blanco contra la inseguridad, las protestas por el desafuero del jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, las manifestaciones magisteriales, la resistencia de los electricistas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Javier Sicilia, la concentración en la Estela de Luz convocada por el YoSoy132. Y muchas otras derivadas de éstas o con menor trascendencia, sin considerar tampoco las movilizaciones en los estados, la mayor de ellas la de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.
Podemos comenzar con los destinatarios de la movilización social. Salvo la marcha de blanco y el movimiento YoSoy132, todas las demás fueron dirigidas al gobierno federal. Aquélla responsabilizó a la administración capitalina de la ineficiencia con que combatía la delincuencia, especialmente el secuestro. En tanto que la protesta estudiantil exhibió el sesgo de la cobertura noticiosa de la televisión privada en favor del PRI en la campaña electoral de 2012. Al gobierno federal se le demandó reconocer la autonomía y la cultura de los pueblos indígenas (2001), dar marcha atrás en la expropiación de los terrenos ejidales de San Mateo Atenco con el objeto de construir un aeropuerto (2001), restituir los derechos políticos del candidato presidencial puntero (2005), cancelar la alianza para la educación (2008) y la reforma educativa (2013), revertir la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (2009), resarcir a las víctimas de los daños de la guerra en contra del crimen organizado (2011) y la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala (2014).
Además de marchar por las calles, realizar plantones y caravanas, bloquear vialidades, la protesta se transnacionalizó sumando activistas de otros países (neozapatismo), incorporó nuevos repertorios de acción (las marchas a caballo de Atenco, el performance de los machetes), los plantones por relevo y tiempo indefinido (el conflicto poselectoral de 2006, el magisterio), el uso intensivo de las redes sociales (neozapatismo, YoSoy132) y núcleos violentos que actuaron como grupos de choque (los neoanarquistas). Aunque en algunos casos recibieron la atención directa de los poderes federales (las caravanas neozapatista y del MPJD), sus demandas fueron insatisfactoriamente atendidas por lo que la acción colectiva continuó, aunque con menor fuerza. Tras un largo periodo de confrontación, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó una fórmula con las autoridades federales, que si bien no restituía la antigua empresa estatal, permitiría a los trabajadores sindicalizados que no aceptaron la liquidación formar una empresa privada de servicio al sector.
Veremos ahora con más detalle las manifestaciones más importantes en lo que va del presente sexenio, llamando la atención sobre los participantes, las demandas, el repertorio y la energía colectiva desplegados, su resonancia social y la respuesta estatal, preguntándonos sobre todo si “en democracia” cambió la perspectiva gubernamental con respecto de los movimientos sociales y mejoró la receptividad hacia sus demandas. Asimismo, exploraremos la hipótesis sugerida hace un momento, esto es, si el incremento en la cantidad y magnitud de la protesta es indicativo de la disfuncionalidad institucional y de la incapacidad de la esfera pública de expresar la pluralidad social.
En un acto de campaña que parecía rutinario, frente a un público habitualmente dócil, el candidato puntero en la elección constitucional de 2012 Enrique Peña Nieto salió furtivamente del campus de la Universidad Iberoamericana después de ser increpado por los estudiantes a propósito de la represión en San Salvador Atenco quienes le gritaban “cobarde, la Ibero no te quiere”. Las televisoras editaron los momentos escabrosos del encuentro en Santa Fe, por lo que la indignación cundió entre los estudiantes al contrastar la experiencia matutina con lo que aquéllas transmitieron por la noche calificando el incidente como un “’motín porril’”. Y, ante la acusación de la jefatura priista de que eran “porros” y “acarreados”, 131 estudiantes mostraron en un video sus credenciales además de decir su número de matrícula y nombre. Para la noche, “el hashtag ‘#131alumnos de la Ibero’, se había convertido en trending topic mundial” (3). Nació así el movimiento #YoSoy132.
El movimiento fue efímero, en parte por su horizontalidad, escasa estructuración y autonomía irrestricta de cada una de las asambleas locales, lo que provocó que cada una hablara por sí misma pero que se interpretara como si lo hiciera a nombre del conjunto (al fin y al cabo todas eran #YoSoy132), confundiendo a la opinión pública y perdiendo eficacia sus mensajes; también, debido a que redujo su horizonte a la elección constitucional de 2012, quedándose sin propuesta para el día después. No obstante, animó una contienda deslucida en la que se anticipaba la victoria del PRI y, por vez primera, hizo marchar unido al alumnado de las universidades públicas y privadas. De acuerdo con una crónica periodística, en la manifestación del 24 de mayo “la avenida Reforma se llenó de pancartas en las que los alumnos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional e inclusive de otros estados se pronunciaban en contra del monopolio mediático”. Varias paradas frente a los corporativos rubricaron la convicción de que la televisión manipulaba las noticias surgiendo la consigna de “apaga la tele y prende la verdad” (4).
Al comenzar el ciclo escolar 2013-2014 alrededor de dos millones de alumnos de educación básica y media se quedaron sin clases por el paro magisterial en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Tan sólo en la última entidad, la cifra rondó un millón 300 mil. Además de la abrogación de la reforma educativa, la sección 22 de la CNTE reclamaba en el estado sureño hacer lo propio con la reforma laboral y procesar penalmente a Ulises Ruiz por los asesinatos de 2006. A los pocos días, los maestros inconformes bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y amagaron con permanecer en la plancha del Zócalo durante las fiestas patrias, sitio que ocupaban desde el 9 de mayo. Focos rojos se encendieron tanto en el gobierno federal como en el capitalino que, mediante un operativo policial, “limpiaron” la Plaza de la Constitución. Concluida la recuperación de este espacio público —perdido a partir de entonces por los movimientos sociales a consecuencia de la intransigencia de la CNTE — “grupos de embozados, simpatizantes del magisterio y los autodenominados ‘anarquistas’ se confrontaron con elementos de la policía federal” (5). Ensimismados en su política gremialista, la estrategia elemental de los maestros fue retar al Estado, con bloqueos de arterias primarias o saboteando las elecciones, y no ganar la simpatía y confianza de la sociedad. Por eso, cuando vino la contraofensiva gubernamental después de las elecciones intermedias de 2015 el respaldo de otros sectores sociales a la CNTE fue virtualmente nulo.
El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala mostraron que la frontera entre el crimen y el Estado podía borrarse (6). Si el MPJD visibilizó las víctimas civiles de la guerra, Iguala constató que además estaban inermes. No fue un hecho aislado, sino extremo, por eso dio sentido a las experiencias fragmentarias de muchos. La simultaneidad de la era de la globalización hizo que los 43 de Ayotzinapa recorrieran el mundo. Entretanto, el 29 iniciaron las movilizaciones en Chilpancingo y el 8 de octubre en Ciudad de México. En Guerrero la disidencia magisterial dominó la protesta rápidamente, mientras en la capital federal hubo muchas y muy variadas acciones colectivas. El 20 de noviembre desde tres puntos distintos de la ciudad —el Ángel de la Independencia, Tlatelolco y el Monumento a la Revolución— un nutrido contingente marchó hacia el Zócalo:
La frase inicial era la misma, contar hasta 43 y exigir justicia. Gritos de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, haciendo eco de las últimas manifestaciones.
Pero conforme fue avanzando la marcha, el grito cambió: los miles de manifestantes decían, en conjunto, “Fuera Peña!”, y al pasar por Insurgentes y Reforma el coro de “¡Senado maneja el narcoestado”. Algo cambió de las veces anteriores, pues el grito de “¡Fue el Estado”, fue sustituido por una frase más larga pero más articulada: “¡Ahora, ahora, es indispensable… que se presenten vivos y castigue a los culpables!”.
Y un “¡Gaviota, ratota, devuelve la casota!”, retumbaba en el Hemiciclo a Juárez (7).
Con los padres de los jóvenes desaparecidos al frente del contingente que partió del Ángel, la concurrencia reunió la diversidad cultural y política de una sociedad compleja: desde los duros de la ceteg guerrerense —agrupados de acuerdo con la cuadrícula administrativa de la sep—, membretes guerrilleros, los ecologistas de Greenpeace, los artistas del Faro Oriente, los activistas pro-legalización de la marihuana, colectivos feministas, ciclistas organizados, una asociación de masones, un grupo de invidentes, familias enteras, ciudadanos sin adscripción colectiva. De Tlatelolco llegaron los universitarios: los decanos (unam, uam, Politécnico) y los noveles (itam, cide, Libre de Derecho, Tecnológico de Monterrey). Del Monumento a la Revolución partieron los sindicatos y las organizaciones sociales. No había duda, la geografía de la marcha indicaba también una historia ahora unida en un flujo humano continuo hacia el Zócalo. Cada cual con un locus propio que remitía a símbolos y luchas pasadas, las organizaciones civiles, los estudiantes y los sindicalistas adoptaban la causa común de los derechos humanos, el referente universalista que daba sentido a la manifestación pública, evitando que se redujera a una reivindicación sectorial o identitaria.
La acción colectiva, la empatía que generó en otros países y el ciclo de movilizaciones que arrancaron desde el segundo tramo de la administración calderonista y se intensificaron con el regreso del PRI a los Pinos, potenciaron el alcance del acontecimiento. Las masacres silenciadas eran ya cosa del pasado pero las autoridades no lo comprendieron, reaccionando tarde y mal, al grado que ya será prácticamente imposible que ofrezcan una versión convincente de la noche de Iguala. La protesta se extinguió, llevándose con ella una porción de la de por sí escasa credibilidad gubernamental.
La protesta pública creció en la transición democrática no porque se incrementaran las garantías para quienes se movilizaban, pues mal que bien se también respetaban antes del año 2000, sino a causa de que la sociedad política es poco receptiva a las demandas surgidas en la sociedad civil, como previo a la alternancia. Con ésta se desarrolló la competencia política, pero continuó manteniéndose una interlocución muy pobre con la sociedad. El defectuoso vínculo entre gobernantes y gobernados permanece todavía inalterado. Pero, al mismo tiempo, los movimientos sociales no han generado formas políticas que les permitieran ganar espacios en la esfera pública, y su rechazo explícito a la política (identificándola con los partidos) los debilita cuando la movilización se repliega. De esta manera, pese a la intensa acción colectiva en los 15 años que van de alternancia, los cambios han sido mínimos y el desgaste del régimen, en aumento.
No obstante la protesta pública ha servido para generar consensos amplios en torno a los derechos humanos, visibilizar los reclamos de los pueblos originarios y a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, además de demandar transparencia y pluralidad a los medios de comunicación masivos. En cuanto a las reivindicaciones gremiales, los electricistas recuperaron parte de lo perdido con la extinción legal de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y los maestros, con su política de todo o nada, han perdido terreno. Llama la atención, sin embargo, que el combate a la corrupción (política y económica) no entrara todavía en la agenda de los movimientos sociales mexicanos que permanecen ajenos a esta demanda cardinal de las luchas contemporáneas.
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*El texto original, presentado en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Columbia en abril pasado se ocupa de los años de la transición democrática. Por razones de espacio, tratamos exclusivamente los últimos cuatro años.
**Historiador. Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa. Es autor de Conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social (Gedisa, 2015).
1) Charles Tilly y y Lesley J. Wood, Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook (Barcelona, Crítica, 2010), pp. 22, 245.
2) Olivier Fillieule y Danielle Tartakowsky, La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles (Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2015), p. 68; “Jóvenes mexicanos, los que menos confían en las instituciones”, Milenio, 22 de agosto de 2013.
3) “’La Ibero no te quiere’”, Reporte Índigo, 11 de mayo de 2012; cit. en Marco Estrada Saavedra, “Sistema de protesta: política, medios y el #Yo soy 132”, Sociológica, vol. XXIX, núm. 82, 2014, p. 93; “No somos porros ni acarreados, responden alumnos de la Ibero que increparon a Peña”, La Jornada, 15 de mayo de 2012; Héctor de Mauleón, “De la red a las calles”, Nexos, septiembre de 2012, p. 40. De acuerdo con un teórico, “la autocomunicación de masas proporciona la plataforma tecnológica para la construcción de la autonomía del actor social…” Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza (Madrid, Alianza, 2012), p. 24.
4) “Marcha YoSoy132 toma las calles de México”, El Economista, 24 de mayo de 2012; “#YoSoy132 pide ‘apagar la tv y encender la verdad”, La Jornada, 14 de junio de 2012.
5) “Mega paro magisterial: dos millones de niños sin clases en cuatro estados”, Proceso, 19 de agosto de 2013; “Maestros bloquean inmediaciones del aeropuerto del DF”, El Universal, 23 de agosto de 2013; “Detienen federales a 31 tras el desalojo”, El Universal, 14 de septiembre de 2013.
6) Los reportajes mejor documentados los ofrecen Esteban Illades, La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México, Grijalbo, 2015); Sergio González Rodríguez, Los 43 de Iguala (Barcelona, Anagrama, 2015).
7) Esteban Illades, Juan Pablo García Moreno y Kathya Millares, “México se mueve: crónica de una marcha”, Nexos, en línea, 21 de noviembre de 2014, s.p.

Fuente del Artículo:

“La protesta pública en el regreso del PRI”, artículo de Carlos Illades

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México: Maestros toman las calles en protesta

México/22 de junio 2016/Autor: Fernando Aguilar. faguilar@redaccion.diario.com.mx/ Fuente: El Diario

Como una muestra de solidaridad con “la inconcebible represión” que enfrentan los maestros en Oaxaca, donde murieron al menos nueve de ellos en un enfrentamiento con la Policía Federal, cientos de profesores se enfilaron ayer hacia el puente Santa Fe para protestar ahí por aquellas acciones.

Los marchantes comenzaron a congregarse en las inmediaciones del Monumento a Benito Juárez a partir de las 6 de la tarde, de donde partieron hacia su destino unos minutos después de las 7.

Una vez que llegaron, la instrucción que dieron a los operadores de las garitas fue clara y tajante: levantar las plumas para permitirles el acceso al cruce fronterizo a los centenares de simpatizantes que apoyaron la causa.

Ahí, los participantes –entre docentes, colectivos feministas, derecho humanistas, agrupaciones de médicos y ciudadanos solidarios condenaron las acciones de la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca y se manifestaron en contra de la reforma educativa.

Con la caminata, coincidieron los participantes, buscaban hacer visible que ya no les es posible tolerar “más abusos” de parte del Estado que, consideran, con dicha enmienda constitucional oprime al magisterio.

Juan Morúa Torres, director de la escuela Club de Leones, dijo que los maestros salieron a las calles para exigir, entre otras cosas, un alto a la represión, castigo a los culpables de la muerte de sus colegas en Oaxaca, un diálogo con las autoridades educativas, la destitución inmediata del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y el pago a los docentes a quienes les fue retenido su salario aquí.

Los participantes se apostaron en las faldas del puente internacional y desde ahí lamentaron que el mensaje que envió el Estado al ejecutar a ocho maestros es que la única vía para solucionar los problemas es la violencia.

El derecho humanista Gustavo de la Rosa Hickerson se unió a la protesta y, hacia el término de ésta, calificó el enfrentamiento ocurrido en el sur del país como “el Tlatelolco de 2016”.

“Estamos aquí en repudio al Gobierno Federal por esas acciones tan cobardes de esos asesinos”, dijo Ignacio Ramírez Beltrán, un ciudadano que encabezó el acto. “¡Ya estamos cansados!”

 

Fuente de la Noticia:

http://diario.mx/Local/2016-06-21_49747235/maestros-toman-las-calles-en-protesta/#DmxBox

 

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Paradojas de la Evaluación

Manuel Gil Antón*

Cuando un medio se convierte en fin, se pone fin a la utilidad del medio. Medios y fines. Tema recurrente. Así como una reforma educativa se pone en marcha como instrumento para mejorar el aprendizaje en el país, la evaluación al personal docente, si se le entiende y lleva a cabo bien, es un recurso orientado a mejorar la práctica cotidiana del oficio. Ambas son herramientas para conseguir objetivos. El termómetro es muy útil para indicar fiebre, pero de haberla, la idea es averiguar la causa que la produce. Nadie se cura si se toma la temperatura cada cuarto de hora.

En el momento en que la reforma o la evaluación se confunden, y sus promotores pierden de vista que son medios para algo, y no fines en sí, tanto el intento de transformación de las condiciones para aprender, como la estrategia que procura que se haga de manera más interesante y creativo el trabajo en el aula, pierden sentido. Se vacían y, huecas, ya no median para resolver un problema: son elementos del discurso oficial, estadísticas lucidoras y, sobre todo, fuente de confusión.

Los impulsores machacarán su relevancia: adoran y presumen un (su) martillo no como elemento en la fabricación de una silla por ser idóneo para clavar, sino por el simple hecho de ser martillo y punto. Incluso, extraviadas la evaluación o la reforma de su lugar como mediadores en aras de un cambio necesario, se transforman en armas: los aprendices de brujo, por aferrarse al dogma, a todo le ven cabeza de clavo y arremeten con lo único que tienen. Pegan, rompen huesos y ventanas. Destruyen cuando dicen construir.

¿Y no será que, poco a poco, la evaluación sí va a mejorar la educación en el salón de clase? ¿No es cuestión de tiempo? Eso depende, en buena lógica, de una condición indispensable: que la evaluación tenga que ver, de veras, con lo que ocurre en las aulas. Si los procesos para conocer los alcances y límites del trabajo docente para avanzar (tarea de una evaluación adecuada) están desligados del acontecer pedagógico que efectivamente se realiza, sucederán, sin remedio, dos cosas. Por una parte, la evaluación se convertirá en un requisito laboral. Será, presentarla, el mecanismo para conservar el empleo ante la amenaza tronante de la autoridad y la ley. Y cada cuatro años. Por la otra, con la finalidad de lograr la distinción de los nuevos estratos de calidad en el magisterio, o ganar más dinero, no ocurrirán, en general, esfuerzos formativos a fondo. Dadas las condiciones, no tiene sentido: se “estudiará” para “pasar” los exámenes, y se ajustará a lo que se solicite en ella, sin que implique modificar nada en el espacio del aula. La vida escolar y el proceso de evaluación tienen poco o nada que ver. El medio, evaluar, convertido en fin de alto impacto: contar con, o permanecer en el trabajo, se convertirá en la guía, el manual. Ayuna de sentido transformador, la evaluación genera un comportamiento en serie indiferenciado, vacuo: repetir lo que sea necesario para aprobar a toda costa, y qué mejor con hartos puntos para ser destacado o excelente.

¿Y el aprendizaje? Perdón, no entiendo su pregunta… ¿a qué se refiere? Pues a que los alumnos sepan y disfruten leer, hagan preguntas interesantes y se abran a la maravilla de dudar. No, mire: eso es de larguísimo plazo. Lo que importa es que cada año se evalúen cientos de miles, muchas maestras y maestros. Eso es lo necesario. Basta y sobra.

Convertida en fin, la consecuencia de la examinación a mansalva descansa en un prejuicio perverso: la evaluación, por aplicarse profusamente, produce calidad. La simple acumulación de docentes destacados hace mejor a una escuela. Vaya paradoja: siendo tan importante, valorar el trabajo disminuido a requisito laboral ni apoya al aprendizaje ni fortalecerá al magisterio. Es pasar de la paradoja a la parajoda

 

* Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de

El Colegio de México

mgil@colmex.mx

@manuelgilanton

 

Fuente de la Imagen:

http://www.posta.com.mx/nacional/publican-calendario-de-evaluaciones-escolares-para-2016

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México: Denuncia educación de Guerrero a 16 líderes magisteriales

Chilpancingo / 21 de junio de 2016 / Por: Alejandro Ortíz / Fuente: http://bajopalabra.com.mx/

Existen 16 denuncias contra líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), informó el titular de la Secretaría de Educación del estado (SEG), José Luis González de la Vega Otero.

“Son alrededor de 16 denuncias que se han presentado contra líderes de la CETEG”, dio a conocer, durante una conferencia de prensa, a puerta cerrada, a la que se invitó a pocos medios.

Dijo que estas denuncias se interpusieron luego de que manifestantes destrozaran las oficinas particulares de la SEG en Chilpancingo.

Entre los líderes denunciados, se encuentra el secretario general, Ramos Reyes Guerrero, y Antonia Morales Vélez, quien encabeza otra fracción de la Coordinadora.

También advirtió que alrededor de mil 43 maestros están en proceso de ser dados de baja, por no presentarse a realizar la evaluación docente.

“Hay 189 maestros de los mil 280 que no se presentaron, pero que se les abrió la oportunidad, por acuerdo jurídico, ya que su inasistencia se debió a otros temas, como (cuestiones de) salud”, detalló.

Afirmó que, entre otras “complicaciones”, estuvo el cierre de sedes por parte del magisterio disidente, en donde estaba programado realizarse las evaluaciones.

“Había maestros que sí querían hacer el examen, pero la dirigencia de la CETEG no lo permitió, con sus acciones, eran argumentos válidos para no hacer el examen”, señaló de la Vega Otero.

Agregó que, en esos casos, se solicitó a la Federación una prórroga a los 189 casos de docentes; “sobre esa base estamos transitando”, expuso.

“En cifras, cuatro de cada cinco maestros dijeron sí a la evaluación, sí a la reforma educativa, sí a que los niños de Guerrero tengan mejor educación. Fueron cuatro mil 100 maestros los que aceptaron”, afirmó.

El funcionario estatal agregó que los grupos movilizados “son pocos”, a pesar de las múltiples movilizaciones que se han realizado, y reiteró que se castigará, conforme a la ley, a quienes han realizado destrozos en inmuebles públicos.

Fuente noticia: http://bajopalabra.com.mx/denuncia-educacion-de-guerrero-a-16-lideres-magisteriales#.V2mBl_nhCM8

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México: Educación ambiental se impulsa en playas de Tijuana

Tijuana / 20 de junio de 2016 / Por: sysadmin / Fuente: http://noticias.starmedia.com/

Debido a la afectación de los procesos medioambientales, el programa Cultura de Playa en Tijuana, impulsado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y otros organismos, se enfoca en la limpieza constante de esas zonas para preservar la salud de los océanos.

El director de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC, Ricardo Verján Quiñones, dijo que en coordinación con el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), así como Out of the Boat Swim, buscan sensibilizar a quienes acuden a las playas.

En conferencia de prensa informó que a esos visitantes, durante su estancia en la playa, se les brindan opciones y oportunidades para relacionarse de manera respetuosa con su entorno natural a través de incorporar buenas prácticas.

El Programa Cultura de Playa va dirigido a niños y jóvenes visitantes de las playas bajacalifornianas, para que a través de actividades vivenciales y la recreación adquieran conocimientos e ideas para que se puedan integrar a la naturaleza de forma segura.

Indicaron que el programa de educación ambiental y acuático tiene un enfoque de participación comunitaria.

Comentaron que los temas son educación ambiental enfocada a plásticos y vida marina, limpieza de playa, reciclaje y contaminación, educación acuática dirigida a la seguridad acuática y clasificación.

Los talleres son impartidos por estudiantes de turismo y mercadotecnia así como voluntarios de Out of the Boat Swim, quienes apoyan a más de cien niños en actividades que realizan en la playa los domingos 12, 19 y 26 de junio.

Además de Ricardo Verján estuvieron la delegada de Playas de Tijuana, Martina Montenegro; la coordinadora de Cultura de Playa, Ana Lucia López Avedoy; así como el enlace binacional de Turismo, Juan Saldaña.

Fuente noticia: http://noticias.starmedia.com/24h/educacion-ambiental-impulsa-en-playas-tijuana.html

Foto: http://www.uniensenada.com/noticias/tijuana/420032/invitan-a-campana-de-educacion-ambiental-en-la-playa.html

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México: Titularidad de la SEP se aleja de sindicatos magisteriales

México/El sol de Puebla/ 22 de Junio de 2016.

Con la novedad de que la codiciada Secretaría de Educación Pública podría no quedar en manos del SNTE en la próxima administración estatal.

Al interior del equipo de trabajo del gobernador electo, José Antonio Gali Fayad, corre la especie de que no sería una buena idea poner en esa posición a un representante de los sindicatos magisteriales, dada la desgastada imagen que tienen a nivel nacional a partir de la detención de la profesora Elba Esther Gordillo y de los acontecimientos vinculados a la resistencia a la reforma educativa, que se sumaron además a los recientes escándalos por el cobro de comisiones a empresas prestamistas.

Hay por delante más de siete meses para definir al encargado de las políticas educativas del estado, lo que podría resolverse incluso con una ratificación, pero al día de hoy, cuando apenas han transcurrido tres semanas después de la elección de gobernador, parece que ni la sección 23, de Emilio Salgado Néstor, ni la sección 51, de Jorge Luis Barrera de la Rosa, tienen en la bolsa la cartera de gobierno que anhelaban.

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/columna/19469-/tres-trascendidos-arrancar-semana

Fuente Imagen: http://deradvomaro.blogspot.com/p/secretaria-de-educacion-publica-y.html

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