México

Lev Moujahid Velázquez Barriga

Inicia la fase crítica de la reforma educativa. El gobierno federal no escatimará recursos de todo tipo, incluyendo los violentos, para hacer realidad su “reforma”. Los dos siguientes fines de semana se aplicarán los exámenes de conocimientos, la etapa que verdaderamente interesa a las autoridades aliadas al sector patronal. La confrontación directa y definitiva de dos visiones de la educación ha comenzado

Cuando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) dio a conocer un calendario de evaluaciones que contenía la ruta hasta 2020, recuerdo haber escuchado entre las filas del magisterio disidente que un docente dijo: “Ahora sí vamos a ver de qué están hechos los maestros”. Lo cierto es que hasta hoy no se ha tocado el derecho a la permanencia de los trabajadores de la educación que fueron contratados antes de la última reforma educativo-laboral, porque la evaluación que les corresponde no ha concluido todavía.

La respuesta a la pregunta de la expresión a la que hago referencia está cada vez más cerca. En noviembre, específicamente los fines de semana entre el 14 y el 29, está programada la tercera fase de la evaluación para el “desempeño” que se refiere a la aplicación del examen de conocimientos; ésta no sería ya de carácter diagnóstico, ahí se jugaría la estabilidad de los docentes con plaza basificada o contratos indefinidos.

A pesar de que el INEE y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han hecho parecer la evaluación como un proceso de cuatro fases que integralmente recogería diversos aspectos del trabajo docente, a saber: informe de cumplimiento de evidencias, que elabora el director o supervisor escolar; la entrega del expediente de evidencias de enseñanza; el examen de conocimientos y competencias didácticas; y la planeación didáctica argumentada, sin embargo, lo que realmente podemos dar por cierto es que se centrarán en el tercero de esos factores.

El examen es la mayor apuesta de la evaluación. La realidad ha demostrado la ineficiencia de todos los órganos educativos involucrados, incluida la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), para llevar a cabo las primeras dos etapas que hasta hoy han presentado demasiadas dificultades. La verdad es que no han sido capaces de crear las condiciones técnicas para completarlas, mucho menos lo serán para procesar un mar de información que derivaría, primero, de los reportes de evidencias y, luego, de las planeaciones didácticas, lo cual nos lleva a “mal pensar” que serán a fin de cuentas los lectores ópticos o los servidores virtuales los responsables de calificar un test de conocimientos, prácticamente como única forma de evaluar al docente.

desobediencia-pacifica-300 Las reacciones anticipadas de los maestros antes de la estocada final por medio de la evaluación que se viene han sido muy diversas, pero no siempre bien concienzudas e informadas. Un sector aparentemente inconforme y en desacuerdo con los procedimientos operativos que ha seguido la reforma educativa ha optado por exigir las condiciones necesarias de información, capacitación, asesoramiento y transparencia de la evaluación, para que se lleve a cabo en respeto de la legalidad, en el marco constitucional reformado, sin interpretaciones regionales o desviaciones que favorezcan la corrupción.

Ésta no es una actitud de oposición genuina: el problema de la evaluación no es asunto de formas malentendidas o de incumplimientos administrativos, la reforma educativa es la raíz donde nace la inestabilidad laboral; la que sienta las bases para el despido disimulado de retiro voluntario o cambio de función; la que niega el derecho a la permanencia del trabajador docente; que trasviste de autonomía de gestión, la privatización de la escuela pública; que mide, pero no evalúa porque su naturaleza es empresarial y no educativa. Exigir las mejores condiciones para operar la ley es como si el condenado a muerte pidiera una jeringa esterilizada para que le apliquen la inyección letal y el seguimiento de todos los protocolos necesarios para su ejecución; digamos que no está mal, pero eso no le devolverá su derecho a vivir.

Otro sector importante ha decidido ir por la jubilación, actitud inducida por los propios órganos de gobierno para congelar plazas que ya no se abren para nuevos ingresos o se convierten en contratos precarios. Eso disminuye la cobertura de docentes en las escuelas, pero tampoco va resolviendo la situación. El peligro más próximo es el quiebre de los sistemas de pensiones. En el corto plazo, las entidades federativas se están declarando incompetentes para resolver el pago de trabajadores no activos, algunos ya han reformado sus legislaciones en perjuicio de los pensionados y a nivel federal seguirán los lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda, una reforma que genere menos gastos al Estado y mayores aportaciones del trabajador.

La desobediencia pacífica ha sido uno de los mecanismos más eficientes de la resistencia magisterial hasta este momento. Sus resultados han puesto, por varias ocasiones, en riesgo la viabilidad de la reforma; por situar el impacto, tenemos el caso de Michoacán, donde el gobierno estatal declaró públicamente en los días pasados que sólo 500 de los 6 mil docentes se han inscrito para dar inicio con el proceso evaluativo en esa entidad, cifra que no llega ni al 10 por ciento del total; tal parece que la promesa del aumento salarial inmediato a los que se evalúen no está convenciendo, porque la estabilidad laboral es mucho más importante para los maestros.

En entidades como Chiapas, el gremio magisterial se ha visto más resuelto y decidido a reaccionar ante la intervención policiaca en asuntos educativos que deberían resolverse en términos pedagógicos, pero también políticos con el gremio de maestros y no con la fuerza pública, como si fuesen delincuentes de alta peligrosidad alterando el orden social y no un sector de esa sociedad inconforme con una medida que no ha sido dialogada con los principales actores educativos.

En todo caso, la cercana posibilidad de perder el empleo –que no es poca cosa en un país golpeado por la extrema pobreza, la falta de oportunidades y donde sólo el 10 por ciento de los trabajadores están sindicalizados, por tanto no tienen un contrato colectivo ni una organización gremial que los respalde ante cualquier injusticia patronal– ha hecho que los docentes se dispongan en última instancia a defender hasta las últimas consecuencias lo único que tienen para garantizar una mediana forma de vivir, que no es un privilegio, sino un derecho que la población está perdiendo o nunca lo tuvo, incluso.

Por su parte, la reacción de los empresarios ha sido la criminalización de la protesta social, la difamación, el llamado incesante a utilizar los cuerpos represivos contra el magisterio, como no lo han hecho nunca ni para detener el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de personas y la escandalosa corrupción de cientos de políticos que dejan deudas en los estados, impagables en décadas. Se están jugando el todo por el todo, están dispuestos a asumir las consecuencias del uso de la fuerza pública porque saben que de culminar esta primera evaluación para la permanencia será el éxito de la más importante de las reformas en México, y el impacto del golpe laboral, pero también moral contra organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habrá sido incalculable.

Quedan apenas unos días para la evaluación que se viene. Serán tiempos definitivos para conocer el destino de la reforma educativa en medio de todo este conflicto social que ha generado reacciones encontradas de alcances nacionales, y estoy seguro que para propios y extraños ronda la misma inquietud, la misma preocupación: ¿de qué están hechos los maestros?

*Fuente de la imagen: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/15/sociedad/037n1soc

*Articulo tomado de: http://www.voltairenet.org/article189401.html