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México: AED 40 del SNTE-CNTE: «El currículum comunitario del PCE: reflexiones y alternativas didácticas»

América del Norte/México/20-09-2020/Autor(a) y Fuente: Asamblea Estatal Democrática  de la sección 40 del SNTE-CNTE

Como parte de los trabajos impulsados en la ruta pedagógica a través del Proyecto Comunitario para la Escuela PCE, la Asamblea Estatal Democrática  de la sección 40 del SNTE-CNTE presenta la Memoria de la Jornada Político-Pedagógica intensiva de inicio del ciclo escolar 2020-2021 «El currículum comunitario del PCE: reflexiones y alternativas didácticas», material que incluye la sistematización de los talleres y compartencias que permite orientar los procesos pedagógicos en nuestra propuesta de educación alternativa.

En unidad, resistencia y transformación pedagógica
Por una educación crítica, humanista, científica y popular.

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA DE LA SECCIÓN 40 DEL SNTE-CNTE

Para descargar la sistematización darle clic en el siguiente enlace:
Fuente e Imagen: Asamblea Estatal Democrática  de la sección 40 del SNTE-CNTE
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La entelequia educativa

 Mauro Jarquín

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes. Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente: https://profelandia.com/la-entelequia-educativa/

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La entelequia educativa

Un camión de la policía estatal embiste a estudiantes de la escuela normal rural Francisco de Quiroga en Michoacán, durante una protesta para solicitar apoyos del gobierno con el fin de realizar actividades culturales; como resultado, varios estudiantes heridos, uno de ellos en condición grave. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se propone un recorte de más del 90% del presupuesto destinado a las escuelas normales, formadoras de docentes.

Se presenta también una Iniciativa de la Ley General de Educación Superior, en la cual se consideran elementos que abren la puerta a la exclusión educativa y docentes del Estado de México y Veracruz viajan a la Ciudad de México para exigir la resolución a distintas demandas pendientes. Todo esto prácticamente en la misma semana. Al parecer, el panorama educativo nacional no ha cambiado mucho a dos años de gobierno de la 4T,    salvo por la legitimidad de la cual goza el gobierno federal en amplios sectores del magisterio.

Más allá de las vicisitudes multinivel (federal, estatal, municipal) y partidista que desarrolla toda política, y el recurrente asedio directo a las instituciones formadoras de docentes por parte de autoridades estatales -entre las cuales el gobernador Silvano Aureoles ocupa un lugar importantísimo- lo cierto es que ha terminado por aclararse algo que muchos no esperaban y otras voces se han negado a aceptar: la continuidad del neoliberalismo en rubros importantes de la política educativa nacional, el cual, declarado en algún momento muerto, sigue vivito y coleando. Muestra de ello es el recorte presupuestal a programas docentes y escolares, la proliferación de alianzas público-privadas con grandes consorcios empresariales para la provisión del servicio educativo público, la creación de mercados educativos con el pretexto de la imperativa digitalización en tiempos de pandemia y post pandemia y el continuo golpeteo a la profesión docente, por la vía del des-financiamiento federal o de la represión física a nivel estatal.

Los elementos mencionados son herencia directa del neoliberalismo en educación, entendido este tanto en clave de política económica (ampliación de espacios de inversión al capital, contención del gasto público en servicios sociales) como de políticas de gestión de las poblaciones y colectivos (generación de lógicas disciplinarias y subjetivaciones específicas) solo que ahora recubierto de una retórica de cambio y primacía de los intereses populares.  Algo que no resulta precisamente novedoso en el contexto latinoamericano si tomamos en cuenta la experiencia en años recientes de Ecuador y Brasil, por ejemplo.

Si partirnos de la máxima cristiana por sus frutos los conoceréis, podemos afirmar con seguridad que la gran transformación educativa de la 4T es realmente una entelequia; es decir, una cosa irreal que habita en la imaginación de la burocracia educativa, de algunos cuadros del lopezobradorismo y del propio Presidente. Dicha idea ha generado cierto arraigo en distintos sectores de la población mexicana, lo cual responde parcialmente a que para la opinión pública ha resultado cuando menos nebuloso el proceso de diseño y ejecución de la política educativa en el sexenio en curso, con todo y el desfase entre el discurso público con el cual se han justificado las decisiones oficiales, los elementos clave plasmados en los documentos rectores de política educativa y los hechos concretos de su actuación.

Basta dar un vistazo tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como al Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los cuales se hacen afirmaciones como: “el proyecto educativo de la presente administración garantizará el respeto a los derechos del magisterio, el fortalecimiento de las escuelas normales publicas, la creación de un sistema de promoción vertical y horizontal justo, y el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal docente en el aula” o “ningún joven que desee cursas estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior” para comprender el desarrollo de una grandes expectativas que siguen vigentes en el el magisterio y las comunidades educativas.

En el Plan se afirma que durante el periodo neoliberal “se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior”, que “los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos” y que “se emprendió una ofensiva brutal en contra de las normales rurales”. Ante ello, afirma, el gobierno federal se comprometió a “mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa”.

Por su parte, el Programa matiza la retórica de ruptura total al recordar el compromiso adquirido por el Estado mexicano respecto a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje”, lo cual plantea una continuidad tácita en ciertos rubros de política pública. Aún así, el documento afirma un cambio profundo en el proyecto educativo a través del desarrollo de seis objetivos prioritarios: a) educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; b) educación de excelencia; c) revalorizar a las maestras y los maestros; d) entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; e) derecho a la cultura física y f) fortalecer la rectoría del Estado en la educación. Todos articulados en 30 estrategias prioritarias y 274 acciones puntuales.

El preocupante desfase entre retórica y acción resulta cada vez más claro. Es curioso ver cómo a escasos dos meses de la publicación del Programa, sus contenidos parecen ya quedar inoperantes. Como muestra, dos cuestiones:

La acción puntual 1.6.4, perteneciente a la Estrategia Prioritaria 1.6, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior consiste en: “promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las oportunidades de acceso al sistema, respetando, en su caso, la autonomía de las universidades. No obstante, en la Iniciativa de Ley General de Educación Superior se mantiene una política de exclusión educativa fundada en los “requisitos” de las instituciones de educación superior, lo cual permite pensar que “estamos frente a una inaudita cesión de una función del Estado (garantizar la educación) a lo que decidan establecer las autoridades de las instituciones públicas y también las de las privadas” (https://www.jornada.com.mx/2020/09/12/opinion/016a2pol). ¿Hasta qué punto dicha sesión fue producto de un acuerdo cupular entre burocracias universitarias y élites empresariales del CCE y la COPARMEX? Aún no lo sabemos.

Por otro lado, la acción puntual 4.1.4, de la Estrategia Prioritaria 4.1 respecto a asegurar las condiciones de infraestructura física educativa, considera: “fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros”. Algo prácticamente impensable tras las proyecciones de gasto destinadas a las necesidades de las escuelas normales así como programas de formación docente.

En un contexto de confusión respecto a la práctica concreta de la política educativa lopezobradorista, el presupuesto y la unidireccionalidad de la toma de decisiones han resultado clarificadores. Y es que es importante preguntarnos que, sin fortalecimiento a la profesión docente, sin acciones afirmativas del Estado por extender la educación superior a un número cada vez mayor de jóvenes (más allá del proyecto de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García), sin inversión considerable en educación de primera infancia, sin un criterio novedoso para evaluar el sistema educativo nacional (dada la primacía acrítica por la prueba PISA, establecida también en el Programa), sin una participación real de las distintas expresiones magisteriales en las discusiones sobre el desarrollo de su trabajo, etc.,  resulta muy complicado aceptar la narrativa de la transformación.

Es verdad que la reforma constitucional de la 4T desvinculó la evaluación docente de su permanencia en el empleo, y con ello puso fin a la terapia de choque a la cual había sido sometido el sistema educativo nacional. Sin embargo, dado el apoyo electoral brindado por el magisterio en la campaña electoral de López Obrador, así como su entrega constante en el trabajo en el aula, ya sea física, virtual o inexistente, tal medida debería ser el inicio de un sistemático cambio educativo de largo aliento, y no un dispositivo de control sobre la crítica y la movilización. Alguien podrá decir que de poco sirve señalar las inconsistencias de la política educativa en curso. Sin embargo, vale la pena reconocer que la educación es esencialmente, un campo en disputa. Una disputa que se construye con las luchas cotidianas y que en términos concretos, no está definida a priori. Y ante el contexto de un gobierno que pese a ciertas definiciones aún se construye, resulta fundamental identificar las los claroscuros, para llamar a caminar en un sentido distinto.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-entelequia-educativa/

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Dejan a niños sin clases extra y alimentos: SEP recorta 100% presupuesto a Escuelas de Tiempo Completo. México

El programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé dejar sin recursos el programa Escuelas de Tiempo Completo mediante el cual un millón de estudiantes recibían alimentos en sus planteles y 534 mil tenían actividades educativas o deportivas en horario extendido, y en cambio propone un aumento de 63% al presupuesto del programa La Escuela es Nuestra.

El objetivo de La Escuela es Nuestra durante el primer año de operación en 2019 fue entregar recursos a padres de familia para que se hicieran cargo de mejorar la infraestructura educativa pero, a partir de 2020, también incluyó la contratación de “asesorías y tutorías”, según los lineamientos publicados en octubre pasado.

Este programa tendrá 12 mil 280 millones de pesos, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2021; esto significa un aumento de 63%, equivalente a 5 mil millones de pesos, cifra comparable el presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos que tuvo Escuelas de Tiempo Completo en 2020, y que ahora tendría cero recursos.

En la Escuela es Nuestra, los recursos pueden ser utilizados para el mantenimiento del inmueble escolar; construcción de aulas, baños, laboratorios, entre otros; adquisición de mobiliario y equipo escolar como computadoras, tabletas, televisores; creación de condiciones de seguridad; compra de materiales educativos como biblioteca, actividades artísticas, software educativo, actividades deportivas, entre otros.

Y también para la “contratación de servicios de conectividad, adquisición de insumos y materiales impresos y en línea, asesorías, tutorías para alumnos, docentes, padres de familia y directores”.

Cada comunidad, a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) –conformado por padres y madres de familia, directivos, docentes y alumnos–deben realizar asambleas para que, a partir de sus necesidades, decidan qué comprar o contratar.

En tanto, el programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias en un horario extendido de 6 u 8 horas por jornada. Inició en 2006 con 500 escuelas y tras 14 años de operación suman 27 mil planteles en todo el país hasta 2020, de las cuales 19 mil son indígenas y rurales, lo que representa 70.5% del total, de acuerdo con el segundo informe de Gobierno del presidente López Obrador.

Todas las escuelas primarias y secundarias que participaban en programa recibían aproximadamente 90 mil pesos cada año para pagar los salarios de maestros que impartían clases en el horario extendido, los materiales para las actividades y lo necesario para la provisión de los alimentos para estudiantes.

En la Escuela es Nuestra, después de definir sus necesidades, número de alumnos y grado de marginación, podrán recibir entre 150 mil y 500 mil pesos, que son depositados directamente en la cuenta del Comité Escolar, cuyo tesorero se encarga del manejo y comprobación de los recursos.

Animal Político preguntó a la SEP sobre el análisis que realizó para determinar el recorte de 100% al programa Escuelas de Tiempo Completo y el aumento presupuestal a La Escuelas es Nuestra, pero el área de prensa dijo que no darían entrevistas al respecto hasta que el presupuesto fuera aprobado en la Cámara de Diputados.

Escuelas de Tiempo Completo mejoró aprendizaje

Evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman que el programa Escuelas de Tiempo Completo, iniciado en 2006, mejoró el aprovechamiento escolar entre alumnos de educación básica.

 El programa inició en el sexenio de Felipe Calderón, continuó en la administración de Enrique Peña Nieto y cada año tuvo incrementos presupuestales, pero desde el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el recorte, primero de 5% en 2019, luego de 50% en 2020; y para el presupuesto de egresos de 2021, el Ejecutivo no le asignará presupuesto.

Esto significará que las escuelas dejarán de recibir recursos a través del programa que proveía alimentos a un millón de niños y adolescentes en sus planteles, y donde 534 mil recibían clases extracurriculares y actividades artísticas o deportivas en horario extendido, los objetivos centrales del programa.

La más reciente evaluación de impacto del programa realizada por el Coneval en 2018 analizó los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto al aprendizaje de matemáticas y lengua, y concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.

Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación.

Y los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables, pues de acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.

Esto porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.

También, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017.

Las tasas de abandono presentan un aumento para las escuelas que no cuentan con servicio de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en contraste con la disminución de 1.16 puntos porcentuales en las escuelas que si cuentan con este servicio. “Esto sugiere que el servicio de alimentación contribuye a disminuir el abandono a nivel secundaria”.

De hecho, en 2017, la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP también evaluó el programa y concluyó que “tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos. La Percepción de los directores y los padres de los beneficiados también apoyan esta indicación”.

El estudio incluyó encuestas entre los integrantes de la comunidad educativa y entre los puntos positivos del programa destacaron los apoyos a docentes y directivos de tipo financiero y técnico. 68% consideró que eran suficientes y dijeron estar satisfechos con los convenios con algunas Universidades para realizar la capacitación a profesores, certificación de directivos, y la incorporación de maestros de nuevo ingreso y a especialistas para el equipo pedagógico.

Mientras que en la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 del CONEVAL, cuyo equipo evaluador provenía del Colegio de México (COLMEX) identificó como principales hallazgos que el programa podría tener una incidencia positiva en el logro de los alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to de primaria, tanto en lectura como en matemáticas.

Y además, “el efecto se incrementa de acuerdo al número de años que la escuela ha participado en el Programa de acuerdo al artículo derivado de la investigación de tesis de maestría. Aunque, no puede generalizarse a otros grados”.

En tanto, respecto a la revisión del gasto de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la ejecución de 7 mil 756 millones de pesos en 2017. De ello se detectaron irregularidades por 311 millones de pesos, es decir, 4% del total auditado.

Sin embargo, las irregularidades se concentraron en el estado de Chihuahua con 92 millones de pesos; Chiapas con 57.5 mdp y Morelos con 21.3 mdp, “por lo que es fundamental que estas entidades federativas establezcan medidas con el objetivo de mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del programa, a efecto de lograr el cumplimiento de metas establecidas”, indicó la Auditoría.

Por ello, recomendaba a la SEP, la institución rectora del programa, que implementara “acciones encaminadas a atender las deficiencias en la entrega y calidad de la información trimestral por parte de las entidades federativas, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, donde valore la posibilidad de sancionar a aquellas que no entreguen los reportes en tiempo y forma”.

 Fuente: https://www.animalpolitico.com/2020/09/sep-recorta-presupuesto-escuelas-tiempo-completo/
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Nueva York vuelve a aplazar el inicio de las clases presenciales

El alcalde de la ciudad de Nueva York anunció el jueves que nuevamente debió retrasar el inicio de la instrucción presencial para la mayoría de los estudiantes de esa urbe debido a la escasez de personal y suministros.

Bill de Blasio precisó que las clases presenciales para la mayoría de los estudiantes de la ciudad se postergarán al menos otra semana, pues hay escasez de personal y suministros para la reanudación de actividades en el sistema de escuelas públicas, tanto para la enseñanza a distancia como en persona. Las clases fueron suspendidas debido a la pandemia de coronavirus.

De Blasio anunció un nuevo calendario que mantendrá a la mayoría de los estudiantes de primaria fuera de las aulas hasta el 29 de septiembre. Los alumnos de secundaria y preparatoria no tendrán clases a distancia hasta el 1 de octubre.

“Estamos haciendo esto para garantizar que se cumplan con todos los estándares”, informó de Blasio.

El plan es que la mayoría de los estudiantes estén en las escuelas por tres días a la semana y aprendan a distancia el resto del tiempo. Alrededor de 42% de las familias han optado por una enseñanza remota.

La demora se produjo días antes de que los estudiantes del distrito escolar más grande de Estados Unidos regresaran a las aulas el lunes. Ahora, sólo los estudiantes de preprimaria y otros de educación especial regresarán a los salones la próxima semana.

“No es lo suficientemente bueno porque están dejando las cosas para después”, dijo Daniel Leviatin, profesor de cuarto año y bibliotecario en el distrito neoyorquino de Bronx. De Blasio ha dicho que la reapertura no debería ser una decisión general, sino una impulsada por datos escolares o de los vecindarios, comentó Leviatin, cuestionando lo que ocho días extras cambiarán.

Fuente: https://lancasteronline.com/lavoz/mundo/ny-vuelve-a-aplazar-el-inicio-de-las-clases-presenciales/article_c5763919-b0e4-54a9-8b87-6b8adcdc9882.html

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México: exigen alto a la represión contra campesinos de Morelos que defienden el agua del río Cuautla

Redacción Desinformémonos

Integrantes del Observatorio Ambiental de Morelos lanzaron una petición para exigir un alto a las agresiones contra los campesinos de Apatlaco, Morelos, y denunciar «la invasión con maquinaria pesada» al campamento que mantienen para evitar que se concluyan las obras del acueducto del Proyecto Integral Morelos (PIM).

De la misma forma, exigieron una evaluación, por parte de un comité internacional, sobre los riesgos y perjuicios asociados al transporte y comercialización de metano (gas natural) y su uso para la producción de electricidad, «como se pretende hacer con los proyectos industriales asociados al Proyecto Integral Morelos (PIM)».

«Lo único que lograrán será bañarse en la sangre de quienes prefieren seguir produciendo alimentos que aceptar el despojo de su agua para generar electricidad», acusó el Observatorio Ambiental de Morelos.

Por último, exigió que se respeten los amparos y suspensiones concedidos a las comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala contra el PIM, así como el inmediato esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes.

A continuación la petición completa:

Integrantes del Observatorio Ambiental de Morelos nos pronunciamos de la manera más enérgica posible en contra del proceder de quien(es) resulte(n) responsables por la invasión con maquinaria pesada al campamento pacífico que mantienen las y los campesinos para defender su derecho al agua en Apatlaco, Morelos.

Por más que se quiera revivir la ideología traicionera de Madero a la Revolución en la actual presidencia nacional, lo único que lograrán será bañarse en la sangre de quienes prefieren seguir produciendo alimentos, que aceptar el despojo de su agua para generar electricidad que ninguno de los habitantes de la zona o de México necesitamos.

Exigimos una evaluación, por parte de un comité internacional, basada en los últimos avances científicos sobre los riesgos y perjuicios asociados al transporte y comercialización de metano (gas natural) y su uso para la producción de electricidad, como se pretende hacer con los proyectos industriales asociados al Proyecto Integral Morelos (PIM), que el gobierno de México heredó desde la venta de país que realizó Zedillo y ahora se quiere continuar a cualquier costo.

También exigimos que se respeten los varios amparos interpuestos por los pueblos afectados en los juicios que todavía están pendientes de resolver, y el inmediato esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, sucedido días antes de una consulta promovida por el presidente de la República Mexicana sin contar con  el aval de los pueblos impactados por el PIM. Aval que requiere un proceso informativo y deliberativo comunitario como lo mandata el Artículo Segundo de la Constitución y los Acuerdos y Convenios internacionales que el estado mexicano está obligado a respetar.

Le recordamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la promesa que hizo frente a los campesinos de Morelos en mayo de 2014, cuando buscaba adherentes al Movimiento de Regeneración Nacional:

“Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros».

Invitamos a organizaciones, colectivos, académicos y personas en general, a que se adhieran a este pronunciamiento.

Observatorio Ambiental de Morelos

Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire y Cambio Climático en Morelos

Acción Ecológica A.C.

Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C.

Asamblea Permanente del los Pueblos de Morelos

Colectivo Cuautla Viva Cuautla Verde

Morelos en Movimiento A.C

Cátedra Intercultural Carlos Montemayor

Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo Ménez

Colectivo Lxs Hijxs del Maíz Pinto (Tlaxcala)

Unión Popular Apizaquense Democrática Independientemente

Concejo Nacional Urbano y Campesino

Asamblea de Braceros – Tlaxcala

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía/Red Morelense de Apoyo al CIG/CNI

Luz Rivera Martínez

Francisco Arredondo Cota

Vicente Parra Sosa

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/exigen-alto-a-la-represion-contra-campesinos-de-morelos-que-defienden-el-agua-del-rio-cuautla/

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Lo que la pandemia nos dejó

Por: Sergio Martínez Dunstan

 

En mi colaboración anterior, “Rezago Educativo”, señalé que la pandemia arrojó un saldo negativo traducido en crisis sanitaria, económica y educativa. Esta última, a diferencia de las otras dos, resulta de proporciones incuantificables dada la ausencia de unidades de medidas precisas o indicadores que den cuenta de la magnitud. Advertí que el rezago educativo bien pudiera ser de la misma magnitud que el daño económico. Al parecer, juzgué, se están dando palos de ciego en la política educativa porque se desconocen las dimensiones del problema. Es indudable el retraso del aprendizaje en los alumnos, concluí. Cuestioné: ¿cómo se resolverá tan grave situación? Y propuse la necesidad de contar con un Plan Emergente de Educación. Al menos concretar y darle viabilidad al Acuerdo Nacional referido en la Ley General de Educación.

Al día siguiente de la publicación de mi columna, el ocho de septiembre, entregó el Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su titular, resaltó cuatro elementos que influyen en el panorama. Entre otros la contracción económica derivada de la pandemia. Algunos académicos analizaron y externaron sus puntos de vista sobre este Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación en diversos medios. Por ejemplo, Profelandia, cabeceó “Perfilan desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo”. Se citaron algunos twiter que dieron cuenta del cese de algunos programas de gobierno tendientes a garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, el aludido en el título así como la atención a la diversidad de la educación indígena y de la Población Migrante. Se precisó con toda puntualidad en la nota informativa  “¡Estos son los programas educativos que desaparecen del presupuesto de egresos 2021!”

Por otra parte, ese mismo día, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida como la OCDE por sus siglas en inglés, presentó “Education at a Glance. OECD Indicators” acerca del estado que guarda la educación en el mundo así como el desempeño de los sistemas educativo en los países aglutinados en dicha organismo. En este marco, se presentó también “The Impact of COVID-19 on Education. Insights from Education at the Glance” de la autoría de Andreas Schleicher. Resalta que la pandemia está afectando con mayor severidad a quienes provienen de entornos más desfavorecidos. Se asevera que la inequidad se ha acentuado. Las poblaciones más vulnerables , se dice, dependen de sus escasos recursos para continuar aprendiendo de forma remota a través del internet y corren el riesgo de rezagarse.

Los efectos en el aprendizaje, arrojaría el bajo o nulo desarrollo de ciertas habilidades que las personas poseen las cuales están relacionadas con la productividad, se menciona en dicho estudio. Se sustenta en la investigación de Hanushec y Woessman quienes afirman que el PIB podría estimarse en 1.5% más bajo en promedio durante el resto del siglo y el valor actual del costo total podría ascender al 69% en algunos países (p. 4). Es previsible, se menciona, que el gasto en educación se reducirá porque los fondos públicos se destinarán a la salud y el bienestar social. De igual manera, el financiamiento privado también escaseará  a medida que la economía se debilite y aumente el desempleo (p. 5). También se pondera la importancia de los impuestos para la educación y resulta clave para los futuros ingresos fiscales. Se observa la desaceleración del crecimiento económico asociada con la propagación del virus. Traerá como afectación la disponibilidad de fondos públicos para la educación porque los ingresos fiscales disminuirán y los fondos de emergencia se canalizarán para respaldar el aumento de los costos de atención (p. 7). Se sentencia que la crisis actual afectará los presupuestos de educación a la par que los ingresos públicos disminuyan drásticamente y los gobiernos revisen la priorización de la educación en los presupuestos nacionales. De igual manera, se contempla un crecimiento del gasto en educación a tasas significativamente más bajas en comparación de como sucedía antes de la pandemia.

Además del impacto anteriormente aludido, refiere a la encuesta realizada recientemente por la OCDE y la Universidad de Harvard, bajo la conducción del propio Andreas Schleicher y Fernando Reimers, sobre las condiciones educativas que enfrentan los países y los enfoques adoptados para mantener las oportunidades educativas durante la pandemia. Afirman que el aprendizaje de los estudiantes ha sucedido sólo en una pequeña proporción durante el periodo que las escuelas se mantuvieron cerradas. Asimismo, consideran que la reapertura de la escuelas traerá beneficios que repercutirá a la contribución económica a largo plazo. Concluyen que este tipo de rezago educativo, de no remediarse, probablemente se presente en forma de reducción de la productividad  y el crecimiento. Consideran de particular relevancia evaluar la pérdida de aprendizaje poniendo foco en las competencias desarrolladas en relación con lo previsto en el currículum. Cuando la pandemia deje de representar un problema sanitario mayúsculo la educación quizá no vuelva a ser igual que antes. Con todo y ello, las afectaciones dependerá de la naturaleza de las respuestas colectivas y sistémicas, remata.

En otras palabras, del contexto mundial emana la preocupación por una crisis educativa derivada de la pandemia. Un bajo o nulo desarrollo de determinadas competencias en los estudiantes reduciría la productividad laboral y, por ende, el crecimiento económico, entre otras repercusiones, en las sociedades. Afortunadamente las consecuencias resultan indeterminadas. Dependen en buena medida de la forma en cómo se acometa el problema para atenuar sus efectos. Desde esta perspectiva es entendible el PEF 2021. Pero también a partir de ello es incomprensible la obtusa visión gubernamental de negar soslayar la grave situación. a un problema que se avizora de proporciones descomunales. ¿Y el plan emergente de educación? ¿y el financiamiento para garantizar su correcta implementación? No se habla de ninguna crisis en la educación, se niega su existencia. Tampoco se dice de sus efectos mas allá del propio ámbito educativo y menos se ha puesto sobre la mesa la manera de afrontarlo. Y del financiamiento mejor ni decimos nada porque en lugar de disponer recursos extraordinarios se restringe considerablemente el gasto público en comparación con los ejercicios anteriores. Lo que la pandemia nos dejó y quedará dada la prevalencia de sus causas.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: http://www.educacionfutura.org/lo-que-la-pandemia-nos-dejo/

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