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El presupuesto 2021: un atraco para el normalismo mexicano

 Abelardo Carro Nava

Atrás han quedado los 10 puntos sobre la educación pública que ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, presentó en Guelatao como parte de su estrategia de campaña con miras a las elecciones del 2018. Atrás quedó aquella idea del Fortalecimiento de las Escuelas Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional, para lograr la formación de maestras y maestros de excelencia. Atrás quedó aquella promesa tan sentida y necesaria de revalorizar al maestro porque, como nunca antes se había visto, el gobierno peñanietista había denostado al magisterio.

Sí, todo ello quedó en el pasado. De hecho, fueron momentos en lo que la contienda electoral se encontraba en su máximo esplendor y, como parece obvio, era necesario prometer lo que había de prometerse, sin que ello significara empobrecimiento. ¿Qué podría pasar siendo ya gobierno? La realidad que vivimos en nuestros días nos ha demostrado que, efectivamente, prometer no empobrece, no obstante, hay de promesas a promesas y, como tales, deben cumplirse. ¿No acaso el cumplimiento de éstas aseguraría la concreción de una Cuarta Transformación como la que también fue prometida al pueblo de México?

En efecto, estas cuestiones, y el hartazgo de millones de mexicanos hacia un sistema que, en lugar de velar por los intereses de los más necesitados privilegiaba los de las élites del poder, fueron algunos de los motivos que, insisto, llevaron a la victoria en las urnas al actual Presidente de la República. No obstante, lo anterior, bien se dice que una cosa es la contienda electoral y otra, muy diferente, la de gobernar. La primera, está directamente relacionada con el arte de persuadir, mientras que la segunda, con el arte de gobernar. Y es allí donde se encuentra el meollo del asunto: no es lo mismo gobernar que aspirar a gobernar. ¿Cuántas veces no habremos escuchado expresar a un político que las cosas “ahora” sí cambiarían?, ¿cuántas veces no habremos escuchado expresar a un político que éste no es igual a los anteriores porque, indiscutiblemente, es diferente?, ¿cuántas veces no habremos escuchado expresar a un político aquella cantaleta que refiere que de llegar al poder jamás se olvidaría de sus promesas de campaña? Efectivamente, la inmensa mayoría de mexicanos en edad de votar, con mucha seguridad, en algún momento de sus vidas, habrán escuchado estas y otras arengas. Y qué pasó después, es decir, qué sucedió con aquel político que llegó al poder con una inmensa carga de promesas sobre sus hombros: nada o casi nada; sencillamente olvidó aquello que prometió y la cosa se fastidió. Triste realidad; penoso sistema político mexicano.

Y bueno para entrar en materia, en días pasados, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregó al Congreso de la Unión el paquete económico 2021, mismo que está integrado por tres documentos: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF21). En este último, como parece obvio, se hacen latentes, aquellos incrementos y disminuciones que habrán de tener diferentes programas que, en el ámbito educativo, son fundamentales para atender a los sectores más vulnerables de la población infantil. De hecho, llamó mi atención que, precisamente, 13 programas educativos ya no recibirían financiamiento gubernamental o, lo que es lo mismo, estarían en riesgo de desaparecer por esta misma situación. Tales programas son: el de escuelas de tiempo completo, el de formación y certificación para el trabajo, el fortalecimiento a la excelencia educativa, el de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior, el de la carrera de los docentes, el de desarrollo de aprendizajes significativos de educación básica, el de convivencia escolar, el de atención a la diversidad de la educación indígena, el de atención educativa de la población escolar migrante, el de evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de resultados, el del sistema de información y gestión educativa, el de reconstrucción, y el de formación de recursos humanos basados en competencias. Si, así como lo leyó usted, estos son los programas que, según el proyecto de presupuesto presentado por el Secretario de Hacienda, dejarían de recibir financiamiento gubernamental. La razón por la que se dejaría de financiar dichos programas no es clara, de hecho, la SHCP, alude a que tales razones, están directamente relacionadas con los efectos que ha traído consigo la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, además de la drástica caída de la actividad económica del país que, de acuerdo con el Secretario de Hacienda, reflejará una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) en, al menos, un 8.8 %. ¿Razón o razones suficientes para que dejen de recibir financiamiento estos programas?, ¿por qué no se revisó y reasignó el recurso para el programa de becas a estudiantes que actualmente está en marcha porque, como bien se sabe, la recepción de esta beca, no significa que se aminoren los problemas que vive el Sistema Educativo Mexicano en su conjunto?

Por lo que respecta a la educación normal, en el mismo PPEF21, se observa una asignación de 20.6 millones de pesos, lo cual representa una disminución histórica del 95.3% puesto que, en el 2020, se le asignó una cantidad de 440.7 millones de pesos. En este sentido no debe olvidarse que, precisamente en el 2020, el Subsistema de Normales, también se vio afectado con los recortes presupuestales que la misma SHCP proyectó para ese año. No obstante, el Congreso de la Unión rectificó, y la asignación quedó en las cifras que he proporcionado.

En datos concretos, la asignación de poco más de 20 millones de pesos a la educación normal en el PPEF21, significaría entregar a cada estudiante normalista la cantidad de 229 pesos anuales en 2021. ¿De qué manera se pretende fortalecer a las escuelas normales si, para acabar pronto, con el presupuesto asignado muchos de sus programas académicos y de gestión se verían afectados por tales cuestiones?, ¿de qué manera el presidente pretende cumplir con una promesa de campaña si, para acabar pronto, los 229 pesos proyectados no son suficientes para que los estudiantes reciban una educación de excelencia como él lo había prometido?, ¿de qué manera se pretende fortalecer a las escuelas normales quienes, por décadas, fueron sometidas al olvido?, ¿de qué manera se pondrán en marcha las acciones que derivaron de las aportaciones que los más de 200 Delegados Nacionales Normalistas formularon en el Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales en 2019?, ¿de qué manera la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación pondrá en marcha proyectos para beneficio de los más de 90 mil estudiantes normalistas inscritos?, de qué manera los profesores normalistas podrán cumplir con las tres áreas sustantivas que, como Instituciones de Educación Superior, tienen que desarrollar en sus respectivas centros educativos? Sí, de qué manera comprender que las promesas de campaña difieren de los hechos. ¿Un asunto de pandemia?, no lo creo, repito, el año pasado SIN PANDEMIA, se proyectó un recorte importante para la educación normal que se brinda en México.

Esperamos que los representantes del Congreso de la Unión hagan su trabajo y, verdaderamente, se preocupen y ocupen en reconsiderar estas disminuciones y faltas de financiamiento a ciertos programas que, como decía, son favorables para ciertos sectores de la población que más los necesitan. Esperamos pues, que el mismo presidente recuerde esas arengas expresadas en Guelatao, a cientos de maestros que estuvieron presentes porque, si bien es cierto que el normalismo mexicano es un ente imperfecto que puede perfeccionarse gradualmente, éste podría sufrir el mayor atraco que la historia haya registrado si es que se aprueba el PPEF21.

Al tiempo.

Fuente: https://profelandia.com/el-presupuesto-2021-un-atraco-para-el-normalismo-mexicano/

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“La agroindustria nos vende veneno”

Por: Daliri Oropeza}

 

Hay suficiente evidencia científica de que el glifosato envenena a los animales, dice Silvia Ribeiro, una de las especialistas más reconocidas en el tema. En entrevista, explica que el problema de la propuesta presentada por la Secretaría de Agricultura es que no plantea un plan de transición para prohibir el herbicida, como ya ocurre en otros países.

Silvia Ribeiro tiene más de 26 años estudiando los impactos sociales, económicos, ambientales y de salud que provocan los transgénicos y los paquetes tecnológicos de la agroindustria.

Es la directora para América Latina del grupo de ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) que tiene reconocimiento consultivo ante la ONU, y una de las voces más respetadas en México para hablar del medioambiente. Sus últimas investigaciones profundizan en los impactos de nuevas biotecnologías la nanotecnología.

Hablamos del glifosato, el herbicida que ha sido prohibido en varios países del mundo por producir cáncer y cuyo uso en México ha tensionado las presiones dentro del gabinete de Andrés Manuel Lóperz Obrador.

En entrevista con Pie de Página, Ribeiro asegura que hay suficiente evidencia científica sobre la toxicidad del glifosato y sus repercusiones en la salud, como el cáncer. También desmenuza la relación entre el veneno que producen las empresas fabricantes de agrotóxicos y la letalidad que ha tenido la covid en México.

El negocio de los agroindustriales no está en las semillas, dice, sino en los agrotóxicos. Nos quieren convencer de que no se puede producir sin glifosato, cuando durante miles de años se sembró sin el herbicida y sólo se ha usado el último medio siglo.

“Lo necesitamos -dice- no son más estudios sobre glifosato (como propuso la Secretaría de Agricultura), sino un plan coherente de transición a una agricultura sin químicos”.

Evidencia suficiente

En el mundo hay una cantidad enorme de investigaciones sobre glifosato, dice Ribeiro. La mayor cantidad de investigaciones sobre el tema es la que reunió el grupo de expertos en investigación sobre el cáncer, por pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Son 17 expertos de 11 países, que no están vinculados a la industria. La evaluación, desde 2015, es la que ha promovido la discusión mundial sobre el glifosato.

“Ellos llegan a la conclusión de que el glifosato, que estaba en la categoría 3, hasta ese año, en realidad debió de haber estado en la categoría 2A, que es la de probable cancerígeno”, dice Ribeiro.

“El estudio dice dos cosas: que el glifosato es cancerígeno en animales. No es ‘probable’. Es cancerígeno en animales, porque han realizado experimentos con ellos. Las evidencias las tienen sobre todo en Escandinavia. Hay glifosato en el surgimiento de un tipo particular de cáncer: linfático, de linfoma no Hodgkin. Lo que pasa que en humanos no se puede experimentar para decir: es cáncerígeno. Entonces dicen ‘probable cancerígeno’. Pero estas dos conclusiones, y otras (han encontrado evidencias de que es disruptor endócrino), hacen que la OMS diga: ‘el glifosato es altamente peligroso’”.

¿Qué tan peligroso?

“Sólo para darte una idea: hay cuatro escalones dentro de lo que es peligroso para la OMS. Las radiaciones ionizantes de los rayos X o la radiación nuclear están en el uno. Poner el glifosato en el 2A es realmente muy alto, es como decir: ‘si te expones a ellas directamente te va a dar cáncer’. El mensaje de la OMS es muy fuerte”.

Hasta hoy, hay más de mil cien estudios científicos arbitrados -quiere decir revisados por pares- que muestran diferentes aspectos de toxicidad del glifosato.

Aparte está el caso de los tres juicios ganados contra Monsanto, el inventor del glifosato (lo desarrolló en 1972 y lo registró con patente en 74).

“El primer caso que hay de un juicio en Estados Unidos contra Monsanto es por envenenar a la gente con glifosato. Hay precedentes judiciales de un jardinero de escuela, de 42 años, Dewayne Johnson. Durante dos años trabajó en una escuela. Para controlar las hierbas que crecen en el parque de la escuela usó glifosato. El hombre en este momento tiene cáncer, está en juicio desde hace varios años por eso. Logró demostrar con sus abogados que la razón es el glifosato. Condenaron a Monsanto a pagar 80 millones de dólares a este hombre”.

Hoy hay más de 100 mil juicios contra Monsanto en Estados Unidos en este momento por esta misma razón: el uso de glifosato. “Porque lo demostraron desde el primer juicio del jardinero Dewayne Johnson y luego lo vuelven a demostrar en el segundo y en el tercero, y en los que siguen pendientes. Monsanto sabía que el glifosato es cancerígeno, pero lo ocultó”.

China entra al mercado

La peligrosidad del glifosato está sobre la mesa. Decir que se van a hacer más estudios, como plantea al Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es una repetición de la misma estrategia de los fabricantes de agrotóxicos. (Agroquímicos, aclara, es “la palabra neutral, agrotóxicos es la palabra más adecuada”).

Esa industria se ha dedicado a tratar de construir un discurso que minimiza la peligrosidad del glifosato. La manipulación viene de la propia industria que fabrica y usa el glifosato. “Es sobre todo la industria de los transgénicos; la misma que los agrotóxicos. Esta es la industria que trata de encontrar argumentos para usarlo. Hay instituciones de gobiernos que han sido, digamos, infiltradas por estos estudios fraudulentos de las empresas”.

Sin embargo, ese discurso no ha logrado revertir ni el estudio de la OMS, ni muchos estudios posteriores que llegan a lo mismo.

La patente de Monsanto duró veinte años. Hoy, la mayor de producción de glifosato en el mundo se hace en China. Incluso Monsanto compra el glifosato de China, porque le sale más barato que fabricarlo.

Ahora hay varios nombres comerciales de glifosato. Esa formulación tiene una serie de otros elementos coadyuvantes que también son tóxicos. Entonces, hay una combinación de toxicidades.

La trampa, dice Ribeiro, es pretender que se hagan nuevos estudios en los que participe la industria.

“Eso es lo que ellos quieren. Pero ¿cómo va a participar el que tiene interés de lucro en el estudio para ver los impactos del producto?”, cuestiona.

El caso de México

Hay dos estudios importantes en México, explica Ribeiro. Uno es en Jalisco, donde se realizó un estudio de la presencia de diferentes agrotóxicos, uno de ellos el glifosato, en orina de niños. Es un estudio que publicado y arbitrado: la prueba dio positivo al 100 por ciento de los niños, en varias comunidades.

El otro es de científicos como Elena Álvarez Buylla (actual directora de Conacyt), Emmanuel González Ortega, Alma Piñeiro, que en ese momento eran de la UNAM. Ellos analizaron la presencia de residuos de glifosato en alimentos en México, y lo que tuvieron fue un porcentaje muy alto de glifosato tanto en tortillas como en todos los elementos que tienen maíz o soya.

El glifosato en México se usa sobre todo en cultivos industriales, pero también se usa en cultivos más pequeños como herbicida y se también en jardinería. No solo en usos agrícolas. Es en este momento el herbicida más usado en el mundo, también en México.

El presidente López Obrador, explica Ribeiro, dijo en campaña que no iba a permitir transgénicos en México. Sin embargo, su gobierno ha permitido la siembra de algodón transgénico. Es un algodón tolerante a varias cosas, no es sólo al glifosato.

“Ahora salen los algodoneros a decir que necesitan el glifosato. Pues eso es mentira. México, centro de origen del algodón, lamentablemente planta algodón transgénico en una superficie grande”.

Glifosato y transgénicos

 ¿Cuál es la relación del glifosato con los transgénicos?

—En los últimos 30 años, hay una fusión total entre las empresas semilleras y las empresas fabricantes de agrotóxicos. De las empresas fabricantes de agrotóxicos, Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, Dow, Basf, ahora de esas sólo quedan cuatro: Bayer-Monsanto, Syngenta de China, Corteva que es la la fusión de Dupont y Dow; y Basf. Si te vas a los orígenes, tienen más de 100 años fabricando veneno.

Ellas son las fabricantes de veneno en el mundo, dice Ribeiro. “Entre esas cuatro tienen más de tres cuartas partes del mercado mundial de agrotóxicos, y en México más de las tres cuartas partes en agroquímicos”.

Las cuatro (Bayer, Syngenta, Corteva, Basf) están en la directiva de la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC).

“Es importante entender que cada palabra que sale de la boca del AMSAC es de la industria de los agrotóxicos. Hablan en función de su interés de lucro”, insiste.

“Las empresas de agrotóxicos se compran a todas las semilleras. Entre esas cuatro empresas tienen el 71 por ciento de todo el mercado mundial de semillas. Además, tienen el 100 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas. Más de 90 por ciento de los transgénicos que se venden han sido semillas tolerantes o manipuladas para ser tolerantes a un agroquímico de la propia compañía: el glifosato. En lo que más ganan no es en la venta de semillas sino que es en la venta del veneno, esa es su principal fuente de ganancia”.

Pone un ejemplo: antes, a la soya le echaban glifosato pero le tenían que echar una cantidad pequeña antes de que saliera la plantita. Otro poquito después de que salía la planta, y otro poquito al crecer, porque si le echaban el herbicida de golpe, mataban también la planta.

“Al hacerla resistente, solo echan una gran cantidad de golpe. En lugar de hacerle cuatro aplicaciones, que significa mano de obra, hacen una fuerte. Matan todo lo que está alrededor menos la planta transgénica”.

Sin embargo, en los lugares donde hay cultivos tolerantes a herbicidas, también generaron resistencia las malezas, por lo que cada vez tiene que usarse más glifosato. “Por eso aumentó exponencialmente la cantidad de glifosato que se usa en el mundo”, dice Ribeiro.

En este momento más de la mitad de glifosato que se usa en el mundo se usa en cultivos transgénicos, pero éstos son menos del 5 por ciento de la superficie agrícola plantada en el mundo. Eso significa que va aumentando el uso del glifosato aunque no aumente la superficie cultivada.

“Eso es un coctel tóxico muy fuerte en todos los componentes de agroquímicos que hoy día tienen glifosato, se usen para transgénicos o no, porque se vende todo el paquete”.

—¿En México por qué se usa, si los transgénicos están prohibidos?

— Los transgénicos en México no están prohibidos. Solamente están detenidos porque hay un juicio, con demanda legal que aún no se ha resuelto. Lleva siete años. Plantea que no se debe permitir en México. Lo que sí se resolvió, en el marco de la demanda, es que sí se podían hacer plantaciones experimentales.

Las trampas y la ecuación de la agricultura industrial

Ya tenemos agroindustra, paquetes tecnológicos, uso de herbicidas como glifosato. En noviembre, Semarnat detuvo la importación de glifosato y su eliminación para el año 2024. ¿Cómo se debería de regular? ¿O se debería prohibir por completo?

—La agricultura tiene 10 mil años. Durante 9 mil 950 hemos vivido de agricultura sin agrotóxicos. En los últimos 50 años imponen una agricultura basada en el uso de químicos, con una enorme uniformidad de cultivos que está en manos de poquísimas empresas. Tanto las semillas como del veneno. Eso les permite controlar toda la industria. Y estas son las empresas que nos dicen que sin este tipo de agricultura no podemos sobrevivir. Eso es una mentira. En este momento el 75 por ciento de la tierra agrícola en el planeta se usa para producir forraje. La mayoría con cultivos industriales con agrotóxicos para producir forrajes para animales encerrados en confinamiento. Menos del 10 por ciento llega a alimentar a la gente. Esa es la ecuación de la agricultura industrial.

Actualmente, se producen más de dos veces de la cantidad de cereales que se necesitan en el mundo para alimentar a toda la población. Y aún así, no alcanza. Al contrario, hay hambre en muchos lugares, porque la agricultura industrial tiene un porcentaje de desperdicio enorme.

“Desde el campo hasta la casa desperdicia el 50 por ciento de lo que produce.  Pero hay otro porcentaje enorme de desperdicio que tiene que ver con que se produce un tipo de comida con conservadores químicos”, dice Ribeiro.

“Incluso los agrotóxicos han producido una serie de enfermedades que tienen que ver con cambios metabólicos. Eso hace que México tenga un porcentaje altísimo de letalidad. En este momento de pandemia por covid, es la obesidad la principal enfermedad por que muere la gente. Son cánceres del sistema digestivo. Todo eso está directamente relacionado a la agricultura industrial”.

El cálculo que hizo ETC – una investigación con tres ediciones en 13 años— es que, de todo lo que produce la agricultura industrial, sólo 20 por ciento le llega como alimento a la gente.

“Lo que sí sabemos es que el 70 por ciento de la humanidad depende de lo que producen los pequeños, o sea, la agricultura campesina, la agricultura familiar, sin químicos. La gran industria necesita una agricultura en donde cada vez hay menos gente, está hecha por tractores, con drones. Esos son los grandes monocultivos y claro ahí necesitan echar veneno”, dice Ribeiro.

“La trampa aquí es un tipo de agricultura industrial absolutamente concentrada en manos de pocas corporaciones, que tienen agrotóxicos y semillas. Y nos quieren hacer creer que la transición a una agricultura sin químicos es muy difícil. No es verdad”.

¿Quien produce la comida influye directamente en la salud?

—En ETC hicimos un trabajo que se llama ¿Quién nos alimentará? ¿La agroindustria o la agricultura campesina? Es una comparación entre qué producen las dos redes. Mostramos que por cada peso que la gente paga en comida industrial, química, chatarra, la sociedad paga dos pesos más en salud y medio ambiente, daños de salud. Entonces, no hay, ni siquiera económicamente, una razón para mantener ese tipo de agricultura.

Lo necesitamos, insiste, no son más estudios sobre glifosato, sino “un plan coherente de transición a una agricultura sin químicos”; 17 países en el mundo ya han prohibido el uso de glifosato en forma directa o escalonada.

La trampa de la propuesta de Sader, dice, es que «en lugar de que diga: ´vamos a hacer una transición para la prohibición‘, dicen: ‘vamos a hacer un estudio donde participen otra vez las industrias‘. Por si fuera poco, quieren que lo pague el Conacyt. No quieren que se vaya a una transición escalonada. Lo que quieren es que se vaya a otra investigación. Y al final vamos a decir: no va a haber transición en 2024. Además, que no sabemos qué gobierno va a estar».

Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/la-agroindustria-nos-vende-veneno/

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¡ALTO A LA REPRESIÓN A ESTUDIANTES DE TIRIPETIO, MICHOACÁN, MÉXICO!

Ocho estudiantes normalistas de Michoacán, México fueron encarcelados desde el mes de junio del 2020 al protestar por el recorte a la matrícula de las escuelas formadoras de docentes y veintitrés más fueron aprendidos el 10 de septiembre del mismo año mientras se trasladaban a un encuentro estudiantil de solidaridad en el estado de Tlaxcala. Ese mismo día, realizando una protesta pacífica para exigir libertad de sus compañeros, fueron embestidos de manera frontal por un camión de la policía Michoacana donde gobierna Silvano Aureoles, dejando varios heridos y hospitalizados por el atropellamiento.

La criminalización de los futuros docentes se inscribe en el marco de un proyecto presupuestal que reduciría 95% los recursos económicos destinados a las escuelas normales mexicanas, que son una oportunidad de estudio para los más pobres.

 

¡Libertad a los 8 estudiantes normalistas que siguen presos!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales del intento de homicidio!

¡Mayor presupuesto para las normales públicas de México!

 

Por las organizaciones que forman parte del I Congreso mundial de Educación 2020 en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo:

 

Luis Bonilla-Molina (OIREPOD), Claudia Baigorria (CONADU-H, Argentina), Pedro Hernández (Sección 9 de la CNTE, México), David Lobâo (SINASEFE, Brasil), Eduardo González (MUD, Chile), Mercedes Martínez (FMPR, Puerto Rico), Fernando Abrego (ASOPROF, Panamá), Isabel Vargas (UNE, Ecuador), Yesid González (ADE-La Roja, Colombia), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Luis Bueno (CNSUESIC, México), Luis Tiscornia (CONADU-H), José Cambra (Docente Universitario, Panamá), Marc Casanova(USTEC, España), Luis Edgardo Salazar (FECODE, Colombia), Vladimir Laura (CONMERB, Bolivia), Fernando Lázaro (CEIP-H, Argentina), Julieta Kusnir (EEUU), Nelva Reyes (CGTP, Panamá), Luis Bueno (CNSUESIC, México), José Cambra (ASOPROF, Panamá), Luz Palomino (CII-OVE), Marta Alfonzo ( Primera Vicepresidenta de FECODE, Colombia), Ángel Rodríguez (APPU, Puerto Rico), Carolina Jiménez (UN, Colombia), Daniel Libreros  (CADTM, Colombia), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por la Defensa del derecho a la Educación), Edgar Isch(Académico, Ecuador), Fernando Gómez (Rosario, Argentina), Hugo Aboites (Académico, México), Laura García Tuñón (ENDYEP, Argentina), Luis Sánchez (AEVE, Panamá), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz, Colombia), Mauro Jarquín (Investigador, México), Rosa Cañadel (Cataluña, España), Marí Luz González (STES, España), Sandra Lario (Colectivos de Educadores populares del Sur, Argentina), Rosemary Hernández (FOVEDE, Venezuela), Lev Velásquez (profesor, equipo de la CNTE, Sección XVIII, México), Estela Gramajo (Intergremial de Formación Docente, Uruguay), Jorge Adaro (Ademys, Argentina), Mariano Isla (Asociación de Pedagogos de Cuba), Vicent Mauri  (Intersindical de Valencia, España), Leopoldo Muñera (MANPUP, Colombia), Andrés Felipe Mora (MANPUP, Colombia), Daniel Jorge (FERC CGT, Francia), Ezequiel Alfieri (Educador popular, Argentina), Teresa Garduño Rubio  (Pedagoga y Educadora Popular, México), Angela Zambrano (Profesora universitaria, Ecuador), Lourdes Velásquez de Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada),  César Valdovinos (CINPECER, México), Miguel Ángel Hernández (SITIEMS, México), Raúl Gil (Uruguay), Eric Toussaint (Comité Mundial por la Abolición de las Deudas Externas, Bélgica), Tim Anderson (Profesor Universitario, Australia),  Luis Hernández Navarro (periodista, México), Orlando García (ASOMOGRERP, Panamá), Allen Cordero(Profesor Universitario, Costa Rica), Antonio Elías (Profesor e Investigador, Uruguay), Aníbal Navarrete  (Regional Bio Bio, Colegio de Profesores de Chile), Elizabeth Búrigo (profesora universitaria, Brasil), Diego Parra (Coalición Chilena por el derecho a la educación), Pavel Escobar (CNTE, Chiapas, México), Trino Barrante (SINDEU, Costa Rica),  Alfonzo Insuasti (Grupo Kavilando, Colombia), Paúl Vásquez Escobar (Ecuador).

 

Firmas en depósito

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Moisés Gandhi: zapatismo y paz

Por: Pietro Ameglio

El 21 de septiembre es el Día Mundial de la Paz -como cultura, educación y construcción, tres caras distintas de un mismo trébol-, y pocos ejemplos vividos directamente podría dar más claros de lo que significa construir justicia y dignidad con paz, que la comunidad zapatista de Moisés Gandhi, muy cercana a Ocosingo y situada en el estratégico crucero de Cuxuljá, parte del municipio autónomo Che Guevara en su origen y hoy de Lucio Cabañas, y situado en medio de varios otros municipios autónomos.

La vida me dio como regalo, y a muchos jóvenes y no tanto de nuestro colectivo “Pensar en Voz Alta”, haber podido conocer, aprender y compartir varios años de nuestra vida con esa comunidad, sobre todo en su proceso de educación autónoma y construcción de paz. Bajamos en el crucero de Cuxuljá -hasta 2001 con un puesto militar en su entrada- y subimos la pendiente detrás decenas de veces, ese nombre comunitario se convirtió en una especie de talismán de la vida para todos nosotros. Todas esas familias que nos acogieron con una generosidad y compromiso ejemplares, han sido quienes marcaron a fuego una etapa fundamental de humanización en nuestras vidas. Nadie de nosotros sería el mismo o la misma sin ese afecto y solidaridad recibidos gratuitamente, desde los niños hasta los más ancianos.  Y algo de lo más importante: nos enseñaron cómo se lucha con “firmeza permanente”, arma central de la resistencia noviolenta y del zapatismo.

Una fotografía del estilo y grado de humanización de esta lucha y sus jóvenes, de “cómo lo más pequeño es lo más hermoso”, de cómo la sencillez y la audacia son la gran arma de la lucha noviolenta, me la dio un día un promotor de educación autónoma de catorce años. Este adolescente casi niño aún con una cachucha más grande que su cabeza, apodado con nombre de pescado, dedicaba gran parte de su vida y energía a su escuela autónoma en su comunidad. ¿Cuántos alumnos tenía? 2 ¿Quiénes eran? Sus hermanitos menores. Y ¿cómo les enseñaba a escribir? Tomaba la mano del más chiquito dentro de la suya y le enseñaba lentamente los trazos acompañándolo en los movimientos, según textualmente nos describía con una sencillez únicas. Quedé muy marcado por este testimonio toda mi vida: una de las mayores revoluciones sociales de toda la historia de nuestra especie, como es la zapatista, por tamaño territorial, cantidad de gente y confrontación al modelo capitalista, tenía como una de las bases de su lucha y compromiso total por la autonomía noviolenta -que Gandhi llamaría “Programa Constructivo” y “Swaraj” (autogobierno)-, la mayor sencillez y la ternura (los sandinistas hablaban que “la solidaridad es la ternura de los pueblos”). Pero no ternura en un sentido romantizado o sentimental, sino de cuerpos en plena determinación de lucha contra un adversario muy violento y poderoso, como son el gobierno, ejército, paramilitares y finqueros mexicanos, entre otros.

Otra fotografía fue el nombre de la comunidad, a la que llegamos como campamentistas de paz del centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas: Moisés Gandhi. En lo personal, me pareció una coincidencia muy poderosa, pues unía las tres culturas, para mí, más humanizantes que yo conocía: la cristiana liberadora (Moisés encabeza el Éxodo de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida libre), la resistencia noviolenta y la indígena; aunque con el tiempo constatamos cómo el nombre de Gandhi hacía referencia a un luchador zapatista victimado en enero del 94, pero todo el espíritu gandhiano estaba en esas comunidades. Incluso, con el azar histórico de construir colectivamente la pintura de estas dos figuras en la fachada de la iglesia.

En el fondo, todo esto sería -en una foto ampliada- el zapatismo: una gran revolución social, desde lo y los más pequeños y pequeñas, por la humanización de toda nuestra especie. Y todas sus fragilidades, que muchas veces son más nuestras que de ellos y ellas, no hacen más que confirmarlo cada día.

Tierras recuperadas y dignificadas por sus dueños ancestrales y verdaderos

Esa comunidad recuperó legítimamente las tierras a un ganadero con el levantamiento de enero del 94, mismas tierras que anteriormente fueron de una hacienda azucarera donde por décadas algunos de estos mismos zapatistas habían trabajado en semi-esclavitud: azotes si no acababan la tarea, no poseían nada de tierra, uno o dos pesos al día de paga o a veces sólo un trago…Ahora, en cambio, según ellos mismos nos contaron: “Resistir es una forma de luchar que tiene razón y justicia…es el rechazo a lo injusto”. Los mismos indígenas tseltales que habían vivido casi en esclavitud empezaron a ver crecer a sus hijos e hijas como hombres y mujeres libres, con autonomía de pensamiento, salud, organización, propiedad de tierras y producción autosuficiente y para comercializar. En dos generaciones de enorme sacrificio, valor, lucha, organización, ese cambio de identidad social individual y colectivo tan radical, profundo y libertario ya se había construido. El centro regional de salud (Nueva Esperanza) primero, los auditorios y la educación después -ejemplares en todo sentido desde los promotores- fueron unos de los primeros grandes símbolos de esa lucha para todas y todos en esa región.

Pero ellos y ellas saben mejor que nadie en el mundo que cada día hay que luchar para mantener esos logros, renovarlos y hacerlos crecer, no se puede bajar la guardia ni confiarse un solo momento. Y la prueba son los ataques recientes de la ORCAO, así como las permanentes agresiones y amenazas en estos más de 26 años.

La deshumanización de los violentos

Por todo lo anterior, la indignación y digna rabia fueron totales al enterarnos el 22 de agosto del ataque tan violento y artero de campesinos de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que saquearon e incendiaron dos bodegas de maíz y café en el crucero de Cuxuljá, situadas en el Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arco Iris, y pertenecientes a las bases de apoyo zapatistas de ese municipio autónomo. ¡El trabajo, la comida y la vida de todas esas comunidades robado en sus granos, y las instalaciones de madera y lámina quemadas! ¡Cuánta miserabilidad humana!

Cuando nosotros compartíamos parte de la vida con esas comunidades zapatistas, desde mediados de los 90, la ORCAO estaba en alianza con ellas, pero a partir sobre todo del 2000 con el gobierno de Pablo Salazar -que buscaba dividir y cooptar más a las comunidades- esta organización comenzó a tejer alianzas con el gobierno estatal y a recibir fondos públicos , y consecuentemente a atacar violentamente (en forma paramilitar a veces) en numerosas ocasiones al zapatismo y sus tierras recuperadas.

El Congreso Nacional Indígena denunció enseguida que “la ORCAO ha mantenido desde hace años una presión y violencia constante sobre las comunidades zapatistas; como es el caso del municipio autónomo Moisés Gandhi, para detener la organización autónoma, privatizar las tierras que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios, bases de apoyo zapatista…que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos”.

La disputa tiene que ver con la posesión de esas tierras que la ORCAO reclama por haber entrado a los programas de regularización, parcelización y privatización de tierras del gobierno estatal, que concedía tierras recuperadas zapatistas a otros campesinos no zapatistas, mientras los zapatistas reclaman su derecho a la propiedad colectiva de esa tierra según la Ley Agraria zapatista del 2007-08. Pero, en el fondo, se trata de una estrategia más de contrainsurgencia contra las comunidades, para dividirlas y fracturarlas en su organización y redistribución de las tierras y riquezas naturales, usando para ello todo tipo de tácticas: desde reformas agrarias legalistas y espurias, hasta grupos paramilitares muy violentos e impunes, liderados por caciques empresariales y políticos regionales.

Vemos así una vez más, la enorme firmeza, dignidad y capacidad organizativa de la lucha zapatista, y la inteligencia extrema de una de sus estrategias centrales desde el inicio de su lucha: no aceptar ningún trabajo, recurso material o humano, de ninguna instancia gubernamental o partidista de los tres niveles. Justamente este boicot a los fondos y relaciones laborales públicos es algo que ha sido muy duro para la resistencia en el nivel del mantenimiento cotidiano de familias en alto grado de pobreza y sin casi recursos de dinero muchas veces, pero ha evitado muchas divisiones y penetraciones del poder. La ORCAO es un claro ejemplo de degradación institucional y social a partir de su identidad cercana a los rebeldes en 1994, y ya después muy penetrada, corrompida e íntima al peor poder desde 1997.

Desde otra experiencia, pero mostrando la fuerza de un boicot con alto consenso social de una identidad común, vimos en estos días cómo los basquetbolistas -y futbolistas de la MLS- de la NBA de Estados Unidos, encabezados por sus principales figuras de fuerza moral social, suspendieron los juegos finales en solidaridad con la lucha contra el racismo y la violencia policial en su país, como parte del gran movimiento Black Lives Matter, en reacción al ataque armado contra Jacob Blake en Wisconsin, por parte de unos policías blancos locales.

Todo esto nos reafirma en la idea que hemos venido compartiendo desde hace años, acerca de lo central que sería para muchas luchas sociales de resistencia noviolenta y civil en nuestro país, de buscar articular e impulsar lo más masivamente posible acciones puntuales de no-cooperación contra el poder injusto, como, por ejemplo, hacen los familiares de desaparecidos y desaparecidas.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/moises-gandhi-zapatismo-y-paz/

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Vendedores de humo y revalorización del magisterio

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

 

En la mayoría de sus discursos, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, no ha dudado en ensalzar la figura del docente. Ha insistido, en más de una ocasión, que los maestros son insustituibles, destacando una y otra vez la relevancia social de su función, en sintonía con uno de los ejes del ideal educativo oficial: la revalorización del magisterio. En abril del año pasado, al presentar la nueva Reforma Educativa, Moctezuma Barragán advirtió a los medios de comunicación que el mero cambio de discurso –de la denostación al reconocimiento– se había traducido (según una encuesta de la que no dio mayores detalles) en un incremento del nivel de aprecio de la sociedad hacia los profesores: puede que tenga razón, pero no es suficiente.

Además de las palabras, la revalorización del magisterio ha sido respaldada por un marco legal: el título cuarto de la Ley General de Educación (LGE) reconoce que deberá buscar, entre otros fines, fortalecer el desarrollo y superación profesional del docente mediante la formación, capacitación y actualización; fomentar el respeto a la labor docente y a su persona; reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, y otorgar un salario profesional digno.  Tales propósitos son replicados, de manera literal, por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Así pues, la revalorización del magisterio ha sido cobijada no sólo por los discursos, sino también por un marco legal que sienta las bases para su operación. Evidentemente ambos elementos, las palabras y las leyes, son insuficientes para concretar la tan anhelada recuperación de la notoriedad del docente. A casi dos años del inicio de un nuevo gobierno, el endulzamiento del oído del profesorado no ha estado acompañado de acciones que redunden en condiciones profesionales y salariales más favorables para los maestros.

De hecho, los discursos y las leyes parecen ir en sentido contrario de algunos hechos recientes en la vida pública: el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla la reducción presupuestal de más del 95% para la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la que dependen las Escuelas Normales. Nuevamente, pese a que las leyes educativas mandatan el fortalecimiento de estas instituciones (LGE, título cuarto, capítulo II) y a que las palabras de las autoridades apuntan hacia la corrección de su situación de abandono, los hechos se oponen con fuerza. Independientemente de que la cuestión presupuestal sea enmendada a partir del debate legislativo, ¿qué mensaje envían los autores de la propuesta? Si el sexenio pasado estuvo marcado por la asfixia de la matrícula normalista, éste podría distinguirse por propinar a estas instituciones un golpe presupuestal brutal.

Por si fuera poco, en el PPEF se advierte otra situación contraria a la revalorización magisterial: se prevé la disminución del 49% del presupuesto destinado al Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Por más que se hable de austeridad y de pulcritud en el ejercicio de los recursos, ¿cómo pueden estas cifras conciliarse con el supuesto interés por tener maestros mejor preparados? ¿son congruentes con lo establecido en las leyes educativas? ¿no es éste un agravio al derecho de los docentes de acceder a opciones formativas dignas?

Uno de los asuntos de mayor relevancia en relación a la revalorización del magisterio fue la polémica evaluación docente. Si bien fue un logro digno de celebrarse el despojarle su carácter punitivo, el cambio en la evaluación ha quedado inconcluso. Se mencionó que, a partir de la nueva Reforma Educativa, se daría énfasis a su enfoque formativo para que sus resultados fueran la base para generar opciones de capacitación y actualización del magisterio; nada de eso ha sucedido aún, pese a que está marcado en la ley: no se han promovido ejercicios evaluativos diagnósticos para los profesores y, de este modo, las ofertas formativas siguen desvinculadas de las necesidades particulares. Así pues, las intenciones por hacer de la evaluación ya no un instrumento para despedir profesores, sino para fortalecerlos, quedaron a medias.

En términos económicos, la revalorización del magisterio sigue a la espera. Sin contar el aumento salarial de este año, que se suscita en condiciones especiales, el de 2019 fue apenas superior (0.15%) que el último de la administración federal anterior. Pese a que ya se cuenta con un marco normativo que mandata un salario profesional digno, desde el 2018 los maestros no han podido participar en algún programa de incentivos que, en otras épocas, hacía del sueldo de los maestros mexicanos uno de los más elásticos (no mejor pagados) de la OCDE; sería hasta 2021 que los profesores podrían gozar de algún estímulo en sus bolsillos. Así pues, el estancamiento salarial del magisterio durará, cuando menos, los tres primeros años del gobierno actual.

De este modo, se observa que falta mucho por hacer realidad la revalorización del magisterio. No se esperaba que de la noche a la mañana se resolviera la compleja situación docente, pero tampoco acciones a todas luces contrarias a la revalorización magisterial, tales como los intentos de reducción presupuestal mencionados. No se menosprecia la importancia de un cambio de discurso que reconoce la importancia del docente, sobre todo después de años de linchamiento pública y tampoco se minimiza la trascendencia de contar ya con un marco legal propicio para hacer realidad mejores condiciones para el profesorado.

Hasta el momento los discursos optimistas sobre la revalorización del magisterio no concuerdan con las condiciones actuales de los docentes ni mucho menos con las intenciones que se han dejado entrever en relación a la asignación presupuestal. Las palabras seguirán siendo huecas y las leyes letra muerta mientras no haya una auténtica dignificación de la labor docente. Mientras siga el divorcio entre el discurso y la realidad, los promotores de la revalorización del magisterio correrán el riesgo de quedar como auténticos vendedores de humo.

Fuente e imagen: https://proferogelio.blogspot.com/2020/09/vendedores-de-humo-y-revalorizacion-del.html?m=1

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OPINIÓN: La lucha campesina contra el emporio minero

Por: Tlachinollan

 

A las 5 de la mañana del 3 de septiembre, más de 700 habitantes de la comunidad de Carrizalillo se apostaron en la entrada de la minera Equinox Gold, actual operadora de la extracción de oro del proyecto Los Filos en el municipio de Eduardo Neri. Por el trato despótico y racista del gerente, quien recurrentemente incumplía con las cláusulas del convenio, los trabajadores decidieron cerrar toda la operación de la mina a cielo abierto y de la mina subterránea.  Esta acción de fuerza nos rememora lo que sucedió el 8 de enero de 2007, cuando los ejidatarios tomaron la decisión de bloquear la mina ante la postura arrogante de los empresarios mineros que se negaban a incrementar el pago de la renta de las tierras ejidales, fijada en mil pesos anuales. La reacción fue virulenta por parte del gobierno de Zeferino Torreblanca quien mandó policías del Estado a desalojar a las familias que se atrevieron a desafiar al emporio minero Gold Corp.

De nueva cuenta se reactivó el conflicto por incumplimiento del convenio firmado el 3 de abril del 2019, ahora por la minera Equinox Gold, que fue suscrito por un periodo de 6 años. Con el aval del gobierno federal, que en estos meses de la pandemia consideró a la actividad minera como esencial, las empresas que trabajan en Guerrero se sintieron cobijadas, y por eso algunas no dejaron de trabajar, como sucedió en el mes de mayo, en la comunidad de Tehuixtla, municipio de Teloloapan, con la minera Capela, donde murieron 2 trabajadores y 3 quedaron heridos.

El 13 de mayo cuando se dio el anuncio de la nueva normalidad, a través del sistema de semáforos, la actividad minera fue considerada como parte de las actividades esenciales. Con este respaldo presidencial la empresa Equinox Gold, desde el 16 de mayo convocó de manera precipitada, a los trabajadores subcontratados provenientes de varios estados del país. Ignoró que en Guerrero la curva de la pandemia iba en pleno ascenso.  La minera movilizó a 500 trabajadores para preparar el inicio de sus actividades. Implementó un protocolo de seguridad sanitaria que no le dio importancia a la instalación de campamentos para el resguardo de los trabajadores que se aplicaron la prueba PCR.

Actuaron de forma displicente y no le dieron importancia al contagio que podría suscitarse dentro de las comunidades rurales. Para la empresa la vida de los campesinos queda supeditada al mega negocio del oro, por eso no se preocuparon en instalar un triage para detectar y atender a la población que presentara algunos síntomas del coronavirus. Fue grande su sorpresa cuando aplicaron 170 pruebas, donde resultaron positivas 42 personas, que al parecer no presentaban síntomas. Los representantes de la minera, en lugar de implementar medidas de confinamiento para los trabajadores positivos los regresaron a sus domicilios, poniendo en riesgo a más personas y a sus familias.

Por su parte las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala se vieron obligadas a tomar sus propias medidas de seguridad para contener el contagio. Instalaron filtros sanitarios y acordaron impedir la entrada a trabajadores de otros lugares. Ante la falta de resultados inmediatos de las pruebas PCR que se aplicaban a la población, la situación se salió de control, porque ninguna persona se aislaba y todos realizaban sus actividades. Las consecuencias han sido fatales ante el incremento del número de contagios que hay en la mina, y en las mismas comunidades. Hace dos meses se registró la muerte por COVID-19 de un trabajador sindicalizado, de 32 años, originario de Carrizalillo, quien padeció las consecuencias del trato discriminatorio y racista que caracteriza al gerente de la minera.

Una de las cláusulas que más se incumplen en el presente convenio está relacionada con la atención médica de los trabajadores. Este servicio se ha dejado de brindar, a pesar de que existe un fondo anual asignado para la compra de medicamentos. El gerente en todo momento regatea la entrega, y lo más truculento, es que triplican el precio de los medicamentos, además de que la entrega se hace con un mes de retraso. Lo contrastante en esta relación, abismalmente inequitativa, es el servicio del agua que los habitantes de Carrizalillo siguen padeciendo desde que la empresa Gold Corp instaló su infraestructura hidráulica para consumir 250 millones de litros de agua al día mezclada con 19 toneladas de cianuro para el lavado del metal. Los habitantes de Carrizalillo, que padecen varias enfermedades a causa de la contaminación ambiental y del agua misma, no cuentan con este líquido de manera suficiente para su uso cotidiano. A pesar de las ganancias millonarias que obtienen con la extracción de mineral, la empresa de manera burda y cínica ha incumplido con el compromiso de trabajar en un nuevo proyecto que restablezca la red de agua potable, y sobre todo que no esté contaminada de arsénico.

La lucha de los ejidatarios de Carrizalillo, además de mejorar los precios en la renta de la tierra; de garantizar la atención médica, y contar con suficiente agua potable en sus viviendas, su pelea con la empresa es asegurar el empleo para la población local. Se firmó una cláusula de que se asignaría un porcentaje 60/40 para contratar a trabajadores de Carrizalillo, y hasta la fecha, el gerente ha argumentado que la empresa tiene otros compromisos y que no es fácil cumplir con este acuerdo. Queda claro que para los emporios mineros la población local es desechable, no forma parte de su proyecto extractivista, sólo requiere su riqueza natural. Esto mismo sucede con la renta de maquinaria y de camiones, que de manera permanente bloquea la contratación de estas unidades que poseen algunas familias de la comunidad, incumpliendo el acuerdo de darle prioridad a los trabajadores locales con el porcentaje de 60/40.

En el convenio hay una cláusula destinada al otorgamiento de becas para estudiantes de nivel medio superior y superior, con el fin expreso de que los jóvenes alcancen un nivel de especialización para desempeñar un trabajo calificado. De igual manera, el gerente general ha dejado sentir su desprecio por este deseo de las familias de que sus hijas e hijos alcancen una formación profesional. Cada mes tienen que acudir a sus oficinas para pedirle que libere los recursos. Se trata de 110 becas con un monto de 2 mil 200 pesos que, en la vía de los hechos, el gerente cree que no se lo merecen por ser hijas e hijos de campesinos.

Ante este trato arrogante y discriminatorio del gerente Juan Carlos Flores, los ejidatarios de Carrizalillo han tomado la decisión de no tenerlo como interlocutor para negociar este convenio. Más bien exigen su despido. Así se lo expresaron en una carta al ingeniero Peter Burger vicepresidente de operaciones en México “es importante que usted sepa que, hasta el día de ayer viernes 4 de septiembre le dimos la oportunidad a la empresa de rectificar su actuación de omisión ante nuestros planteamientos, los cuáles como se lo mencionamos al gerente interino todavía la asamblea nos proporcionó un margen de diálogo para destrabar el conflicto.” Sin embargo, para el día sábado 5 de septiembre, la mesa agraria del ejido de Carrizalillo, le enfatizó al vicepresidente una carta de renuncia del gerente, como requisito para reanudar el diálogo, de lo contrario, quedarían cerradas totalmente las operaciones de la mina Los Filos. De igual manera, concluirían el convenio firmado con la empresa en 2019 por el incumplimiento de varias cláusulas que atentan contra sus derechos como trabajadores y como dueños de las tierras.

La lucha que han emprendido los ejidatarios de Carrizalillo muestra las profundas contradicciones que existen entre los intereses del capital minero y los derechos laborales de los trabajadores. La vocación depredadora de este emporio avasalla, no sólo el entorno natural, sino la vida de sus pobladores, truncando el futuro de las nuevas generaciones. Es abismal la riqueza que han acumulado estas empresas mineras, que, a más de 15 años, han destruido el hábitat; sobreexplotado el agua del Rio Balsas; envenenado los mantos freáticos; desertificado las tierras de esta cuenca; cancelado la vida campesina; desplazado de manera forzada a familias; propiciando la violencia intracomunitaria y generando pactos con el crimen organizado, que se han erigido como guardianes de la mina.

La depredación y el atraso social es como el fierro quemador que destruye el tejido comunitario y deja en condiciones de extrema vulnerabilidad a sus pobladores, que han cimentado su vida en la agricultura. El malestar de los campesinos se empieza a extender en las comunidades vecinas, ante el atraco de la empresa minera que se siente respaldada y protegida por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y por la misma Guardia Nacional que subió para atemorizar a los ejidatarios y criminalizar su protesta. La minería a cielo abierto forma parte de los santuarios del capitalismo salvaje, que tiene como sus protectores a los gobiernos en turno, dejando a su suerte a las comunidades campesinas, que siempre han estado asediadas por los dragones del capital.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-la-lucha-campesina-contra-el-emporio-minero/

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México: Pintan mural en Oaxaca contra políticas migratorias de Donald Trump

Texto: Diana Manzo/ IstmoPress

En el marco de la Jornada Mundial contra Donald Trump, integrantes de la Coalición Binacional, encabezada por su vocera María García, junto con artistas plásticos e integrantes de la sociedad civil, realizaron un mural en esta ciudad oaxaqueña como protesta y rechazo a las políticas migratorias que ha encabezado el mandatario estadounidense, quien recientemente fue postulado como candidato al “Premio Nobel de la Paz”.

Frases como “Nadie es ilegal” y “Tú También eres América” fueron colocadas en una barda de concreto sobre un lienzo de una con los colores verde, blanco y rojo que simulan los tonos de la Bandera Nacional, asimismo ilustraron el rostro y cuerpo de Donald Trump.

Este mural fue elaborado por los artistas plásticos Abraham León, originario de la capital de Oaxaca y por Artista Urbano Salvin de Juchitán Oaxaca, y contó con la colaboración de la sociedad civil y del migrante llamado “Yoni”, de origen salvadoreño.

Además de Ciudad Ixtepec, este mural ha sido replicado en otras ciudades del país como: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Tonatico, Ciudad Neza en el Estado de México y próximamente en Monterrey y Puebla.

Los organizadores explicaron que con este mural buscan concientizar a la sociedad sobre la migración y los discursos racistas y de discriminación que ha encabezado Trump sobre los migrantes y su exclusión.

Abraham León, artista plástico señaló que se trata de un ejercicio de protesta en contra del presidente Trump y sus políticas de odio, “porque nadie es ilegal, tú también eres América, es hoy nuestra consigna”.

Jony, migrante de origen salvadoreño quien también contribuyó resaltó que todos merecen una oportunidad como seres humanos y es una lastima que Donald Trump sea racista.

 

“Mis sueños siempre han sido ver que las personas nos apoyemos los unos a los otros, pero a veces la sociedad no lo permite, pocos son los que viven con riqueza, y muchos de nosotros no, por eso salimos en busca de nuestros sueños. La verdad es que antes quería el sueño americano, pero aquí en México me siento muy bien, mi sueño es que mis hermanos migrantes logren su anhelo y dejemos de vivir tanta violencia, que lamentablemente hemos normalizado”.

Este mural permanecerá por tiempo indefinido y se espera que las autoridades municipales muestran su respaldo para cuidarlo y evitar que sea destruido, “porque la intención es concientizar a la sociedad civil de que los migrantes también son personas y se debe respetar sus derechos humanos”, concluyeron.

El flujo de personas migrantes que ingresan a México de forma ilegal continúa a pesar de la pandemia, el pasado 12 de agosto, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) aseguraron a 48 personas de origen centroamericano en la comunidad de San Andrés Sachio, en la mixteca oaxaqueña, quienes fueron deportados horas después a sus lugares de origen.

Fuente e imagenes:  IstmoPress

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