El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) ha elaborado una declaración para la reapertura segura de centros educativos en la región.
El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) ha elaborado una declaración para la reapertura segura de centros educativos en la región.
La Declaración se realizó tras un acuerdo tomado en la reciente reunión del Comité Regional de la IEAL y el Consejo de Presidencias y Secretarías Generales, que incluye a todas las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en la región.
En ella se denuncia cómo se está privilegiando la vuelta a la actividad económica, y por ende la reanudación de las actividades educativas, sin que existan las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.
Una de las condiciones claves, ausente en la mayoría de los países a excepción de Argentina, es, precisamente, el diálogo con sindicatos para determinar las diferentes etapas a la hora de planificar la vuelta a las aulas. Además, se denuncia la falta de mecanismos para “escuchar las propuestas de los sectores estudiantiles organizados, de forma que puedan participar en la definición de estas etapas”.
Es necesario, además, la coordinación entre el sector docente, las universidades públicas y los sectores de investigación pública para definir acciones que apoyen la modalidad de la educación virtual y a distancia, así como poner límite al lucro privado en la promoción de plataformas virtuales.
Otras demandas importantes por parte de las y los docentes de América Latina son recursos básicos como agua y jabón, kits sanitarios, pero también infraestructuras que permitan la distancia social e impidan la propagación del virus en los centros educativos.
En paralelo, y en vistas del contexto de crisis económica generado por la pandemia, se pide que se refuercen los comedores escolares, se garantice el transporte gratuito y/o subvencionado para las y los estudiantes, así como material didáctico para el alumnado que no tiene acceso a internet.
Asimismo, en el contexto actual se reclama al sector privado en particular la protección de los puestos de trabajo docentes y el respeto de los acuerdos en materia de salarios.
La declaración hace un llamamiento específico a los gobiernos de Chile y Colombia, que a pesar de estar profundamente impactados por la pandemia, están destinando “los escasos recursos estatales para subsidiar a empresas privadas vinculadas al negocio de las evaluaciones estandarizadas.”
La declaración también reflexiona sobre la manera de financiar adecuadamente las políticas de salud, empleo y educación pública, insistiendo en la importancia de implementar reformas tributarias progresivas, promover la cancelación o renegociación de la deuda externa de los países de América Latina, o la reactivación de la obra pública, entre otras.
Por último, la declaración se hace eco de la actual demanda a todos los gobiernos de América Latina, sobre la creación de una Renta Básica Universal de carácter nacional que garantice a todos los hogares un ingreso que permita sostener sus necesidades básicas.
Para acceder al texto íntegro de la declaración haga click aquí.
Ataviada con una extravagante prenda de bordados finos y con un porte muy bien cuidado, para mostrarse como una mujer jovial, la presidenta municipal Adela Román Ocampo, con el rostro angustiado, envió un mensaje el pasado jueves 21 de mayo, a las familias acapulqueñas: “estoy profundamente preocupada por la situación que estamos viviendo en nuestro municipio. Lamentablemente (…) el coronavirus se ha extendido en todo Acapulco. La situación es muy grave. El día de ayer el subsecretario el Hugo López Gatell, informó que la pandemia aún va para largo en Acapulco y que no podremos levantar la cuarentana en los próximos días. Es urgente que entendamos el peligro que corremos todas y todos, con esta pandemia (…) En Acapulco, 38 personas han perdido la vida, además hay casi 520 personas contagiadas. Los hospitales se encuentran llegando al 80% de su capacidad, con camas ocupadas por enfermos de coronavirus, y día con día ingresan más personas solicitando atención médica. Dentro de poco, si no logramos detener esta situación, los hospitales de Acapulco, colapsarán y no podrán seguir atendiendo más pacientes (…) Les informo que de los dos centros de incineración que tenemos en el puerto, uno de ellos está llegando a cerrarse y ya no se da abasto con los cadáveres que llegan. Se abrieron por esa razón más fosas en el cementerio, para dar cabida a los cuerpos, que también van llegando en mayor cantidad cada día (…) Guerrero ocupa el tercer lugar en el país, con mayor crecimiento de contagios, y Acapulco, es el centro de esta pandemia en la entidad”.
Este mensaje sintetiza el drama que enfrentamos no solo en el Puerto de Acapulco, sino en el estado de Guerrero. El mismo mapa del COVID – 19 lo ilustra, al mostrar a más del 50%, es decir 47 de los 81 municipios como contagiados, y solo a 11 que se encuentran supuestamente limpios: 5 de la Montaña y 6 de la Costa Chica. Estas cifras oficiales, nos dan una mera aproximación a la realidad devastadora del coronavirus. Mientras no se informe sobre el número de pruebas PCR, que se aplican diariamente en el estado, no podemos tener una radiografía detallada de las personas contagiadas. Solamente en Acapulco y Chilpancingo, existen laboratorios que aplican estás pruebas. Los mismos resultados se obtienen a cuenta gotas, ante las dificultades que existen para llevar y traer las pruebas y los resultados. No sabemos a ciencia cierta cuántas pruebas se han realizado a personas que se encuentran en los once municipios llamados de la esperanza. Lo que podemos afirmar es que son municipios que no cuentan con infraestructura hospitalaria, el poco personal médico y de enfermería que existe tampoco cuenta con equipo necesario para detectar los síntomas del COVID – 19.
Es difícil pensar que las personas de estas comunidades alejadas se mantengan en la inmovilidad. Por el contrario, por información del Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, se cuenta con un registro de 2 mil 268 personas que han migrado a los estados de Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guanajuato, principalmente. En un periodo que va del primero de febrero al 20 de mayo del presente año. Han salido mil 108 mujeres y mil 160 hombres. De esta población, la migración infantil representa el 31%. De los niños y niñas de 6 a 12 años, el 23% no esta inscrito en alguna primaria. Los municipios de la Montaña, con mayor expulsión de familias jornaleras son Cochoapa el Grande, con un número de 921 personas que han salido para trabajar a los campos agrícolas; Metlatónoc reporta 229 jornaleras y jornaleros y Tlapa 532. En la región de la Costa Chica, se encuentra Tlacoachistlahuaca con 63 registros, principalmente. Es decir, que estamos ante municipios sumamente pobres cuya población está en constante movimiento ante el estado crítico que enfrentan, a causa de la pobreza extrema.
Recientemente registramos el caso de una madre de familia del pueblo Me’phaa, originaria de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, que fue atendida en un hospital de Fresnillo, Zacatecas, por complicaciones de su embarazo. La operación que le realizaron fue exitosa, sin embargo, cuando estaba en recuperación tuvo un ataque de tos. El personal médico procedió a hacerle la prueba del COVID – 19 y resultó positiva. Hasta el momento desconocemos si sus dos pequeños niños, su esposo y sus suegros, con los que viajó en un autobús de Tlapa al campo Río Florido en Zacatecas, estén también contagiados. Es de gran preocupación esta situación de alta vulnerabilidad, que enfrentan las familias jornaleras, que ante la amenaza del hambre ahora esta el gran riesgo del contagio por el coronavirus.
Por otra parte, en el plano federal las autoridades de salud nos muestran un panorama cargado de cierto optimismo. Para el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología, “el incremento en la carga de enfermedad tanto de personas enfermas como hospitalizadas, está dentro de lo proyectado. Esto quiere decir, que, al estar dentro de lo proyectado, está precisamente dentro de lo que se programó y preparó para la atención. Esto se está trabajando directamente con las autoridades, para que haya acceso a la atención médica, y, además, haya camas disponibles”. Refiriéndose al caso de Acapulco comentó que esta localidad se está comportando de acuerdo a lo estimado. Vaticinó que el 30 de mayo es cuando se espera la mayor carga de personas hospitalizadas y sobre todo en la unidad de cuidados intensivos.
Con estos comentarios queremos entender que desde la mirada nacional la situación está controlada, sin embargo, la realidad guerrerense es más compleja de lo que se percibe desde el centro. Lo que sucede en los municipios supuestamente limpios de la Montaña y Costa Chica, es que hay un contagio marcado por esta movilidad humana que no está siendo registrada por las autoridades.
En la Zona Centro, concretamente en el municipio de Eduardo Neri, donde se encuentra la minera Equinox Gold, al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la nueva normalidad, funcionarios de esta empresa convocaron a los trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina. Este llamado movilizó a 500 trabajadores procedentes de varias comunidades. La empresa diseñó un protocolo de seguridad sanitaria para evitar la propagación del COVID – 19, entre los trabajadores. Sin embargo, la situación se salió de control porque desde el primer momento, en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, se hizo de forma masiva. No previeron los lugares donde iban a instalar los campamentos para que, ahí permanecieran los trabajadores mientras les aplicaban las pruebas de PCR. Hubo comunidades como Carrizalillo, que no permitieron que se quedaran dentro de sus casas, por eso tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia. En la primera toma de muestra aplicaron 170 pruebas, cuyos resultados fueron sorprendentes porque se reportaron 42 casos de personas contagiadas. Esta situación no solo alertó a la empresa, sino a los trabajadores subcontratados y a los sindicalizados. La preocupación es mayor porque dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina, dieron positivo al COVID – 19. Lo desconcertante es que varias personas eran asintomáticas. Para este viernes se tenía el reporte de 50 personas contagiadas, sin que la empresa haya estado preparada para ponerlos en cuarentena. A todos ellos, los regresó en sus camionetas sin garantizar que se aíslen en los lugares donde permanecerán. Por el momento, las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala, han tenido que cerrar sus entradas para evitar mayor contagio entre la población que está llegando de otras regiones. Esta situación es grave porque la empresa minera diseñó su protocolo sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades y sobre todo de tomar medidas preventivas para evitar mayores contagios. Ahora resulta que tanto en la mina como en las mismas comunidades el coronavirus ha entrado.
Las autoridades de salud tienen la obligación de atender con urgencia este foco de contagio. Es insuficiente emitir solamente lineamientos generales sobre seguridad sanitaria para estas empresas, se tiene que tomar muy en cuenta a la población, el contexto en que vive sobre todo por los graves daños que ha generado la minería a cielo abierto. En esas comunidades muchas personas padecen de asma y hay una población importante de adultos mayores que no cuentan con la atención médica adecuada. Los protocolos tienen que, en primer lugar, prevenir el contagio al interior de las comunidades y no solo centrarse en la seguridad del negocio minero. La empresa tiene que responsabilizarse de los trabajadores que resultaron positivos, no puede desentenderse de este problema de salud pública donde la actividad minera es sumamente peligrosa para la sustentabilidad ambiental y humana.
Los focos rojos del coronavirus están encendidos a lo largo y ancho del estado, la información que llega filtrada por las autoridades de salud, no está ayudando para que la población dimensione que los riesgos inminentes del contagio se han multiplicado y diversificado. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que coordinarse mejor y estar pulsando la multiplicidad de problemas que se están presentando en las diferentes regiones. Hoy es la prueba máxima que tienen enfrente, de lo contrario, el malestar de la sociedad se desbordará y el colapso será inminente.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-colapso/
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras.
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40 organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el feminicidio “está a la baja”.
Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964 asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una clara connotación machista. Un número creciente de países han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos.
Machismo y misoginia en El Salvador
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de instrucción.
Edwin Alexander López, antes de la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, San Salvador. Foto/Émerson Flores
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en Honduras
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario. Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La presión de la sociedad civil
En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía. “Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no trabajaba”.
Diez mujeres son asesinadas en México todos los días. Foto / Brian Torres
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional. “Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus y las pandillas
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420 personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de contención por violar la cuarentena.
Los militares y policías comandan los más de 800 cordones sanitarios implementados en el territorio nacional. Foto/Émerson Flores
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede volver a casa.“No entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito, entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
Jueza Claudia Isabela López – Honduras / Foto Radio Progreso
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del feminicidio
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”, que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65 feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
Las autoridades policiales y militares cierran las calles para implementar el cerco sanitario y habilitan un acceso. Foto/Emerson Flores
La coordinadora de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
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Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres, incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el silencio.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
A finales de la década de los ochenta nuestro continente vivió los estragos de la crisis económica más severa en la historia reciente, que había iniciado algunos años antes. A la década de la ochenta la reconocen los expertos como la década perdida en educación, había pasado el movimiento estudiantil de 1968 en nuestro país, pero muchos países del cono sur entraban a la triste etapa de dictaduras o vivían la asfixia de sus consecuencias. En la década de los noventa inicia el despliegue de las propuestas educativas basadas en esquemas neoliberales (adelgazamiento del Estado, ahorro y austeridad, tendencia a privatizar el servicio educativo, elitización del acceso a la educación superior, etc.). de esta manera los gobiernos formales de los países latinoamericanos comenzaron a adoptarse o a fomentar las nuevas condiciones de colocar a la educación en la esfera de lo inalcanzable.
De esta manera, los gobiernos de los países de la región comenzaron a renunciar a una parte de su compromiso histórico por garantizar la atención educativa a hombres y mujeres desde los grados básicos de instrucción hasta la Universidad. Fue Chile el país del gran experimento neoliberal. En paralelo surgieron iniciativas alternativas provenientes de grupos de intelectuales de avanzada o de colectivos de la sociedad civil, los cuales se fueron organizando así, de manera alternativa, con apoyo en el financiamiento de algunas fundaciones internacionales o de grupos altruistas, que prefirieron gastar o invertir su dinero en proyectos educativos alternativos.
De esta manera se comenzaron a desplegar desde este momento infinidad de inactivas pedagógicas y sociales a las cuales también se les conoció bajo el rótulo de educación popular, educación social, educación alternativa o educación contra cultural.
En cada país surgieron personajes icónicos basados en la solidez de su pensamiento y en la penetración de sus propuestas, una de las características de estas iniciativas es el carácter colectivo en la forma de darles soporte, curso de acción y seguimiento, y al final surgió una propuesta la cual permitía sistematizar las distintas iniciativas de educación popular.
En todo este marco de propuestas tenemos la presencia de un personaje clave que sirvió de motor y de inspiración en las mismas ha sido el pedagogo brasileño Paulo Freire. El pensamiento freiriano, a partir de sus textos clásicos: “Pedagogía del oprimido” y “Educación como práctica de la libertad”, no sólo generó un marco de referencia diferente al de las hegemonías gubernamentales sino también una metodología de atención y de relación educativa, que también ha sido profundamente alternativa. Es más, es en la metodología de atención en el encuentro cara a cara entre educadores y educandos el rubro que sirvió como detonante para demostrar que gran parte de las propuestas educativas de los gobiernos fracasaban era precisamente ahí en su carácter vertical, impositivo y autoritario. En su texto de las metodologías horizontes Olac Kalmeier, “En diálogo. Metodologías horizontales” propone la importancia de horizontalizar el encuentro entre los educandos y los educadores y ahí los roles cambian: ambos son educandos y educadores.
En nuestro país destacan las propuestas de un modelo alternativo de escuela de Gabriel Cámara de la llamada Comunidad educativa, él demuestra a partir de esta iniciativa que es posible crear otro modelo de escuela y de atención educativa basado en la flexibilidad en la tarea y del compromiso educativo compartido.
Las comunidades de base del llamado clero progresista, junto con algunos jesuitas por la liberación, también contribuyeron a desescolarizar el proceso educativo y a adaptarse a las necesidades de la gente en su contexto y en su situación social concreta.
En América latina también algunos gremios u organizaciones sindicales sirvieron para lanzar iniciativas educativas de avanzada como la CTERA en Argentina y las iniciativas progresistas de algunos sindicatos de maestros en países de América del sur. No ha sido así para el caso mexicano, en nuestro país la organización sindical de educadores –el SNTE-, ha estado copada en algunos esquemas de cacicazgos sindicales basados en la corrupción y en la alianza con los sectores del poder.
Otro rasgo en las iniciativas de educación alternativa en América latina, que se han desplegado a lo largo el continente, han sido la transversalización de la tarea educativa. El compromiso de educar se ha ligado con iniciativas como la defensa de la tierra como es el caso de Brasil, del cuidado y preservación el medio ambiente en Bolivia y Ecuador, de mantener un compromiso educativo con los grupos originarios del territorio como es el caso del modelo zapatista en el sureste de nuestro país con el modelo Rayito de sol, o el movimiento Mapuche en Chile, de iniciativas ecológicas y de preservación del medio ambiente y de iniciativas de producción comunal agropecuaria, forestal y pesquera basadas en la cooperación, la solidaridad y el bien común. O el caso de la resistencia política en contra de imposiciones imperialistas como sucede en Cuba, Venezuela y Bolivia.
No existe un manual o un texto global que le de claridad a todo lo que aquí he dicho las iniciativas del llamado movimiento de Educación Alternativa son aisladas, particulares focalizadas y en resistencia; porque son iniciativas para cuestiones muy particulares, pero hace falta el gran texto, el Libro Blanco de la educación alternativa y popular para con clave latinoamericana.
Hay colectivos humanos imprescindibles. Absolutamente imprescindibles. Porque sin ellos, la vida sería menos, mucho menos. Sin esas personas que ponen el cuerpo y se juegan por las otras, la vida en general, las vidas de las y los de abajo, en particular, sería más áspera de lo que ya es.
Brigada Callejera es una de esos colectivos. Formado por seres comunes, como Jaime Montejo y Elvira Madrid, han sido capaces de algo extraordinario, totalmente fuera de lo común: transitar desde la aulas universitarias hasta las calles, arropando con cuerpo y alma a las marginadas, las trabajadoras sexuales de México.
En ese andar hacia el llano, dejaron todo; no sólo sus comodidades materiales, que ya impresiona, sino todo, todo, todo. Sus cuerpos, su salud, su bienestar emocional, esa forma de vida que el sistema coloca como el bien más elevado. ¿Existe acaso algo más conmovedor que aquellos y aquellas que hipotecan su vida, no en un ademán heroico definitivo, sino en pequeños gestos cotidianos, persistentes, durante más de 25 años?
En ese descenso hacia el amor, compartir su vida con las trabajadoras sexuales ha sido parte de una militancia tan guerrera como silenciosa. Emociona verlos trabajando en la clínica del centro de la Ciudad de México, rodeados de mujeres pobres, cuerpos tatuados por la violencia de policías y padrotes, ambos servidores del sistema.
Un sistema al que nunca temieron y al que siempre desafiaron de forma consecuente, sin discursos altisonantes, quizá porque aprendieron de las mujeres de las calles que las tácticas de guerra se hacen, no se parlotean ni se disertan con soberbia.
Las varias veces que tuve el privilegio de encontrarme con Jaime y Elvira, caminaban rumbo a aquellos espacios donde las trabajadoras sexuales desafiaban poderes infinitamente superiores, haciendo suyo el dolor de personas que, a veces, ni siquiera conocían, pero reconocían como dolor y angustia.
Hoy, a la distancia, siento que su vida es una pedagogía de rebeldía y consecuencia. Pero sobre todo de amor. Mientras las políticas sociales estatales se limitan a pasarle algunas migajas a las personas desamparadas, las gentes de Brigada Callejera comparten abrazos, cariño, ternura; porque lo que mata es, ante todo, la soledad y el abandono, antes incluso que los asesinos de uniforme y los virus del capital.
Desde el 5 de abril el mundo de las y los de abajo está más solo. Te echa de manos. Quiero que sepas, queremos que sepas, Jaime, que tu vida es un ejemplo de dignidad y consecuencia. Por eso tu recuerdo no es memoria, tu vida no es ejemplo pasado. Es luz que alumbra esta noche en la que estamos perdidos. Es el tibio amanecer que anuncia la calidez del mundo nuevo.
Todo proceso educativo conlleva dos elementos inherentes y complementarios uno del otro: por un lado, tenemos la enseñanza y sus múltiples facetas, sea cual fuere el tipo o el nivel de la enseñanza de que se trate, y otro aún mas importante, el aprendizaje que se pretenda adquirir al final del proceso.
Las teorías pedagógicas aportan diversos paradigmas educativos a los que se pueden adaptar didácticas mas o menos funcionales, según la diversidad de contextos que se presentan dentro del pluralismo social, económico y cultural
Pero hoy por hoy, vivimos cambios en la enseñanza históricos y relevantes que, como todo fenómeno de gran magnitud, repercutirán, inevitablemente, en el futuro a mediano y largo plazo y, aunque aún no podamos vislumbrar el grado de esa relevancia, si nos es posible adivinar que esos cambios serán trascendentales como, de hecho, ya lo son.
Los procesos educativos que se han tenido que implementar constituyen, queramos o no, una improvisación que queda muy lejos de lo que se puede considerar como un sistema, ya que un sistema es algo establecido, aunque no sea inamovible, ningún sistema lo es; recordemos que el sistema geocéntrico (Ptolomeo, siglo II d.C.) fue aceptado como verdad durante, aproximadamente, mil cuatrocientos años, hasta la revolución heliocéntrica de Copérnico (año 1507), y, aun así, hubo que ir mucho mas allá.
Las circunstancias actuales han llevado a las escuelas y a los docentes a generar estrategias para que los estudiantes no dejen de serlo, esto es, la educación en línea, pero ello no representa un paradigma educativo a implementarse en el futuro, sino que solo se trata de una medida emergente de la que hubo de echar mano ante una situación de contingencia inevitable.
Cierto es que la oferta educativa basada en las Tic’s se expande cada día mas, de ahí la proliferación de las plataformas virtuales, sin embargo, los resultados generales finales están muy lejos de ser considerados como efectivos, aunque indudablemente, hay resultados parciales, como podría ser el caso de los tutoriales, cuya efectividad está determinada por intereses personales y específicos.
Ante la improvisación, existe gran cantidad de maestros que ni están preparados para hacer llegar los contenidos mediante plataformas, ni cuentan con la infraestructura tecnológica que garantice la funcionalidad.
Por otro lado, la propia SEP no cuenta con los recursos necesarios y suficientes para desarrollar la educación a distancia, ya que también, y en primer lugar, ha tenido que improvisar.
Queda por mencionar el aspecto en el que mas debemos centrar nuestra atención: el aprendizaje. Sabemos que miles de estudiantes tampoco cuentan con la tecnología y/o las habilidades que se requieren para estudiar a distancia y si, aun al interior del aula el aprendizaje no es evidente, por mucho que se generen carpetas de evidencias, menos podremos garantizar el éxito, aunque sea parcial, al final del ciclo escolar que, como está visto, cerrará como va, como educación a distancia.
No se trata de minimizar la importancia del esfuerzo; malo habría sido que nada se hubiera hecho, de lo que se trata es de plantear una realidad que nos alcanzó hace mucho tiempo, antes de la calamidad pandémica y que se resume en la pregunta ¿los estudiantes, realmente están aprendiendo, o solo están cumpliendo, en el mejor de los casos, con las actividades con el propósito de acceder a una calificación que tranquilice a los padres de familia y a nuestras conciencias y, por fin, darle carpetazo al año escolar 2019-2020?
Otro punto de importancia es el hecho de que los docentes permanecen mucho mas tiempo frente a sus dispositivos ahora, que el que el que ocupaban frente a grupo en sus horas-clase, esto sin mencionar el tiempo de calidad, y sin pago, que siempre se ha empleado en preparación, revisión y calificación, lo que implica mayor desgaste y cansancio, además del desembolso que se ha tenido que hacer para hacerse de los recursos tecnológicos necesarios; el hecho de no tener que trasladarse al lugar de trabajo, a la escuela, y del tiempo y dinero que se puedan ahorrar en ello, no compensa el esfuerzo y el gasto que día con día se realiza desde casa, que se ha convertido en una ventana a la que asoman, muchas veces, también, los ojos inquisidores de los padres de familia.
Se ha vuelto imperativa la búsqueda de herramientas, como videos y actividades y estrategias diversos con el fin de que los maestros y los alumnos cumplan con un programa que no queda muy claro hasta dónde llegará.
De ahí que no podemos esperar que la educación en línea se convierta en un modelo pedagógico, no lo es ni lo será; la escuela física siempre será necesaria por su trascendencia social y para la evolución histórica de los pueblos, es un espacio para el desarrollo físico y mental, para las relaciones humanas y la interacción entre individuos.
Sin embargo, debemos generar las estrategias necesarias para enfrentar de la manera correcta las problemáticas que se puedan presentar, como la que vivimos en la actualidad, y debemos estar preparados para que, en el futuro, cercano o lejano, estemos en la posibilidad de asumir la responsabilidad de la educación en tiempos de crisis y, para ello, tanto los particulares, como el gobierno deberán invertir en la capacitación y actualización, tanto de maestros como de alumnos y en los recursos materiales adecuados, con el fin de no dejar toda esta carga a los maestros y, en última instancia, a los padres de familia.
Por ello, es necesario reconocer la labor de los maestros, pero de los que no se han quedado cruzados de brazos, de los que día a día, se sientan frente a sus dispositivos y no se levantan hasta entrada la tarde porque, si bien, ellos no son los responsables de la contingencia de salud, sí serán los responsables de que la educación no se convierta, también, en una contingencia.
“Más que seres de carne y hueso, las personas somos seres hechos de emociones que se convierten en una narrativa” – Regina Freyman
Los educadores son mentores que acompañan y forman a los héroes del futuro. Todos los días, maestras y maestros se arriesgan a través de una pantalla a motivar a su alumnado a ser la mejor versión de su propia historia. De acuerdo con la experta Regina Freyman, más que seres de carne y hueso, las personas somos seres hechos de emociones que se convierten en una narrativa, la cual hace posible que nos levantemos todos los días para escribir nuestra historia de vida. Así lo explicó Regina en nuestro webinar. Si no tuviste oportunidad de seguirlo en vivo lo puedes consultar aquí, cada segundo de este webinar vale oro.
La pandemia por COVID-19 y el confinamiento que vivimos, nos ‘quitaron’ la libertad de salir de casa para realizar las actividades que nos gustan, para reunirnos con la gente que más amamos, la familia y los amigos. Nos sentimos atemorizados de perder la salud o la vida misma. Hoy más que nunca nos aferrados a vivir y comprender, ¿por qué un virus nos tiene encerrados? Esto nos hace replantearnos la vida, el trabajo y nuestro papel en esta nueva realidad.
Si aprendemos acontar una historia de unidad y resiliencia saldremos victoriosos de la crisis que vivimos por COVID-19 y de cualquier otra. La humanidad necesita recuperar la posibilidad de contarhistorias colectivas que nos ayuden a comprender que somos uno con el entorno y que entre nosotros estamos ligados como neuronas de un gran cerebro colectivo, así lo explica Regina en esta sesión de gran inspiración para todos lo que seguimos el webinar.
“La idea de narrar nos da coherencia poniendo al dolor en palabras, sacándolo de ti lo puedes ver con claridad y perspectiva, convirtiéndolo en algo manejable que tiene límites y rostros. Narrar un suceso traumático nos hace superar la agonía”.
A continuación, te comparto un resumen de los conceptos principales que nos compartió Regina en la sesión en vivo o también puedes revisarlos con mayor profundidad en el video.
La resiliencia es un concepto que proviene de la Física. Es la capacidad que tienen los metales para amoldarse fácilmente a la estructura que los contiene. En este sentido, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de adaptarse a nuevas situaciones.
El relato es la única forma de reconstruir y poner orden al dolor sin palabras. Sin ser conscientes de ello, todos los días nos relatamos algo que nos ayude a salir adelante y darle sentido a la situación que vivimos.
Un maestro es un tutor explícito de resiliencia. Por ello su labor es tan importante.
Existen tres factores que impiden la resiliencia: el aislamiento afectivo, la falta de sentido y la vergüenza.
Tipos de resiliencia: nula, recuperación de la capacidad de vivir y compensatoria.
Antes de contar algo, en la mente revolotean mil ideas y en el cuerpo mil señales, a eso se le llama relato preverbal. ¿Qué te dicen los relatos preverbales de tus alumnos y el tuyo mismo? ¿Cómo manifiesta el cuerpo y el lenguaje no verbal el relato por venir?
Una vez que las ideas se ordenan y escuchamos a nuestro cuerpo, surge una voz interior que se expresa, a eso se le llama relato solitario. Los maestros, las familias y los líderes podemos influir enormemente en la construcción de esa historia.
Una vez que exteriorizamos la historia de lo que somos, de nuestros sueños y anhelos nos sentimos capaces de compartirlos. Todos nos necesitamos para contar una historia, a esto se le llama relatos compartidos.
La cultura es un murmullo, miles de voces que se acomodan para contar nuestra historia social, la de familia, la de la comunidad, la del país, la del mundo incluso. A eso se le llaman relatos colectivos.
Revive este webinar (video)que nos ayudó a descubrir por qué la inteligencia emocional se sostiene sobre la capacidad de contar la mejor historia posible cada vez que nos enfrentamos a un conflicto o a una crisis. Una historia es capaz de cambiar al mundo. De hecho, es lo único que siempre lo ha logrado.
Regina Freyman es adicta… a las historias. Sabe por experiencia que las historia salvan, desde el divorcio de sus padres hasta la dolorosa muerte de su hermana. En busca de palabras estudió letras en la UNAM, se especializó en cuento en la IBERO y tiene 15 años narrando la vida desde el TEC.
Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/historias-humanas-y-resiliencia
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