América del Norte

Algunos estados de Estados Unidos parecen estar manipulando la crisis COVID-19 para frenar el acceso a la atención esencial del aborto, advirtieron varios expertos* en derechos humanos.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas aseguró este miércoles que las órdenes de emergencia por el coronavirus, que suspenden los procedimientos que no se consideran médicamente indispensables, han sido utilizadas por estados como Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, LouisianaLuisiana y Tennessee para restringir el acceso al aborto.

«Lamentamos que los estados mencionados anteriormente, con una larga historia de prácticas restrictivas contra el aborto, parezcan estar manipulando la crisis para restringir severamente los derechos reproductivos de las mujeres», expresó en un comunicado Elizabeth Broderick, vicepresidenta del Grupo de Trabajo.

“Esta situación es también el último ejemplo que ilustra un patrón de restricciones y retrocesos en el acceso a la atención legal del aborto en todo el país. Tememos que, sin una clara voluntad política para revertir tendencias tan restrictivas y regresivas, los estados continúen siguiendo este patrón”, agregó.

Los expertos aseguraron que el acceso a los servicios de aborto es crucial en este momento de crisis cuando las mujeres tienen que lidiar con nuevas restricciones a su movilidad, debido a cuarentenas y bloqueos.

Aumentando la desigualdad

“También expresamos una seria preocupación de que, al negar el acceso a la atención de aborto urgente, los funcionarios están poniendo en riesgo a las mujeres, exacerbando las desigualdades sistémicas «, dijo Broderick.

Los expertos advirtieron que las restricciones en los servicios esenciales de salud reproductiva socavan los esfuerzos de salud pública para responder al COVID-19, y cuando se implementan prohibiciones, las mujeres se ven obligadas a viajar fuera del estado para obtener servicios de aborto, arriesgando su propia salud y sin tener en cuenta las pautas de salud pública.

“La atención del aborto constituye atención médica esencial y debe permanecer disponible durante la crisis de COVID-19. Las restricciones al acceso a la información y los servicios integrales de salud reproductiva, incluidos el aborto y la anticoncepción, constituyen violaciones de los derechos humanos y pueden causar daños irreversibles, en particular a las mujeres de bajos ingresos y a las pertenecientes a minorías raciales y comunidades inmigrantes”, aseguró la experta.

Agregó que negarles a las mujeres el acceso a la información y los mencionados servicios que solo ellos requieren y no abordar su salud y seguridad específicas es inherentemente discriminatorio e impide que las mujeres ejerzan control sobre sus propios cuerpos y vidas.

Preocupante pedido de Estados Unidos.

El Grupo de Trabajo dijo que también estaba extremadamente preocupado por la insistencia de Estados Unidos, a través de una carta del 18 de mayo de USAID dirigida al Secretario General de la ONU, para eliminar las referencias a «salud sexual y reproductiva y sus derivados» del Plan Global de Respuesta Humanitaria (HRP) para el COVID-19.

“Reiteramos que los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso al aborto seguro y legal, son esenciales y deben seguir siendo un componente clave de las prioridades de la ONU en sus respuestas a la pandemia de COVID-19. Eliminar las referencias a la salud sexual y reproductiva del plan tendrá consecuencias devastadoras para las mujeres de todo el mundo, y socavará seriamente el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para responder a las necesidades de salud de las mujeres en este momento de crisis «, dijo Broderick.

Los expertos aclararon han estado en contacto con el Ggobierno de los Estados Unidos de antemano para aclarar los problemas en cuestión.

*Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.