Author: Blanca Heredia

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El futuro de la educación, ¿desde dónde pensarlo?

Blanca Heredia

Por: Blanca Heredia

 

“Pensar” el futuro suele consistir en proyectar hacia adelante lo conocido. Dicho de otra manera: prolongar los patrones que observamos en el pasado, ponerles algunos adornos y llamarle a eso “futuro”. En educación, en tiempos recientes por ejemplo, lo usual, ha sido pensar que el futuro será uno en el que la tecnología cobre más y más importancia.

La mayor parte del tiempo operar de esta manera, funciona. Funciona, pues el grueso de la realidad y los lentes con los que la percibimos permanece más o menos constante. Las continuidades de fondo hacen que imaginar el futuro como una simple proyección de lo que ya conocemos o podemos anticipar resulte bastante sensato.

Desde que llegó a nuestras vidas el COVID-19, sin embargo, han cambiado tantísimas cosas y podrían cambiar tantas otras, que pensar el futuro como mera prolongación del pasado ya no me parece tan sensato. No me lo parece, pues cuando tantas piezas se mueven en la realidad objetiva y, al mismo tiempo, en las coordenadas de sentido desde las cuales miramos la realidad objetiva, es muy posible que los patrones conocidos nos resulten insuficientes para atisbar los contornos de nuestros futuros posibles.

En un contexto como el actual, considero que pensar en serio sobre el futuro requiere empezar por preguntarnos desde dónde abordamos tal empresa en un doble sentido. Primero, a partir de cuáles variables clave y, segundo, desde cuáles supuestos. En ambos casos, se trata de explicitar nuestras premisas y, con ello, abrir la posibilidad de problematizarlas a fin de estar en condiciones de poder nombrar y aprehender lo nuevo y lo desconocido.

Para el caso del futuro de la educación (como de tantas otras cosas), lo primero es identificar cuáles factores son los más importantes para imaginar futuros posibles. Al respecto, el primer elemento a tomar cuenta, en el contexto presente, es la duración de la pandemia. Es decir, la extensión del periodo de tiempo entre el inicio de la pandemia y la fabricación/disponibilidad masiva de la vacuna y/o el tratamiento. Si hay vacuna, digamos para octubre de 2020, no es previsible que el cambio provocado o acelerado por la pandemia en educación o en cualquier otro ámbito sea sistémico y profundo. Si hay vacuna en tres o cinco meses, las cosas volverán –con pequeñas variaciones y grandes costos acumulados– al estado en el que se encontraban y a la trayectoria por la que iban antes del estallido de la pandemia. Por otra parte, si la vacuna y/o el tratamiento contra el COVID-19 toma dos años o más, es muy posible que las transformaciones y rupturas con el pasado conocido pudieran ser mucho más profundas e irreversibles.

En términos de las variables a considerar para pensar el futuro de la educación escolarizada, la duración de la pandemia es claramente lo más importante. Pero, hay otros factores a tomar en cuenta (incluso si apareciera la vacuna mañana). Uno de ellos, es la prioridad que previsiblemente tendrá la educación para el gobierno en la post-pandemia, tanto en términos de atención política como de recursos públicos destinados a esta. En ambos casos, lo más probable es que sean menores que en el pasado. Ello, traerá conflictos importantes sobre cómo asignar esa atención y esos recursos mermados. El conflicto en cuestión abrirá oportunidades para replantear prioridades. En ausencia de potencia imaginativa y capacidad para organizar grandes números de voluntades en torno a esta, sin embargo, lo más probable es que prevalezcan en ese conflicto los actores e intereses más vocales y mejor organizados de siempre.

Además de identificar las variables clave a considerar para pensar productivamente las formas posibles del futuro, la tarea de imaginar el futuro pasa por preguntarnos desde cuáles supuestos analíticos, conceptuales y valorativos abordamos esa tarea. ¿Inquirimos sobre el futuro de la educación asumiendo que los sistemas educativos nacionales son algo inmutable, o comenzamos por historizar “la escuela” y por contemplar la posibilidad de que (más pronto que tarde) esa forma particular de organizar socialmente la tarea de “educar” sea sustituida por otra distinta? ¿Pensamos el futuro de la educación desde la idea de que las maestras/os son los únicos encargados de impartirla o desde una visión en la cual la “función docente” se descompone en tareas diferenciadas (enseñar a leer, proteger, acompañar en la vida) a cargo de una variedad de actores individuales y colectivos? ¿Analizamos el futuro de la educación partiendo de que lo único importante son los aprendizajes cognitivos individuales (como llevamos varias décadas haciendo) o partimos de una visión más colectiva en la que lo prioritario en educación es la capacidad de una sociedad para transmitirle a las siguientes generaciones el acervo de conocimientos, habilidades y valores compartidos que requiere esa sociedad para sobrevivir en el tiempo?

Nos toca a los que nos dedicamos profesionalmente a “pensar”, hacernos todas estas y otras muchas preguntas. Especialmente ahora, en estos tiempos de pandemia tan corrosivos de las certezas de antes, tan desafiantes, y tan abridores de nuevas posibilidades.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/el-futuro-de-la-educacion-desde-donde-pensarlo  –

Imagen: https://pixabay.com/

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¿Para qué un sistema de educación público y nacional?

Blanca Heredia

Blanca Heredia

 

La idea de que la educación debería ser competencia de la colectividad más grande y no sólo de las familias es muy antigua. En casi todas partes y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, sin embargo, la educación de los menores ha sido un asunto fundamentalmente privado: uno directa y exclusivamente a cargo de los padres, de la familia y/o de las religiones organizadas.

Los sistemas de educación públicos de carácter nacional son, de hecho, un invento social relativamente reciente. El primero de ellos fue creado en Prusia a fines del siglo XVIII. Siguieron Francia y otros países del norte de Europa; luego vino Estados Unidos y, de entre los hoy países desarrollados, al final Gran Bretaña.

Contra lo que pudiera pensarse –particularmente en estos tiempos globalizados en que la educación escolarizada parece tener como valor prioritario la empleabilidad y la productividad–, la creación de los sistemas nacionales de educación pública no respondió, en primer término, a imperativos económicos. No ha sido históricamente la necesidad de contar con grandes números de individuos “educados” lo que explica la construcción de los sistemas de educación públicos. En la mayor parte de los países la motivación y causa de fondo de su creación fue el imperativo político, cultural y simbólico de los Estados-territorial-nacionales en construcción de fabricar prusianos, franceses, estadounidenses, mexicanos y demás nacionales (a partir de poblaciones fragmentadas en identidades étnico-culturales, geográficas y/o religiosas muy diversas y, con frecuencia, contrapuestas) para hacerse de una base poblacional mínimamente homogénea que justificara y posibilitara su existencia.

Importa recordar estas cosas estos días de regreso a clases en México. Interesa hacerlo pues son ya muchas décadas de un paradigma internacional dominante en política educativa centrado en los aprendizajes cognitivos individuales, y poco interesado en los aspectos colectivos de la escuela, así como en los procesos de socialización que posibilitan la existencia de cualquier colectivo social. Importa hacerlo, sobre todo, porque la brújula hacia adelante del nuevo gobierno en materia educativa es poco clara y pudiera resultar útil para organizar la conversación al respecto, regresar a las preguntas fundamentales sobre por qué nos haría tener un sistema educativo público y nacional.

La centralidad de los fines colectivos en un sistema de educación público tiene una base histórica fuerte, pero no sólo eso. Desde el punto de vista económico, un sistema así solamente tiene sentido si persigue algún o algunos objetivos colectivos (por ejemplo, formación de sujetos nacionales y/o reducción de la desigualdad social por medio de la escolarización). Para ofrecer la mejor educación (como quiera que se defina) a individuos considerados por separado, un sistema colectivo grande, financiado por todos y conducido por el gobierno no es la opción más eficiente. Ello, pues no hay economías de escala en la producción de servicios educativos orientados a generar determinados resultados educativos (por ejemplo, mejor dominio del español escrito o dominio mínimo de operaciones aritméticas elementales) para los estudiantes a nivel individual e independientemente del colectivo. Segundo, porque a más grande el sistema, mayores los costos de transacción y coordinación asociados a la producción de tal tipo de servicios educativos.

En resumen, convendría recordar que la única justificación de un sistema de educación público es que sus objetivos-guía contribuyan a la persistencia y mejoramiento de la(s) colectividad(es) a la(s) que pertenecemos. Su justificación central, esto es, debiera incluir mínimos de aprendizaje cognitivo para los alumnos en lo individual, pues ello es condición indispensable para actualizar la potencialidad de los sapiens-infantes como integrantes del colectivo “género humano”, pero debiera, también, contemplar como requisito clave la obligación del gobierno de garantizarlos para todos por igual. Esa justificación debiera asimismo incluir, centralmente, propósitos orientados a hacer posible la existencia continuada e, idealmente, mejorada del colectivo “México” y del colectivo “humanidad” (incluyendo su único hábitat posible hasta el momento: el planeta Tierra), a través de la transmisión de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y los valores requeridos para ello.

Intuyo o quiero ver en las muy leves pinceladas que hasta ahora nos ha dado el gobierno del presidente López Obrador sobre sus intenciones en lo educativo, un énfasis importante en recuperar los aspectos colectivos tan centrales a todo sistema educativo público (claramente los nacionales, aunque no los relativos a la humanidad/planeta). Por ejemplo, la intención de fortalecer el papel de las escuelas en el combate a la inseguridad vía intentar facilitar con becas la permanencia o acceso de los jóvenes a las instituciones educativas; el deseo de recuperar el valor de la identidad nacional a través de mayor énfasis en la enseñanza de la historia de México, y la idea de rearmar los rieles básicos de la convivencia pacífica a través del fortalecimiento de la educación cívica y ética. Pero eso es lo que supongo o quiero ver yo. Más allá de echar para atrás la “mal llamada reforma educativa” y del slogan “nueva escuela mexicana”, haría falta que el nuevo gobierno mexicano nos explicara qué quiere lograr en educación y por qué los medios seleccionados para ello son los más adecuados para conseguirlo.

 

Fuente: http://www.educacionfutura.org/para-que-un-sistema-de-educacion-publico-y-nacional/

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La consulta sobre la nueva reforma educativa: otras voces y prioridades

Blanca Heredia

Por: Blanca Heredia

El lunes de esta semana dio inicio en la Universidad Autónoma de Chiapas la consulta sobre la “educación para el bienestar”, la nueva reforma educativa a ser impulsada por el gobierno que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador a partir del 1º de diciembre.

Al primer foro de los 32, que a nivel estatal se realizarán en materia educativa, asistieron numerosos participantes y se presentaron una gran cantidad de ponencias y propuestas. El encuentro en Tuxtla Gutiérrez no fue propiamente un diálogo. Tampoco resulta claro cómo es que habrán de priorizarse e integrarse los muy variados posicionamientos y propuestas presentados en ese y otros foros dentro de un nuevo proyecto educativo.

Más allá de sus limitaciones como ejercicio deliberativo, el foro de Chiapas resulta importante y revelador en al menos dos sentidos clave. Primero, porque su dimensión teatral-simbólica nos aporta elementos valiosos para ir entendiendo mejor la forma en la que el Presidente electo concibe la democracia y la tarea de gobernar. Y, segundo, porque en dicho evento López Obrador ofreció algunas pistas adicionales a las muy generales enunciadas hasta ahora, en torno a lo que serán las prioridades de su gobierno en el ámbito educativo.

Con respecto a los aspectos simbólicos del evento me llamó especialmente la atención una aproximación a la idea de democracia y al ejercicio de gobierno en un país fracturado, que parece decirnos que el primer paso indispensable para volver a armar al país consiste en reconocerles la existencia a las múltiples y muy diversas presencias que lo integran. Reconocer a los olvidados, a los menospreciados y a los denostados como primer acto de gobierno; reconocer e integrar al escenario a voces largamente privadas de existencia pública y, con ello, volverle a dar vida y sentido concreto a las nociones de democracia y pluralidad.

Sin duda hay posibles lecturas mucho menos favorables de un acto que, en muchas de sus formas, recuerda los modos y escenografías del PRI clásico. Sí, el lunes en Chiapas hubo demagogia y una partitura que se presta a avalar cualquiera cosa que decida el líder máximo, pero también tuvieron un espacio en la escena voces a las que no tenemos costumbre de escuchar, pues durante décadas interminables no han sido convocadas, más allá de ser utilizados como parte del decorado.

Un maestro indígena diciendo: “Nunca más una educación en México sin la presencia, sin la voz, sin la palabra de los pueblos originarios”. Un representante de la CNTE, como figura centralísima del evento, recordándole al nuevo gobierno que el apoyo electoral del magisterio disidente no fue un cheque en blanco y exigiéndole diálogo directo e inmediato. Una madre de familia solicitando reglamentos escolares en cuya elaboración participen los padres de familia. Otro maestro del estado hablando del interesantísimo proyecto “la nueva escuela chiapaneca”, y entusiasmando con él a los miembros del presídium y al auditorio. Una maestra del SNTE exigiendo se desvincule la evaluación de la permanencia y, a pesar de ello, siendo objeto de una rechifla. Así, voces y más voces de las que no suele tener el estrado, tomando el micrófono y el próximo Presidente de México sentado, escuchándolos.

El acto no fue espontáneo. Hubo montaje, seguro. Pero también importa que el montaje se ocupó de visibilizar a grupos que han permanecido invisibles.

En lo que se refiere a darnos mayor luz sobre las prioridades que habrán de guiar la política educativa del nuevo gobierno, el foro del lunes también fue importante. Al respecto, hubo un mensaje sonoro en el sentido de que se privilegiará la atención a los estados más rezagados, así como a los estudiantes con mayores carencias. Especialmente destacable, por otra parte, fue el llamado de López Obrador a los maestros a comprometerse con la mejora de la enseñanza y, en particular, su propuesta-indicación de “cero ausentismo”. Destacable, pues es la primera vez que el Presidente electo le plantea al magisterio exigencia en el cumplimiento de sus responsabilidades para con los estudiantes.

Durante su mensaje en el foro, López Obrador reiteró enfáticamente su decisión de abrogar la reforma educativa, pero también anunció que habrán de sustituir la cancelada con una nueva reforma enfocada en garantizar el derecho a la educación para todos, así como la cobertura, la equidad y la calidad. Finalmente, anunció 500,000 becas para los niños de primaria y secundaria de Chiapas, becas para todos los alumnos de media superior a fin de atajar la deserción, así como la creación de 5 nuevas universidades en el estado.

De los foros seguramente se tomará todo aquello que apoye las grandes directrices definidas por el Presidente electo. En el camino, sin embargo, habremos de ir conociendo con mayor precisión los planes educativos del nuevo gobierno, se abrirá el espacio para reconocernos en la diversidad, e idealmente para nutrir un proyecto a favor de la mejora educativa con voces frescas y aportaciones forjadas en contacto directo con la complejidad de las muchas realidades que conforman al país.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-consulta-sobre-la-nueva-reforma-educativa-otras-voces-y-prioridades/

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¿Política educativa, para qué?

Blanca Heredia 1 comentario

Autora: Blanca Heredia

El panorama para la educación mexicana en los años por venir resulta especialmente incierto. Dentro del caudal de iniciativas anunciadas por el nuevo gobierno, destacan por su fuerza reiterativa dos propuestas principales en la materia: cancelar la reforma educativa impulsada por la administración Peña Nieto y abrir las compuertas del acceso a la educación superior. El alcance y sentido de estas propuestas sigue siendo, sin embargo, muy difuso y no ayuda a saber qué tanto la política educativa en su conjunto se centrará en fortalecer la educación nacional o en otros objetivos.

El Presidente electo ha repetido una y otra vez que su gobierno “cancelará la reforma educativa”, pero el significado concreto de ello es muy poco claro. ¿Se cancelarán todos los componentes de la reforma educativa (evaluación de docentes y evaluación revisada de alumnos, centralización de la nómina, autonomía escolar y curricular, nuevos programas de estudio con su énfasis en aprendizajes fundamentales, entre otros)? ¿Se revisará tan sólo la parte “punitiva” de la evaluación docente (es decir, la de desempeño), pero se mantendrán las de ingreso y promoción? ¿Se volverá a descentralizar el manejo de la nómina? ¿Se echarán para atrás los nuevos programas y enfoques pedagógicos y se diseñarán unos nuevos?

No ayuda a aclarar el que el próximo titular de la Secretaría de Educación haya declarado que el nuevo gobierno solamente va a “revisar” y “reformar” la reforma. Tampoco clarifica el que se haya anunciado formalmente que Gilberto Guevara Niebla, gran conocedor del sistema educativo, pero también uno de los mayores defensores de la reforma educativa iniciada en el 2012-13, haya sido incorporado como asesor durante la transición y posiblemente como nuevo subsecretario en la SEP.

Por lo que hace al segundo tema, es decir a la muy entendible intención general del nuevo gobierno de abrir las puertas de la educación escolarizada para combatir la exclusión y la desigualdad social en el corto plazo y, en particular, de ampliar de manera decidida el acceso a la educación superior, contamos también con más preguntas que respuestas. Al respecto, AMLO ha propuesto en distintos momentos diversos tipos de acciones. Entre otras, ofrecerles becas a todos aquellos jóvenes interesados en cursar estudios universitarios; ampliar los espacios disponibles en las instituciones de educación superior; eliminar los exámenes de admisión a la universidad, y crear 100 nuevas universidades.

Hasta ahora, desconocemos cómo se relacionarán estas acciones unas con otras, cómo habrán de financiarse, cuál será su cronograma de ejecución, y si acaso se tienen contempladas algunas medidas para que un crecimiento acelerado de la matrícula en la educación superior no derive en una caída general de la calidad de nuestras universidades (como ocurrió en los 70). De nuevo: interrogantes y más interrogantes.

Con todo, la pregunta de fondo que sugieren la falta de claridad sobre los dos asuntos que aparecen como las dos apuestas principales del nuevo gobierno en relación a la educación, así como la falta de conexión evidente entre distintos anuncios en ese ámbito (entre ellos, el de la concordancia entre temas y personas que habrán de ocuparse de ellos, la idea de compactar la SEP, y las menciones aisladas a la atención a infancia temprana, artes, y otros) es qué tanta importancia se le asignará a lo educativo como tal durante los próximos años.

¿Irá a tener alguna prioridad mejorar los resultados educativos y los procesos enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas el próximo sexenio o, más bien, la política educativa se subordinará, como tantas veces antes, a la consecución de otros propósitos? Atisbo indicios de que habrá de orientarse a objetivos sin duda centrales y urgentes, pero distintos a los propiamente educativos. Por ejemplo, a atender la espiral de violencia e inseguridad, así como la gobernabilidad fracturada en amplias franjas del país. Lo primero haciendo de la permanencia y el acceso a las aulas de la educación media superior y la superior la vía de inclusión social más inmediata para reducir la exposición de los jóvenes excluidos a la violencia galopante y su involucramiento en actividades criminales. Lo segundo, restableciendo los viejos controles cupulares y centralizados para el conjunto del magisterio organizado (al estilo Gordillo Morales) como medio para liberar recursos destinados a administrar los conflictos en ese gremio y permitirle al gobierno concentrar su atención en recuperar la gobernabilidad para poblaciones y territorios actualmente fuera del control efectivo del Estado mexicano.

Puede que no haya de otra estando las cosas tan terriblemente descompuestas. Aún en ese caso, sin embargo, resultaría en extremo costoso para todos e injusto para los millones de estudiantes mexicanos no ocuparse con seriedad de que nuestras escuelas los convoquen y motiven porque son capaces de ofrecerles oportunidades efectivas para aprender, desarrollarse y crecer. No hay soluciones únicas para ello, pero si no le prestamos atención suficiente a cómo lograrlo, no habrá avance posible.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/politica-educativa-para-que/

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Becarios sí, sicarios no. Significado e implicaciones

Blanca Heredia 1 comentario

México / 5 de agosto de 2018 / Autor: Blanca Heredia / Fuente: El Financiero

¿Quién puede estar en desacuerdo con que jóvenes mexicanos que terminan de sicarios sean, mejor, becarios? Supongo que nadie y López Obrador lo sabe. Por ello resultó tan pegadora y pegajosa la fórmula con la que nos resumió lo que piensa y plantea en relación a los jóvenes sin futuro que México produce a raudales.

Proponer ofrecerles una beca a los miles de jóvenes sin escuela o empleo que se ven orillados o tentados a vivir en la ilegalidad y el crimen significa, en primerísimo término, dejar de soslayarlos y convertir su problema en un problema de todos. Se nos olvida con frecuencia, pero de eso se trata la Política con mayúscula: problematizar un estado de cosas torcido, hacerlo visible, y convertirlo en parte de la agenda de todos.

Un segundo mensaje contenido en esa frase-resumen es que, a juicio de AMLO, el sistema educativo mexicano no puede desentenderse de un asunto que afecta tanto y tan gravemente a los jóvenes. Al proponer hacerlos “becarios” y no “trabajadores temporales” o “beneficiarios de un apoyo X”, el virtual presidente electo está diciendo que nuestro sistema educativo no puede ni debe permanecer al margen, tiene que entrarle al problema y contribuir a atenderlo.

Coincido en que no podemos exentar a las instituciones educativas de participar activamente en buscar salidas para las legiones de jóvenes mexicanos a los que el país no les ofrece oportunidad alguna de desarrollo. No podemos ni debemos exentarlas, pues las instituciones responsables de proveer educación media superior y superior se orientan a darles servicio justamente a los jóvenes y cuentan (al menos, en principio) con el expertise para atenderlos y ofrecerles experiencias provechosas. Además, hay que decirlo, no disponemos de muchas otras opciones, en el corto plazo, para insertar a la vida social organizada a jóvenes excluidos de ella.

Ahora bien, abrir las compuertas, en particular de la educación superior, para integrar socialmente a jóvenes desprovistos de opciones, plantea desafíos gigantescos. Para empezar está el asunto del financiamiento. Juntar los recursos requeridos para cubrir becas, nuevos espacios, profesores y demás en las instituciones de educación superior existentes, así como 100 nuevas universidades, resultará complejo. El nuevo gobierno ha anunciado que incluirá a las universidades privadas en la tarea. Habrá que pensar, también, en aprovechar intensiva y creativamente a la tecnología, en plantear programas de licenciatura más flexibles y en hacer el mejor uso posible de los limitados recursos financieros disponibles.

Un segundo reto tiene que ver con cómo involucrar a las universidades en la atención del problema de la exclusión social de miles de jóvenes sin que dejen de ser, en el camino, instituciones educativas. Instituciones, esto es, cuya razón de ser consiste en formar mentes y actitudes, abrir horizontes, transmitir saberes, desarrollar destrezas y potencialidades, así como preparar a los educandos para la vida activa en colectivo.

Para encarar este segundo desafío resultará indispensable atender dos asuntos cruciales. Primero, diseñar programas que permitan remediar los déficits en competencias habilitantes para el aprendizaje (lengua, razonamiento abstracto y hábitos de estudio) que presentan muchos de los egresados de la educación media superior para, con ello, incrementar sus posibilidades de aprovechar una educación universitaria. Segundo, instrumentar estrategias sencillas y de alto impacto orientadas a fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior para atender a más estudiantes sin que colapse, de pasada, lo poco o mucho que hayan logrado en términos de calidad educativa.

Un tercer reto tiene que ver con qué pasará con los jóvenes incorporados a la educación superior una vez concluyan sus estudios. Concretamente con cuáles opciones les esperan en un mercado laboral que no le ofrece buenas oportunidades a los egresados universitarios y cuyas deficiencias, como muestra el último libro de Santiago Levy, limitan muy seriamente la posibilidad de traducir mayor escolaridad en empleos más productivos. Este tema merece una reflexión aparte, pero conviene al menos dejarlo apuntado, pues sin cambios de fondo en el mercado del trabajo el acceso ampliado a la educación superior contribuirá a atender el problema de la exclusión social de los jóvenes en lo inmediato, pero difícilmente logrará solventarlo en el mediano y en el largo plazos.

Los retos planteados por la propuesta de involucrar a las universidades en la solución a la exclusión social de los jóvenes, son enormes. Dada la urgencia y centralidad del asunto, sería un error limitarnos a nombrar y escudriñar los obstáculos. Lo conducente sería, tomando en cuenta restricciones y riesgos, mirar de frente el problema y convocar a universidades, especialistas y empresas a construir soluciones innovadoras y viables para atender los desafíos mayúsculos e insuficientemente atendidos asociados a ampliar cobertura, equidad y calidad educativa en simultáneo.

Fuente del Artículo:

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/becarios-si-sicarios-no-significado-e-implicaciones

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Becas para estudiar en México – ¿Qué es la beca CONACyT?

ove/mahv

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Calidad educativa en contexto, riesgos y oportunidades

Blanca Heredia

Por: Blanca Heredia 

El reinado de tantos años de la agenda centrada en la calidad educativa (evaluación, transparencia y uso de evidencia en la formulación e instrumentación de la política educativa, entre otros) ha entrado en posición defensiva. Ello, a raíz de los pronunciamientos del candidato puntero a la presidencia en materia educativa, cuyo foco ha estado en el combate a la exclusión social y no en la calidad de los aprendizajes.

Sería gravísimo para los estudiantes y para el país en su conjunto que, como resultado del posible triunfo de AMLO, se fuera por la borda el tema de la calidad educativa. Olvidarlo en aras de conseguir votos y, sobre todo, sacrificar lo avanzado a fin de retribuirle su apoyo a la parte relevante del magisterio organizado, supondría un retroceso y un costo colectivo enorme.

¿Qué hacer para evitar que, en caso de que ganara López Obrador, quede totalmente marginado el tema de la calidad de la educación y se vaya al traste lo conseguido en los últimos años?

Algunos piensan que lo procedente es resistir a toda costa y seguir insistiendo en el recetario conocido (evaluaciones docentes, en particular). Respeto esa posición y pienso que es importante y útil que siga manifestándose con fuerza. Considero, sin embargo, que para fincar las bases de avances que redunden en mejores resultados educativos en un plazo razonable y que sean sostenibles en el mediano plazo, tenemos que construir consensos mucho más amplios en torno a una nueva agenda para la transformación educativa.

Esa agenda renovada debiera de empezar por hacerse cargo de la realidad mexicana. Muy en especial, de tres elementos. Primero, las brutales desigualdades sociales que nos caracterizan y los altísimos niveles de exclusión a los que están sometidos millones de niños y jóvenes mexicanos que “no escogieron bien a sus papás”, mismas que, con muchos otros elementos, han contribuido a nuestra crisis de inseguridad. Segundo, el papel central que, lamentablemente, aún tiene el magisterio organizado corporativa y clientelarmente en la gobernabilidad de un país, cuya institucionalidad democrática formal es endeble y en el que el ‘imperio de la ley’ es, en la práctica, papeleo abundante y exención selectiva del castigo para las élites afines o útiles a los gobernantes en turno. Tercero, la existencia de una economía que no genera empleo productivo suficiente para atender la demanda y que, por tanto, no ofrece las condiciones materiales para que puedan realizarse las ganancias –privadas y sociales– de la inversión –privada y pública– en la educación.

Para cambiar la educación, tenemos que empezar por reconocer la realidad del contexto en el que opera. A partir de ello, habría que plantearnos como objetivo fundamental el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, pero también, y con igual prioridad, la necesidad insoslayable de atender y darle cabida a los millones de jóvenes largamente excluidos de oportunidades efectivas en lo educativo y en lo laboral.

El aterrizaje de un planteamiento de este tipo en las aulas requerirá atender, simultáneamente, muchos frentes. El presupuestal; el de la coordinación entre el ámbito federal y el estatal; el de comenzar a construir esquemas capaces de reconciliar más acceso y permanencia, más calidad y más equidad; así como, y prioritariamente, el de hacer de docentes y directivos agentes y no sujetos del cambio educativo.

Ninguno de los frentes anteriores es fácil y atenderlos todos representará una labor titánica. Con todo, la parte más espinosa tendrá que ver con la capacidad para darle viabilidad política a un proyecto de este tipo en un contexto como el mexicano, en el que la función ‘gobernabilidad’ del magisterio lleva décadas chocando con la función educadora del sistema educativo.

Para encarar este asunto, habría que comenzar por reconocer abiertamente la importancia de ambas funciones y buscar acomodos entre ellas que, sin comprometer más nuestra precaria gobernabilidad, lastimen cada vez menos la parte educativa. Acomodos y soluciones que permitan ir construyendo, en paralelo, formas de gobernabilidad menos dependientes del control corporativo-clientelar del magisterio, y un sistema educativo que ofrezca acceso equitativo a todos los mexicanos a la oportunidad de obtener saberes y desarrollar destrezas para ser parte activa de sus comunidades y dueños de vidas más significativas, libres, plenas y productivas.

Una mirada que combine de mejor forma lo posible y lo deseable y una agenda renovada que incluya tanto el afán a favor de la calidad como la necesidad urgente de darle cabida y respuesta a millones de jóvenes mexicanos excluidos de oportunidades educativas, constituye nuestra mejor apuesta. Mucho mejor que la de concentrarnos sólo en atender exclusión olvidando la calidad o la de seguir insistiendo en el recetario de la calidad sin tomar en cuenta la realidad existente.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/calidad-educativa-en-contexto-riesgos-y-oportunidades/

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Repensando el acceso a la universidad (I)

Blanca Heredia

Por: Blanca Heredia

López Obrador ha señalado reiteradamente que cuando él sea presidente no habrá rechazados en las universidades. En una entrevista grupal en Milenio TV, Silva-Herzog Márquez le preguntó si eliminar los exámenes de admisión no implicaba violar la autonomía universitaria. AMLO respondió que no, pues buscaría un acuerdo con todas las universidades (públicas y privadas) para ampliar los cupos en estas y lograr que todos los jóvenes interesados pudiesen ser admitidos.

El académico reviró recordándole al candidato de Morena que él había inaugurado el sorteo como medio para acceder a la universidad y preguntándole si consideraba que el azar –en lugar del mérito– era un buen modelo para el resto de las universidades. AMLO respondió que sí y explicó que el objetivo central de eliminar el examen de admisión en la UACM había sido el de evitar la marginación de los jóvenes.

Silva-Herzog Márquez puso el dedo en la llaga enfocándose en dos pilares sobre los que se sostienen los exámenes de admisión y la idea misma de universidad: el principio de la autonomía y el mérito como criterio eje para determinar el ingreso a la universidad. La primera, porque en ella se funda la vigencia de principios como la libertad de cátedra y la neutralidad valorativa en la búsqueda de la verdad dentro de la universidad, sin los cuales le resultaría imposible cumplir su función como generadora, guardiana y transmisora del conocimiento. El mérito, porque es el criterio de selección (para alumnos y profesores) que permite asegurar la persistencia de una comunidad conformada por personas con las capacidades y la disposición para dedicarse a las labores propias de la universidad.

López Obrador, por su parte, también trajo a la discusión dos temas clave. Primero, el tamaño de la oferta y, segundo, la inequidad y exclusión que producen, en la práctica, los exámenes de admisión a las universidades en un país tan profundamente desigual como México.

La condición material que explica la existencia de exámenes de admisión o de cualquier mecanismo de selección (incluyendo el sorteo) es que los espacios disponibles no alcanzan para satisfacer la demanda. En breve y sobre la base de la pura lógica numérica de oferta y demanda, si el número de postulantes no fuese mayor al de los lugares disponibles en las universidades, no habría necesidad mecanismos de selección.

Tiene razón, así, López Obrador en traer a la discusión el tema del tamaño de oferta. Básicamente, pues, si se ampliara y, en el extremo, se hiciera universal, ello cancelaría la necesidad de seleccionar alumnos, dado que habría lugar para todos los que quisieran entrar. Al respecto, sin embargo, resultan indispensables varias consideraciones.

Primero, ¿podría sobrevivir la institución conocida como “universidad” a la eliminación de mecanismos de selección basados en el mérito, entendido como la capacidad para aprovechar y contribuir a la función social de la universidad, más allá de que se cerrara la brecha cuantitativa entre oferta y demanda?

Segundo, México carece de los recursos para ampliar la oferta de espacios en las universidades tanto como para eliminar la necesidad de algún mecanismo de selección. Ello implica que tendremos que seguir discutiendo cómo asignar cupos escasos en las universidades.

Tercero, dado lo ocurrido con la vertiginosa ampliación de la cobertura educativa en México y sus costos en términos de calidad, así como de la imposibilidad de generar suficientes empleos calificados y productivos para traducir mayor escolaridad en mayor y mejor crecimiento económico, resulta indispensable valorar qué tanto conviene ampliar la oferta universitaria. La pregunta es central y no tiene una sola respuesta correcta.

La de AMLO es que es “mejor tener becarios que sicarios”. Yo coincido (¿quién no?), pero me pregunto si no habrá alguna manera de lograrlo sin acabar, en el camino, con las universidades del país.

Las propuestas de López Obrador sobre el acceso a la educación superior dan mucho para analizar y discutir. Para empezar, ponen sobre la mesa la necesidad de enfocarnos a encontrar soluciones para los dilemas concretos planteados por la defensa de la autonomía universitaria y el mérito, en un contexto marcado por la escasez de espacios en las universidades y, sobre todo, por desigualdades sociales que excluyen a la mayoría de la población de la posibilidad de acceder a la universidad sobre la base del mérito. Seguiré con estos temas en columnas futuras.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/repensando-el-acceso-a-la-universidad-i/

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