La revalorización docente se encuentra establecida en la ley de la reforma educativa del actual Gobierno, pero en los hecho no, consideró el investigador independiente, Sergio Martínez Dunstan.
Durante su participación en el ciclo de ponencias organizado por la asociación civil Maestros Comprometidos con México (MxM), Martínez Dunstan expresó que entre las asignaturas pendientes de la administración federal está el derecho de acceder a un sistema de capacitación, formación y actualización para fortalecer el desarrollo y superación profesional del magisterio retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.
“Con la nueva reforma educativa ¿existe una verdadera revalorización del magisterio? Se encuentra establecido por ley pero en los hechos, no».
Destacó también que existe incumplimiento del Estado a un salario digno en los términos que establece la Ley General de Educación.
“Quizás para algunos sea muy subjetivo, quizás para otros sea muy relevante; pero un salario digno que permita al maestro capacitarse, que permita al maestro una vivienda digna, que permita al maestros en los establecido en la Ley General de Educación, yo no lo alcanzo a ver”.
Del mismo modo señaló sobre el Sistema de Carrera para la maestras y los maestros que se encuentra parcialmente suspendido por la pandemia de Covid-19.
“El Calendario anual de los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento se encuentra en proceso de revisión. El proceso para reconocer al magisterio se vio interrumpido. Esperará para una mejor ocasión el otorgamiento de distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional a través de ceremonias, homenajes y eventos públicos en lo individual o colectivo a nivel de su escuela, zona escolar, entidad federativa o nacional”.
Criticó que los sindicatos no establezcan diferencia entre derechos laborales y condiciones profesionales, y advirtió que éstos organismos pueden influir de manera tendenciosa en la carrera docente.
“Es adecuado diferenciar también los derechos laborales de las condiciones profesionales. Las organizaciones sindicales se han autoasignado ambas para influir tendenciosamente con la deontología de tan noble carrera. En lo personal, estoy en desacuerdo de tal posicionamiento y más bien creo que su función consiste en la defensa de los derechos laborales de sus representados”.
Puntualizó que tanto autoridades educativas federales y estatales, los sindicatos magisteriales, e incluso la misma Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), respalden la revalorización del magisterio sólo con prácticas discursivas.
“¿Existe respaldo de las autoridades educativas y los sindicatos? ¿para qué? ¿para la revalorización docente? Las autoridades educativas federales y locales la asumen desde su propia perspectiva. De igual manera, el sindicato (así genéricamente hablando aludo al nacional, los locales, los independientes y demás) buscan trascender hacia la nueva realidad, mas que una “nueva normalidad”, en que los colocó la reforma laboral. Poco les importa utilizar al magisterio como carnada para su propia conveniencia. Dicho de otra manera, llevan agua a su molino. La pandemia ha resultado una justificación más que entendible. La revalorización se asocia con la mejora educativa. Cabría preguntar ¿qué es lo que ha hecho el Mejoredu para la revalorización docente? ¿Las autoridades educativas y los sindicatos han respaldado la revalorización docente? Sí en las prácticas discursivas pero no de facto”.
Con información de MxM.
Material de apoyo del Dr. Sergio Martínez Dunstan:
Fuente e imagen: https://profelandia.com/revalorizacion-docente-esta-en-la-ley-pero-en-los-hecho-no-sergio-dunstan/
El PSE compromete a la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades a formar docentes con el fin de hacer frente a retos derivados de las políticas vigentes (las de la 4T), prácticas educativas emergentes (como las que genera la pandemia) y los cambios sociales
En discusiones sobre los maestros en México y América Latina —y en otras partes del mundo— se tiende a conceptuarlos en términos polares, héroes o villanos, como apunta Beatrice Dávalos, o como víctimas o culpables, según registró el bien recordado Juan Carlos Tedesco.
El Programa Sectorial de Educación 2020-2024, con diferentes términos, retoma esa disputa. El texto asegura que los docentes fueron maltratados y hostigados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Servicio Profesional Docente era un instrumento punitivo. En cambio, el gobierno de la Cuarta Transformación los contempla como agentes fundamentales del proceso educativo (Objetivo prioritario 6.3); agrega que gozan de plenos derechos a partir de tres atributos, dos instrumentales: desarrollo profesional y mejora continua; y uno existencial: vocación de servicio.
La imagen clave para separarse —aunque no tanto, ni aun en el uso de palabras— de la Reforma Educativa del gobierno anterior es “revalorizar a las maestras y maestros”; transmutarlos de villanos a héroes. Para ello, el PSE compromete a la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades a formar docentes con el fin de hacer frente a retos derivados de las políticas vigentes (las de la 4T), prácticas educativas emergentes (como las que genera la pandemia) y los cambios sociales.
Para el desarrollo profesional y la mejora continua, el PSE critica al pasado. “La oferta de cursos no atiende, de manera pertinente y suficiente, las necesidades del personal docente, directivo, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica”. Pero no ofrece alternativas. La transformación de las normales es una tarea pendiente, asevera el texto —y parece que así seguirá—, pues con todo y que propone acciones puntuales, no les pone plazos ni les asigna recursos.
Además, no es seguro que se revalorice a los maestros si se apuntala la formación inicial del magisterio y se adecua el crecimiento de las escuelas normales. Ni será suficiente que se mejoren las condiciones de su personal docente y directivo, se les otorgue —si es que alguna vez llegase a suceder— autonomía de gestión y emprendan proyectos de mejora continua, innovación, investigación, extensión. Tampoco si se integran en los planes curriculares contenidos y prácticas educativas para adquirir estilos de vida saludables, perspectiva de género, interculturalidad y cultura de la paz. Pero, si no se asignan recursos a las propuestas —al contrario, se avecinan recortes— se quedarán en eso, en meras promesas.
En cuanto a la vocación, parece que el PSE olvida que esa es una cualidad intrínseca de cada persona, ni el Estado ni la sociedad pueden modularla, menos reglamentarla. Ésa no necesita revalorarse, sólo existir en la práctica de cada docente.
En la retórica del PSE los maestros son héroes, pero si no hay fondos para poner en práctica los objetivos, ellos seguirán considerándose víctimas y quizás otros aún los verán como villanos.
En la cresta de la Montaña de Guerrero, sobre la amplia zona de alto riesgo para los asentamientos humanos, se multiplican pequeños poblados que se encuentran en las líneas de fuego marcadas por cruces, a causa de las disputas agrarias dirimidas a punta de bala. Son conflictos añejos, que antes de la revolución protagonizaron innumerables batallas los pueblos fundadores de esta entidad suriana. Con gran orgullo rememoran que lucharon al lado de Vicente Guerrero en la gesta por la independencia.
Sus documentos coloniales forman parte de las pruebas tangibles que reclaman derechos primordiales. Tienen leyendas que nutren la memoria colectiva sobre el robo de documentos agrarios supuestamente planeado por comunidades vecinas. La falta de documentos oficiales, como la carpeta básica, colocan en desventaja a comunidades indígenas, que, a pesar de su asentamiento ancestral, la ley agraria no protege sus derechos territoriales. Las resoluciones de los tribunales agrarios, en muchas ocasiones, en lugar de resolver los conflictos, los exacerba, porque la parte que es vencida en juicio no está dispuesta a ceder las hectáreas, que por muchos años han ocupado. Es cuando los comuneros y comuneras deciden defender sus tierras con las armas en la mano, en las líneas de fuego.
La disputa agraria que actualmente protagonizan los habitantes de Alacatlatzala, perteneciente al pueblo Na Savi, con el núcleo agrario de Malinaltepec, del pueblo Me’phaa, nos remite a una lucha cíclica, que de manera recurrente tiene momentos ríspidos al grado que han llegado a la confrontación armada. El último tramo de esta reyerta se da en 1978, cuando los comuneros de Alacatlatzala incursionan en una superficie de mil 300 hectáreas, que la comunidad agraria de Malinaltepec, reclama como suya. En abril de ese mismo año Alacatlatzala inició un juicio agrario solicitando la confirmación y titulación de sus bienes comunales.
Los dos núcleos agrarios le han apostado a la ocupación de las tierras en conflicto, a través de la apertura de nuevas parcelas o la conformación de centros de población. Alacatlatzala tomó la decisión de trabajar estas tierras, mientras que las autoridades agrarias, con el apoyo de las autoridades municipales de Malinaltepec, autorizaron nuevos asentamientos en la zona de conflicto. Esta franja ha sido escenario de múltiples agresiones por parte de los dos pueblos, que se han enfrascado en una disputa estéril.
En 1993 el tribunal agrario le restituyó a Malinaltepec, 9 mil 500 hectáreas, causando un gran agravio a los comuneros de Alacatlatzala, quienes interpusieron un recurso de revisión que no procedió. Esta situación mantuvo en suspenso la ejecución de la sentencia. Fue hasta octubre de 2005, cuando el Tribunal Unitario Agrario, determina entregar una superficie de 12 mil 546 hectáreas, ignorando la decisión de 1993. Para las autoridades agrarias de Alacatlatzala hubo un exceso en la sentencia, por parte de los magistrados, que trazaron la línea en el punto conocido como Piedra de Moler, borrando de un plumazo la zona de conflicto de mil 744 hectáreas.
Con ese aval del Tribunal y con los acuerdos que logró establecer con los núcleos agrarios de Mixtecapa y Coatzoquitengo, para Malinaltepec la disputa histórica con Alacatlatzala quedaba saldada.
Este capítulo dio paso a una confrontación mayor, porque para Alacatlatzala, representó una provocación la construcción de nuevas viviendas dentro de los territorios que han disputado por décadas. Han resistido cultivando sus parcelas por encima de la resolución del Tribunal. Cada año, el conflicto se reactiva con la llegada de las lluvias. Las familias salen a sembrar en un terreno minado, saben que hay que cuidarse las espaldas porque el riesgo de una bala perdida, es inminente.
Para Alacatlazala, la creación de nuevas colonias, por parte de Malinaltepec, es para ocupar la franja en disputa y para cercarlos territorialmente. Para contener este avance, han creado más anexos, en la zona de conflicto. Es una pelea que se disputa metro a metro, con la apertura de nuevas parcelas o la construcción de casas. Los dos grupos enfrentados, han constatado que las denuncias interpuestas por daños, despojo, lesiones, allanamiento de morada o robo, no prosperan ante el ministerio público. Por eso, han ganado las posturas radicales, de ocupar las tierras atrincherándose, para arremeter con las armas. Se ha vuelto recurrente que al inicio del ciclo agrícola se organicen para irrumpir en la zona de conflicto y de esta manera someter a los adversarios. Se destruyen cultivos, se queman casas y se atemoriza a la población con armas de fuego.
En el 2017, Alacatlatzala interpuso un juicio por conflicto de limites ante el Tribunal Unitario Agrario, para reclamar 3 mil 200 hectáreas que mantienen en disputa con Malinaltepec. A pesar de llevar el caso ante las instancias competentes, la disputa agraria se ha acrecentado en la zona de conflicto. Ha crecido la animadversión y el deseo de venganza, porque cada parte se aferra a su terruño y al derecho que han generado, por la misma ocupación de estos territorios.
En este año de la pandemia causada por el covid – 19, la conflictividad agraria se reactivó con mayor virulencia en varios núcleos agrarios de la Montaña de Guerrero. El conflicto de Malinaltepec y Alacatlatzala no fue la excepción. Cuando iniciaron los trabajos de preparación de los terrenos para la siembra, se dio la primera agresión a un vecino de Encino Roble, municipio de Malinaltepec, quien fue retenido por los comuneros de Alacatlatzala y posteriormente liberado. Se armó la trifulca y desde esa fecha se han suscitado balaceras nocturnas entre ambos bandos. El 19 de mayo, fue una noche de luces de plomo. Solo la lluvia apaciguó a los rijosos.
A pesar de las reuniones que se han establecido con personal de la Procuraduría Agraria, con el presidente municipal de Malinaltepec y con los magistrados del Tribunal Unitario Agrario, la confrontación no ha cesado.
El 29 de junio, como Tlachinollan convocamos a las dos partes para reafirmar el compromiso de esperar la resolución que emita el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Chilpancingo. En este encuentro constatamos la hondura del conflicto, por ser añejo y por estar marcado por eventos violentos que han causado muertes, destrucción de casas, desplazamientos de familias, la imposibilidad de vivir en paz y dormir con tranquilidad. Hace falta implementar una estrategia interinstitucional, impulsada por el gobierno federal que atienda de fondo la conflictividad agraria en las regiones indígenas. Se requiere estar más cerca de las regiones que se encuentran desamparadas y abandonadas a su suerte. Ante la ausencia de las autoridades y la ineficacia en la aplicación de la ley, la población indígena ha tenido que usar la fuerza para hacer valer sus derechos. En lugar de verse como pueblos hermanos que han forjado una cultura resplandeciente en este macizo montañoso, sus energías se pierden en la disputa agraria, que debilita la organización comunitaria y su capacidad para ejercer su libre determinación. No podemos permitir que sean las luces de plomo las que impongan la ley del más fuerte y la paz de los sepulcros entre los pueblos indígenas de Guerrero.
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-luces-de-plomo/
El 13 de julio Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Olga Sánchez Cordero, titular de SEGOB, y Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, presentaron la nueva plataforma digital que incluye las cifras disponibles del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Los datos se pueden organizar a través de filtros por entidad, municipio, colonia, edad y sexo de la persona desaparecida, nacionalidad, características de la víctima o fecha de la desaparición, entre otras posibilidades.
Sin duda, este registro representa un avance, ya que hasta ahora sólo contábamos con presentaciones de power point con información agregada (link último ppt) y las bases de datos en Excel se dejaron de publicar el 30 de abril de 2018, luego de la extinción del anterior registro, el RNPED. No obstante, en la nueva página no ha sido publicada la base de datos originaria de la cual se alimenta la plataforma web, faltan los datos actualizados de muchas fiscalías, como la de Guanajuato, y finalmente no parece muy clara la manera como se obtiene la cifra final de personas desaparecidas y no localizadas según las distintas fuentes u orígenes del reporte o de la denuncia (fiscalías, reportes, CNB, otras).
¿Cuáles son los datos que, al corte del 13 de julio de 2020, son relevantes para Guanajuato? El sistema arroja la cifra de 839 personas desaparecidas y una no localizada, lo cual da un total de 840 personas cuyo paradero se desconoce en la entidad desde 1964 a la fecha. Aproximadamente el 80% son hombres y el 20% mujeres.
112 tienen menos de 18 años: para menores de edad la relación se invierte, ya que el 55%, la mayoría, de las personas desaparecidas son mujeres y 45% son hombres. El hecho de que, entre menores de edad, desaparezcan más mujeres que hombres nos habla de patrones de género en la desaparición, con hipótesis ligadas a la trata, a los conflictos intrafamiliares, al abandono y, más en general, a relaciones de poder de tipo patriarcal ejercidas sobre niñas y adolescentes.
Cabe recordar que, en Guanajuato, tras la aprobación en mayo de la Ley de Búsqueda de Personas y diferentemente de lo que establece la Ley General en Materia de Desaparición, fue eliminada la categoría de “persona no localizada”, así que en todos los casos se trata de personas desaparecidas. El caso que aparece en la estadística estatal debe de referirse a una persona que, según el registro nacional y la plataforma, con base en la Ley General, está sin localizarse desde hace menos de 3 días (72 horas) y no se ha presumido o corroborado la comisión de un delito. Si no es localizada, el sistema debe de incluirla entre las personas desaparecidas y la fiscalía debe abrir una carpeta de investigación.
De hecho, una ventaja de la nueva plataforma es que se va actualizando en tiempo real con datos de fiscalías estatales, de la federal y de la Comisión de Búsqueda, así como de los reportes de desaparición que cualquier persona puede enviar por internet a través de la página de la propia CNB.
El dato sobre personas desaparecidas en Guanajuato ha ido cambiando a lo largo del tiempo, como es natural esperarse. El 30 de abril de 2018, según el anterior RNPED, había 615 desaparecidos del fuero común y 6 del fuero federal en la entidad, mientras que el 6 de enero de 2020, la CNB presentó la cifra de 672, aunque detalló que la Fiscalía General del Estado tenía un “semáforo rojo” en la actualización y entrega de los datos. Y lo mismo dijo Alejandro Encinas durante la presentación del informe más reciente el lunes pasado, es decir, las cifras para Guanajuato siguen siendo indicativas y no concluyentes, así que para realizar análisis de contexto detallados y precisos habrá que exigirle a la fiscalía y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y por lo pronto recurrir a otras fuentes y “aproximaciones”. Esto, aunado a la opacidad de las autoridades guanajuatenses sobre fosas clandestinas, no nos acerca, desde luego, a la verdad y la justicia para las y los desaparecidos.
A nivel nacional 73,239 personas resultaban desaparecidas, a las 19 horas del 13 de julio. Como la cifra se renueva en tiempo real, un día después ya se registran 73,248 personas. 840 pertenecen a Guanajuato. Históricamente, desde que se tiene registro a la fecha, 12,175 personas fueron localizadas con vida en la entidad y 263 sin vida, por un total de 12,438 personas. Los municipios con más casos son: Celaya (112), León (81), Irapuato (48), Pénjamo (43), Apaseo el Alto (30), Cortazar (26), Guanajuato (26), Salamanca (18) y Villagrán (17).
La plataforma de CNB señala un pico de las desapariciones en la entidad en 2017 con 156 casos, es decir 156 personas que fueron desaparecidas en 2017 y de las que, a la fecha, se desconoce su paradero. Esto podría deberse al incremento de las dinámicas violentas entre grupos criminales, así como a la militarización de la seguridad pública, que hemos experimentado ese año.
Se detecta también que para los hombres el rango de edad de 24 a 29 años es el que presenta mayor incidencia de la desaparición, mientras que para mujeres es de 15 a 19 años, lo que hace suponer un patrón de vulnerabilidad a la desaparición ligado al género y a la niñez/adolescencia. Al respecto, esta situación ha de monitorearse constantemente a nivel estatal, municipal y de comunidades, ya que las redes de trata, por ejemplo, son dinámicas y pueden tener allí nodos, puntos de tránsito, sitios de explotación, casas de seguridad y dispositivos de control, locales e interestatales, para las mujeres privadas de la libertad.
Estos datos no varían mucho respecto de los que se tenían hasta el 30 de abril de 2018, lo cual hace suponer que no ha habido actualizaciones significativas. Los datos que FGE entrega vía Unidad de Transparencia, por otro lado, dan los totales de personas no localizadas y desaparecidas por municipio, pero no dicen cuántas han sido localizadas, pues tan solo refieren un porcentaje de personas localizadas sobre el total del estado y no por municipio. En enero de 2020, eran al menos 1,040 las personas desaparecidas en Guanajuato, según la información proporcionada por FGE.
En general, son datos mal organizados, casi inútiles para fines de comprensión histórica y de contexto del fenómeno. Además, desde hace más de cuatro meses, debido a la contingencia del Covid-19, la plataforma de transparencia no entrega respuestas a las solicitudes de información pública, así que los datos que se obtuvieron en 2019 y a principios de este año difícilmente podrán compararse con esta nueva información de la CNB (ver artículos en PopLab en octubre de 2019 y enero de 2020). La presencia de elevadas cifras negras de delitos, de subregistro y/o mal registro de casos y expedientes son realidades endémicas en México y Guanajuato, así que hay que tomar las cifras con precaución, esperando que lo más pronto posible estén listos y disponibles para su consulta pública los registros estatales de personas desaparecidas y de fosas clandestinas y comunes previstos por la Ley de Búsqueda.
El 15 de julio la organización para la defensa de la libertad de expresión e información, Article19, publicó un comunicado en que, aun reconociendo los avances en el registro nacional, decenas de organizaciones a nivel nacional destacan que “la metodología y base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas debe ser publicada para garantizar el derecho a la información y a la verdad”, y especifican que “un pendiente inaplazable es transparentar la metodología del RNPDNO y publicar la base de datos en formato abierto para la rendición de cuentas, verificación, contraste de la información y respeto al principio constitucional de máxima publicidad”.
América/México/22/07/2020/Autor: Fernando Guzmán Aguilar/Fuente: unam.mx/
Transmisión intergeneracional de consejería para la supervivencia de bebés
Ancestralmente, saberes y prácticas de “nuestras medicinas”: tradicional-popular y casera, “han pasado por género y de manera generacional, de una mujer a otra”.
Por eso, sostiene Roberto Campos Navarro, es un grave error considerar ignorante a las mamás y abuelas en cuestiones médicas. Ellas tienen conocimientos, por ejemplo, de tés curativos e incluso prácticas rituales, como “limpias”.
Cuando una mujer se casa y embaraza, otras mujeres (familiares, amigas y allegadas) les trasmiten “toda una serie de consejería para la supervivencia del bebé”, dice el investigador de la Facultad de Medicina.
“Entre mujeres se van trasmitiendo recetas de tisanas y formas de tratamiento, que son intergeneracionales”. Así, por ejemplo, de una tía, comenzó a aprender Rosita Ascencio, curandera purépecha, nativa de Puácuaro, Michoacán. Con el paso del tiempo, aprendió mucho más. Su saber y biografía está registrada en 2016 por Campos Navarro en un libro editado por la UNAM y Artes de México.
Aunque invisibilizado, las mujeres latinoamericanas (abuelas, madres, esposas) tienen un papel fundamental en la salud de la familia, ya que en AL se cuenta con un rico bagaje de medicina tradicional-casera.
Sin embargo, en nuestra América no hemos sabido reconocer ni valorar esa medicina tradicional-casera y el conocimiento que de ella tienen las madres de familia.
Un colega antropólogo y amigo de Campos Navarro se sorprendió que mujeres de clase media, mamás de estudiantes de medicina de la UNAM supieran de remedios herbolarios y prácticas curativas, pues en Italia las mujeres “ya no saben de todo esto”.
Incluso en las zonas de clase alta de la Ciudad de México, los diagnósticos y tratamientos populares los dan las mujeres del servicio doméstico.
Es un secreto a voces, según testimonios de enfermeras, que de noche y en hospitales pediátricos se realizan “tratamientos de curación de empacho”. De eso nunca se enteran los médicos, dice Campos Navarro.
Los hombres (excepto los curanderos, hueseros, sobadores y yerberos) son y están ajenos a esos saberes y prácticas. “No sabemos cómo y cuándo curan las esposas a nuestros hijos”.
Cuando sus remedios fallan, ellas recurren a especialistas en medicina tradicional o a los de la biomedicina e incluso a otros como acupunturistas. O viceversa, cuando no mejora la salud con alguno de estos últimos, recurren a la medicina tradicional.
Fuente e imagen: https://www.gaceta.unam.mx/medicina-tradicional-casera-herencia-matriarcal/?fbclid=IwAR1Pt-5s8hw76_3tRJJT1i0axMcjsOiVJNEV24OqB_qHeJq6UY-evqHLAkc
A lot has been said about how the COVID-19 pandemic has been exacerbated by the digital divide in education, health care and elsewhere.
Overnight, millions of students were consigned to the wild wild west of distance learning at home. And we are quickly discovering the depth of the digital divide in the field of education, and that its dimensions reach far beyond the simple notion of just having broadband inside the home.
Currently, distance learning is breaking down for many reasons. Nearly three months into distance learning in Philadelphia, fewer than half of the students participated in their virtual classroom. Los Angeles’ largest school district reported 15,000 students were absent from online learning, even after many students received distance learning devices.
The lack of planning by school systems is probably the most significant failure. Surveys show that nearly 65% of teachers worldwide were completely unprepared for what the distance education transition requires, and it takes a lot: understanding the technology, updating curricula, in-home supervision especially in single-parent households, literacy and a range of other baked-in sociological factors.
Inequities, already ubiquitous in public education, are also deepening in distance education. Forty-three percent of Hispanics and 42% of African American students don’t have a desktop or laptop at home, and 33% of urban students lack home computers.
And even if students get devices from their local schools, we face a digital literacy crisis. One survey found many fifth and eighth graders are insufficiently prepared digitally.
In order to fix the distance education challenge, government, business and nonprofit leaders must come together and get our nation’s best minds focused on every aspect of the problem. The future of our education, health care and so many other institutions depend on it.
Through the CARES Act, Congress is trying to address some of the device gap and other divide challenges by appropriating $13.2 billion in grants for elementary and secondary schools. Congress wisely sees that the distance education challenge involves many issues simultaneously and appropriated funds for a wide range of purposes — curricula, computers, broadband connectivity, software and so on.
It’s a useful start, but unless the education community, parents, community leaders and students all rally to fix the underlying challenges, we will be climbing a steep hill on education this fall and beyond.
While many broadband providers have stepped up to provide $10 a month broadband internet service to low-income households — and some are even offering free service to many homes during COVID-19 — we need the flexibility on E-Rate and CARES funds to beta-test other broadband adoption strategies. For instance, we should use these funds to help broadband providers wire every single unconnected home in a community where that provider already servicing a school.
Other ideas should also be tested, including incentivizing even more low-cost broadband by returning universal service contributions to broadband providers that take such initiatives. Federal funds should also better support public libraries, which have become critical learning centers for many communities during social distancing phase of education and training.
But most fundamentally, it’s time for the government and private sector partners to set up a national blended learning, mentoring and tutoring effort. Unless we think big along those lines, students will remain sidelined this fall regardless of how much broadband connectivity and devices they have.
Big structural change ideas must include massive new digital literacy efforts in urban and rural America where the online education gaps are most stark. Policy leaders must remember that the divide is as much an adoption issue as anything else; many non-adopting homes don’t see the relevance of the internet or may prefer their mobile device.
This crisis allows us the opportunity to reinvent our education system and make it more fair and inclusive to reflect our 21st century realities.
Source of the article: https://www.detroitnews.com/story/opinion/2020/07/16/opinion-we-can-use-covid-19-pandemic-reinvent-digital-education/5450925002/
“Todos somos iguales”, “el color no importa”, “la raza no importa”, solo existe una: la raza humana, estas son ideas que hemos escuchado repetidamente en los salones de clases a lo largo de nuestras vidas. En teoría, estas ideas suenan justas, ideales, un perfecto reflejo del deber ser. ¿Pero son hechos reales? ¿Comprobables?
Cuando hablamos de casos como los de George Floyd, Philando Castile, Breonna Taylor, Maxene Andre, Allen Locke y Ramona Bennet entre otros, existe un común denominador entre quienes ejercieron violencia contra ellos. Ninguno de los agresores era ciego al hecho de que el color de la piel de las víctimas los colocaba dentro de una minoría social.
Es muy posible que la situación que llevó a la muerte de estas personas hubiera sido muy distinta si ellos hubieran pertenecido a un grupo social diferente, o incluso, no habría sucedido tal cosa. La pertenencia al grupo social que los puso en la posición en la que fueron asesinados fue determinada exclusivamente por el color de su piel y características físicas asociadas a su grupo étnico o nacionalidad.
Afroamericano, Haitiano, Nativoamericano. Si podemos entender que el color de la piel y la etnicidad son el disparador de diversas situaciones de injusticia social, ¿por qué todavía pensamos que educar a los niños para que sean “ciegos al color de la piel” los hará capaces de ver las injusticias sociales ligadas a este atributo? ¿O que este tipo de enseñanza jugará un papel importante en desmantelar el racismo sistémico?
Buscamos educar para erradicar el racismo, retirando de la conversación el elemento más básico que lo genera: el color de la piel. Para cuando el estudiante se gradúa de educación básica, puede que sepa que el racismo existe y que está mal ejercerlo, pero no tiene las herramientas para entender las bases sobre las que el racismo se sostiene.
Una historia de racismo y ciencia
Es difícil enseñar sobre racismo cuando no tenemos la apertura y libertad en el aula como para hablar de su historia. Como maestros denunciamos el racismo como algo incorrecto y sin base científica, pero dejamos de lado todos los trabajos realizados a través de siglos que trataron de sustentar las diferencias raciales a través de la ciencia.
Aprender sobre la teoría de la evolución de Darwin es básico en las clases de ciencias naturales y biología, pero todos los contenidos y recursos educacionales cortan el programa antes de llegar al punto de cómo las teorías darwinistas fueron la base del trabajo de académicos como Arthur de Gobineau, Herbert Hope Risley y Ernst Haeckel, tres de los autores más importantes que promovieron el racismo científico.
Este grupo de académicos defendía la idea de que el color de la piel estaba ligado a características físicas e intelectuales jerarquizables. Sostenían argumentos que hoy vemos como absurdos, como por ejemplo, decir que las personas de raza negra estaban más cerca de los simios en un aspecto evolutivo porque los dedos de sus pies eran más fuertes y eso era reminiscencia de la estructura física del mono, que requería de pies más fuertes para balancearse en los árboles; también medían el tamaño del cráneo de las personas en la India para medir su inteligencia y ubicarlos en castas.
La ciencia tuvo un rol importante en cimentar el concepto de raza y sus diferencias, y aun después de que el racismo científico fue expulsado de la comunidad académica de ciencias exactas, miles de antropólogos, filósofos, sociólogos y expertos del rubro cultural siguen combatiendo los efectos de la migración del racismo científico hacia las ciencias suaves. Como lo explica Antony Peterson, profesor adjunto de la Universidad Nazarena de Trevecca, “No existe la cultura en el atributo físico del color. No hay habilidades musculares o mentales relacionadas con el nivel de melanina. No hay características personales, ni virtudes, vicios o valores consecuentes del color de la piel”.
“La raza no existe, pero sí importa.”
Peterson deshilvana las bases sobre porqué la educación para la justicia racial no atiende realmente las raíces o problemas causados por el racismo. Además, sostiene que en las escuelas se les enseña a los niños que la raza existe, pero que no importa, cuando en la vida real hay una abrumadora evidencia de que es al revés. La raza no existe, pero sí importa.
Los profesionales de la educación son prisioneros de la creencia que la mera mención sobre el tema de las razas tiene un alto potencial de exagerar las diferencias entre los alumnos de diversos grupos étnicos, así como minimizar las similitudes, exacerbar los problemas interraciales y generar conflicto innecesario.
Esto nos lleva a una narrativa falsa y limitada que niega a maestros y estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre cómo estas diferencias culturales fueron creadas como políticas impuestas para someter a grupos étnicos. La clave es no quedarse en la superficie de estos supuestos culturales. Por ejemplo, si se pretende hablar de por qué en Estados Unidos hay tantas personas negras que no saben nadar, la idea sería rechazar el prejuicio de que tienen menos habilidades físicas para esto y llamar a una conversación seria sobre la historia de las piscinas públicas, la segregación racial que mantuvo a la comunidad afroamericana fuera de las piscinas y de las clases de natación por décadas.
Todo lo que entendemos como diferencia racial tiene una raíz histórica que es importante analizar y entender para conocer las variables que generan la injusticia social con base en la raza. Puede que la ciencia ya haya confirmado que las razas no existen, pero tomar esa verdad científica como único argumento admisible para combatir el racismo, ignora la verdad social de los millones de personas que son devaluadas diariamente por un concepto sin validez científica, pero con un peso social tan grande que divide a la humanidad de acuerdo a un criterio tan absurdo como absoluto: el color de la piel.
Fuente del artículo:https://observatorio.tec.mx/edu-news/racismo-cientifico
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