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México: Derechos Humanos capitalino propone crear agenda de primera infancia

Redacción: 20 Minutos

La educación temprana no debe limitarse a una política lineal, sino que se debe extender a una visión de integralidad que permee la legislación y las políticas públicas, a fin de generar la agenda de primera infancia en la Ciudad de México.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, así lo manifestó durante su participación en el foro  Educación Temprana Infantil, en la antigua sede del Senado de la República.

Subrayó que es necesario mirar todo lo que hay alrededor de la primera infancia, todo lo que involucra su desarrollo, y considerar las diferencias en los ámbitos de salud, alimentación y educación, entre otros.

Ocho por ciento de las personas que habitan la capital del país son niñas y niños menores de seis años, es decir, que están en primera infancia. No obstante, dicha situación varía en alcaldías como Cuajimalpa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, donde superan el 10 por ciento de la población.

Por eso advirtió que “para legislar y para construir políticas públicas en esta ciudad debemos tomar en cuenta que no es lo mismo Benito Juárez que Milpa Alta, que no es lo mismo Iztapalapa que Miguel Hidalgo”.

Respecto al ámbito legislativo, consideró revisar, no sólo la Ley de Primera Infancia de la Ciudad de México, sino también otras leyes, como las de Prestación de Servicios, Cuidados, Educación, Salud, Planeación y el Sistema de Derechos Humanos, para destinar más recursos a ese sector.

Ramírez Hernández se pronunció por un trabajo legislativo y de generación de políticas públicas integrales que atiendan la complejidad, no solo de la educación temprana, sino de la agenda de Primera Infancia en la Ciudad de México.

Y es que, a decir de la ombudsperson, la Ciudad de México presenta un escenario muy diverso en el que podríamos encontrarnos en condiciones por encima de la media nacional, sin embargo, enfrentamos rezagos que resultan ilógicos. Muestra de ello es el resultado que ofrece la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres (ENIM), elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

De acuerdo con dicho estudio, la Ciudad de México está por encima de la media nacional en distintos indicadores, no obstante, hay algunos en los que está por debajo.

Uno de estos indicadores es el de vacunación, debido a que en esta capital las madres, padres o cuidadores son los que llevan a las niñas y niños a los Centros de Salud, a diferencia de las comunidades rurales o alejadas de los centros urbanos en el interior de la República, donde se implementan grupos de médicos que van a los hogares a poner las vacunas.

Otro caso es la nutrición, que implica un proceso de alimentación adecuada y de calidad para el desarrollo cerebral. A eso se suma el problema de la lactancia, al no existir políticas públicas que la apoyen de forma obligatoria o los permisos para que las madres puedan amamantar a sus hijas e hijos.

Señaló que en el tema de cesáreas, la Ciudad de México está por arriba de la media nacional, debido a que el procedimiento está ligado a la baja lactancia y la inmunización natural.

Nashieli Ramírez Hernández enfatizó que la incidencia en políticas públicas en este ámbito no sólo se logra aportando la legislación o la normatividad, sino también dándole seguimiento y supervisando lo que se dice que se hará. Por esa razón es imperativo caminar de la mano de lo normativo y de la incidencia en políticas públicas desde una visión de integralidad en la primera infancia, enfatizó.

Fuente: https://www.20minutos.com.mx/noticia/510821/0/derechos-humanos-capitalino-propone-crear-agenda-de-primera-infancia/

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Semana de acción mundial para la educación: la sociedad civil insta a los ciudadanos a reclamar su derecho a la educación

Por Campaña Global por la Educación

campaña global para la educaciónLa Semana de Acción Mundial por la Educación (GAWE) es un evento emblemático para el movimiento educativo de la sociedad civil. Desde 2003, esta semana de acción anual liderada por la Campaña Mundial por la Educación ha elegido exitosamente temas actuales y oportunos relacionados con los desafíos educativos del día. Este año no ha sido diferente. El tema general de 2019: hacer realidad el derecho a una educación pública gratuita, equitativa, equitativa, de calidad y gratuita bajo el lema Mi educación, mi (s) derecho (s) es un llamado a los ciudadanos a reclamar su derecho a la educación.

En todo el mundo, 2019 es un año crítico para garantizar la entrega oportuna de educación gratuita de calidad para todos para 2030. Los niños que comienzan la escuela en 2019 completarán sus 12 años de educación básica para 2030, una fecha límite global reservada para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las partes interesadas de la educación para que actúen ahora y pedimos al gobierno que se dé cuenta del derecho a una educación pública gratuita, inclusiva y de calidad para todos mediante la firma de esta petición .

A pesar de las mejoras significativas en la alfabetización y la reducción de la brecha de género, todavía 750 millones de adultos, dos tercios de los cuales son mujeres, siguen sin saber leer y escribir en 2016. Hoy en día, millones de niños y jóvenes en la escuela carecen de las habilidades mínimas de alfabetización y aritmética debidas a Aulas abarrotadas y maestros inadecuadamente capacitados. Más de 617 millones de niños y adolescentes no son capaces de leer o manejar las matemáticas de manera competente.

En 2017, 262 millones de niños en edad escolar primaria y secundaria estaban fuera de la escuela. La educación en emergencias es un desafío que debemos abordar. El mes pasado, el ciclón Idai golpeó el África subsahariana en uno de los peores desastres humanitarios. En Mozambique, 263,000 niños no asisten a la escuela y más de 3,300 salones de clases fueron destruidos. En Zimbabwe, casi 150 escuelas se han visto afectadas, lo que afecta a aproximadamente 60,000 niños y se estima que 200 escuelas se han visto afectadas negativamente en Malawi.

Estos desafíos resaltan la necesidad crítica de transformar la calidad de la educación, al tiempo que se amplía el acceso para garantizar que nadie se quede atrás.

MyEducation, MyRight (s) – el papel global de la sociedad civil

Esta es la razón por la cual, ahora más que nunca, la sociedad civil se está levantando hacia estos temas críticos y, lo que es más importante, eleva la bandera de la educación para cumplir con la inminente fecha límite de la Agenda 2030. La sociedad civil es un socio fuerte y valioso y debe ser consultado e involucrado en la toma de decisiones en todos los niveles. A lo largo de los años, la sociedad civil ha roto barreras y ha influido en la dirección de la política de educación y la prestación de servicios en sus países, a través de la construcción de su alcance, sus habilidades en monitoreo, investigación y análisis de políticas, y su capacidad para involucrarse e influir en los responsables políticos.

GCE se complace en que la UNESCO se una a la GAWE2019 solicitando la ratificación de la Convención contra la Discriminación en la Educación, el único tratado internacional legalmente vinculante dedicado exclusivamente al derecho a la educación.

Para la Semana de Acción Mundial 2019, se han llevado a cabo acciones coordinadas en todo el mundo dirigidas a los ministerios de educación, los políticos, que llegan a los maestros y también a los niños refugiados en situaciones de emergencia.

En Sudáfrica, se realizó un exitoso evento de lanzamiento en Johannesburgo, organizado por la Secretaría de la CME. Entre los asistentes se encontraba el Ministro de Educación Básica que habló sobre la necesidad de unificar a todas las partes interesadas y garantizar que todos los niños asistan a la escuela y evalúen una educación de calidad.

En los Estados Unidos , GCE-US dirigió una discusión sobre el enfoque global de ChildFund International para la «prevención de la violencia en las escuelas» para resaltar el impacto y encontrar soluciones a la violencia en las escuelas.

En Nepal, se  llevó a cabo una protesta pública organizada por NCE-Nepal en Maitighar Mandala con al menos 150 participantes que exigían la Ley Federal de Educación a tiempo y la entrega del derecho a la educación para todos los niños nepaleses.

Nepal

En Benin, la Coalición Béninoise des Organizations for l’Education Pour Tous (CBO-EPT)ofrecerá una rueda de prensa en Cotonú para evaluar el grado en que los actores municipales y las autoridades locales poseen SGD 4. Además, se llevará a cabo una mesa redonda. Lugar de igualdad de género en las escuelas.

En Burkina Faso, la Coalición Nacional para la Educación Pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT / BF) organizó un foro nacional con el tema «Educación de emergencia en Burkina Faso: ¿cómo lidiar con eso?» Discutir la emergencia educativa y proponer soluciones.

En Albania , la Coalición Albanesa para la Educación de los Niños, junto con la red de jóvenes, organizará la primera cumbre de jóvenes , priorizando el derecho a la educación con un enfoque en la educación secundaria y terciaria.

En Afganistán , bajo la campaña Educación para Todos, se llevará a cabo una conferencia nacional en Kabul organizada por la Organización Watch on Basic Rights Afghanistan, el Movimiento para el Apoyo a la Educación de Calidad en Afganistán, la Coalición Nacional de Educación de Afganistán y otras organizaciones de la sociedad civil. El enfoque de esta campaña será sobre la implementación del ODS 4 en Afganistán y el tercer Plan Nacional del Sector Educativo.

En Palestina , la Coalición Palestina para la Educación para Todos organizará una conferencia de prensa en cooperación con el Ministerio de Educación. El evento presentará los resultados de un análisis curricular nacional.

Palestina2

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y sus miembros en diferentes países promoverán diálogos presenciales y virtuales con el objetivo de analizar y discutir los desafíos educativos a nivel regional y nacional. En Guatemala , un Colectivo de Educación para Todos organizó diálogos en diferentes regiones del país y presentó recomendaciones al gobierno para hacer cumplir el ODS 4.

En España bajo el lema «Defendemos la educación, sustentamos el mundo», la coalición lanzó este manifiesto.

Sigue los eventos en Facebook y Twitter y los hashtags # GAWE2019 #MyEducationMyRights.

Fuente: https://gemreportunesco.wordpress.com/2019/05/07/global-action-week-for-education-civil-society-urges-citizens-to-claim-their-right-to-education/

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El simple esquema con el que una maestra enseña consentimiento sexual a los niños

Una profesora ha convertido en viral su explicación a alumnos de ocho o nueve años en una escuela de California.

Liz Kleinrock se ha propuesto enseñar consentimiento sexual a sus alumnos, niños de ocho o nueve años del World Charter School de Los Ángeles, ante las últimas noticias al respecto en su país. Pero lo que en principio iba a ser material para el colegio se ha convertido en un esquema viral compartido por medio mundo.

«La frustración por el estado de nuestro país me inspira para enseñar a mis chicos a hacer el bien. Hoy hablamos de consentimiento, explorando áreas grises como cuando alguien dice «sí» pero su lenguaje corporal dice «no». Hay que enseñarlo de forma explícita», explica en la publicación de Instagram.

El cuadro que triunfa en la Red es muy sencillo. Primero, se pregunta qué es el consentimiento y responde: «decir sí o no, tener permiso para hacer algo». Y a partir de aquí, desgrana las diferentes situaciones y reacciones.

¿Cómo suena el consentimiento? («Tiene que sonar positivo y con entusiasmo»)

  • «¡Sí!»
  • «¡Claro!»
  • «¡Por supuesto!»
  • «¡Ok!»
  • «Sí, por favor».

¿Cuándo necesitamos preguntar por consentimiento?

  • Para dar abrazos.
  • Para pedir cosas prestadas.
  • Para tocar a otra persona.
  • Besar.
  • Secretos.

¿Qué pasa si…?

  • Quieres un abrazo pero la otra persona no.
  • La otra persona dice «no» pero está sonriendo.
  • Estás abrazando a la otra persona pero cambia de parecer.
  • Esa persona te dejó abrazarle ayer pero hoy no quiere un abrazo.

La respuesta es simple: no hay consentimiento.

¿Qué puedes hacer para no dar ese consentimiento?

  • «No me siento bien ahora mismo».
  • «Quizás en otro momento».
  • «No me gusta eso» / «No quiero eso».
  • «No, gracias».
  • «Pregúntame más tarde».

Para practicar todos estos conceptos, la profesora planteó juegos durante dos semanas en los que el alumnado debía plantear situaciones y explicar sus ideas al respecto.

El resultado es totalmente satisfactorio para ella, que considera un éxito esta práctica: «Demuestra que estudiantes de ocho o nueve años son más inteligentes y tienen más inteligencia emocional que la mitad del Congreso».

También realizaron cómics y dibujos al respecto, y presentaron textos sobre lo que creían que era el consentimiento. «Es importante porque, si no lo haces, es posible que no confíen en ti la próxima vez que preguntes», decía uno de los niños.

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Canadá: Gobierno de Ontario reduce 80 millones de dólares para educación preescolar

América del norte/Canadá/09 Mayo 2019/Fuente: El centro news

Los municipios de la provincia de Ontario dejarían de contar con al menos ochenta millones de dólares en el presupuesto destinado a cuidado de niños este año.

Carolyn Ferns, de la Ontario Coalition for Better Child Care (Coalición de Ontario para un Mejor Cuidado Infantil), dijo a CP24 que es posible que esta cifra incluso aumente fuertemente luego que las ciudades de Ontario calculen los cambios adicionales a los acuerdos de los costos compartidos entre ambos gobiernos.

“De verdad, hemos pensando que una vez que se sepa bien los cambios anunciados, y que todos los municipios objeten las cifras, la pérdida será mucho más grande, incluso el doble”, dijo Ferns.

La ministra de Educación provincial, Lisa Thompson, dijo que esos $ 80 millones están cerca de lo que ellos planean, pero ni ella misma ni el ministerio han entregado todavía una cifra directa con el impacto total en los municipios.

“Es necesario que observemos que tan eficientes han sido los municipios, las eficiencias, ya que muchas ciudades de Ontario han dejado espacios en jardines infantiles en la mesa, lo cual es inaceptable”, dijo Thompson, agregando que “hoy estamos motivando a las administraciones de cada ciudad a que evalúen cómo están administrando los programas provinciales y, por el bien de todos los niños, no dejen ningún espacio jardines infantiles fuera”.

La municipalidad de Toronto, por ejemplo, ha realizado cálculos cercanos a los que menciona Ferns, y comentan que ellos esperan recibir 85 millones menos en los fondos provinciales de educación durante el 2019.

Estas diferencias incluirían pedir a los municipios que destinen el 20 por ciento de los fondos a la creación de mayores espacios de jardines infantiles licenciados y privados. Estos fondos hasta hoy habían sido entregados por el gobierno provincial.

Thompson en tanto ha disputado estas cifras, señalando que Toronto recibirá sólo $ 27 millones menos.

Fuente: https://elcentronews.net/gobierno-de-ontario-reduce-80-millones-de-dolares-para-educacion-preescolar/

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La política educativa mexicana: mirada regional

Por: Juan Carlos Yáñez

Retos y puntos fuertes del sistema que escolariza a más de 30 millones de estudiantes en 250.000 escuelas en las que trabajan más de un millón y medio de docentes.

México estacionó en un momento político inédito. Envuelto en un torrente de transformaciones declaradas, y creciente inconformidad de opositores al nuevo gobierno, la educación está convertida en uno de los núcleos de polémica, por las dificultades inesperadas que encontraron el gobierno federal y sus aliados para impulsar la reforma que cancele la emprendida en el régimen anterior, promesa que empeñó el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, pero que enfrenta dura resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, disidencia magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más numeroso de Latinoamérica y con poderosa capacidad de movilización.

En paralelo con la discusión de los actores políticos, sindicatos, partidos y en medios de comunicación, el mundo académico se incorpora de distintas formas, entre ellas, con artículos periodísticos, debates en redes sociales, congresos y foros, así como la producción de libros y compilaciones, cuyos análisis son, al mismo tiempo, testimonio, interpretación y exposición de escenarios futuros para el segundo sistema educativo más grande de América Latina.

En ese panorama de producción de documentos para comprender el pasado reciente y tratar de descubrir pistas por donde transcurrirán las políticas y el funcionamiento escolar, apareció recientemente un estudio que analiza el sistema educativo mexicano desde la perspectiva de esta región mundial. La autoría es de la Oficina Regional del Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación (IIPE), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El informe, publicado a finales de 2018, se realizó por convenio con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Fue presentado a mediados de abril en Ciudad de México por el coordinador del estudio, Néstor López, quien dirigió un equipo conformado por Vanessa D’Alessandre, Noelia Delgado Ferreiro, Malena Seguier y Laura Sanclemente.

Titulado La política educativa de México desde una perspectiva regional, el libro se estructura en dos partes. En la primera, centra en cuatro focos el análisis de la política: currículo y modelos de gestión curricular; infraestructura, equipamiento y tecnología; docentes y estudiantado. Dedica atención relevante a los esfuerzos del gobierno por cumplir el mandato del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como máxima garantizar el derecho a la educación de calidad para todos, desde la enseñanza preescolar (3-5 años de edad) hasta la media superior (15-17 años), llamada en otros países, secundaria superior. Una de las preguntas centrales que orienta el análisis es: “¿Logran las diferentes políticas implementadas reducir las brechas históricas en el acceso al conocimiento?”.

El objetivo es aportar al debate actual sobre la política educativa, con una mirada fundada en dos perspectivas: observar el sistema mexicano como resultado de la historia, con una invitación a pensar el futuro; la otra, que pone en diálogo seis aspectos destacados de la política mexicana con otros países del subcontinente.
Las consideraciones finales de la primera parte pueden resumirse así: solidez del sistema educativo, pues a pesar del tamaño en la educación obligatoria [casi 250 mil escuelas, 1.6 millones de maestros, más de 30 millones de estudiantes] se “evidencia el proceso de acumulación que se fue dando a lo largo de la historia, y que permite suponer la presencia de una oferta educativa en casi la totalidad del territorio”. La grandeza del territorio, su diversidad y complejidad, sin embargo, constituyen un escenario adverso frente al cual “universalizar su oferta”, por el tamaño demográfico, el peso de la población infantil y juvenil y la heterogeneidad geográfica, donde conviven ciudades enormes con una inmensa cantidad de poblaciones pequeñísimas, dispersas y de complicado acceso. Los autores sostienen que el problema se centra más bien en la calidad de la oferta que la presencia territorial.

Una segunda conclusión basada en los focos de análisis conduce a los autores a suponer que existe un esfuerzo histórico innegable para “mantener vivo ese sistema”, sosteniéndolo, reproduciéndolo y tratando de mejorarlo. Dan cuenta también, brevemente, de los procesos históricos de redireccionamiento de la política educacional, cuya expresión más reciente y controvertida es la Reforma de 2013, pero, advierten, “la Reforma Educativa no es la agenda de la política educativa de México”.

Dicha agenda dialoga con la historia y el conjunto de la política educativa; lo que efectivamente introduce la Reforma de 2013 es la aspiración de universalizar el derecho a la educación de calidad, como así lo hacen otros países de la región, pero: “No es posible analizar en sí a la Reforma Educativa, sino en su capacidad de incidir sobre el flujo permanente de acción que define a la política educativa de México”; esto es, una mirada histórica, relacional, no coyuntural y circunscrita a un periodo de 6 años, duración de la presidencia del país.

La información analizada en el documento conduce a los responsables del estudio a observar un sistema “que se transforma”, y ejemplifican con avances en la expansión de cobertura, reducción en brechas de acceso y mejora en indicadores de graduación. Concluyen la primera parte con un enunciado que delinea la complejidad de las tareas por delante: “Cada avance en el funcionamiento del sistema educativo representa la conformación de un nuevo escenario cuyos próximos pasos son más difíciles”. Parece perogrullada: en la medida que se van resolviendo problemas, los restantes tienen mayor grado de complejidad, eso explica que, sorteado un umbral, los progresos se ralentizan.

Muchos de esos otros desafíos, algunos históricos, desbordan al sistema escolar y, por tanto, obligan a la convergencia con otras áreas y políticas del gobierno, práctica todavía reciente en México, que podría alargar (incluso aletargar) los progresos en el anhelado propósito de concretar el derecho a la educación, cuando el siglo XXI todavía suscite esperanzas y no haya cincelado epitafios prematuros.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/05/06/la-politica-educativa-mexicana-mirada-regional/

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EEUU: ‘Intersectionality and Higher Education’

Editors discuss new volume of essays on the ways higher education is changing because of issues of race, gender and sexuality — and how they think higher ed needs to change even more.

Diversity and inclusion are topics of conversation at most American colleges and universities. So are reports of frustrations of many students, faculty members and others who feel colleges are still designed for people of privilege — generally those who are white and are middle or upper class. And so are reports of frustrations that many college leaders have a hard time understanding that issues are not just about black people or women or gay people, but that issues relate to many people in multiple groups and with multiple identities and needs.

That is central to intersectionality, the frame for the essays in Intersectionality and Higher Education: Identity and Inequality on College Campuses (Rutgers University Press). The editors of the collection are W. Carson Byrd, associate professor of sociology at the University of Louisville; Rachelle Brunn-Bevel, associate professor of sociology and anthropology at Fairfield University; and Sarah Ovink, associate professor of sociology at Virginia Tech.

They responded via email to questions about the new book:

Q: Do you think race relations in American higher education are getting better or worse these days?

A: More campuses are engaging the concerns of historically underrepresented students than in the past, but as always, more work needs to be done. Similar to institutions around the nation, our campuses have announced plans to dramatically increase the proportion of the undergraduate student body that identifies as first generation or as members of minoritized groups. At the same time, there is a tense pushback from those trying to bring hate speech (in the guise of “free speech” and “dialogue”) onto campus.

In response to student demands, administrators are working with students using the powerful example set by students at the University of Missouri to reform policies for accountability and acknowledge that racism is an institutional reality and not limited to what one person may do on campus. That said, institutions of higher education are small-c conservative; they are slow to change, and they often rely on tradition as a bulwark of their prestige. Most university administrations are still predominantly white and male as they have been in the past. We still have racial disparities in hiring and promotion of faculty.

Students are still battling for more curricular offerings and resources that recognize and support marginalized communities. It is important for researchers and those who care about the future of higher education in general to take note of when campuses are making full-faith efforts toward actions that can have real benefits for race relations — or as we would prefer to think of it, reducing oppression and increasing inclusion — such as improving racial and ethnic diversity in faculty hiring, slowing the tide of adjunct positions that do not pay a living wage, and taking action when campus community members report bias and discrimination. In the short term, this may look like “worse” relations, because these can be painful topics. But we won’t get to “better” without putting in that difficult work.

Q: In terms of linking race and gender, many colleges have noted that their black enrollments are majority (in some cases overwhelmingly) female. This seems true at historically black colleges and majority white institutions. How might colleges deal with the particular issues facing black men?

A: Most undergraduate populations at colleges and universities in the United States are majority female. This is true for all racial and ethnic groups. However, this is particularly true for black undergraduates and it has been true for a long time, in fact. Some institutions now have mentoring groups targeted toward black men or men of color where junior and senior students, faculty and staff help first-year and sophomore students get acclimated to life on campus …

Reaffirming their experiences in academia, supporting their degree pursuits and assisting with exploring career options after college, providing support networks and resources to help students navigate difficult circumstances on campus as well as off, and other extensions of this work are vital to supporting black men and other men of color historically excluded from many institutions across the nation. It’s also important to note that “majority female” does not mean that women no longer experience discrimination or sexist treatment in higher education. We should continue to pay attention to institutional features that were built without people of color including women in mind as we move toward a more equitable vision of institutional support for students, staff and faculty that takes into account how racial and gender disparities intertwine to inform future initiatives and efforts.

Q: At many campuses, Latinx and Asian populations are growing at faster rate than are black students, and colleges boast about growing minority enrollments. What do you make of this?

A: We have seen many changes in enrollments for students of color, and it’s important to not “run with the numbers” without critically examining what they may mean for issues of access and inclusion. Many institutions post enrollment numbers for students of color without disaggregating by racial and ethnic groups, or without pointing out what proportion are made up of international students, who tend to be wealthier than U.S.-born students. For example, people often lump all Asian and Pacific Islander students together, which can hide disparities that affect certain ethnic groups and can shift perspectives of where campuses should improve their support for students or not.

Also, rates vary for groups depending on the type of postsecondary institution (private liberal arts college, research-intensive university, community college, Hispanic-serving institution, etc.) and geographically. That said, getting more students of color through the college gates does not equate to being more supportive and a racism-free campus. If institutions want to boast about their increasing racial and ethnic diversity as a key aspect of marketing, then these institutions have to seriously consider how such a marketing approach speaks more to using students for money-generating purposes rather than showing their support for these students.

As the recent American Council on Education report on race and ethnicity in higher education poignantly describes, increases in student representation on campuses does not mean these institutions assist students toward graduation or avoiding mounds of student loan debt. There are many efforts that administrators must pursue to support students who are historically excluded and underrepresented at their institutions. These efforts are dependent upon the context of the specific institution and cannot be easily fixed by seeking universal solutions that seem to work at other institutions, even if they have similar contexts, because each institution must reflect on its own needs and goals to build a more holistic approach to supporting students, not just increasing diversity.

Q: Your book includes faculty experiences — particularly those of adjuncts, who on many campuses include many minority academics. Many books about diversity in higher education focus either just on students or just on faculty members. You have both (plus staff members and grad students). Why is it important to consider all of these groups?

A: We aimed to provide readers with a broad discussion of how people in different positions experience higher education, and highlight groups who may not be fully included in conversations about the inequalities on our campuses. What is sometimes overwhelming is to consider that all of these experiences are happening simultaneously at the same institution, and putting this volume together can move discussions forward about how multiple experiences with inequalities are related to explore possible solutions.

For example, the conversations about graduate student experiences are vital for identifying ways to be more supportive of the next generation of faculty and limit reproducing the same issues of marginalization and alienation in our departments. Colleges and universities increasingly rely on adjunct faculty members, who are more susceptible to institutional changes such as budget cuts and face less supportive working conditions than tenure-stream faculty. Staff members are often placed in difficult positions to support students with disabilities and tackling STEM disparities that are often glossed over because they are viewed as “supporting” particular aspects of university missions and initiatives and not being integral actors for institutions. All of these groups have important experiences we must consider if we aim to create a more equitable and inclusive environment for people to live, work and study … In the end, using a more intersectional lens for higher education shows how inequality is as much of a lived experience as an outcome that our institutions need to take seriously.

Q: Your book also notes issues facing LGBTQ populations. In higher ed, there is more support for these groups on many campuses, but some politicians are moving against their rights. How do you see the trends in higher education for these groups?

A: The increasing support for LGBTQ faculty, staff and students in higher education is important on many fronts, but the targeting of these campus community members by politicians and other political groups should have administrators concerned about how far their support extends including with regards to legal protections. The Supreme Court is set to hear a group of three cases to decide whether federal antidiscrimination law extends to sexual orientation and gender identity in the workplace. Two of the cases have plaintiffs arguing they were discriminated against because of their sexual orientation, while the third case explores if discrimination law applies to transgender workers. These cases will have obvious impacts on higher education employment practices, but can also signal the extent to which diversity and inclusion efforts at institutions will go to create more equitable places to work and study for LGBTQ community members.

Institutions have increased their accessibility with the adoption of trans* policies in admissions and creating more inclusive efforts on campus with new campus organizations, resources and policies, but the persistent targeting of LGBTQ community members and possible rulings on these and future Supreme Court cases will bring additional tests to higher education.

Fuente de la información: https://www.insidehighered.com/news/2019/04/30/editors-discuss-their-new-book-intersectionality-higher-education

 

April 30, 201
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La lucha por el derecho a la educación en contextos migratorios (Parte 1)

Por:  Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Proyecto: Derecho a la educación, justicia escolar y política

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

La narrativa que surge en la última década sobre los procesos migratorios en Estados Unidos ha estado atravesada por la coyuntura política, social y económica de los países de destino y de origen de la población migrante mexicana. La literatura al respecto, en la última década, se ha configurado en un mapa de eclosión de organizaciones sociales y agrupamientos de base de las comunidades migrantes que demandan un posicionamiento político por parte del campo de la academia.

Dar voz a los sin voz representa una manera de posicionarse ética y políticamente en el campo del derecho a la educación en contextos migratorios. Por ese motivo, el tipo de investigación que se realiza en el proyecto Derecho a la educación, justicia escolar y políticaparte de los contextos y los registros de vida de los sujetos. Esto posibilita adentrarnos a la vida de nuestros migrantes mexicanos que viven en la ciudad de Nueva York, con la esperanza de construir nuevos horizontes de vida.

Las notas de esta reflexión se articulan al campo del derecho a la educación en contextos migratorios, resultado de diálogos formales e informales con la población migrante, en particular, con un luchador social que ha defendido el derecho a la educación de la población mexicana que vive en la ciudad de Nueva York.

Nuestro protagonista proviene de una comunidad rural del estado de Puebla, cercana a las minas de ónix, una piedra preciosa con la que se elaboran artesanías en su pueblo natal. En palabras de nuestro informante, únicamente se privilegiaba a los dueños de las minas; su padre sólo era un trabajador del ónix, prestaba sus servicios en los talleres, ya sea puliendo las piedras o elaborando algunas piezas de artesanías, por lo que de niño no tuvo el beneficio de la visibilización.

La narrativa de nuestro protagonista da cuenta de su vida en la infancia, vinculada al entorno familiar, al trabajo infantil y a su experiencia escolar, en contraste con su vivencia de ahora, como líder comunitario dedicado a la investigación de los dacamentados; esto es, de aquéllos adheridos al Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y al trabajo comunitario de la población mexicana radicada en los Estados Unidos.

A pesar de su temprana edad, él acompañaba a su mamá a vender e intercambiar tortillas en el pueblo y en la ciudad más cercana, realizaba algunos mandados de algunas familias de su comunidad que le solicitaban sus servicios, ayudaba a los choferes del transporte de autobuses a cobrar el pasaje y ofrecía sus servicios en los pequeños talleres de ónix de su lugar de origen.

A lo largo de su relato va dando cuenta de los servicios educativos con los que contaba su comunidad: una primaria y una telesecundaria, la cual no le gustaba porque en ella únicamente laboraba un maestro, con el apoyo de una televisión, para ofrecer sus servicios de docentes a los todos estudiantes, independientemente del año en curso, la gran mayoría hijos de los trabajadores de las minas del ónix.

El recuerdo de nuestro protagonista respecto a su experiencia escolar antes de su partida a los Estados Unidos está impregnado por el gusto de asistir a la escuela y el deseo de aprender. A temprana edad, ingresa a la primaria con la idea de acompañar a su hermano, dos años mayor que él: “…aprendí a leer muy temprano y no había preescolar. Solamente había primaria y la telesecundaria …siempre era yo como el más exclusivo, hacia todas las tareas. Incluso me enojaba con mi mamá si no me compraba alguna libreta”.

Concluyó la primaria en su pueblo natal y la secundaria en la ciudad más cercana a su comunidad, porque a él no le gustaba la modalidad de la telesecundaria, dado que solamente había un maestro y los estudiantes se la pasaban sentados frente a la televisión; él prefirió ingresar a una Secundaria para Trabajadores que se localizaba en la ciudad más cercana.

“A la secundaria iba de uniforme, pantalón rojo y camisa blanca. Siempre iba a la escuela con mi portafolio … aunque era difícil por la escasez de recursos [económicos]. Me compré mi suitcase, en el segundo año [de la secundaria], me daba un escape a la realidad. Me daba un estatus”, aunque, reconoce, “…me hubiera gustado haber ido a la Federal II, que por lo menos tenía más recursos, a la Tamayo iban 4 o 5 niños de mi pueblo, el resto a la de trabajadores y los más pobres a la telesecundaria”.

Lo anterior nos permite conocer la diversidad de servicios educativos y alternativas de atención, aunque, como lo subraya nuestro protagonista, se observa estratificación y diferenciación social para el acceso a los servicios educativos. La escuela pobre (un maestro y una televisión), para los más pobres.

Con la secundaria concluida, el futuro líder vio la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, cuando su tía informó a sus papás que había dos lugares para viajar y hospedarse en una casa de migrantes mexicanos que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en su segunda familia. Vivían aproximadamente 30 personas en el apartamento y había una organización interna para la convivencia diaria, así como rutinas para el uso del baño, la compra de los víveres, la preparación de los alimentos, el aseo de apartamento y el individual y hasta por los espacios para dormir.

Nuestro protagonista, como muchos mexicanos, tenía deseos de estudiar, pero no contaba con los recursos económicos ni con la documentación necesaria para continuar sus estudios; lo prioritario era el trabajo: “…tú estás solo, aquí tienes que trabajar, tienes que pagar la renta, tienes que pagar el dinero que usaron para traerte…yo tenía 15 años y nadie me daba trabajo por el día, porque estaba contra la ley. Me decían ‘tienes que estar en la escuela’. Hubo un tiempo, me recuerdo, mi primera semana, me ayudaron a trabajar en la construcción, me pusieron a romper cimiento con un hammer, de ésos eléctricos. Fue tremendo para mí, me enfermé, me dolía todo, ya no regresé a la construcción, jamás regresé”.

Durante cinco años se la pasó trabajando de un lugar a otro, en los supermercados, fruterías, cines, restaurantes, todos ubicados en el barrio del Bronx, hasta que un día decidió escapar de uno de sus “laboros”. “Me tenían encerrado en el basement y no podía salir, hasta que un día me escapé y me fui caminando a Manhattan”. Caminó sin rumbo fijo y, con el poco inglés que hablaba, solicitó ayuda a una joven estudiante sudcoreana que caminaba en la misma zona. La joven lo llevó al lugar donde ella trabajaba y le apoyó económicamente para pagar un curso que lo prepararía para presentar el General Education Diploma (GED), a fin de revalidar el bachillerato, y ahí empezó la historia de ir a la escuela, hasta alcanzar el liderazgo en el que batalla cotidianamente hoy en día.

Por ello, qué investigar y para quién investigar vuelve hacer resonancia ante narrativas que surgen en la defensa del derecho a la educación. Se advierte en ellas una exigencia a los académicos ante la necesidad urgente de incidir en la política pública y en la configuración de espacios de investigación arraigados a la realidad social, pero también traducidos en el involucramiento directo de investigadores e investigadoras con la experiencia cotidiana de los sujetos, y la propuesta de salidas ante el flagelo de una política de marginación y estigmatización de los migrantes mexicanos, los indocumentados y los dacamentados.

Mercedes Ruiz

Universidad de la Ciudad de Nueva York

CUNY/Baruch

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-lucha-por-el-derecho-a-la-educacion-en-contextos-migratorios-parte-1/

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