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Encuesta: Mexicanos creen que si una mujer estudia, ‘se vuelve más rebelde’.

Por: Regeneración. 22/11/2017

Además, el 88.1 por ciento de los encuestados piensa que la violencia es parte de la vida familiar y que los golpes a una mujer se justifican cuando es necesario ‘corregirla’. 

“Géneros asimétricos. Representaciones y percepciones del imaginario colectivo. Encuesta Nacional de Género”, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México, las mujeres todavía piden permiso a sus parejas o familiares para salir solas o para trabajar.

La encuesta fue aplicada en distintos estados del país y los resultados indican que el 23 por ciento de las personas consultadas dijo que las mexicanas aún piden permiso para trabajar, mientras el 49.7 por ciento para salir solas, y casi el 50 por ciento para salir de noche.

En colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Patricia Galeana, académica de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), fue la encargada de la investigación, así como Patricia Vargas, de la Universidad de Guadalajara.

Galeana informó que el 52 por ciento de los cuestionados estuvo de acuerdo con la frase “si una mujer estudia se vuelve más rebelde”.

La UNAM detalló que el sondeo tiene 14 variables de opinión, entre las que destacan “Ser hombre y ser mujer”, “Estereotipos de género”, “Masculinidad y emociones”, “Maternidad y paternidad”, “Derechos políticos” y “Percepción del feminismo y sus efectos”, entre otros.

Por ejemplo, en el rubro “Relaciones y violencia”, 88.1 por ciento de los encuestados piensa que ésta es parte de la vida familiar, y el 30 por ciento considera que los golpes a los niños sirven “para corregirlos”.

Además, el 6.4 por ciento cree que pegarle a una mujer se justifica “cuando ella te pega” y 4.7 por ciento “cuando es necesario corregirla”.

En el aspecto de “Estado civil y la organización de parejas y familias”, el 33.6 por ciento de los hombres encuestados, y 31.4 por ciento de mujeres dijeron que la maternidad es la “realización” femenina.

Galeana explicó que otras cifras relacionadas con el estudio apuntan que en la capital siete de cada 10 violaciones de mujeres ocurren al interior de la familia, y en 90 por ciento de los casos la madre tenía conocimiento de la situación y lo permitía por amenazas o intimidación.

Este hecho, dijo la académica, pasa en un escenario muy negro “el tema pasa por una cuestión cultural porque las madres formamos a los machos mexicanos; la crianza está a nuestro cargo”.

Por ello, dijo que “es indispensable establecer un sistema educativo formal e informal de respeto a los derechos de las personas, independientemente del sexo, etnia, edad, ideología, preferencia sexual o cualquier condición”.

*Fuente: https://regeneracion.mx/mexicanos-creen-que-si-una-mujer-estudia-se-vuelve-mas-rebelde-encuesta/

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México: Revelan violaciones de derechos humanos de 559 niños indígenas

México/22 de Noviembre de 2017/Cooperativa CL

Estudio de la Comisión Nacional de los DD.HH. halló «violencia física y psicológica» por parte de empleados de sistema de desarrollo integral.

Entre las vulneraciones se encuentran «diversas afectaciones a la salud y datos clínicos de desnutrición infantil».

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COP23: Los estados deben ser más ambiciosos en lo que respecta a la educación y formación sobre el cambio climático.

Por: Internacional de la Educación.

En la 23ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se ha destacado el papel fundamental que desempeña la educación y la formación sobre desarrollo sostenible para salvaguardar el planeta.

La 23ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), que se celebra en Bonn del 6 al 17 de noviembre, ha iniciado su segunda y última semana bajo la presidencia de Fiyi. Este es símbolo muy significativo, ya que, como ha recordado Richard Langlois —economista y representante de la Internacional de la Educación (IE) en la COP23—, este pequeño país del Pacífico ya está sufriendo los efectos del cambio climático, concretamente, con la devastación provocada por los ciclones.

Las actuales emisiones de carbono son una grave amenaza para la humanidad

Los datos mencionados en los debates de la COP23 son claros e inequívocos: la actual trayectoria de emisiones de carbono, de seguir así, haría imposible alcanzar el objetivo del Acuerdo de París que, según la mayoría de los expertos, es un umbral mínimo que no debería excederse, a riesgo de exponer a la humanidad a un grave peligro.

Esta situación requiere la movilización urgente de todos los actores pertinentes, principalmente del gobierno, que debe rápidamente cumplir con su papel de liderazgo. Según el movimiento sindicalista, que estuvo ampliamente representado en Bonn, es necesario que los gobiernos refuercen la gobernanza internacional en materia de clima. Esto implica plantearse sus objetivos para 2020, respetar sus compromisos financieros y comprometerse a realizar una transición justa para los trabajadores y la población.

La IE: el futuro del planeta depende de generaciones de ciudadanos con formación que estén informados sobre la emergencia climática

Según la IE, una mejor gobernanza pasa por tener un ambicioso programa educativo y formativo dedicado al clima. El sector educativo desempeña un papel fundamental en la transición hacia una economía global con bajas emisiones de carbono.

Dada la gran repercusión que los nuevos modelos empresariales tienen en los trabajadores, la IE también ha hecho hincapié en que la educación y la formación deben preparar a los jóvenes para la vida ciudadana y profesional. Del mismo modo, la investigación y el desarrollo tecnológicos serán de gran importancia en la lucha contra el cambio climático.

Por consiguiente, la IE insta a los gobiernos del mundo a reforzar la formación inicial y los programas de formación profesional continua de docentes, ya que estos deben tener las competencias necesarias que les permitan educar en materia de desarrollo sostenible y cambio climático. El futuro del planeta estará en manos de generaciones informadas y formadas en lo que respecta a la emergencia climática.

Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/15526/cop23-los-estados-deben-ser-m%C3%A1s-ambiciosos-en-lo-que-respecta-a-la-educaci%C3%B3n-y-formaci%C3%B3n-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico

Imagen: https://www.ei-ie.org/resources/views/admin/medias/timthumb.php?src=https://www.ei-ie.org/media_gallery/original_6cf77.jpg&w=1200&h=530&zc=1

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Lucha de los maestros frena impulsos neoliberales en México.

América del Norte/México/21.11.2017/Autor y Fuente:http://www.prensa-latina.cu/
La lucha de los maestros mexicanos contra la Reforma educacional ha sido el freno de los impulsos neoliberales del actual gobierno, advirtió hoy el escritor e historiador Pago Ignacio Taibo.
En declaraciones a la prensa precisó que las acciones -marchas, protestas, bloqueos- del magisterio fueron y serán decisivas para detener el avance de los proyectos privatizadores de la enseñanza, que perjudicarían a la mayoría de las familias.
El premiado escritor y activista social, autor de las biografías de Pancho Villa, Antonio Guiteras y de Ernesto Che Guevara, subrayó que la Reforma educativa es una ley autoritaria.
Argumentó que la de energía promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, está dirigida arrebatarnos el petróleo, al igual que la de la minería, para seguir entregando las riquezas nacionales.
Analizó, además, cómo las luchas sociales han parado en seco la reforma del seguro social, otro de los proyectos neoliberales de la actual administración.
En México, afirmó Taibo, intelectuales, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales, libra una batalla en contra las reformas para salvar a los mexicanos y al país.
Fuente:http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132503&SEO=lucha-de-los-maestros-frena-impulsos-neoliberales-en-mexico
Imagen:http://www.lajornadaguerrero.com.mx/media/k2/items/cache/90c57ca8306bf148ef75c82407e738af_Generic.jpg
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Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la evaluación del trabajo académico (Resumen)

Angélica Buendía∗, Susana García Salord∗, Rocío Grediaga∗, Monique Landesman∗, Roberto Rodríguez-Gómez∗, Norma Rondero∗, Mario Rueda∗, Héctor Vera∗

Introducción

Una de las políticas públicas de mayor impacto y continuidad para orientar, regular e incentivar el desempeño del personal académico de tiempo completo en las universidades públicas del país está sustentada en los programas de estímulo a la productividad, los cuales surgieron con el propósito de mejorar la calidad de la educación superior universitaria. El supuesto básico de estas políticas asoció los incentivos económicos con el impulso al personal académico para obtener posgrados, atender las tareas involucradas en la formación docente y participar en los programas institucionales de investigación y difusión.

En los programas de estímulo subyace un efecto de agregación: si la mayor parte de la planta académica de tiempo completo cumple con los requisitos establecidos, el resultado debería ser el logro de la calidad esperada. En esencia, están orientados a premiar, mediante cuotas de sobresueldo, la productividad académica expresada básicamente en el número y la calidad de los productos de investigación, así como la actividad docente, medida por el número de asignaturas, tutorías y tesis dirigidas. Estos programas de estímulos representan, así, una fórmula de pago por méritos.

Aunque los múltiples programas de estímulos coinciden en ciertos rasgos, difieren en aspectos como el monto del sobresueldo asignado, los requisitos a cumplir y los procedimientos de evaluación correspondientes. En su origen, cumplían principalmente una función compensatoria del deterioro salarial ocurrido en la década de los ochenta, y su intención era retener en las universidades al personal de mayor calificación. En la actualidad operan como un segundo régimen y tabulador que gobierna el trabajo académico en las instituciones. Aunque conservan su carácter voluntario para los profesores e investigadores, es un hecho que por su implicación en el ingreso económico, la mayor parte del personal académico de tiempo completo, a gusto o disgusto, acude a su convocatoria.

Como la asignación de las categorías, previa evaluación es por periodos determinados, los aspirantes pueden ascender, conservar la categoría o descender. Esta condición se traduce en una presión continua para enfocar la actividad individual a la acumulación de tareas y productos contemplados en los protocolos y reglas operativas. De esta manera, los estímulos se han consolidado e institucionalizado como rutas de la trayectoria académica y profesional del personal académico generando un orden donde son prioridad el trabajo individual, el enfoque de competitividad de tareas y resultados, la producción documentable, y el uso del tiempo de trabajo en las actividades que acreditan la satisfacción de requisitos.

Se trata de una racionalidad meritocrática, que tiende a desplazar a otras lógicas académicas, principalmente aquellas relacionadas con la simple satisfacción de contribuir, desde la vocación, la responsabilidad y el compromiso compartido, a los ejes centrales de la misión universitaria: formar estudiantes, generar bienes de conocimiento y cultura, y participar en su difusión social. La tensión entre ambas racionalidades —académica e instrumental— explica la aparente paradoja entre el éxito de la política asociada con los programas de estímulo (su permanencia, su progresiva extensión en el ámbito de la educación superior pública y su amplia capacidad de convocatoria) y las críticas que diversos actores, como especialistas, responsables de la instrumentación e incluso los propios académicos, han repetido prácticamente desde sus inicios.

Antecedentes de los programas de evaluación del trabajo académico

A mediados de la década de 1980, se implementaron una serie de políticas públicas relacionadas con la educación superior cuyo propósito era orientar su conducción a través de diferentes programas e instrumentos de evaluación del trabajo académico, que se incorporaron paulatinamente en las instituciones. Su origen se fundamentó en el pago por mérito asociado a la evaluación, visto como la única vía para mejorar las deterioradas condiciones de los académicos de carrera —es decir, se dirigen únicamente a un sector de la profesión académica: aproximadamente el 30 por ciento del total.

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha sido el programa más visible de estas políticas; fue el primero que buscaba paliar los efectos de las crisis económicas, así como contribuir a retener a los investigadores de las instituciones públicas y a fortalecer la investigación. En su diseño participaron académicos de la UNAM y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además de miembros de la Academia de la Investigación Científica (actualmente Academia Mexicana de Ciencias), que estaban ubicados en puestos clave y que para crear el SNI actuaron ante la coyuntura de la crisis de las finanzas públicas de 1982. El sistema que consiguió articularse estaba limitado a los investigadores, era externo a las instituciones y planteó criterios propios de selección. El SNI representó el primer mecanismo de alcance nacional de reconocimiento y retribución a los académicos, basado en el desempeño.

En paralelo al SNI, la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con ANUIES, puso en marcha programas basados en fondos extraordinarios concursables para las universidades públicas, que implicaban también procesos de evaluación individual. Este fue el caso del Programa Nacional de Superación del Personal Académico (Supera), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep, hoy Prodep), y el Programa de Estímulos al Personal Docente.

Esto ha conducido a que no sólo en el ámbito de los estímulos al personal académico, la educación superior en México se caracterice por ser un sistema dual, en el que operan políticas diferenciadas que no han alcanzado su adecuada articulación. Por una parte, se encuentra el sector de la educación superior universitaria y tecnológica, que responde a las políticas delineadas por la Subsecretaría de Educación Superior, de la SEP. Por la otra, está el sector del posgrado y la investigación científico-tecnológica, cuyas políticas son delineadas y operadas por el Conacyt.

Efectos del actual sistema de evaluación

Aunque las políticas buscaban instaurar una cultura de la evaluación, lo que los distintos programas de evaluación generaron fue un aparato burocrático dedicado al recuento curricular. Aunque no exento de algunas virtudes, ese resultado no instituyó prácticas que les permitieran a los evaluados contar con guías y retroalimentación para mejorar su quehacer profesional; lejos de ello, los académicos se toparon con pesados aparatos administrativos que los empujaban a producir más, sin que hubiera modelos que especificaran el sentido y los estándares de calidad de sus actividades docentes y de investigación. En resumen, se implementó, un sistema de recompensas para quienes entregaran cierto tipo de productos y no una evaluación que los orientara para ser mejores académicos.

Los programas en curso, más que hacer una evaluación académica, han institucionalizado el recuento curricular, pues no cumplen con la función de valorar integralmente el aporte de los resultados a la acumulación de conocimientos, la calidad en la formación de recursos humanos ni la retroalimentan a los evaluados para que los resultados les permitan mejorar su desempeño. Los programas miden lo que se puede medir, no lo que se requiere sistematizar para promover la calidad de las actividades académicas. Es más fácil contar las publicaciones que evaluar los resultados de las labores docentes, por lo que éstas se han menospreciado entre los indicadores, minimizando el esfuerzo que los académicos destinan a ellas. La evaluación actual ha llegado a confundir el indicador con el trabajo que “cuenta”, pero no valora, reconoce o retroalimenta, más bien segmenta y etiqueta desempeños individuales, disociándolos de los objetivos de desarrollo institucional. Esta condición genera, a su vez, que los programas sobrevaloren ciertas actividades sobre otras —por ejemplo, investigación por encima de la docencia, la difusión de la cultura y la vinculación social— sin analizar los aportes y su calidad en el marco de los campos de conocimiento o institucionales, el tipo de resultados, las tradiciones disciplinarias y la etapa de la trayectoria de los sujetos evaluados.

Por otro lado, los programas actuales, más que instancias que busquen mejorar los resultados de académicos e instituciones, parecen mecanismos de supervisión y control, basados en la desconfianza mutua entre gobierno e instituciones, y entre las instituciones y sus académicos.

Dada la multiplicación de programas, la frecuencia de las evaluaciones, la diversidad de formatos, el tipo de requisitos y el incesante incremento del número de instituciones, programas y académicos a evaluar, los académicos —especialmente los más reconocidos— cuando fungen como evaluadores destinan una parte importante de su tiempo, concentración y energía a procesos rutinarios. De igual forma, los evaluados consumen también una gran cantidad tiempo para cubrir los requisitos y proporcionar las evidencias solicitadas.

La periodicidad y cantidad de los programas de evaluación desalienta los trabajos de investigación de largo plazo, que frecuentemente son desplazados por proyectos de corto alcance. Esto ha conducido a la institucionalización de vicios y simulaciones, promoviendo un productivismo sin impacto organizacional ni disciplinario que se asocia directamente con la búsqueda de recursos económicos adicionales.

La evaluación del trabajo académico afecta más directamente a una minoría selecta de instituciones y académicos. Los graves problemas de los profesores de tiempo parcial se han atendido poco, porque en general se hace énfasis en la investigación y en la diversidad de actividades y funciones que sólo realizan los académicos de tiempo completo. En la mayoría de las instituciones de educación superior la desatención a la evaluación del trabajo académico de un extenso grupo de profesores de tiempo parcial que sostienen la docencia en un alto porcentaje —sobre todo a nivel de licenciatura— ha ampliado la brecha en las condiciones laborales y los ingresos entre los profesores de tiempo completo y los de tiempo parcial. Además, las repercusiones de los premios, “estrellas” y “medallitas” de los distintos programas son inequitativos y estratifican a los académicos, quienes compiten en desigualdad de condiciones para alcanzar los indicadores, debido a las diferencias en términos contractuales, en condiciones formativas y en apoyo institucional.

Resulta igualmente pertinente mencionar dos situaciones económicas vinculadas con las evaluaciones: los salarios y la jubilación. En el primer caso, se ha desatendido la discusión del tema central de los salarios dignos, pretendiendo que con la incorporación de remuneraciones no salariales se resuelve el problema de recuperar los ingresos y se logra estabilidad para garantizar la autonomía necesaria para producir conocimiento y formar los recursos que se requieren para el desarrollo social. Al no encarar la discusión en los salarios base, se desvía la atención hacia medidas parciales en vez de concentrarse en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo para los miembros de la profesión académica. Por otra parte, los programas de recompensas han contribuido a obstaculizar el retiro de los académicos. Esto en la medida en que los estímulos representan un alto porcentaje del ingreso, pero no repercuten en el monto de la jubilación ni en otras prestaciones. La planta académica se ha envejecido, lo cual, sumado a las restricciones presupuestales para la creación de nuevas plazas, dificulta la renovación de la planta académica y propicia el desempleo de los egresados de los programas de posgrado, que por su expansión son un número cada vez mayor. Por consiguiente, los procedimientos de evaluación en curso han afectado el relevo generacional.

Una propuesta para transformar la evaluación del trabajo académico

Podemos afirmar que las evaluaciones que hoy se realizan en el marco de los diferentes programas de incentivos no cumplen con varios de los requisitos esenciales en cualquier proceso de evaluación académica:

  • que la evaluación tenga la finalidad de promover el desarrollo de los evaluados y no la de premiar o castigar;
  • que los evaluadores emitan recomendaciones que aporten a mejorar los resultados y a propiciar la confluencia entre los objetivos de las trayectorias personales y las metas de las instituciones en que se participa;
  • que los criterios de evaluación respondan a las particularidades de lo que se evalúa y que consideren las múltiples dimensiones del trabajo académico;
  • que las reglas y los procedimientos sean explícitos y claros para todos los participantes (por ejemplo, las reglas para subir o bajar de nivel en un programa de estímulos o escalafón);
  • que los resultados sean transparentes;
  • que existan recursos de revisión.

Nuestra propuesta para mejorar las evaluaciones del trabajo académico es establecer a la evaluación como una estrategia institucional de valoración sistemática del trabajo global que realiza cada académico en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales y del desarrollo del conocimiento en su campo de especialización. Se trata de abrirle paso a la función diagnóstica y formativa, propia de la evaluación académica, cuyo propósito central es la mejora sistemática de los procesos de trabajo, la superación continua de las personas, los grupos y las instituciones encargadas de llevarlos a cabo.

Para esto proponemos reemplazar el recuento curricular por una evaluación académica concebida como una evaluación diagnóstica, no centrada exclusivamente en los productos sino en el análisis integral de los procesos de trabajo, con la intención de identificar: los objetos de trabajo y los propósitos que cada académico se planteó; los retos y las dificultades que encontró y las formas de resolverlos; los recursos de que dispuso y el tiempo que invirtió; los avances y aportes que logró en distintos ámbitos; los puntos vulnerables y los pendientes que restan por encarar; los intereses y preocupaciones que surgieron y pretende trabajar, y sus necesidades de superación académica.

La evaluación diagnóstica será una evaluación formativa en la medida en que se lleve a cabo como un ejercicio de reflexión colegiada, de retroalimentación y de intercambio informado entre colegas que asumen el papel de interlocutores y no de jueces. Y, ciertamente, dicho potencial será una realidad en la medida en que el proceso de evaluación cuente con la participación activa y comprometida de evaluados y evaluadores.

Proponemos, pues, propiciar el tránsito hacia la evaluación diagnóstica y formativa. Se pueden introducir cambios significativos en la medida en que el recuento curricular periódico de los productos se inscriba en la evaluación y autoevaluación de los procesos, entendidas como apreciaciones integrales del trabajo en las que se toma en cuenta el proyecto institucional, las condiciones objetivas en las que se realiza el trabajo, el tipo de nombramiento de cada académico, la disciplina de referencia, el momento de la trayectoria individual, la edad y el género.

Este tipo de evaluación tendría lugar en los grupos, equipos o unidades de adscripción más próximos, donde el académico realiza su trabajo cotidiano. Sus instrumentos serían el plan de trabajo y el informe de actividades anuales, y todo el proceso de evaluación estaría a cargo de los mismos involucrados. Los resultados de la evaluación se presentarían en el cuerpo colegiado de la institución encargado de dictaminar los planes e informes anuales de todos los académicos.

Para realizar una valoración integral de los expedientes proponemos que —al margen de que se trate de un programa de incentivos, de becas o de una evaluación colegiada del trabajo individual, en el interior de un grupo o de un equipo— el resultado de la evaluación sea una apreciación global del trabajo de cada académico, en la que consten en breve dos cuestiones: 1) un balance general que valore la calidad del trabajo realizado en función de la trayectoria del académico, las condiciones institucionales y personales de trabajo, apoyado en los productos reportados; 2) sugerencias que, a modo de retroalimentación, le permitan al académico hacer los ajustes necesarios para reorientar su plan de trabajo hacia el logro de un mejor desempeño.

De la misma manera, independientemente de la modalidad de evaluación de que se trate, siempre deberá garantizarse el derecho al recurso de revisión y a solicitar, según el caso, una nueva evaluación a cargo de evaluadores distintos de los que emitieron el primer resultado.

Cabe mencionar aquí otra ausencia notoria en las modalidades de evaluación vigentes: la evaluación de la evaluación, que incluya tanto el trabajo de los evaluadores como el funcionamiento y resultados de la aplicación de los programas mismos. Para ello, es conveniente establecer criterios y procedimientos claros. Se podrían tomar en cuenta, entre otras cosas, las horas que requiere, la cantidad de expedientes a cargo de cada evaluador, la dinámica de trabajo de las comisiones dictaminadoras, el tipo de dificultades más frecuentes, los índices de aprobación y rechazo, el contenido y el número de las solicitudes de revisión, las valoraciones de los académicos sobre el proceso y el grado de avance en los objetivos planteados. A partir de esto se harían los ajustes que se consideren necesarios para las siguientes evaluaciones.

Dada la gran cantidad de expedientes que típicamente hay que atender, haría falta estimar con mayor seriedad el número necesario de evaluadores en función del tiempo real que exige la evaluación rigurosa de cada expediente. No es recomendable recargar a los evaluadores con un número excesivo de expedientes, como sucede en la actualidad. Es deseable que los evaluadores sean elegidos por los profesores de las unidades académicas de una lista de sus pares, y que éstos no sean las autoridades de la institución. Finalmente, cabe recordar que el nivel alcanzado en los programas de estímulos —sean del SNI o de algún otro—, no representa un criterio que garantice ser un buen evaluador.

Conclusión

Cualquier intento por mejorar sustancialmente los procesos de evaluación del trabajo académico tendrá que afrontar el problema medular de que hoy la evaluación está unida a la administración de los ingresos económicos de los académicos en forma de estímulos y sobresueldos. Esto hace que sea urgente poner sobre la mesa de discusión la necesidad de un salario base digno y suficiente para todos los académicos.

La presente propuesta representa un acercamiento para atender las limitaciones y los efectos de los actuales programas de estímulos y pretende ofrecer a las instituciones de educación superior un nuevo horizonte de referencia para la transformación de la evaluación de sus académicos. Se trata de transitar del recuento curricular a la evaluación diagnóstica y formativa, introduciendo nuevos fundamentos y criterios en los programas vigentes. Las virtudes de nuestra propuesta son la construcción de un sistema real de evaluación que sea equitativo y transparente, que fomente la participación de los académicos en el proceso, que esté articulado a un proyecto institucional, que permita mejorar la calidad de las prácticas académicas y que respete la heterogeneidad de las instituciones, sus posibilidades reales de cambio, la diversidad de disciplinas y trayectorias. También pretende simplificar la maquinaria burocrática que participa en las evaluaciones, evitar las contradicciones entre los distintos mecanismos vigentes, contribuir a la autonomía de las instituciones y reducir el costo en trabajo y dinero de los procesos. Nuestro objetivo, en última instancia, es presentar sugerencias, criterios y cuestiones de carácter operativo para avanzar en la implementación de la propuesta general, que cada institución adaptaría a sus características específicas.

Fuente del Artículo:

Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la evaluación del trabajo académico (Resumen)

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Trans and Open: Education Is Key to Making This a Sign of the Times

By Sarah Bartolome, Truthout

The recent elections were historic for the transgender community as Virginia’s Danica Roem is the first openly transgender person elected to a US state legislature. Andrea Jenkins, who won a seat on the Minneapolis City County, is the first openly trans person of color to ever hold public office in the United States.

Last year, Utah’s Misty Snow made history as one of the first openly transgender individuals to win a major-party nomination as the Democratic Senate candidate. Although her bid was unsuccessful, she is running for Congress, aiming for the 2018 primary.

The election of transgender citizens to public office is a huge win for the transgender community and marks another rise in visibility for trans-identified individuals in this country.

In addition to having trans voices represented in the political arena, openly trans individuals are also competing in the athletic arena. Nike spokesperson and duathlete in running and cycling, Chris Mosier, was the first openly transgender athlete to compete on a US national team in 2016. Harvard University swim team’s Schuyler Bailar, was the first openly transgender athlete to compete on a National Collegiate Athletic Association Division 1 men’s team.

In popular culture, television shows such as «Transparent» (renewed at the end of the summer for a fifth season), «Orange is the New Black,» «Nashville» and «Modern Family» have brought transgender actors and characters onto the small screens.

At a recent meeting of the American Society for Reproductive Medicine in San Antonio, Richard Paulson, Society president explained that advances in science would allow a trans woman to receive a donated, transplanted uterus and carry a child to term.

While transgender visibility is increasing, research by the National Center for Transgender Equality showcases the pervasive anti-transgender bias, verbal and physical assault and economic hardship experienced by many trans people in this country.

As a university educator, I understand that those of us in education stand at the front line, meeting our young people who may be navigating issues of gender identity. We are in a position to demonstrate to our trans-identified students that they are valued, accepted and protected members of our school communities. The challenges facing trans youth are significant and life threatening.

Trans-identified individuals have significantly higher rates of suicide attempts. While an estimated 4.6 percent of the general US population has reported a lifetime suicide attempt, a staggering 41 percent of trans or gender nonconforming individuals report attempting suicide, according to a recent report.

Anti-transgender violence is another significant threat and the Human Rights Campaign reported that in 2017 alone, at least 25 transgender people were murdered in the United States, the majority of whom were trans women of color.

Recently, two trans women of color were found dead, both victims of gunshot wounds. Stephanie Montez, murdered in Texas, and Candace Towns, murdered in Georgia, are the 24th and 25th known victims of fatal anti-trans violence this year. Both suffered the additional indignity of being misidentified by gender by police personnel and the media.

The estimated 150,000 transgender youth in the United States are also facing considerable challenges in US schools. Perhaps most troubling is the Gay, Lesbian and Straight Education Network’s report that schools are some of the most hostile environments for LGBT students. The report states that transgender and gender nonconforming students experience the highest rates of bullying, verbal and physical assault, as well as discriminatory practices.

Ash Whitaker, a male-identified transgender student in Kenosha, Wisconsin, suffered daily indignities as he was denied access to male restrooms at his high school and reportedly even presented with a green wristband to help staff ensure that he exclusively used a gender-neutral restroom in the school’s office.

Whitaker took the district to court, arguing that his rights were being violated under both the Fourteenth Amendment of the Constitution and under Title IX. Whitaker won his lawsuit and the subsequent appeal, a historic win, as it was the first time that an appeals court interpreted these laws to protect transgender individuals. This ruling was despite the current administration’s roll-back of President Barack Obama-era guidance advising all schools that Title IX regulations protect transgender students.

The Williams Institute also noted that suicide attempts were reported by more than 50 percent of trans-identified students who were harassed or bullied in school contexts and by 78 percent of those sexually assaulted in school. For the estimated 150,000 trans-identified youth in this country, the hostile environment is a significant challenge contributing to the elevated suicide risk among trans people.

Education and training can contribute to the creation of a more inclusive society that does not condone such injustice based on gender identities. Unfortunately, that is not always the case.

The transgender college students with whom I have interacted have described negative interactions with some professors, ranging from persistent misgendering and misnaming to denying them the ability to present their gender identity in course-related off-campus activities like student teaching.

In one especially disturbing case, a professor suggested a student «fade into the background, because some people are going to find this disgusting.»

These kinds of interactions may represent ignorance or lack of experience in working with trans youth, but also contribute to the hostile school climate plaguing the trans community.

School administrators and teachers must work to combat these disturbing trends. The moral imperative of supporting trans students is clear. This is a matter of life or death for the youth who deserve to be educated in a safe environment.

To be sure, some may not fully understand the issue of gender diversity and may struggle to find ways to support trans youth. The US public is split on the issue of public bathroom usage for transgender people. A 2016 Reuter’s poll found that 43 percent of respondents believed that transgender individuals should use the bathroom associated with their biological sex at birth.

Although transgender students make up a small percentage of school age children in this country, public schools are mandated by law to protect and serve all students. Some teachers may adopt the attitude that until they have a trans student, this issue does not concern them.

Yet, as trans youth find openly trans role models across a range of professional identities, the number of openly trans students enrolled in US public schools is likely to increase.

Rather than passively watch this public health crisis grow, teachers and administrators can be proactive in educating themselves about the issues facing trans youth and adopting inclusive school and classroom policies that provide opportunities for gender-diverse students to learn and thrive.

Recently organizations and coalitions for LGBT rights have issued guidance for school districts and teachers wishing to learn how to better support trans and gender nonconforming youth. «Schools in Transition: A Guide for Supporting Transgender Students in K-12 Schools» and the Gay, Lesbian and Straight Education Network’s «Model District Policy on Transgender and Gender Nonconforming Students» are two examples of best practices documents that provide educators and administrators with concrete guidance on how to best serve trans and gender nonconforming youth.

The Consortium of Higher Education LGBT Resource Professionals has issued a similar best practices document to help colleges and universities better support trans students on their campuses.

Gender Spectrum offers trainings on the topic of gender identity to schools and other organizations and Campus Pride offers its Safe Space Program trainings both in-person and online to help educators cultivate more inclusive classroom environments for all LGBT youth. The Trans Youth Equality Foundation also offers workshops on the needs of trans and gender nonconforming youth for student groups, educational institutions and other professional organizations.

Trans rights are human rights. As educators, we can model and inform all students the importance of understanding and valuing gender diversity. Even as we protect and honor trans students enrolled in education, we must also protect all trans people through education.

 

SARAH BARTOLOME

Sarah Bartolome is an assistant professor of Music Education at Northwestern University. She researches best practices in music education and the experiences of transgender musicians and is a Public Voices fellow through The OpEd Project.

Source:

http://www.truth-out.org/opinion/item/42631-trans-and-open-education-is-key-to-making-this-a-sign-of-the-times

 

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Thinking Dangerously: The Role of Higher Education in Authoritarian Times

Dr. Henry Giroux

What happens to democracy when the president of the United States labels critical media outlets as «enemies of the people» and disparages the search for truth with the blanket term «fake news»? What happens to democracy when individuals and groups are demonized on the basis of their religion? What happens to a society when critical thinking becomes an object of contempt? What happens to a social order ruled by an economics of contempt that blames the poor for their condition and subjects them to a culture of shaming? What happens to a polity when it retreats into private silos and becomes indifferent to the use of language deployed in the service of a panicked rage — language that stokes anger but ignores issues that matter? What happens to a social order when it treats millions of undocumented immigrants as disposable, potential terrorists and «criminals»? What happens to a country when the presiding principles of its society are violence and ignorance?

What happens is that democracy withers and dies, both as an ideal and as a reality.

In the present moment, it becomes particularly important for educators and concerned citizens all over the world to protect and enlarge the critical formative educational cultures and public spheres that make democracy possible. Alternative newspapers, progressive media, screen culture, online media and other educational sites and spaces in which public pedagogies are produced constitute the political and educational elements of a vibrant, critical formative culture within a wide range of public spheres. Critical formative cultures are crucial in producing the knowledge, values, social relations and visions that help nurture and sustain the possibility to think critically, engage in political dissent, organize collectively and inhabit public spaces in which alternative and critical theories can be developed.

At the core of thinking dangerously is the recognition that education is central to politics and that a democracy cannot survive without informed citizens.

Authoritarian societies do more than censor; they punish those who engage in what might be called dangerous thinking. At the core of thinking dangerously is the recognition that education is central to politics and that a democracy cannot survive without informed citizens. Critical and dangerous thinking is the precondition for nurturing the ethical imagination that enables engaged citizens to learn how to govern rather than be governed. Thinking with courage is fundamental to a notion of civic literacy that views knowledge as central to the pursuit of economic and political justice. Such thinking incorporates a set of values that enables a polity to deal critically with the use and effects of power, particularly through a developed sense of compassion for others and the planet. Thinking dangerously is the basis for a formative and educational culture of questioning that takes seriously how imagination is key to the practice of freedom. Thinking dangerously is not only the cornerstone of critical agency and engaged citizenship, it’s also the foundation for a working democracy.

Education and the Struggle for Liberation

Any viable attempt at developing a democratic politics must begin to address the role of education and civic literacy as central to politics itself. Education is also vital to the creation of individuals capable of becoming critical social agents willing to struggle against injustices and develop the institutions that are crucial to the functioning of a substantive democracy. One way to begin such a project is to address the meaning and role of higher education (and education in general) as part of the broader struggle for freedom.

The reach of education extends from schools to diverse cultural apparatuses, such as the mainstream media, alternative screen cultures and the expanding digital screen culture. Far more than a teaching method, education is a moral and political practice actively involved not only in the production of knowledge, skills and values but also in the construction of identities, modes of identification, and forms of individual and social agency. Accordingly, education is at the heart of any understanding of politics and the ideological scaffolding of those framing mechanisms that mediate our everyday lives.

Across the globe, the forces of free-market fundamentalism are using the educational system to reproduce a culture of privatization, deregulation and commercialization while waging an assault on the historically guaranteed social provisions and civil rights provided by the welfare state, higher education, unions, reproductive rights and civil liberties. All the while, these forces are undercutting public faith in the defining institutions of democracy.

This grim reality was described by Axel Honneth in his book Pathologies of Reason as a «failed sociality» characteristic of an increasing number of societies in which democracy is waning — a failure in the power of the civic imagination, political will and open democracy. It is also part of a politics that strips the social of any democratic ideals and undermines any understanding of education as a public good and pedagogy as an empowering practice: a practice that can act directly upon the conditions that bear down on our lives in order to change them when necessary.

As Chandra Mohanty points out:

At its most ambitious, [critical] pedagogy is an attempt to get students to think critically about their place in relation to the knowledge they gain and to transform their world view fundamentally by taking the politics of knowledge seriously. It is a pedagogy that attempts to link knowledge, social responsibility, and collective struggle. And it does so by emphasizing the risks that education involves, the struggles for institutional change, and the strategies for challenging forms of domination and by creating more equitable and just public spheres within and outside of educational institutions.

At its core, critical pedagogy raises issues of how education might be understood as a moral and political practice, and not simply a technical one. At stake here is the issue of meaning and purpose in which educators put into place the pedagogical conditions for creating a public sphere of citizens who are able to exercise power over their own lives. Critical pedagogy is organized around the struggle over agency, values and social relations within diverse contexts, resources and histories. Its aim is producing students who can think critically, be considerate of others, take risks, think dangerously and imagine a future that extends and deepens what it means to be an engaged citizen capable of living in a substantive democracy.

What work do educators have to do to create the economic, political and ethical conditions necessary to endow young people and the general public with the capacities to think, question, doubt, imagine the unimaginable and defend education as essential for inspiring and energizing the citizens necessary for the existence of a robust democracy? This is a particularly important issue at a time when higher education is being defunded and students are being punished with huge tuition hikes and financial debts, while being subjected to a pedagogy of repression that has taken hold under the banner of reactionary and oppressive educational reforms pushed by right-wing billionaires and hedge fund managers. Addressing education as a democratic public sphere is also crucial as a theoretical tool and political resource for fighting against neoliberal modes of governance that have reduced faculty all over the United States to adjuncts and part-time workers with few or no benefits. These workers bear the brunt of a labor process that is as exploitative as it is disempowering.

Educators Need a New Language for the Current Era

Given the crisis of education, agency and memory that haunts the current historical conjuncture, educators need a new language for addressing the changing contexts of a world in which an unprecedented convergence of resources — financial, cultural, political, economic, scientific, military and technological — is increasingly used to exercise powerful and diverse forms of control and domination. Such a language needs to be self-reflective and directive without being dogmatic, and needs to recognize that pedagogy is always political because it is connected to the acquisition of agency. In this instance, making the pedagogical more political means being vigilant about what Gary Olson and Lynn Worsham describe as «that very moment in which identities are being produced and groups are being constituted, or objects are being created.» At the same time it means educators need to be attentive to those practices in which critical modes of agency and particular identities are being denied.

In part, this suggests developing educational practices that not only inspire and energize people but are also capable of challenging the growing number of anti-democratic practices and policies under the global tyranny of casino capitalism. Such a vision demands that we imagine a life beyond a social order immersed in massive inequality, endless assaults on the environment, and the elevation of war and militarization to the highest and most sanctified national ideals. Under such circumstances, education becomes more than an obsession with accountability schemes and the bearer of an audit culture (a culture characterized by a call to be objective and an unbridled emphasis on empiricism). Audit cultures support conservative educational policies driven by market values and an unreflective immersion in the crude rationality of a data-obsessed market-driven society; as such, they are at odds with any viable notion of a democratically inspired education and critical pedagogy. In addition, viewing public and higher education as democratic public spheres necessitates rejecting the notion that they should be reduced to sites for training students for the workforce — a reductive vision now being imposed on public education by high-tech companies such as Facebook, Netflix and Google, which want to encourage what they call the entrepreneurial mission of education, which is code for collapsing education into training.

Education can all too easily become a form of symbolic and intellectual violence that assaults rather than educates. Examples of such violence can be seen in the forms of an audit culture and empirically-driven teaching that dominates higher education. These educational projects amount to pedagogies of repression and serve primarily to numb the mind and produce what might be called dead zones of the imagination. These are pedagogies that are largely disciplinary and have little regard for contexts, history, making knowledge meaningful, or expanding what it means for students to be critically engaged agents. Of course, the ongoing corporatization of the university is driven by modes of assessment that often undercut teacher autonomy and treat knowledge as a commodity and students as customers, imposing brutalizing structures of governance on higher education. Under such circumstances, education defaults on its democratic obligations and becomes a tool of control and powerlessness, thereby deadening the imagination.

The fundamental challenge facing educators within the current age of an emerging authoritarianism worldwide is to create those public spaces for students to address how knowledge is related to the power of both self-definition and social agency. In part, this suggests providing students with the skills, ideas, values and authority necessary for them not only to be well-informed and knowledgeable across a number of traditions and disciplines, but also to be able to invest in the reality of a substantive democracy. In this context, students learn to recognize anti-democratic forms of power. They also learn to fight deeply rooted injustices in a society and world founded on systemic economic, racial and gendered inequalities.

Education in this sense speaks to the recognition that any pedagogical practice presupposes some notion of the future, prioritizes some forms of identification over others and values some modes of knowing over others. (Think about how business schools are held in high esteem while schools of education are often disparaged.) Moreover, such an education does not offer guarantees. Instead, it recognizes that its own policies, ideology and values are grounded in particular modes of authority, values and ethical principles that must be constantly debated for the ways in which they both open up and close down democratic relations, values and identities.

The notion of a neutral, objective education is an oxymoron. Education and pedagogy do not exist outside of ideology, values and politics. Ethics, when it comes to education, demand an openness to the other, a willingness to engage a «politics of possibility» through a continual critical engagement with texts, images, events and other registers of meaning as they are transformed into pedagogical practices both within and outside of the classroom. Education is never innocent: It is always implicated in relations of power and specific visions of the present and future. This suggests the need for educators to rethink the cultural and ideological baggage they bring to each educational encounter. It also highlights the necessity of making educators ethically and politically accountable and self-reflective for the stories they produce, the claims they make upon public memory, and the images of the future they deem legitimate. Education in this sense is not an antidote to politics, nor is it a nostalgic yearning for a better time or for some «inconceivably alternative future.» Instead, it is what Terry Eagleton describes in his book The Idea of Culture as an «attempt to find a bridge between the present and future in those forces within the present which are potentially able to transform it.»

One of the most serious challenges facing administrators, faculty and students in colleges and universities is the task of developing a discourse of both critique and possibility. This means developing discourses and pedagogical practices that connect reading the word with reading the world, and doing so in ways that enhance the capacities of young people to be critical agents and engaged citizens.

Reviving the Social Imagination

Educators, students and others concerned about the fate of higher education need to mount a spirited attack against the managerial takeover of the university that began in the late 1970s with the emergence of a market-driven ideology, what can be called neoliberalism, which argues that market principles should govern not just the economy but all of social life, including education. Central to such a recognition is the need to struggle against a university system developed around the reduction in faculty and student power, the replacement of a culture of cooperation and collegiality with a shark-like culture of competition, the rise of an audit culture that has produced a very limited notion of regulation and evaluation, and the narrow and harmful view that students are clients and colleges «should operate more like private firms than public institutions, with an onus on income generation,» as Australian scholar Richard Hill puts it in his Arena article «Against the Neoliberal University.» In addition, there is an urgent need for guarantees of full-time employment and protections for faculty while viewing knowledge as a public asset and the university as a public good.

In any democratic society, education should be viewed as a right, not an entitlement. Educators need to produce a national conversation in which higher education can be defended as a public good.

With these issues in mind, let me conclude by pointing to six further considerations for change.

First, there is a need for what can be called a revival of the social imagination and the defense of the public good, especially in regard to higher education, in order to reclaim its egalitarian and democratic impulses. This revival would be part of a larger project to, as Stanley Aronowitz writes in Tikkun, «reinvent democracy in the wake of the evidence that, at the national level, there is no democracy — if by ‘democracy’ we mean effective popular participation in the crucial decisions affecting the community.» One step in this direction would be for young people, intellectuals, scholars and others to go on the offensive against what Gene R. Nichol has described as the conservative-led campaign «to end higher education’s democratizing influence on the nation.» Higher education should be harnessed neither to the demands of the warfare state nor to the instrumental needs of corporations. Clearly, in any democratic society, education should be viewed as a right, not an entitlement. Educators need to produce a national conversation in which higher education can be defended as a public good and the classroom as a site of engaged inquiry and critical thinking, a site that makes a claim on the radical imagination and builds a sense of civic courage. At the same time, the discourse on defining higher education as a democratic public sphere would provide the platform for moving on to the larger issue of developing a social movement in defense of public goods.

Second, I believe that educators need to consider defining pedagogy, if not education itself, as central to producing those democratic public spheres that foster an informed citizenry. Pedagogically, this points to modes of teaching and learning capable of enacting and sustaining a culture of questioning, and enabling the advancement of what Kristen Case calls «moments of classroom grace.» Moments of grace in this context are understood as moments that enable a classroom to become a place to think critically, ask troubling questions and take risks, even though that may mean transgressing established norms and bureaucratic procedures.

Pedagogies of classroom grace should provide the conditions for students and others to reflect critically on commonsense understandings of the world and begin to question their own sense of agency, relationships to others, and relationships to the larger world. This can be linked to broader pedagogical imperatives that ask why we have wars, massive inequality, and a surveillance state. There is also the issue of how everything has become commodified, along with the withering of a politics of translation that prevents the collapse of the public into the private. This is not merely a methodical consideration but also a moral and political practice because it presupposes the development of critically engaged students who can imagine a future in which justice, equality, freedom and democracy matter.

Such pedagogical practices are rich with possibilities for understanding the classroom as a space that ruptures, engages, unsettles and inspires. Education as democratic public space cannot exist under modes of governance dominated by a business model, especially one that subjects faculty to a Walmart model of labor relations designed «to reduce labor costs and to increase labor servility,» as Noam Chomsky writes. In the US, over 70 percent of faculty occupy nontenured and part-time positions, many without benefits and with salaries so low that they qualify for food stamps. Faculty need to be given more security, full-time jobs, autonomy and the support they need to function as professionals. While many other countries do not emulate this model of faculty servility, it is part of a neoliberal legacy that is increasingly gaining traction across the globe.

Third, educators need to develop a comprehensive educational program that would include teaching students how to live in a world marked by multiple overlapping modes of literacy extending from print to visual culture and screen cultures. What is crucial to recognize here is that it is not enough to teach students to be able to interrogate critically screen culture and other forms of aural, video and visual representation. They must also learn how to be cultural producers. This suggests developing alternative public spheres, such as online journals, television shows, newspapers, zines and any other platform in which different modes of representation can be developed. Such tasks can be done by mobilizing the technological resources and platforms that many students are already familiar with.

Teaching cultural production also means working with one foot in existing cultural apparatuses in order to promote unorthodox ideas and views that would challenge the affective and ideological spaces produced by the financial elite who control the commanding institutions of public pedagogy in North America. What is often lost by many educators and progressives is that popular culture is a powerful form of education for many young people, and yet it is rarely addressed as a serious source of knowledge. As Stanley Aronowitz has observed in his book Against Schooling, «theorists and researchers need to link their knowledge of popular culture, and culture in the anthropological sense — that is, everyday life, with the politics of education.»

Fourth, academics, students, community activists, young people and parents must engage in an ongoing struggle for the right of students to be given a free formidable and critical education not dominated by corporate values, and for young people to have a say in the shaping of their education and what it means to expand and deepen the practice of freedom and democracy. College and university education, if taken seriously as a public good, should be virtually tuition-free, at least for the poor, and utterly affordable for everyone else. This is not a radical demand; countries such as Germany, France, Norway, Finland and Brazil already provide this service for young people.

Accessibility to higher education is especially crucial at a time when young people have been left out of the discourse of democracy. They often lack jobs, a decent education, hope and any semblance of a future better than the one their parents inherited. Facing what Richard Sennett calls the «specter of uselessness,» they are a reminder of how finance capital has abandoned any viable vision of the future, including one that would support future generations. This is a mode of politics and capital that eats its own children and throws their fate to the vagaries of the market. The ecology of finance capital only believes in short-term investments because they provide quick returns. Under such circumstances, young people who need long-term investments are considered a liability.

Fifth, educators need to enable students to develop a comprehensive vision of society that extends beyond single issues. It is only through an understanding of the wider relations and connections of power that young people and others can overcome uninformed practice, isolated struggles, and modes of singular politics that become insular and self-sabotaging. In short, moving beyond a single-issue orientation means developing modes of analyses that connect the dots historically and relationally. It also means developing a more comprehensive vision of politics and change. The key here is the notion of translation — that is, the need to translate private troubles into broader public issues.

Sixth, another serious challenge facing educators who believe that colleges and universities should function as democratic public spheres is the task of developing a discourse of both critique and possibility, or what I have called a discourse of educated hope. In taking up this project, educators and others should attempt to create the conditions that give students the opportunity to become critical and engaged citizens who have the knowledge and courage to struggle in order to make desolation and cynicism unconvincing and hope practical. Critique is crucial to break the hold of commonsense assumptions that legitimate a wide range of injustices. But critique is not enough. Without a simultaneous discourse of hope, it can lead to an immobilizing despair or, even worse, a pernicious cynicism. Reason, justice and change cannot blossom without hope. Hope speaks to imagining a life beyond capitalism, and combines a realistic sense of limits with a lofty vision of demanding the impossible. Educated hope taps into our deepest experiences and longing for a life of dignity with others, a life in which it becomes possible to imagine a future that does not mimic the present. I am not referring to a romanticized and empty notion of hope, but to a notion of informed hope that faces the concrete obstacles and realities of domination but continues the ongoing task of what Andrew Benjamin describes as «holding the present open and thus unfinished.»

The discourse of possibility looks for productive solutions and is crucial in defending those public spheres in which civic values, public scholarship and social engagement allow for a more imaginative grasp of a future that takes seriously the demands of justice, equity and civic courage. Democracy should encourage, even require, a way of thinking critically about education — one that connects equity to excellence, learning to ethics, and agency to the imperatives of social responsibility and the public good.

History is open. It is time to think otherwise in order to act otherwise.

My friend, the late Howard Zinn, rightly insisted that hope is the willingness «to hold out, even in times of pessimism, the possibility of surprise.» To add to this eloquent plea, I would say that history is open. It is time to think otherwise in order to act otherwise, especially if as educators we want to imagine and fight for alternative futures and horizons of possibility.

Source:

http://www.truth-out.org/opinion/item/41058-thinking-dangerously-the-role-of-higher-education-in-authoritarian-times

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