El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos tiene acostumbrados a lanzar iniciativas de impacto para avanzar sobre la comunidad con políticas que apuntan a la conformación de un modelo educativo claramente neoliberal. Así, el mercado y el individualismo se ubican como centro de la vida económica y social de la jurisdicción.

Estos proyectos son avalados por comunicadores con capacidad para mentir. Portadores de un discurso que, más allá de lo que transmiten, puede inventar supuestas “realidades”, que la sociedad a las que van dirigidas termina creyendo. Se trata de crear inexistencias, que de golpe pasan –por acción de la propaganda mediática– a ser reales. Por ejemplo: “En 15 años hicimos 100 escuelas nuevas” es un dato completamente falso.

Como para ratificar una concepción de la educación como mercancía –ejercicio que se ha tornado corriente– asistimos recientemente a la reforma por Ley del Estatuto del Docente Municipal, sancionado por ordenanza 40.593 del año 1985 y a sus modificatorias. El cambio, que constituye una reforma laboral encubierta, fue sancionado por la mayoría propia de la que dispone Juntos por el Cambio en la Legislatura de la Ciudad, sin escuchar la palabra de los docentes y sus representantes gremiales.

Entre las modificaciones “alumbradas” encontramos la creación de nuevos cargos, aunque sin conocer sus funciones, y la pretensión de horizontalizar la carrera docente, algo que tampoco alcanzó a explicarse. Sin embargo, una de las modificaciones al estatuto que ha llamado la atención es la introducción de la formación rentada en la carrera docente. Aún no está claro si la misma será en servicio con una “premiación salarial”, lo que implicaría la inclusión de un premio por productividad en el salario docente.

Además, las opiniones consultadas apuntan a que será la UNICABA –Universidad de la Ciudad de Buenos Aires– la institución que monopolizará el diseño, organización y distribución de los contenidos de dicha capacitación y, en particular, la relativa a los cargos de ascenso. De esta manera, produciría directivos alineados completamente con el modelo ideológico-político de gestión del gobierno porteño. A esto, las autoridades de la Ciudad no lo consideran “adoctrinamiento”.

La administración capitalina avanza con sus políticas públicas en la imposición de un modelo empresarial de escuela, en la que el lxs directorxs podrían convertirse en gerentes; los secretarios, en jefes de Personal; y los docentes, en empleados, puestos a competir entre sí para capacitarse, como si trabajaran en empresas y no en escuelas donde acuden niñxs, jóvenes y adultxs. Mientras tanto, los salarios, la alimentación de los alumnxs y las becas estudiantiles continuarán en descenso.

En dicho marco de acción, lxs alumnxs de años superiores del secundario dejan de ser considerados sujetos de derecho y son cedidos a empresas, introduciéndolos gradualmente en un modo de vida asociado a la mercadotecnia y al “financierismo” disponibles. Lxs jóvenes son obligados a trabajar con un claro beneficio económico tanto para la administración de gobierno como para lxs empresarixs, quienes se ofrecen para recibir a estudiantes bajo la forma de “Prácticas Educativas Profesionales”.

El gobierno de la Ciudad desconoce, en este sentido, la única ley vigente, la 3.541, sancionada en 2010 por la Legislatura porteña para todo el nivel secundario medio y técnico, algo que su texto aclara. Asimismo, la norma prevé una serie de requisitos institucionales y pedagógicos, que evitan la explotación de mano de obra de menores de edad y garantiza el aprendizaje de lxs alumnxs, propiciando prácticas educativas pero, pre-profesionales.

Si recordamos las compras realizadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de plataformas y otros servicios educativos a terceros privados –no reconocidos académicamente como educadores– apreciamos el despliegue de un amplio dispositivo de dominación sobre alumnxs, familias y docentes que promueve la cesión gradual al mercado de la totalidad del sistema educativo. Cuenta para ello con el trabajo de una conveniente y adoctrinada red de agentes de propaganda que operan dentro del sistema, a modo de funcionarixs docentes. Algunos de ellxs son supervisores. En dicho marco, es probable que las requisitorias para la Formación Docente se alejen cada vez más de los Profesorados, a los que se viene intentando dejar paulatinamente fuera del sistema educativo.

Resultó muy elocuente el Ministerio al twittear días atrás: “Queremos que el mérito sea el gran motor para el crecimiento dentro del sistema educativo, que la formación continua permita ascender y asumir nuevos desafíos”. Esto descalifica a los docentes, al desconocer el mérito que realizan históricamente en las escuelas. Las diferencias profesionales están determinadas por la gigantesca desigualdad social existente en la Ciudad de Buenos Aires, así como la meritocracia que ello genera, que no es otra cosa que la injusticia del mérito en la competencia entre eternos desiguales.

La reproducción del statu quo vigente niega la libertad y el derecho a decidir de lxs jóvenes y de lxs docentes, fundamento básico de cualquier política educativa.

Raúl Moroni es supervisor de educación media y técnica y pertenece al Grupo RESCATE EMEM.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-escuela-empresarial/