Argentina

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Racismo y educación superior en Argentina: la Ley de Educación Superior no asegura derechos establecidos en la Constitución Nacional

Daniel Mato

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

 

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la LES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

 Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del Valle, ENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

 Daniel Mato es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Fuente: https://www.nodal.am/2020/11/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional-por-daniel-mato/

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Un simposio para pensar los «Tiempos de incertidumbres»

Noticias

Organizado por la APA, del 10 al 21 de noviembre.

La Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) organiza el simposio virtual 2020 «Tiempos de incertidumbres», que se desarrollará del 10 al 21 de noviembre.

Tendrá como ejes los siguientes temas:

* Incertidumbres: angustia y formaciones del inconsciente.

* Incertidumbres y regresiones en la infancia, la adolescencia y la adultez.

* Los cuerpos del Psicoanálisis. Sexualidades. Psicosomática.

* Lazos familiares y poblaciones en riesgo.

* Neurosis y psicosis hoy.

* Manías y depresiones. Adicciones.

* Los malestares de la cultura: la cuarentena vivida.

* Creación y sublimación.

 

Como invitados especiales figuran Diego Golombek; Aldo Becce; Enrique Stola; Virginia Ungar; Massimo Recalcati; Cecilia Roth, Luis Hornstein; Santiago Levin, Carmen Villoro; Marcelo Viñar; Lía Pistiner; Leopoldo Nosek; Jaime Szpilka; Carlos Barredo; Jorge Kantor; Javier García Castiñeiras; Yolanda Gampel; Solange Camauer; Rodrigo Rojas Jerez; Andrés Gaitán González; Bernardo Tanis.

El simposio será vitual, libre y gratuito. Inscripción y programa en www.apa.org.ar.

Será transmitido a través del Facebook de APA y Zoom.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/304204-un-simposio-para-pensar-los-tiempos-de-incertidumbres

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“Pagar la deuda es contaminación, dependencia y superexplotación”

Contrahegemoniaweb

Con un foro sobre “Energía y modelo productivo” concluyeron las instancias de denuncias del Juicio Popular a la deuda y al FMI convocado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. En las próximas semanas se escucharán los alegatos de las fiscalías. A continuación transcribimos la intervención en esa jornada, fruto del trabajo colectivo,del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y en el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

Sostenemos que es necesario investigar si la deuda -y en todo caso qué parte- es legítima y legal o, por el contrario, es fraudulenta y odiosa. Y, sabiendo que hay múltiples motivos para pensar que puede ser declarada fraudulenta, queremos focalizarnos en tres aspectos del modelo energético, más precisamente hidrocarburífero, que se vinculan con la deuda externa.

El primero de estos aspectos es el vínculo entre bienes comunes y deuda. Desde los organismos internacionales se asume como garantía del pago de deuda la explotación de los recursos naturales o bienes naturales. Los distintos gobiernos asumen también una definición similar. Por lo tanto, una vez contraída la deuda, las políticas públicas presionan para la expansión de los procesos de extracción, nocivos para el ambiente y las poblaciones, como una forma de “honrar las deudas”. Esa presión se constata en distintas regiones del país focalizadas en el agronegocio con sus nuevas transgenias y megafactorias, en la megaminería y en los hidrocarburos, entre otras.

Entonces, la propuesta de “desarrollo” escondida detrás de los acuerdos de deuda podría resumirse en obtener dólares a cambio de la degradación a niveles preocupantes del espacio y el ambiente, que no puede ser escindido de quienes viven allí. La deuda es una condena a quedar atrapados/as en esa lógica.

Al respecto nos parece elocuente una nota al pie de la primera revisión periódica del FMI en torno al acuerdo arribado con Macri. En octubre de 2018, el organismo al analizar la política fiscal señalaba los malos resultados pero indicaba que se iban a compensar con “un repunte de las exportaciones agrícolas después de  la sequía, y un esperado aumento de las exportaciones de energía a medida que la producción en la cuenca de Vaca Muerta se recupere”[1]. Exportación del campo y de energía como mecanismos para cumplir las metas fiscales y poder garantizar el pago de la deuda.

Para ilustrar la perspectiva gubernamental podemos tomar el plan energético que se publicó en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel a cargo del área. Allí se estimaba que en 2027 los ingresos por exportaciones de hidrocarburos superarían a los ingresos de exportación agropecuaria[2].

Más cuidadosamente la gestión actual también cree que con la explotación fundamentalmente de Vaca Muerta se van a minimizar, o incluso superar, los problemas de la restricción externa y, en el mejor de los casos, se podría en unos años hacer frente a los compromisos de deuda[3]. Lo que nos lleva al segundo punto que queríamos señalar en torno a la perniciosa relación entre deuda y sector energético: la fuga de divisas.

Uno de los objetivos de la explotación de Vaca Muerta mediante fracking es la obtención del gas que Argentina consume y, por lo tanto, evitar la importación, es decir la salida de dólares. Pero hay un punto que habitualmente es omitido y agrava el panorama: las divisas no sólo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas del sector extranjerizan sus excedentes o pagan deuda.

La deuda pública contraída por el macrismo sabemos permitió la fuga de divisas en cantidades similares a las que ingresaron. En ese proceso uno de los sectores que mayor injerencia tuvo fue el energético. La lógica de la inversión del sector que es festejada y promovida por las distintas gestiones implica como contracara un endeudamiento a corto plazo, muchas veces con préstamos intrafirmas. Es decir, lo que se festeja como inversiones salen rápidamente del país engordado por los intereses. Si fuéramos mal pensados/as podríamos suponer que en esas operatorias hay toda una serie de maniobras espurias, sino fraudulentas, como las que se constataron con el vaciamiento de Vicentin, que se ponen en práctica.

El nivel de fuga del sector energético en los últimos años fue notable. En la lista de las 100 empresas que más fugaron publicada por El Cohete a la Luna, aparecen 27 energéticas que, en conjunto, fugaron casi 6.000 millones de dólares. De esas 27 empresas, 15 tienen una participación central en Vaca Muerta y fugaron casi 4.000 millones de dólares. Lo que creemos pone en duda que la apuesta por los hidrocarburos no convencionales sea tan redituable como se suele esgrimir[4].

Pero ¿qué tiene que ver la deuda privada con la deuda externa? La deuda privada, la remisión de utilidades al exterior u otros mecanismos de fuga de dólares presiona sobre la reservas del Banco Central y, por lo tanto, sobre el tipo de cambio. Esas presiones sobre la cantidad de dólares del Banco Central promueve procesos de devaluación. Las devaluaciones encarecen cada dólar y por tanto devolver los préstamos privados que fueron presentados como inversión implica cada vez más pesos. De esta manera se vuelve cada vez más costoso poder devolver ese dólar privado. Pero la devaluación no sólo encarece el pago de las deudas privadas sino también el pago de las deudas públicas. Es decir, que los endeudamientos millonarios de las petroleras redundan en mayores dificultades para afrontar la deuda pública en dólares.

Finalmente, en esta articulación entre deuda y explotación energética, nos parece relevante señalar la situación de las provincias cuyas economías dependen de los hidrocarburos. Justamente porque poseen esos recursos, esos distritos pueden endeudarse abultadamente en dólares. Ante devaluaciones o ante las cada vez más recurrentes caídas del precio internacional del barril, esas abultadas deudas complican fuertemente sus economías[5]. Por esas crisis de dependencia el gobierno nacional debe auxiliar a esas provincias.

Esas ayudas tienen dos destinatarios. Directamente las arcas provinciales o mediante subsidios a las empresas, de manera tal de reactivar las economías. Pero con estos subsidios las compañías garantizan que van a devolver los préstamos que necesitan para invertir y pueden acceder a nuevos créditos que seguirán expandiendo la espiral de la deuda privada que impacta sobre el tipo de cambio y, por tanto, también sobre todas las deudas públicas en dólares.

Entonces, ante este Tribunal, queremos denunciar que los organismos internacionales y los fondos de inversión, así como el estado nacional y los estados provinciales saben que la toma de deuda como se hizo implicaba la profundización de una matriz productiva dependiente, extractivista y contaminante. Y que incluso, como señala el FMI en su nota al pie, sabía que esa explotación de recursos naturales era la garantía del pago. Lo cierto es que ese esquema aunque profundizó la destrucción de la naturaleza, no puede pagar la deuda. Por lo tanto, más allá de cómo se contrajo y para que se usó la deuda hay una imposibilidad real del pago. Y a su vez, el pago implica continuar con este modelo de financiación para pagar deuda infinita que condena a la contaminación, la dependencia y la superexplotación. Creemos que debemos cortar esa rueda siniestra y el no pago de la deuda con motivos fundados brinda posibilidades para eso.

Como sanción que se declare fraudulenta y que se defina el desconocimiento de la deuda contraída.

Que se reconozca y señale públicamente a quienes fueron participes desde las instancias gubernamentales del endeudamiento.

Que se reconozca y señale públicamente a las empresas y capitales que fugaron las divisas que habían entrado al país como deuda pública.

Que las empresas energéticas devuelvan los dólares que se llevaron, que se imposibilite la remisión de la riqueza generada en Argentina a otros países.

[1]   IMF (2018, October). First review under the stand-by arrangement. Country Report No. 18/297. International Monetary Fund. Pag. 9 Recuperado de: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18297-ArgentinaBundle.ashx

[2] SGE (2018). Plan Energético Argentino: Lineamientos. Secretaría de Planeamiento Estratégico. Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_plan_-_oil_gas_guidelines_-_november_12_2018-min_0.pdf

[3] Telam (01/06/2020). “Kulfas afirma que Vaca Muerta mantiene el mismo potencial y retoma la idea de la Ley de Hidrocarburos”. Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/202006/470976-kulfas-afirma-que-vaca-muerta-mantiene-el-mismo-potencial-y-retoma-la-idea-de-ley-de-hidrocarburos.html

[4] Kofman, Marco (14/06/2020). “La Vaca Desatada”. Recuperado en: https://www.elcohetealaluna.com/la-vaca-desatada/ Más precisiones al respecto en García Zanotti, Gustavo (2020). “Vaca Muerta y el desarrollo argentino” Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Recuperado de: https://ejes.org.ar/economistas/vaca-muerta-espanol.pdf

[5] Va con Firma (28/10/2020). “La provincia quedó a 30 días del default”. Recuperado en: https://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_12293/la-provincia-quedo-a-30-dias-del-span-classfindeddefaultspan

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/11/10/pagar-la-deuda-es-contaminacion-dependencia-y-superexplotacion/

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Argentina: Continúa la impunidad de los verdugos

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Continúa la impunidad de los

Continúa la impunidad de los verdugos

Andrea Benites-Dumont

Los caminos para recuperar la memoria histórica, tanto de Argentina como en el Estado español, han coincidido y se han enriquecido con un mutuo compromiso. Se ha incorporado el sentimiento como propio sobre las injusticias cometidas en cualquier lugar del mundo. Un hito inolvidable fue la participación de gentes en los juicios que contra el genocidio argentino que se abrieron en la Audiencia Nacional, en el año 1997; y las victorias judiciales contra los militares argentinos y contra Pinochet, fue un triunfo común.

Cuando se abrió la posibilidad de recuperación de la memoria histórica, reivindicar las y los luchadores anti franquistas y antifascistas, se rescató un abrazo postergado a todas las personas que esperaban desde hace más de 40 años, abrir las cunetas sepultadoras y recuperar sus familiares desaparecidos. Y ante las cerrazones similares, se inició el camino inverso, y se plasmó en la Plataforma argentina contra los crímenes del franquismo, que impulsara junto a otra gente, Carlos Slepoy.

Hay muchos elementos comunes que se articulan como espejo, y se plasman con el ansiado apoyo mutuo.

Son muchos los obstáculos que los poderosos y los gobiernos han puesto para que el cansancio paralice. Pero demostrado queda que no han podido, también de uno y otro lado del océano. Y tal es así, que aun cuando falta mucho por andar, uno de los caminos que se encara en Argentina es el lanzamiento de la campaña por la APERTURA DE LA TOTALIDAD DE LOS ARCHIVOS, del 74, 75 y hasta el final de la dictadura genocida.

Estamos en noviembre de 2020…. Han pasado ya 44 años del golpe genocida. Han pasado 37 años que iniciaran su andadura los gobiernos post dictatoriales. Han pasado 35 años que se realizó el juicio a las Juntas militares. Han pasado 22 años de la derogación de las leyes de impunidad.

Han sido entregados documentos desclasificados por parte del Departamento de EE UU al Poder Ejecutivo argentino desde agosto de 2016 a abril de 2019, abarcando un total de 7.035 registros en un total de 48.379 páginas, tal como lo reflejara la embajada de EE UU en Argentina. Y el 24 de septiembre 2020 en un armario de la Agencia federal de Inteligencia, se encontró un libro con 500 fichas de personas que la dictadura militar tenía como objetivo neutralizar. La confección de esas fichas corrió a cargo del Ejército.

Ya es sabido y probado que los archivos de la dictadura guardan elementos importantísimos sobre las 30.000 personas detenidas/desaparecidas, y sobre las más de 300 personas nietas por recuperar, tanto secuestradas como las nacidas en cautiverio. No es una simple denuncia, es una seria y sostenida acusación a quienes tienen en su mano romper definitivamente la inmunidad, en la que se han guarecido represores genocidas, jueces, fiscales, curas, monjas, personal médicos, enfermeras, empresarios…

La impunidad permite que el delito perviva, y a quién la tolere aún con indiferencia, se encuentra en una frontera muy débil con la complicidad. Y es este uno de los determinantes para conocer la totalidad de la verdad del Operativo Independencia, que se desató en la provincia de Tucumán, entre 1974 y 1979, y que una comisión bicameral pudo certificar la desaparición forzada de 656 personas, de los cuáles el 75% correspondió a obreros y obreras de fábrica, de la industria azucarera, rurales, etc.

El Operativo Independencia fue el prólogo del golpe del 24 de marzo y parte indisoluble del plan genocida.

La impunidad no se terminó en un ayer dictatorial, sobrevive en un presente en que las fuerzas represivas han eliminado a cientos de jóvenes por el gatillo fácil, y se ha naturalizado la desaparición forzada de personas desde Jorge Julio López desaparecido en el 2006, ha seguido un dramática lista confeccionada por el accionar clandestino de las fuerzas represivas.

Queremos resaltar que los archivos de la dictadura brasileña, de 1964 a 1985, son de acceso universal de todos los documentos de la represión política,y están asentados en el Archivo Nacional y de la Comisión Nacional de la Verdad.

Por todo lo anterior, nos duelen los años de las madres que no han dejado de luchar, que esperan saber dónde están los restos de sus hijos e hijas, y dónde están los nietos y nietas. Las madres y abuelas no se merecen tener las manos tan vacías y el corazón tan desgarrado.

Esta campaña está promovida por diversos organismos de derechos humanos, derechos sociales, como también por personalidades implicadas en estos temas 1/.

Hay leyes que se han escrito con el sufrimiento de los pueblos, esas leyes hoy, tanto a nivel nacional como internacional, nos permite fundamentar jurídicamente la exigencia de la Apertura de los archivos de la represión, tal como se desarrolla en la carta al presidente Alberto Fernández

Se necesitan miles de firmas para que se despeje este indispensable camino de justicia.

Y por todo ello, solicitamos a quienes lean estas líneas, nos envíen su apellido, nombre, DNI, profesión y/u organización, al email : casapueblos@nodo50.org y/o info@encuentromilitantecachitofukman.org.

 

Andrea Benites-Dumont es miembro del colectivo Casapueblos.

Notas:

1/ Algunas de las firmas que impulsan esta campaña : varias Madres de Plaza de Mayo, entre ellas Nora Cortiñas, Elia Espén, Mirta Baravalle, Sacha Artes Company. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, En el Estado espalo, Ecologistas en Acción, IJAN España, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) –Luta Socialista de Brasil, etc. Link Carta al Presidente Alberto Fernández; https://encuentromilitantecachitofukman.org/index.php/campana-por-la-apertura-total-de-los-archivos

 

Fuente de la Información: https://vientosur.info/continua-la-impunidad-de-los-verdugos/

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De Los Ríos: «San Juan planea comenzar las clases en marzo y en todos los niveles». Argentina

Noticias

América del Sur/Argentina/08-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

De todas maneras, indicó que «todo va a depender de cómo evolucionen los contagios de Covid19 y el estado sanitario que tenga la provincia en ese momento».

Luego de que ayer el Consejo Federal de Educación determinara que cada provincia decidirá la fecha de inicio del nuevo ciclo lectivo, De Los Ríos afirmó a Télam (a diferencia de los medios locales a los que no atiende) que «en San Juan consideramos que para marzo podemos comenzar en todos los niveles y modalidades de enseñanza».

No obstante, indico que «todo va a depender de cómo evolucionen los contagios de Covid19 y el estado sanitario que tenga San Juan en ese momento».

La provincia fue «la primera en volver a clases presenciales en agosto, cuando San Juan estaba en Fase 3 y las condiciones sanitarias lo permitían», recordó el ministro.

«Tenemos protocolos actualizados para hacerlo» sostuvo sobre el regreso a clases presenciales y agregó que «en algunos casos podrá ser con el sistema bimodal que ya aplicamos», haciendo que la mitad del curso tenga clases presenciales una semana, mientras que la otra mitad lo haga online y a la semana siguiente invertir los roles.

El titular de la cartera educativa sanjuanina informó que «vamos a hacer un esfuerzo por alcanzar una nivelación tanto en la primaria como en la secundaria, para igualar a todos los alumnos con la cantidad de contenidos abordados en este año tan irregular».

Para eso dijo que «habrá evaluaciones de aquí al 18 de diciembre» y detalló que «algunos aprobarán y los que no aprueben tendrán una promoción acompañada con docentes designados».

Con respecto a 2021, De Los Ríos dijo que «hemos programado que en dos años se vayan dando intercaladamente los contenidos de ese año y los que quedan pendientes de 2020» y aseguró que «para eso en la primaria los chicos van a tener el mismo docente en todo el ciclo».

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/De-Los-Rios-San-Juan-planea-comenzar-las-clases-en-marzo-y-en-todos-los-niveles-20201105-0050.html
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Argentina: Un disparo al corazón de la escuela pública

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Visibilización de las diferentes condiciones de acceso a la escuela y precarización laboral son las consecuencias del covid en las escuelas.

Planificar es una de las primeras tareas docentes que se enseña en cualquier profesorado. Marcar la hoja de ruta; saber hacia dónde va dirigida la actividad; determinar consignas, modos y tiempos de desarrollo; establecer los objetivos y fundamentar la acción son todos ejes que sostienen el “qué” y “para qué” se enseñan determinados contenidos. Si algo falló en todos los aspectos de la vida social en 2020 fueron los planes. Ninguna programación sobrevivió sin modificaciones al año de la pandemia. En muchos casos, los cambios han sido numerosos y repentinos.

La incertidumbre, palabra a la que el diccionario de la Real Academia Española define como “Falta de conocimiento seguro y claro sobre algo”, se convirtió en el leitmotiv del año. Ha quedado muy lejos el ágora en el que el filósofo enseñaba a partir de la mayéutica y se jactaba de no saber nada. En el siglo XXI, los pedagogos están constantemente a prueba y el desconocimiento aterroriza. Un docente debe saber los contenidos que imparte, tiene que estar al tanto de cómo lo va a transmitir, a quiénes, en qué tiempo y qué métodos utilizará para comprobar que los estudiantes se hayan apropiado del saber. El primer día del ciclo lectivo, están claras las fechas de cierre de trimestre, de exámenes especiales, receso escolar, coloquios y finalización del año escolar. En febrero y marzo, la escuela es un jenga en el que la partida no inició, pero que tampoco invita al juego. Mientras menos fichas se muevan, mejor.

El 16 de marzo, los docentes de las escuelas argentinas recibieron indicaciones de preparar actividades para que los estudiantes realizaran en sus hogares durante los supuestos quince días de aislamiento. Al regresar a las instituciones, esos ejercicios serían corregidos. Ni el Estado ni los sindicatos de educadores plantearon la posibilidad de que esos días sin asistencia a las instituciones implicaran una suspensión de clases. No había pasado aún un mes desde que el ministro de Educación de la Nación afirmó al inicio del ciclo lectivo: “Se van a cumplir los 180 días de clases en toda la Argentina, el compromiso lo hemos establecido en el Consejo de Educación. Los días que se pierdan tendrán que ser recuperados a lo largo del año”. La opción de que el ciclo lectivo se extendiera dos semanas en diciembre o que se eliminara el receso escolar de julio no era atractiva para nadie. Sin embargo, las clases sin escuelas eran un fenómeno que jamás se había visto a nivel generalizado. Ministros, directivos, docentes, estudiantes ni familias estaban preparados para ello.

A la incertidumbre le siguió la improvisación. La enseñanza debía impartirse de manera remota. Sin la presencia de docentes y estudiantes en el mismo espacio físico. La educación a distancia tiene dos siglos y medio de trayectoria. Sin embargo, ni los primeros cursos por correspondencia de 1850 ni las ofertas educativas en línea de la actualidad están planificadas para una población acostumbrada a la presencialidad. Un hito clave es que enseñar a distancia no es hacer lo mismo que se realiza en un aula y enviarlo por celular. Las actividades, explicaciones, propuestas y la evaluación deben ser pensadas exclusivamente para ese contexto. Para ello, los docentes necesitan preparación y tiempo para asimilarlo.

De un día para el otro, la pandemia puso a personas que tenían que pedirles ayuda a sus hijos para enviar un audio de mensajería instantánea a dictar clases por videoconferencia.

 

Sal en la herida

Por otra parte, el aislamiento expuso de la manera más cruel las heridas que el sistema educativo acarrea desde hace tiempo. Las dificultades para acceder y permanecer en la escuela han estado presentes desde los inicios del sistema educativo argentino. Pero la pandemia y el aislamiento desnudaron esas complicaciones al exigir a los estudiantes conexión a internet, tiempo, espacio y una familia capaz de ayudarlos a cumplir con todas las obligaciones escolares.

En 2014, estudiantes de la carrera de Trabajo Social realizaron una encuesta en el IPET 334, de Villa Parque Santa Ana, para evaluar las condiciones que podrían dificultarles la trayectoria por la escuela a los estudiantes. Los resultados arrojaron que el 36 por ciento de los adolescentes trabajaba, que el 25 por ciento tenía hermanos que habían abandonado los estudios y un 29 por ciento era hijo de personas que no habían podido terminar el secundario. En 2017, Daiana Laura Chiora, Lucía Conalbi y María Florencia Ledesma realizaron en esa institución la tesis de licenciatura de Trabajo Social y evaluaron las causas por las que los estudiantes no podían asistir a la escuela. Entre ellas, enumeraron dificultades económicas y condiciones de vida, como la pobreza o la vulnerabilidad; el trabajo doméstico; las prácticas familiares que determinaban qué se esperaba de esos adolescentes; la maternidad y paternidad adolescente y las relaciones problemáticas con la escuela y los pares. “Dentro de los factores que influyen en el ausentismo escolar, se encuentran tanto situaciones del contexto de vida de los estudiantes, como también posicionamientos y prácticas de la propia institución escolar. Las condiciones de vulnerabilidad, las expectativas de los docentes, situaciones de discriminación por parte de compañeros y profesores y la insuficiente respuesta estatal, se conjugan para dificultarles a los adolescentes la posibilidad de avanzar en sus trayectorias escolares” señala la investigación titulada “Aulas vacías: dificultades en el acceso al Derecho a la Educación”.

A la falta de recursos y la dificultad para acceder a la escuela se le sumó este año la distancia, la necesidad de un dispositivo con conexión a internet y las complicaciones económicas que la pandemia incrementó. En algunos casos, inclusive son los mismos docentes quienes viven en sectores en los que no llega el servicio de internet o en los que el sistema de datos de la telefonía móvil es deficitario. Otros decidieron contratar un servicio e incorporar un gasto fijo para poder realizar su trabajo.

Si pasa, pasa

Mientras que las clases no estuvieron en pausa ni un solo día y los docentes hicieron malabares para poder brindar contenidos a los estudiantes a pesar de la distancia, sí estuvieron detenidas otras cuestiones vinculadas a la escuela. A pesar del gran nivel de informatización del Gobierno de la Provincia de Córdoba, algunos trámites administrativos estuvieron suspendidos durante varios meses. Los sistemas permitían renunciar a cargos u horas cátedra y solicitar la jubilación, pero no había posibilidad de contratar suplentes ni titulares que cubrieran las vacantes que se generaban.

El pasado 20 de mayo, con un solo día de debate en el recinto, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó en tiempo récord el proyecto de ley de modificación del régimen de jubilaciones y pensiones de Córdoba remitido por el Poder Ejecutivo. La unicameral -en la que Hacemos por Córdoba tiene una mayoría que le permite reformar la Constitución Provincial si lo deseara- aprobó armonizar las jubilaciones provinciales con las nacionales y considerar el salario de los últimos diez años de actividad para el cálculo previsional en lugar de los cuatro vigentes hasta el momento. Además, los aumentos salariales empezaron a tener un diferimiento de dos meses para los pasivos y los jubilados que cobran los salarios más altos se vieron perjudicados con un impuesto extra.

A las clases virtuales y el recorte en las jubilaciones se le sumó un congelamiento en la discusión salarial con el Gobierno. La propuesta de aumento realizada por la patronal en marzo y rechazada ese mismo mes por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba por considerarla insuficiente fue aprobada en abril debido a la imposibilidad de realizar asambleas presenciales. El acuerdo establecido estaba vigente hasta julio, pero la nueva discusión se pospuso a finales de octubre.

Por otra parte, en julio, el Gobierno Nacional anunció un plan de créditos para docentes, destinados a la compra de computadoras. De este modo, maestros y profesores pudieron acceder a préstamos de entre 50 y 100 mil pesos para comprar notebooks. La tasa de interés, que estuvo subsidiada por la Nación, fue de un 12 por ciento. La suma a financiar dependía del salario de cada docente y podían acceder a los créditos más altos aquellos que percibieran un salario de al menos cuatro salarios mínimos, vitales y móviles (unos 67 mil pesos).

Sin convocatoria para la cobertura de vacantes, con las jubilaciones recortadas y los salarios congelados, la oferta para cubrir la necesidad de equipamiento docente fue que los propios trabajadores contrajeran una deuda.

 

En terapia intensiva

La Ley de Educación Común 1.420 del año 1884 estableció las bases del sistema educativo público argentino: gratuidad, laicidad, gradualidad y obligatoriedad. Eso implicaba que la escuela era gratis, no impartía contenidos religiosos, se dividía en un sistema de grados y era obligatoria. Durante más de un siglo, estos preceptos permitieron que el acceso a los diferentes niveles se universalizara cada vez más. En muchas familias, los hijos accedían a niveles educativos que sus padres nunca alcanzaron y los nietos consiguieron títulos con los que los abuelos ni siquiera llegaron a soñar.

En 2020, internet se convirtió en la gran barrera de muchos. Numerosos estudiantes solamente recibieron los contenidos escolares porque hubo un maestro o directivo decidido a imprimir los materiales enviados por redes o mensajería y llevarlo hasta su domicilio. Otros niños y adolescentes no tuvieron manera alguna de vincularse con la escuela. Incluso, este año se convocaron de manera virtual las preinscripciones para las instituciones educativas. Por lo que hasta para inscribir a los niños a las escuelas públicas es necesario conectarse a internet. En agosto, este servicio fue declarado como público. Sin embargo, eso no garantiza que todos puedan disfrutarlo.

La improvisación ocasionada por la pandemia, la virtualidad y sus barreras, la precarización laboral y la crisis económica hicieron que este año, la escuela pública reciba un disparo al corazón. Mientras se espera la vacuna contra el coronavirus y se configura la nueva normalidad, el Estado deberá analizar cómo garantizar que la enseñanza siga siendo realmente gratuita y para todos sin perjudicar a los trabajadores.

Desde hace tiempo, los principios de la Ley 1.420 están en constante amenaza por diversos factores. Este año, la pandemia los visibilizó y los profundizó. La escuela pública está en terapia intensiva y requiere una intervención de urgencia para seguir generando igualdad de derechos entre todos los argentinos.
Fuente: https://www.diariosumario.com.ar/edicion-impresa/2020/11/4/un-disparo-al-corazon-de-la-escuela-publica-24299.html

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Argentina: A contracorriente de la mayoria de lxs docentes de las UUNN CONADU firma nuevamente a la baja.

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Sobre el acuerdo paritario

El pasado 28 de octubre la conducción de CONADU, luego de la realización de un Congreso Extraordinario, firmó con el gobierno un acta según la cual se nos otorga un 7% de aumento a partir de octubre (con una revisión para la segunda quincena de diciembre y un 7% de aumento para la garantía salarial a cuenta de futuros acuerdos).
Demás está decir que este aumento es a todas luces insuficiente.

En 2019 se firmó un acta acuerdo que establecía que en marzo 2020 se aplicaría una cláusula gatillo contemplando la inflación desde octubre hasta febrero. En marzo el gobierno no reconoció esa cláusula y en su lugar planteó una serie de aumentos escalonados hasta junio. La inflación acumulada desde octubre 2019 a septiembre 2020 fue de 36.4% mientras que los aumentos de sueldo alcanzaron el 18.32%. Lejos del 7% recibido, hoy hubiéramos necesitado más del 15% de aumento para volver a tener el poder adquisitivo de octubre 2019 (que ya venía retrasado en más de un 30% por los cuatro años de macrismo).
¿En qué contexto ocurre esto? A nadie escapa la crítica situación por la que estamos atravesando, producto de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Hemos considerado muy adecuado en este sentido, medidas que en un primer momento el gobierno tomó para paliar la situación: la creación de programas como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) o el ATP (Asistencia para el Trabajo y la Producción), así como la prohibición de despidos en este período, el congelamiento de tarifas o la suspensión de la posibilidad de cortes en los servicios esenciales. Sin embargo, la crisis se profundiza y las medidas que se podrían tomar para que la misma no recaiga sobre lxs trabajadorxs y los sectores más vulnerables se desvanecen, como ocurrió con la anunciada contribución de los dueños de las mayores fortunas.
Mientras lxs docentes universitarixs hemos encarado la tarea de defender la universidad pública invirtiendo en herramientas y condiciones de trabajo y poniendo en riesgo nuestra salud integral, el gobierno dilató y suspendió instancias de negociación, al extremo de castigarnos por llevar adelante medidas de fuerza en reclamo por nuestros derechos, eludiendo discusiones previstas sobre condiciones de trabajo. Creemos que estas actitudes son inadmisibles.

¿Qué pasó en CONADU?

El Congreso Extraordinario convocado para discutir la oferta salarial funcionó de manera irregular, a tal punto que, a casi tres horas de inicio debió reiniciarse por las arbitrariedades cometidas por la conducción en relación con la acreditación de los congresales, la distribución en el uso de la palabra, la elección de autoridades y la incertidumbre respecto de la modalidad de votación.
La conducción de la Federación procedió con una falta total de escrúpulos, manipulando tanto el desarrollo como el resultado del congreso, impidiendo votaciones o imponiendo lo que debería votarse.

Desde COAD -enmarcados en la práctica democrática que nos caracteriza- consultamos a lxs docentes de la UNR su postura respecto de la oferta del 7% de aumento que realizó el gobierno. La votación democrática, pública y abierta, resolvió de manera contundente el rechazo a esa oferta salarial. Con la participación de 1404 compañerxs, 8 de cada 10 (el 80,9%) manifestaron su rechazo. También nuestra asamblea rechazó unánimemente la propuesta. Desde COAD asistimos al Congreso con estos resultados. Lxs 4 congresalxs de la lista «Democracia Sindical y Dignidad Docente» votamos según dichos mandatos. Mientras, en este marco autoritario y antidemocrático, lxs 3 congresales de la lista «Todxs x COAD» lo hicieron por la moción de la conducción de CONADU de aceptar la propuesta del gobierno,
Finalmente la votación resultó con 60 votos a favor de aceptar la oferta salarial y 45 votos por rechazarla. Cabe destacar que los 45 votos de rechazo corresponden a 13 gremios de base que representan al 50% de lxs afiliadxs de CONADU.
No debemos olvidar que esta conducción de CONADU ha firmado con los sucesivos gobiernos, más allá del partido político gobernante, acuerdos vergonzosos que año tras año conformaban el peor acuerdo paritario firmado por sindicato alguno. Sólo COAD y algunas regionales en minoría expresábamos el rechazo a tales prácticas. Por primera vez en muchos años en este congreso se pudo articular y expresar a nivel de CONADU una respuesta clara y masiva de defensa de los intereses docentes, a pesar del resultado de la votación.
No se debe olvidar tampoco que el otro nucleamiento representativo de la docencia universitaria, la CONADU Histórica, rechazó claramente el acuerdo paritario.
La potencialidad de la lucha por obtener nuestros justos reclamos se expresa no sólo a través de las votaciones realizadas, sino también por medio de la participación masiva, la perspectiva de una unidad democrática y combativa de la CONADU y de la confluencia con nuestros colegas de la CONADU Histórica que sostienen posturas similares. Nuestra lucha también está en continuar derrotando a quienes dentro del gremio solo atienden los intereses de su facción, olvidando los anhelos de todxs. Allí continuaremos.

La20 – Frente 20 de Diciembre
Somos docentes e investigadores de la UNR que nos organizamos para defender y luchar por los derechos de lxs trabajadores.

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