Fidel Tubino, Catherine Walsh y otros destacados investigadores de temas como cultura, colonialismo y otras de carácter societal, advierten que referirse e inclusive desarrollar acciones en el campo de la interculturalidad no siempre es inclusivo ni liberador, tampoco es garantía para solucionar la problemática que trae consigo. Señalan que existen un interculturalismo funcional y otro interculturalismo crítico claramente diferenciados en sus conceptos, enfoques, formas de llevar a la práctica y efectos. A propósito de ello, Tubino afirma: “Las diferencias entre el interculturalismo funcional y el interculturalismo crítico son sustantivas. El primero busca promover el diálogo intercultural sin tocar las causas de la injusticia cultural, mientras el segundo trata de suprimirlas… La asimetría social y la discriminación cultural hacen inviable el diálogo intercultural auténtico. No se la relaciona con asuntos socioeconómicos, de derechos o de ciudadanía”.
Para referirse a interculturalidad no basta definirse como pluriculturales y reconocer la diversidad cultural, menos que se considere un asunto únicamente vinculado a las lenguas, folklore y vestimenta. En términos teóricos, muchas veces, interculturalidad se reduce a “diálogo de diversos”, así se considera que solamente son necesarios mecanismos y arreglos políticos que posibiliten el entendimiento mutuo entre culturas y la gestión de esta diversidad; este concepto es claramente funcional, favorece a culturas que tienen predominio, niega que la diversidad expresa a su vez desigualdad y, fundamentalmente, desconoce la cosmovisión y concepción de vida que tienen los pueblos y/o naciones. Algo de eso ocurrió en el periodo neoliberal, cuando en julio de 1994 se promulgó la Ley 1565 de Reforma Educativa y que en su capítulo de bases y fines definió que la educación “es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres”. A propósito de ello, al evaluar la aplicación de “esa interculturalidad y bilingüismo”, testimonios de pueblos indígenas señalaban: “a los aymaras nomás nos han enseñado aymara y a los de la ciudad nada”, “a título de textos bilingües solo han traducido los libros a nuestro idioma, de nuestra cosmovisión y cultura nada han respetado”, “cuando se refieren a interculturalidad solo se preocupan de la vestimenta y algunos bailes…”
Al haberse convertido interculturalidad en un término cada vez más común y hasta familiar, muchos “estudiosos” de la temática olvidan que su comprensión e interpretación varían desde los referentes que se tiene sobre la sociedad e historia. Es más, en muchas ocasiones, generalmente por razones políticas, estas múltiples comprensiones de interculturalidad fueron ignoradas de manera intencionada.
Desde una lectura crítica e indignada de la realidad, interculturalidad supone una disputa de cuál es la cosmovisión y cómo se concibe la vida y la relación ser humano- comunidad-madre tierra-cosmos entre un patrón civilizatorio occidental, capitalista, patriarcal y colonial en crisis y posiciones alternativas y antisistema, como es el caso del Vivir Bien, Buen Vivir y Vivir Sabroso. Asumiendo que en lo cultural somos diversos a la vez que desiguales, sin intraculturalidad no existe interculturalidad crítica, es necesario valorar nuestras culturas en sus concepciones, formas de vida, prácticas, saberes y conocimientos.
En esas circunstancias, intraculturalidad e interculturalidad, desde una mirada decolonial, también deben ser entendidas como un proyecto político, social, epistémico y ético de transformación estructural y sociohistórica que se inscriben en una lucha contra los poderes dominantes, en la valoración de lo nuestro y las relaciones equitativas entre lo propio y lo diferente.
En cuanto a la intraculturalidad e interculturalidad en el campo de la educación, entre otros aspectos, exige la creación de educaciones propias a nuestro contexto e historia para desde ahí desarrollar un proceso de diálogo con lo que se construye en el mundo; una formación integral que rebase la educación racionalista y cognitivista; el diseño y desarrollo de una educación para la vida que preserva todo ser vivo; la educación a lo largo y ancho de la vida; la complementariedad entre saber “científico e universal” con el “local, popular y comunitario” y la revalorización del territorio.
Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.
Gobierno entrega moderna unidad educativa en Pando
La nueva infraestructura construida en el municipio Bella Flor con un monto de inversión de cerca de 3 millones de bolivianos, beneficiará a 180 estudiantes.
Pando, 10 de octubre (Unicom – Minedu).- El presidente Luis Arce entregó la Unidad Educativa “Villa Amazónica”, a los pobladores del municipio Bella Flor del departamento de Pando. La nueva infraestructura fue construida con un monto de inversión de 2.996.142 bolivianos y beneficiará a 180 personas.
“Gracias a la recuperación de la democracia, podemos construir y entregar obras en beneficio del pueblo boliviano. Hoy inauguramos la Unidad Educativa Villa Amazónica en el municipio de Bella Flor de Pando, con una inversión de casi Bs3 millones”, manifestó el jefe de Estado, durante el acto de entrega del nuevo establecimiento educativo.
La obra consta de cuatro módulos: el primero está compuesto con los ambientes para dirección, secretaría, sala de profesores, sala de estar, multicentro, dos depósitos, sala de computación, dos laboratorios, dos aulas nivel inicial, pasillos y corredores; el segundo con seis aulas; el tercero con batería de baños y; el cuarto con tinglado polifuncional, cancha y tribunas.
En la oportunidad, el ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, destacó la labor desarrollada por el Gobierno nacional para garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes en todo el país.
“Hace años Pando estaba olvidado, pero ahora, nuestro Gobierno llega con obras, hoy entregamos esta bonita infraestructura para garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y señoritas”, expresó por su parte el titular de la Cartera de Educación.
Asimismo, la autoridad enfatizó en que la educación es una responsabilidad de todas y todos los actores de la comunidad educativa, por lo que – desde el Ministerio de Educación – se continuará trabajando de manera articulada por mejorar la calidad educativa para la población estudiantil boliviana.
“Solíamos estudiar en sillas e infraestructura rústica, ahora podremos disfrutar de esta bella unidad educativa, muchas gracias señor Presidente”, expresó por su parte, Dayara Cortez Oliveira, estudiante del 6° de Secundaria de la Unidad Educativa “Villa Amazónica”, en representación de la comunidad educativa beneficiada.
Fuente de la Información: https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=6247&catid=182&Itemid=854#:~:text=Pando%2C%2010%20de%20octubre%20(Unicom,y%20beneficiar%C3%A1%20a%20180%20personas.
El gobierno nacional presentará un programa de lectura para reforzar los aprendizajes de los niños y adolescentes bolivianos, anunció este viernes el ministro de Educación, Edgar Pary.
“Vamos a lanzar un programa de lectura para complementar, mejorar, profundizar y recuperar los aprendizajes de los estudiantes en sus diferentes niveles para de alguna manera compensar y mejorar los aprendizajes perdidos en la gestión 2020”, dijo Pary en conferencia de prensa.
Asimismo, el ministro explicó que el gobierno trabaja en el tema de la recalendarización de la gestión escolar 2022, por la ampliación del descanso pedagógico por dos semanas más.
“Hay que hacer los ajustes correspondientes, no solo es ampliar el descanso pedagógico, hay que analizar desde punto de vista técnico, la dosificación de contenidos, entre otros aspectos”, sostuvo.
El Ministerio de Educación dispuso la ampliación del descanso pedagógico con retorno a clases para el 1 de agosto, ante el incremento de casos COVID-19 en los últimos días.
Pary exhortó nuevamente a los padres llevar a sus hijos a los centros de salud para que reciban las vacunas anticovid que garantizó el gobierno nacional.
El total de las vacunas gestionadas y adquiridas, a la fecha, por el Gobierno nacional alcanza a 23.815.500 dosis, según datos oficiales.
“Se ve que no está avanzando en la inmunización en el grupo menores de 5 a 17 años, lo cual preocupa, y más aún cuando en esta quinta ola los casos están en aumento y fue por ello que se tomó la decisión de la ampliación del descanso pedagógico, por una semana más”, agregó.
El Ministerio de Educación solicito también a los gobiernos departamentales y municipales del país a facilitar los insumos de bioseguridad necesarios y el acondicionamiento de la infraestructura de las unidades educativas para garantizar el retorno seguro a clases.
Gobierno presentará un programa de lectura para reforzar aprendizaje de los estudiantes
El gobierno nacional presentará un programa de lectura para reforzar los aprendizajes de los niños y adolescentes bolivianos, anunció este viernes el ministro de Educación, Edgar Pary.
“Vamos a lanzar un programa de lectura para complementar, mejorar, profundizar y recuperar los aprendizajes de los estudiantes en sus diferentes niveles para de alguna manera compensar y mejorar los aprendizajes perdidos en la gestión 2020”, dijo Pary en conferencia de prensa.
Asimismo, el ministro explicó que el gobierno trabaja en el tema de la recalendarización de la gestión escolar 2022, por la ampliación del descanso pedagógico por dos semanas más.
“Hay que hacer los ajustes correspondientes, no solo es ampliar el descanso pedagógico, hay que analizar desde punto de vista técnico, la dosificación de contenidos, entre otros aspectos”, sostuvo.
El Ministerio de Educación dispuso la ampliación del descanso pedagógico con retorno a clases para el 1 de agosto, ante el incremento de casos COVID-19 en los últimos días.
Pary exhortó nuevamente a los padres llevar a sus hijos a los centros de salud para que reciban las vacunas anticovid que garantizó el gobierno nacional.
El total de las vacunas gestionadas y adquiridas, a la fecha, por el Gobierno nacional alcanza a 23.815.500 dosis, según datos oficiales.
“Se ve que no está avanzando en la inmunización en el grupo menores de 5 a 17 años, lo cual preocupa, y más aún cuando en esta quinta ola los casos están en aumento y fue por ello que se tomó la decisión de la ampliación del descanso pedagógico, por una semana más”, agregó.
El Ministerio de Educación solicito también a los gobiernos departamentales y municipales del país a facilitar los insumos de bioseguridad necesarios y el acondicionamiento de la infraestructura de las unidades educativas para garantizar el retorno seguro a clases.
Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2022/07/bolivia-gobierno-presentara-un-programa-de-lectura-para-reforzar-aprendizaje-de-los-estudiantes/
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) realizó un mapeo de las agresiones que sufren defensores de la naturaleza en el país. Hay 191 ataques a diferentes activistas y el 90 % de los agresores son parte del Estado central o tienen vínculos con el partido gobernante.
El análisis se realizó entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de abril de 2022. Las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloquear el acceso de los defensores a sus comunidades. La mayoría de las víctimas son mujeres.
María* vive al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el sur de Bolivia. La madrugada del 9 de marzo de este año salía rumbo a la ciudad de Tarija y, mientras caminaba, escuchó ocho disparos al aire muy cerca de ella. Entró en pánico y corrió hacia un lugar seguro, dejando su mochila en el piso. No alcanzó a ver a nadie pero desde ese día el temor la persigue a todos lados. Ella es una de las 38 víctimas detrás de los 191 ataques identificados en Bolivia por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) contra líderes ambientales por cuidar la naturaleza y su territorio.
Todas las agresiones se encuentran georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías: judicialización, negativa de acceso a la información, chantajes y desprestigio, restricciones a la libertad de expresión, hostigamiento, restricciones a los derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias y atentados a la integridad física. Uno de los datos más impactantes del análisis es que todos los ataques registrados han quedado en la impunidad.
De acuerdo con Cedib, los ataques contra los defensores ambientales se focalizan en mellar su imagen pública, señalarlos, estigmatizarlos, hostigarlos, acosarlos por vías indirectas —que pueden ser administrativas o laborales—, intimidarlos y desgastarlos psicológicamente. Entre todas estas formas de ataque, también hay una estrategia que es muy común en Bolivia a la hora de agredir los liderazgos ambientales: la división de organizaciones indígenas o campesinas.
La defensa ambiental en Bolivia tiene rostro de mujer
Miguel Miranda, investigador del Cedib y responsable de la base de datos sobre agresiones a defensores del medio ambiente, explicó a Mongabay Latam que los casos incluidos en el estudio corresponden a personas que siempre hicieron uso de medios pacíficos para defender los derechos de la naturaleza y de sus territorios.
“Hemos incluido a personas que están en lucha de derechos y que pueden contarnos sus historias y a partir de ahí se arman los casos. Seguiremos alimentando la base de datos porque sabemos que hay muchos más casos”, destaca Miranda y añade que el Cedib recogió cada evento de violencia a través de información pública e hizo un llamado a cada una de las víctimas para conocer más detalles.
La última marcha de defensores del Tipnis fue en 2011. Esa columna llegó a la ciudad de La Paz. Foto: Rodrigo Urzagasti-Cedib.
Según el cuadro de las víctimas, 19 mujeres y 12 hombres fueron agredidos por defender su territorio y el medio ambiente, siete de los cuales pertenecen a territorios de la Amazonía boliviana.
A su vez, 24 de los 38 defensores agredidos son líderes que pertenecen a alguna organización de la sociedad civil que defiende la naturaleza en Bolivia. Cuatro de los defensores fueron atacados por oponerse a un proyecto minero, nueve por hacerle frente a proyectos hidrocarburíferos, cinco por enfrentarse a proyectos de infraestructura, diez de ellos en el momento de la agresión no hacían oposición activa a algún proyecto extractivo y tres de ellos no solo son defensores ambientales sino también de derechos humanos.
“Diríamos de manera general que las 38 víctimas son defensores ambientales, también hay tres [víctimas] que tienen una mirada más integral a los derechos humanos pero, en general, son personas que defienden la naturaleza”, destaca Miranda.
Silvia Lipa Piloy es dirigente del pueblo indígena leco en el norte del departamento de La Paz y está entre las personas registradas como víctimas por Cedib. Está convencida que la mujer defensora del medio ambiente en Bolivia tiene más riesgos y que, lo peor, es que muchos de esos riesgos no se hacen públicos por temor a las represalias. En su región, que es parte del parque nacional Madidi, luchan contra la invasión de empresas que extraen oro sin ningún tipo de control estatal.
“El tema del oro y sus consecuencias es el mayor reclamo que tenemos en el norte de La Paz. Por eso nos atacaron y hasta amenazaron a los dirigentes del pueblo leco, pero sobre todo a las mujeres, porque incluso quieren dañar hasta nuestras familias”, lamenta Lipa.
De acuerdo con Cedib, durante los primeros tres meses del 2022 el problema para los defensores se acentuó en las áreas protegidas debido al incremento de actividades extractivas como la minería ilegal o la incursión petrolera.
En el lago Poopó, en el occidente boliviano, se gestaron movimientos de defensa contra la contaminación en esa zona. Foto: Claudia Morales-Cedib
“En el caso de la minería, esta actividad continúa siendo impulsada de manera irregular por parte del Estado, donde los principales beneficiarios son algunos sectores cooperativistas, afines al partido oficialista. Esto puede comprobarse con las expresiones del propio presidente de Bolivia Luis Arce, al momento de alentar a mineros de la ciudad de Huanuni señalando que: ‘no pueden desperdiciar los precios internacionales del estaño’”, dice parte del informe del Cedib.
Fuerte incursión en áreas protegidas
Entre las áreas protegidas donde los defensores están en mayor riesgo se encuentra el Parque Nacional Madidi, donde la búsqueda de oro destrozó sus ríos. Incluso, en este grupo de defensores se encuentra la senadora Cecilia Requena, quien antes de llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía un papel activo en la defensa del medio ambiente a través de la organización civil Una Nueva Oportunidad. La legisladora es parte del estudio del Cedib, elaborado en conmemoración al primer año de vigencia del Acuerdo de Escazú en Bolivia.
Requena relata lo que vivió hace algunas semanas cuando ingresó al Madidi para verificar la explotación minera en esa zona. La legisladora cuenta que esta zona “parece una tierra sin ley” y que se encontró con “grupos alevosos y armados” que evitaron una inspección para verificar si la extracción de oro en los ríos amazónicos era legal.
“Fuimos amenazados con machetes, dinamita y piedras. Incluso, casi fuimos secuestrados. Fue un momento escandaloso, inaceptable y muy peligroso. Preocupa porque estos conflictos se están dando en áreas protegidas y hay un gobierno inoperante, impotente y en muchos casos, cómplice”, lamenta Requena.
En el mapeo realizado por Cedib también se hace referencia a las agresiones de defensores en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. En abril de este año se vieron una serie de ataques contra un grupo de líderes ambientales ante la intención del Gobierno de ingresar a esta zona natural para desarrollar proyectos petroleros. Esto está relacionado, además, a que en febrero de 2022 se aprobó el Decreto Supremo 4667 que está orientado a modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en varias zonas priorizadas por el gobierno, entre las que se incluyen varias áreas protegidas.
Según Cedib, en Tariquía existe la intromisión de dirigentes de organizaciones civiles que no son de la zona y que apoyan la incursión petrolera, esperanzados en la compensación económica que podrían recibir en caso de que se realicen los proyectos hidrocarburíferos. Una de las víctimas —que no tiene registrado su nombre en la base de datos del Cedib— relata que estas personas “invasoras” le restringen el acceso a su comunidad, que se llama El Cajón y que está dentro de la reserva natural.
La defensa del Tipnis en Bolivia unió a varios defensores y defensoras del medio ambiente. Ahora, en esa zona se detuvieron varios proyectos carreteros. Foto: Wara Vargas-Cedib.
La defensora dice que recibe agresiones porque se opone al ingreso de empresas petroleras y que la amenazaron con dañar a su familia y su casa si insiste en la defensa de su territorio. “El 29 de marzo de 2022 la señora ST [abreviatura que aparece en el informe] denuncia el ingreso de familias ajenas al territorio de la Comunidad El Cajón, quienes dan el respaldo para la exploración [petrolera] en el área de Astillero. Estos comuneros son de Bermejo y además le restringen a la defensora el ingreso a su comunidad”, dice el informe del Cedib.
Existen otros relatos desde Tariquía y todos tienen la misma línea: las víctimas se oponen a la incursión petrolera y sufren agresiones y amenazas por parte de personas que son ajenas a las comunidades de la reserva natural. “En fecha 18 de abril de 2022 la activista AC [abreviatura que aparece en el informe] viajó hasta Tariquía para verificar el estado de pobreza en el que se encontraban las cinco familias de la comunidad El Cajón que vienen protestando y que fueron despojadas de su territorio. Denuncia que no la dejaban salir y tampoco ingresar a la comunidad, la retuvieron como si estuviese secuestrada, los colonos interculturales la amenazaron con pincharle las llantas del vehículo si pasaba más allá”, dice el informe sobre otra de las víctimas.
Este caso se refiere a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), quien habló públicamente esta semana sobre los resultados del informe de Cedib. En abril de 2022, la activista narró que fue retenida contra su voluntad en el ingreso a Tariquía y tuvo que pedir ayuda para poder salir del lugar donde estaba. Carvajal es defensora del medio ambiente y se involucró en el apoyo a personas que sufren agresiones en el parque Madidi y en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Amenazada por sus propios vecinos
Ruth Alipaz Cuqui es lideresa indígena uchupiamona. Ella también hace parte de la base de datos del Cedib y dio públicamente su testimonio el 28 de abril, día de la presentación del informe. La defensora mantiene una férrea lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica Chepete – El Bala, un proyecto que, asegura, pondría en riesgo la vida en la cuenca amazónica del río Beni, donde desemboca el río Tuichi, y que podría desplazar a más de 5000 indígenas con la inundación de un territorio equivalente a siete veces la ciudad de La Paz. Además, este proyecto está en las puertas del parque Madidi.
Alipaz también protege su territorio de la minería presente en los ríos que recorren el Madidi. Y, precisamente, es por esa razón que asegura que recibió amenazas por parte de líderes campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales que sigue actualmente en el poder, por oponerse a la extracción de oro en el río Tuichi.
“En realidad el mensaje era que yo no podía hablar, que no debía hablar, no debía decir nada en contra del Gobierno [nacional] y que si lo estaba haciendo, me atuviera a las consecuencias. En el fondo era eso, es una manera de decirte qué puedes decir o qué puedes hacer o no hacer. Eso es triste porque así es como manejaron las empresas extractivas a los pueblos indígenas durante el gobierno de Evo Morales”, relata Alipaz.
Parabas de frente roja en el parque nacional Madidi. Los habitantes de la zona defienden su territorio y su fauna. Foto: Cristian Eugenio-Cedib.
La lideresa, que es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), lamenta también que existan personas que viven en su comunidad que están a favor de proyectos de infraestructura o extractivistas en la Amazonía boliviana. Alipaz dice que algunos de ellos incluso la agredieron por oponerse a la central hidroeléctrica Chepete – El Bala.
“No solamente me gritaron en plena asamblea, sino que también estuve a punto de que me golpearan. En esa ocasión vi la reacción de otras mujeres para ponerse de mi lado y defenderme”, dice Alipaz y añade que es víctima también del machismo por intentar defender el medio ambiente.
Mongabay Latam consultó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia sobre estos ataques a defensores de la naturaleza pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta. Quien sí se refirió al tema fue el senador Leonardo Loza del MAS y representante de los cocaleros de la provincia de Chapare. El legislador rechaza que haya agresiones a quienes defienden el medio ambiente y pide a las entidades correspondientes del Estado que realicen su trabajo para evitar ataques y amenazas. “Debe haber denuncias de las víctimas y no puede haber impunidad. Si se cometieron faltas pues deben ser castigados”, asegura.
Los agresores
En el informe del Cedib se hace un fuerte énfasis en los causantes de las agresiones. Según los datos, las personas que pertenecen a entidades del Estado son los principales perpetradores de los ataques con un 45 %. A eso hay que sumar personas, grupos y organizaciones de civiles que atacan a los defensores motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas extractivas. Este grupo representa el 29 % de los agresores. “Muchos de estos civiles forman parte, indirectamente, de la estructura de poder estatal”, asegura Miranda.
Existen 33 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca dentro del área protegida del Tipnis. Foto: El Deber
Por otro lado, un 16 % de los agresores son empresas, que en su mayoría son públicas y cooperativas, un 6 % de los perpetradores pertenecen a la Policía y las Fuerzas Armadas y, finalmente, un 4 % de los agresores se reúnen entre autoridades judiciales, municipios pequeños, gobiernos departamentales y civiles que no están de acuerdo con el bloqueo de proyectos extractivos.
Una de las conclusiones más preocupantes del análisis hecho por Cedib es que, en Bolivia, los ataques a defensores del medio ambiente están en aumento. Muchos callan por temor y pocos se animan a denunciar. Varias de las víctimas tuvieron que huir de sus comunidades porque las amenazas eran una constante. A pesar de la angustia, esperan que el Estado tome cartas en el asunto para no tener que seguir enfrentándose a barreras y ataques que buscan silenciar sus denuncias.
«Uno de los exponentes contemporáneos que ha asumido el camino inaugurado por la larga tradición crítica de la intelligentsia continental es Álvaro García Linera.
Según Razmig Keucheyan,3 la figura del exvicepresidente de Bolivia sería la de un intelectual dirigente, es decir, la de quienes son pensadores que ejercen funciones de dirección en partidos políticos o movimientos sociales que, además, han contribuido de manera significativa a las teorías críticas.4» (Tomás Torres López. Presentación. p. 15)
Descarga el libro completo en el siguiente enlace: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/04/La-politica-como-disputa.pdf
Fuente de la Información: CLACSO – Novedad Editorial
De acuerdo con el mandatario, Luis Arce, continuarán las labores en aras de impulsar el sistema de enseñanza del país.
El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, recalcó este miércoles que el sistema educativo es uno de los sectores priorizados durante su mandato presidencial, por lo cual una de sus metas de trabajo es la construcción de más centros educacionales y docentes con laboratorios y las herramientas necesarias para el crecimiento estudiantil.
En este sentido, el mandatario, Luis Arce, en conjunto con autoridades gubernamentales, inauguró esta jornada una nueva institución docente, “María Ayma”, localizada en el municipio boliviano de Puerto Villarroel, en Cochabamba
De acuerdo con el jefe de Estado boliviano en el centro recién inaugurado fueron instalados laboratorios que serán necesarios durante el desarrollo de materias como física, química, biología y geografía, entre otras áreas de enseñanza.
“La educación es prioridad para nuestro gobierno; invertimos 6.7 millones de bolivianos (938 mil dólares) para que nuestros estudiantes mejoren su formación; de aquí tienen que salir nuestros científicos y presidentes”, aseveró el ente.
Cabe destacar que hasta la fecha, en conmemoración al 37 aniversario del municipio boliviano El Alto, el gobierno de Luis Arce instaló numerosas unidades educativas en varias regiones de esta ciudad.
Así pues, el mandatario Luis Arce, puntualizó la satisfacción del gobierno al inaugurar estos centros educativos en la región, y recalcó su compromiso con el pueblo para potenciar el crecimiento y desarrollo educativo.
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