Chile

Chile / 25 de febrero de 2018 / Autor: Domingo Bazán Campos / Fuente: La Nación

Cada vez que asume un nuevo gobierno, uno de los momentos más esperados, desde un punto de vista político y noticioso, corresponde a la designación de quienes acompañarán al Presidente electo en su mandato. Es decir, su gabinete, su equipo de confianza, esos más de 20 ciudadanos que asumirán la responsabilidad de la administración de la nación y de poner en marcha el valorado Programa de Gobierno.

En este contexto, más allá de las expectativas en torno a qué partidos de la coalición gobernante se favorece, es relevante observar el cumplimiento de una mínima coherencia entre los valores del Presidente y lo trazado en el Programa de Gobierno, por un lado, con los perfiles, competencias y experiencias previas de los designados, por otro lado, para ejecutar esas “partituras políticas” y asumir como ministros de Estado. En el caso de Educación, la opinión pública está manifestando sorpresa y desazón, resaltando la aparente baja experiencia en el campo educativo de Gerardo Varela junto a una relativa distancia del flamante ministro en relación a un determinado perfil exigido para ocupar esta cartera.

¿Qué sentido y validez posee esta desazón por el nombramiento de un abogado y directivo empresarial en el Ministerio de Educación? Si miramos desde un enfoque crítico y social, no debería ser sorpresa esta reciente designación, pero si miramos desde cierta superficialidad periodística, de la novedad, las expectativas rotas y la frustración podrían entenderse. Revisemos algunos argumentos que están detrás de esta novel frustración de una parte de la opinión pública:

a) Dime con quién andas y te diré quién eres: Como hemos sugerido, los ministros son hombres de confianza de su Presidente. De ellos, se espera “unidad, diálogo y calidad”, en el fondo, lealtad al Mandatario y su programa. No tiene sentido esperar un ministro que no esté dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Los partidos que lo avalan han asegurado previamente que cada nombre sugerido cumpla estos principios. En este contexto, si las intenciones del nuevo gobernante refieren a desmontar distintas leyes asociadas a gratuidad, lucro e inclusión, qué mejor que un abogado para ello, máxime si públicamente el designado ya se refirió negativamente a estas transformaciones de la Nueva Mayoría. Si, por otro lado, se concibe a la educación como un bien de consumo más que como un derecho, qué mejor que un experto líder empresarial para resignificar lo avanzado y girar hacia categorías más economicistas de la educación y la sociedad. En todo esto hay estricta coherencia política, la mejor y más eficiente de las coherencias. Los sorprendidos con esta designación, sorprenden.

b) Pastelero a tus pasteles: Esta premisa -ya fuerte en las redes sociales- supone que las carteras ministeriales deben ser ocupadas por expertos en los temas propios de cada cartera. Así, un economista a Hacienda; un artista a Cultura; un abogado a Justicia; un médico a Salud, en fin. Aunque esto se diluye en otras carteras, como Vivienda y Defensa, por ejemplo, persiste la representación social que sostiene que los educadores saben más de educación que otros. Lamentablemente, nunca ha sido comprendido así por quienes detentan el poder (pocas veces, en rigor, si recordamos a M. Aylwin o E. Schiefelbein). Bien sabemos que si algo caracteriza a nuestra sociedad es la gran importancia que le asigna a la educación, pero no a los educadores. Esta contradicción se explica por la connotación social, cultural, política y económica que tiene el fenómeno llamado educación, lo que lleva a pensar que debe ser administrada por otros profesionales, mas no por profesores. Así, la expectativa de un profesor para el Ministerio de Educación es una ilusión que no correlaciona con los valores de la sociedad chilena, con su ethos cultural, más allá del gobierno de turno. Nuevamente, los sorprendidos deben sorprenderse de su sorpresa.

c) En casa del herrero, cuchillo de palo: Supongamos ahora que alguna epifanía (o iluminación pedagógica freiriana) hubiese orientado a Piñera a designar un profesor en Educación. La algarabía en el Colegio de Profesores no duraría medio día, pues, no podría tratarse de un pedagogo cualquiera sino de uno que enfatice la racionalidad de la política pública chilena, más preocupada de los rendimientos que de lo que ocurre en el corazón y la mentes de niños y niñas, más centrada en el currículum prescrito que en la vida en las aulas, más obsesionada de enseñar que de aprender, más cuidadosa de la eficiencia que de la eficacia de fines pedagógicos construidos participativamente, más satisfecha de la homogeneidad en la escuela que de la heterogeneidad. En consecuencia, un profesor que llegue a Ministro de Educación debe asegurar la continuidad de la racionalidad instrumental por sobre los procesos de formación crítica y de transformación social. Por algo sonaba fuerte para esta cartera la ex ministra y profesora M. Aylwin, es decir, más de lo mismo. Que un abogado sea Ministro de Educación, no es sorpresa; que un profesor sea Ministro es una sorpresa, pero menor (siempre y cuando sea tecnócrata, eficientista y tenga un posgrado en economía). La verdadera sorpresa sería nombrar un pedagogo (estudioso de la educación), con formación fuerte en torno al sistema escolar (administración educacional o políticas educativas) y, todo ello, desde un enfoque crítico y social (pedagogía y didáctica crítica).

De acuerdo a esto, la designación de un abogado-empresario en Educación representa un acto político de estricta coherencia, así como un potencial desacierto si se subvalora la expresión popular, gremial y juvenil que desencadena. En efecto, pocas sorpresas nos trae 2018, pues, podemos anticipar ya los cambios que esta cartera tendrá en su accionar, tampoco debe sorprender las tempranas expresiones de descontento de una parte de la sociedad que no cree en la educación como un negocio ni en su instrumentalización para profundizar un sistema opresor, competitivo e individualista. Nada es sorpresa, entonces.

Fuente del Artículo:

Un abogado a Educación: ¿desacierto o coherencia político-pedagógica?