Chile

Por: es.panampost.com/Andrea Kohen/ 28-03-2018

Tantos padres preocupados del mundo que quieren heredarle a sus hijos que se despreocuparon de pensar qué tipo de hijos le heredan al mundo

Cada año, en el mes de noviembre se rinden las pruebas de selección universitaria (PSU), las cuales registran cada año los niveles alcanzados por los alumnos que egresan de la educación secundaria con miras hacia la educación superior.

Esta prueba arroja resultados de conocimientos y aptitud frente a la resolución de problemas entre otra serie de habilidades que se despliegan en el test. Sin embargo, en el año 2017, los resultados obtenidos por la más reciente generación de estudiantes, fueron paupérrimos.

Baja comprensión lectora, aptitudes insuficientes en la resolución de problemas, etc. Al parecer con las marchas del movimiento estudiantil —en los últimos 6 años—  los educandos fueron menos a clases, de hecho en promedio tuvieron 8 meses menos de clases y se ha notado, pues los resultados PSU van en decadencia cada año.

El argumento contra el instrumento de medición da para otra temática, el asunto es que para saber quién tiene las competencias necesarias para cursar estudios superiores se aplica una prueba y en Chile ese es el método vigente les guste o no a muchos.

El punto es que un promedio de 8 meses menos de clases significa tener varias generaciones de estudiantes mediocres, con problemas para asimilar la realidad del mundo, pues al llegar en condiciones de bajo conocimiento previo y bajas capacidades para efectivamente estudiar y ser gestores de sus propios avances.

Las universidades han rebajado sus exigencias con el fin de no generar deserciones masivas sobre todo en estas generaciones hipersensibles con cero tolerancia a la frustración. (Los padres tienen mucho que ver en el desastre de sociedad que están heredando).

Tantos padres preocupados del mundo que quieren heredarle a sus hijos que se despreocuparon de pensar qué tipo de hijos le heredan al mundo.

Bajo rendimiento, pero que gracias al legado del gobierno socialista de Michelle Bachelet, ahora debe asumir el nuevo presidente Sebastián Piñera. Sí ese desafío de pagar estudios superiores a personas que respecto de sus pares de 6 generaciones atrás, están muy en desventaja.

¿Derecho o bien económico? La respuesta es simple. Si hay que costearlo de alguna manera, es bien económico, por más que los círculos progresistas deseen vehementemente que sea un derecho. Si fuera un derecho, ningún profesor podría cobrar su salario, pues sería igual de inmoral que cobrar por no matar al prójimo.

Sin embargo, los creyentes religiosos del igualitarismo y progresismo, instalaron la pseudo gratuidad en Chile para un porcentaje de estudiantes y ahora un país entero debe pagar por esa educación.

No es un derecho aunque otros países lo hayan asumido como tal. Lo que sí puede ser llamado derecho es el afán de ser educado y proporcionarse la organización y metodología para ser educado sin impedimento por parte de terceros, pero es equivalente a que puedo elegir un par de botas en una tienda de mi elección sin que nadie me obligue o me lo prohíba.

El hecho de que el Estado fuera capaz de montar una tienda alternativa para comprar botas no querría decir que existe una obligación de comprarlas ahí y siempre considerando que si me las dieran sin costo personal, alguien más ya ha pagado por las botas.

El nuevo ministro, Gerardo Varela, entonces debe adaptarse a una pésima legislación heredada, pero que le significará estar en constante negociación con grupos que se acostumbraron a marchar y no a producir.

En vez de concentrarse en mejorar sustancialmente la calidad a través de la sana competencia interinstitucional, con alza de estándares y metas realistas pero a nivel OCDE, tendrá el ministro que desgastarse en pensar cómo pagamos el despilfarro en un Chile que gracias a la gestión anterior, simplemente , dejó de crecer.

Destacó el ministro que uno de sus desafíos aparte de implementar leyes que han fracasado, es dignificar la tarea de los profesores. Difícil será cuando la vigente legislación, y me refiero a la ley de inclusión, limita a los proveedores del servicio a ser fieles a sus proyectos educativos y cortándole a los colegios públicos las alas a la hora de “educar” y “formar” más que sujetos con ciertos conocimientos en distintas asignaturas sino personas constructivas y útiles a la sociedad que en su legítima búsqueda de la felicidad personal, sepan crear bonanza en todas las áreas posibles.

Mencionado en columnas anteriores, el rol del profesor se limita hoy al de un guardador diurno cuya misión es intentar impartir conocimientos a personas que no tienen muchos incentivos para querer recibirlos, en condiciones adversas en las que los pocos que están comprometidos con su educación deben compartir el espacio con quienes no, en un hacinamiento incomprensible digno de países llamados antiguamente “tercermundistas”.

Difícil tarea la del ministro, tener que generar las condiciones para una educación de calidad en un país que fue cercenado legislativamente por personas que difícilmente conocen el aula y sus desafíos, que poco se relacionan con los profesores y mucho menos entienden la disposición del alumnado actual, incluyendo la actitud poco colaboracionista de muchos tutores (padres y apoderados)

El reto de la educación se supera al perder el miedo a hablar de calidad y sí, dentro de las posibilidades económicas del país. Se supera hablando de libertad de proyectos educativos, se supera cuando el Estado retrocede sin miedo porque no busca adoctrinar sino solo proveer una alternativa costeable para los más pobres como un aliado a lo que el individuo en el mundo privado es más que capaz de hacer.

El desafío es hacerse cargo sin complejos de generar espacios diversos donde efectivamente pueda existir  “educación” por lo tanto la palabra que debiera sustentar la gestión educacional en el gobierno de Sebastián Piñera, no es gratuidad, sino CALIDAD.

*Fuente: https://es.panampost.com/andrea-kohen/2018/03/28/el-desafio-de-chile-en-educacion/