Por: Leonardo Fabio Martínez Pérez.

La movilización social en defensa de la educación pública, realizada por amplios sectores de la sociedad colombiana y especialmente protagonizada por los universitarios en el reciente paro estudiantil que duró más de 3 meses, no solo puso de presente la crisis de financiación que enfrentan las instituciones de educación superior públicas, sino también propuso en la agenda social el debate sobre la importancia y el papel de la educación en Colombia.

La educación volvió a estar en el centro de la opinión pública y el respaldo de los colombianos fue contundente al valorar que este proceso formativo es esencial para el desarrollo integral humano y que constituye la posibilidad de acceso a las ciencias, la cultura y los distintos campos del conocimiento humano, y a su vez la oportunidad de mejorar el bienestar de las personas.

Nuevamente surge un cuestionamiento frente al papel de la educación, ahora suscitado por el proyecto de ley 312 de 2019, radicado por un representante a la Cámara, mediante el cual se pretenden establecer prohibiciones al ejercicio de la docencia del profesorado colombiano. Como ha sido alertado por distintos sectores, este intento violaría lo previsto en el artículo 27 de nuestra Constitución Política que garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Sin embargo, más allá de esta implicación jurídica que, a todas luces, es altamente preocupante, el citado proyecto estaría en contravía de lo que significa, per se, la educación.

Analicemos detenidamente el proyecto de ley 312 para establecer un punto de vista consistente. El objetivo del proyecto consiste en instituir prohibiciones comportamentales a docentes y directivos de las instituciones educativas del territorio nacional con el fin de preservar el orden legal, los derechos fundamentales, los valores humanos y la ética. De aprobarse este proyecto, los docentes y directivos que actúan en la educación preescolar, básica y media no podrían “realizar proselitismo político dentro de los planteles educativos” o usar asignaturas no relacionadas con las ciencias sociales para incitar discusiones políticas. No es conveniente justificar un proyecto en la presunción de la violación de la ley por parte de los docentes y directivos pues, efectivamente, desde el punto de vista jurídico y ético, estos actores no deben realizar proselitismo político; a todas luces, el ejercicio docente implica una responsabilidad ética y un compromiso social con la formación integral de los educandos que se aleja en sí misma de influenciar al estudiantado para apoyar alguna perspectiva ideológica. Bajo el argumento legítimo de proteger el libre desarrollo de los niños y su derecho a la libertad de aprendizaje, equivocadamente se juzga que es imposible usar asignaturas distintas a las ciencias sociales para incitar discusiones políticas, estableciendo una censura académica al papel que tienen las distintas áreas del conocimiento en la formación política de los estudiantes.

Prohibir la reflexión académica desde de otras asignaturas como las ciencias de la naturaleza, las matemáticas, el lenguaje, entre otras, para no incitar discusiones políticas es un contrasentido para la educación misma, pues estas áreas del conocimiento también poseen un alto contenido formativo en materia política, como ha sido reportado por innumerables estudios.

Los maestros y educadores que nos dedicamos a la formación en ciencias de la naturaleza sabemos que el conocimiento científico y tecnológico tiene unos efectos sociales, económicos y políticos que se deben analizar rigurosamente para que nuestros estudiantes fundamenten su formación ciudadana de manera amplia y crítica, de tal manera que cuenten con las herramientas conceptuales y metodológicas para participar activamente en la vida social.

Por ejemplo, cuando estudiamos el tema de hidrocarburos, no solo debemos entender su disposición en la naturaleza, sus propiedades y estructuras químicas, sino también analizar su importancia social, los procesos de explotación y los usos sociales que, en su mayoría, están asociados a la generación de energía a partir de la mezcla de hidrocarburos más famosa que conocemos en el mundo y que denominamos petróleo; al estudiar este tema no solo debemos comprenderlo científicamente, sino considerar simultáneamente que esta mezcla de sustancias orgánicas representa el componente central de la matriz energética del mundo y que produce serias implicaciones ambientales en la generación de dióxido de carbono, una de las sustancias responsables del calentamiento global que afecta el clima en el planeta y que puede generar riesgo para la vida de las distintas especies que lo habitamos.

La educación es un proceso formativo que implica una dimensión política, pues éticamente un profesor debe preguntarse para qué y por qué educa. Así, cuando el profesor enseña un tema particular de su especialidad debe comprender que está comprometido con un ejercicio complejo que implica abarcar los múltiples factores implicados en dicho tema. La misión del maestro no debe reducirse a un ejercicio meramente técnico e instrumental en el sentido de transmitir unos contenidos sin sentido e importancia social; por lo contrario, la educación constituye la forma de entender realidades y forjar transformaciones sociales y culturales.

Como diría Paulo Freire: “Y no se diga que, si soy profesor de Biología, no puedo me extender en otras consideraciones, que debo apenas enseñar Biología, como si el fenómeno de lo vivo pudiera ser entendido por fuera de las tramas histórico-sociales, culturales y políticas. Como si la vida, la pura vida pudiera ser vivida de manera igual en todas sus dimensiones en los barrios populares, en los estrechos lugares donde vive mucha gente pobre o en una zona feliz de los ‘jardines’ de São Paulo. Si soy profesor de Biología, obviamente, debo enseñar Biología, pero al hacerlo no puedo desarticularla de aquella trama”.

Aprobar un proyecto altamente punitivo para los docentes y directivos que se atrevan a incitar discusiones políticas en sus clases, constituye un peligro para el ejercicio profesional del profesor y para la misma construcción de una cultura política democrática, que con responsabilidad ética debe propiciarse en las instituciones de educación básica primaria y media. Al contrario de esta pretensión, debemos fortalecer la formación política como baluarte de la educación.

Fuente del artículo: https://www.elespectador.com/opinion/limitar-la-catedra-contrasentido-de-la-educacion-columna-842537