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El Plan Decenal y la política pública en educación

Por: Julián de Zuburía

“El país acaba de conocer la versión final del tercer Plan Decenal de Educación para el periodo 2017-2026. Ésta es la oportunidad de oro para construir la política pública en educación de la cual hemos carecido”.

En Colombia no existe política pública en educación. Cada ministro llega, creyendo que con él se inicia la historia, debido a lo cual vuelve a pensar qué hacer. Para completar, en la mayoría de casos, los ministros del ramo desconocen por completo los fundamentos de la pedagogía. Es muy frecuente que lleguen economistas a intentar resolver problemas vinculados con la formación, la movilidad social y la equidad. Por ello, suelen durar sus dos primeros años aprendiendo de un tema que les resulta esencialmente desconocido, en una de las “maestrías” más costosas que podría conocer un país. Peor aún, la mayoría de ellos es reemplazado antes de que culmine y apruebe dicho curso.

Al mismo tiempo, no solemos contar con evaluaciones rigurosas de los programas. Así, ¿cómo podría ser posible hacer los ajustes necesarios para cualificar las políticas? El problema es tan marcado que aún durante un mismo gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, existieron claramente dos políticas educativas: en su primer periodo –y una vez fue retirada la propuesta de incluir el ánimo de lucro en la educación superior–, el énfasis estuvo en un programa muy trascendente en la vida nacional y muy querido por los profesores: Todos a Aprender, conocido por sus siglas como “PTA”, el cual muy acertadamente recurrió a sistemas de formación in situ para atender los problemas de calidad y equidad de cuatro mil escuelas rurales, históricamente abandonadas. Pero una vez llegó la ministra Gina Parody, la política educativa dio un giro de 180 grados y, sin que mediara una sola reunión con la comunidad pedagógica, decidió invertir la mayor parte de los recursos de la educación superior en el 2% de los egresados de la educación media. De esta manera, creó el muy publicitado programa de Ser Pilo Paga, pero el cual cada vez encuentra mayor resistencia en los escenarios académicos y en las calles del país.

Construir una política pública de largo aliento es una condición para que la educación supere los problemas estructurales que la aquejan de tiempo atrás. Necesitamos una carta de navegación que nos asegure que tenemos claras las metas hacia las cuales marchamos como sociedad. El país acaba de lanzar su tercer Plan Decenal de Educación y esta es su oportunidad de oro para hacerlo.

Los dos planes anteriores tuvieron un impacto casi nulo en la política pública, ya que no fueron asumidos por el país como política de Estado, ni fueron incorporados en el plan de desarrollo nacional ni en los planes regionales. Faltó el respaldo político y presupuestal para garantizar que las metas se alcanzaran. En contra de lo que hemos oído tantas veces en los medios masivos de comunicación, la inversión en educación no ha aumentado en los últimos veinte años y sigue siendo cercana al 4,5% del PIB. Ni ayer ni hoy la educación ha sido una prioridad.

El país tiene que aprender de su historia y garantizar que no volvamos a fracasar. El Plan Decenal debe ser asumido por el país político, social, cultural y económico. La explicación es muy sencilla: la educación tiene que ver con todas las esferas de la vida humana. Si la educación es de muy baja calidad, como sigue siendo en Colombia, no podremos consolidar la democracia y se seguirá deteriorando la creatividad, la productividad, las competencias ciudadanas y el tejido social. Si la educación pública sigue rezagada en calidad, como tristemente sigue pasando en el país, entonces nuestro sistema educativo no logrará fortalecer la movilidad social y disminuir la inequidad social.

El tercer Plan Decenal es un documento pensado para que la educación contribuya a consolidar la paz, para orientar la estructuración de un sistema que ha estado por completo fragmentado en secciones y niveles y para seguir ampliando el derecho a la educación, con especial énfasis en el nivel rural, ya que mantenemos una deuda histórica con los niños y jóvenes campesinos. De allí el nombre que le dio la Comisión Académica: Un Acuerdo Nacional para construir Paz y Nación desde la Educación.

Tras un año de reuniones intensas, las Comisiones Académicas y Gestora han elaborado un documento profundo, sintético y jerárquico, el cual establece los diez desafíos para la educación en la próxima década. Para llegar allí, las comisiones partieron de una muy amplia consulta nacional, la cual permitió caracterizar los sueños que tienen los colombianos sobre su educación. Sin duda, el documento final señala los principales desafíos para la educación colombiana, los cuales se relacionan, entre otros, con la necesidad de ampliar el derecho a una educación de calidad, con crear las condiciones para la construcción de un sistema educativo articulado y con las que se requieren para transformar el modelo y el currículo tradicional que ha dominado la educación hasta el momento. Para lograrlo, se exige una política de formación de educadores, de la cual hemos carecido hasta el momento.

El tercer Plan Decenal acertó en los retos establecidos. Sin embargo, la tarea que le queda a la sociedad es inmensa: Hay que garantizar que éste no sea un documento más. Para ello es imprescindible que el país se apropie de dichos desafíos. Necesitamos que los empresarios, los medios de comunicación, la clase política, los padres de familia y los maestros y estudiantes, entre otros, entendamos que el Plan le pertenece a la sociedad civil y que es ella quien debe garantizar su cumplimiento.

Necesitamos asegurar que la inversión en ciencia, investigación y educación se convierta en una verdadera prioridad nacional y no en un slogan publicitario con fines electorales, como ha sucedido durante el presente gobierno.  El país debe seguir vigilante de esas decisiones y por ello tienen la razón los estudiantes que se han declarado en alerta hasta que se decida el presupuesto definitivo para el año 2018, porque el que inicialmente presentó el gobierno recortaba la inversión en ciencia, investigación, cultura y deporte y solo aumentaba significativamente los gastos militares y los de la presidencia. Ese no puede ser el presupuesto para consolidar la paz, pues su defensa es inseparable de la de la educación, la ciencia, el campo y la cultura.

Destruir un país es muy fácil: basta con mantener baja la calidad de la educación que reciben sus habitantes. Así dice un letrero al ingresar a una universidad en Sudáfrica. Y pareciera que es lo que estamos haciendo en Colombia. En un país que mantiene baja la calidad de su educación, los ingenieros que egresan del sistema, verán que sus puentes se caen. En un país que destruye su educación pública será más fácil que los economistas y contadores se presten para que las empresas evadan impuestos y se disminuyan los recursos para la salud y la educación. En un país que no garantice el derecho a una educación de calidad, se graduarán abogados que creerán que el derecho no tiene nada que ver con la ética, y por ello, serán presa fácil de la corrupción.

Por lo anterior, es imprescindible un acuerdo nacional para fortalecer el derecho a una educación de calidad. Un acuerdo en el que estén presentes el sector empresarial, la clase política, la cultura, los jóvenes, los medios masivos de comunicación y la sociedad como un todo. Al fin y al cabo, a todos nos compete mejorar el derecho y la calidad de la educación. Por ello, el eje del acuerdo será fortalecer la inversión y trabajar conjuntamente para garantizar la mejora de la calidad de la educación. El Plan Decenal es la oportunidad para construir dicho acuerdo, pero su materialización dependerá de la sociedad civil como un todo.

La educación –decía Oppenheimer– es demasiado importante como para dejársela a los políticos”. Hasta ahora, en Colombia, los políticos han decidido qué hacer en educación. Por eso estamos como estamos. Le llegó el momento a la sociedad civil de actuar como interlocutor activo y participante de la política pública en educación

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/plan-decenal-de-educacion-en-colombia/544074

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En Colombia, Pereira: el déficit de la educación pública está creciendo anualmente

Como ocurrió con la salud hasta llegar a la crisis actual, la educación superior pública está sufriendo un desbalance en el presupuesto anual que mantiene preocupados a los rectores de toda Colombia.

América del Sur/Colombia/ Caracol.com.co

De cinco a seis puntos porcentuales de diferencia entre lo que se asigna y lo que se gasta en las universidades públicas del país es la causa de su crisis financiera, advierte el presidente del sistema universitario estatal y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

«No pueden desconocerse aquí, las necesidades presupuestales que surgen de la evolución de nuestras universidades y la significativa ampliación de cobertura y oferta de programas, pues ello genera una mayor demanda de docentes y personal administrativo, recursos para dotación de aulas, laboratorios especializados, bibliotecas, auditorios, áreas deportivas, entre otros…Para atender las metas del sector y las brechas de calidad, se han estimado en $1,4 billones en funcionamiento y $13 billones en inversión», indicó el comunicado del SUE.

Según lo argumentó Gaviria, entre los aspectos que más presionan el presupuesto, se encuentra el sistema de remuneración establecido para los docentes de las universidades públicas, incrementando la nómina docente en más de tres puntos porcentuales (3%) por encima del IPC.

Finalizó el comunicado del Sistema Universitario estatal explicando que las peticiones se basan en «que se garanticen los recursos que fueron incluidos en la Reforma Tributaria para Educación Superior Pública, esto es el 40% del medio punto del IVA establecido en el artículo 184 y el 0,4 asignado originalmente a las IES Públicas de los recursos CREE, hoy Impuesto sobre la Renta y Complementarios definido en el artículo 243. Los recursos del IVA citados se estimaban $400.000 millones anuales para las universidades públicas y nos otorgaron $160.000 en la presente vigencia. Y de los recursos del CREE, la destinación que correspondía a las universidades públicas para esta vigencia era de $326.788 millones y nos otorgaron $161.00

Fuente: http://caracol.com.co/emisora/2017/10/17/pereira/1508238234_964126.html

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Colombia: «No queremos una masacre laboral»

Colombia/Octubre de 2017/Fuente: El Universal

Cerca de 30 vigilantes de los colegios oficiales de Cartagena, afiliados al sindicato Suntrasevieacol, protestaron ayer en la mañana en los bajos de la Alcaldía, asegurando que no quieren más despidos masivos.

Esto, a raíz de las declaraciones entregadas en días pasados por el secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, quien señaló que la vigilancia, la alimentación y el transporte escolar son algunos contratos que se reformarían el próximo año para reducir gastos y tener más recursos disponibles para invertir en otras áreas.

“Le estamos reclamando a la administración porque no queremos una masacre laboral. Todos los años hacen lo mismo recortando el presupuesto y los más afectados somos los vigilantes. Por eso estamos organizados y vamos a luchar por nuestros derechos. El año pasado dejaron sin trabajo a más de 500 compañeros, no queremos que en 2018 se repita la historia”, sostuvo el presidente del sindicato, John Narváez.

Según los protestantes, son 1.200 vigilantes los que velan por la seguridad de más de 125 colegios públicos. Todos, contratados por la empresa Oncor Ltda., están con mucha incertidumbre por no saber qué va a pasar el próximo año con sus empleos. “Nadie está de acuerdo con el recorte que anunciaron, por eso estamos en el plantón, por eso estamos en pie de lucha. Lo último que nos dieron fue una prórroga hasta el 1 de noviembre, no queremos que ningún vigilante en diciembre esté sin trabajo”, añadió Hernán González, de 60 años  y quien presta sus servicios en el colegio Marco Fidel Suárez del barrio Santa María.

El Sudeb también se pronunció

El Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb) también rechazó las declaraciones del secretario Hernández, sobre todo por el anuncio del recorte en la alimentación escolar.

“En muy poco tiempo Hernández ha demostrado que no tiene la experiencia para dirigir la maltratada educación distrital (…) va a recortar los ya recortados dineros que, según su propia denuncia, están en déficit. Se nota que el doctor no hace mercado y solo se transporta en carros oficiales porque no paga gasolina”, dijo Medardo Hernández, presidente del Sudeb.

Fuente: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/no-queremos-una-masacre-laboral-264364

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Cooperación genuina, Nicaragua, educación universitaria, extensión

Peama: ¡qué buen programa!

Por: Ignacio Mantilla

Peama es la sigla con la que se abrevia el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica de la Universidad Nacional. Aun cuando no es muy conocido entre los colombianos, porque no puede competir en publicidad ni en costos con otros, como el programa Ser Pilo Paga, presentado como la panacea de la educación universitaria (con desbordada publicidad y reconocimiento a la aparente “creatividad”), el programa Peama cumple diez años de su silenciosa y exitosa puesta en marcha.

Fue creado por el Consejo Superior Universitario para responder a la demanda de educación superior de los habitantes de los territorios fronterizos de Colombia: Amazonia, Orinoquia, San Andrés y Tumaco.

Desde que se implementó por primera vez en Arauca y hasta el día de hoy, el Peama ha tenido diversas modificaciones y ajustes en su metodología para garantizar el éxito de su funcionamiento, pero mantiene intacto su propósito de garantizar que aspectos como el lugar de procedencia, la fragmentación geográfica, la falta de recursos económicos o las falencias iniciales en el proceso de formación educativa no sean un impedimento para acceder a educación superior de calidad. Hasta el día de hoy, cerca de 3.000 jóvenes colombianos se han podido matricular en una carrera de la Universidad Nacional mediante esta estrategia.

Los jóvenes que inician su proceso de ingreso a la Universidad Nacional mediante el Peama presentan el mismo examen de admisión que el resto de los aspirantes, pero sus posibilidades de ingreso son distintas, ya que compiten por los cupos únicamente con los demás aspirantes del Peama provenientes de esa región. Desde antes de la admisión, cada aspirante selecciona la carrera y una sede principal donde quiere cursar y culminar sus estudios, es decir, elige entre las sedes que tienen sus campus ubicados en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. La oferta de carreras para su escogencia es abundante y puede llegar a 70 programas de las cuatro sedes.

Luego de ser admitidos, los estudiantes del Peama reciben cursos de refuerzo en matemáticas, inglés y lectoescritura, lo que no sucede en otras instituciones.

El primer semestre formal de sus estudios comienza con la oferta de asignaturas comunes en los ciclos básicos de la mayoría de las diferentes carreras, como matemáticas o humanidades. Estos primeros cursos están a cargo de profesores de planta de la Universidad Nacional, algunos de los cuales viajan desde las sedes principales para impartir sus clases en la respectiva sede de frontera. Esta misma metodología se desarrolla hasta el cuarto semestre.

En la siguiente etapa del programa, el estudiante viaja a la sede andina y continúa sus estudios con el acompañamiento del Sistema de Bienestar Universitario, una apuesta vital para que el estudiante no fracase en su adaptación a la ciudad y a la vida universitaria.

Y en la última etapa, cuando el estudiante está culminando sus estudios, se busca que regrese a su sede de presencia nacional a desarrollar su trabajo de grado sobre temas de interés para su región. Sin duda, este último aspecto es también uno de los más importantes del programa, pues está ligado directamente con el desarrollo del conocimiento de la realidad del territorio nacional. Una tarea encomendada desde la fundación de la Universidad Nacional hace 150 años. Es así como el Peama, a diferencia de otros programas, no busca solamente el bienestar y el crecimiento individual, sino que fomenta la construcción colectiva de país y promueve la equidad social.

Pensemos en la sede de Tumaco, que desde el año 2015 ha venido ofreciendo el Peama. Desde su apertura hasta hoy, 335 jóvenes se han matriculado en la Universidad Nacional gracias a este programa, en una zona en la cual no existe otra alternativa de educación superior de calidad y que está atravesada por una fuerte conflictividad social y económica.

Me causó un gran impacto saber que 2.117 aspirantes de Tumaco y municipios cercanos del Pacífico colombiano presentaron el examen de admisión el pasado mes de septiembre y compitieron por los 200 nuevos cupos que ofreció la Universidad Nacional en el programa Peama. Si a estos se suman los aspirantes regulares y de otros programas de admisión especial, la cifra de Tumaco alcanza los 3.080 aspirantes.

Estoy convencido de que la juventud del Pacífico colombiano está ávida de educación. Si queremos conseguir una paz real, sostenible y duradera en esta región, no podemos desatender la señal de esta clara necesidad. La paz, como la educación, cuesta, pero menos que la guerra y la ignorancia.

A nivel nacional, el número de cupos para los estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional a través del programa Peama ha venido aumentando considerablemente, pasando de 70 en 2008 a 580 en 2017. Al mismo tiempo, en las regiones de influencia de las sedes de frontera de la Universidad, este programa ha tenido una gran resonancia entre los más humildes pobladores y hemos pasado de tener 253 aspirantes en el primer año de implementación a 4.025 en el primer período de 2017.

Hay un factor relevante para el ingreso y es que, en estas zonas en las cuales las familias no pueden destinar parte de sus menguadas entradas económicas para cubrir los derechos de admisión a la Universidad Nacional, hemos establecido que los aspirantes que cumplan con las condiciones para inscribirse a través del Peama, y al mismo tiempo a otros programas de admisión especial que ofrece la Universidad para comunidades indígenas, afrocolombianas o los mejores bachilleres de municipios pobres, pueden tener la inscripción gratuita. La mayoría de los admitidos pagan durante sus estudios una matrícula de $70.000 semestrales.

La semana pasada recibí, directamente del ministro de Hacienda, la grata noticia de que el Gobierno Nacional ha destinado $2.000 millones para apoyar el Peama. Creo que finalmente empieza a tener el reconocimiento que merece este esfuerzo de la Universidad para que nuestros repilos de las fronteras tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad en la mejor universidad colombiana: la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.

Fuente: https://www.elespectador.com/opinion/peama-que-buen-programa-columna-718059

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Se reducirán gastos para la educación en Colombia

Colombia/19 octubre 2017/Fuente: Diario del Sur

En el 2018 la Secretaría de Educación estaría realizando cambios en varios de los contratos que se tienen para la educación del país con el fin de reducir gastos y tener mayores recursos para invertir en otras áreas.

 Así lo expresó, Jaime Hernández Amín, secretario de Educación, señalando que: “la meta es mejorar los resultados con el uso más eficiente de los recursos que tenemos” y que muchos de los contratos actuales pueden costra menos pero manteniendo la calidad y buen servicio ejemplo de esto el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el que se invierte cerca de $40 mil millones anuales.

“La responsabilidad pública no es alimentar a los niños sino aportar a su nutrición, les estamos dando desayuno, merienda y almuerzo (…); el porcentaje de aporte nutricional debería ser distinto porque no se trata de suplir completamente la nutrición de los estudiantes, ese principio debería cambiar la oferta y los costos”  Hernández Amín.

Se evaluará la posibilidad de reducir los vigilantes de los colegios y así mismo invertir en cámaras y alarmas de seguridad que realizarían la misma función. Por el momento el secretario de Educación no tiene la cifra exacta a reducir en gastos pues no se sabe en qué se podrá invertir.

Fuente: http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/se-reduciran-gastos-para-la-educacion-en-colombia-359552

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Colombia: Las universidades de Cali son la ‘cuna’ del emprendimiento, estos ‘pilos’ lo comprueban

Colombia / www.elpais.com.co / 18 de Octubre de 2017

Innovación. Esa es la premisa con la que las universidades de Cali impulsan a sus estudiantes para generar proyectos, estrategias y conceptos que ayuden a diferentes comunidades.

Desde las áreas de administración de empresas, comunicación social e ingeniería, destacados universitarios y docentes realizan aportes a niños en situación de discapacidad, mujeres víctimas de violencia y a empresas que buscan brindar mejores condiciones a sus colaboradores.

Contra la violencia de género
Uno de esos proyectos es en el que participó Víctor Wagner, estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas de la Universidad Icesi.

Él, junto con un grupo de estudiantes de otros países y diferentes profesiones, viajó a Irapuato, en México, para participar en una campaña que pretende atacar uno de los flagelos que más golpea a esa ciudad: la violencia de género.

A través de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Administrativas y Económicas, los jóvenes convocados desarrollaron una ambiciosa campaña de mercadeo en conjunto con el Instituto de las Mujeres Irapuatenses, Inmira, para invitar a las víctimas de violencia a que denuncien y generar conciencia sobre que el maltrato en ningún caso es válido.

“Hicimos una mini serie de cinco capítulos en los que resaltamos el trabajo del ‘violentómetro’, un instrumento descriptivo que utiliza el gobierno mexicano para medir los rangos de la violencia. El fin era mostrarles a las mujeres que no están solas, que tienen al Instituto Inmira, que se pueden empoderar para no depender en ninguna forma de sus esposos”, comenta Víctor.

Fue tal la acogida de la campaña que recibieron el reconocimiento de la Presidencia Municipal de Irapuato y el escudo de armas de la ciudad por haber ayudado a la comunidad.

El trabajo, dice Víctor, les permitió entender la importancia de combatir la violencia de género, presente alrededor del mundo.

Haciendo la diferencia

Motivado por la convocatoria del OpenLab de Hamburgo, Alemania, y por su trabajo con niños sordomudos, el ingeniero mecánico, docente y miembro del FabLab de la Universidad Autónoma de Occidente, Óscar Campo, tuvo la idea de desarrollar Educación STEM para niños ciegos en países en desarrollo.

STEM es el acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este se suma a la metodología propuesta por Campo que les permite a los niños en situación de discapacidad adquirir habilidades y destrezas, reducir su dependencia de los acudientes o padres y desarrollar tareas cotidianas sin ayuda, aumentar su autoestima y capacidad comunicativa, y resolver problemas comunes de forma creativa.

‘Touch & Learn’ (Toca y Aprende) es el nombre de la idea que participará en el reto ‘Make a difference’ de fabricación digital en 3D, realizado por el OpenLab.

“Fue elegida entre los nueve finalistas dentro de los 176 proyectos que se presentaron. Ganamos el premio de viajar a Hamburgo en noviembre a un taller para presentarla y salir favorecidos con el premio del primer lugar que permitirá adquirir máquinas y apoyo económico para desarrollar el proyecto”, explica Campo.

“Este proyecto es una oportunidad para conocer, explorar, aprender y abrir un mundo de nuevas posibilidades para los niños”, sostiene el docente, al tiempo que asegura que esta iniciativa aumentará la visibilidad de los FabLabs.

Una experiencia de conexión

Stella Hurtado fue una de las integrantes del grupo convocado por la Asociación de Estudiantes de Ciencias Administrativas y Económicas. Sin embargo, ella es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente y cursa actualmente séptimo semestre.

Cuenta que absolutamente todas las etapas de la campaña para el Instituto Inmira, que recibió un reconocimiento especial por el impacto en la comunidad, fueron construidas en conjunto por los integrantes del grupo.

Desde su experiencia en la universidad, Stella trabajó en la edición de imágenes de la página web, generando ideas para productos, en los planos de la mini serie y en la edición de contenidos.

Su participación en esta estrategia que planteaba contribuir a la reducción de los índices de violencia que se presentan en Irapuato y en el territorio nacional mexicano, la llevó a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la lucha contra el problema.

“(La experiencia) Me conectó, porque en el lugar en el que estábamos era una ciudad intermedia y ahí es muy evidente la violencia de género. Conocimos muchos casos de mujeres abusadas y eso hizo que me pusiera en los zapatos del otro. Pensar en que esa realidad, que por mis condiciones sociales no está tan cercana a mí, pero que pasa acá todos los días, me hizo comprender más la violencia. Me hizo entender que yo también puedo ser

Un mobiliario diferente y funcional

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Quedarse parado o sentado en el suelo buscando una forma de descansar mientras espera en empresas, lugares públicos como aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, universidades u hospitales ya no será un problema.

Ese fue el objetivo bajo el que un grupo de profesionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali desarrolló un sistema de módulos para mobiliario que se interconectan y son apilables, y que fue patentado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El sistema cuenta con diferentes módulos plásticos que se pueden conectar entre sí para crear espacios de descanso, estudio, trabajo o para compartir en grupo, son completamente adaptables, dinámicos y permite crear nuevas configuraciones sin necesidad de herramientas adicionales.

Además, tienen una superficie que se puede rayar, lo que permite escribir sobre estos, explicó el profesor Juan Pablo García, director del Programa de Innovación por Diseño, ME310.

El mobiliario fue desarrollado en el marco del curso de innovación por diseño ME310 por el profesor Juan Pablo García, Juan Pablo Castaño, egresado de Ingeniería Industrial, José Luis Ariza, egresado de Ingeniería Electrónica, Juliana Negrete, egresada de Diseño de Comunicación Visual, y Juan José Orrego, egresado de Ingeniería Electrónica, quienes en su momento eran estudiantes. Además, se trabajó en alianza con el Instituto Tecnológico de la India.

Fuente: http://www.elpais.com.co/familia/las-universidades-de-cali-son-la-cuna-del-emprendimiento-estos-pilos-lo-comprueban.html

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Colombia: «Convocamos a movilizarnos el 23 de octubre en la jornada de indignación»

Por: Rebelion

Comunicado de la opinión pública

Las comunidades y las organizaciones sociales, Mesa Regional de organizaciones sociales (MEROS), la COCCAM, Juntas de Acción Comunal (J.A.C.), las comunidades afrodescendientes y el pueblo indígena NASA del departamento del Putumayo, Piamonte (Cauca) y el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos (Ipiales – Nariño) informan a la opinión pública lo siguiente:

En el marco de la implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y Duradera” y el Acuerdo Regional firmado el 26 de julio de 2017 en la región con las organizaciones antes mencionadas, quienes estamos de manera decidida apoyando el proceso paz en búsqueda del cambio social y político para mejorar la calidad de vida de las comunidades en la región y en el país, manifestamos las inconformidades e indignación debido a la falta de voluntad política del Gobierno Nacional y la lentitud para avanzar en la implementación de todos los puntos establecidos en el Acuerdo Final.

Además, en medio de esta crisis por la cual atraviesa el proceso de paz, el Gobierno Nacional insiste en dar continuidad a la nefasta política antidrogas; fumigaciones, erradicaciones forzosas, extinción de dominio sobre sus bienes y judicializaciones violando la presunción de inocencia de los campesinos cultivadores de la hoja de coca, pasando por encima de la voluntad expresa de las comunidades en sustituir voluntariamente sus cultivos de uso ilícito acogiéndose al punto 1 y 4 del Acuerdo Final, acciones que generan alto grado de vulnerabilidad de los derechos humanos de campesinos, indígenas y afrodescendientes quienes aspiramos vivir dignamente en nuestros territorios.

Por tanto rechazamos:

  1. La masacre de campesinos, indígenas y afrodescendientes cocaleros perpetuada el pasado 5 de octubre en Tumaco departamento de Nariño, que dejó como resultado la pérdida de vidas humanas y heridos, asesinatos contra líderes y lideresas que exigen sus derechos como el caso de la comunicadora social indígena y reclamante de tierra de Coconúco departamento del Cauca, el compañero de Guaviare, entre otros casos que se vienen presentado en el país; lo que genera indignación y repudio en la región andinoamazónica.
  2. Las pretensiones de Gobierno Nacional a través del proyecto de ley que presentó, donde modifica la ley 160 de 1994, que busca entregar las tierras a grandes terratenientes y multinacionales para la explotación minero energética, contradiciendo el espíritu de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
  3. El proyecto de ley del tratamiento penal diferencial presentado por el Gobierno Nacional que va en contravía de la esencia de lo acordado en el punto 4 del Acuerdo Final, que judicializará a campesinos cultivadores de coca aplicando la extinción de dominio.

Exigimos:

  1. Avanzar de manera inmediata y efectiva con la implementación de todos los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
  2. Frenar las acciones de erradicación, fumigación y vulneración de los derechos humanos en todos los territorios y la eficaz implementación del punto 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz y de las rutas y cronogramas acordadas en la región.
  3. Pleno cumplimiento en la implementación de garantías de seguridad, protección a la labor de las comunidades, líderes y lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos en los territorios donde se está implementando el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) tal como lo establece el Acuerdo Final de Paz, para evitar más desplazamientos forzosos y situaciones originadoras de conflictos en la vulneración de derechos humanos que se están presentando.
  4. Articulación oportuna y eficaz en la formulación de los PISDA y los PDET y su implementación inmediata en los territorios.
  5. Proyección de la ley de tratamiento penal diferencial y la reglamentación de la ley de tierras en el marco de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.
  6. La garantía de no repetición de los hechos de violencia y violación de derechos humanos ocurridos en Nariño, Cauca y Guaviare, en ninguna parte del país.
  7. Respeto al ejercicio pleno de los derechos de la libre expresión, asociación y movilización de las comunidades, tal como lo manifiesta los tratados y acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos humanos y el respeto por la constitución política.
  8. Garantizar la totalidad de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las familias que ingresan al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
  9. La continuidad de los diálogos y el cese al fuego bilateral entre Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
  10. Solución inmediata a los puntos anteriormente expuestos, expresamos a Gobierno Nacional nuestra voluntad de diálogo y concertación, para lo cual proponemos una reunión con los ministros Rafael Pardo Rueda, Luis Carlos Villegas, Guillermo Rivera Flores y el señor Eduardo Díaz Uribe, sin delegación, antes del día 20 de octubre de 2017. Con la presencia de los garantes, facilitadores del proceso, autoridades locales y de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

Por lo tanto, las organizaciones anteriormente mencionadas nos declaramos en asamblea permanente, a partir de las 06:00 horas del día 12 de octubre de 2017, día internacional de la resistencia de los pueblos de nuestra América Latina y del Caribe.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal, campesinos, agricultores, ganaderos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, profesores, estudiantes, trabajadores de la salud, transportadores, comerciantes, las iglesias, la clase obrera, desplazados, victimas, sindicatos, medios de comunicación, artistas y gestores culturales, hombres y mujeres, jóvenes, LGTBI, y demás comunidades y organizaciones que se identifiquen con la defensa del proceso de paz y su implementación, la defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio andinoamazónico, a movilizarnos este 23 de octubre en la jornada de indignación convocada por las plataformas de organizaciones sociales a nivel nacional.

Puerto Asís Putumayo, 12 de octubre de 2017

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232808

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