Por: Julián de Zubiría
El gobierno acaba de firmar con los rectores un importante acuerdo en defensa de la educación superior. El país debe sentirse muy satisfecho, porque defender la educación pública es fortalecer la movilidad social y la democracia. Sin embargo, dejaron por fuera a los principales protagonistas: los estudiantes.
El gobierno y los rectores de las 32 universidades oficiales del país firmaron el 26 de octubre, un importante acuerdo. Esto constituye un hito trascendental en la historia de la educación y marcará un cambio importante en el rumbo de la política educativa que se venía implementando durante las dos administraciones anteriores. Los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manual Santos habían dado un golpe mortal a las finanzas de las universidades públicas, ya que las transferencias por estudiante bajaron de 10,8 en 1993 a 4,8 millones en 2017.
La crisis financiera de la educación superior reveló uno de sus síntomas más dramáticos cuando algunos techos de la principal universidad del país se agrietaron. La Facultad de Cine, vista desde el exterior, sigue pareciendo un nido de hacinamiento e, irónicamente, una parte de la Facultad de Arquitectura se vino abajo. Si esto estaba sucediendo en la universidad más importante del país, la situación de las universidades regionales era sencillamente insostenible.
El acuerdo permitirá una importante inyección de recursos adicionales previstos para los próximos años, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera:
Primero. A partir del año 2019, las transferencias del Estado a las universidades oficiales se incrementarán en unos puntos adicionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el 2019, el incremento adicional es de 3% y entre el 2020 y 2022 será del 4% anual. Sobre esta cifra ya existía un relativo consenso en la comunidad, pero fue imposible concertarla con los gobiernos de Uribe y Santos, porque ellos habían optado por privilegiar al SENA y a la educación superior privada. Esto implicará un incremento de 1,1 billones durante los próximos cuatro años.
Segundo. Se destinarán 1,2 billones de pesos para atender la grave crisis de infraestructura en la educación superior oficial, con un monto de 300.000 millones por año. Esta es una cifra relativamente baja si se tiene en cuenta el faltante estimado por el SUE (15,2 billones) y que este monto tendrá que dividirse entre las 32 universidades y los institutos técnicos y tecnológicos a cargo del Estado. Aun así, a esta suma, se le agregará el billón de recursos proveniente de regalías, dinero que –debe aclararse– depende de recursos de actividades extractivas, cuyos precios son altamente dependientes del vaivén de la oferta y la demanda a nivel mundial.
Tercero. Se ha creado una Comisión Accidental de la Educación Superior en la Cámara que busca generar un espacio de discusión y construcción de propuestas legislativas. Así mismo, un bloque de parlamentarios está acompañando la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y estudiando las solicitudes en materia tributaria presentadas por los profesores. Esta ley había definido que las transferencias a las universidades se incrementarían anualmente en el IPC. De allí, que hay que garantizar que lo logrado se convierta en ley y política pública, para no depender de la voluntad del gobernante de turno.
La cara lamentable de este acuerdo es que los principales protagonistas de las movilizaciones no han recibido el reconocimiento que les debemos. Por el contrario, en el Congreso fueron callados después de una intervención de un minuto. En redes fueron difamados, cuando el propio senador Álvaro Uribe publicó una foto engañosa para desprestigiar a la principal líder del movimiento. En respuesta a la difamación de la que fueron víctimas, las redes se llenaron de videos que mostraban a los estudiantes expulsando de las marchas a los infiltrados que, cubiertos con capuchas, querían generar el caos. También a policías y estudiantes intercambiando flores; a estudiantes limpiando ventanales previamente dibujados por encapuchados o a grupos de estudiantes protegiendo a la policía para que los infiltrados no les hicieran daño en la Plaza de Bolívar.
El país debe sentirse orgulloso: tenemos un movimiento estudiantil pacífico, organizado y reflexivo. Le dieron una lección a la clase política, ya que fueron más convincentes que ellos cuando participaron en los debates. No por casualidad, después de las intervenciones del profesor Atehortúa y de la líder estudiantil Jennifer Pedraza en el Programa Pregunta Yamid, el 96% de los votantes consideró justa su lucha por el derecho a la educación. Se ganaron el corazón de los colombianos con sus argumentos, su canto, sus gigantescas marchas, su poesía y la creatividad de sus pancartas y de sus argumentos.
Por eso se equivocó el gobierno al invitarlos a una mesa con el Viceministro de educación superior, quien los tomó del pelo durante seis horas, hasta que, ya cansados de hacer diversas propuestas, se levantaron. Se volvió a equivocar al no invitar a los principales protagonistas a Palacio. Se equivocaron los congresistas que denigraron de ellos en redes. Pero también se equivocaron los rectores: estaban obligados a exigir que los líderes estudiantiles los acompañaran en la mesa. Tres almuerzos más era muy poco para una lucha tan bella como la que libraron en la calle durante todos los días de un mes largo, pero altamente productivo para el desarrollo nacional.
Los parlamentarios de la bancada del Centro Democrático contribuyeron a agravar el problema, ya que, sin estudiar el tema, quisieron encontrar soluciones mágicas. Samuel Hoyos, representante a la cámara por el Centro Democrático, propuso retornar al ánimo de lucro, propuesta que ya se estudió y descartó en el gobierno anterior después de las gigantescas movilizaciones de los años 2011 y 2012. Creer que el ánimo de lucro resuelve el problema de los jóvenes de estrato 1 y 2 que no ingresan a los estudios superiores evidencia muy poca comprensión del fenómeno, pues si se distribuyen las utilidades ni aumentará el cumplimiento del derecho, ni tendremos universidades de mayor calidad. Por su parte, la senadora Paloma Valencia ha pedido un impuesto exclusivo para egresados de universidades públicas. Esta propuesta hay que evaluarla en un marco mucho más amplio de análisis sobre posibles y muy diversas fuentes en las que habría que conseguir los nuevos recursos que demanda el necesario aumento de la inversión en educación en Colombia. Porque, así como hay que aplaudir los nuevos recursos que les llegan a las universidades, hay que entender que el problema financiero de la educación inicial y de la básica y media es significativamente más grave. Sirva un solo dato de comparación. Según la OCDE, en Colombia destinamos, en promedio, U$1.250 dólares por estudiante en la educación inicial, mientras en Chile se destinan U$5.100 y en Luxemburgo U$22.500. Como los menores de 5 años no marchan, los mayores tendremos que marchar por ellos.
También se equivocó el gobierno al desconocer el papel y las reivindicaciones de los docentes. Algunos de ellos llegaron a poner su vida en riesgo en un prolongado y peligroso ayuno, el cual solo fue atendido por la Viceministra de educación básica. Su intervención permitió que el ex rector de la Universidad Pedagógica levantara la huelga de hambre en la que llevaba más de ocho días. Las peticiones tributarias de los docentes requieren ser evaluadas y resueltas de manera conjunta con el gobierno. El levantamiento del paro, no implica que se acaban las discusiones. Es obligatoria una Mesa técnica que garantice que las propuestas de profesores y estudiantes sean evaluadas con todo el cuidado y la responsabilidad necesarias.
Sin duda, muchas cosas salieron a relucir en este proceso. El enorme poder de lobby que tienen los rectores de las principales universidades privadas del país. Dos de ellos obligaron al gobierno a retractarse cuando quiso eliminar el programa Ser Pilo Paga. El gobierno tuvo que armar una propuesta para la educación superior en un tiempo record y optó por mantener la política de Juan Manuel Santos, pero cambiándole el nombre para que no fuera tan evidente que la fuente principal de sus ideas tiene origen en el gobierno que combatieron con ira, pasión y odio. La llamó Generación E. Es una propuesta muy incipiente, poco clara y muy poco estructural, la cual deja de lado las variables esenciales y que, por ello, tendrá muy poco impacto para atender una crisis muy general del sistema.
Hay muchos aspectos que se pueden discutir y criticar en este y en diversos campos del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que la decisión acordada con los rectores fortalece la equidad y la movilidad social. Por eso, hay que apoyarla.
Aun así, estaríamos muy equivocados si creyéramos que los problemas de la educación se resuelven exclusivamente girando más dinero. Hay múltiples cambios pendientes a nivel pedagógico e institucional, los cuales deberían analizarse y concertarse en un marco general de fortalecimiento de la educación pública, básica y superior. Los problemas financieros y pedagógicos son particularmente graves en la educación básica e inicial.
La mayor lección que todos debemos sacar de este proceso es que la improvisación no puede seguir definiendo la política pública en educación del país. Por ello, ojalá aprovechemos esta ocasión para fortalecer la política pública de largo aliento, el diálogo y los consensos. En este sentido, el mecanismo más importante para resolver el problema de la educación en Colombia es la conformación de la Comisión Nacional de Educación. Una comisión que estudie los problemas incluyendo un mayor y más diverso número de aristas, de tiempo y de personas. Que involucre los aspectos financieros, pedagógicos e institucionales, y que piense en el sistema educativo como un todo y no en soluciones coyunturales. Mientras no la creemos, como ya lo están haciendo otros países de América Latina, seguiremos a la deriva, sin formular una verdadera política pública en educación, creyendo que pequeños programas la definen y ofreciendo a las nuevas generaciones educación de baja y regular calidad, incumpliéndole en sus derechos y brindando pañitos de agua tibia a los estructurales problemas de la educación en Colombia.
En consecuencia, invito a los estudiantes a que realicen asambleas en las universidades del país el próximo 31 de octubre, a que analicen a profundidad el acuerdo al que llegaron sus rectores y a exigir una Mesa técnica que estudie otras propuestas y las de los docentes. Levantar el paro no implica que se acaben las discusiones, los análisis y los retos. Por el contrario, hemos dado un paso adelante, pero falta mucho por transformar, tanto en la educación básica como en la superior. Sin embargo, todo el país tiene muy claro que este es uno de los movimientos estudiantiles más exitosos de la historia de Colombia, ya que nada de lo que se logró se hubiera obtenido, si los estudiantes no hubieran llenado las calles de propuestas, alegría y esperanza. Por eso, les digo a los estudiantes lo que les decía Violeta Parra, en la canción que inmortalizó Mercedes Sosa:
¡Que vivan los estudiantes,
jardín de las alegrías!
Son aves que no se asustan
de animal ni policía,
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.
Caramba y zamba la cosa,
¡que viva la astronomía!
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/acuerdo-entre-rectores-y-gobierno-columna-de-julian-de-zubiria/588825
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