Por Diego Hernández
La libertad de educación sufrió un significativo revés en Brasil. Por nueve votos contra uno el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró que la instrucción ofrecida de forma exclusiva en el hogar, también conocida como ‘homeschooling’, no es un medio lícito para que padres de familia cumplan con el deber de proveer de educación a sus hijos.
De acuerdo con la mayoría de los ministros de la Corte, la actual legislación no contempla esta opción pedagógica sino que exige que los menores sean matriculados en instituciones educativas a partir de los cuatro años de edad.
Con todo, el fallo emitido el jueves 12 de septiembre no determinó que el ‘homeschooling’ sea inconstitucional, solo que no hay una ley que lo ampare, por lo que – en la práctica – solo padecerá de un bloqueo temporal hasta que el Congreso Nacional apruebe alguna iniciativa que lo reglamente.
En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tramitan dos propuestas, una de Lincoln Portela y otra de Eduardo Bolsonaro, que reconocen y reglamentan el derecho de los padres a dar instrucción formal a sus hijos en casa.
La forma en que el fallo fue emitido coloca a las familias que realizan ‘homeschooling’ en la legalidad hasta que no haya una ley
En sentido estricto lo que el STF hizo, fue reconocer que la competencia para ‘reglamentar’ la práctica pedagógica es del Poder Legislativo, algo poco común para un órgano que se ha caraterizado en los últimos años por su intenso activismo ideológico en temas fundamentales.
La Corte tenía acostumbrada a la población a ‘legislar’ atropellando al Parlamento. Así lo hizo en los temas de las uniones entre personas del mismo sexo, en 2011, y del aborto de bebés con anomalías físicas en 2012, y el mes de agosto de este año inició un proceso para evaluar si lo legaliza por cualquier motivo durante las primeras 12 semanas de gestación.
Con todo, la forma en que el fallo fue emitido coloca a las familias que realizan ‘homeschooling’ en la ilegalidad hasta que no haya una ley.
En Brasil, de acuerdo con la Asociación Nacional de Educación Domiciliar (ANED), más de 7 mil familias enseñan a sus hijos en casa, y a cada año el número de adeptos crece.
En comunicado oficial la ANED evaluó que el juicio fue una “batalla de David contra Goliat” y denunció que el sistema se ha apostado por anular el derecho que las familias tienen a ejercer la libertad y la autonomía en materia de educación.
Lamentó que algunos ministros hayan llegado a lanzar “violentos ataques a las familias educadoras, acusándolas de representar un peligro para sus propios hijos”.
“Felizmente, prevaleció, al final, la tesis intermedia que admite que la Constitución da libertad al Congreso Nacional para decidir si la educación domiciliar es o no un derecho, y en que condiciones debe ser ejercido”, apuntó.
La entidad exhorta a las familias que educan en casa a reforzar el cabildeo en el Legislativo y a vota en las próximas elecciones generales, del 7 de octubre, por candidatos que respalden el ‘homeschooling’.
El único apoyo a la libertad educativa fue de un ‘progresista’
El recurso (RE 888815) apreciado por la Corte tuvo su origen en un mandato de seguridad interpuesto por los padres de una niña que recibe instrucción formal en casa y a quienes la Secretaría de Educación del Municipio de Canela, en el estado de Rio Grande del Sur, quiere obligar a colocarla en una escuela.
El juez de primera instancia y el Tribunal de Justicia de ese estado dieron razón al órgano de gobierno al considerar que no habría “derecho líquido y cierto” para ampara esa modalidad pedagógica. Los papás recurrieron al fallo y el caso llegó al STF.
En en juicio votaron 10 de los 11 ministros del colegiado. El único voto abiertamente favorable a la educación domiciliar y que la reconoció abiertamente como un derecho de los padres fue el del relator, Roberto Barroso, que, paradójicamente, es el más ‘progresista’ del colegiado. Es un férreo defensor del aborto libre, la eutanasia, la perspectiva de género, el ‘matrimonio’ igualitario y la legalización de las drogas.
La educación en casa está amparada por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El magistrado presentó su voto el pasado miércoles 6 de septiembre; en él afirmó que la educación en el hogar es un derecho garantizado en la Constitución y criticó la obligatoriedad de matricular a los hijos como “un cierto tipo de paternalismo” por parte del Estado.
Barroso dejó claro que el homeschooling es la prática por la que los padres asumen la responsabilidad de la escolarización formal de sus hijos y dejan de delegarla a las instituciones públicas o privadas; las clases pueden ser dadas por ellos mismos o por profesor particulares.
En su opinión, los padres de familia que optan por la educación en casa demuestran una “preocupación genuina con el desarrollo de sus hijos, […] pues ningún padre o madre que opta por esta alternativa, que es más trabajosa, lo hace por pereza o capricho”.
Por eso -dijo- no pueden ser acusados de crimen de “abandono intelectual”, contemplado en el Código Penal, pues están efectivamente atendiendo a sus hijos, aunque de un modo diferenciado.
Señaló que los artículos 205, 206 y 229 demuestran que la educación domiciliar no esta vetada por la Constitución brasileña, además de estar expresamente amparada por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El ministro propuso para su reglamentación que las familias notifiquen a las secretarías municipales y que se efectúen algunas evaluaciones periódicas
Los ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli e Carmen Lúcia Rocha votaron contra el relator. El ministro Celso de Mello no asistió.
Los padres como amenza para sus hijos
Fux y Lewandowski entendieron que el ‘homeschooling’ es inconstitucional.
Fux fue el más crítico y llegó a ser agresivo; según él, uno de los primeros objetivos de la educación es “resguardar a los hijos de sus padres”.
Dijo que esa práctica podría encubrir violencia domiciliar y el “endurecimiento moral”, abriendo las puertas a radicalismos. “Fui promotor de Justicia y conocí familias opresoras, […] 24 por ciento de la violencia contra menores viene de los propios padres o padrastros”.
Y citó a Rita Hipólito, coordinadora general en Brasil del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: “el educador puede quebrar el ciclo de violencia contra los niños” que se da en las familias.
Para Lewandowski, la educación no es un derecho y un deber exclusivo de la familia sino también del Estado y una de sus principales funciones es la de “construir la ciudadanía”, por lo que reservar la educación al ámbito familiar generará “burbujas”, dividirá al país, alimentará la intolerancia y aprofundará la incomprensión.
Competencia del Congreso
El ministro Fachin adhirió a la mayor parte de los fundamentos expuestos por Barroso pero se apartó de él al considerar que la Constitución es “silente sobre el tema” por lo que, para aceptar la práctica, habría que tener ley explícita aprobada por el Congreso Nacional.
Dijo que la Ley Fundamental del país determina que el Estado debe garantizar el pluralismo de concepciones pedagógicas, y allí cabe ser contemplado el ‘homeschooling’.
Presentó estudios recientes que demuestran que no hay disparidad entre los alumnos que frecuentan escuelas y aquellos que reciben instrucción en casa.
A pesar de estar a favor de la práctica, votó solo por su acogida parcial pues aseveró que no compete al Poder Judicial, sino al Legislativo, fijar los parámetros de su necesaria reglamentación y propuso emplazar al Congreso a hacerlo en el plazo de un año.
El juez Alexandre de Moraes, reconoció en su voto el derecho de los padres a educar a sus hijos, incluso en el lo referente a la instrucción formal, pero destacó que este ejercicio debe realizarse en “compañía y articulación solidaria” con el Estado, como previsto en los artículos 205 y 227 de la Constitución.
Resaltó que “sólo los Estados totalitarios privan a las familias del derecho de educar a sus hijos”, pero que “antes de ser considerada legal la educación domiciliar, necesita pasar por el Parlamento” para que sean establecidos los contenidos normativos y requisitos para su implementación.
Para el ministro, no se trata en sentido estricto solo de un derecho de los padres, sino también del Estado, por eso rechazó el recurso que dio lugar al proceso.
En síntesis: la forma de educación denominada ‘homeschooling’ no esta contemplada en el actual ordenamiento jurídico por lo que “no es legal”, pero tampoco es inconstitucional. Si el Congreso lo considera relevante puede reconocerla y reglamentarla con una ley ad hoc, sin que le sea impuesto un plazo para ello. Esta posición fue la que se impuso.
El ‘balón’ ahora está en los parlamentarios.
Fuente del artículo: https://www.actuall.com/educacion/brasil-la-libertad-de-educacion-en-jaque-el-homeschooling-sufre-un-bloqueo-temporal/
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