América del Sur

Diego Pereira, secretario de organización de la FEUU integró la delegación universitaria que reclamó a los diputados el presupuesto necesario para cumplir con los objetivos de la UdelaR, que han sido avalados por los legisladores en todas las instancias que se han presentado.
Pereira explicó que están exigiendo un presupuesto que “fue una promesa electoral”, por eso “queremos llegar al 6%”, y advirtió que “no puede pretender el sistema político que nosotros resolvamos los problemas de por qué no pueden cumplir con sus promesas electorales”.

Carencias fundamentales

Reclamamos el 6% y sobre todo la parte que le corresponde a la Universidad viene pensada muy específicamente cuáles son los aspectos más urgentes que tenemos que resolver, entre otras cosas cierta inversión en infraestructura para evitar el hacinamiento en salones, así como también una inversión en contratación de horas docente. Hoy la falta de horas docentes y salones nos implica tener clases con más de 500 personas, no hay que ser experto en pedagogía para darnos cuenta que es una manera de enseñanza bastante paupérrima. La falta de turnos nocturnos que también la podíamos suplir con más infraestructura y horas docentes y la implementación y ampliación de programas de becas que permitan acceder a la educación a aquellos que hoy están quedando por fuera.
Muchas veces se jacta el sistema político de que hoy están entrando los hijos de los trabajadores a la educación pública por primera vez, esta llamada primera generación de universitarios. Nosotros por supuesto defendemos fuertemente y como Federación y en mayoría estamos compuestos por gran parte de ellos; sin embargo somos los primeros de irnos de la Universidad por la falta de condiciones de estudio.
Tenemos alguna propuesta como para poder redistribuir algunos fondos específicos para la Universidad. Hay de donde sacar.
Para empezar hacemos dos críticas al sistema de recaudación y gasto en nuestro país; una son las exoneraciones a los grandes capitales que hoy son las plantas de celulosa, la soja y demás otros grandes capitales que quedan con un 3,1% del PBI aproximadamente. Luego pagamos un 6,1% de PBI en el pago de Deuda Externa, la mitad de eso es el pago de los intereses de deuda, esa mitad es equivalente al déficit fiscal.
Es decir, hoy estamos financiando el déficit fiscal de nuestro país contrayendo más deuda para poder pagar la propia deuda, es un círculo vicioso difícil de salir. Si nosotros hiciéramos una redistribución de fondo en algunos de esos aspectos para apostar a la educación que es un factor que puede construir soberanía y desarrollo nacional, podríamos romper con ese grado de dependencia de alguna manera.
Recordemos que la Universidad de la República hace más del 80% de la investigación a nivel nacional: no investigan las empresas públicas, no investiga el sector privado, investiga la Universidad y es un factor de desarrollo tanto tecnológico como social fundamental.
Lo siguiente es el régimen injusto de competencia que existe entre la educación pública y la educación privada. La educación privada está exonerada prácticamente de todo tipo de impuestos, particularmente los aportes patronales a la previsión social. La Universidad los paga los aportes patronales, no únicamente se le está cobrando al sistema público algo que no se le cobra al privado, sino que en términos de mercado es una competencia injusta porque a nosotros nos sale más caro a la Universidad cubrir las clases con un estudiante que la universidad privada, porque tenemos que pagar esos aportes patronales.
Se podrían hacer sí pequeños cambios específicos que pudieran acercarse aún más al 6%, o cambios un poco más profundos en la política económica de nuestro país que permitieran llegar o superarlo inclusive.
Nosotros creemos que en el Uruguay hay dinero, el hecho que no lo haya, que la situación es compleja es mentira. Lo que no se está haciendo es priorizar esta necesidad popular, concreta y fundamental no solo para el desarrollo de nuestro país sino para garantizar el derecho humano fundamental que es el derecho a la educación.