América del Sur

Por Ángel Pérez Martínez 

A través de un audio que grabó una valiente profesora de lenguaje de un colegio oficial, nos enteramos de cómo se conmina a la docente Deyanira Ballestas a que salga del municipio de San Pablo (Bolívar), si no quiere aparecer muerta. Amenaza que terminó con el desplazamiento forzado de la profesora.

Los violentos, allí donde no existen razones ni argumentos humanos, amenazan y atentan contra los docentes de la educación básica y media oficial para callarlos y evitar que formen a sus alumnos con un sentido crítico y enfrenten con su conocimiento y proyectos pedagógicos entornos violento e ilegales. Al final de esto se trata —así el país no lo quiera ver—, a estos grupos no les interesa que los estudiantes desarrollen opiniones críticas frente a temas muy complejo como los cultivos ilícitos y producción de drogas, corrupción, inequidades sociales, destrucción del medio ambiente y los desmanes del poder. Por eso amenzan a profes.

Cuando los docentes son amanazados y/o desplazados vienen traslados o miedos que inciden en el desarrollo normal del aula de clase. Con ello quienes ejercen poder a través de la violencia logran acercar a los jóvenes a sus ejércitos del mal, perpetuando condiciones inhumanas como el subdesarrollo y la pobrezac. Es esto lo que sucede en el sur del departamento de Bolívar, y otros lugares de Colombia, en donde la violencia no permite discusiones éticas sobre lo que conviene o no conviene a las personas y al desarrollo social y económico del territorio.

En este sentido, la violencia contra los docentes es un fenómeno social muy grave. No sólo ocurre en los territorios donde de manera tradicional se mantienen acciones armadas y la consecuente condición de vida en medio de la zozobra y el miedo, también ocurre en las grandes ciudades, sin que la política pública, la justicia y los medios valoren en su real dimensión el daño que implica para los niños y adolescentes, así como para el desarrollo de la profesión docente.

Los datos que entrega la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) son para preocuparse: entre los años 1977 y 2015 asesinaron más de 1.000 docentes y más de 10.000 fueron amenazados. Como se expuso en un especial de El Espectador: “Fecode tiene registros de años en los que fueron asesinados más de 50 profesores en Colombia. Por ejemplo, en 1988 fueron asesinados 60; en el 2000, 74, en 2001, 60, y en 2017 se presentaron 6 casos de asesinatos este año van 4 los reportes de esa organización indican que los departamentos que más asesinatos revelan son Antioquia, con 350 docentes; Caquetá más de 200, Córdoba, con 110, y Caldas, con 70. Esta cifra no representa el total de los profesores asesinados, ya que la base de datos que tiene Fecode solamente registra los delitos en contra de docentes sindicalizados”.

Ahora bien, como se expuso anteriormente, en Bogotá y en las grandes ciudades también amenazan y atentan contra los docentes. Basta recordar que en el año 2007 un joven estudiante de 16 años ingresó a la Oficina del rector José Jaime Rojas y lo asesinó, en el entonces Colegio Distrital Naciones Unidas. Miguel Ángel Pardo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, me informó que, durante los dos últimos años, 317 docentes de colegios distritales han recibido amenazas contra sus vidas y cerca del 10% de ellos han sido valorados con alto riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Sin embargo, vale la pena aclarar que en las grandes ciudades los riesgos para los docentes no son los mismos que en las zonas de alta violencia en el país.  En Bogotá, en el Concejo se sostuvo que según datos de la Secretaria de Educación de Bogotá las principales causas de amenazas o agresiones de los profesores son:

1. Estudiantes que reclaman por haber sido presuntamente mal evaluados.
2. Pérdida de asignaturas.
3. Problemas de convivencia o de disciplina de estudiantes.
4. Denuncias de consumo o porte de alucinógenos.
5. Intervención en enfrentamientos entre pandillas donde hay estudiantes.
6. Atracos en entornos escolares.

Los lectores se podrán imaginar qué piensa y siente un docente que asiste a una aula escolar cohibido frente a un grupo de adolescentes, donde no se puede usar el conocimiento de manera crítica, donde predomina el miedo y no las razones o los argumentos; allí no existe la búsqueda de la verdad, tampoco autoridad y liderazgo por parte del profe. También podemos preguntarnos, ¿cómo cambiar culturas violentas e ilegales si no es a través, precisamente, de la educación?

A manera de conclusión, las amenazas y atentados contra los docentes de la educación oficial en las zonas donde perdura la violencia y la pobreza impiden la libertad de catedra, y debilitan la autonomía académica de los docentes y de las instituciones escolares. Con ello se perpetúan en algunos territorios, quizás sin darnos cuenta, valores y principios que en nada se relacionan con el propósito fundamental de la educación: ayudar a formar buenos seres humanos y ciudadanos con un sentido crítico frente a su proyecto de vida y al de su entorno más cercano. Sólo así podemos cambiar.

Nadie con algún sentido humano puede aceptar la atrocidad de amenazar o matar a un docente o un líder social, ellos son personas que tienen el valor, en sus regiones, sus ciudades y su aula de clase, de enfrentar gran parte de los males de Colombia.

Fuente del artículo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/amenazas-a-profesores-y-la-violencia-en-colombia-por-angel-perez/260114