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Chile:La política por sobre las políticas públicas

Por: Diario la Tercera

Se ha discutido sobre la conveniencia de modificar el régimen de urgencias en el proceso legislativo, particularmente entre la primera y la segunda vuelta presidencial.  ¿Tiene sentido ponerle suma urgencia a un proyecto de ley incompleto y con falta de consenso “para sacar al pizarrón” al adversario político?

Lamentablemente, no se ha logrado llegar a un acuerdo respecto a este tema y, honestamente, es difícil lograrlo. ¿Quién podría dirimir cuál proyecto de ley tiene mérito público para su discusión y cuál responde a un oportunismo político?

En inglés hay una buena distinción entre politics (política) y policy (política pública). El primer término hace referencia al ejercicio del poder y al debate entre quienes lo ostentan o pretenden hacerlo. El segundo, a un curso de acción para la solución de un problema público, para lo cual se definen objetivos, metas, instituciones y mecanismos, entre otros.

Evidentemente, la política pública se formula en un contexto político donde hay ideología y temporalidades, pero idealmente también debe incorporar evidencia, coherencia, eficiencia y  capacidad de implementación.

El programa del actual gobierno, presentado en octubre de 2013, ya establecía una reforma a la educación superior: modernizando la institucionalidad pública, creando la Subsecretaría de Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, una Agencia de Calidad de la Educación Superior,  la gratuidad universal (parcial al 70% más vulnerable de la población) y un nuevo sistema de acreditación. En julio de 2015 el Mineduc presentó un documento titulado “Bases para una Reforma de la Educación Superior”, el cual fue posteriormente desechado por la autoridad. En febrero y marzo de 2016 se presentó “Minutas sobre la reforma” que planteaba nuevas miradas sobre esta reforma. Posteriormente, en julio de 2016, el gobierno presentó un proyecto de ley de Educación Superior que tuvo una mala recepción y en la práctica perdió su respaldo político. En octubre de 2016, la autoridad difunde un “Protocolo de rediseño de la reforma” con nuevos elementos. Finalmente, en abril de 2017 el ejecutivo introduce una indicación sustitutiva que cambia completamente el proyecto ingresado nueve meses antes, que en la práctica tampoco implica modificaciones estructurales, pero sí elimina lo referido a Educación Superior Estatal, que se incorpora en un nuevo proyecto de ley que, por lo demás, no logró dejar contento a ninguno de los actores del sistema de educación superior.

En suma, a pesar de todo este proceso de definiciones e indefiniciones, idas y vueltas, desconocimiento, falta de consenso y recursos insuficientes, se llega a que, por tercera vez, una de las políticas icónicas de la administración se vuelve a implementar por la vía de la glosa presupuestaria de la partida del Ministerio de Educación en la Ley de Presupuestos.

¿Tiene sentido someter a votación un proyecto de ley que sabemos tiene incoherencias, es parcial, y muestra ser insustentable financieramente para las instituciones? Evidentemente que no lo es, a pesar de la relevancia política de este proyecto.

Lo descrito para el caso de la educación superior, también se aplica respecto de reformas constitucionales o a cualquier otro tema de trascendencia para el país y que sabemos de antemano, tendrá efectos que más allá del periodo presidencial.

De acuerdo a diversos organismos internacionales (OECD – BID), Chile ha sido líder en Latinoamérica en cuanto a la calidad de la formulación de sus políticas públicas. Esta relevante trayectoria no puede perderse por un oportunismo electoral. Dejemos que la política hable de visiones y sueños futuros, pero que la política pública hable de realidades que son factibles.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/la-politica-las-politicas-publicas/

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Colombia: Unesco llega al país para revisar el manejo de los patrimonios en Cartagena

Colombia / www.noticiasrcn.com / 13 de Diciembre de 2017

La agenda iniciará en Bogotá con una reunión entre la ministra de Cultura y los delegados de la Unesco para hablar sobre el plan de manejo de patrimonios en ‘La Heroica’. Después, habrá una visita de campo en Cartagena.

Sitios de invaluable valor patrimonial como el Castillo de San felipe, el Centro Histórico de Cartagena y los fuertes de varias islas, entre ellas Tierra Bomba, serán objeto de inspección por parte de una misión de verificación de la Unesco.

La visita se registra en medio del pleito en el que ha terminado la construcción del proyecto de viviendas de interés social, Aquarela Multifamiliar, ubicado a poca distancia del Castillo de San Felipe.

Vea, qué consecuencias puede traer la construcción de edificio cerca al Castillo de San Felipe.

Recientemente, un juez administrativo de Cartagena ordenó suspender la licencia de construcción del proyecto multifamiliar. El Ministerio de Cultura también había solicitado medidas cautelares para frenar la obra.

Vea, autoridades sellaron construcción de edificio cerca al Castillo de San Felipe.

La ministra de Cultura, Mariana Garzón, también se refirió sobre la posibilidad de una declaratoria de Patrimonio Mundial en peligro por la situación generada tras la construcción cercana al castillo.

«Creo que es una situación que pasó a instancias judiciales con intervención de la Procuraduría, el Ministerio de Cultura y el distrito de Cartagena», dijo el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek.

El proyecto de expansión del Canal de Bocachica, el tejar de San Bernabé, en Tierrabomba; los hornos gemelos, en el corregimiento de Caño de Loro, y la batería del Ángel, el pozo Carex, los fuertes de San José y de San Fernando, serán otros de los patrimonios incluidos en la inspección de la Unesco.

El proyecto Aquarela Multifamiliar será sitio obligado en el itinerario de los delegados del organismo especializado de las Naciones Unidas, encargado de proteger los patrimonios culturales de la humanidad y que en días pasados ingresó a la lista de patrimonios inmateriales los cantos de trabajo de Llano de Colombia y Venezuela.

 

Foto del Centro Histórico de Cartagena.

La agenda se extenderá hasta el próximo viernes con un recorrido por el Centro Histórico y el barrio Getsemaní. 

La visita contará con el acompañamiento del arquitecto Luis María Calvo y la canciller María Ángela Holguín, entre otras personas claves de la división de patrimonio del Ministerio de Cultura.

Fuente:http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/unesco-llega-al-pais-revisar-el-manejo-los-patrimonios-cartagena

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Argentina: El gobierno consiguió que pasara la reforma previsional

Por: Mario Hernandez

Cuando los empresarios se juntaron en la UIA a hacer un balance de lo obtenido, un abogado bromeó, mientras disfrutaban de un cafecito: “¿Qué querés? Si dejamos pasar lo de Mauricio, la esclavitud no va a llegar nunca…” (se oyen risas).
Citado por Ignacio Zuleta en Clarín (27/11).

Este miércoles el Senado dio media sanción a la Reforma Previsional. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) elaborado por Horacio Fernández y Claudio Lozano (“La reforma previsional de Macri en www.ipypp.org.ar) concluye que “estamos en presencia de una actualización trimestral que atrasa un semestre condenando a las jubilaciones a retrasarse sistemáticamente en seis meses respecto a la evolución de los precios.

La garantía de un haber equivalente al 82% del salario mínimo resulta totalmente insuficiente dado lo reducido del monto y de la aclaración oficial de que no cubriría siquiera a la totalidad de los jubilados.

La propuesta de “extensión voluntaria” de la edad laboral resulta una clara extorsión sobre aquéllos que hoy alcancen las condiciones de jubilarse. Esta propuesta va en línea con los objetivos expresados de que salarios y jubilaciones más los tarifazos, sean las variables de ajuste de las cuentas públicas en un cuadro donde las reformas tributarias que se plantean resignan recursos en favor de los grupos empresarios”.

Movilizaciones obreras

Con un multitudinario acto la Corriente Federal, el moyanismo, las CTAs, organizaciones sociales y el sindicalismo clasista de izquierda dijeron no al paquete de reformas del Gobierno.

Unas 100.000 personas participaron del acto realizado frente al Congreso de la Nación para exigirles a los legisladores que no acompañen la batería de reformas impulsadas desde la Casa Rosada, rechazaron las reformas laboral, tributaria y previsional y reclamaron además al triunvirato que conduce la CGT que se sume a la lucha contra estas reformas. Cta Autónoma; SiPreBA; Federación de Aceiteros; Sutna; Sitraic; Ctep; Barrios de Pie; CCC; Polo Obrero; Ademys; Unión Ferroviaria Seccional Oeste, entre otras organizaciones, convocan el 6 de diciembre a una gran Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrarán a las 15:30 en el Congreso de la Nación para marchar a Plaza de Mayo donde realizarán un acto.

En un comunicado dirigido a la opinión pública señalan que: «El paquete de “reformas” impulsado por el gobierno forma parte de un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados por los trabajadores desde hace más de un siglo”.

Y continúa: «Esta ofensiva no se limita al campo de las relaciones laborales y también incluye una modificación confiscatoria de la Ley de movilidad jubilatoria y la posible eliminación de los regímenes especiales, en particular de la docencia y estatales provinciales, una reforma educativa que subordina la escuela y la Universidad a las necesidades de los empresarios y la implementación de una Cobertura Única de Salud que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización mercantilizando la salud pública. A ello se suman una escalada de impuestazos, tarifazos y brutal endeudamiento externo que no harán más que profundizar el deterioro de las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores. Para aplicar este “plan” el gobierno teje un pacto implícito con los gobernadores, diputados y senadores que le responden y especialmente con el “sindicalismo empresario”. Rechazamos cualquier negociación en curso a espalda de los trabajadores”.

Desde las 0:00 horas del viernes 1° de diciembre la Cicop (médicos bonaerenses) realizó un paro de 24 horas. La medida de fuerza incluyó una movilización del Obelisco al Ministerio de Salud nacional contra las propuestas de reformas que impulsan desde Nación, como la Cobertura Universal de Salud (CUS), la que consideran «la privatización del Sistema Público de Salud que ya es universal, que ya existe y que será más desfinanciado día a día de prosperar el proyecto oficial, incrementando la desprotección del sector más vulnerable de la sociedad».

Los Trabajadores de PepsiCo de la planta de Florida realizaron el jueves una protesta en la fábrica de la multinacional ubicada en Mar del Plata. Volantearon y reclamaron por los 600 puestos de trabajo que perdieron en junio pasado.

El delegado Camilo Mones contó que “no hubo incidentes, sólo hicimos una volanteada en reclamo de nuestras fuentes laborales y en solidaridad con los 700 trabajadores que están desempeñándose aquí en Mar del Plata debido a que ellos también realizaron una medida de fuerza hace un mes por la suba de los ritmos de producción y la precarización de las condiciones laborales”, indicó. El gremialista explicó que la producción “aumentó desde el cierre de la planta de Florida bajo las peores condiciones para los trabajadores de Mar del Plata, de los cuales unos 300 están con contratos de entre seis meses y un año”, especificó Mones. En el marco de una jornada de paro, una importante movilización de docentes se trasladó por las calles de la capital de Tierra del Fuego. Acompañados por otros sectores gremiales y sociales, los trabajadores se manifestaron bajo la consigna “NO AL DESPIDO DE DOCENTES FUEGUINOS”. La Casa de Gobierno volvió a estar vallada y con fuerte presencia policial.

La jornada finalizó con un acto, donde hicieron uso de la palabra varios dirigentes gremiales, cerrando Horacio Catena, Secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, exonerado por la Gobernadora Rosana Bertone.

Reprimen brutalmente a trabajadores de ATE

Desde la filial del sindicato estatal de Neuquén reportaron al menos tres heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en el marco de una protesta de empleados de la salud en el centro de la ciudad.

Policía metropolitana, provincial y del GEOP utilizaron balas de goma y plomo para dispersar la movilización, según denuncian desde la filial local de ATE.

Tras el operativo ordenado por el gobernador Omar Gutiérrez se decidió en asamblea ir a paro y movilización de todas las organizaciones para el viernes 1° de diciembre.

La policía desalojó a quienes se movilizaban hacia la Legislatura contra del acuerdo YPF-Chevrón. El director del Hospital Castro Rendón de Neuquén confirmó que el docente Rodrigo Barreiro ingresó con una herida de bala de plomo en el tórax, por lo cual tuvo que ser intervenido de urgencia, estando ahora fuera de gravedad.

El diputado provincial por el partido Unión PopularRaúl Dobrusin, justificó la violencia policial contra los manifestantes sosteniendo que la bala con la que fue herido de gravedad el docente es “una bala especial, ni de goma ni de plomo”, según aseguró en el medio de las deliberaciones en la Legislatura neuquina. Esto choca contra la versión que fue difundida de manera oficial desde el hospital donde fue intervenido y donde se encuentra internado el docente.

Asimismo, se denunció la detención durante los hechos del fotógrafo Paulo Tejeda, del medio 8300web, y que el fotógrafo Luis García, del diario Río Negro, recibió un escopetazo en la cabeza y perdigonazos, por lo cual perdió la conciencia y fue internado. La Asociación de periodistas también denunció que otro fotógrafo del mismo diario, Leonardo Petricio, fue hospitalizado con problemas respiratorios por los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

También detuvieron a tres personas. Según informaron desde la Multisectorial se trata de Paulo Tejeda, integrante de la cooperativa 8300, Soledad Martínez, docente, y Ana Moreno, del PTS. La movilización fue numerosa, estimándose la participación de 5.000 personas.

Además, hace una semana que los trabajadores tercerizados que prestan servicios de limpieza, maestranza y seguridad en los hospitales de la zona, llevan adelante un paro en reclamo por la revisión de los pliegos de licitación.

Desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, el Secretario General del sindicato, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, manifestó: “Queremos expresar, desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, nuestro absoluto repudio a la brutal represión que la Policía de la Provincia de Neuquén ha desatado sobre los trabajadores estatales. Queremos también expresar la solidaridad plena con la lucha que vienen desarrollando los trabajadores de la Salud y todos los trabajadores estatales en defensa de sus legítimos derechos. Queremos expresar también nuestra absoluta preocupación por el estado de salud de los compañeros heridos, algunos de los cuales están con graves heridas”.

“ Vamos a enviarle una carta de repudio y de exigencia de esclarecimiento inmediato de los hechos al Gobernador Gutiérrez, de esa provincia”, apuntó Godoy, que además dijo: “La brutalidad de la represión de las fuerzas policiales solamente se explica si existe un aval o un respaldo de parte del Gobernador y de las autoridades políticas de ese Estado provincial. Por lo tanto, exigimos el inmediato cese de la represión, el esclarecimiento inmediato de los hechos y la asunción total de las responsabilidades para con la salud de los trabajadores y trabajadoras que han sido heridos”.

“Además, exigimos que se genere de inmediato un espacio de diálogo que permita atender los justos reclamos de los trabajadores y que se le dé solución al conflicto por vía de respuestas a esas justas demandas, y no por la vía de la represión brutal y asesina que han desatado”, cerró el dirigente nacional de ATE.

Por los gremios

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, denunció que la decisión de Aerolíneas Argentinas de cancelar sus vuelos a Barcelona a partir del año próximo es parte de “un proceso de achicamiento” de la línea de bandera y “de transferencia” de esos destinos a las compañías privadas low cost, que ingresaron al mercado en marzo de este año. “Es una entrega de recursos del Estado a privados” puesta en marcha por “el vaciador de (el titular de Aerolíneas, Mario) Dell’Acqua” y “diseñada por (Gustavo) Lopetegui”, vicejefe de Gabinete y ex CEO de la compañía aérea LAN, acusó el dirigente.

“Esto es parte de una transferencia orquestada: a medida de que Aerolíneas abandona las rutas, las privadas van ganando. Es una transferencia a privados”, sintetizó. “Las corporaciones tomaron por asalto el Estado argentino con el voto popular y están haciendo negocios. Algunos son personales, otros para sus mandantes y otros para transnacionales”, argumentó.

Como ejemplo de esto citó a Lopetegui, a quien responsabilizó de ser el “diseñador de un plan aerocomercial” que, “con el eufemismo de ‘low cost’” (bajo costo), transfirió rutas del Estado a las compañías privadas “sin generar un solo puesto de trabajo”. “Estamos ante un proceso de achicamiento de las rutas aéreas que está empezando”, concluyó.

Minutos después de que el ministro de Trabajo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz llamara a Sergio Juárez, el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (SOEA) del Ingenio La Esperanza, para informarle oficialmente que se llegó a un acuerdo con el grupo inversor que compra la empresa, los trabajadores comenzaron a debatir en asamblea la toma de la planta.

La medida se decidió sin muchas deliberaciones, porque la información oficial precisó que quedarán 600 de los 940 trabajadores que hoy ocupa el ingenio. Para los 340 que quedarán afuera hay varias opciones: indemnizaciones, jubilaciones o empleos estatales, según cada caso. “Dicen que más de 300 se tienen que ir a la casa, que están las indemnizaciones, pero esto no es tan así”, afirmó Juárez, e insistió con un reclamo que viene sosteniendo desde hace tiempo: “Queremos que se venda, pero con todos los trabajadores adentro”.

Recordamos que el Ingenio La Esperanza fue sostenido durante 18 años desde su quiebra por el enorme esfuerzo de los obreros y sus familias que dieron la vida por defender su fuente de trabajo. El gobierno nunca reconoció esta realidad y mintió afirmando que el “ingenio daba pérdidas” cuando nunca dejó de vender millones en azúcar y alcohol. Su negativa a la apertura de la contabilidad es una muestra más de su mentira y falta de transparencia ante el pueblo trabajador, al igual que lo hizo el PJ cuando estuvo a cargo de la quiebra con los síndicos de la justicia.

En un clima de tensión tras las dilaciones y la huelga que protagonizaron los gremios el miércoles, se inició la paritaria docente bonaerense. Desde el Gobierno adelantaron su intención de una recomposición salarial del 10 o 12 %.

Los gremios docentes bonaerense solicitarán al gobierno de la provincia de Buenos Aires la modificación de sumas fijas o la incorporación de mejoras al básico, según consignaron fuentes gremiales.

Para el secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, si se blanquearan los ítems no remunerativos “todos cobraríamos 40 % más que en la actualidad ya que hoy el negro llega al 55 %, pero habría que quitar un 15 % de deducciones”.

El SAT SAID (sindicato de televisión) comenzó la discusión salarial exigiendo un 29% de aumento, 25 por la inflación anual y 4 por el poder adquisitivo perdido en la paritaria del año pasado (que se había cerrado en un 38% en dos cuotas). Al comenzar la negociación el Ministerio de Trabajo decretó una conciliación obligatoria que impidió al gremio realizar medidas de fuerza durante veinte días hábiles. El gobierno, fortalecido del triunfo electoral, primero fijó un techo de un 20% y luego los empresarios extorsionaron al gremio con la apertura de los convenios colectivos a cambio de un aumento del 23 %. Luego de la movilización a las puertas de las cámaras ATA y CAPIT, el 16 de noviembre se realizó un paro que contó con un gran nivel de acatamiento. Ante la nula respuesta el 28 volvió a realizarse otro paro con movilización al Ministerio de Trabajo.

A esta situación extorsiva se llega luego de dos años de miles de puestos de trabajo perdidos en los medios de comunicación, entre ellos la TV, con casos como los de CN23 en donde se perdieron más de 100 a través de retiros compulsivos y despidos.

El 29 de noviembre, 21 trabajadores de los canales públicos Encuentro, Pakapaka y DeporTV recibieron una carta documento donde se les informaba la no renovación de sus contratos el 31 de diciembre. Esto se suma a la apertura del programa de “retiros voluntarios” que, desde el pasado 22 de noviembre, promueve la desvinculación de los trabajadores.

Al cierre o los incumplimientos y el fraude de numerosos empresarios de los medios de prensa vinculados al kirchnerismo se suman también otros como los de la Agencia DyN, de Clarín y La Nación que dejó a 96 trabajadores en la calle tras cerrar. En todos y cada uno de estos casos el Estado miró para un costado. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, fue a la Legislatura para defender el Proyecto de ley de reforma educativa, pero no pudo terminar su exposición. Empleados municipales lo interrumpieron exigiendo la reapertura de paritarias.

Los trabaadores cortaron la luz del Parlamento e ingresaron por la fuerza al lugar, haciendo sonar sus bombos y tirando pirotecnia en los pasillos. Del reclamo participaron también el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Los trabajadores exigen que se active “la cláusula gatillo” ante la inflación registrada hasta ahora en la Ciudad y rechazaron el aumento del 19% que las autoridades porteñas ofrecieron hasta el momento.

Salarios

El 17% con cláusula gatillo. Ese es el porcentaje máximo que el Gobierno está dispuesto a negociar para aumentar los salarios de todos los empleados públicos del país en 2018. Incluyendo, especialmente, a los docentes. Pero además sería el nivel que el Ejecutivo pretende que haya de aumento salarial en el sector privado durante las paritarias que comenzarán a negociarse en los primeros días de marzo.

En septiembre los salarios registraron una suba nominal de 1,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este incremento se ubicaría por debajo de la inflación informada por el organismo para ese mes, que llegó a 1,9%.

No obstante, en el acumulado del año hasta septiembre los salarios estarían registrando una mejora en términos reales de acuerdo al Indec. Esto se debe a que los salarios acumulan un incremento nominal de 22,3% respecto de diciembre. En igual lapso, la suba de precios llegó a 17,6%. Esta mejora coyuntural se debe a que en los últimos meses (desde mayo) la estadística computa los incrementos pactados en paritarias, que se concentran mayormente en estos meses.

En lo que resta del año, los aumentos salariales pautados son menores. Al mismo tiempo, ya se viene registrando una aceleración en el aumento de precios, y con los tarifazos de noviembre y diciembre la perspectiva es de aumentos de precios todavía mayores. Por lo tanto, no puede descartarse que los salarios concluyan el año con incrementos nominales inferiores a los de los precios. Esto significaría una pérdida de poder adquisitivo.

En promedio, los salarios siguen hoy varios puntos porcentuales por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2015, cuando asumió Macri y aplicó medidas que dañaron fuertemente el poder adquisitivo de los asalariados.

La industria crece, pero con menos empleo

La actividad industrial de octubre registró una suba de 4,4% con respecto al mismo mes del año 2016, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2017 en su conjunto, el Estimador Mensual Industrial (EMI) registra un crecimiento de 1,8%, al compararlo con el mismo intervalo del año anterior.

De esta forma, la industria suma el sexto mes de crecimiento continuado, después de estar en terreno negativo entre febrero de 2016 y abril de este año.

A pesar de la recuperación, el empleo continuó en caída al menos hasta el mes de septiembre. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en dicho mes se perdieron 2.100 puestos de trabajo en la manufactura, respecto de agosto. En la comparación con septiembre de 2016, la caída de empleos en el sector llega a 27.000.

El empleo formal privado subió 1,7% en septiembre en relación al mismo mes del año pasado, al incorporar 142.000 trabajadores registrados. Según datos oficiales, el mayor impulso estuvo dado por los monotributistas, que crecieron 5,5% de forma interanual, con 81.4000 puestos nuevos inscriptos con esta modalidad. Por su parte, los asalariados se incrementaron en 69.000 ó 1,1%, aún por debajo del nivel que había alcanzado en 2015. Un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) reveló que en septiembre de este año la importación textil trepó al 25,3% con respecto a igual período de 2017.

En lo que respecta a las variables de empleo en el sector, la industria de la confección redujo en 3.325 personas el número de asalariados en blanco al primer trimestre de 2017 respecto a igual período de 2016, mientras que se estima un retroceso de 30.000 puestos informales de trabajo entre 2016 y 2015. La administración de Mauricio Macri, el Gobierno fueguino, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmaron un acuerdo para mejorar la productividad y reducir los precios en favor de los consumidores que acceden a la tecnología.

El acuerdo incluyó la reducción gradual de impuestos internos que fue anunciada el miércoles, un acuerdo salarial, la reducción de una tasa provincial y de los costos portuarios, entre otros aspectos.

Fuentes: www.ambito.com, InfoGremiales, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Anred, APU, Red Eco Alternativo, Clarín, Página 12, www.agenciacta.org, Gremiales del Sur, www.baenegocios.com.

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Chile: Rectores muestran preocupación por rol del Ejecutivo en nueva ley de Educación Superior

Chile / www.raiouchile.cl / 13 de Diciembre de 2017.

Cuestiones como que el sistema de admisión a los planteles se decida por el “gobierno de turno” o que desde ese poder puedan fijar aranceles o “determinar vacantes” son temas que alertaron y convocaron a una reunión extraordinaria de los integrantes del CRUCH.

“El Estado no ha mostrado hasta ahora un auténtico compromiso con sus universidades y eso es exactamente lo que queremos que cambie. Por lo tanto, exigimos que asuma la responsabilidad que le corresponda en relación a sus propias universidades y no las deje abandonadas como hasta ahora”. Con esas palabras, el rector Ennio Vivaldi dio a conocer su postura frente al rol que debe tomar el Estado con sus casas de enseñanza. Las declaraciones de la máxima autoridad de la Universidad de Chile se dieron en el marco del encuentro extraordinario del Consejo de Rectores, junta donde los líderes del CRUCH debatían en torno al documento que la Comisión de Educación del Senado entregó adelantando los criterios de las indicaciones que realizará el Ejecutivo al proyecto de ley de Educación Superior.

Los rectores también conversaron sobre la urgencia que merece el proyecto de Universidades Estatales, iniciativa de ley a la que el Gobierno le quitó la urgencia parlamentaria: “Queremos que el proyecto salga bien”, agregó Vivaldi. Las autoridades manifestaron su intención de legislar esta regulación de Educación Superior antes que termine el período legislativo, lo que ocurriría en marzo de 2018, cuando un nuevo presidente tome el mando del poder Ejecutivo.

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCH, contó que durante el encuentro se dividieron en grupos de trabajo para revisar la minuta que llegó desde el Congreso. Afirmó que si bien aún no tienen conclusiones, pues estos temas todavía no se transforman en indicaciones concretas, el marco regulatorio debe garantizar que los recursos públicos estén destinados a fines públicos. Por lo mismo, indicó, se debe fortalecer la institucionalidad de estas características.

En ese sentido, anunció que como CRUCH “nos preocupa que tantas atribuciones queden concentradas en el poder Ejecutivo, porque no es para nada conveniente que el sistema de acceso a la educación superior, la determinación de las vacantes y la fijación de los aranceles queden en la voluntad política del gobierno en ejercicio”.

De esta manera, un sistema como la Prueba de Selección Universitaria (PSU) recaería en manos de una entidad en particular que sería dependiente del Ministerio de Educación (Mineduc). Actualmente está en manos de la Universidad de Chile, por medio del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

El rector Aldo Valle enfatizó en que uno de los puntos más importantes es que esto siga a cargo de lo que se decida en el CRUCH, que “ha hecho un gran aporte al tener el sistema de admisión que tiene”.

“Vamos a insistir en que las universidades no podemos perder este ámbito tan valioso de autonomía como es determinar los procedimientos, instrumentos y desde luego la administración del sistema de admisión”, agregó.

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Por su parte, Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso, manifestó su preocupación sobre las atribuciones que tendría el Mineduc en cuanto a determinar vacantes y aranceles. “Nos parece peligroso que quede determinado por la autoridad política. Yo estoy en desacuerdo con que el sistema de admisión pase del CRUCH al Mineduc”, dijo.

Y, consultado respecto de las críticas que se realizan a partir de la PSU y su relación con la segregación que existe en el acceso a la educación universitaria de calidad, el académico explicó que ha habido algunas mejoras y que se hace necesario avanzar hacia un sistema que sea inclusivo, pero siempre de selección.

“Está claro que el sistema y los instrumentos tienen que ir mejorando. Está funcionando el indicador ránking y en ese aspecto hay que ir avanzando a que el sistema de admisión sea cada vez más inclusivo, pero hay que tener claro que es un sistema de selección y por lo tanto hay cuestiones que tienen que ver con la formación que entregan los colegios. Lo más importante es avanzar para que la educación escolar mejore en general y tienda a reducir las diferencias que existen hoy en día, porque la PSU es un instrumento”, declaró.

La acreditación fue otro de los temas tratados en la junta, sobre todo luego que se conociera que la Universidad de Atacama solo había sido acreditada por dos años. La reducción aplicada por el Consejo Nacional de Acreditación la deja fuera del proceso de gratuidad (para el que se exigen cuatro como mínimo), tal como ocurrió con la Universidad Arturo Prat y la Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce).

Fuente: http://radio.uchile.cl/2017/12/11/rectores-manifiestan-preocupacion-por-rol-del-ejecutivo-en-una-nueva-ley-de-educacion-superior/

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El verdadero nombre de la paz

Por: Williams Ospina

Los estudiosos de la historia de Colombia habrán advertido repetidas veces que los procesos de paz que diseña la dirigencia colombiana nunca traen la paz al país.

A veces logran un alivio momentáneo de las tensiones sociales, como en la amnistía a los guerrilleros liberales de los años 50, que fueron después traicionados; a veces crean la ilusión de un gran cambio histórico, que los meses se van encargando de atenuar, como en la reinserción del M-19; a veces desencadenan nuevas violencias, como los diálogos con las Farc en tiempos de Belisario Betancur, que produjeron el holocausto de la Unión Patriótica, o como los diálogos del Caguán, que intensificaron la violencia paramilitar.

Ello debería enseñarnos, no que la paz no es posible, sino que es compleja, y que requiere enfrentar en su profundidad las causas de la violencia y empeñarse en corregirlas. Mientras los esfuerzos sean parciales, es un error llamarlos la Paz, porque se generan unas expectativas que la realidad no tarda en disipar.

Hasta ahora la característica común de esos procesos es que siempre procuran señalar la responsabilidad de uno de los bandos: guerrilleros liberales, M-19, Farc, paramilitares, pero la dirigencia nacional siempre se absuelve a sí misma. Es más, siendo grandemente responsable de las condiciones que producen la violencia y que la prolongan, la dirigencia que formatea esos procesos siempre es la que juzga y la que perdona, o la que acusa y prohíbe el perdón.

Más que otras veces, ahora se ha llamado pomposamente paz al proceso de desarme y desmovilización de las Farc, aunque nadie ignora que es largo el camino que va de La Habana a una paz verdadera. Por varias razones: una, porque el conflicto con las Farc, siendo tan largo y tan costoso en vidas y en recursos, es apenas uno de los muchos conflictos que vive Colombia. Existen otras guerrillas, existe la violencia del narcotráfico, existen las bandas criminales, el nombre que ahora reciben los paramilitares al servicio del narcotráfico aliados con la delincuencia común, existen muchas formas activas del crimen organizado, múltiples formas de economía ilegal, algunas altamente depredadoras de la naturaleza, y un creciente fenómeno de corrupción que agrava el sentimiento de desamparo de las comunidades y su desencanto ante la política.

Como la naturaleza, la violencia colombiana le tiene horror al vacío, y en su caldo de cultivo no se puede hacer desaparecer a un actor violento sin que venga otro a reemplazarlo enseguida, a veces con mayor ferocidad. Las Farc, por ejemplo, eran crueles e implacables en su lógica de secuestros y asaltos, pero como necesitaban de los campesinos tenían que obrar como un escudo de protección para los pequeños cultivadores desamparados por el Estado, de modo que su desaparición, en el contexto de un Estado que tiene dificultades para reemplazarlos en sus funciones e incluso para garantizar su segura desmovilización, podría dejar a los cultivadores en manos de la violencia sin freno de las mafias.

Es el caso en que males más incontrolables reemplazan a los males conocidos: un proceso de paz tendría no solo que prever estas cosas sino que estar en capacidad de resolverlas, si no quiere obrar como el aprendiz de brujo que libera una fuerza y después no sabe cómo contenerla. Además, de algún modo habría que aprovechar esas fuerzas antes ilegales, que pueden volverse aliadas del Estado, para que contribuyan al avance de una mínima institucionalidad que le sirva a la gente sin violencia y con beneficios reales.

El diálogo reciente careció de un proyecto de juventudes en un país donde los jóvenes son la guerra. La prueba de que este es un conflicto parcial es que el diálogo se centró en asuntos agrarios siendo Colombia un país donde el 80 por ciento de la población está en las ciudades. Miles y miles de jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin un horizonte de vida que les ofrezca dignidad y seguridad, tienen que venderse a la violencia porque sólo la violencia les brinda algún ingreso.

Quien esté interesado en la paz de Colombia tiene que considerar una estrategia de ingreso social que les brinde a los jóvenes la posibilidad de sobrevivir y capacitarse, cumpliendo tareas que fortalezcan su sentimiento de pertenencia a la sociedad y su compromiso con ella. En un momento de la historia en que el mundo entero requiere planes de reforestación, protección de la naturaleza, cambio de paradigmas en el modo de vivir y de consumir, recuperación de valores esenciales, solidaridad, acompañamiento de sectores vulnerables, liderazgo cultural y reinvención de los modelos de emulación social, es prioritario brindar a los jóvenes la oportunidad de protagonizar los cambios civilizados, para lograr incluso algo asombroso pero harto posible: que la proverbial abnegación de los jóvenes les permita ser ejemplares para una sociedad que nunca supo ser ejemplar con ellos.

La dirigencia le ha fallado tanto al país que cierto rechazo popular a los acuerdos se debe a la creencia de que les van a dar a los reinsertados oportunidades que el resto de la sociedad no ha tenido.

Lo alarmante del plebiscito de octubre de 2016 no es que el No haya ganado con el 20 % de los votos, y ni siquiera que el Sí apenas haya obtenido menos del 20 %, sino que el 80 por ciento de la población le haya dado la espalda a un proceso que era una gran oportunidad para el país. Porque una indiferencia del 60 % y un rechazo del 20 % prometen poco en términos de aclimatación social de una paz que no puede llegar si la ciudadanía no se la apropia, una paz que en realidad ni siquiera hay que hacer con la ciudadanía sino en la ciudadanía. La paz tienen que ser los ciudadanos: sólo ellos pueden ser la convivencia y la reconciliación, sólo ellos pueden ser el perdón y la memoria, la solidaridad y la construcción de otra dinámica de la vida en comunidad.

El crecimiento actual de los cultivos ilícitos nos debe recordar que la hoja de coca es uno de los únicos productos de la pequeña agricultura colombiana que tienen demanda y consumo en el mercado mundial. Bien sabían los funcionarios de Naciones Unidas que formularon el malogrado proyecto de diálogo del Caguán que no sería posible un proceso de paz sin una suerte de Plan Marshall para la reconstrucción del campo colombiano, que no fue arruinado sólo por la guerra sino por una política de desmonte de la agricultura, un cierre de oportunidades para los pequeños productores y un retroceso de la economía al extractivismo del siglo XVI.

Diseñar la economía pensando sólo en vender las riquezas naturales, explotando el suelo desnudo, despojó de estímulos a la producción, vulneró la ética del trabajo, estimuló el culto a la riqueza sin esfuerzo y fortaleció la corrupción, porque las sociedades vigilan y defienden sobre todo lo que es fruto de su labor, la economía que brinda subsistencia pero también sentido de pertenencia y dignidad. Si el mundo quiere la paz de Colombia no puede seguir consumiendo sólo su petróleo, su carbón y su cocaína, tiene que contribuir a la reconstrucción de la economía real, que podría ser una floreciente alianza de la productividad con el conocimiento, en uno de los países más biodiversos del mundo.

Ya la economía cafetera, que le permitió al país vivir modestamente pero con dignidad durante cien años, ha demostrado que hay formas posibles muy refinadas de participación de una sociedad campesina en el mercado mundial. La producción cafetera, democrática, sofisticada y ejemplar, tendría que ser un modelo, aunque estoy lejos de pensar que en nuestra época podamos vivir sólo de la pequeña producción campesina.

Pero también hay una combinación alarmante en Colombia: una clase terrateniente que es dueña de la mitad de la tierra productiva, pero que no tiene ninguna vocación empresarial. A nadie le importaría de quién es la tierra si produjera lo que puede y tributara lo que debe, pero esos millones de hectáreas a la vez confiscadas e improductivas, la cósmica ineptitud de un modelo de propiedad que sólo adora el alambre de púas, están en la base de muchos de nuestros males.

La corrupción de hoy, la danza de los millones en la contratación pública, que ha corrompido la ley y la justicia, reposa sobre una corrupción anterior: la privatización de los mecanismos electorales, la construcción de un Estado de privilegios que se reelige manteniendo a la ciudadanía en la ignorancia y en la indiferencia. Esa es la otra violencia, que está en la raíz de todo, y que hace que cada diez años haya que hacer una reinserción de guerreros pero que nunca se haga el urgente proceso de paz entre el Estado y la sociedad, entre la vida y la política.

Sólo una cosa podemos esperar hoy: que la expectativa que ha despertado en un sector consciente de la sociedad el proceso de diálogo y la desmovilización de las Farc, unido al tremendo desprestigio de la dirigencia colombiana, a la que le interesa mucho desarmar a los insurgentes pero no abrirle horizontes de participación y de iniciativa a la comunidad, despierte en sectores cada vez más amplios la necesidad de un nuevo proyecto de país y el afán de hacer realidad unas reformas económicas y sociales que han sido aplazadas por muchas décadas, y la condena histórica a una dirigencia que persiste en su mezquindad y en contagiar su discordia. No sólo los mercaderes que envilecen la política, sino los grandes poderes económicos que se lucran de la miseria, de la depredación de la naturaleza y de la entrega del país al pillaje legal e ilegal.

El verdadero nombre de la paz en Colombia es democracia: el fin de las maquinarias y el diseño de una economía que beneficie por fin a la gente, y sincronizar la agenda nacional con la urgente agenda del mundo: energías limpias, protección de la naturaleza, detener y revertir el cambio climático, poner a la comunidad en el primer lugar de las prioridades, y convertir la cultura en el dinamizador de una sociedad de creación.

Fuente:https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235208

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Argentina: El Gobierno avanza en la OCDE:; ya integra todos los comités técnicos

Argentina/www.cronista.com / 13 de Diciembre de 2017

La última semana Argentina ingresó al comité de Salud y así tiene presencia en los 23 equipos de la OCDE. Expectativas por una membresía para «anclar las reformas»

El Gobierno acelera el paso para acceder a la OCDE, con el fin de cambiar de plano la toma de decisiones en Argentina, acorde a normas que se practican en países más desarrollados y de economía abierta. El representante nacional ante la organización, Marcelo Scaglione, reveló el último jueves frente a empresarios que la Casa Rosada ya consiguió representación en las 23 comisiones técnicas del exclusivo órgano de gobernanza: un paso que facilita el proceso de membresía para la Casa Rosada.

El funcionario, con experiencia en organismos multilaterales como el Banco Mundial, relató en el Atlantic Council los avances en el acceso de Argentina a la OCDE. En el Hotel Alvear, ante empresarios, buscó convencer al auditorio al comentar que recibió la última semana una carta del secretario general de la organización, Angel Gurría. «Habla de la posibilidad de que Argentina y Perú ingresemos en el corto plazo», explicó Scaglione, quien espera que la invitación formal llegue antes de julio del próximo año.

Además, el funcionario, quien estudió en Francia, comentó que Argentina logró la última semana representación en las 23 comisiones técnicas de la organización con sede en París. «Ayer nos notificaron que ingresamos al último comité, el de Salud», señaló. Y validó su gestión al indicar que entre 1995 y 2016 Argentina había logrado representación en 8 comités. «Lo que nos costó 22 años, lo hicimos en 18 meses», resumió.

Scaglione aseguró que aplicar las políticas sugeridas por la OCDE va a generar un cambio en la administración pública nacional. «Tener la invitación lo antes posible nos permite aprovechar ese momentum y anclar de manera definitiva estas transformaciones estructurales», clamó ante el deseo de que Argentina ingrese en un plazo de cuatro años. La ambición de Scaglione es que «anclar las reformas» va a lograr que «no haya vuelta atrás a un populismo que ya vimos cuáles son los resultados».

Minutos antes, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, confirmó esa línea. «La estrategia es integrar a Argentina al mundo y de institucionalizar todos los frentes que podamos», explicó respecto a las consecuencias por ser huéspedes de la OMC, liderar el G20 y acceder a la OCDE. «Apunta a ser un país más institucional, a ser más parecidos a los países que crecen, aplicar mejores prácticas en cada uno de los ejes de la administración pública», resumió Cabrera.

El referente del PRO consideró abiertamente que la reforma laboral, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Mercado de Capitales y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea cambiarán la estructura política nacional. «Si todo esto ocurre, Argentina será un país muy diferente al que teníamos hace apenas unos meses», reflexionó.

El plan del Gobierno se basa en aplicar reformas para beneficiar a los inversionistas y de esta manera generar empleo privado formal. Cabrera sostuvo que hay 590 proyectos de inversión, que canaliza la Agencia de Inversiones, que sumarían 76 mil millones dólares y generarían 55 mil empleos formales directos. Ahora bien, el ministro no pudo precisar cuándo se concretarían esos proyectos. El Gobierno tiene muchas expectativas en torno a la inversión extranjera directa, que en 2016 cayó respecto a 2015, principalmente porque al quitar el cepo, las empresas giraron utilidades.

El ministro también quiso generar optimismo en el auditorio al advertir que «no» le preocupa que las importaciones superen a las exportaciones. «El principal rubro de importación son bienes de capital y nos pone contentos que las empresas se estén reequipando para competir», manifestó.

Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-avanza-en-la-OCDE-ya-integra-todos-los-comites-tecnicos-20171211-0051.html

 

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Imprescindible auditoría de la deuda y fin del secretismo: cuidado con el petro

Por: Claudio Della Croce

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado en las últimas semanas la reestructuración de la deuda externa y el lanzamiento del petro, una criptomoneda respaldada por los recursos naturales de hidrocarburos, oro y diamantes del país, lo que más allá del secretismo con que se manejan ambos temas, pone en la mesa de prioridades una necesaria auditoría de la deuda y una explicación más amplia sobre el petro.

a) La renuncia obligada como diplomático de un personaje clave como Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera y ministro de Energía y Petróleo durante tres lustros, tiene sin duda alta significación, pero puede prevalecer en su análisis apenas una mirada acotada: la del comienzo de las disputas en el seno del chavismo ante la perspectiva de las elecciones presidenciales del año próximo, en el marco de una “guerra contra la corrupción”.

De todas formas, cualquiera sea la intensidad de esperables disputas mezquinas o amplias por el poder político, en ningún caso podrán éstas desplazar la atención del hecho que Venezuela se encuentra en una situación de emergencia económica y financiera que se ha profundizado enormemente en los últimos días, lo reconozcan o no el gobierno y mercados financieros, a partir de haberse roto el círculo vicioso de la condición de «pagador serial» de Venezuela a costa de enormes sacrificios sociales.

b) La necesidad de una reestructuración forzosa de la deuda abre un nuevo capítulo, lo reconozcan o no sus actores (gobierno, banqueros, grupos económicos, fondos buitre, etc.).

Como en toda reestructuración forzada de deudas públicas o privadas en cualquier lugar del mundo, los primeros interrogantes a responder son: a) como requerimiento imprescindible de una nueva etapa, ¿qué se debe, a quién y por qué? , y b) ya en la negociación concreta ¿quiénes tendrán la iniciativa, los deudores (Estado venezolano, PDVSA) o los acreedores?

Se requiere clarificar y transparentar objetivamente el estado de situación, y para ello es imprescindiblemente en primer lugar una auditoría de la deuda, que en este caso, por tratarse de pasivos públicos, debe ser transparente y garantizada por la más amplia participación y control social.

Es posible que se opongan quienes por razones de conveniencia , ocultamiento o de búsqueda de una posición privilegiada particular rechacen hacerlo en nombre del «secreto bancario», pero como se está jugando con la postración del pueblo al haber priorizado hasta ahora el pago a los acreedores en relación al uso de las mismas divisas para las importaciones esenciales de alimentos y medicamentos, es lógico que la ciudadanía desee saber de qué se trata y contar con toda la información veraz de la situación financiera del país. Un requerimiento democrático elemental.

c) En relación al segundo interrogante, es desde ya posible anticipar que deberá ser respondido en un marco de presiones, extorsiones y amenazas -ya habituales- contra Venezuela. Conociendo la información siempre es imprescindible determinar prioridades y ello no se vincula solo con aspectos contractuales, o el tipo de deuda o acreedor, aunque ellos deben ser estudiados también atentamente, sino también a las prioridades de las partes.

No hay duda que para los fondos buitre, especuladores, acreedores voraces, organismos financieros internacionales la prioridad será cobrar todo, a cualquier costo para la sociedad. Para Venezuela deberá ser, sin duda y con mucha firmeza, poner en primer lugar que las divisas significativas que sigue recibiendo el país por sus exportaciones petroleras deben ser en primer lugar para satisfacer las necesidades sociales y económicas imprescindibles para el país.

Sin duda habrá muchas más cuestiones y vaivenes por delante, en un proceso que con toda seguridad será complejo, pero que desde el vamos cada uno debe definir en qué lugar se ubica y qué entiende como prioritario.

d) Los enormes desafíos por delante no se superarán por la ilusión de una milagrosa unidad monetaria (criptomoneda), respaldada por supuestas gigantescas reservas en el suelo, el anunciado petro. Aquí, tal vez venga bien a cuento narrar brevemente la famosa experiencia de Francia en 1720 con la burbuja de la «Compañía del Missisipi» ,impulsada por el escocés John Law, inventor del papel moneda en Europa.

El gobierno francés le entregó el monopolio comercial en las colonias francesas de Norteamérica y las Indias Occidentales. En 1719 incorporó a su estructura otras empresas coloniales francesas, con lo que adquirió el nombre de Compañía de las Indias. Pero en 1720, tras generar enormes beneficios a la Corona, el Regente, Duque de Orleans, ordenó imprimir billetes por aproximadamente unos tres mil millones de libras, provocando una inflación como no había habido nunca en Europa, tanto en bienes inmuebles como en bienes de consumo (como el pan) y los salarios.

La gran cantidad de billetes que se insertaron a la economía hicieron que estos no tuvieran el mismo valor, perdiendo su valor adquisitivo. No obstante tampoco existía el valor equivalente en oro que permitiera tomar esas medidas sin tener repercusiones. Esto ocasiona que todo el sistema que proponía Law colapsara y perdiera su credibilidad.

Por ejemplo, la gracia del bitcoin –la criptomoneda más en boga- no es otra que su valor en dólares, lo que también es una ficción ya que su valor es de expectativas, especulativa, no tangible de pago.

Entonces, el día que estalle la burbuja de las criptomonedas (dinero fiduciario facilitado por las nuevas tecnologías digitales), nadie podrá reclamar lo que pagó por ellas: su “valor” se esfumaría con el pánico provocado al cambiar las expectativas positivas a negativas, exactamente de la misma manera como ocurrió con los derivados financieros que condujeron a la crisis de las hipotecas durante 2007-2008.

No es hora para espejismos, ocultamientos, secretismo o politiquería . Hay que enfrentar la realidad.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235112&titular=imprescindible-auditor%EDa-de-la-deuda-y-fin-del-secretismo:-cuidado-con-el-petro-

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