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Chile: impuestos y educación

Chile/07 de noviembre de 2017/ Fuente: El País

Si Sebastián Piñera gana, haría mal en repudiar las líneas políticas básicas de su predecesora

La economía chilena atraviesa por una fase de ralentización desde 2015 cuya causa principal es el descenso del precio del cobre en los mercados mundiales. Para Chile, el cobre es una especie de monocultivo; otros países dependen del petróleo, pero, claro, el cobre no está defendido en los mercados por un cártel poderoso. Cuando el precio del cobre cae, no existen herramientas eficaces para subirlo de nuevo; hay que esperar pacientemente a que se recupere. Este año la economía chilena crecerá en torno al 1,5%. Pero también hay buenas noticias: el precio del cobre se está recuperando y, por lo menos, el metal ya no constituirá un lastre para el crecimiento. No obstante, para 2018 las estimaciones de crecimiento no superan el 2%; tendrán que pasar un par de años para que se alcance una tasa de crecimiento del 4%.

Pero el avance coyuntural expuesto en números poco nos dice de la estructura económica del país, que al fin es lo que decide la calidad del bienestar y la estabilidad futura. Acaso el indicio de la dependencia del cobre revela la descompensación de las fuentes de riqueza. El equipo económico de Michelle Bachelet apenas se equivocó un milímetro en su diagnóstico sobre los flancos débiles de la economía chilena. En primer lugar, se hace necesario reducir la dependencia del cobre; condena a los chilenos a una excesiva e innecesaria volatilidad en el crecimiento económico. Claro que, como se apresuran a explicar desde las localizaciones mineras, la reducción tiene que ser paulatina. Faltaría más. Pero ya urge iniciar el viraje hacia nuevas fuentes de riqueza.

Con la misma urgencia, o mayor, había que reformar el sistema fiscal. Cualquier observador distraído lleva a la conclusión de que los Estados que quieren contribuir al crecimiento económico —aunque sea de la manera indirecta que predica el liberalismo— están obligados a contar con una estructura recaudatoria firme y segura, que, desde luego, no quiere decir confiscatoria. Se trata sencillamente de asegurarse un flujo continuado de ingresos a los que deben contribuir las empresas y las rentas individuales de forma proporcionada. El mismo observador distraído comprenderá que la diferencia entre los países desarrollados y los emergentes es, básicamente, de seguridad fiscal.

El Estado chileno necesitaba aumentar los ingresos para cubrir las inversiones necesarias en educación, otro de los graves déficits de la sociedad chilena. Porque la educación, una externalidad para el catecismo neoliberal, es una de las formas —junto con la seguridad jurídica, por cierto— que tiene el Estado para contribuir al crecimiento. Por estas y otras razones, las decisiones económicas de Bachelet estuvieron plenamente justificadas.

El argumento dominante hoy insiste en culpar a los cambios fiscales y educativos de la caída de la inversión. «Crearon incertidumbre», se pontifica con seguridad impostada. Es probable; pero sabemos, desde que Keynes nos lo enseñó, que las decisiones de inversión dependen principalmente de las expectativas de demanda y, por lo tanto, sería más acertado suponer que la caída de la demanda es la causa previa a la depresión inversora. Por otra parte, se extiende el consenso de que las expectativas de demanda mejorarán en los próximos meses. Así que la fase depresiva de la inversión puede empezar a cerrarse en los próximos meses.

En las próximas e inmediatas elecciones (19 de noviembre) tiene ventaja el candidato de la derecha, Sebastián Piñera. Mal haría, si gana, en repudiar el diagnóstico y las líneas políticas básicas de Bachelet, salvo en lo que se refiere a la modulación de los detalles. La fiscalidad y la educación son líneas de progreso para Chile, por más que Piñera se sienta tentado de recurrir a modos de crecimiento más endebles.

Fuente:

https://elpais.com/economia/2017/11/02/actualidad/1509648951_822515.html

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Colombia: Estos son algunos de los retos de la Política de Educación Rural del Valle

Colombia/07 de noviembre de 2017/Por: Wendi López D/Fuente: http://www.elpais.com.co

Tras el posacuerdo la ruralidad y sus dinámicas, entre ellas la educación, tomaron especial importancia. Emergieron actores, movimientos y requerimientos que antes, por el conflicto armado, no se veían con claridad, pero que ahora merecen entenderse mejor y ser atendidos por parte del Estado.

Por eso, con el propósito de poner en la agenda pública regional la educación rural y reflexionar sobre sus retos, demandas y significados, se realizó este 23 de octubre, en Florida, Valle del Cauca, el Foro Regional de Educación Rural.

Dicho municipio fue seleccionado como anfitrión del evento por ser uno de los priorizados por la ONU para trabajar durante el posconflicto.

Este evento fue promovido por la Mesa de Educación Rural del Valle, Merva, la cual se conformó hace un mes con los distintos sectores implicados en la educación regional (industria, agroindustria, academia y Gobierno Nacional y Departamental) para acordar pistas claves y pertinentes a los requerimientos de los territorios rurales. “Su propósito es construir una Política de Educación Rural efectiva para el Valle”, afirmo Odílmer de Jesús Gutiérrez, secretario de Educación Departamental.

La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional, Alcaldías Municipales y la Universidad Javeriana convocaron a distintos ponentes, académicos y líderes comunitarios, para que explicaran algunas de las iniciativas nacionales e internacionales más innovadoras y significativas en el ámbito de la educación rural.

Algunas de estas son el Programa Utopía de la Universidad de la Salle, el Proyecto Forja, Educapaz y La Escuela, un Proyecto de Transformación Cultural. Asimismo, se presentaron ponencias como la de Dante Castillo, director de políticas y prácticas innovadoras de SUMMA- Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina.

Además de las ponencias, el evento promovió seis Mesas de Experiencias para que los asistentes reflexionaran sobre el actual significado de la educación rural, su relevancia en la coyuntura del país, sus retos, potencialidades y demandas.

“El Foro se pensó con miras a obtener insumos que le permitan a la recién creada Mesa Intersectorial de Educación abordar los asuntos críticos y fundamentales de la Educación Rural”, explicó Ana Milena Lemos, directora ejecutiva de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla.

90 % de las instituciones a cargo de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca están ubicadas en el sector rural. Hay un total de 127 en esta zona, de las cuales  solo 50 tienen especialización agropecuaria.

Uno de los focos de la Gobernación es, entonces,  poder aumentar el número de colegios con esta especialización o dar algunas especialidades técnicas o tecnológicas que se conviertan en oportunidades para los jóvenes del campo.

Muchas de las conclusiones que arrojaron las mesas de experiencias serán revisadas y sistematizadas por la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla y la academia. El objetivo es estructurar una ruta a seguir y concretar estrategias en las que Estado, empresa privada y comunidad organizada desarrollen la Política Regional de Educación Rural.

A continuación, se mencionan algunas de las conclusiones más importantes del foro, compartidas por Carmen Rengifo, coordinadora de Planeación de la Fundación Caicedo González Riopaila.  Según ella, cada uno de los aporte y experiencias socializadas durante el foro apuntan a que no existe una única población rural, ni una sola manera de hacer educación. Se evidenciaron muchas de las exploraciones, metodologías y rutas que distintas comunidades (diversas entre sí) han adelantado como modelos educativos, y que por lo tanto, merecen ser reconocidos, estudiados y potenciados.

1.  El campo: Un territorio de oportunidades

Las iniciativas que se presentaron durante el Foro Regional de Educación Rural del Valle del Cauca evidencian la capacidad que tienen las comunidades de adelantar sus propios procesos y modelos de educación, incluyentes, diversos, interculturales y con vocación territorial. En ese sentido, Ana Milena Lemos, directora ejecutiva de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, cree que la educación rural requiere metodologías, programas y modelos flexibles que puedan responder a la propia visión de desarrollo de las comunidades y a sus proyectos de vida.

“No es solo diseñar una oferta educativa para el territorio. Se debe proyectar una mirada hacia las necesidades de quienes se forman para trabajar en él, para que puedan, por ejemplo, incrementar la productividad y cumplir sus metas”, afirmó.

Es decir, que resulta necesario propiciar que los niños y jóvenes encuentren en la educación la posibilidad de alcanzar sus metas y de potencializar sus territorios. Según ella, las comunidades no quieren que les lleguen con educación superior que los saque del campo, sino una que le agregue un valor y lo haga más atractivo. Por ejemplo, que los jóvenes encuentren en las nuevas tecnologías estrategias que mejoren los emprendimientos y procesos de producción de sus padres o vecinos.

2. Cerrar brechas educativas y tecnológicas

Es necesario considerar que existe una brecha entre los estudiantes urbanos y rurales. El desarrollo de competencias no es el mismo, y así lo evidencian, por ejemplo, los bajos resultados en las Pruebas Saber y la poca población rural que logra acceder a la educación superior. Además, existen altos índices de deserción universitaria de los jóvenes rurales, debido, sobre todo, a que no cuentan con los recursos para su sostenimiento.
Por lo anterior,  Lemus plantea la necesidad de que existan mayores inversiones que apalanquen la formación académica de los habitantes del  sector rural.

El otro reto evidenciado durante el foro  es la necesidad de entender la clara  modernización e innovación de la producción agraria y las competencias y habilidades que como tal exige, para capacitar, entonces, a estudiantes y docentes.

62 % de los niños y jóvenes del campo no accede a la educación media y el 99 % de estos mismos, no ingresa a la educación superior.

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En la Mesa Principal: Odílmer de Jesús Gutiérrez, secretario de Educación Departamental; Ramíro Mariño,  gerente corporativo del grupo Agroindustrial Riopaila Castilla; Diego Bustamante, alcalde de Florida,  y Ana Milena Lemus, directora ejecutiva de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla.                                                                                                                                 El evento contó con la masiva participación de docentes de colegios y universidades de todo el Valle del Cauca.

Foto: Especial para El País.

3. Oferta académica:  Pertinencia educativa

La ruralidad requiere una ampliación en la oferta educativa, contar con nuevas infraestructuras que presten tal servicio y que reconozcan las necesidades de los programas agrarios, técnicos o tecnológicos que le sumen oportunidades personales,  profesionales laborales y económicas a la población del campo.

José Leonardo Campo Mestizo, coordinador de la Institución Departamental de Educación Básica Indígena Comunitaria y Complementaria, Idebic, menciona, por ejemplo, que se requieren parcelas y terrenos para poner en práctica los saberes del cultivo de la tierra.

«Antes le pediámos permiso a un vecino, que nos prestará por un año la parcelita, porque ya después de ese tiempo lo normal es que la necesite, por eso  la escuela rural como mínimo debe contar con una hectárea o una plaza, para que el muchacho estudie y se unte de la tierra. Además, se debe capacitar a los maestros  para que tengan visión mas amplia del campo»,  explica José Leonardo Campo Mestizo.

En este sentido, Florida, actualmente, adelanta conversaciones para crear una universidad que atienda a su población y por que no a la del resto de municipios del Valle. Sin embargo, no se trata solo de una ampliación del servicio sino también, de hacer una revisión de los programas más acordes a las características de los contextos y las necesidades del sector productivo.

Ahora bien, también, se demanda el diseño de nuevos programas que desarrollen otras dimensiones de los sujetos, particularmente, aquellos artísticos y culturales, que les permitan a las comunidades un crecimiento  integral.

4. Trabajo en redes: Articulación
entre sectores

Potencializar el trabajo en redes es una propuesta que nace desde el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la Política de Educación Superior Rural. Para hacerlo, es necesario reconocer y respetar el trabajo previo de cada uno de los actores del territorio, unir sus fuerzas y democratizar la toma de decisiones. Todo en función de construir iniciativas consensuadas, que optimicen y fortalezcan los conocimientos y valores agregados que cada sector aporta.

Carmen Rengifo, coordinadora de la Fundación Caicedo González, explica que es necesario que se establezcan las redes indicadas para articular a cada sector, como el académico y productivo, pero que además, se cuente con la  presencia de las instancias centrales, como el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Agricultura. Es decir, “todos aquellos sectores que tengan algo que decir frente al desarrollo rural en los territorios”, puntualizó.

5. Educación para la paz: Desarrollo sostenible

Durante el Foro se mencionó que las experiencias de las comunidades muestran que la solidaridad y cooperación, valores propios del campo, son importantes para construir las líneas de una educación para la paz.

Al respecto, Carmen Rengifo afirmó que “el trabajo adelantado desde la ruralidad tiene elementos potenciales que se pueden retomar en la coyuntura del posconflicto”. Para ella, es importante, por ejemplo, el reconocimiento de las identidades culturales y la implementación de un enfoque diferencial como elemento transversal a toda la definición de currículos y de modelos educativos.

Jose Leonardo Campo Mestizo, coordinador del Idebic, institución con sus propios programas académicos, afirmó que para la comunidad nasa y demás pueblos indígenas resulta importante fortalecer la educación con algunos componentes de su cosmovisión y sabiduría ancestral como: territorio, jurisdicción, salud, economía y espiritualidad. Además, de promover un cultivo respetuoso y sostenible de la tierra, sin hacerle daño a los estilos de vida y culturas de las otras comunidades (afrodescendientes, campesinas, etc). Es decir, propiciando un desarrollo sostenible para todos y para la naturaleza.

Más detalles:

*Hace un mes se creó La Mesa de Educación Rural del Valle (Merva) para trabajar intersectorialmente en la construcción de los lineamientos de la política regional de Educación Rural del Valle.

* La Institución Departamental de Educación Básica Indígena Comunitaria y complementaria, Idebic, actualmente dicta una tecnología sobre el liderazgo para su pueblo, dictada por sus ‘mayores’. El sueño del pueblo nasa es que el Ministerio de Educación reconozca sus esfuerzos y de ese modo,  ganar poco a poco, un reconocimiento de sus propios modelos.

Fuente de la Noticia:

http://www.elpais.com.co/familia/conozca-algunos-de-los-retos-de-la-politica-de-educacion-rural-del-valle-del-cauca.html

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Libro: Nuevos enfoques sobre el desafío de la inclusión en la enseñanza media

Por:  Ema Zaffaroni

Derecho a la educación y mandato de obligatoriedad en la Enseñanza Media. La igualdad en cuestión. Coordinadores: Pablo Martinis, María Noel Míguez, Nilia Viscardi, Adriana Cristóforo. Colaboradoras: Paula Achard, Sofía Angulo, Camila Falkin, Verónica Habiaga. Edición: Universidad de la República, Comisión Sectorial de Investigación Científica. 2017.

Lejos de presentar una visión simplista, cerrada, conformista con diagnósticos recurrentes, el libro Derecho a la educación y mandato de obligatoriedad en la Enseñanza Media aborda algunas problemáticas desde la investigación educativa y desde la psicología, dejando en evidencia el grado de complejidad que adquieren esas tensiones de la enseñanza media en nuestro país.

Desde el título ya encontramos pistas en relación con los nudos problematizadores: derecho a la educación y mandato de obligatoriedad. Podríamos preguntarnos cómo debe leerse esta primera parte del título: ¿esta dupla está planteándose en términos de oposición o de complementariedad? Si la educación está concebida como un derecho, entonces es discutible que deba ser obligatoria, y, a la inversa, si es obligatoria, qué sentido tiene promulgar que es un derecho. Punto interesante para reflexionar y perspectiva no común en los debates. Como si esta especie de acertijo no fuera suficiente, el título termina con una frase demoledora: la igualdad en cuestión. Eso que ha sido a lo largo de la historia de este país, una especie de buque insignia, desde el discurso vareliano en adelante, sobre el rol de la educación como igualadora, aquí se cuestiona. Y lo hace desde una mirada profunda y compleja, en el sentido de en qué medida es el propio sistema el que, a través de sus prácticas, pone en peligro la igualdad. Es decir que, ya desde el título, se entretejen tres nudos bien complejos: el derecho a la educación, el sentido de la obligatoriedad y la cuestión de la igualdad.

¿Cómo se despliega, luego, la trama? A partir de las investigaciones realizadas para este libro y correspondientes a trabajos anteriores, se abordan cuestiones que atraviesan al sistema educativo hoy, especialmente en la enseñanza media, y a todos sus protagonistas, estudiantes, docentes, directivos, familias y comunidad.

Lo primero que me parece importante destacar del planteo de los autores es el énfasis que traduce respecto de la complejidad del acto educativo, más que del acto, diría de todo el proceso educativo, en toda su extensión, ese proceso que, no se sabe a ciencia cierta, dónde comienza y dónde termina. El libro muestra con precisión la complejidad que habita el acto mismo, es decir, el momento de la clase, ese momento único e irrepetible, tanto para el profesorado como para el estudiantado. Cómo vive ese momento el que enseña, el que aprende, o mejor dicho, los que enseñan y los que aprenden, porque justamente algo que queda claro es que este proceso se vive en claves diferentes y es muy difícil –y me arriesgaría a decir peligroso– generalizar. También analiza el contexto, es decir, las instituciones educativas en las que se desarrolla ese acto y el afuera, los contextos de donde provienen los estudiantes, o, mejor dicho, la percepción y el discurso que elaboran docentes e instituciones sobre esos contextos.

El afuera y el adentro

En grandes líneas, el problema principal que plantean los cuatro trabajos del libro refiere a las dificultades para procesar la educación en los actuales contextos. A partir de allí, se disparan varios asuntos, algunos de ellos, diría yo, ya son clásicos, mientras que otros resultan desafíos sustantivos que hay que enfrentar para pensar posibles modificaciones de las realidades actuales. Una visión muy generalizada en los discursos, aunque no sé si podríamos llamar hegemónica, refiere a poner en el afuera del sistema educativo la mayor parte de las problemáticas y visualizar que este no se encuentra preparado para recibir a las poblaciones que ahora acceden a la enseñanza media (cumpliendo con el mandato de la universalización y la inclusión, es decir, de la obligatoriedad aludida en el título).

Se insiste en que esas poblaciones vienen con códigos propios que no son los del sistema, que no tienen la base para poder transitar por el liceo. “En este sentido, podemos señalar que el mandato de universalización interpela a los actores de la enseñanza media, los cuestiona en su identidad tradicional. Quizá la principal dificultad a la que nos enfrentamos es que la interpelación se produce desde una discursividad sociopolítica y jurídica que podría sintetizarse en el mandato ¡incluyan!, pero sin que tenga un correlato del todo desarrollado en términos de la oferta de un discurso pedagógico que sustituya al tradicional de la educación media” (Martinis y Falkin: 52).

Esa interpelación llega al punto más extremo cuando se pone en duda si esas poblaciones pueden o no pueden aprender, es decir, se pone en duda el principio de educabilidad. Allí estamos cuestionando todo nuestro ser docente. Allí, la interpelación alcanza los abismos más profundos a nivel profesional, emocional y personal. Pero también institucional.

En el resto del discurso, sin llegar a ese extremo, es decir, cuando la interpelación no se produce o se queda en la superficie, se encuentran una serie de afirmaciones que en su gran mayoría parecen fundamentar la problemática en el otro, en el que viene de afuera, el que no está preparado, el que viene sin saber nada, el que en la casa no aprende nada… lo interesante es que este discurso no refiere solamente a la queja, sino también a la causalidad. Es decir, en general, el primer asunto que aparece cuando se plantea algún tipo de dificultades u obstáculos en el proceso de aprender, se recurre al contexto: vulnerabilidad, pobreza, abuso, falta de familia, contexto de violencia o drogadicción.

El asunto entonces es cómo se evalúa el contexto, porque creo que todos pensamos que el contexto tiene importancia e incidencia en las posibilidades de aprender de un adolescente, pero también sabemos que eso es bien diferente a plantear que es determinante. El mayor riesgo de esta postura es que obtura todo proceso de investigación, análisis y reflexión dentro de la institución, de la clase y del proceso de enseñanza, porque total, si todas las causas están en el afuera, entonces no vale la pena explorar lo que sucede adentro. Y, además, esta postura condena a sectores de la población a seguir quedando afuera del sistema, por lo tanto, contradice la inclusión, la educabilidad, y entonces cuestiona la igualdad de oportunidades.

Las “soluciones” propuestas desde el afuera

Este enfoque del problema tiene otra ramificación, que se vincula con algunos de los planteos de los dos trabajos del libro que provienen del área de la psicología, y que refieren a cómo ese afuera, ese contexto, en muchos casos, recurre a soluciones fáciles para esos adolescentes. Así aparece la sobrediagnosticación sobre dificultades de aprendizaje, que resulta ser un gran paraguas en el que incluimos desde el estudiante que presenta ritmos o incluso intereses distintos hasta los que realmente presentan algún tipo de dificultad cognitiva, que, como sabemos, son una minoría. “La necesidad de diagnosticar lo diferente siempre se constituye desde una lógica del déficit, de aquello que falta para cumplir con una expectativa. Lo diferente en la educación pasa por aquel estudiante que no logra alcanzar las demandas y expectativas escolares, esas que lo anteceden desde lo instituido, el deber ser de las instituciones” (Cristóforo y Achard: 228).

Y la respuesta, en muchos casos, es la medicalización. Si no podemos con estos adolescentes, entonces, calmemos sus disrupciones, tratemos de normalizarlos, de homogeneizarlos. Inclusión y universalización estarían, entonces, reforzando la idea del papel homogeneizador del sistema educativo. Y uno se pregunta: ¿dónde quedó aquello de la educación liberadora?

Volviendo al interior de la institución y siguiendo con esta perspectiva de ubicar la problemática en el afuera, entonces el profesor no puede hacer nada o, por lo menos, no puede hacer lo suficiente. Aquí se suma en los discursos, muy frecuentemente, el tema de la falta de preparación de la formación docente para esta realidad. Sería interesante saber cuándo egresaron los docentes entrevistados, de qué centros de formación docente, para poder tener alguna noción de qué formación recibieron. Y más allá de eso, me parece interesante incluir la discusión sobre cómo hace una institución para formar a sus profesores para la sociedad que va a existir varios años después, ¿cómo puede saber cómo será esa sociedad? Sobre todo, cuando la sociedad está mostrando signos de fractura social que no estaban previstos en la matriz de esas instituciones formadoras. Este discurso docente es otra faceta de seguir poniendo la causa del problema afuera y evitando el análisis, la reflexión y las modificaciones de las prácticas individuales y colectivas.

Por último, en relación con este aspecto de depositar el problema en el afuera, entonces no es educativo, no es responsabilidad del docente. Por eso es necesario que haya más asistentes sociales, psicólogos, educadores sociales, psicopedagogos y, además, porteros y policías, porque la violencia es otro de los problemas que azotan las instituciones educativas, y también viene de afuera según los discursos relevados.

Creo que es muy difícil lograr visualizar un equilibrio en los análisis de estos discursos, en donde poder ubicar correctamente la incidencia del contexto, la de la institución, la de las prácticas educativas, las de la vocación, las del malestar docente, para poder llegar a una aproximación a una explicación de lo que sucede en nuestras instituciones de nivel medio. “Estos argumentos ponen de manifiesto que el/la docente debe correrse del lugar de víctima desde el cual sostiene que los problemas surgen fuera del liceo y es allí donde se resuelven. Los/las docentes deben salirse de ese rol para problematizar lo que sucede en sus aulas y repensar las pedagogías propuestas en función de las características de sus estudiantes. Esto no sólo generaría un mayor y mejor vínculo con las adolescencias, sino que podrían desplegar sus prácticas pedagógicas para las que se formaron” (Míguez y Angulo: 213).

¿El aprendizaje o los aprendizajes?

Por otro lado, me gustaría aportar una preocupación que ronda por mi cabeza desde hace ya bastante tiempo y que la lectura de este libro ha vuelto a despertar. Creo que hemos avanzado mucho en el proceso de los diagnósticos. Tenemos un instituto dedicado especialmente a evaluar el sistema educativo y, por lo tanto, a elaborar diagnósticos a partir de esas evaluaciones. La academia investiga desde diferentes perspectivas y suma aportes de investigadores preocupados por el tema. Sin embargo, no sé si este avance en los diagnósticos se ve reflejado en posibles caminos de modificación, de cambios, reformas, nuevas formas de pensar la institucionalidad y la enseñanza.

Porque, en definitiva y volviendo al título de este libro, todas las personas tienen derecho a la educación: eso no se discute, está claramente sostenido en la ley y en la conciencia de todos. Por lo tanto, todos, también los vulnerables, los pobres, los que no tienen una familia que los sostenga, los que viven en ambientes de violencia, todos ellos tienen derecho a acceder a las instituciones de enseñanza media, a permanecer y a poder egresar. Me gustaría agregar que, además tienen derecho a aprender. Y acá está la cuestión primordial: ¿qué quiere decir aprender?; ¿qué tienen que aprender?

Algo que se rescata en el libro y me alegra mucho es que para aprender tiene que haber cierta voluntad y también cierto deseo. Ya hace muchos años que hemos desinstalado el binomio enseñanza-aprendizaje como si fueran inseparables y como si hubiera una relación causal y mecánica entre un proceso y el otro. Hay un sujeto que enseña y otro que aprende: dos sujetos, dos acciones, dos deseos, dos actitudes. Por supuesto que enseñar quiere decir hacer todo lo posible para que el otro aprenda; o sea, esta postura no exime de responsabilidades al cuerpo docente. Por el contrario, lo profundiza. Pero me parece que el desafío es qué y cómo. Porque, siguiendo con el título, deberíamos pensar un poco más en esto de la igualdad. Creo entender que los autores plantean, en términos generales, que las instituciones educativas no están respetando la igualdad o, por lo menos, están cuestionándola, porque, en cierto modo, discriminan, señalan, algunos incluso dicen que expulsan a los estudiantes que no encajan con el sistema.

En esa misma línea, se desliza a lo largo de los trabajos otro cuestionamiento respecto de la igualdad, que está vinculado a preguntarnos si todos tienen que aprender lo mismo, en el mismo tiempo, a la misma edad. Aquí hay una profunda cuestión respecto de cómo consideramos la igualdad y cómo nos hacemos trampas al solitario todo el tiempo. Por un lado, sostenemos que todos somos diferentes, somos capaces de visualizar la importancia que tiene el contexto en los aprendizajes, las desventajas con las que llegan algunos estudiantes a la enseñanza media. Sin embargo, a la hora de enseñar, de evaluar, de exigir, pretendemos homogeneizar: les enseño a todos lo mismo, les pongo la misma prueba, los evalúo con los mismos criterios.

Si bien cada vez estoy más convencida de que esto no debe ser así, quiero quebrar una lanza por los docentes, porque sin duda esto, que es muy fácil decirlo y hasta criticar a los que no lo ven así, es muy difícil de implementar. A pesar del camino que se abre a partir de las adecuaciones curriculares, tengo la impresión de que la enseñanza sigue tendiendo a ser homogeneizadora.

La imperiosa necesidad de repensarnos

De todos modos, lo que parece claro es que, si lográramos modificar algunas actitudes y conductas, seguramente conseguiríamos transformar las instituciones en ámbitos de convivencia, de enseñanza y de aprendizaje. Algunos de esos cambios podrían pasar por el trabajo comprometido de docentes y directivos, el vínculo con la familia y la comunidad, el vínculo afectivo entre profesores y estudiantes, el rescate del saber disciplinar para un mayor trabajo interdisciplinario, el desarrollo de la creatividad. Y, sobre todo, animarnos a romper los moldes y apostar a descubrir, junto a los estudiantes, qué sentido tiene aprender.

Para eso hay que seguir caminando y abriendo puertas, porque “todas estas voces nos advierten en la necesidad de repensar la implicancia de habitar juntos el espacio escolar. Esta, como tantas discusiones en torno a la educación, se ha simplificado en la demonización de estudiantes imposibles y la victimización de docentes imposibilitados. Esa simplificación ha entrampado la discusión porque coloca a los docentes en una paralizante imposibilidad. Es decir, refuerza una apelación melancólica al pasado que inmoviliza, en tanto evoca aquello que fue y obstaculiza la construcción de lo que será. Esto constituye un punto central de la cuestión, puesto que los docentes son una pieza clave en la construcción de lo nuevo (no de lo innovador) como lo portador de posibilidad y no como superación de lo ya existente” (Viscardi y Habiaga: 143).

Nota: las citas bibliográficas corresponden a los cuatro artículos que componen el libro, a cargo de Paula Achard, Adriana Cristóforo, Sofía Angulo Benítez, Camila Falkin, María Noel Míguez, Pablo Martinis, Nilia Viscardi y Verónica Habiaga.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/11/nuevos-enfoques-sobre-el-desafio-de-la-inclusion-en-la-ensenanza-media/#!

 

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Colombia: Consenso para reformar la educación médica

Colombia/07 de noviembre de 2017/Por: Pablo Correa/Fuente: https://www.elespectador.com

Esta semana se reunieron en Montería, Córdoba, decanos de 49 facultades de medicina para pactar un revolcón en la formación de los médicos que necesita Colombia. Desde 1965 no se promovía un cambio tan profundo.

En julio del año pasado varias mujeres se atrevieron a mostrar las heridas que dejaron los falsos cirujanos plásticos en sus cuerpos. La mayoría de esos médicos habían realizado unos cuantos cursos en Brasil y regresado para validarse ante el Ministerio de Educación como cirujanos plásticos. El episodio, entre todas las consecuencias legales y políticas que desató, tuvo un efecto positivo y fue que terminó por convencer al Gobierno, a los gremios médicos y a las facultades de medicina de que era hora de cumplir con una tarea pendiente por varias décadas: reformar la educación médica.

Así nació lo que esta semana pasó a conocerse como el Consenso de Montería. Durante tres días, decanos de 49 de las 55 facultades de medicina del país se reunieron para analizar y discutir cómo hacer una profunda cirugía a la formación de las nuevas generaciones de médicos, desde los pregrados hasta los posgrados.

Todos son conscientes de que salir de la perpetua crisis del sistema de salud colombiano exige formar médicos con una nueva mentalidad, nuevas habilidades, otra actitud ante su profesión y valores distintos.

Las 104 propuestas

A Montería llegaron todos con un documento bajo el brazo que ya contenía 104 propuestas. Fue elaborado entre agosto de 2016 y febrero de 2017 por una comisión independiente conformada por 13 personas, entre representantes del Gobierno, los gremios médicos, hospitales y EPS, así como un estudiante de posgrado y una secretaria de salud. Del total de propuestas, 45 estaban relacionadas directamente con nuevos planteamientos curriculares y cambios dentro de las facultades de medicina.

“Una reestructuración tan profunda de la educación médica en Colombia no se realizaba desde 1965, cuando se planteó el plan de estudios de medicina en el país”, cuenta Gustavo Adolfo Quintero, presidente de la junta directiva de Ascofame, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y quien está empeñado en que la reforma no muera en el camino. De hecho, la reunión en Montería tiene un mensaje político en el trasfondo: si el Ministerio de Salud y el de Educación no quieren avanzar en las tareas que les corresponden, ellos harán su parte, no importa lo que ocurra.

Todos conocen los problemas que los tocan directamente como educadores. Y la lista es larga. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, pasan casi toda su carrera encerrados en hospitales de alta complejidad, aunque más del 90 % de las consultas médicas que hacen los colombianos corresponden a atención primaria. Esto provoca que al graduarse sepan enfrentar el tratamiento de un paciente renal crónico, pero queden paralizados ante una migraña.

Saben que todos sus estudiantes son formados para un mismo destino, ejercer la medicina clínica, y les cierran en las narices la posibilidad de convertirse en investigadores o expertos en salud pública. También, el énfasis en la medicina especializada, por encima de la general y familiar, es excesivo. Una lista a la que se debe añadir la enseñanza de contenidos que no tienen relevancia para las poblaciones colombianas y que se dejan por fuera las variaciones epidemiológicas de las distintas regiones y poblaciones colombianas.

Los puntos de la reforma

El primer paso, y el más importante, es que los médicos retoman el liderazgo y el poder de su propia educación con la conformación del Consejo General de Educación Médica, del que harán parte los decanos de las facultades de medicina y que tendrá como invitados permanentes al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).

Otro elemento central será trazar un mejor perfil y unos requisitos para el ingreso de los estudiantes de medicina. Un problema identificado en distintas evaluaciones es que quienes hoy acceden a los cupos universitarios son los estudiantes con los puntajes más altos en las Pruebas Saber, pero eso no significa que sean los más aptos para una carrera como la medicina. La idea de la reforma es que las facultades evalúen otras habilidades y valores entre las personas que ingresen a sus aulas.

También se definirá un núcleo curricular básico, de tal manera que cualquier nuevo médico en Colombia sea capaz de enfrentar ciertos problemas esenciales del país. Todos mantendrán su autonomía universitaria, pero acordarán unas capacidades mínimas entre sus egresados.

La flexibilidad en la educación médica fue otro punto de acuerdo en Montería. No todos los estudiantes de medicina se deben convertir en médicos clínicos. Existen muchos caminos para ellos, desde administradores de servicios de salud hasta investigadores en ciencias básicas. Varios puntos de la reforma apuntarán a abrirles nuevos caminos y conectar a los egresados con programas de maestría y doctorados en áreas no médicas.

El lío de los posgrados

Un punto neurálgico de la reforma tiene que ver con los posgrados o especializaciones: “residencias”, como se los conoce en el argot médico. En Colombia, a diferencia de muchos países, los médicos que acceden a un cupo para especializarse caen en una trampa mortal, porque, por un lado, deben pagar altas matrículas y, por otro, no pueden trabajar ni reciben un pago por asumir una gran parte de la carga laboral de los hospitales en que se preparan. Esto conduce a la mayoría a crisis financieras que unos solventan con préstamos o ahorros, y muchos lo hacen realizando turnos ilegales en horarios extraoficiales para conseguir el dinero que necesitan. (A los médicos residentes nadie les quiere pagar)

“La discusión aquí está concentrada en si apostamos por laboralizar o becarizar a los residentes de las especializaciones”, explicó Quintero. La mayoría de decanos se inclina por la segunda opción. Esto implicaría crear con el Gobierno un fondo de becas para que ellos reciban un estipendio y replantear los valores que hoy pagan en muchas universidades.

Luis Carlos Ortiz, director de Desarrollo y Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce que ese es un punto necesario pero crítico al mismo tiempo, por las diferentes visiones. En el Congreso de la República, por ejemplo, avanza un proyecto de ley respaldado por algunas organizaciones médicas para que los residentes reciban un salario y no paguen nada de matrícula. “El Gobierno comparte el propósito de esas iniciativas, pero la discusión es la financiación. Esperamos que sea un instrumento viable jurídica y operativamente”, responde Ortiz, quien recibió como una buena noticia el consenso entre las facultades de medicina: “Estamos a la espera de las conclusiones”. (Lea acá: Médicos residentes exiguen que les paguen)

Entre todos los frentes de trabajo, uno en el que Gobierno y médicos han avanzado un poco más y están alineados es el establecimiento de una denominación clara y unificada de las distintas especializaciones que se ofrecen en el país y esperan limitar la lista de 130 denominaciones diferentes a no más de 75, para controlar el desorden que se ha estado presentando.

Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, calificó el encuentro “como el más importante en los últimos 25 años”. Para él, uno de los retos para sacar adelante esta reforma en las universidades públicas es el financiamiento. Sin fondos para reorganizar algunas cosas será difícil concretar los compromisos. Pero sabe que la reforma es también una necesidad.

Quintero y los decanos lamentaron que el Ministerio de Educación no esté tan interesado como ellos en la reforma. “El Ministerio de Educación no nos ha parado bolas”, se queja el médico. Ni las cartas, ni las citas que han pedido, mucho menos las invitaciones a asistir a sus reuniones, han recibido respuestas positivas. “No podemos esperar más tiempo. Trataremos de sacar adelante los cambios que están en nuestras manos”.

 

Fuente de la Noticia:
https://www.elespectador.com/noticias/salud/consenso-para-reformar-la-educacion-medica-articulo-721537
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Argentina: Docentes llaman a “rechazar” la nueva emisión del operativo “Aprender” este martes 7

Argentina/06 noviembre 2017/Fuente: Infocielo

Luego de que la polémica evaluación a docentes y alumnos se llevara a cabo el año pasado, varios gremios llaman a rechazar y movilizar este próximo martes ante su nueva edición. “Este sistema abre las puertas a la privatización del sistema público”, denunciaron.

Desde la Federación Nacional de Docentes llaman a un rechazo y un paro ante la nueva emisión del operativo Aprender que se llevará a cabo este martes 7 en gran parte del país y la provincia de Buenos Aires.

“Rechazamos estas evaluaciones que, lejos de intentar mejorar la Educación Pública, apuntan a su vaciamiento y desintegración buscando estigmatizar la figura del docente al responsabilizarlo de los supuestamente bajos niveles de aprendizaje de los alumnos”, manifestaron desde un comunicado distintos gremios docentes nucleados en la Federación.

Además, coincidieron que el objetivo del gobierno, lejos de buscar una evaluación honesta de los conocimientos en las escuelas, se realiza “para allanar el camino a la aplicación del Plan Maestro” que “abre las puertas a la privatización del sistema público de enseñanza, dándole fundamento a la frase del Presidente Macri de `Caer en la Escuela Pública´».

También destacaron el precedente de la reforma educativa que quiere implementarse en las escuelas porteñas, como una antesala de lo que podría esperarse para la educación en el resto del país.

“La mal llamada «Escuela del Futuro» que se intenta aplicar en educación porteña, es una muestra en tal sentido al eliminar el 5to año de la secundaria por pasantías en empresas. Entrega así a los jóvenes a empleos precarios y flexibilizados, mientras amputan la formación preuniversitaria para los sectores populares”, explicaron.

Desde la Federación Nacional de Docentes hicieron mención a los orígenes de los operativos Aprender y Enseñar que encabeza Cambiemos para la educación pública: “nos oponemos a estas Evaluaciones por ser externas al sistema Educativo, al ser diseñadas por funcionarios ligados con los intereses del Banco Mundial y la OCDE”, argumentando que además que estas evaluaciones se realizan con pruebas estandarizadas y con el cuestionado formato de “múltiple choice”, que –mencionaron- “no toman en cuenta el contexto socioeconómico donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje”.

“La Escuela con capacidad de coordinar la resistencia contra las violaciones de los derechos humanos como lo demostró la comunidad educativa en el caso del asesinato de Santiago Maldonado. La Escuela como posible organizadora de las políticas de Ajuste”, expresaron en el comunicado ante una nueva jornada de paro y movilización.

La Federación Nacional Docente se suma a la convocatoria de paro que vienen anunciando varias provincias, como Chaco, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Buenos Aires, en rechazo al operativo Aprender 2017.

Fuente: http://infocielo.com/nota/85448/docentes_llaman_a_rechazar_la_nueva_emision_del_operativo_aprender_este_martes_7/

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Ecuador: Ministro de Educación reclama porque libros no llegan a niños de segundo de básica

Ecuador/06 noviembre 2017/Fuente:  El Comercio

A través de una carta, el 20 de octubre de este 2017, el ministro de Educación, Fander Falconí, mostró su malestar porque a seis semanas del inicio de clases en la Sierra «lamentablemente los niños y niñas de segundo nivel de Educación General Básica de todo el país, todavía no reciben su kit de textos escolares».

La comunicación fue dirigida a Andrés Michelena Ayala, gerente general de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador.

En el contrato, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Empresa Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, se acordó que hasta el 25 de agosto de este año se debía entregar la totalidad de los textos escolares a escala nacional. «Esto para garantizar la entrega de recursos educativos a las instituciones del país. De parte del Ministerio se hicieron todas las gestiones necesarias, para que la empresa reciba todos sus pagos de modo oportuno».

Según el Ministro, también rechazaron los pedidos de la empresa para elevar precios en el costo unitario de textos para las nuevas contrataciones.

Con el fin de evitar se repitan estos problemas, para el siguiente ciclo de clases -detalló Falconí- se realizará una licitación pública abierta a proveedores tanto privados como públicos. Esta licitación busca mayor participación y eficiencia en la producción de este material educativo.

​ Para esto se han organizado una serie de consejos consultivos públicos donde se socializan especificaciones técnicas y términos contractuales para recibir retroalimentación y observaciones de proveedores, academia, educadores, padres de familia, etc.

Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/ministro-educacion-reclama-libros-estudiantes.html

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Colombia: Concejo de Cartagena conformará planes maestros de educación e infraestructura

Colombia/06 noviembre 2017/Fuente: caracol.com.co

La idea nació durante el estudio del presupuesto 2018 para la educación en Cartagena.

El Concejo Distrital comisionó a los concejales César Pión, Javier Curi, Américo Mendoza, Lewis Montero, y a Duvinia Torres, para que conformen una mesa de trabajo y, en conjunto, con gremios, asociaciones, y sindicatos, elaboren planes maestros de infraestructura y educación.

La iniciativa surgió luego de que en plenaria, el secretario de Educación, Jaime Hernández, expusiera la ejecución presupuestal del 2017 con corte a 30 de septiembre, y diera a conocer la proyección presupuestal de dicha Secretaría para el año 2018.

Así mismo, tuvieron la oportunidad de participar en la sesión el presidente del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (SUDEB), Medardo Hernández, y la representante de Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal) Bolívar, Doris Pérez, así como el representante del área de Planeación de la Secretaría de Educación, José Gómez, el director de Cobertura de la misma secretaría, Iván Sanes.

Los concejales de Cartagena manifestaron su preocupación por la deficiencia en infraestructura y calidad de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, por lo que pidieron, además, se dé a conocer con más detalles un informe de inversión en infraestructura, específicamente los 66 mil millones que se le dieron en la administración anterior.

Presupuesto de la Secretaría de Educación

El secretario de Educación, Jaime Hernández, explicó la ejecución del presupuesto de 2017, y los alcances del presupuesto proyectado para el 2018. Indicó que este año se inició con 392 mil 085 millones de pesos, luego un definitivo de 460 mil 558 millones de pesos; la ejecución va en un 73% a corte de 30 de septiembre; es decir, 337 mil 382 millones de pesos depurado entre funcionamiento e inversión.

Con relación al presupuesto de la vigencia fiscal 2018, presentan una propuesta de 486 mil 923 millones de pesos, discriminados así: 8 mil treinta millones para gastos de funcionamiento; y 478 mil 893 millones de pesos para inversión.

“La educación en nuestra ciudad está en un estado delicado, por eso se deben tomar decisiones sabias en pro de mejorar y beneficiar a nuestros niños y adolescentes. Tenemos el ánimo de reconocer los errores, corregirlos, y trabajar de la mano con el Concejo”, añadió Hernández.

José Gómez, director del área de Planeación de la Secretaría de Educación, expresó que la inversión en infraestructura educativa estaba enfocada principalmente a la adecuación de los ambientes complementarios de la Institución Educativa de Pontezuela, a la adecuación de ambientes necesarios para la institución de Islas del Rosario, y en la construcción de otra institución en el barrio El Pozón y en Tierra Baja.

Por otro lado, Iván Sanes, indicó que para brindar dos raciones de comida para los 90 mil estudiantes que tiene el Distrito, son necesarios 80 mil millones de pesos, y que en este momento la Secretaría no los tiene. “Por el momento estamos brindando una sola ración a los estudiantes, pues no tenemos recursos para brindarles las dos raciones. Pero queremos resaltar que estamos dando alimentos de calidad”.

Participación de SUDEB y Sintrenal

El presidente del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (SUDEB), Medardo Hernández, afirmó: “Envío un S.O.S. para que juntos enfrenemos la des financiación en el tema educativo. Hay más de 40 billones de pesos de déficit entre el 2012 y el 2016”.

Manifestó de igual manera, que en menos de una semana, en cinco colegios oficiales de la ciudad se ha caído parte de su infraestructura, afectando a algunos estudiantes, por lo que se hace necesario un profundo estudio de las inversiones en infraestructura. Dejó en la Corporación un informe de la Contraloría que recomienda se estudien con detenimiento los recursos de educación.

La representante de Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal) Bolívar, Doris Pérez, apoyó a Hernández, y pidió al Alcalde (e) la revisión del presupuesto destinado para la educación, con el fin de que no exista una discriminación del personal administrativo en cuanto a los acuerdos de bienestar laboral.

El concejal, César Pión González, aseguró que la Corporación edilicia tiene las mejores intenciones de contribuir, desde sus funciones y alcances, con el mejoramiento de las problemáticas de la ciudad, sobre todo en el tema de la educación. Instó a los concejales y a los ciudadanos a trabajar en una mesa de trabajo para la elaboración de un plan maestro educacional y de infraestructura.

“Se nombró una comisión, y creo que es la única forma de empezar a trabajar mientras todo lo que hagamos acá es incierto porque primero, no tenemos un presupuesto que alcance y llene las expectativas y segundo, lo que ocurre con respecto a las elecciones nos tiene con incertidumbre”, añadió.

También se refirió a la iniciativa de que el nuevo Alcalde que asuma luego de las próximas elecciones, pueda adoptar el Plan de Desarrollo de Primero La Gente: “Yo creería que podría ser un gesto bueno con la ciudad porque de lo contrario, toda esta discusión del presupuesto, durante tres meses se perdería; y un plan de desarrollo tendría que fabricarse y nos quedaría un año y seis meses para ejecutarlo”.

Luis Cassiani Valiente, cabildante del partido Cambio Radical, manifestó que tiene muchas inquietudes en cuanto a las inversiones en la infraestructura escolar. De igual forma, indicó que se hace necesario el estudio de la situación de la educación superior en la ciudad, pues existen un gran porcentaje de jóvenes de escasos recursos que no han podido acceder a la misma.

Por otro lado, el concejal Javier Curi Osorio, realizó un análisis en cuanto a la pertinencia, cobertura y calidad de la educación, siendo oportuno revisar el tipo de educación que están recibiendo los jóvenes cartageneros para fortalecer el ámbito académico, ético y social.

“Lo más importante de estos ejercicios es buscar la forma de llegar a unos acuerdos en el que pongamos unos puntos y unos objetivos y logremos cumplirlos”, dijo Curi Osorio. Destacó además, que no tiene claridad de la ejecución de la inversión en infraestructura educativa a partir de los esfuerzos que ha hecho el Distrito, especialmente, en la administración anterior, con la inversión de más de 50 mil millones de pesos en la recuperación de 66 colegios.

Curi Osorio añadió: “Un tema también muy álgido para la ciudad es lo que viene pasando alrededor del Plan de Alimentación Escolar, que vale 48 mil millones de pesos aproximadamente para atender solo un 60 o 70% de los más de 80 mil estudiantes que hay en el Distrito, y que se cubre de una manera muy parcial. No somos capaces de por lo menos darles dos raciones en las dos jornadas. Necesito más información, más claridad. Y sobre todo, les demostré que el Concejo de Cartagena efectivamente orienta recursos; gran parte de los recursos que hoy se van destinados al Plan de Alimentación Escolar, más de 20 mil millones de pesos son producto de los ingresos corrientes de libre destinación, y que la nación aporta muy poco”.

Así mismo, el cabildante David Caballero Rodríguez apoyó a sus colegas asegurando que Cartagena no avanza, entre otras cosas, porque no posee un gobierno en línea que continúe el desarrollo de los planes que se propongan. “Queremos que el 2018 sea el año de la educación. Invitamos a los empresarios a unirse con distintas iniciativas para mejorar los procesos educativos de nuestra ciudad”.

Con relación al presupuesto para educación, también intervino Américo Mendoza Quessep, concejal del partido ASI, para manifestar que “preocupa algunas cosas: la des financiación de algunos componentes que cada vez se vuelven esenciales en la educación, como es lo de alimentación escolar que no está estimado dentro de lo que son las transferencias de Ley 71, que es la de Sistema General de Participación, y el Distrito tiene una parte de recursos. Yo lo que veo es que se puede arrancar y financiarlo varios meses y posteriormente o se hará un traslado presupuestal o se adelantará la gestión a ver cómo se mejoran los ingresos, y se hace una reasignación más adelante”.

Explicó que ve con preocupación que la educación está siendo decreciente, pues todos los años hay una reducción de aproximadamente 1.500 estudiantes, y no existen explicaciones claras de cómo se podría solucionar esa problemática.

Fuente: http://caracol.com.co/emisora/2017/11/06/cartagena/1509925574_646279.html

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