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En Chile Financiamiento de la educación superior: se está razonando fuera del receptáculo

Chile / www.elmostrador.cl / 21 de Junio de 2017

Por cierto que el título de este artículo no es, para nada, académico.  Sin embargo, si usted lo está leyendo, significa que el título cumplió con el primer objetivo: atraer su atención.  La segunda razón para utilizar este título es que, aunque expresado de un modo poco elegante, da cuenta de una situación que, en mi opinión, está ocurriendo actualmente en el debate sobre el financiamiento fiscal de la educación superior, particularmente de la gratuidad.

En efecto, la discusión actual no se basa en un conjunto de principios previamente concordados ni en información objetiva y compartida a partir de los cuales sea posible analizar el tema.  Así, cada uno de los actores del sistema –rectores y organizaciones estudiantiles- el gobierno y los propios parlamentarios, analizan el proyecto de ley desde sus propios principios o intereses, ciertamente no explicitados, y, lo que es aún más grave, sin una metodología que permita tener presente todas las variables que inciden en la forma y monto de los recursos que destinará el Estado al financiamiento de la educación superior.  La existencia de estos principios –ojala incluidos en el articulado de la ley- permitiría limitar la discusión, evitando volver una y otra vez sobre argumentos que, en el fondo, significan un rechazo a los principios que fundan la política de financiamiento propuesta.

En mi opinión, el financiamiento del Estado para la educación superior debiese basarse en los siguientes principios:

1.- Todo joven que tenga la capacidad necesaria para cursar estudios superiores debe poder ingresar al sistema de educación superior –independiente de su nivel socioeconómico- de acuerdo a su propia vocación y preferencias, tener una probabilidad razonable de titularse y de, posteriormente, trabajar en su área de formación.

2.- El Estado sólo deberá financiar el costo real de la docencia que impartan las instituciones de educación superior y éstas no podrán cobrar aranceles superiores a dicho nivel de financiamiento.

3.- El Estado deberá restringir el financiamiento de las carreras ya saturadas en cuanto a la demanda de profesionales y técnicos y la posibilidad de los titulados de ejercer en el área de estudios en que se formaron.

4.- El Estado, y no las familias, es el responsable de financiar la investigación.

5.- El Estado sólo financiará investigación de calidad.

6.- El Estado sólo financiará la oferta académica que cumpla con estándares mínimos de calidad previamente definidos.

7.- El Estado será garante de la calidad y pertinencia de la formación entregada por las instituciones de educación superior y no autorizará el funcionamiento de las instituciones, programas o carreras que no cumplan ciertos estándares mínimos de calidad.

Además de no haber explicitado los principios en que se basará el financiamiento de la educación superior –incluida la gratuidad- el debate al que ha dado lugar el proyecto de ley enviado por el Gobierno, adolece de una grave deficiencia metodológica en cuanto no identifica las variables que inciden y condicionan dicho financiamiento.  En efecto, además de la disponibilidad de recursos fiscales, existen, a lo menos, cuatro factores o variables que afectan  el monto de los recurso necesarios para el financiamiento y, en particular, el nivel de gratuidad posible en la educación superior en Chile, a saber: acceso, aranceles, empleabilidad y calidad.

 En lo que sigue, analizaremos la incidencia que tiene cada una de estas cuatro variables en la matrícula del sistema y, por ende, en la demanda por financiamiento de la gratuidad.

 Acceso

En primer lugar, como es obvio, los mecanismos de acceso que se utilicen para ingresar a la educación superior condicionan el número de alumnos que se pueden matricular.  Así, se puede transitar desde un sistema en extremo selectivo con bajos niveles de matrícula hasta sistemas sin ninguna barrera de ingreso que no sea el haber aprobado la educación media.

Si se acepta la premisa que todos los jóvenes que tengan la capacidad para cursar estudios de educación superior debiesen poder acceder a ella, es necesario definir, con precisión, que se entiende por “capacidad para cursar estudios de educación superior”.

Un indicador que se utiliza habitualmente para estimar si las barreras de acceso son las necesarias y suficientes en un sistema de educación superior, es la tasa de titulación, es decir qué porcentaje de los alumnos que ingresan logran titularse.

La tasa de titulación (completion rate) promedio, 3 años después de la duración teórica del programa, de los alumnos de tiempo completo que ingresan al bachillerato (bachelor) o a un nivel equivalente en los países de OECD, es de un 69,2%, (Education at a Glance 2016: OECD Indicators)

En el mencionado informe no se entrega la tasa de titulación de Chile simplemente porque el Ministerio de Educación la desconoce.  Mediante cálculos personales -utilizando la información oficial del Servicio de Información de la Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación- logré estimar la tasa de titulación promedio del sistema universitario en un 47,4%, aunque con variaciones importantes entre los diferentes subsistemas universitarios: Estatal 58,5%; Privado del CRUCH (G9) 50,5% y Privado 41,3%.

En USA, en 1990, se dictó la denominada ley “right-to-know” que obliga a todas las instituciones de educación superior a informar la tasa de titulación de todos los programas y carreras que ofrecen.  Dada la importancia y relevancia de esta información, tanto para los alumnos y sus familias como para la acreditación, pienso que sería oportuno introducir en el actual proyecto de ley una legislación semejante.

Las tasa de titulación que hemos estimado, ponen de manifiesto que el sistema de acceso a la educación universitaria no está cumpliendo con su misión de predecir razonablemente la probabilidad de éxito de los alumnos que ingresan.  La situación de las universidades privadas, a este respecto, es crítica y tiene su origen en la inexistencia de barreras de ingreso en muchas de ellas.

El despilfarro de recursos tanto de las familias como del Estado que significa tan baja tasa de titulación es inaceptable.  Surge así, una primera manera de optimizar el uso de los recursos financieros: ajustar las exigencias de ingreso a la educación superior utilizando un sistema que sea un adecuado predictor de la probabilidad de titularse de los alumnos que ingresan.

Asumiendo que el método de selección que se adopte permita predecir adecuadamente la probabilidad de titulación de los alumnos que ingresen, el número de alumnos que se titulan cada año debiera permanecer igual al actual pese a una reducción de la matrícula de primer año. Un cálculo simple permite concluir que para tener una tasa de titulación igual al promedio de la OECD, es necesario reducir la matrícula de primer año en un 31,5% sin que ello signifique una reducción del número de titulados.

El tema de predecir la probabilidad de éxito de un alumno que ingresa a primer año ha sido bastamente estudiado en la literatura internacional, más no así en Chile.  Urge realizar dicho estudio antes de continuar con el método de “prueba y error” para establecer los requisitos de ingreso a la educación superior de modo de determinar, científicamente, cuáles son las variables que mejor predicen la probabilidad de titulación de los alumnos.  A modo de ejemplo, se debió haber estudiado la capacidad de predicción del ranking de notas efectuando una simulación y seguimiento previo a su aplicación, utilizando para ello cohortes de egresados de la educación media que ingresaron  a la educación superior hace 10 años o más, y que, por lo tanto, en la actualidad ya son o bien desertores o titulados.

Esperar que egresen varias generaciones de alumnos que ingresaron bajo el sistema de ranking de notas es completamente innecesario y, eventualmente, injusto respecto de quienes hubiesen podido ingresar con otro tipo de indicadores si descubre que el ranking no es un buen predictor de la tasa de titulación.  Lo mismo vale para las diferentes pruebas de la PSU y sus ponderaciones, para el NEM (notas de la educación media) y cualquier otro indicador que se utiliza actualmente o se pretenda utilizar en el futuro.

Los resultados de la actual prueba de selección, la PSU, muestran, sistemáticamente, que los alumnos de los colegios municipales tienen menores oportunidades de ingresar a la educación superior a causa de una deficiente preparación previa. Así, la propuesta de disminuir la matrícula de primer año aparece como una política regresiva en cuanto disminuiría las oportunidades de acceso a la educación superior de los alumnos con una formación previa insuficiente para llegar a titularse que son, en su mayoría, alumnos provenientes de los sectores más vulnerables.  No obstante, este aparente carácter regresivo se transforma en una política virtuosa si ella logra evitar que los estudiantes con menor capital académico sigan siendo engañados con la quimera de un título que nunca alcanzarán y, lo que es peor, quedando muchos de ellos con una deuda imposible de pagar. Las buenas intenciones de nivelar en la universidad las desventajas iniciales, no tienen, hasta este momento, resultados cuantitativamente significativos.

Una política más equitativa sería destinar parte importante de los recursos que el Estado ahorraría con la rebaja de la matrícula de primer año en la educación superior, a mejorar la enseñanza pública en los niveles prebásico, básico y medio.

Aranceles

El valor de los aranceles cobrados por las instituciones de educación superior (IES), es una variable sumamente relevante a la hora de estimar el monto de financiamiento que entrega el Estado para becas, gratuidad y créditos.  Pese a su importancia, poco o nada se ha dicho respecto del valor justo que debieran cobrar las IES el cual debiese ser, en mi opinión, igual al costo de entregar la docencia, incluidos los costos para inversión y desarrollo.

Chile tiene, a igualad de poder adquisitivo, los aranceles más caros de la OECD, hecho que, extrañamente, ha estado ausente del debate (Education at a Glance 2014: OECD Indicators)

Existen a lo menos 3 razones que explican esta, aparentemente incomprensible, situación.

1.- Por una parte, las instituciones que realizan investigación cobran aranceles muy superiores a sus costos debido a que el Estado no les provee de los recursos necesarios para hacerlo. Si se acepta la premisa que no deben ser las familias las que financien la investigación sino el Estado, se hace necesario separar los costos de la docencia de los de la investigación, lo cual, según mi experiencia como Vicerrector de Economía y Administración de la Universidad de Chile, es técnicamente factible. Lamentablemente, esta imprescindible separación de costos no está presente en el proyecto de ley presentado por el gobierno.  Así la discusión respecto del financiamiento de la gratuidad se hace a ciegas resultando en un debate inconducente entre los rectores de la IES y el gobierno.

2.- En segundo lugar, las instituciones principalmente, si no exclusivamente, docentes han aumentado en forma exorbitante sus aranceles simplemente porque la demanda es completamente inelástica respecto del precio, es decir, porque las familias están dispuestas a gastar lo que no tienen o a endeudarse para que sus hijos accedan a la educación superior.

En este caso el sobreprecio de los aranceles se ha transformado, en muchos casos, en enormes patrimonios, generados en unos pocos años, pues los alumnos han debido financiar la inversión de aquellas instituciones que no contaron con un aporte de capital suficiente de sus socios fundadores que, por desgracia, son la mayoría.

3.- Otro destino, esta vez ilegal, han sido las transferencias de parte del patrimonio de algunas instituciones, teóricamente sin fines de lucro, a empresas relacionadas, es decir a empresas –usualmente inmobiliarias o de servicio- de propiedad de los mismos socios de la institución. Cabe señalar que este tipo de transacciones relacionadas adoptan la forma de gastos o costos que disminuyen las utilidades y en ningún caso, porque sería grotesco, la forma de reparto de utilidades.  Esperamos que la ley que finalmente resulte de la actual discusión parlamentaria, prohíba completamente todo tipo de transacciones relacionadas y que, para hacer efectiva esta prohibición, incorpore ejemplares penas de cárcel, además de las pecuniarias, para quienes incumplan la ley.

En resumen, se hace necesario exigir a las IES que informen, por separado, sus costos de docencia y de investigación y que, por otra parte, el Estado establezca los aranceles de cada carrera en función de los costos y, en ningún caso, en función de lo que las IES decidan cobrar.  En mi opinión, en muchas carreras los costos reales pueden llegar a ser menos de la mitad del valor de los aranceles realmente cobrados.

Desde un punto puramente económico, la necesidad de la intervención del Estado en la fijación del valor de los aranceles surge de la evidente incapacidad del “mercado” para fijarlos y del enorme abuso que la falta de regulación ha permitido.

Naturalmente, para que esta fijación del valor de los aranceles sea factible, se requiere que el Estado financie, completamente, la investigación de calidad, tema que abordamos en un artículo anterior.

Una estimación razonable del valor del costo real de impartir la docencia –excluido el costo de la investigación- debiera significar una rebaja, en promedio, no inferior, en mi opinión, al 30% de los aranceles cobrados actualmente, rebaja que tendría un importante impacto en la cantidad de recursos que se requieren para financiar los niveles de gratuidad actual y, por ende, abriría la posibilidad de avanzar en el financiamiento de mayores deciles que los que se están considerando o bien de liberar recursos para otras prioridades nacionales como, por ejemplo, la educación prebásica, básica y media.

Empleabilidad

Un tercer elemento que debe estar presente en el análisis del financiamiento fiscal de la educación superior son los niveles de empleabilidad de las carreras que se dictan.  En efecto, el Estado debería restringir el financiamiento de carreras que estén ya saturadas en cuanto a la oferta de profesiones y técnicos.

Según la Nueva Encuesta Nacional de Empleo del INE, el 39,3% de los desocupados en el trimestre febrero, marzo y abril del presente año,  son titulados de la educación superior, cifra que se descompone en un 13,8% correspondiente a educación técnico-profesional y un 25,5% al nivel universitario.  Por desgracia este informe no entrega las tasas de desocupación por tipo de carrera.

Tampoco lo hace el informe de empleabilidad de primer año que entrega el Ministerio de Educación a través del sitio http://www.mifuturo.cl el cual utiliza información obtenida del SII respecto de los titulados de las cohortes 2012, 2013 y 2014.  Sin embargo, este estudio no incluye a los cesantes ni  aquellos titulados con ingresos menores a un sueldo mínimo anual. En consecuencia, como este estudio utiliza un número de titulados menor al real, sobreestima la tasa de empleabilidad y, en consecuencia, subestima el porcentaje de cesantes por carrera.

Por otra parte, no existe ninguna información pública que permite estimar la tasa de titulados que efectivamente trabajan en lo que estudiaron, información que es urgente conocer para poder saber cuáles son las profesiones ya saturadas, es decir aquellas en que la oferta de profesionales y técnicos supera a la demanda.

Aún sin disponer de las cifras de saturación por carrera, se puede afirmar que al financiar becas, gratuidad y créditos, el Estado –y también las familias- está malgastando recursos.  Surge así la necesidad de establecer, en las carreras saturadas, un tope máximo de matrícula en primer año y, al mismo tiempo, una política de asignación óptima de dichos cupos entre las diferentes instituciones.

Desde el punto de vista de los recursos que el Estado destinará a financiamiento de la educación superior, es claro que esta necesaria regulación significará, también, una menor matrícula en primer año cuya cuantía no nos es posible estimar con la información disponible.

Calidad

Una cuarta, y quizás la más importante, variable que debería limitar la matrícula en primer año es el control de calidad de las instituciones de educación superior.

El proyecto enviado por el ejecutivo significa una importante mejora de la ley N° 20.129, promulgada el 23 de octubre de 2006, la cual estableció un “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”.  En efecto, las modificaciones propuestas corrigen dos importantes falencias de la ley vigente al establecer la obligatoriedad de la acreditación y el uso de estándares de calidad.

Al respecto es necesario tener presente que, a la fecha, sólo un 23,3% de las universidades, un 55,8% de los institutos profesionales y un 66,0% de los centro de formación técnica no se encuentran acreditados.  En cuanto a las carreras, a fines del 2016, sólo el 34,8% se encontraban acreditadas.

En estas circunstancias, una aplicación de estándares mínimos de calidad debería significar el cierre de varias carreras y, posiblemente, de instituciones de educación superior, lo que traería por consecuencia lógica una nueva disminución de la oferta de vacantes en primer año.

Conclusiones

La aplicación de los diferentes mecanismos que debieran implementarse para cumplir con los principios en los cuales debiera basarse el financiamiento fiscal de la educación superior, significarán una importante reducción de la matrícula de primer año y, por ende, una disminución de los recursos que el estado debe destinar a educación superior.

Establecer dichos mecanismos y lograr finalmente estimar las necesidades de financiamiento de la educación superior, debiese ser una condición necesaria para establecer cualquier política a este respecto.

Se podrá argüir que estas políticas atentan contra la autonomía de las instituciones. Sin embargo, no se debe confundir la autonomía académica con el libertinaje actualmente existente que permite que instituciones de dudosa calidad aumenten indiscriminadamente sus cupos y aranceles. Todas las instituciones de educación superior, sin excepción, sean estas estatales o privadas, deben estar sujetas a un conjunto de normas claras, aplicadas en forma objetiva y no discrecional, que aseguren la calidad, la posibilidad cierta de titulación de sus alumnos y un razonable nivel de empleabilidad futura. Lo que en definitiva está en juego es la fe pública, valor superior a la autonomía entendida como la libertad que los dueños de algunas instituciones reclaman para hacer lo que les venga en gana con sus “clientes”.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/06/20/financiamiento-de-la-educacion-superior-se-esta-razonando-fuera-del-receptaculo/

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Ecuador y Estados Unidos juntan esfuerzos para mejorar educación superior

Ecuador / www.ecuadorinmediato.com / 21 de Junio de 2017

Establecieron agenda técnica que permitirá ampliar convenios y optimizar proceso de becas

Ecuador y Estados Unidos cooperarán para ampliar y fortalecer la Educación Superior entre ambos países. El embajador de Estados Unidos, Todd Chapman y el representante de la Senescyt, Augusto Barrera, se reunieron en las oficinas de la Senescyt, en Quito.

Los representantes de cada país abordaron temas como los mecanismos de regulación para universidades que no constan en la lista de acreditación del Senescyt, con el propósito de facilitar el reconocimiento de títulos de personas que estudiaron en Estados Unidos.

Durante el encuentro, establecieron una agenda técnica que permitirá ampliar convenios y mejorar procedimientos relacionados con becas, programas de intercambio, entre otros. Actualmente, unos 4.000 estudiantes de estos países acceden a educación superior mediante estos programas.

Además, se trabajará en temas de propiedad intelectual con la intención de activar un convenio suscrito entre ambos países sobre el acceso a información.

Barrera anunció que se va a instalar una Mesa de Apoyo en Cooperación Internacional con la finalidad de canalizar el contingente del extranjero y la cooperación que pueda brindar Ecuador a otros países. Al momento está confirmada la participación de Alemania y Estados Unidos en estas mesas.

La Cámara Ecuatoriano Americana y la Fundación Full Bright participarán de estos procesos. Con esta última se ampliará el tiempo del convenio para programas de intercambio hasta 2020.

Se establecerá un contacto permanente con la Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Superior en Ecuador en la que participan 21 universidades nacionales, con la intención de ampliar horizontes en Estados Unidos e incluir al mayor número de universidades de Ecuador.

Ambos funcionarios anunciaron que esta agenda se trabajará durante los próximos meses y se tendrá periódicamente reuniones para establecer los avances y cumplimientos de los mismos.

Además, para septiembre se tiene prevista la visita de representantes de 15 universidades de Estados Unidos para iniciar con procesos de intercambios con instituciones públicas y privadas.

Fuente:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818821742

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La Universidad de Educación del Ecuador oferta la carrera de Educación en Ciencias Experimentales

Ecuador / www.andes.info.ec / 21 de Junio e 2017

Para el periodo académico 2017-2018, la Universidad Nacional de Educación (UNAE) ofertará la carrera de Educación en Ciencias Experimentales, aprobada mediante resolución del Consejo de Educación Superior y que se basa en la investigación, el trabajo colaborativo y la práctica pre-profesional.

Esta carrera tiene como objetivos formar profesionales con competencias para la conducción con excelencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales y las Matemáticas, que sirva para la educación general de la personalidad del adolescente para potenciar su esfera cognitiva y la afectiva motivacional en función de los valores deseados por la sociedad ecuatoriana.

Los profesionales egresados de la Licenciatura en Educación en Ciencias Experimentales podrán enseñar como docentes de Matemática y Ciencias Naturales en la Educación General Básica Superior (octavo, noveno y décimo) y en las asignaturas de Matemática, Física, Química y Biología en primero, segundo y tercer año de Bachillerato.

Estos profesionales podrán diseñar, ejecutar y evaluar proyectos educativos y proyectos de investigación científica mediados por tecnologías aplicadas al campo educativo.

Esta carrera se ofertará conjuntamente entre las universidades Ikiam y Yachay, apuntalando sus respectivas fortalezas para generar una carrera transformadora en el sistema de conocimiento nacional. Tendrá una duración de nueve ciclos distribuida de la siguiente manera: tres ciclos en la UNAE y 4 ciclos en Ikiam o Yachay, los dos últimos ciclos también serán en la UNAE.

Con el inicio de esta carrera las universidades emblemáticas aportan al sistema de educación ecuatoriano formando ciudadanos que hagan valer sus derechos y constituyan el poder popular en función del Buen Vivir, señala la institución mediante comunicado.

Fuente. https://www.andes.info.ec/es/noticias/universidad-educacion-ecuador-oferta-carrera-educacion-ciencias-experimentales.html

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El pathos trágico de Venezuela en su laberinto (I)

Por: Fernando Esteche

¿Qué pasó (pasa) en Venezuela? 1) La ontología chavista

Chávez fue el mejor hijo de Bolívar, el dilecto. De eso nadie puede tener dudas. Por audacia histórica, por patriotismo nuestroamericano, por generosidad. Fue un estadista con la singular capacidad no sólo de comprender el tiempo histórico en el que vivió, sino de trazar una prospectiva que le permitió comprender cada sutileza de la política internacional. En el marco de un juego geopolítico entendió el antiimperialismo como necesidad casi existencial, como única posibilidad de realización de Nuestra América, por aquello que no se cansó de traernos al presente en cada intervención: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miseria en nombre de la Libertad”.

La Venezuela Bolivariana fundó un proceso de singular riqueza en su intento titánico por desembarazarse de los cepos que el liberalismo occidental le imponía a las formidables fuerzas revolucionarias del bravo Pueblo.

Así surgió una forma de producción política que es justo definir como Proceso Constituyente Permanente , y que nosotros hemos señalado como Revolución Permanente . [1] De eso se trata la ontología del chavismo en su producción histórica y política.

Revolucionar, superar los escollos, adecuarse a las nuevas realidades e incorporar al pueblo en un proceso constituyente; ir construyendo más y mejores herramientas y canales de representación y de democracia popular que se van superando conforme se constituyen, se recorren, se transitan y permiten nuevos estadios en el camino a la democracia directa. Esto, nada tiene que ver con el canon hegemónico de democracia que se nos propone desde las codificaciones de Filadelfia para acá.

Lo que de ninguna manera puede cuestionarse en Venezuela es que no haya sido sometido al escrutinio de la voluntad popular cada uno de los pasos que se fueron desarrollando. Es de una impertinencia descarada que países con bajísimos niveles de participación política se permitan cuestionar la calidad democrática del proceso bolivariano, que, entre todos los países del globo, es el que más elecciones (20 en total) ha concretado en los últimos tres lustros. Elecciones monitoreadas y sometidas a la inspección de las usinas homologadoras de occidente como la Fundación Carter y demás.

Hay numerosas doctrinas de diplomacia que reivindicarán el principio de “no intervención” y de respeto de la voluntad soberana de los pueblos. Doctrinas que debieron, desde finales del siglo XIX en adelante, esgrimirse y sostenerse frente al recurrente y arrogante injerenismo norteamericano en la región.

El pueblo venezolano consagró legal y legítimamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que determina en su articulado al Presidente de la Nación y su Consejo de Ministros en condiciones de convocar al poder constituyente:

Art. 347 – El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución .

Art. 348 – La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

De esta manera, la impugnación de la eufemísticamente llamada “oposición” a la convocatoria presidencial para una Asamblea Nacional Constituyente, cuestiona a la mismísima Constitución del estado. La reivindicación del esencialismo republicano que promueven se desbarata y no hay mueca mediática que pueda disimularlo. Lo que se está cuestionando no es la administración de gobierno, sino la República Bolivariana. No se trata de Maduro sino de todos los derechos y deberes que se construyeron a través del proceso constituyente durante el chavismo.

2) El golpe de Estado de la Asamblea Nacional

Para comprender mejor el proceso de inestabilidad institucional como golpe de Estado continuado, es dable recorrer cómo se desarrolló el encaramamiento de la derecha fascista en el poder institucional.

En diciembre de 2015 la derecha, articulada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se impuso en las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Sin embargo, previo a la publicación de los resultados finales desconocían los comicios, tal como desconocieron todos los resultados electorales entre 1999 y 2015 y la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, al conocer su victoria, la derecha aceptó plenamente los comicios.

El antecedente del desconocimiento del triunfo de la elección presidencial de Nicolás Maduro Moros y la violencia impuesta a través del plan “La Salida” (2013, 2014), [2] permiten comprender el desarrollo de una maniobra para la deslegitimación del gobierno y de la República Bolivariana. Ya hemos señalado en artículos anteriores en este mismo portal [3] lo infundado de los argumentos de estos sectores que pretenden impugnar y cuestionar la transparencia democrática y la legitimidad del presidente Maduro.

Producto de una reforma electoral pensada en realidad por la administración Maduro como picardía para sostener una mayoría ficticia, con un volumen de votos absolutos ajustadamente mayor al del oficialismo, la oposición fascista logra mayor cantidad de representantes a la Asamblea.

Numerosos fueron los caminos que la oposición pro-imperialista. Como una Hidra de Lerna , pergeñó para provocar el golpe de Estado continuado. Pensaron en exigirle al presidente la renuncia, en realizar un juicio por insania contra Maduro, en mentir sobre su nacionalidad; intentaron promover una enmienda constitucional para acortar el mandato, convocar una constituyente para volver al esquema representativo de la IV República; las guarimbas ; el referendo revocatorio, entre las más destacadas.

A finales de abril de 2016 decidieron activar el proceso para solicitar el revocatorio. Para concretar dicha convocatoria debían presentar el 1% de las firmas registradas electoralmente -con el objetivo de legitimar a las organizaciones políticas promotoras de dicho proceso- y posteriormente debían recoger el 20% de firmas del padrón electoral.

Este proceso, cuando presentaron el primer 1%, se vio abortado ante la evidencia de por lo menos 600 mil firmas apócrifas entre las que se hallaban 11 mil personas fallecidas, 53 personas no registradas en el padrón, más de 3 mil menores de edad, 1500 privados de su libertad por delitos graves como violaciones u homicidios, con más de 10 mil denuncias por usurpación de identidad. Pese a las advertencias del caso, el Consejo Nacional Electoral-CNE (que según la Constitución Venezolana es un poder autónomo equivalente al legislativo, judicial y ejecutivo) autorizó a que se recolectaran el 20% de las firmas empadronadas. Sin embargo, fueron numerosos juzgados los que plantearon recursos de amparo y suspensión del proceso ante la masividad de las denuncias por usurpación de identidades. La oposición responsabilizó a Maduro de esta situación con el objetivo de ir produciendo un imaginario de inestabilidad institucional.

El 23 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional sesionó bajo el ordenamiento de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y se declaró en abierta rebeldía. Acordaron los siguientes puntos:

  • Declarar que el Presidente Maduro dio un golpe de Estado y que, por lo tanto, quebró el orden constitucional.
  • Solicitar a todos los organismos internacionales la aplicación de sanciones contra Venezuela. Es menester contemplar que sobre los cinco poderes constitucionales, los organismos internacionales atenderán sólo los requerimientos de la Asamblea Nacional desoyendo a los otros poderes legal y legítimamente constituidos.
  • Denunciar ante la Corte Penal Internacional los rectores del CNE y a los jueces que suspendieron el proceso revocatorio.
  • Destituir a los rectores del CNE como así también a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Decidir sobre la supuesta doble nacionalidad del presidente Maduro a fin de destituirlo (al respecto, la Cancillería colombiana desestimó formalmente dicha posibilidad).
  • Decidir sobre el abandono del cargo de Maduro a fin de destituirlo (esto se produce cuando se encontraba de gira internacional en los países de OPEP para resolver la regulación del precio del petróleo).

Asimismo, la Asamblea Nacional resolvió desatender las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anulaban sus actuaciones por inconstitucionales además de declararlas “en desacato”, impugnando todas las acciones hasta tanto no se ajuste a derecho. De esta manera, lo que podemos observar es que uno de los poderes constitucionales -polémicamente constituido y con una legitimidad severamente cuestionada- desconoce otro poder (TSJ) e impugna a los dos restantes (Ejecutivo y Electoral) pretendiendo disolverlos.

Esto expone al sistema institucional venezolano a un Estado de excepción, si uno fuera contemplativo; aunque en realidad se trata de un poder en el cual se encaramó la derecha pretendiendo avasallar al resto de los poderes y con ello, a la propia República Bolivariana. Esto hace inevitable la referencia al ascenso del hitlerismo desde el Reichstag, donde la llegada al poder se dio mediante un proceso que desde el parlamento comenzó a impugnar los distintos poderes instituidos.

A pesar de todo lo expuesto, Maduro sigue convocando a la oposición abiertamente anti-republicana a discutir los caminos de resolución de la compleja situación a la que semejantes irresponsabilidades (e irresponsables) arrastraron a Venezuela. Para llevar adelante este diálogo, pidió la intervención de la UNASUR y de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Por su lado, la oposición pidió la intercesión del Vaticano, a lo que inmediatamente se accedió. Sin embargo, la Iglesia Católica Venezolana es abiertamente opositora y se ha encargado de sabotear este proceso.

El carácter “hidrático” o “multicefálico” de la oposición operada y monitoreada alternativamente por el IRI republicano o la NED demócrata, dificulta la posibilidad de previsibilidad de este sector y la concreción de acuerdos.

3) Quién es quién. De villanos y héroes

En esta tragedia hay algunos personajes interesantes a contemplar para imaginar las posibles resoluciones parciales y comprender las razones de algunos movimientos que, en apariencia asépticos, se encuadran en las distintas maniobras posibles sobre el futuro de Venezuela.

Es el caso de la fiscal General Luisa María Ortega Díaz, quien se encuentra en su cargo desde el año 2007 y fue confirmada por la Asamblea Nacional (pese a que se encontraba declarada en desacato por el TSJ y por lo tanto, sus resoluciones eran nulas). Sobre Ortega Díaz pesan decenas de señalamientos por su parcialidad política a favor del chavismo.

La fiscal es la esposa de Germán Ferrer, diputado del Gran Polo Patriótico. Su hermano es Humberto Ortega Díaz, protagonista junto al Comandante Hugo Chávez en el Movimiento del 4 de Febrero. Se desempeñó en diferentes cargos del gobierno chavista, incluyendo el directorio de la extinta CADIVI (Comisión de Administración de Divisas, actualmente Centro Nacional de Comercio Exterior o CENCOEX).

Ortega Díaz fue una de las que más fervientemente señaló la justeza de la detención del golpista Leopoldo López y ha tenido casos como aquel donde acusó a los miembros de la ONG SUMATE, conducida por la opositora María Corina Machado, por conspiración contra la Nación y por recibir dinero espurio. A su vez, figura entre los funcionarios que el Senado norteamericano señaló como involucrados en violaciones a los derechos humanos, desde la singular mirada que pueden tener desde el imperialismo sobre este tema y la situación venezolana en general.

Sorpresivamente, fue esta funcionaria la que le otorgó cierta legitimidad a las infundadas denuncias de la Asamblea Nacional sobre el “autogolpe” de Nicolás Maduro, desconociendo las propias sentencias de los tribunales venezolanos y cuestionando la decisión del CNE. Comienza así, un curioso derrotero que irá sintonizando cada vez más finamente con la idea de guerra híbrida.

En estos dos meses, donde se pueden identificar un recrudecimiento de las protestas y guarimbas callejeras, fue Ortega Díaz quien ofició de vocera e informante sobre las trágicas muertes que se fueron sucediendo. Sin plantear ningún tipo de control o supervisión de los acontecimientos desde su fiscalía, sino simplemente como cronista de los mismos, responsabilizó al gobierno de Maduro con los mismos argumentos que utilizó la oposición. Además, ha quedado en evidencia la “inacción” que ha mostrado la fiscalía ante las protestas y cómo esta situación propicia un clima de impunidad.

El 19 de mayo, excediendo nuevamente sus funciones de Fiscal General, ya no sólo ofició de vocera del relato opositor, sino que además impugnó la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esto lo hizo, no desde el punto de vista del derecho, sino como valoración política, lo que la convierte, por si ya no lo era, en un actor central que se pretende en una equidistancia –a todas luces desigual- entre el chavismo y la oposición. La señora se va probando el traje para ponerse a la cabeza de un eventual gobierno de transición.

Para el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Rafael Uzcátegui, “la Fiscalía vive un proceso de reinstitucionalización”. Por otro lado, Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente opositor Leopoldo López, celebró el accionar de Ortega Díaz: “Se pasó al lado correcto ¡Celebro que la fiscal se pasó al lado correcto!”.

El TSJ en ejercicio de sus incumbencias, con una minoría disonante de su lógica política, es quién ha señalado la gravedad institucional de desacato de parte de la Asamblea Nacional. No parece ser este cuerpo colegiado, como poder independiente, un ariete de la política imperial y de la operacionalización de Guerras de Cuarta Generación o golpe blando como hemos visto en Honduras, Paraguay y como operaron en Argentina y Brasil. De ahí se comprende la cooptación de la fiscal general en la construcción de una legitimidad que exceda la autolegitimación de un propio cuerpo como la AN.

Lo mismo, tanto el CNE y los rectores que lo integran, y el TSJ, han sido cuestionados e impugnados por parciales y por haber sido constituidos bajo la hegemonía chavista. Es claro que lo que están cuestionando es la República Bolivariana con toda la institucionalidad que esto importa.

4) El golpe blando. La violencia, Sharp y Nye.

La evidente maniobra desestabilizadora, que se encuadra en las teorías y manuales de Gene Sharp y Joseph Nye e intenta promover nuevas formas de dominación sobre los pueblos, ha sido profusamente explicitada y denunciada por el mismo gobierno bolivariano.

Las grandes cadenas noticiosas ofrecen la imagen de una Venezuela en rebelión, con un gobierno dictatorial y tambaleante, mal informando sobre hechos trágicos y ocultando la realidad de las agresiones a la República.

Simultáneamente, el inefable Luis Almagro como Secretario General de la OEA, (definida por el canciller de la Dignidad, el cubano Raúl Roa, como Ministerio de las Colonias) impulsa sanciones contra el gobierno del presidente Maduro respondiendo a los reclamos de la derecha anti-republicana. Promueve la aplicación de la Carta democrática y tiene como trágodos y coreutas solícitos al gobierno de Argentina y al gobierno usurpador de Brasil. Asimismo, se suspende a Venezuela del MERCOSUR en atención a la Carta Democrática, con maniobras descaradas y jurídicamente inconsistentes.

Lo que enfrenta Venezuela es un golpe de Estado continuado o ahora llamado golpe de Estado blando. Se trata de una guerra abierta híbrida impulsada por el imperialismo que conjuga tácticas de Guerra de Cuarta Generación con pre-insurgencia callejera combinado con maniobras de aislamiento internacional, a fin de asfixiar y deslegitimar al gobierno.

Las masacres sobre dirigentes y militantes que en Honduras o Paraguay se perpetraron a expensas de lo que ellos llaman golpes blandos, sin mencionar las revoluciones de colores del Magreb, contrastan con la idea que pretende restarle contundencia a los golpes. Se trata sin más de una usurpación del legítimo poder y de una guerra contra los sectores populares.

El eufemismo de golpe blando o golpe suave fue pergeñado por el estadounidense Gene Sharp, a finales del siglo pasado, y ha cobrado singular vigencia en la última década a expensas del redespliegue imperialista en distintas regiones del globo.

Sharp señala que “la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (…) Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas”. Con sintética elocuencia define las nuevas tácticas que se fueron tomando en guerras de baja intensidad, de cuarta generación, o híbridas.

Sharp plantea un repertorio que abarca desde el debilitamiento del gobierno hasta la fractura institucional. El autor del polémico ensayo titulado “De la dictadura a la democracia” describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante “golpes suaves”. Russian Today las sintetizó en cinco etapas:

  • Promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores.
  • Desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder.
  • La lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
  • Operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”.
  • Forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

Gene Sharp remite inmediatamente a Joseph Nye y su teoría de poder blando y poder inteligente.

Lo cierto es que en su momento el Comandante Chávez al ver el accionar que a través de la NED se operaba en el Magreb, hizo la primera advertencia que se volvió grito desesperado ante el mundo frente a los acontecimientos de Libia y el asesinato de Gaddafi y sus hijos. En soledad, denunció el magnicidio y advirtió sobre la operación destituyente y disolvente que se había realizado. No le costaba imaginarse en el lugar de Gaddafi. Esta operación se llevó adelante siguiendo puntualmente el protocolo propuesto por Sharp.

Primero en Libia, sin considerar cada una de las revoluciones de colores del Magreb, luego en Siria. Operaciones de falsa bandera, montajes de enfrentamientos de tropas gubernamentales contra manifestaciones desarmadas, aislamiento internacional, gran campaña mediática, disputa de sentidos y luego guerra abierta.

Esta situación llega al extremo cuando vemos que el alcalde David Smolansky, integrante del partido Voluntad Popular, escribió en su cuenta personal de la red social Twitter que el gobierno de Maduro estaba utilizando armas químicas contra la población “como está ocurriendo en Siria”.

También en Honduras, Paraguay y Brasil se desarrollaron y desarrollan procesos de guerra híbrida y se trabaja con el protocolo destituyente. Pero Venezuela es sin dudas, el escenario privilegiado de dicha maniobra.

Quien esto escribe ha podido ver personalmente en Caracas el accionar de grupos juveniles, generaciones que crecieron en el chavismo, de sectores medios y medios altos, perfectamente organizados, coordinados, pertrechados con máscaras anti-gas, cascos y armamento casero; con nociones bien claras de movimiento insurgente y urbano; con jefes de grupos, orden cerrado y orden consecutivo de mando. Esto en medio de masivas concentraciones de sectores del mismo rango social pero absolutamente desentendidos de estas operaciones, aunque les dan contexto.

Ataques a escuelas públicas, a un hospital materno infantil; invasión de bibliotecas estatales con quema de mobiliario; destrozos de señalizaciones urbanas y luminarias; obstrucción de vías de transporte y derribe de árboles sobre calles; saqueos a comercios y ataques a locales partidarios u oficinas gubernamentales; emboscadas a personal de las fuerzas de seguridad, incendios de transportes que no acatan el paro. Guarimbas que empiezan a controlar zonas de acceso a urbanizaciones y cobrar peajes. Quema masiva de vehículos. El paroxismo fue la toma de la sede del TSJ, hecho que expone un grave y delicado ataque a uno de los poderes constitucionales y que ningún medio internacional cuestionó, sino que festejaron.

De eso se tratan las movilizaciones “no violentas” de la oposición anti-republicana de Venezuela. Uno no sabe si ya han pasado a otra etapa de guerra abierta en las calles o a la no violencia del protocolo Sharp, que en este caso se viste de vandalismo y sabotaje.

Una profusa campaña mediática presenta la situación con mayor gravedad y masividad de la que realmente tiene. No hay que dejar de contemplar que estos movimientos de insurgencia callejera atacan al corazón del funcionamiento urbano normal, perjudicando al comercio, al trabajo, la educación, principalmente. Incluso impacta sobre la cotidianidad de la propia base social en que se sustenta.

Un parágrafo singular merecen las trágicas muertes de cuarenta y dos venezolanos en lo que va desde el 3 de abril al 16 de mayo. Sobre esto que se presenta idéntico al caso sirio (como un gobierno asesinando a sus ciudadanos) vale la pena señalar que 25 personas de esas fueron asesinadas por opositores, por ser chavistas o policías. Es decir, más del 60%. Dos motorizados fallecieron por accidentes provocados por trampas y barricadas colocados en rutas por los opositores. Nueve enrolados en la oposición murieron electrocutados al querer saquear un freezer de una panadería.

Hasta la fecha se cuentan tres muertes por acción policial, razón por la cual una docena de funcionarios involucrados han sido detenidos y procesados. Otros tres casos se están investigando, pero son elocuentes las imágenes que los muestran con vida cuando son rodeados por otros opositores y caen exánimes con el resultado trágico de su muerte producida por armas caseras a muy corta distancia. Se investiga si se trata de asesinatos de falsa bandera para acusar al gobierno de los mismos tal como también se probó que ocurrió en Siria.

5) La guerra económica

Hiperinflación, internacionalización de precios, desabastecimiento. Largas colas para conseguir algún producto de la canasta básica. Asignación por libreta de identidad del día para poder hacer compras con precios controlados. Bancarización.

La guerra económica es el plafón en el cual se desarrolla el golpe de Estado continuado y busca generar descontento, desabastecimiento programado e hiperinflación provocada. Claro que hay responsabilidades de impericia gubernamental, de corrupción enquistada en sectores claves del Estado, pero no puede dejar de verse el sabotaje y boicot deliberado por parte de las clases dominantes que controlan el 92% de la producción y el abastecimiento de productos básicos. Fedecamaras-Venamcham es uno de los principales integrantes de lo que llaman “la oposición” y como tal, actúa de manera criminal contra su pueblo.

Por eso hay que señalar que si bien la crisis de precios del petróleo en una economía que el chavismo no supo o no pudo reconvertir y superar impactó de lleno en la vida cotidiana de los venezolanos, hoy que los precios internacionales del petróleo tienden a estabilizarse arrecia la carestía de la vida hacia el interior de Venezuela. Esto se explica principalmente por la guerra económica.

Desarrollan esta guerra las clases empresariales privadas de la derecha anti-republicana, en combinación con la gran banca internacional. Por eso Venezuela ha sido sometida al bloqueo financiero con muy malas calificaciones de las agencias de riesgo (Standar & Poor’s, JP Morgan) siendo este país uno de los más puntuales pagadores de deuda. Se ha montado un cerco, un bloqueo y un boicot de la banca internacional para el acceso a créditos y divisas.

Esto se expresa en acciones pérfidas denunciadas por Maduro, como el abandono de los compromisos contraídos por el City Bank, a través del cual el estado venezolano pagaba todas las cuentas del país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo, lo que demoró la posibilidad de que el gobierno pudiera resolver la importación de alimentos y medicamentos.

El descalabro del mercado cambiario para agudizar la inflación, acciones que sólo pueden realizar grupos poderosos financieros, y la manipulación del mercado cambiario empujando la inflación, ataca de lleno a las políticas de readecuación salarial que define el gobierno.

Así se produce una suerte de vasallaje en el monopolio de esta divisa extranjera a los comerciantes, productores e importadores quienes trasladan el precio al consumidor y al usuario.

6) La posibilidad de la Paz

Según pudimos observar y conversar con distintos analistas políticos en tierra de Chávez, la República Bolivariana de Venezuela enfrenta el desafío de superar esta guerra híbrida planteada desde las necesidades del redespliegue imperialista en la región en combinación con las clases dominantes venezolanas.

El gran desafío es construir la tregua, conseguir la pacificación, en la que no merece hacerse ilusión alguna nadie de que será total, en tanto exista el imperialismo como sistema de producción histórica social.

Hay por lo menos cuatro caminos o planes de construcción de una paz medianamente estable que permitan desarrollar medidas de normalización de la vida cotidiana de los venezolanos.

Uno es el Plan Destituyente, es decir, la culminación del golpe de Estado continuado mediante la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia pero que no resolvería el problema del chavismo en el poder porque debería sucederlo el vicepresidente. Además, los poderes constitucionales CNE y TSJ son definidos por el anti-republicanismo como parte del sistema chavista bolivariano. Es decir, lo que haría falta es la renuncia en masa de los funcionarios del Estado, los cuales esperan poder someterlos a una Justicia readecuada y aggiornada al tiempo de revancha que añora la derecha escuálida. Este Plan no contempla a los sectores populares, no considera a los dignatarios directos de la Revolución Bolivariana que hasta aquí, por prudencia, no han ganado masivamente las calles para defender la República Bolivariana.

Porque si bien es cierto que en comunas populosas como el 23 de enero se han perdido elecciones, no es menos cierto que los cerros y los barrios víctimas directas de la guerra económica tienen muy clara la naturaleza política de la propuesta de la oposición con la que nunca podrían conculcar más allá del descontento que pueda sucederse producto de la carestía de la vida.

Sectores que se reivindican chavistas pero critican a Maduro por su impericia en resolver la crisis y su incapacidad en combatir la corrupción de las propias filas, o eventualmente por haber acertado en combatirla, están pensando en que una posible pacificación venga de la mano del Plan Zamora.

El “Plan Estratégico operacional Zamora” fue presentado en abril por el propio presidente Maduro quien sostuvo que “El Departamento de Estado (EEUU) ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista descarado para la intervención de Venezuela, así lo digo y así lo enfrentaré (…) Frente a este escenario he decidido activar el plan estratégico especial cívico militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno, y la integración social, Plan Zamora que me ha sido presentado por el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

El presidente anunció activación de la Fase Verde de dicho Plan. Hay quienes piensan en una conmoción interna y una amenaza externa muy grave y sueñan con superar las fases subsiguientes hasta alcanzar el control por parte del Jefe Operacional del Plan, el General Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa, que desplazaría al presidente Maduro. Cuartelero con terreno, no es un general de escritorio; querido por las tropas y alineado a Diosdado Cabello, quien parecería encarnar mejor que el propio Maduro la herencia de Chávez y que expresa al ala militar de la Revolución Bolivariana.

El General Padrino López se ha mostrado como uno de los más leales al presidente, por lo cual la idea de ser vector de su desplazamiento aparece medio reñida con la realidad, pero en la conmocionada tierra de Bolívar todo es posible desde Páez en adelante.

La implementación radicalizada de dicho plan podría plantearse como una posibilidad transicional con el reaseguro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Claro que semejante situación es imposible de concebir sin un acuerdo de algún tipo con los Estados Unidos; de lo contrario sería profundizar la inestabilidad y excepcionalidad institucional para ofrecer una excusa al intervencionismo.

La aplicación de dicho plan con o sin Maduro y sin acuerdo con los Estados Unidos redunda en la profundización de la guerra que pasaría ya a un estadio de defensa nacional del tipo sirio.

La otra posibilidad, plantada por quienes piensan en salidas y transiciones, se articula en torno de la Fiscal General y la posibilidad de que encabece una transición que contenga al chavismo y ordene la hidra opositora en una solo lógica institucional.

La propuesta del presidente Maduro ha sido la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Ante la ficción del reclamo opositor por democracia, el presidente pergeñó la maniobra ofreciendo más democracia. Así se le arrebató de un saque una de sus principales banderas, que se la ve en figurillas para explicar por qué no acuden al llamado a Asamblea Constituyente.

Algunas críticas que plantearon tienen que ver con que una asamblea no resolverá los problemas estructurales de Venezuela, lo cual es indudablemente cierto. No puede resolver ni la guerra económica, ni el redespliegue imperial ni el sabotaje institucional interno; pero ofrece un escenario democrático de construcción de marcos generales legitimados para intentar resolver estas cuestiones. Como sea, aparece como la propuesta más sensata en el intento de pacificación parcial del país.

7) La imposibiidad de la Paz

“ La Paz en Colombia es la Guerra en Venezuela” nos decía una fuente altamente calificada para el análisis de este proceso de doble impacto.

Siempre se entendió como verdad de perogrullo que la insurgencia colombiana operaba como una suerte de retaguardia estratégica de la Revolución Bolivariana y como contención del injerencismo norteamericano.

Paul Coverdell, relator legislativo ante el Congreso Norteamericano, cuando se presentaba el Plan Colombia definía explícitamente que el objetivo del mismo tenía que ver directamente con el control de Ecuador y Venezuela, dos de las principales (sino las principales) cuencas petrolíferas del planeta.

Cuando los más destacados articuladores de la geopolítica norteamericana definen la etapa de “guerra infinita”, lo que nos están anunciando es justamente que la principal forma de producción política es la guerra, y que eventualmente la política, contrariando en 180º a Clausewitz, aparecerá como continuación de la misma, como momento extraordinario.

Por esto, y porque entendemos que lo que sucede en Venezuela es un plan sistemático de desestabilización en el marco de una guerra de cuarta generación y eventualmente de guerra híbrida, pensar la paz es pensar sólo un momento posible de la política. Se trata de una guerra no declarada por parte de los Estados Unidos, cuya posibilidad de retracción en su redespliegue, es el fracaso continuado que viene sucediéndose de su proyecto de fin de ciclo y de construcción de alternativas de dominación con las (nuevas) derechas.

Hay que entender la victoria de Lenin Moreno en Ecuador a partir de los estragos de la restauración neoliberal que el macrismo operó en Argentina. Del mismo modo, la victoria de Lenin Moreno provoca la agudización de la ofensiva contra Venezuela en la desesperación por contener la reversión del cambio de correlación de fuerzas internacional que habían conquistado. El inminente fracaso de la operación en Brasil, con los escándalos de Temer y la acometida de Lula, son también elementos de contextualización para el aceleramiento del estrangulamiento sobre el proceso bolivariano.

Es una bomba de tiempo y el tiempo corre a favor de los Pueblos. Sólo así se explica la desesperación y urgencias por definir los procesos abiertos.

La posibilidad de intervención extranjera parecería imposible si seguimos pensando en la primavera postneoliberal y fácilmente olvidamos la larga y trágica historia de intervencionismo norteamericano en Nuestra América.

Las nueve bases norteamericanas desplazadas en Colombia configurando un cinturón contrarevolucionario, sumadas a las bases de OTAN en el Caribe -puntualmente las bases de F15 y F16 de Curazao y Aruba a 40 Km de la Península de Paraguaná donde se concentran las mayores refinerías venezolanas-. Son sugestivas las disposiciones, lo que no puede entenderse sino fuera a través de un plan injerencista invasor y apropiador de dicha península en atención a la doctrina de defensa de los intereses vitales ante posibles situaciones de alta inestabilidad política.

Insistimos en que se están subestimando las reservas de subjetividad revolucionaria del Pueblo Bolivariano y de los pueblos todos de Nuestra América. Las demostraciones de las Fuerzas Armadas Bolivarianas comprometidas en el antiimperialismo -milicias de defensa bolivarianas donde se enrolan centenas de miles de venezolanos-, son solo muestras parciales de la enorme capacidad de resistencia que nuestro continente posee para enfrentar una agresión injerencista.

Sostenemos, sin temor al error histórico, que Caracas puede convertirse en la Madrid americana. No nos caben dudas que contingentes de revolucionarios nuestroamericanos están dispuestos a auxiliar al bravo pueblo bolivariano ante un ataque invasor norteamericano.

La gran diferencia es que aquella heroica Madrid luchaba desesperada contra una tendencia histórica que la enterraba. En este caso, la heroica Caracas se mantiene firme a favor del tiempo histórico, que ya está sepultando la era del imperialismo. ¡El mundo ha cambiado, por eso nos vestimos con el optimismo histórico que nos advierte que Venezuela vencerá!

[1] “Revolución Permanente es Proceso Constituyente Permanente. Una mirada de la situación de la política revolucionaria en la Argentina”. Ponencia presentada en el XIII Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, México DF marzo 2009.

[2] Presentado por Leopoldo López en Estados Unidos el 31 de octubre de 2013, en un restaurante llamado El Arepazo, en compañía de representantes de la organización golpista Fundación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex). Puesto en marcha luego de las elecciones de 2014.

[3] “Quieren desbolivarianizar Venezuela”. Noticias PIA. 14 de junio 2015. Disponible en http://www.noticiaspia.org/

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/06/05/el-pathos-tragico-de-venezuela-en-su-laberinto/

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Uruguay: Este miércoles 21 de junio se realizará el paro general. La educación para todo el día

Uruguay / www.lr21.com.uy / 21 de Junio de 2017

Este miércoles 21 de junio se realizará el paro general al que convoca el PIT-CNT bajo la consigna: “Es tiempo de concretar”. La mayoría de los trabajadores del Estado paralizarán sus actividades durante 24 horas, mientras que en la actividad privada la detención será de 9 a 13 horas.

El PIT-CNT convoca al paro parcial de este miércoles, en el marco del cual se llevará adelante una concentración a partir de las 10 horas en la explanada de la Intendencia, avenida 18 de Julio y Ejido, y luego una marcha hasta la Torre Ejecutiva.

Allí se realizará un acto en reclamo de “respeto a la negociación colectiva de públicos y privados, inversión pública; 6% del PBI para la educación y el 1% para investigación; no a las AFAPs, solución para los cincuentones; no a la tercerización de la mano de obra; artículo 733 de la última Rendición de Cuentas; verdad y justicia”.

Gremios

El PIT-CNT informó el detalle de la paralización de cada uno de los principales gremios.

La Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Educación Pública (FUM – TEP) realizará una paralización de 24 horas y ha resuelto que delegaciones de todo el país lleguen a Montevideo para sumarse a la movilización y al acto.

Las organizaciones nucleadas en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) paran 24 horas.

La CSEU emitió un comunicado a través del cual manifiesta que en vista al paro definido en el PIT-CNT los trabajadores de toda la enseñanza, reafirmando su diario compromiso con la defensa de la educación pública, paralizan sus actividades por 24 horas en todo el país, adhiriendo a la plataforma general del PIT-CNT y en particular por el cumplimiento sin más dilaciones del 6% del PBI para la ANEP-UDELAR y por el 1% del PBI para investigación y desarrollo.

“Es imprescindible que los compromisos pre-electorales sean llevados a la práctica y que, en tal sentido, se aseguren las decisiones en materia de política económica que permitan salir de los discursos y pasar a las acciones”, indica el gremio.

Todos los sindicatos que integran CSEU convocan a la movilización organizada para el día 21 y convocan a la concentración a la hora 9:30  en 18 de julio y Ejido, desde donde se formará una “gran columna de la educación” que participará de la marcha central con el conjunto del PIT-CNT.

La Coordinadora, en conocimiento de las denuncias de los gremios estudiantiles sobre infiltración y espionaje policial en sus movilizaciones, expresa su “enérgico repudio a tales prácticas”.

“Ese tipo de acciones policiales desarrolladas en manifestaciones públicas y pacíficas, atentan contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación”, denuncian.

“No es menor resaltar que los hechos denunciados, con responsables directos ya individualizados, se cometieron al mismo tiempo que el Parlamento investiga el llamado ‘archivo Castiglioni’”, denuncian.

En consecuencia exigen una rápida y esclarecedora investigación de parte del Ministerio del Interior, y exhortan al  Poder Judicial, en virtud de sus competencias, a tomar cartas en el asunto y contribuir a la necesaria elucidación de responsabilidades.

Expresan su rechazo a la declaración de esencialidad contra los trabajadores de ANCAP, entendiendo que la misma es “inoportuna e innecesaria”.

En el marco del legítimo derecho a la huelga en defensa de sus derechos, “los trabajadores venían cumpliendo con todas las solicitudes de guardia gremial y extensión horaria requeridas por el directorio de ANCAP y el Poder Ejecutivo, para asegurar el abastecimiento de combustibles”.

Las organizaciones sindicales que suscriben  el comunicado y que llevaremos adelante las medidas consignadas  son las siguientes: FENAPES (Enseñanza Secundaria), SINTEP (Enseñanza Privada), FUM-TEP (Enseñanza Inicial y Primaria), ATES (Enseñanza Secundaria), AFUTU (Enseñanza Técnica Profesional), UFC (CODICEN de la ANEP y Consejo de Formación en Educación), IFD (Consejo de Formación en Educación) y AFFUR (Funcionarios de la UdelaR)”.

Otros sindicatos

Por su parte, los gremios nucleados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) también paran sus actividades durante 24 horas.

Por su parte la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió llevar adelante una nueva paralización de 24 horas el miércoles 28 del corriente.

La Agrupación UTE (AUTE) determinó acompañar el paro en la zona metropolitana entre las 9 y las 15 horas, ya que luego de la movilización central se realizará una asamblea metropolitana informativa en la sede sindical a fin de analizar el convenio laboral.

Los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) paralizaran sus actividades entre las 9 y las 13 horas. Una vez finalizado el acto del PIT-CNT se reunirán en asamblea en la explanada de OSE a fin de analizar las reivindicaciones particulares.

Fuente: http://www.lr21.com.uy/comunidad/1335504-paro-general-pit-cnt-educacion-uruguay

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Prueba de cargo contra el capitalismo

Por: Jesús Aller

Sobre estas líneas se muestra la evolución porcentual del PIB para los grandes territorios del planeta entre los años 1 y 2000 según los datos recopilados por el economista inglés Angus Maddison (1926-2010). El gráfico se presenta aquí con escala temporal lineal, y no logarítmica como suele ser habitual, con el fin de poner de manifiesto de forma más clara el carácter excepcional de lo ocurrido a partir del siglo XVIII. Probablemente no exista una imagen que refleje mejor la catástrofe global que supuso la onda expansiva del capitalismo industrial y la opresión colonial a él ligada.

En la figura puede verse que durante muchos siglos las áreas más pujantes fueron China y la India. Europa incrementa su importancia a partir del siglo XII, pero con una posición subordinada respecto a los gigantes asiáticos hasta hace muy poco. La India fue la primera víctima de la debacle y comenzó a desplomarse ya en el siglo XVIII, cuando el imperio Mogol, que había traído una relativa prosperidad al país, inició su declive para dar paso progresivamente a un dominio inglés que destruyó su tejido industrial y lo relegó a la producción de materias primas para la metrópoli. La incorporación de la India al capitalismo se saldó con hambrunas que dejaron decenas de millones de víctimas en la era victoriana, y el descenso siguió en el siglo XX hasta tocar fondo. Sólo tras la independencia se evidencia una débil recuperación, que no se ha de olvidar que llega de la mano de la inserción en la economía global de grandes masas de población en condiciones de cuasi-esclavitud.

El caso de China es ligeramente diferente. Allí, la producción logra mantenerse hasta bien entrado el siglo XIX. En esa época, la dinastía Qing en el poder veía con preocupación el sistema que los británicos habían encontrado para comerciar en el rico y enormemente atractivo mercado chino, que no era otro que la introducción en el país del opio que estaban produciendo en la India, barato y en grandes cantidades. Cuando las autoridades chinas prohibieron este tráfico, que atentaba gravemente contra la salud y las condiciones de vida de la población, la respuesta británica fueron las guerras del opio (1839-42 y 1856-60), que ganadas por ellos supusieron la sumisión colonial de China y el derrumbe de su economía con un ritmo aún mayor que el de la India. Como no podía ser de otra manera, la caída de estos dos gigantes propició la consolidación de Europa como potencia productiva y un ascenso imparable de los Estados Unidos.

Es interesante observar cómo tras su mínimo a mediados del siglo XX, India y China emprenden una subida que es mucho más clara en el caso de China. Como Noam Chomsky recordaba en una ocasión, India y China aportan, de alguna forma, un experimento de evolución de dos economías a partir de una base igualmente desastrosa durante varios decenios y con un modelo de producción capitalista en un caso y centralizada en el otro. El hecho de que con todos sus errores y crímenes, el experimento chino se haya saldado con menos muertes por hambre y con mayores tasas de crecimiento viene a mostrar lo mismo que aprendieron en los años 90 los ciudadanos de la Unión Soviética con su triste experiencia, que por malos que fueran los regímenes de socialismo real, el capitalismo se las arregla casi siempre para ser considerablemente peor.

Angus Maddison dedicó su vida a escudriñar en los documentos del pasado las huellas de la actividad económica, y fue capaz de sintetizar sus estudios en gráficas que muestran la historia del mundo en unas pocas líneas coloreadas. Estos datos, amplia y reverentemente citados en las publicaciones del pensamiento único, se quiere que demuestren sólo la superioridad productiva del capitalismo. Sin embargo, es importante señalar también que esta supremacía se basa únicamente en la rapiña y la imposición bélica, santificadas por una monstruosa cobertura ideológica. Cuando somos conscientes de esto, las curvas de Angus Maddison se convierten en una prueba de cargo decisiva contra la más perniciosa de las doctrinas criminales que ha conocido la historia.

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228138

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Debatirán sobre cómo Paraguay puede consolidar su crecimiento y desarrollo

Paraguay / www.lanacion.com.py / 21 de Junio de 2017

El Banco Mundial organiza un panel debate bajo el formato «preguntá al especialista» como parte del ciclo de Conversaciones sobre el Desarrollo en Paraguay. «En este primer encuentro queremos conversar sobre los desafíos y oportunidades que el Paraguay tiene para consolidar su crecimiento con mayor equidad e inclusión», señalan desde el organismo.

El encuentro es para este martes en el Salón Millenium, del Carmelitas Center, sobre Pastor Filártiga esquina Molas López, de 18:30 a 20:30 horas.

El debate será sobre la pregunta ¿qué desafíos Paraguay necesita encarar para avanzar en su desarrollo? pregunta que se podrá hacer a economistas y profesionales presentes.

En esta ocasión se debatirán sobre las prioridades de desarrollo que el Paraguay debería encarar para consolidar su crecimiento con inclusión social.

También se analizarán los temas críticos que requieren políticas de mediano y largo plazo: ¿cuáles son las áreas más críticas de desarrollo y qué se puede hacer desde el sector público y el sector privado para fomentar una alianza para el desarrollo?, según indican desde la organización.

Programa de Revisión del Gasto Público

A fin de mejorar la eficiencia de la inversión social, fundamentalmente en las áreas de salud y educación, el Gobierno apunta a implementar un Programa de Revisión del Gasto Público mediante un esfuerzo coordinado entre sus distintas carteras y el apoyo del Banco Mundial (BM).

En ese marco, una misión del BM arribó al país para la Revisión del Gasto Público en las áreas sociales de Educación y Salud, encabezada por el director para el Cono Sur, Jesko Hentschel.

Al término de el encuentro con autoridades, Hentschel informó que la Revisión del Gasto Público (PER, por sus siglas en inglés) es un ejercicio que el BM realiza a nivel global, y a pedido de los países interesados en identificar oportunidades y propuestas de mejoras en la asignación de recursos y en la eficiencia del gasto.

Remarcó que las revisiones del gasto público son herramientas fundamentales de diagnóstico que el banco realiza a requerimiento de sus países socios.

Estas revisiones, que no son auditorías, tienen como objetivo evaluar la eficiencia, la efectividad y la equidad del gasto público en determinados sectores. Dejó en claro que esta revisión no se trata de una auditoría, sino de una herramienta que se aplica en varios países.

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, junto con los ministros de Salud, Antonio Barrios; de la Secretaría de Acción Social (SAS), Héctor Cárdenas, y la viceministra de Educación, María del Carmen Giménez representaron al gobierno en esta reunión.

Mejora de la eficiencia

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, enfatizó que por primera vez se lleva adelante este análisis que se realizará de manera conjunta con los Ministerios de Salud y Educación, la SAS y STP, para mejorar la eficiencia y calidad del gasto público en las áreas de salud y educación.

Explicó que el PER es una herramienta de diagnóstico que permite a los países analizar la efectividad del gasto público de acuerdo a las prioridades del país; establecer mecanismos eficaces y transparentes para asignar y utilizar los recursos públicos disponibles de manera que promuevan el crecimiento económico y ayuden a reducir la pobreza.

La misión del BM, además del director Jesko Hentschel, también estuvo integrada por Celia Ortega, representante residente en Paraguay; Matteo Morgandi, economista senior y gerente del Estudio; Stefano Curto, economista senior Macrofiscal, entre otros.

Fuente:http://www.lanacion.com.py/negocios/2017/06/20/debatiran-sobre-como-paraguay-puede-consolidar-su-crecimiento/

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