El Ministerio de Educación de Perú estableció este sábado la vuelta a las clases presenciales en las universidades públicas y privadas en el segundo semestre académico de 2022, una medida que también incluye a las escuelas de posgrado, anunció la institución en el diario oficial «El Peruano».
Mediante un informe de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, se emitió opinión favorable a esta medida de volver a las aulas universitarias a partir de agosto, que es cuando en Perú se inicia el segundo semestre.
Este informe concluye que el retorno a la presencialidad se encuentra alineado con los objetivos estratégicos e institucionales del sector y no irrogará gastos ni al propio ministerio ni a los pliegos de las universidades públicas.
Esta resolución deroga una norma anterior que permitía el retorno a la modalidad presencial y/o semipresencial, de forma flexible y gradual, mediante la implementación de modelos híbridos de enseñanza, en cumplimiento con las medidas de prevención y control de la covid-19.
También se detalla que la decisión del retorno a las aulas es conforme a las disposiciones emitidas por el gobierno central y la autoridad sanitaria respecto de las medidas de prevención y control del virus.
En Perú, los colegios permanecieron cerrados más de dos años debido a la pandemia, y los escolares volvieron gradualmente a las clases en el mes de marzo.
El trabajo conjunto «permitirá que al menos 7.500 niños reciban apoyo productivo completo (huevos y vegetales) con un complemento de merienda constituida de frutas y hortalizas»
La Delegación de la Unión Europea en Venezuela revisó los avances del proyecto de rehabilitación productiva de escuelas agropecuarias que financia, y que ejecuta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el estado Lara, informó este jueves el bloque comunitario en un comunicado.
Durante la visita a la región, en la que supervisaron los avances del proyecto en la Escuela Técnica Agropecuaria (ETA) “José Ramón Rodríguez” en el municipio Jiménez, se informó que el programa será implementado en 15 estados de Venezuela para apoyar a 25 centros educativos de este tipo.
De acuerdo la nota de prensa, este trabajo conjunto «permitirá que al menos 7.500 niños y niñas reciban apoyo productivo completo (huevos y vegetales) con un complemento de merienda constituida de frutas y hortalizas«.
Este proyecto fue firmado entre el Gobierno, la FAO y la UE el pasado 8 de febrero, y está centrado en la agricultura familiar, innovadora y remunerativa, con el objetivo de promover el reforzamiento de las capacidades de producción de alimentos para mejorar la dieta y los ingresos de los involucrados en esta actividad, según la ficha del mismo.
«Es un reflejo del compromiso de la UE y FAO por acabar con la pobreza, el hambre y garantizar la seguridad alimentaria, apoyando la producción agrícola a nivel local y familiar, para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», destacó la delegación de la UE.
En el marco de esta gira, los representantes de la UE en Venezuela revisaron también avances del plan que tienen con el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) para la atención legal y psicológica a mujeres víctimas de violencia y sostuvieron reuniones con representantes regionales de los sectores académico y económico.
Posteriormente, viajaron a Carabobo, donde visitaron otros proyectos que la UE implementa en la región central vinculados con la gestión sostenible del agua.
-Estamos con Alfredo Barrera, el papá de Carla Soggiu. Buenas noches, Alfredo.
-Buenas noches, Mario. ¿Cómo te va?
-Te agradezco. Sé que no andás bien de salud, te agradezco de todas maneras que hayas tenido la deferencia de atendernos. Luego de prácticamente 20 cartas les atendió el presidente, Alberto Fernández.
-Sí, fueron 20 cartas.
-Han tenido la oportunidad el pasado 3 de junio de dialogar con el presidente de la Nación. ¿Qué nos podés comentar respecto de esa reunión?
-Era algo que estábamos esperando hace mucho y bueno, se dio. Nos avisaron a última hora del día anterior así que hubo gente que vino de 600 kilómetros, así que imaginate, sacar el pasaje y todo porque no había que dejar pasar la oportunidad. Era algo que estábamos esperando.
En la reunión en sí, muchos de mis compañeros pudieron explayarse sobre el caso de sus hijas, comentarles las problemáticas que tienen cada uno que son individuales y a la vez son grupales porque muchos aspectos se parecen, ¿cierto? Ese es el problema que tenemos con la justicia.
Es muy complicado el tema que tenemos con la justicia, también el tema de lo que es el primer momento, porque nosotros no hablamos solo de lo que es el caso y por nuestras hijas que ya no están más, sino por todos los casos que se suman día a día lamentablemente.
Para que tengan un acceso más instantáneo a todo, para una justicia más justa, para eso hay que preservar la escena del hecho si es que hay y ellos tienen que poner a disposición un montón de cosas. Avisarles a los padres, a las madres, a la hermana o a quien sea, que tiene que defender ese camino, para dónde tiene que caminar, porque nosotros lo tuvimos que hacer casi a ciegas.
En mi caso no tuve la oportunidad de hablar porque no podíamos hablar todos, había que elegir a los oradores y yo estaba bastante complicado. De todas maneras, me quedé con ganas de hablar. Cuando lo saludamos cada uno de manera particular le pedí si más adelante podía hacer una reunión más porque habíamos quedado muchos familiares sin haber podido expresarnos.
-¿Cuáles fueron las exigencias concretas que llevaron al presidente de la Nación?
-Las exigencias son: un cambio en la reglamentación de la Ley Brisa porque casi nadie accede, te piden infinidad de cosas, te piden un procesamiento firme, te piden un montón de cosas… y los chicos que perdieron a su mamá están ahora. En mi caso tengo trabajo, esforzándome, pero hay gente que la pasa muy mal después de que perdió una hija, una hermana o lo que sea porque ¿qué pasa con esas criaturas? Los tiempos de la justicia son lentos y las criaturas están hoy, tienen necesidades hoy de todo tipo, de ayuda monetaria, es integral.
Justicia justa, valga la redundancia, pero es eso, tener una justicia con perspectiva de género con jueces y fiscales idóneos para ese puesto, que no estén manchados. Nosotros hemos repartido a muchos periodistas el escrito completo de las propuestas. Ahora quedamos a la espera de alguna respuesta por lo afirmativo y por lo negativo. Creo que todo de la noche a la mañana no se puede, pero nosotros venimos luchando hace tiempo y rescatamos que se abrieran los canales de diálogo. Hay que sacar algo bueno de esto. Siempre te lo dije, nosotros queríamos hablar con él para sumar, que nos escuche, porque no hay nada más importante que escuchar a una persona que tiene la experiencia, pero en la práctica. Nosotros no somos burócratas ni estudiamos para eso, lamentablemente lo sabemos desde la práctica. Solamente queríamos eso, poder expresarnos y que nos escuchen, que reciban nuestra propuesta y que la estudien y que salgan soluciones porque lo que nosotros lo que le brindamos son soluciones.
Sabemos que el país está complicado, sabemos todo. Somos gente común y corriente que tiene que vivir el día a día como todo el mundo. Al margen de eso nuestras hijas ya no están más con nosotros, que no es solamente tener el corazón destrozado sino un montón de cosas más. Porque hoy justamente lo hablaba con mi señora, no sabemos cómo extraño llegar del trabajo, pegarme un baño y poder olvidarme de todo por un ratito y ser uno libre de la manera que uno quiera. ¿Sabes cómo extraño eso? Horrores lo extraño.
-¿Qué impresión se llevaron de la reunión con el presidente? Una reunión tan esperada después de 20 cartas.
Se cortó la comunicación con Alfredo Barrera, el papá de Carla Soggiu, uno de los asistentes a la reunión con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández, el pasado 3 de junio cuando recibió en la Casa Rosada al grupo de familiares sobrevivientes de femicidios, las madres y padres de mujeres asesinadas por la violencia machista, que describieron cada caso y lo que tienen en común, la falta de justicia, la complicidad policial, la trama narco, la justicia patriarcal y la desidia estatal.
Entregaron un petitorio con reclamos concretos como el efectivo cumplimiento de la Ley Brisa, la dificultad para pagar peritos y abogados. Se fueron con la sensación de ser escuchados, lo que sigue es pasar a la acción.
Yo quiero leerles la carta que le entregaron al presidente de la Nación el pasado 3 de junio: En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años llevando esta cruz así que la afirmación que realizamos se aplica a diferentes administraciones e incluso de signos políticos contrarios. Todas han prometido mucho, todas han hecho poco, todas también han preferido tener como interlocutores a expertes que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo lo incumpla todos los días, así la puerta de acceso a la justicia, nuestros derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria, así no podemos seguir ni un día más, sumando nuestros dolores y experiencias. Focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos al concretarse el Estado Argentino estará dando un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos. Nuestras tres exigencias son las siguientes: exigimos el cambio de la reglamentación de la Ley Brisa, el acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por feminicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder ejecutivo como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite hoy en día no es administrativo, sino judicial lo cual requiere la participación de abogados, los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial. En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del 2021 ya suman 80, según datos del Observatorio Lucía Pérez esas infancias no pueden esperar ni un día más. Dos, exigimos que el Estado garantice el acceso a la justicia y desde el primer día la investigación imparcial judicial justa y con perspectiva de género. Y tres, exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. La Normativa Internacional de DD HH obliga al Estado Argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias, dicha identidad nos convierte en los portadores de los derechos que le fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están establecidos claramente por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.
Estos fueron los tres planteos centrales que hicieron al presidente Alberto Fernández las familias víctimas de femicidios el pasado 3 de junio.
El Ministerio de Educación indicó que se busca salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa.
Entre el martes y miércoles aumentaron los establecimientos educativos que deberán implementar las clases a distancia debido a los incidentes que se están dando por el paro nacional. El Ministerio de Educación dio a conocer que en total son 3.528 instituciones educativas las que se mantendrán con esta modalidad.
La entidad explicó que la medida se da con el objetivo de precautelar la seguridad de los estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, y que esta modalidad se mantendrá hasta que se den las condiciones idóneas para el retorno a las aulas. En total se ha visto afectado el 21,92 % de las instituciones del país.
En total son 1′211.714 los estudiantes que se acogen a las clases a distancia, distribuidos de la siguiente forma:
Provincia
Instituciones educativas
Carchi
6
Imbabura
184
Sucumbíos
16
Napo
7
Orellana
7
Pichincha
261
Chimborazo
351
Cotopaxi
405
Pastaza
233
Tungurahua
255
Bolívar
344
Azuay
23
Cañar
5
Morona Santiago
36
Loja
8
Pichincha (solo DMQ)
1.387
El Ministerio también señaló que en 26 cantones de 8 provincias del país las instituciones educativas de todos los sostenimientos deberán llevar a cabo las clases a distancia. Estos son:
Pichincha: Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo y Rumiñahui.
Cotopaxi: Latacunga, Pujilí, La Maná, Pangua, Salcedo y Saquisilí.
Bolívar: Guaranda y Echeandía.
Pastaza: Pastaza, Mera y Santa Clara.
Chimborazo: Riobamba.
Imbabura: Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante.
Tungurahua: Ambato, Píllaro y Pelileo.
Los Ríos: Valencia, Ventanas y Quinsaloma.
La entidad explicó que el listado se puede actualizar a medida que se realicen las evaluaciones correspondientes.
La tinta lanza un cuadernillo para docentes que, junto a una serie audiovisual, busca acompañar y facilitar el abordaje de las relaciones entre pandemia, ambiente y alimentación. El material es también un aporte a las posibilidades que abre la nueva Ley de Educación Ambiental Integral.
“Cuando aprendemos, -de algún modo- nos estamos alimentando y, cuando nos alimentamos, estamos aprendiendo. La alimentación es una manera también de ser alumnos, de aprender”.
Darío Sztajnszrajber
Desde esta semana, docentes de espacios educativos formales y no formales pueden acceder a un cuadernillo para la Educación Ambiental Integral desarrollado a partir de la serie documental “Tierra sobre la mesa. De pandemias globales y cultivos locales”, recientemente estrenada por La tinta. Esta herramienta pedagógica nace en el contexto de una crisis sanitaria y ecológica que nos interpela como humanidad, desde el deseo de acompañar con palabras y sugerencias pedagógicas a quienes, día a día, intentan construir desde las aulas un mundo más justo, bonito y habitable. Desarrollado con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, el cuadernillo cuenta con una versión impresa y una versión digital de libre acceso disponible aquí: Cuadernillo Pedagógico Tierra sobre la Mesa.
Su objetivo es facilitar el trabajo con los contenidos de esta producción audiovisual en espacios educativos a partir de orientaciones, recursos y fuentes bibliográficas que promueven la reflexión y el debate sobre las relaciones entre pandemia, ambiente y alimentación. Se trata de una herramienta pedagógica para que educadorxs puedan imaginar modos posibles de abordar las problemáticas socioambientales de nuestro territorio, a partir del escenario para el debate que abre la nueva Ley de Educación Ambiental Integral.
En consonancia con la serie Tierra sobre la mesa -ganadora del Premio Adriana Schiffrin “Educación para la transformación socioambiental”-, este material aborda las problemáticas inherentes al modelo agroalimentario actual. Desde allí, busca también vislumbrar otros caminos posibles en la producción, distribución y elaboración de nuestros alimentos a partir de la experiencia de distintas organizaciones y territorios de la provincia de Córdoba.
El coronavirus no solo enfrentó a docentes y estudiantes a un nuevo contexto educativo fuera de la presencialidad, sino también al desafío de poner en palabras dentro del aula lo que nos estaba sucediendo como humanidad. Ante ello, Tierra sobre la mesa es retomada en este cuadernillo para ofrecer un enfoque ambiental de esta situación basado en la perspectiva de múltiples actores que entraman sus saberes, experiencias y campos de conocimiento.
En este sentido, se desglosan los temas de cada capítulo de la serie que permiten ahondar en cuestiones como la biodiversidad, los modos de producción en agricultura y ganadería, la distribución y el acceso a los alimentos, así como su dimensión cultural a través de la cocina. El cuadernillo complementa este contenido audiovisual con palabras claves, gráficos, así como fuentes y materiales académicos, artísticos, didácticos y periodísticos.
Por otro lado, bajo el título “Ver y pensar desde la escuela: una gran ocasión”, el material cuenta con orientaciones pedagógicas que abren diversas posibilidades para el encuentro con las imágenes dentro del aula. Se trata de planificar y potenciar el ingreso del recurso audiovisual en el espacio educativo para dar lugar a la creación y la construcción de sentidos, a partir de un lenguaje cada vez más presente en la vida cotidiana.
Una nueva ley, una oportunidad para el debate
La nueva Ley de Educación Ambiental Integral (LEAI), promulgada el año pasado, es una oportunidad pedagógica que abre nuevos horizontes para lo que se puede decir, pensar y problematizar al interior de las escuelas de nuestro país.Al igual que la Ley de Educación Sexual Integral, la norma plantea los contenidos de la Educación Ambiental Integral como transversales al currículum: se propone que los temas ambientales pasen a ser un problema de toda la ciudadanía y no que se asocien a un solo campo de conocimiento.
Sin embargo, a un año de la vigencia de la ley, la educación ambiental tiene una escasa o nula presencia en las políticas públicas, las instituciones educativas y la sociedad en general. En ese marco, este cuadernillo pretende ser una herramienta pedagógica para que la LEAI no quede en letra muerta y la cuestión ambiental encuentre un lugar de debate en escuelas, universidades, organizaciones, bibliotecas, etc.
“¿Qué hacer desde el aula para que la Ley de Educación Ambiental Integral exista? Todos los contenidos que se enseñan se pueden articular con los temas de ambiente, del mismo modo en que aprendimos que era posible hacerlo con la ESI. Pero, para transitar el camino que recorrió la ESI, es necesario que demos lugar en las aulas para generar espacios de discusión sobre los conflictos ambientales”, explica en el cuadernillo Grabiela Lamelas, doctora en Educación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Otra cuestión fundamental es el enfoque desde donde se invita a pensar los temas ambientales. Si bien la ley propone pensar desde el enfoque de la sustentabilidad, tanto en la serie como en el cuadernillo de Tierra sobre la mesa, se plantea una mirada crítica y colectiva, que escapa de la mera responsabilidad individual y pone el foco en los conflictos socioambientales actuales para repensar desde allí alternativas al modelo de desarrollo vigente.
Luis Fernández, especialista en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional, se pregunta acerca de esta ley: “¿Para qué tipo de educación ambiental se va a destinar? ¿Es para juntar tapitas o es para poner en tensión el propio modelo que el Estado desarrolla?”. Por su parte, el docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto especializado en agroecología, Claudio Sarmiento, plantea en el segundo capítulo de la serie Tierra sobre la mesa: “La sustentabilidad nos proponía dejar a nuestros hijos el mundo, al menos, en las mismas condiciones en que lo recibimos. ¿Pero de qué sirve que les dejemos el mundo con estos niveles de cambio climático? Hay que salir de eso. La regeneración es un desafío que supera a la sustentabilidad”.
El enfoque de esta herramienta pedagógica es también una invitación a reconocer el propio territorio, ya que se considera que las problemáticas socioambientales y los desafíos pedagógicos que estas conllevan son singulares y necesitan abordarse a partir de la realidad particular que rodea a cada comunidad y a la cotidianeidad que viven docentes y estudiantes.
Durante la última dictadura fue confinada junto a sus hermanos en el Hogar Casa de Belén, donde sufrió todo tipo de abusos
Su madre desapareció. Su padre estaba en la cárcel. Ella y sus hermanos fueron llevados a un hogar de menores donde los apropiaron. La historia de los abusos y de cómo pudo reconstruir su vida. El juicio que se está realizando en La Plata. La complicidad del Poder Judicial y la Iglesia.
Vicenta Orrego les dio a sus tres hijos un largo y fuerte abrazo y les dijo: “Los quiero muchísimo, cuídense entre ustedes”. Luego, puso un colchón en la ventana y empezó a sacar a los chicos. Mariano Alejandro, de cinco años, María Ester, de cuatro, y Carlos Ramírez, de dos años, siguieron escuchando disparos. El 14 de marzo de 1977 Vicenta les salvó la vida pero no pudo salvarlos del infierno que vivirían durante otros siete años, más de dos mil días, encerrados en el Hogar Casa de Belén. “Nos levantaban a la mañana con agua fría, nos bañaban con agua helada, nos torturaban, nos daban órdenes, palos, represión, sufrimos violaciones sexuales. Todo porque no querían que saliéramos como nuestros padres. Entramos en su plan de destrucción”, cuenta María.
Antes de Belén
“Cuando las fuerzas tiroteaban la casa, Carlos corrió detrás de nuestro perro, que se había escondido detrás de la heladera. Yo pegué un grito porque pensaba que lo mataban, había muchas balas. Todo fue muy rápido, habían venido para matarnos a todos. Cuando salimos, las balas seguían entrando. No vi a mi madre muerta aunque escuchaba que seguían tirando. No lo he superado. Estuve traumatizada, es inmenso lo que he pasado. Ella nos salvó y después llegamos a la Casa de Belén, en Banfield. Ahí aprendí a dividir mi cuerpo y mi alma”. María Ramírez hizo un relato detallado de su historia cuando declaró ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y también habló con Página/12 de sus recuerdos. Vive en Suecia, donde su padre llevó a sus hijos cuando pudo reencontrarse con ellos.
Julio Ramírez es paraguayo, desde antes del golpe de Estado de 1976 estaba preso en la cárcel de La Plata y fue expulsado del país en 1981. “A partir de 1977 me dediqué a investigar el destino de mi señora y mis hijos. Escribí a la jueza de menores de Lomas de Zamora Marta Pons, que se negó rotundamente a darme información. Después, tuve la ayuda de la ACNUR (el organismo de Naciones Unidas para los refugiados), la Cruz Roja, Amnistía Internacional y de Emilio Mignone (fundador del CELS). Recién en octubre de 1983 la jueza me dio permiso para visitarlos en la Casa de Belén y pude volver a Suecia con ellos”, narró cuando declaró por videoconferencia.
El caso de los hermanos Ramírez deja expuestas un sinfín de aristas del terrorismo de Estado: la complicidad del Poder Judicial, en la figura de la jueza Marta Pons (ahora fallecida pero multidenunciada por las Abuelas de Plaza de Mayo por su conducta con menores durante la última dictadura) y los integrantes de su juzgado, la complicidad de la Iglesia, que estaba vinculada con el Hogar Casa de Belén, los asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas, la cárcel, el silencio de muchos y el padecimiento de los niños, con quienes personas con mucho o poco poder se ensañaban y sometían porque podían, porque eran hijos de “subversivos”.
El juicio
Actualmente, nueve personas están siendo juzgadas por la desaparición de Vicenta y el asesinato de María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga, dos militantes de Montoneros que alojaba en su casa, y por los crímenes cometidos contra los tres menores. Los acusados son el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, el ex jefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, Miguel Wolk, y cino exmiembros de la policía bonaerense que eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús: Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López y Rubén Carlos Chavez. Por el caso de los chicos, la única imputada –por la sustracción, retención y ocultamiento de los niños y la niña– es la ex secretaria del tribunal de menores de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer.
Ninguno de los autores directos de los abusos a los hermanos Ramírez está en el banquillo ya que algunos de ellos murieron y otros fueron apartados por problemas de salud. Ese es el caso de Manuel Maciel (fallecido), Dominga Vera (apartada) que fueron los encargados del lugar, y el ex padrino del Hogar, Juan Carlos Milone (apartado). “Dicen que Manuel está muerto pero yo desconfío. Lo dije en mi declaración, quiero pruebas, que le hagan un ADN, porque desconfío de todo lo que han hecho”, dice María a Página/12.
Durante el juicio, los hermanos Ramírez tuvieron acceso a testimonios que les permitieron reconstruir parte de lo sucedido con Vicenta, hechos y detalles que nunca antes habían escuchado. Los más reveladores vinieron de quienes, como ellos, eran niños en esa época. Francisco Nogueira y Aldo Pietrantuono tenían 10 y 13 años, eran vecinos de los Ramírez y presenciaron el operativo en la casa de Almirante Brown. «Hubo una balacera por 20 minutos. En un momento, un hombre desde adentro de la casa pidió una tregua y ahí fue que la mamá de los chicos comenzó a sacarlos. La señora saca a dos de los chicos y cuando sale con el tercero se acerca un personal policial de civil y la ejecuta de un tiro en la cabeza. Otro personal le saca la criatura y le tiran a ella una ráfaga de disparos», relató Nogueira.
Nogueira y Pietrantuono contaron que los policías retiraron los cuerpos de Vicenta y la pareja que vivía con ella y luego saquearon la casa. “El nene mayor me dijo: ´se llevan mis juguetes´, recordó Nogueira. «Pasaron 45 años, quiero que el tribunal tome en cuenta mi declaración aunque tenía 10 años en ese momento. Yo no escribí un diario como Ana Frank pero tengo todos los recuerdos acá», les reclamó a los jueces emocionado mientras se tocaba con su dedo la cabeza.
Hasta ese momento, la familia Ramírez desconocía los detalles del asesinato de Vicenta. Escucharlos fue una conmoción pero, también, la reafirmación de que las respuestas deben venir de los responsables: qué pasó con su cuerpo, dónde está.
Los chicos fueron dejados en un baldío y luego llevados a la casa de un vecino, que los alojó unos días. Después, fueron puestos a disposición del tribunal de menores de la jueza Marta Pons. Previo paso por poco tiempo por un hogar de monjas, Mariano Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez terminaron en el Hogar Casa de Belén.
María Ramírez a los cuatro años, antes de la desaparición de su madre.
Los abusos y la resistencia
Infierno. Infierno. Infierno. Es la palabra más repetida en el relato de María. Y como contrapartida, el ángel que, en la figura de su mamá Vicenta, la acompañó y le permitió sobrevivir. “Tengo recuerdos felices de mi primera niñez, de amor, de que mis padres me querían y esos recuerdos se quedaron dentro mío como un diamante y no me los pudieron sacar. Lo más absurdo era que nos decían que teníamos que estar agradecidos de estar en el hogar, porque mi mamá me había abandonado y era una prostituta, y mi papá estaba en la cárcel, era un criminal, un borracho. Mi madre Vicenta aparecía cuando más me torturaban, cuando no podía caminar del dolor. Esos recuerdos me ayudaron a diferenciar en la vida qué es el amor y qué es el infierno, qué es la verdad y qué son las mentiras. Ellos (Dominga Vera y Manuel Maciel) me preguntaban si tenía recuerdos de mi madre y yo aprendí que me podían torturar, me podían matar pero que no les iba a decir, no les iba a hablar de los recuerdos de mi madre, esos recuerdos me los llevaba yo hasta la muerte. Eso me dio mucha fuerza para sobrevivir”.
El Hogar Casa de Belén estaba vinculado a la Iglesia de Banfield, donde, dice María “todos sabían lo que pasaba”. Los domingos se disfrazaban de familia perfecta y devota e iban bien vestidos y peinados a misa. Tenían prohibido mirar a las personas a los ojos, siempre había que mirar abajo, al piso, no hablar con nadie. Eran como muñecos. También fueron bautizados y dejaron de ser Ramírez para pasar a ser Maciel. “Nos llamábamos como el viejo de ahí. Sentí que me enterraron viva, pensaba que mi madre no me iba a poder encontrar si tenía otro apellido. Y la casa de Belén no era solo una familia, había más gente que trabajaba con el hogar: la escuela, los médicos, los militares, la justicia, la doctora Pons, los vecinos, todos sabían lo que pasaba. Yo pedí ayuda a la Iglesia, al cura gordo le dije que me violaban. El levantó su teléfono y llamó al hogar. Se pueden imaginar lo que pasó conmigo, lo que me hizo Manuel”.
Manuel la amenazaba. Cuando la violaba le decía que si se quedaba embarazada le tenía que echar la culpa a otro niño. Ella dijo que no. El la ahogó en un inodoro sucio, la agarró de los pelos, la llevó a su pieza, abrió el ropero, donde estaban su ropa, uniformes y armas y le preguntó: “¿cómo querés morir?”. El le apuntó a la cabeza, disparó, ella escuchó el clic. El le dijo “te voy a matar como mataron a tu mamá, te voy a hacer volar la cabeza”. Pero no la mató. Siguió torturándola. “Yo salí como cenizas del hogar, pero de las cenizas volví para decir Nunca Más”
La Odisea
María y sus hermanos pudieron salir del Hogar de Belén en 1983, después de que su padre lograra ubicarlos y sortear las trabas que le ponía la jueza Pons. Los chicos tenían miedo, miedo al cambio, a sufrir más, si eso era posible. En el hogar, Manuel le decía a María que el padre abusaría de ella y que no podía contarle a nadie lo que había pasado durante esos años porque los iban a encontrar y a matar. “Tenemos gente por todo el mundo y te vamos a matar si hablás, sea donde sea, en Suecia o en cualquier lado”, la amedrentaba.
Armar un vínculo con su padre no fue sencillo, cuando llegó a Suecia, María dormía con un cuchillo bajo la almohada y ni ella ni sus hermanos le contaron lo que habían vivido en el hogar. Lo que más la afectó fue que le costaba conectarse con el recuerdo de su mamá. “Se apagó esa luz interior. Me sentía culpable, como que la había dejado en Argentina. No quería vivir, no hablaba con nadie, ni con mi papá ni mis hermanos, estaba sola. La amenaza de Manuel tuvo efecto, me paralizó y me distancié de mi padre y de todos. No podía hablar con nadie”.
Dos cosas la salvaron y le cambiaron la vida. La literatura y el dibujo. “A los 16 en la escuela me dieron el libro de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Con ese libro pude interpretar el Infiero que había pasado y pensar que mi mamá me guiaba en todo ese proceso. Otro libro que me impactó fue La Odisea, lo interpreto como la expulsión del país y el deseo de volver a mi casa natal y llegar con mi familia. Los libros me abrieron el camino para elegir la vida de nuevo. Volví a sentir a mi mamá y elegí vivir”.
A los 25 descubrió la pintura, entró en una escuela de arte y pensó que eso le traería alegría, pintar, los colores, pero la atrapó el infierno de nuevo. Todo lo que salía de sus manos y se volcaba en el lienzo estaba relacionado con el hogar Belén. El maestro les hacía comentar las obras que producían. Y así fue como María pudo comenzar a hablar sobre lo que le habían hecho. Los cuadros también fueron la base para poder revincularse con su papá y sus hermanos. “Pudimos volver a hacer una relación, antes estábamos aislados, teníamos vergüenza de lo que habíamos pasado. Las pinturas nos dieron un espacio para hablar y así decidimos que debíamos buscar justicia”.
María abre grande sus ojos marrones. Mira de frente cuando habla. Busca las palabras en castellano. Dice que quiere justicia para ella y sus hermanos, para su madre y su padre, para los otros niños que estaban en el Hogar, que eran ocho y para María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga. Justicia porque a aquellos sufrimientos, hay que sumarles las secuelas que marcaron a toda su familia, que dejaron marcas en su generación, las están dejando en la próxima, y estarán presentes en la siguiente. Por eso, para María, es importante definir y reconstruir la historia: para poder liberarse y renacer después de tanto dolor. Para ella es importante que la Justicia entienda el trato inhumano que han vivido ella y sus hermanos y la gravedad de los delitos que se han cometido. “Nosotros no hemos tenido libertad, hemos sufrido y seguimos sufriendo. Pero estamos todos de acuerdo en que el único camino posible es el de la Justicia.” Define las barbaridades sufridas como genocidios; y exclama que es tiempo de que estos genocidas sean responsables de sus barbaridades. “Nosotros estamos condenados por vida a vivir con estos recuerdos terroríficos. El juicio es un desafío de confianza porque el propio estado destruyó nuestra base familiar y nos arrancó de las raíces al extranjero al expulsar a mi padre del país. Hemos pagado mucho, y seguimos pagando con mucho dolor, también tenemos que afrontar muchos costos económicos para volver a la Argentina, para reconstruir nuestra identidad, historia, familiares y también pagamos con nuestra salud. El daño es inmenso.”
Uno de los cuadros pintados por María a partir de los recuerdos de los niños del Hogar Casa de Belén
La reconstrucción
Los tribunales también fueron un laberinto. Un camino que se inició hace muchos años; que impulsó el abogado Luis Valenga y recorren hoy las abogadas Carolina Farotto y Carla Ocampo Pilla con la fundamental intervención del Ministerio Público Fiscal. Un paso importante fue poder recuperar la causa que estaba archivada y a la espera de la prescripción, porque los hechos no habían sido considerados como delitos de lesa humanidad, es decir, quedaban fuera del plan sistemático de la dictadura, como si no hubieran tenido relación con la encarcelación de su padre y el asesinato de su madre. “Eran tiempos de impunidad en democracia, tiempos en los que no había esperanza, de destrucción. Cuando asumió Néstor Kirchner y se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida tuvimos esperanza, cuando pudimos avanzar con el doctor Valenga sentí que mi salud mejoraba. Creo que fue admirable que el Presidente pidiera perdón por parte del Estado, fue importante escuchar estas palabras y verlas concretadas en los hechos, que se haya hecho una plataforma de derechos humanos que ayuda a reconstruir nuestra historia es importante también para la memoria colectiva del pueblo. Quiero mencionar a la gente que nos está ayudando y acompañando, que es un grupo fantástico, la fiscal Ana Oberlin, el fiscal Juan Martin Nogueira, mis abogadas, los abogados de la secretaría de derechos humanos, Pedro Griffo y Facundo Dadic y los profesionales del Comité por la Defensa de la Salud, la ética y los Derechos humanos (CODESEDH), Melanie Torre, Silvia Arrendodo, Norberto Liwski y Carmen Celiz. También quiero destacar que el hogar sigue funcionando como si nada y deseo que lo identifiquen como centro clandestino, allí se reunían militares, policías, teníamos padrinos militares. Mi “padrino” me llevó a su trabajo y era una casa abandonada con sangre en las paredes, cables en el piso y camas sin colchones, con olor a muerte. Ahí entendí lo que hacían y sabía que Manuel era capaz de matarme. Esos eran sus compañeros”.
Cuando María declaró en el juicio mostró algunos de los cuadros que pintó cuando empezó a estudiar, figuras oscuras, monstruos sentados a la mesa, bebés, muertos, cruces, un retrato de su madre. También llevó una medalla de la maratón de Berlin, porque correr es otra de las cosas que la ayuda. “Es una expresión de libertad, puedo correr cuatro horas sin pensar en nada del pasado, del presente o del futuro. Corro, respiro y no pienso, pienso en positivo. Las maratones me ayudaron un montón”.
María habla. Después de mucho tiempo. Espera que las palabras puedan ser reparadoras. Que le traigan paz. “Puedo confesar que he temblado, tenido miedo, he sentido de nuevo el revolver en la cabeza, el click, pero apuesto a la vida. He llorado muchísimo y sigo llorando. Seguimos sufriendo las secuelas. Estamos condenados a vivir con todos estos traumas y secuelas. ¿Quién paga todo? Estamos marcados para siempre. El juicio que se está realizando es reparador, pero también muy movilizador, porque nos rompieron en millones de pedazos y tenemos que buscar cada pieza, es muy doloroso armar el rompecabeza. Pero apuesto a la vida para buscar justicia. Me han torturado siete años pero no sabían el amor que guardaba de mi madre y que me hizo vivir. El amor de mi padre también fue fundamental. Hoy tengo un hijo al que le gusta jugar al fútbol y admira a Messi. Yo he jugado fútbol y me encanta compartir con mi hijo y transmitirle sueños, amor y recuerdos. Apuesto a tener una vida digna, a vivir y no sobrevivir. Gracias mamá y papá por el amor que me dieron de niña. Tengo más presente que nunca que el amor debe triunfar sobre el odio”.
Una acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.
En los hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial; el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.
En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las FFAA atenten contra los DDHH de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).
La acción de la CONAIE y los movimientos populares
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) planteó una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.
El planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (FEINE), las organizaciones campesinas indígenas y negras (FENOCIN), el Frente Popular, la UNE, el Seguro Social Campesino (FEUNASC), luchadores contra el extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras. Muchas de ellas añaden demandas propias que vienen de atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el FMI.
En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.
La prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión
En diciembre de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso tildó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”. También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.
En síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de cometimiento de delitos de todo tipo.
Así, la persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: “La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante… Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito”.
La propia Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones solo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.
La figura gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno de Moreno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.
Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha de presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el narco tráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.
Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y el propio Iza a los medios indicó que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.
Lucha creciente y más descredito gubernamental
Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene a Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.
El gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detención de manifestantes, según denuncia INREDH fueron también agredidas la noche del día 14.
En estas condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los indígenas y de más sectores populares luchan por sus derechos.
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