Graves implicaciones de que la educación se declara un servicio público esencial

El proyecto de ley radicado en el Congreso, con el que se pretende convertir a la educación en un servicio público esencial, tiene como verdadero interés adueñarse de los recursos del sector público neutralizando a quienes hoy los defienden: los maestros.

Frente a las pretensiones de varios sectores políticos principalmente del partido de gobierno de privatizar la educación y estigmatizar a quienes se mantienen en la lucha y defensa de los derechos humanos y laborales en el país como lo hace la federación, es importante conocer que hay detrás del proyecto de ley radicado en el congreso con el que se pretende convertir a la educación en un servicio público esencial.

Alfredo Beltrán, exmagistrado Corte Constitucional: “No es lo mismo un derecho que un servicio público, porque el derecho da titulares para que se pueda exigir en un momento dado a través de la propia acción de tutela, porque es un derecho fundamental que el estado asumió, pero si se cambia su naturaleza por la de un servicio público entonces aquí se recorta el ámbito constitucional respecto a la educación, aunque es importante tener claro que para satisfacer ese derecho se presta un servicio, pero no un servicio voluntario para satisfacer esa necesidad de forma regular y continua, sino como una contra prestación que se puede exigir para hacer realidad material y social la educación y capacitación del pueblo colombiano”.

De igual manera, es importante precisar que la iniciativa legislativa significaría que variaría la naturaleza misma de la educación en la constitución, dejando de lado la responsabilidad del gobierno para garantizar y financiar este derecho, porque al convertirlo en un servicio público esencial éste podría ser brindado por una empresa pública o privada lo que perjudicaría gravemente a la educación, además de que con ello, desaparecería entonces el derecho a exigirlo como parte de los compromisos sociales del estado. Así mismo, otra de las consecuencias es que limitaría y condicionaría el derecho a la huelga en el sector educativo.

Alfredo Beltrán, exmagistrado Corte Constitucional: “La Constituyente del 91 dijo que se garantizaría el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales declarados por el legislador, pues ésta ya no se puede hacer por decreto sino que necesita que haya ley que declare que una actividad determinada es un servicio público, pero no simplemente un servicio público sino un servicio público esencial, lo anterior, es de una gran trascendencia porque implica que no se dará la posibilidad de ejercer el derecho a la huelga cuando ésta se requiera para guardar el equilibrio en las relaciones entre el empleador y los trabajadores”.

De otra parte, este proyecto de ley también encaminaría a la educación a una privatización innegable debido a las libertades que promueve catalogar un derecho fundamental en un servicio público esencial. Por eso, ante estas implicaciones y consecuencias desde el magisterio se hace un llamado al estado para que ejerza su papel de garantía de los derechos fundamentales y no promueva o apoye iniciativas que van en detrimento de los recursos públicos de la Nación.

Fuente de la Información: https://www.fecode.edu.co/index.php/graves-implicaciones-de-que-la-educacion-se-declare-un-servicio-publico-esencial.html