América del Sur

Alejandro Grimson

Un fantasma recorre los claustros universitarios. Es el fantasma de López Murphy. Nadie desea que se repita un episodio de reducción presupuestaria que genere una crisis. Pero las noticias y tensiones disparan preguntas.

¿Qué está ocurriendo en las universidades? Después de varios años de fuerte expansión, han regresado tensiones y conflictos. Paros en colegios secundarios universitarios, movilizaciones por el boleto estudiantil, huelga de docentes, declaraciones del ministro y de rectores, reunión con el presidente. ¿De dónde venimos y para dónde vamos?

Las universidades públicas argentinas son parte de las instituciones con mayor reconocimiento social. Fuente de orgullo, también generan intensos debates. La Argentina no sólo tiene universidades de alto prestigio, sino que ha privilegiado el sistema público sobre el privado, tanto en cantidad de estudiantes como en términos de investigación científica.

En la llamada “época de oro”, en 1960, antes de la “noche de los bastones largos”, había nueve universidades nacionales. En 2010 sumaban 47. Hace muy pocos años que en las 23 provincias argentinas hay al menos una universidad pública. Casi la mitad fueron creadas en los últimos treinta años de democracia. En 1960 había 160 000 estudiantes universitarios en el país, lo cual representaba el 0,8% de la población. Esa cifra se fue incrementando durante las últimas tres décadas, así como la proporción sobre el total. En 2010 había más de 1.700.000 estudiantes, más de diez veces más que cincuenta años antes, y abarcaban el 4,3% de la población. En proporción, los estudiantes universitarios se multiplicaron por cinco en cincuenta años. Entre 2001 y 2011 se sumaron 395.000 estudiantes al sistema universitario, lo cual implica un crecimiento del 28%. En el mismo período los egresados aumentaron un 68%, pasando de 65.000 a 109.000 egresados anuales.

En términos comparativos, es indudable que tanto Brasil como México cuentan con sólidos sistemas universitarios en la región. Los salarios reales de los docentes son aproximadamente el doble que en Argentina. Ahora bien, mientras el 4,3% de la población argentina está conformado por estudiantes universitarios, en Brasil sólo alcanzan el 3,4%, y en México el 2,1%. Además, mientras en la Argentina el 3,4% de la población asiste a instituciones públicas, en México ese porcentaje desciende al 1,4%, y en Brasil al 0,9%.

Una cifra que se acerca a dos millones no refleja a una pequeña elite. Una gran parte de los estudiantes trabaja y estudia, y un elevado porcentaje, que alcanza el 70% en muchas universidades nuevas, no son hijos de universitarios. Son, por lo tanto, la primera generación universitaria de sus familias. La ampliación del acceso es un avance altamente significativo.

Desde 1983, la universidad pública argentina responde a la herencia de la Reforma de 1918, vinculada al ingreso irrestricto, el cogobierno y la autonomía, así como a la herencia de la gratuidad, instituida originalmente en 1949. Esos elementos se encuentran presentes en las universidades de varios países, pero en el nuestro aparecen conjugados, lo que constituye un caso bastante singular.

El Instituto Cifra-CTA calcula que entre diciembre de 2001 y diciembre de 2014 el salario promedio de los docentes universitarios se recompuso un 56%, con el detalle de que durante la crisis de 2002-2003 había llegado a descender un 30% respecto de 2001. Esto fue parte de un aumento del presupuesto universitario y de ciencia y tecnología, acompañado de importantes obras de infraestructura.

El triunfo de Mauricio Macri generó mucha preocupación entre los universitarios. El actual presidente había cuestionado la creación de nuevas universidades: “¿Qué es esto de hacer universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar…” Al comenzar la nueva gestión parecía que una persona ajena a la gestión de las universidades públicas asumiría en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

Esto provocó un gran revuelo, que no es muy difícil de entender. En primer lugar, las universidades siempre han sido lugares donde los diferentes radicalismos tuvieron cierto peso. De los doce años de gobiernos kirchneristas, durante seis años el secretario fue el expresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Dibbern, quien siempre se autodefinió como “un radical no k”. A esto debe sumarse la gestión de Juan Carlos Pugliese que juntos totalizan nueve años de gestión radical de las universidades durante el kirchnerismo. En segundo lugar, varios presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional de origen radical nunca plantearon un cuestionamiento de la política universitaria del gobierno. En tercer lugar, al nivel de las universidades y sus rectores no existió una grieta en la Argentina. Como en cualquier ámbito hubo tensiones, pero nunca hubo en estos últimos años una división absoluta, ni entre radicales y peronistas, ni entre grandes y chicas. En el CIN se respetaron acuerdos de alternancia y composición plural.

Por eso, los niveles de conducción universitaria sintieron un alivio cuando finalmente asumió la Secretaría el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard. A nadie le preocupaba su filiación política. El clima indicaba que un rector que conoce el sistema puede tener preferencias o políticas opinables, pero nunca destruye instituciones. Ya el tema presupuestario general y de los salarios en particular pasa por otros andariveles, ya que más allá de cada funcionario, en las paritarias es obvio el peso de los funcionarios de economía.

Sin embargo, la preocupación regresó mucho más pronto de lo previsto. La alta inflación desde diciembre y el ajuste de las tarifas de los servicios provocaron dos problemas: aceleraron los reclamos gremiales y tornaron inviable el presupuesto previsto para gastos operativos.

A fines de abril un alto funcionario del Ministerio de Educación le explicó a algunos rectores algunos lineamientos de sus políticas. Entre muchas palabras, aludió al “crecimiento excesivo”, a la “calidad relajada”, a un “sistema pervertido”, a la “discrecionalidad en el manejo recursos”. Literalmente dijo que “se han creado carreras a troche y moche”. “Hubo fiesta. Hay que apagar la música, arremangarse y ponerse a trabajar”. Una expresión, para los más moderados, poco afortunada. Es que resulta imposible que alguien que conozca el día a día de las universidades públicas pueda ser tan desatinado. Los menos moderados tuvieron expresiones que dejamos a la imaginación del lector.

Propuso trabajar en articular universidades públicas y privadas, mientras criticaba a las universidades públicas. Y ofreció ejemplos de que no puede ser “que cada uno decida su carrera” cuando sobran en una profesión y faltan en la otra.

Innumerables fuentes confirman que los radicales a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias no tienen claro el futuro inmediato. Hay un gobierno del PRO, que les cedió a ellos ese cargo. Ese funcionario debería disponer de mil quinientos millones de pesos para llevar a cabo sus políticas. Hasta ahora no tiene fondos.

Por otra parte, las paritarias con los docentes y no docentes son una incógnita. Todo apunta a una pérdida relevante del poder adquisitivo, pero hasta ahora las propuestas oficiales a los docentes resultan imposibles de aceptar por parte de los sindicatos.

Por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires una huelga en el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene una gran repercusión. Menos conocido es que en estos años se crearon colegios secundarios universitarios en zonas de niveles socioeconómicos bajos, cerca de barrios populares o villas. En 2016 las escuelas secundarias de las Universidades General Sarmiento, Avellaneda, Quilmas y San Martín no han recibido fondos para pagar sueldos ni gastos.

Además de los salarios, las universidades tienen gastos operativos. Según varios rectores hay dilaciones con los gastos operativos previstos en la ley de presupuesto para varias universidades del conurbano. Habrá debate sobre si se trata de un incumplimiento de la ley de presupuesto y si no se trata de una medida discrecional. Algo similar sucede con el presupuesto de nuevas carreras, creadas a través de “contratos-programa”.

Por otra parte, en el contexto inflacionario se potenció el reclamo estudiantil por el transporte que ya produjo una movilización masiva en la ciudad de La Plata.

El gobierno parece ajustar con el fantasma de López Murphy. Este ministro de economía de De la Rúa anunció una reducción del presupuesto universitario y provocó una movilización gigantesca que terminó con su propia renuncia en marzo de 2001. Pero López Murphy no disponía del actual “ajuste por inflación”. Ahora viene el ensayo y error de ir probando en qué cifras puede generarse fragmentación de la comunidad universitaria, tanto en el plano sindical como en la presión de los rectores. Eso depende de una relación de fuerzas. Por supuesto, siempre lo más imprevisible para el gobierno es la reacción del movimiento estudiantil. La población universitaria actual en la Argentina hace que haya estudiantes en toda la trama social.

Mientras tanto, el mapa de las universidades es complejo. Mientras algunas comienzan a recibir las transferencias al día, otras están realmente cerca de situaciones de emergencia. Algunas están por suspender la comida en los colegios secundarios o han buscado créditos para solventar gastos básicos. Otras quizás sobrelleven mejor esta coyuntura, salvo la incertidumbre de las paritarias. Y el interés general, la preocupación genuina por lo que sucede en el conjunto del sistema, el compromiso por resolverlo colectivamente, es básicamente algo que quizás se construya en un futuro lejano.

El discurso neoliberal ha achacado acerca de la ineficiencia de las universidades públicas. Si sólo gradúan al 20 o 30% de los ingresantes, ¿por qué no nos ahorramos el dinero y reducimos drásticamente el presupuesto? Primero, ese millón y medio de pibes que están en el sistema público, se reciban o no, pasan por una experiencia universitaria que mejora sus conocimientos y mejora nuestra sociedad. Segundo, ellos y todos tienen derecho a acceder al conocimiento. Tercero, si se hiciera una selección anterior, probablemente muchos pibes de sectores más humildes que finalmente acceden al título quedarían por el camino. Cuarto, el problema de la graduación no se resuelve regresando al examen de ingreso de la dictadura militar, sino realizando inversiones apropiadas para incrementar el porcentaje y la cantidad de graduados.

En otro orden de cosas, ¿quién dijo que lo que hacen las universidades en graduar y graduar? Sólo un gran desconocimiento del sistema universitario puede provocar esa suposición. Las universidades hoy son el principal lugar donde trabajan los investigadores de ciencia y tecnología del país, es decir, son las mayores productoras de conocimiento, en articulación con el Conicet. Por ello mismo, realizan transferencia de tecnología, patentes y trabajan junto a empresas en procesos de desarrollo. Están insertas en la trama social local: realizan actividades culturales y extensión trabajando con comunidades en todo el país. Son un nodo crucial de la internacionalización y de la inserción global de la Argentina: las decenas de universidades públicas tienen acuerdos académicos y científicos con los países más importantes del mundo. Son además parte del desarrollo de las industrias culturales de carácter público. La relevancia de las editoriales universitarias, sus publicaciones científicas y culturales es enorme en el país.

Está comenzando a regresar, aún de modo solapado, un eficientismo neoliberal. Puramente ideológico, desconoce las realidades de la universidad pública actual. Hasta qué punto las palabras que revelamos aquí se harán públicas y regirán las políticas oficiales, es aún una incógnita. La profunda ignorancia sobre las universidades puede terminar desatando irrefrenables fantasmas del pasado.

Buenos Aires, Argentina / Mayo 2016 /Autor:Alejandro Grimson. Fuente: .pagina12.com.arFuente artículo: http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299222-2016-05-13.html

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