Los representantes de ambas naciones delinearon las pautas para fortalecer la colaboración educativa.
El ámbito educativo se erige como una de las áreas clave en las que Venezuela e Irán enfocan sus esfuerzos de cooperación gubernamental, con el objetivo de generar mayores oportunidades, de acuerdo con lo expresado por el ministro venezolano de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y el Ayatolá Dr. Ali Abbasi, rector de la Universidad Internacional Al-Mustafa del país persa.
Los representantes de ambas naciones llevaron a cabo un encuentro en la República Bolivariana, donde se delinearon las pautas para fortalecer la colaboración entre los dos países, ofreciendo beneficios para los jóvenes.
De acuerdo con lo manifestado por Sánchez, “la diversidad cultural, la cooperación internacional y el desarrollo integral de Venezuela” constituyen algunas de las principales prioridades sobre las cuales se fundamenta un futuro próspero y solidario.
Además, Sánchez subrayó que la prestigiosa casa de estudios iraní ofrece una variedad de programas académicos que incluyen “ciencias islámicas, filosofía, teología, derecho islámico, así como estudios sobre el Corán y el Hadiz”.
La reunión fue anunciada por Sánchez, quien utilizó sus redes sociales para resaltar este tipo de encuentros como una alianza estratégica entre el pueblo islámico y el venezolano. Según sus palabras, “promover el respeto, la integración cultural y el intercambio académico son herramientas fundamentales para el desarrollo social y educativo del país”.
Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/venezuela-e-iran-fomentan-la-colaboracion-academica/
Esta semana va a ser clave para poner en discusión los problemas que acarrea el gremio docente y no docente que reclaman una mejora salarial. A su vez, se presentarán un nuevo proyecto de financiamiento universitario, luego del intento fallido en 2024.
El gremio universitario definió esta semana mediante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes, que realizarán el próximo mes una nueva marcha universitaria en pos de discutir los salarios y una nueva ley de financiamiento para las universidades públicas.
Según definieron en la reunión, esta semana será clave para realizar actividades que echen luz sobre los problemas del sector, que no incluye solo a los docentes, sino también a estudiantes de todas las casas de estudio que ven afectado el funcionamiento de los edificios por falta de presupuesto.
El secretario General de CONADU, Carlos De Feo, señaló: “El Poder Ejecutivo ha demostrado con creces su desprecio por el diálogo y su intención de destruir la universidad pública”. La declaración es clave para entender el conflicto: un gobierno que no quiere discutir una mejora salarial, ni le interesa mantener en condiciones los edificios.
Respecto a una nueva ley de financiamiento, el secretario de CONADU expresó: “Es necesario que el Congreso, como expresión y representante de la sociedad, dé respuesta y respaldo a los justos reclamos de los diferentes sectores que se ven afectados por las políticas de ajuste implementadas por el Poder Ejecutivo. La ley tiene que ser una herramienta para sostener la discusión en la agenda política, social y mediática, para que se entienda que el conflicto en las universidades de ninguna manera ha sido resuelto y que vamos a seguir dando pelea”.
El último intento de actualizar los montos fue en el año 2024, el cual no fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, ocasionando una fuerte repercusión en el campo educativo y convirtiéndose en un triunfo para la gestión de Milei.
El nuevo proyecto contempla además de una actualización, la recomposición salarial de los docentes, la cual viene en picada desde el año 2023. Otro punto esencial que presenta la propuesta es el artículo que estipula la garantía de las paritarias en función del índice de Precios al Consumidor.
Con estas discusiones, la totalidad del gremio educativo comienza a cobrar fuerza para una nueva instancia de lucha para visibilizar la situación salarial de los docentes, la situación de la universidad y la permanencia de los estudiantes en las aulas que con la crisis en ascenso cada vez desertan mucho más.
La educación y la sociedad tienen una relación isomórfica; esto significa que los cambios o acontecimientos que ocurren en una, inevitablemente repercutirán en la otra. Por lo tanto, si una de ellas experimenta transformaciones en su comportamiento y en las formas de interacción entre las personas, ya sea positiva o negativamente, es natural que esas dinámicas se repliquen en la otra. En este sentido, si una sociedad está marcada por la violencia, la intolerancia, el individualismo y el hastío, inevitablemente serán los cimientos que se construirán al interior de las salas de clases, transforman la escuela en un fiel reflejo de la sociedad.
Las salas de clases dejaron de ser un espacio pedagógico, transformándose en espacios de resguardo y contención socioemocional de cientos de niños, niñas y adolescentes
El psicólogo y filósofo John Dewey definió la escuela como un microcosmos de la vida social, donde se concentran las fuerzas que reproducen las normas, conocimientos y procesos histórico-culturales de la sociedad. Para Dewey, el desarrollo social depende del proceso educativo del individuo, en el cual se debiese adquirir herramientas para participar activamente en su entorno como un agente crítico, reflexivo, respetuoso. Lamentablemente, este proceso educativo se está volviendo una tarea cada vez más difícil de cumplir y sostener en las escuelas públicas. Y uno de los principales motivos es que las salas de clases dejaron de ser un espacio pedagógico, transformándose en espacios de resguardo y contención socioemocional de cientos de niños, niñas y adolescentes que traen consigo cada día las secuelas de una sociedad fragmentada y profundamente dañada. Porque cuando un estudiante asiste a la escuela, no solo lo hace de forma física, sino también emocionalmente. Y con ello, lleva sus heridas, dolores y tensiones provenientes de su familia, comunidad y, por supuesto, del contexto social en el que vive. En ese sentido, es inevitable que la violencia, la intolerancia y el individualismo que hoy nos aquejan como sociedad no se manifiesten en las salas de clases.
La violencia en sus diversas formas (física, verbal, psicológica y digital) ha encontrado un terreno fértil en los contextos educativos. Esta realidad no surge de manera espontánea, sino que es síntoma de problemas sociales profundos y arraigados que han repercutido en una crisis multifactorial, la cual impide que la educación pública avance con certezas y eficiencia, sino más bien que se mimetice con las temáticas sociales que se han construido.
Ante los problemas de crisis social la escuela no puede sola. Estas soluciones requieren de acciones colectivas mucho más drásticas y profundas
Un claro ejemplo concreto que repercute con fuerza en las escuelas es la crisis de autoridad a raíz de la ausencia de liderazgos políticos serios y modelos positivos de convivencia. Basta observar la manera de relacionarse que tienen nuestras autoridades por medio de redes sociales y programas de televisión abierta para entender que la misma intolerancia y violencia será la que se manifestará en niños y niñas. Basta observar como referentes musicales del país que promueven el descontento social y la vida bajo la influencia de la droga, el dinero y los autos son el modelo de “éxito” de muchos jóvenes. ¿Cómo educamos entonces? ¿Cómo les enseñamos que el diálogo es el mejor camino para resolver las diferencias cuando otros países resuelven sus problemas a través de guerras? ¿Cómo incentivamos a que cientos de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad social se eduquen cuando las redes sociales y el crimen organizado son un negocio mucho más rentable?
Ante los problemas de crisis social la escuela no puede sola. Estas soluciones requieren de acciones colectivas mucho más drásticas y profundas. Lamentablemente, ninguna autoridad política tiene el tiempo, la disposición y la valentía de ejercerlas. Y ante esa cobardía, prefieren invertir recursos y diseñar programas que orienten a las escuelas a manejar situaciones de crisis y conflicto. En lugar de aceptar que la educación pública no está avanzando con eficiencia, prefieren caer en estado de autoengaño e idealismo que por tantos años ha gobernado las políticas públicas de la educación. Porque si de algo tenemos certezas los y las profesoras que trabajamos en educación pública, es que las escuelas hoy sobreviven muchas veces gracias al compromiso de sus comunidades y la propia autogestión, pero no precisamente porque el modelo educativo sea el que da resultados.
Es triste decirlo, pero es la verdad. La escuela hace años dejó de ser un motor de transformación social, si no más bien es un espejo del deterioro en el tejido social. Y para revertir la situación, es necesario enfrentar el problema con madurez y dejar de lado el pensamiento mágico e idealista que tanto daño le ha hecho a la educación pública de Chile.
Cierran acceso a la UNMSM en su aniversario: denuncian amenaza de intervención policial
Gremio estudiantil convoca a una concentración en la puerta número 2 para exigir su derecho al acceso a la universidad. Policía Nacional se encuentra en el frontis de la puerta número 2.
Paro de transportistas: ¿qué exigen los gremios al Gobierno a dos días de la protesta nacional?
¿Cuándo hay paro de transportes y qué regiones acatarán la movilización ante incremento de inseguridad?
En pleno aniversario de la Decana de América, las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) han decidido cerrar las puertas de la casa de estudios. En ese contexto, el gremio estudiantil hizo un llamado a congregarse en el acceso número 2 de la ciudad universitaria con el propósito de exigir su derecho a ingresar al campus, ya que se denuncia el bloqueo de las entradas en plena etapa de exámenes parciales.
Los representantes estudiantiles alertaron sobre una eventual intervención de las fuerzas del orden debido a la ocupación de las facultades de Educación y Matemáticas. Según imágenes compartidas a este medio, los guardias de seguridad han agredido a estudiantes que buscan reabrir los accesos a la casa de estudios. En un comunicado emitido hoy 12 de mayo, la UNMSM ha anunciado la suspensión de las clases presenciales.
Se reportan enfrentamientos entre estudiantes y autoridades de la UNMSM
Sin un comunicado previo, autoridades de la UNMSM han decidido cerrar los accesos a la casa de estudios. Estudiantes denuncian que, en plena semana de parciales, guardias de seguridad, quienes nunca habían visto antes, han bloqueado la puerta número 2 de la ciudad universitaria. Se han reportado enfrentamientos.
Según videos enviados para La República, los agentes de seguridad han permitido que los alumnos que se encuentran dentro de la universidad puedan salir; no obstante, no se permite el ingreso a la institución. En un comunicado emitido por la Decana de América, se anunció la suspensión de clases para los días 13 y 14 de mayo, esto por el anunciado paro de transportistas. No obstante, no se ha registrado información que detalle el cierre de puertas programadas para hoy.
UNMSM suspende clases los días 12,13 y 14 de mayo
En el contexto del paro de transportistas programado para esta semana, la Decana de América anunció que sus actividades académicas se desarrollarán de forma virtual los días martes 13 y miércoles 14 de mayo. No obstante, para hoy, 12 de mayo, la universidad no emitió ningún comunicado oficial sobre la suspensión de labores, lo que ha generado malestar entre los miembros de la comunidad universitaria.
Debido a los altercados registrados, la institución emitió un nuevo comunicado en el que aclara que, a partir de las 5:00pm de hoy, las actividades académicas quedarían suspendidas.
A pocos días de la segunda quincena de mayo, ya con junio y julio casi encima, comienza desde ya una de las preocupaciones que año a año más inquieta a los padres y madres de Venezuela, especialmente los que tienen a sus hijos en instituciones educativas privadas: el costo del venidero año escolar, cuyo incremento se realiza en estos últimos meses del periodo actual.
En medio de una fuerte inflación y la dolarización de la economía venezolana, algunos colegios o asociaciones que reúnen a estos institutos comienzan a asomar costos calculados sobre la base de lo se hizo a principios del año o con estimaciones de esos planteles.
Ejemplo de ellos es lo que aseguró este lunes el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas en el estado Monagas (Andiep), Héctor Cristiani, quien dijo que el costo de matrículas y mensualidades para el próximo año escolar podrían incrementarse hasta en un 40%.
«Siempre estamos dentro de un 30%, máximo 40%, todo depende del monto de la matrícula que tengan ahorita», puntualizó, al tiempo que resaltó que a finales de este mes, realizarán el análisis financiero para establecer la matrícula que será aprobada en junio, en la Asamblea de Padres y Representantes.
Cristiani indicó que actualmente tanto los planteles privados de Monagas como los de los otros estados del país se encuentran actualmente en fase de reserva de cupos, pero que seguramente en pocas semanas comenzarán los estudios de estructuras de costos para determinar el valor de lo que pagarán los representantes.
La morosidad como escenario
Otro de los factores que también afectan la calidad de la educación privada es la alta morosidad que muchos colegios presentan. La situación económica impide a muchos padres poder cumplir con esta obligación.
Nelly Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), asegura que en Venezuela la matrícula actual privada es de 1.100.000 estudiantes.
«En el 2018, la matrícula de educación privada era de 2,9 millones de alumnos, lo que representa una contracción de 62%. Son tres los factores que influyen en la caída de la matrícula escolar: la migración, se han ido del país más de siete millones de venezolanos en la última década. Segundo, la disminución de la tasa de natalidad que ha tenido el país y tercero, la situación económica que golpea a muchas familias», explicó.
Mientras, Erlinda Frías de Hartliep, presidenta de la Asociación de Colegios Privados del estado Lara (Alep), señaló que muchas instituciones se han visto muy golpeadas por la crisis este año, porque la deserción escolar se ha disparado, así como los niveles de morosidad que rondan el 40%.
«El representante se siente imposibilitado de cumplir con el compromiso del pago de la educación privada. Algunos trabajan en empresas que este año no han tenido la misma producción o realizan trabajos por su cuenta y se ven afectados por el incremento de los gastos. Hay niños que quedaron al cuidado de abuelos porque sus padres emigraron, y los adultos mayores no tienen la capacidad económica de pagar un colegio», declaró a La Prensa de Lara.
Hartliep dijo que cada vez hay más padres que se retrasan con el pago de las cuotas mensuales, pero hay quienes hacen un esfuerzo y se ponen al día cuando hay procesos de inscripción.
«Pero esto genera un problema en la administración de la institución porque deben sortear los gastos de nómina, mantenimiento, pago de impuestos y servicios que se incrementan cada mes, con un ingreso cada vez menor», añade.
Andiep calculó que durante el pasado año escolar 2023-2024 había 3.900 planteles en funcionamiento, cifra que contrastaron con el periodo entre 2017 y 2018, cuando en Venezuela había más de 5.100 colegios privados registrados, lo que se traduce en que en seis años cerraron 1200 instituciones educativas.
Desde diferentes lugares del país, las comunidades indígenas se movilizan para frenar desalojos, los que se van multiplicando luego de la derogación de la ley de emergencia territorial 26.160. Desde Neuquén (comunidades mapuche del Lof Xinkikew y Lof Melo, en Villa La Angostura), Tucumán (familia Mamani de Trancas en Tafí del Valle), en San Juan (comunidad Huarpe Salvador Talquenca, en Encón), sólo por mencionar algunos ejemplos y sólo algunas provincias en donde se desarrollan los conflictos, la demanda es respetar los derechos indígenas, detener nuevos despojos territoriales, y encauzar los conflictos de acuerdo a la normativa nacional e internacional.
Por otra parte, más allá de la vía judicial, las comunidades intentan revertir nuevas leyes que se promulgan en el ámbito provincial y nacional (valga mencionar una trilogía inconsulta en la provincia de Chubut, que regula el derecho a la consulta, el registro de personería jurídica, y la integración de la comisión de tierras), solicitando la declaración de inconstitucionalidad, denunciando la falta de consulta, sin que hasta el momento exista mayor repercusión, o los poderes políticos se hayan expresado sobre estos pedidos, que conllevan ni más ni menos que el reclamo por la vulneración de los derechos indígenas.
El silencio es una herramienta privilegiada para desconocer, menospreciar, invisibilizar. Ni los poderes judiciales de las provincias escuchan a las comunidades, y vuelven a perseguirlas, librando órdenes de desalojo, desatendiendo sus actuales derechos; ni el poder político (que incluye también a las legislaturas provinciales y al Congreso de la Nación) se hace eco de sus demandas. Por el contrario, embiste derogando leyes, anulando relevamientos territoriales, avanzando a través del RIGI para profundizar la explotación territorial de los pueblos indígenas, desde Salta hasta la Patagonia. El “como si” se hace cada vez más patente. Las comunidades indígenas parecen no existir en Argentina. Son invisibles para este gobierno. Por lo tanto, no existe un sujeto ante quien responder, frente al cual rendir cuentas. La impunidad de las acciones se vuelve total. El silencio se agiganta, se escucha.
La ausencia de respuestas agrava mucho más los conflictos. No obstante, para superar un estado de cosas que no parece –desde las esferas del gobierno- querer modificarse, se vuelve imperioso amplificar mucho más las voces indígenas, y las voces no indígenas que comparten una perspectiva, que reconocen la existencia y relevancia de los pueblos indígenas en el país. Hacerse escuchar hoy es la consigna. Combatir las consecuencias del “ninguneo” no es una tarea fácil, pero de a poco las comunidades van organizándose. Desde el llamamiento de la Confederación Mapuche de Neuquén a respetar los derechos de las comunidades, hasta la acción judicial presentada por las comunidades mapuche – tehuelche en Chubut, para cuestionar la constitucionalidad de las leyes sancionadas, son una muestra de que puede construirse un camino colectivo de acción.
Superar el ostracismo al que pretenden reducir a los pueblos indígenas, encontrar formas creativas para demandar por los derechos y proteger los territorios, erigir alianzas con otros sectores que caminan los mismos senderos, son algunas de las tareas que deben llevarse adelante con urgencia, y que requiere también dejar de lado posicionamientos rígidos, frente a los enormes desafíos que presenta este gobierno, y la situación actual del país y del mundo. Sin lugar a dudas es más sencillo verbalizarlo que concretarlo, pero un punto de inicio es tener claridad sobre el rumbo que deben tomar nuestras acciones. Dejar de ser invisible no es sólo un desafío actual, sino que forma parte de una lucha histórica de los pueblos, que sigue estando más vigente que nunca.
Docente, investigadora, dirigente del movimiento solidario y candidata a legisladora porteña desarrolla un análisis crítico de la situación en el país y la ciudad conducidas por proyectos políticos regresivos. Una mirada cooperativista sobre la educación.
Natalia Stoppani es licenciada y profesora en Ciencia Política y magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Hace 10 años da clase en el Profesorado Joaquín V. González e integra la Dirección del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) Floreal Gorini, donde además es investigadora en el Departamento de Educación. También es candidata a legisladora porteña en la lista Es ahora Buenos Aires, que encabeza Leandro Santoro.
–¿Cuál es tu análisis sobre la problemática educativa en el país? ¿Qué cambió desde el año pasado?
–Lo primero es la degradación de Ministerio a Secretaría. Eso tiene implicancias políticas fuertes porque un Ministerio es el órgano rector principal y cumple una función política de regulación, de ordenamiento, de lineamiento, de orientación. Esa degradación política da cuenta de la prioridad del Gobierno. Además, estamos en el segundo año de gestión con un presupuesto prorrogado, algo degradante para toda la administración pública. Después, el Gobierno salió con una política «estrella», como fue el plan de alfabetización, poniendo el foco en lengua, cuando si uno va a las pruebas estandarizadas, lengua da mal, pero matemática da peor.
«No hay proyecto educativo sin proyecto político y viceversa, porque incluso en los proyectos políticos más neoliberales o fascistas como el que tenemos, lo hay.»
–¿Pero se hizo algo?
–Se hicieron convenios con las provincias, porque cualquier programa necesita que cada una acuerde con el Ministerio nacional. Pero es como vender espejitos de colores, porque una política nacional tiene un tiempo para implementarse. Es muy difícil que de un año para el otro cambien los resultados de aprendizaje. Se podría decir, «los indicadores podrían mejorar, aunque sean 4 años de Gobierno, del primero al último», pero tenés que ponerle una guita que no están poniendo.
–Y se necesita un compromiso de todas las fuerzas políticas.
–Eso seguro. Asistimos a un Consejo Federal que se reúne, pero no con la misma discusión política de otros momentos. Hay una tarea muy menospreciada históricamente y que ahora con (Sandra) Pettovello se ve peor, que es la asistencia a los comedores. Otra cosa importante en educación es la narrativa. Y ahí entran personajes como (el diputado Alberto) Benegas Lynch, abriendo la puerta al trabajo infantil. Me parece que el Gobierno no va a avanzar en ninguna línea de desarrollo vinculado al Instituto de Educación Tecnológica (INET), que podría pensar el trabajo y la educación. También necesitamos una nueva ley de financiamiento educativo, porque el 6% del PBI que se logró en el último año del Gobierno de Cristina Fernández ya queda lejos. Pero con este Congreso y con este Gobierno es algo medio difícil.
–¿Ves en la dirigencia política en general algún impulso como para hacerse cargo de esta cuestión o prendió tanto el discurso privatista que ya no interesa?
–Creo que la dirigencia política se debe todavía un acuerdo sobre aspectos básicos, como que la educación tiene que ser central en los programas políticos. Creo que habría consensos en cosas del estilo «no puede ser que en lengua y matemática no vayamos bien, no puede ser que no haya una vinculación con el trabajo real, no puede ser que el Instituto Nacional de Formación Docente no tenga el impulso de cuando se lanzó el Programa Nacional de Formación Permanente».
–Eso apunta también a un proyecto de país y el proyecto del macrismo y de Milei es primarizar la economía, de modo que no le hace falta la educación.
–Como siempre decimos en el Centro Cultural, no hay proyecto educativo sin proyecto político y viceversa, porque incluso en los proyectos políticos más neoliberales o fascistas como el que tenemos, lo hay. Yo nunca dije que el macrismo no tenía un proyecto educativo. Que es privatizador, que es neoliberal, que es primarizante en el campo de la economía, sin lugar a duda, pero ahora hay un proyecto político que tiene que ver con el menosprecio de lo público. Pensá que al cortarse los recursos para las provincias también se corta el financiamiento salarial del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Provincia que puede pagar, provincia que no puede, no paga, y eso es reducción salarial. El kirchnerismo tuvo unas políticas de distribución de recursos fenomenales y políticas que discutían el sentido de la educación, algo a lo que hay que volver. Eso después es un círculo virtuoso. Si vos das la discusión de la batalla cultural en el campo educativo, la distribución de los recursos es bastante más obvia.
–La Ciudad de Buenos Aires supo tener un gran sistema público y, de hecho, muchos residentes de los alrededores mandaban sus hijos a la Capital.
–Es muy difícil hacer un balance positivo en 18 años de gestión. Creo que en el fondo, el Gobierno nacional y el de la Ciudad son lo mismo en términos de proyecto político y educativo. Pero una cosa es la conducción política y otra cosa lo que efectivamente pasa en las instituciones. Digo, así como los maestros en los 90 decían, «soy funcionario público, soy un servidor público, pero no soy Menem», en este caso pasa lo mismo.
–Como siempre, la gente de a pie es la que soluciona los problemas.
–Exacto, las docentes y las directoras, con las pocas herramientas que tienen, se enfrentan con una situación cotidiana que si te guías por lo que pasa a nivel central, no habría cómo abordar. Dicen que educación y trabajo es una relación que quieren desarrollar y sin embargo no hay señales en ese sentido. Tampoco para pensar la educación en el trabajo y el cooperativismo. La ciudad tiene 2.300 cooperativas vigentes, el 13% del total nacional. Con esa cantidad, podría tener una propuesta de aproximación al mundo del trabajo vinculado al sector de la economía social y cooperativa y no la hay.
«Un proyecto político cooperativo y el ideario transformador que nosotros y nosotras pregonamos abona al sistema en términos de producto bruto y ni siquiera eso les interesa.»
–Tal vez no la hay porque por definición la cooperativa va en un sentido opuesto a Gobiernos como los actuales.
–Claro, los valores del cooperativismo tienen que ver con la solidaridad, con la igualdad, con el respeto, con la responsabilidad y sin lugar a dudas no son los valores que pregona el neoliberalismo. A nivel nacional, el INAES está desfinanciado. No siempre la gestión de la Ciudad estuvo como ahora en relación al sector: hubo momentos en que había más aproximaciones, pero el último año y medio –como en casi todas las áreas del Gobierno porteño– se ve el abandono. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de Economía Social hecha en pandemia y está en stand by la posibilidad de que las cooperativas sean contratadas por el Estado, artículo de la ley no reglamentado. No tenemos el presupuesto para la formación que ofrecía a las cooperativas. No tenemos un padrón que permita que las cooperativas sean eximidas del impuesto a los ingresos brutos, que entre paréntesis es una ley que promovió nuestro legislador Edgardo Form en 2014. Es ideológico, pero también lo es respecto a la poca valoración de lo que las cooperativas aportan en términos económicos al sistema en el que vivimos. Un proyecto político cooperativo y el ideario transformador que nosotros y nosotras pregonamos, que es anticapitalista, abona al sistema en términos de producto bruto y ni siquiera eso les interesa. Porque, digo, las cooperativas en el país aportan casi el 10% del PBI.
–No son las únicas carencias…
–La Ciudad no tiene ley de educación propia y tampoco una ley de educación técnico-profesional. También podría tener algún programa de desarrollo de futuros investigadores. Es una pena que no tenga un programa de desarrollo científico. Hemos sufrido el intento de cerrar los 29 profesorados cuando se lanzó la creación de la Universidad de la Ciudad, como si no pudieran coexistir. Ahí mostraron explícitamente que para ellos los docentes pueden ser reemplazables por un coach, por personas que sepan manejar grupos, que sepan controlar emociones. Estanislao Antelo, un pedagogo que falleció hace unos días, se preguntaba qué queda de una sociedad sin docentes. ¿Cómo no pensar en la tarea de enseñar y la tarea de cuidado? Nosotras nos pensamos en esa función ética del docente que la enseñanza es con afecto, con sensibilidad, con cuidado. No nos da lo mismo los pibes que vienen que los que no vienen, no nos da lo mismo la familia. Por eso en secundaria, que es donde más se ve tal vez la problemática adolescente, se ve la falta de equipos interdisciplinarios con recursos económicos y con herramientas para poder resolver situaciones que en la postpandemia se ven mucho más.
«Vivimos la violencia de la sociedad en la escuela: familias que no pueden darles de comer a sus pibes y pibes que vienen como pueden a la escuela.»
–Estaba pensando en la miniserie Adolescencia. Ustedes viven situaciones difíciles cotidianamente.
–Vivimos la violencia de la sociedad en la escuela: familias que no pueden darles de comer a sus pibes y pibes que vienen como pueden a la escuela. Pibes metidos en lógicas vinculadas al consumo de drogas, pibes con violencia intrafamiliar, que son abusados en las casas, pibes cuyas familias están sin laburo. Ya sabemos que la escuela y la sociedad no son dos cosas diferentes, pero hay que volver a decirlo. Porque cuando se dice que los docentes son vagos, que no sirven para nada, hay que recordarnos que el docente es un trabajador y que por ende su vida está impactada por lo mismo que impacta a la familia. Después, pasa en la secundaria que el docente compite con la atención que logra el celular, algo que recrudeció en postpandemia. Es muy desleal la competencia entre el celular y el docente buscando la atención del pibe, metido como está en la lógica de la plataformización. El saber pedagógico se discute con el saber de las redes sociales. Discute, aunque no lo haga explícitamente; en la práctica sucede. Ni hablar de la necesidad de regular las plataformas en general y las de apuestas en línea en particular, y el macrismo se abstuvo de votar una regulación en torno a la ludopatía en el Congreso Nacional.
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