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Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes

Por: Catalina Olivares Urenda

¿Qué desafíos enfrenta Chile para avanzar hacia una Educación Sexual Integral basada en derechos humanos?

El 13 de mayo de 2026 se conmemoró por primera vez en Chile el Día Nacional de la Educación Sexual Integral (ESI), que nació como iniciativa de la Fundación Chile Necesita ESI. Gracias a esta instancia, como país nos permitimos volver a cuestionarnos qué es la ESI, qué contempla y cuáles son nuestros desafíos pendientes en su implementación.

Tal espacio de discusión permitió rememorar y evaluar los avances que ha experimentado la ESI tanto a nivel nacional como internacional, adquiriendo especial relevancia el desarrollo regional debido a la creciente consolidación de estándares jurisprudenciales.

En este contexto, la experiencia comparada y la evolución de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos han contribuido a posicionar la ESI no solo como una herramienta educativa, sino también como una obligación estatal vinculada a la garantía del derecho a la educación, la autonomía progresiva, la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias basadas en género.

La construcción de estándares interamericanos en materia de ESI

En el derecho internacional se ha definido la ESI como un proceso educativo basado en un currículo que entrega información científica, precisa y de forma progresiva, de acuerdo con la edad de la persona receptora, sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Al respecto, la Corte ha entregado estándares que permiten su correcta comprensión y aplicación.

A pesar de aproximaciones iniciales que la Corte entregó a lo largo del tiempo, por ejemplo, a través de la sentencia del caso González Lluy y otros vs. Ecuador, el primer reconocimiento de estándares explícitos en materia de ESI se dio hace tan solo seis años, en la sentencia del Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador. En esta, la Corte, en correlación con lo señalado por el Comité DESC, determinó que la educación sexual debe poseer cinco características fundamentales: debe ser integral, no discriminatoria, basada en evidencia, científicamente rigurosa y adecuada a la edad (párrafo 139). Este fallo subrayó que la falta de herramientas educativas impide a las niñeces identificar situaciones de abuso, facilitando su sometimiento ante relaciones de poder (párrafos 131, 139 y 140). Así, la ESI no es solo una mera transmisión de datos, sino que se transforma en un medio para que niños, niñas y adolescentes ejerzan su autodeterminación y tengan herramientas para otorgar un consentimiento válido (párrafo 139).

Estos estándares establecidos por la Corte fueron profundizados en el Caso Manuela y otros vs. El Salvador y el Caso María y otros vs. Argentina, donde se reconoció que la falta de información aumenta la vulnerabilidad de las mujeres pobres y rurales, permitiendo la reproducción de estereotipos nocivos sobre el “instinto maternal”, afectando su derecho a la salud; y, a la vez, se reforzó la importancia de la ESI para garantizar decisiones informadas y proteger la autonomía progresiva, especialmente en contextos de maternidad adolescente y procesos de adopción forzada.

El caso chileno: desarrollo normativo y oportunidades para el litigio estratégico

En Chile, el reconocimiento de la ESI ha sido un proceso fragmentado y tibio en comparación con las exigencias establecidas en los estándares interamericanos. Actualmente, el marco legal se sustenta mayoritariamente en la Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, la que, como su nombre lo indica, solo se centra en entregar información relativa a la fertilidad. Este enfoque biologicista y moralista ha sido ampliamente criticado, debido a que omite dimensiones afectivas y de derechos humanos. Además, delega su ejecución al Ministerio de Salud, lo que ha provocado que la sexualidad se aborde como una norma sanitaria y no como un proceso formativo integral, vinculado a otros aprendizajes.

Pese a que ciertas bases curriculares de establecimientos educacionales incluyen objetivos de aprendizaje sobre afectividad, lo cierto es que su implementación es profundamente desigual y depende de la voluntad de los equipos directivos y de su financiamiento, generando que el acceso a la ESI esté supeditado al nivel de ingresos de cada familia. Mientras algunos establecimientos integran la perspectiva de género, otros enfrentan resistencias institucionales o limitan los contenidos a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esta debilidad se agrava por un sistema de financiamiento basado en fondos concursables, lo que ha demostrado ser ineficaz para cubrir las necesidades reales de los estudiantes.

Un nudo crítico central en Chile, especialmente en el contexto actual, es la tensión entre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el interés superior del niño. Sectores conservadores han utilizado este derecho como una barrera para impedir la entrada de contenidos sobre diversidad sexual, alegando un supuesto “adoctrinamiento”.

Sin embargo, gracias al litigio estratégico, la justicia chilena poco a poco ha comenzado a respaldar la ESI. Un ejemplo de esto fue la presentación de recursos contra JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) en el año 2024 por entregar cuadernos que incluían un glosario con la sigla LGBTIQ+ y menciones al avance de comunidades no sexistas. La Corte Suprema, en esta instancia, rechazó las acciones de protección, utilizando como argumento central la Ley Antidiscriminación y los deberes estatales de inclusión, sentenciando que informar sobre diversidad no vulnera la libertad de conciencia de los padres.

En este mismo sentido, un avance significativo para el litigio estratégico es la reciente Ley 21.675, conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que establece la obligación de incluir educación no sexista en el sistema educativo. Este marco legal constituye una herramienta potente que permite a los litigantes exigir la inclusión de contenidos de género, superando la anterior debilidad de la Ley 20.418, que se enfocaba principalmente en la regulación de la fertilidad.

Asimismo, la relevancia de este avance se vio reforzada a propósito del control de constitucionalidad de la norma, instancia en la cual el Tribunal Constitucional en causa ROL 15276-24-CPT confirmó la constitucionalidad de la expresión “no sexista”, rechazando los argumentos que sostenían una supuesta vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia. En particular, el Tribunal sostuvo que dichos derechos encuentran límites en los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad de derechos y no discriminación, señalando expresamente que no existe un derecho a educar en el prejuicio o en formas de desvalorización de otras personas o de sí mismas. De esta manera, la educación no sexista deja de configurarse únicamente como una aspiración programática y adquiere un sustento constitucional y normativo robusto, fortaleciendo las posibilidades de litigio estratégico orientadas a exigir su implementación efectiva.

Reflexiones finales

La ESI no debe entenderse como una opción ideológica, sino como una obligación de debida diligencia del Estado para prevenir vulneraciones. Chile tiene el desafío urgente de transitar desde una normativa sanitaria hacia una legislación específica que reconozca la ESI como un derecho integral y transversal desde la primera infancia. La experiencia regional es clara: países como Argentina Panamá, al contar con leyes específicas, aseguran una implementación más coherente y protegida de los vaivenes políticos.

La conmemoración del primer Día Nacional de la Educación Sexual Integral es un triunfo de la sociedad civil que busca cimentar estos estándares. Sin embargo, para que sea efectivo, el Estado debe garantizar un financiamiento específico, formación docente sistemática y mecanismos de monitoreo que hoy son inexistentes en el país.

Como se ha visto en la jurisprudencia regional, la ESI es una garantía de no repetición que busca desarticular la violencia antes de que esta se convierta en delito. No hay democracia plena mientras el cuerpo y la educación sigan siendo territorios de vulnerabilidad e invisibilidad.

Citación académica sugerida: Olivares Urenda, Catalina. Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes.. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/30. Disponible en:  https://agendaestadodederecho.com/educacion-sexual-integral-en-chile/

Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes

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Venezuela: habilitan universidades como campamentos transitorios y centros de acopio

El Gobierno nacional habilita planteles de educación superior como refugios y puntos de asistencia, movilizando brigadas de voluntarios para atender a familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

Los espacios comunitarios y universitarios de la capital concentran alimentos, medicinas y la organización de brigadas voluntarias.

El Ministerio para la Educación Universitaria activó este martes 30 de junio en Venezuela un plan nacional de contingencia, habilitando planteles universitarios como centros de acopio y resguardo temporal para atender a la población afectada por el doblete sísmico que golpeó a la nación suramericana el pasado 24 de junio.

La medida institucional busca ofrecer refugio seguro, asistencia logística y comedores activos a las familias que perdieron sus hogares o se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.

La transformación de estos espacios para la contingencia contará con el despliegue de personal administrativo, docente y brigadas estudiantiles voluntarias.

Estos voluntarios coordinarán la recepción e identificación de alimentos no perecederos, agua potable y enseres básicos provistos por la sociedad civil en un gesto de solidaridad.

Como parte de los protocolos para la evaluación de riesgos en las comunidades, el Gobierno nacional recordó que todos los reportes sobre fallas en viviendas, agrietamientos, daños estructurales severos o personas desaparecidas deben canalizarse formalmente a través de la aplicación VenApp.

Esta plataforma digital se mantiene operativa las 24 horas del día. Además, cuenta con la categoría especial “Terremoto 24J Venezuela” para centralizar las alertas, permitiendo a los ciudadanos enviar información en tiempo real con geolocalización y fotografías. Esto agiliza la respuesta coordinada de las salas situacionales ante la emergencia.

En paralelo, la ciudad de Caracas activó más de diez centros de acopio oficiales distribuidos en puntos estratégicos del área metropolitana para concentrar las donaciones de insumos de primera necesidad. Entre los principales recintos destacan el Parque del Oeste Alí Primera, las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela y el Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

También se incluyen los espacios aledaños a la Esfera de Soto. En estos puntos, movimientos sociales, jóvenes y trabajadores de la salud se organizan para recolectar ropa, alimentos no perecederos y material quirúrgico destinado a las familias damnificadas.

Este despliegue solidario popular sumó la participación activa de redes de motorizados de alta y baja cilindrada, quienes coordinan de forma voluntaria el traslado inmediato de insumos médicos y herramientas hacia los hospitales de la Gran Caracas y el estado La Guaira.

Se prioriza el soporte a las labores de extracción en estructuras colapsadas. Asimismo, en el Poliedro de Caracas se consolidó la red nacional de voluntarios para sistematizar la distribución de la ayuda humanitaria.

Se establecen mecanismos de control vial en las arterias hacia las zonas de desastre para otorgar prioridad de tránsito y chalecos identificativos al personal sanitario, de rescate y transporte especializado.

Autor: teleSUR: er – RR

Fuente: Agencias

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Extractivismo digital: La ofensiva biométrica sobre las infancias en América Latina

Por: Equipo de Investigación de Otras Voces en Educación (OVE)

Ciudad de México / São Paulo / Buenos Aires

Bajo las consignas corporativas de la “modernización”, la “eficiencia administrativa” y la supuesta “seguridad”, las escuelas públicas y universidades de América Latina se han convertido en la nueva frontera del extractivismo de datos. Una silenciosa pero agresiva ola tecnológica avanza sobre las aulas de la región, implementando sistemas de reconocimiento facial, lectores de huellas dactilares y software de vigilancia afectivo-gestual (proctoring).

Lo que las empresas transnacionales de tecnología educativa (EdTech) y los gobiernos locales promocionan como el «futuro de la educación», pedagogos críticos, sindicatos docentes y organizaciones de derechos digitales lo califican como un laboratorio de control social y despojo de la privacidad de los sectores más vulnerables.

El Mapa de la Emergencia: Radiografía de la Vigilancia Regional

La biometría no se presenta de la misma manera en toda la región, pero comparte un mismo objetivo: registrar el cuerpo para automatizar la disciplina.

🇧🇷 Brasil: El rostro a cambio del almuerzo escolar

En Brasil, la biometría facial avanzó de manera masiva en las redes municipales y estaduales de enseñanza bajo la excusa de «controlar el ausentismo» y «optimizar las raciones del comedor».

  • El ejemplo: Municipios como Goiânia (a través del programa Conecta Educação) y diversas localidades del estado de São Paulo adoptaron softwares privados de reconocimiento facial (como faceSchool, de la empresa Biomtech). El sistema escanea el rostro de niños de primaria al ingresar al plantel y, de manera automatizada, envía alertas de texto a los padres y notificaciones al Conselho Tutelar (Consejo Tutelar) si el estudiante no se presenta.
  • La denuncia: Organizaciones civiles como InternetLab e Intervozes han denunciado la profunda opacidad en los contratos y la absoluta vulnerabilidad de los servidores donde se alojan los mapas faciales de millones de menores de edad, violando flagrantemente la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

🇦🇷 Argentina: «Proctoring» y la vigilancia gestual en la educación superior

En Argentina, el desembarco biométrico se aceleró en el nivel superior y secundario técnico, mudando el control físico de los pasillos al ecosistema virtual de los exámenes.

  • El ejemplo: Universidades públicas (como la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de Buenos Aires) e institutos terciarios adoptaron plataformas integradas con el ecosistema de gestión educativa (como variantes del SIU) que incluyen herramientas de proctoring automatizado. Durante los exámenes, el software graba al estudiante, analiza sus movimientos oculares, el parpadeo y la posición de la cabeza para detectar supuestos «patrones de fraude».
  • La denuncia: El Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) ha liderado batallas legales advirtiendo que estos softwares asumen de manera algorítmica que la neurodivergencia, un tic o mirar hacia un costado por concentración son sinónimos de «trampa», estigmatizando y excluyendo a los estudiantes a través de una caja negra matemática.

🇲🇽 México: La burocratización de la identidad y la resistencia civil

En México, la biometría escolar ha intentado filtrarse a través de la presión administrativa de los macroproyectos de identidad digital ciudadana.

  • El ejemplo: Tras las discusiones legislativas y decretos en torno a la modernización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para convertirla en una «CURP Biométrica» (recolectando fotografía facial, huellas dactilares y escaneo de iris), decenas de planteles públicos y privados comenzaron a exigir o sugerir este trámite a los padres de familia como requisito indispensable para las inscripciones escolares.
  • La denuncia: La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) tuvo que activar campaigns de contención legal ante la Secretaría de Gobernación (Segob), obligando a las autoridades a aclarar que ninguna escuela puede condicionar el derecho constitucional a la educación a cambio de datos biométricos. La CURP tradicional sigue siendo el único documento obligatorio.

El Impacto en la Educación Infantil: La Colonización de la Niñez Temprana

El eslabón más frágil de esta cadena punitiva es la Educación Infantil. En los primeros años de vida, el espacio escolar debe ser un entorno de juego, exploración y configuración de la identidad. La introducción de la biometría en el nivel inicial altera profundamente los procesos psicológicos y pedagógicos del desarrollo del niño:

  • Destrucción del espacio seguro: Para el pensamiento infantil, una máquina que escanea sus cuerpos para «permitirles la entrada» o «darles comida» despoja a la escuela de su carácter de hogar comunitario. El aula deja de ser el espacio del cuidado y se asimila a una aduana o una prisión.
  • La mirada del docente como intermediario de la máquina: En la pedagogía de la primera infancia, la mirada afectiva y el registro observacional del maestro son fundamentales para evaluar el desarrollo integral. La biometría desplaza la sensibilidad docente: el maestro ya no valida al niño mediante el vínculo humano, sino que espera a que una pantalla aroje una luz verde de «autorizado».
  • La internalización de la autocensura corporizada: Investigaciones recientes en el campo de la educación y los derechos de la niñez demuestran que someter a niños pequeños a una evaluación algorítmica diaria provoca que modifiquen de manera inconsciente sus gestos y posturas corporales para «agradar» al software, mutilando la espontaneidad afectiva y el desarrollo psicomotriz libre.

Como bien lo ha señalado el colectivo internacional de investigadores coordinado por la coalición Defending Rights & Dissent (2022), «la videovigilancia y el escaneo biométrico constante en la niñez temprana dañan la capacidad de autorregulación interna de los infantes, sustituyendo el aprendizaje social y ético por el miedo al castigo automatizado de la máquina».

El Despliegue de la Infraestructura en la Región

Para comprender cómo opera materialmente este fenómeno en las aulas latinoamericanas, es necesario desarmar los componentes que integran el extractivismo de datos:

El peligro de la convergencia tecnológica: El verdadero hito del extractivismo digital ocurre cuando estas tecnologías se cruzan de forma integrada. Un estudiante latinoamericano puede verse obligado a entregar su huella dactilar para entrar al colegio, su rostro para poder almorzar y el análisis de sus movimientos oculares para aprobar un examen escrito, tejiendo un perfil conductual permanente y comercializable del que las infancias no pueden escapar.

Los Actores del Mercado: El Negocio detrás de los Algoritmos

El mercado corporativo que lucra con el despliegue biométrico en la educación latinoamericana se compone de empresas con lógicas comerciales diferenciadas: las transnacionales globales de supervisión e identidad, y las empresas locales (EdTech) que actúan como aliadas de los gobiernos de la región.

  1. Transnacionales de Supervisión Virtual (Proctoring) e Identidad

Operan de forma masiva principalmente en el nivel técnico superior y universitario de América Latina, mercantilizando el control ocular, auditivo y el reconocimiento facial:

  • Smowltech (SMOWL): Con sede en España, es una de las firmas europeas con mayor penetración en las plataformas de evaluación digital universitarias de América Latina, monitoreando «patrones sospechosos» mediante inteligencia artificial integrada a los campus virtuales de la región.
  • Sumadi: Esta corporación ofrece supervisión remota basada en reconocimiento facial para garantizar la «integridad de las evaluaciones», manteniendo alianzas e integración con los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) más utilizados en las instituciones del continente.
  • Proctorizer: Diseñada específicamente y comercializada con fuerza en el mercado de la educación a distancia en Latinoamérica. Vende a las universidades la promesa de eliminar la suplantación de identidad mediante controles automatizados de reconocimiento facial del examinado.
  • Respondus / Proctorio: Gigantes globales del sector EdTech escolar y universitario ampliamente criticados a nivel internacional por sus invasivas políticas de captura de datos de video, audio y patrones biométricos del teclado, con una extendida presencia en contratos institucionales latinoamericanos.
  1. Empresas Locales de Gestión y Seguridad Escolar (Control de Accesos)

En el nivel de educación infantil y básica, el negocio se enfoca en la «gestión de asistencia» y los accesos físicos mediante el rostro o la huella:

  • Biomtech (Brasil): Desarrolladora del software faceSchool. Lidera contratos con gobiernos municipales (como Goiânia y São Paulo) para automatizar el control de asistencia de las infancias en escuelas públicas bajo la narrativa de la optimización del presupuesto alimentario.
  • Colegium (Chile / Regional): Una de las plataformas de gestión escolar y académica más extendidas de América Latina (con presencia en Chile, Argentina, Colombia y México). Aunque nació como un sistema de administración de notas y comunicación, ha incorporando módulos para centralizar los procesos de control escolar cotidianos.

La Voz de la Resistencia: ¿Por qué decimos NO a la biometría en la escuela?

Desde la perspectiva de la pedagogía crítica de Otras Voces en Educación, la resistencia a estos sistemas no es un rechazo ludita o tecnofóbico; es un acto de defensa de los derechos humanos y de la soberanía de los cuerpos. Sostenemos un NO rotundo basados en tres dimensiones teóricas y políticas urgentes respaldadas por investigaciones científicas globales:

  1. El cuerpo no es una contraseña (Dimensión Técnica y de Seguridad)

Si la base de datos de una corporación o de un ministerio es hackeada y te roban una contraseña digital, puedes restablecerla en minutos. Pero el rostro, el iris y la huella dactilar de un niño son irreversibles; no se pueden cambiar. La recopilación masiva de biometría infantil crea un registro permanente que los expone de por vida al robo de identidad y al perfilamiento comercial.

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2021) en su informe sobre la privacidad en la era digital determinó que:

«Los datos biométricos son únicos e inmutables, por lo que su filtración o uso indebido genera un perjuicio de imposible reparación para el individuo. El uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios educativos vulnera de raíz el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las infancias.»

  1. Formamos ciudadanos críticos, no sospechosos (Dimensión Pedagógica)

La vigilancia modifica la conducta. Un estudiante que ingresa a la escuela sabiéndose escaneado y clasificado por un ojo algorítmico asimila que la desconfianza y el control punitivo son las condiciones normales de la vida en sociedad. La filósofa Shoshana Zuboff, en su obra La era del capitalismo de vigilancia (2020), detalla cómo el extractivismo de datos transforma la experiencia humana en materia prima para la predicción conductual.

Monitorear los cuerpos destruye la confianza pedagógica y la autonomía. Rompe frontalmente con el legado de Paulo Freire (Pedagogía del oprimido, 1970), quien concebía el aula como un territorio de libertad, diálogo y concienciación, jamás de domesticación algorítmica. La vigilancia automatizada anula el «acto de amor y valentía» que constituye la verdadera práctica educativa.

  1. El algoritmo castiga la diversidad (Dimensión Social y de Clase)

La tecnología no es neutral; hereda los sesgos racistas, de clase y de género de los oligopolios tecnológicos que la programan. En su revelador libro Armas de destrucción matemática, la científica de datos Cathy O’Neil (2018) desmitifica la objetividad de estos sistemas:

«Los modelos matemáticos y los algoritmos que gobiernan la inteligencia artificial están basados en elecciones humanas sesgadas. No son objetivos; son opiniones humanas incrustadas en código que automatizan y multiplican la discriminación socioeconómica.»

Los sistemas de reconocimiento facial fallan masivamente al identificar rostros de personas afrodescendientes, indígenas y disidencias. En las escuelas latinoamericanas, esto se traduce directamente en falsos positivos de indisciplina, exclusión injusta en las puertas de acceso y la criminalización tecnológica de las infancias pertenecientes a las clases históricamente desposeídas.

Herramientas de Autodefensa: La Respuesta Colectiva y la Objeción Digital

Frente al avance de la infraestructura EdTech, las comunidades de América Latina están articulando un tejido de respuesta que combina el litigio estratégico, la presión regulatoria y herramientas de concientización comunitaria apoyadas por iniciativas que defienden los derechos de las infancias en la era digital (como las promovidas por Derechos Digitales).

  1. Acciones de Amparo Colectivo y Decisiones Judiciales de Suspensión
  • En Argentina: Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el O.D.I.A. lograron importantes precedentes judiciales con amparos y fallos de inconstitucionalidad que frenaron sistemas de reconocimiento facial masivo e intentonas de control biométrico en edificios públicos. Estos mismos recursos se adaptan en las universidades para denunciar la ilegalidad del e-proctoring al no contar con evaluaciones de impacto previas ni consentimiento libre de los estudiantes.
  • En México: Activistas y familias, respaldados por la R3D, activaron amparos frente a las exigencias informales de datos biométricos o la «CURP Biométrica» en los procesos de inscripción. Las resoluciones han forzado a las autoridades a ratificar que ningún derecho social puede ser condicionado o revocado a cambio de entregar datos del cuerpo.
  1. Campañas de «Objeción Digital» y Kits de Derecho de Admisión
  • Kits de cartas de rechazo de consentimiento: Formatos legales estándar que padres y madres entregan en las escuelas exigiendo que sus hijos no sean sometidos a escaneos faciales ni de huellas dactilares. Estas cartas apelan al derecho superior de la niñez y a las normativas de protección de datos personales de cada país, exigiendo un método alternativo no biométrico de asistencia (como listas físicas o credenciales tradicionales).
  • Políticas de Privacidad Escolar desde las Familias: Campañas de concientización dirigidas a cooperadoras y sindicatos docentes para prohibir que las escuelas utilicen aplicaciones móviles comerciales que requieran geolocalización o almacenamiento en la nube de fotografías de los alumnos sin el consentimiento expreso, informado y revocable.
  1. Denuncias ante los Organismos de Protección de Datos Personales
  • En Brasil: Organizaciones civiles como InternetLab e Intervozes han impulsado denuncias basadas en la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Mediante solicitudes de transparencia y denuncias administrativas, exigen a las secretarías de educación municipales que abran los contratos firmados con las empresas de reconocimiento facial (faceSchool o similares), obligándolas a revelar dónde se alojan las plantillas biométricas y quién tiene acceso a ellas, lo que ha provocado la suspensión técnica de varios contratos por no cumplir con los estándares de seguridad mínimos requeridos para proteger a menores.
  1. Resistencia Tecnológica y de Infraestructura Autogestionada
  • Migración a Software Libre: En respuesta al monitoreo invasivo de los exámenes virtuales (proctoring), colectivos de estudiantes universitarios y docentes críticos de países como Perú (p. ej., a través de denuncias de Hiperderecho) y Chile promueven el boicot a programas cerrados y privativos de corporaciones globales, exigiendo la migración hacia sistemas abiertos y herramientas de evaluación que no requieran análisis biométrico o de visión por computadora para validar el rendimiento académico.

De la Resistencia Individual a la Autodefensa Colectiva

El avance de la biometría en las escuelas de América Latina devela un intento de suplantar el rol docente y el cuidado comunitario por la gestión fría de un algoritmo privado. Frente a la indefensión administrativa en la que se encuentran miles de familias, la respuesta no puede ser el aislamiento.

La principal lección de la resistencia latinoamericana es que las herramientas puramente individuales no bastan. Por ello, desde las redes de educación popular, sindicatos de los 15 países de la región y plataformas como OVE, se avanza en la construcción de Protocolos Participativos de Actuación y Kits de Objeción Digital. En estos laboratorios comunitarios, toda la escuela (directivos, profesores, padres y estudiantes) debate colectivamente antes de que una sola cámara entre a un plantel, devolviendo la gobernanza de la tecnología a los seres humanos y alejándola del mercado corporativo. La consigna que unifica a la comunidad educativa latinoamericana es innegociable: con los datos, los cuerpos y las infancias de nuestra región, no se comercia.

Referencias Bibliográficas

  • ACNUDH [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] (2021). El derecho a la privacidad en la era digital (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/48/31). Organización de las Naciones Unidas.
  • Defending Rights & Dissent [Colectivo de Derechos y Disidencia] (2022). Vigilancia y control algorítmico en las escuelas de la primera infancia: Un ataque al desarrollo psychoemocional. DRD Press.
  • Derechos Digitales (2024). Informe sobre los derechos de la niñez frente al extractivismo EdTech y la infraestructura de vigilancia escolar en América Latina. Santiago de Chile.
  • Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
  • InternetLab & Intervozes (2023). O rosto da escola pública: O avanço do reconhecimento facial e a proteção de dados de crianças e adolescentes no Brasil. Monografías de Derechos Digitales, São Paulo.
  • O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática: Cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Capitán Swing.
  • R3D [Red en Defensa de los Derechos Digitales] (2024). La CURP biométrica y la exclusión escolar en México: Informe técnico de derechos digitales frente al abuso administrativo. Ciudad de México.
  • Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de vigilancia: La lucha por un futuro humano en el nuevo orden de la tecnopoder. Paidós.
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Gremios de la educación entregan carta a presidente Kast evidenciando consecuencias de los recortes y estado de alerta ante presupuesto 2027

Ocho organizaciones gremiales de la Educación entregaron una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que manifiestan su profunda preocupación por la actual situación de la Educación en Chile, derivadas por medidas como los recortes en los presupuestos, la probable ‘pausa’ en el proceso de implementación de los Slep’s; la ley Escuelas Protegidas y el proyecto de incivilidades.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo “estas son las grandes inquietudes que tenemos como representantes de los distintos mundos de la Educación. Nos hacemos eco de la preocupación de la población reflejada en la última encuesta CEP en que la Educación aparece tercera junto a seguridad y economía. Por lo tanto, creemos que cuando se afecta la educación, se afecta a toda la población chilena y a la ciudadanía”.

El líder gremial docente explicó “esta coordinación, es un trabajo conjunto que estamos realizando los Gremios para juntar fuerzas y defender el derecho de la Educación en nuestro país, vamos a invitar a otras organizaciones, para que esta convergencia siga creciendo, porque es la manera que tenemos para convocar a la ciudadanía a defender la educación, sus recursos y hacer frente a esta amenaza que visualizamos para el 2027 que podría venir con más recortes. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar que esa situación ocurra”.

Por su parte, María Beatriz Fuenzalida Cofré, Presidenta Nacional de Andime, advirtió “los recursos que se emplean en educación los aportan todos los chilenos y chilenas a través del pago de impuestos, retrasar la instalación de los SLEP, les da carta abierta a las Municipalidades a que gasten la plata en lo que quieran. Hay que recordar que los Slep’s se crearon precisamente para que los recursos de educación se gastaran en educación”.
La Dirigenta denunció “están reduciendo a los funcionarios públicos para que no fiscalicemos, nosotros defendemos a todos los ciudadanos, ciudadanas y sus familias. La educación es un derecho fundamental. Esperamos que el señor presidente esté a la altura y nos dé una respuesta fortalecida y convincente”.

Javier Obando, Dirigente Nacional de ASUME, acusó que “queremos hacer hincapié que no estamos fiscalizando los recursos del Estado. Estamos muy preocupados porque la comunidad escolar completa hoy está al arbitrio de los sostenedores. No hemos tenido absolutamente ninguna fiscalización a los establecimientos educacionales con respecto al uso de los recursos que deben presentar los sostenedores de Chile. Nos estamos dedicando solamente al tema de las denuncias”

Finalmente, Takuri Tapia, Presidente de la FENTUECH, Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile, resaltó “a través de esta carta planteamos nuestra preocupación por la situación de las Universidades del Estado que hoy tras los recortes ya se han descontinuado ciertos programas, esa situación es preocupante para las comunidades universitarias. El 3% que en algún momento se anunció podría significar el 15 o hasta el 20% del presupuesto de las universidades. Así que manifestamos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con estos recortes y también por lo que pueda venir el 2027”.

https://g5noticias.cl/2026/06/22/gremios-de-la-educacion-entregan-carta-a-presidente-kast-evidenciando-consecuencias-de-los-recortes-y-estado-de-alerta-ante-presupuesto-2027/
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La falta de educación sexual disparó los casos de Infecciones de Transmisión Sexual entre los jóvenes venezolanos

La Asociación Civil Niña Madre, asegura que hay un incremento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en adolescentes en Venezuela.

La falta de educación sexual dispara casos de ITS en adolescentes.

 

VPH y sífilis entre las Infecciones de Transmisión Sexual más comunes. Las ITS están siendo cada vez más frecuentes en adolescentes.

 

Lamentan la falta de data oficial, pero la dinámica de consultas indica al Virus de Papiloma Humano (VPH), sífilis, Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y clamidia, entre las ITS de mayor prevalencia. Son tantas las causas, pero coinciden en que todo inicia por la falta de educación sexual, la necesidad de definir roles de género y fijar la identidad sexual responsable, sin depender de la validación de terceros.

 

Se trata de una realidad mundial y desde el año 2020, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eran de 376 millones de ITS anuales a partir de los 15 años y hasta los 49 años de edad. Además de un promedio superior al millón de contagios al día. Mientras que, a mediados de mayo de 2026, Nubia Laguna, coordinadora general de la Asociación Niña Madre, manifestó que «las ITS en adolescentes han ido en aumento en Venezuela, siendo cada vez más frecuentes los casos de VPH, sífilis y VIH». De hecho, entre los signos de alarma está que en los años 2023 y 2024 registraron que alrededor de 7% de las adolescentes y mujeres en gestación dieron positivo en pruebas de VDRL, confirmando sífilis.

 

«Nos centramos en el VPH por su frecuencia y por el alto porcentaje de factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino. La sífilis también va en aumento en el mundo y nuestro país no escapa a esto. Además de la gonorrea y clamidia que se mantienen presentes, incluso con el peligro de que a la larga puedan alterar la fertilidad en pacientes», señala Sophia Rivas Rangel, ginecóloga infantil y juvenil.

 

Precisa que ese incremento se viene presentando por el cambio de conducta en los jóvenes, quienes se están iniciando más temprano en la actividad sexual, antes de los 14 años de edad y se presentan embarazos en adolescentes de menos edad. También puede influir el aumento de parejas sexuales, la disminución de los métodos de barrera (principalmente, el preservativo) y el consumo frecuente de sustancias estupefacientes durante las relaciones sexuales.

 

Rivas advierte que a estas edades, el cerebro no ha completado el desarrollo del lóbulo frontal, realizan actos riesgosos sin pensar en las consecuencias. Una situación que se complica debido a la falta de orientación de los padres sobre educación sexual, consumo de pornografía por el libre acceso a redes sociales sin supervisión. «Este grupo etario no ve el riesgo de las ITS como un problema y carecen de conocimientos o herramientas de prevención. El preservativo va disminuyendo su empleo en la medida que se incrementa la edad», lamenta que no se ha incorporado la vacuna contra el VPH al esquema de inmunización, para aplicar antes de los 14 años hasta los 25 años de edad.

 

 

También se refiere a la importancia de conocer otras medidas preventivas, como la Profilaxis Preexposición (Pep), aprobada para mayores de 16 años, medicamento que las personas VIH negativas toman para reducir sus probabilidades de contraer el virus. Fue aprobada con doxiciclina para prevenir sífilis, gonorrea y clamidia que puede ser destinada a la población en riesgo a estas enfermedades.

 

Rhona Palacios, ginecobstetra, precisa que en su consulta tres o cuatro de cada 10 pacientes padece el VPH, de lo cual no pueden tener una estimación cercana a la realidad por la falta de la data epidemiológica. «Este virus lidera siendo de alta transmisibilidad y asintomático, que sin el uso de métodos de barrera se desconoce que son portadores y se puede tener una larga lista de contagios», indica.

 

Cuando menciona los cambios propios de la adolescencia, precisa que hay niñas vulnerables al presentarse la eversión del tejido glandular, que al desplazarse el tejido del interior del cuello uterino hacia afuera, puede aumentar la sensibilidad local, dejando esta área más susceptible a la invasión de microorganismos, como el VPH.

 

«A mi pareja no le gusta usar el preservativo», es una razón recurrente del contagio que dicen las adolescentes al ginecobstetra Rigoberto Núñez, por lo que cuestiona que este tipo de anticonceptivo aún se perciba desde el tabú o mito. Dijo que en los últimos seis meses tuvieron más incidencia de sífilis, comprobado por la prueba de Absorción de Anticuerpos Fluorescentes (FTA), por lo que tiene la propuesta de crear la unidad de ITS en uno de los centros clínicos donde pasa consulta.

 

Recalca que la mayoría de sus pacientes son jóvenes y adultas, aplaude a aquellas madres que animan a sus hijas a ir al ginecólogo, como un hábito para la prevención de estas infecciones, cuyas repercusiones pueden ser de por vida, y dependiendo de la gravedad de las complicaciones, les puede afectar la fertilidad o causar un cáncer de cuello uterino.

 

Especialistas destacan que la prevención empieza en el hogar, para una vida sexual activa con madurez.

Educación sexual para prevenir las ITS

Ante el riesgo de la promiscuidad a temprana edad, la psicóloga Aline Núñez precisa que es indispensable fortalecer la identidad sexual y definir roles claros que no dependan de la aceptación grupal para obtener validación. En este sentido, la crianza es decisiva, especialmente cuando a los varones se les cría con privilegios, mientras que las niñas se debaten entre la privación y la búsqueda constante de la aprobación masculina.

 

«Pero podemos tener a niñas que buscan la formalidad de una relación sentimental y adolescentes sin interés en compromisos», explica Núñez. Recomienda la educación sexual para orientar sobre todos los riesgos, pero sin llegar a anticiparse, sin la debida madurez.

 

Cuestiona el consumo de la pornografía con niños que empiezan desde los siete u ocho años, debido al libre uso de las redes sociales, sin la supervisión del contenido por parte de los padres.

 

«Es nocivo este sistema de consumo que puede incitar al sexo irresponsable, normaliza la violación y el sexo en masas. Son ideas erradas que se refuerzan sin tener la debida orientación y conducen a la sexualidad irresponsable e impulsiva», menciona. Llama a crear más conciencia en los adolescentes.

 

Para el psicólogo, Luis Alberto Oropeza, los padres deben entender el torbellino de cambios que experimentan los adolescentes, principalmente hormonal y que terminen siendo susceptibles al consumo de sustancias estupefacientes e incitando al exceso de estos encuentros.

 

Indican que sin la debida información, entre los 15 a 17 años de edad, no están preparados para las relaciones sexuales, menos aún cuando están sujetos a la validación del grupo, imitando conductas para poder ser aceptados, pese a ir contra principios morales.

infecciones de transmisión sexual

Hay que hablar más con los jóvenes sobre las consecuencias de la ITS

 

La educación sexual debe incorporarse como un eje transversal en el programa curricular. Así lo recalca el psicólogo, Luis Alberto Oropeza, quien enfatiza la importancia de la formación preventiva y el manejo responsable de la sexualidad ante la incidencia de infecciones en adolescentes.

 

Refiere lo indispensable de la preparación de los docentes, quienes deben estar capacitados para orientar con toda claridad a los alumnos, más allá de conformarse con tomarlo como una simple asignación escolar.

 

Tal formalidad sirve de respaldo a la orientación básica que deben traer del hogar para hacer frente a la cultura del machismo, la cual generalmente beneficia a los varones al asociar el sexo con un patrón de mayor hombría. Además, permite entender que la responsabilidad del cuidado ante un embarazo no deseado, así como el riesgo de contraer infecciones, no debe recaer exclusivamente en las niñas.

 

La falta de educación sexual disparó los casos de Infecciones de Transmisión Sexual entre los jóvenes venezolanos

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Informe: Universidades venezolanas operan con hasta 99% de déficit presupuestario

El Observatorio de Universidades (OBU) presentó este jueves un alarmante informe titulado “La comunidad universitaria frente a la asfixia presupuestaria”, el cual devela la crítica situación que atraviesan las instituciones de educación superior autónomas y experimentales en el país. Los datos muestran una brecha dramática entre los recursos solicitados por las casas de estudio y lo finalmente aprobado por el Ejecutivo nacional.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el director del OBU, Carlos Meléndez, el indicador de déficit presupuestario en las universidades venezolanas ha oscilado entre el 85% y, en algunos casos, hasta el 99%. Esta alarmante carencia de recursos ha sumido a la educación superior en una profunda crisis de infraestructurainvestigación y precarización salarial para docentes y personal administrativo.

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Meléndez destacó que el descontento no ha sido silencioso. En el período comprendido entre 2020 y 2025, el observatorio registró más de 1,220 denuncias y protestas en exigencia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, lo que se traduce en un promedio de al menos 1.5 manifestaciones por semana por parte del sector universitario.

La estrategia de control gubernamental

El informe también pone el foco en el cambio de diseño del sistema de educación superior. Actualmente, el 85% de las universidades públicas del país están bajo el control directo del gobierno, el cual impone autoridades y alinea las agendas institucionales. «La agenda política gubernamental ha estado totalmente de espaldas a las exigencias de los distintos actores universitarios», señaló Meléndez.

Entre 2014 y 2025, el número de instituciones de educación superior creadas o intervenidas por el Estado aumentó en un 34%, una cifra que contrasta irónicamente con la disminución de la matrícula estudiantil en ese mismo porcentaje. Además, el OBU reveló que más del 50% de las informaciones publicadas por el Ministerio de Educación Universitaria están destinadas a efemérides y actividades de proselitismo político, en lugar de soluciones académicas.

El rol de los medios regionales como catalizadores

Ante la falta de respuesta oficial, el ecosistema de actores reivindicativos ha encontrado un aliado crucial en la prensa. El director del OBU ofreció un reconocimiento especial a los medios de comunicación regionales, mencionando de forma destacada a El Impulso, La Prensa de Lara, El Diario de los Andes, El Carabobeño, entre otros, por ser los principales difusores de la crisis y servir como catalizadores de las denuncias de los gremios y estudiantes en la agenda pública nacional.

https://www.elimpulso.com/2026/06/18/video-universidades-venezolanas-operan-con-hasta-99-de-deficit-presupuestario-18jun/
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Protestas universitarias continúan en Argentina

La universidad pública volvió a las calles en Argentina. Estudiantes, docentes y trabajadores realizan nuevas protestas contra los recortes al presupuesto impulsados por el gobierno del derechista Javier Milei.

Durante la jornada del 17 de junio, la comunidad académica llevó a cabo huelgas, movilizaciones y clases públicas en los principales puntos del país.

Los manifestantes exigen mayor financiamiento y denuncian que el presupuesto actual no alcanza para cubrir los servicios básicos de las aulas, lo que mantiene a las facultades al borde del ahogo operativo.

Se trata de un nuevo paro nacional de una semana (del 16 al 20 de junio de 2026), impulsado por los gremios docentes que rechazan el reciente pacto firmado entre el Gobierno y los rectores.

Pese a que el Poder Ejecutivo alcanzó un principio de acuerdo presupuestario con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la semana pasada, las bases de trabajadores y sindicatos como CONADU y CONADU Histórica consideran la recomposición salarial insuficiente y exigen la aplicación irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras que los estudiantes y trabajadores sostienen el plan de lucha en las calles para evitar lo que consideran el desmantelamiento de la universidad pública argentina.

https://oncenoticias.digital/internacional/protestas-universitarias-continuan-en-argentina/572147/
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