América del Sur

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Argentina: La pata económica de la violencia de género

Noticias
Redacción de : pagina12

Muchos hombres no pagan la cuota de alimentos como una forma más de sojuzgar a sus ex.

“Para un hombre es más fácil meterse en una marcha feminista que decirle a un amigo ‘pagá la cuota alimentaria’”. La frase escrita en una pancarta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, da cuenta de una de las violencias de género más viejas y menos visibles: la violencia económica que muchos hombres separados ejercen sobre la ex mujer y también sobre sus propios hijos e hijas.

Johanna Karlen dice que además de criar sola tres hijas lucha hace muchos años en la justicia para lograr una “mísera” cuota alimentaria. “No tengo casa propia, me he mudado infinidad de veces no sólo por eso sino escapando de un violento. Mi ex además de ser un violento pertenece a las fuerzas policiales. Siempre tuve miedo, me costó mucho salir adelante”, dijo a este diario. La vida para ella, como para tantas otras, transcurre llena de deudas, colapsada, haciendo malabares.

“Es terrible lo que pasa, yo cambié como 4 veces de abogado y no logro aun luego de 5 años de lucha que mi ex actualice la cuota, necesitamos ser escuchadxs y que alguien haga algo urgente sobre este tema”, posteó una de sus seguidoras en Instagram.

La situación es vieja, viejísima. El estigma de la madre soltera que pareciera una antigüedad, está más vivo de lo que quisiéramos pensar. La madres que crían solas, no solo tienen el trabajo de la crianza y de garantizar el día a día de la vida sino que tienen que ser el sostén económico y emocional de sus hijas e hijos. “El caso de M mostró que las mujeres que maternan solas terminan siendo culpadas por el sistema como malas madres por no denunciar”, apuntó Urquizo.

“Los juzgados tienen una visión patriarcal, a veces hay fiscalías que actúan, pero llegamos a jueces machistas que dicen ‘este hombre tiene que vivir de algo’ y ponen una cuota irrisoria y si la mujer lo logra cobrar es suerte. Es como la lógica de ir con la denuncia a pedir a la comisaria la aplicación de la perimetral “, agregó. “Queremos hablar de que el incumplimiento de las cuotas alimentarias es un tipo de violencia y no tiene justificativo. En general los jueces justifican con crisis económicas, falta de empleo y sabemos que en la mayoría de los casos no es así, sabemos que los tipos se insolventan para no cumplir con el deber alimentario”, dijo Urquizo.

En general estos casos se dan en contexto de violencia. Un tipo de violencia que empieza después de la separación. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), durante el tercer trimestre del año pasado, la violencia económica patrimonial estuvo presente en el 28% de los casos que se denunciaron y registró sus frecuencias más altas en vínculos de pareja, 34%. Por otro lado, desde enero de 2020 al 15 de marzo de este año, la oficina atendió 9.304 casos, y la justicia civil dictó medidas de alimentos provisorios para hijas/os en 775 casos (12% del total de actuaciones con seguimiento-6.355-). “Muchas veces la entrega de dinero para la manutención de los hijos se utiliza como elemento de presión para otras cosas. Se observa repetidamente en los relatos de las victimas que el dinero para mantener a los hijos se da a cambio de mantener relaciones sexuales o de que la mujer haga lo que quiere el agresor”, explicó a Página/12 Analía Monferrer, coordinadora de la OVD.

“El derecho alimentario es un derecho del niño, que la mujer suple, complementa o trata a costa de su salud física y mental de suplir lo que no está haciendo su padre y ningún organismo”, dijo Urquizo. Pero tan difícil es que algunos hombres se hagan cargo de esta obligación que casi todas las provincias del país tienen su registro de deudores morosos que imponen restricciones a quienes no paguen su deuda. Pero eso es para quienes llegaron al poder judicial. En general, los acuerdos suelen ser sui generis, de palabra. “Para que haya incumplimiento de la cuota, tiene que haber una fijación de la cuota por una instancia judicial. La que no recibe los alimentos tiene que avisar”, advirtió Monferrer, y resaltó que la violencia económica también puede ser denunciada.

En la Ciudad de Buenos Aires desde 1999 existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley 269. Es el primero creado en Argentina, y después se fueron desarrollando en casi todas las provincias. Los registros buscan coaccionar a los deudores imponiéndoles restricciones. El registro de la ciudad lleva un listado quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme y expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada en forma gratuita.

Las limitaciones que impone son que el deudor: no podrá abrir cuentas corrientes, obtener tarjetas de crédito, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Tampoco podrá sacar o renovar el registro de conducir ni podrán ser provedores de todos los organismos de la Ciudad. No puede calificar para postularse a cargos electivos de la Ciudad o para desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. Además, el Banco de la Ciudad no podrá otorgar o renovar créditos sin pedir el certificado del Registro y en el caso de que el peticionante estuviera anotado, la entidad deberá retener el importe de los alimentos adeudados y depositarlos judicialmente.

Este año el Registro inscribió 29 personas en los dos primeros meses del año 2021. Mientras que emitió 18.375 certificados a pedido de certificados emitidos a pedidos de personas (17.500 ) y de empresas (875 certificados).

Desde su creación hasta febrero de 2021 hubo 6.485 personas inscriptas, 6.429 hombres (99%) y 56 son mujeres. En relación a la profesión u oficio de los inscriptos, las más significativas son: 33% empleado, 26% comerciante, 11% chofer, 6% empresario, 5% Abogado o médico y 4% técnico o contador público.

“Nosotras trabajamos ejerciendo roles de cuidado. Son muy pocas las madres que pueden realmente sostener el cuidado en forma exclusiva y sostener un trabajo rentado de ocho o nueve horas con perspectivas de crecer. Esos son sueños. Todas venimos de sectores medios bajos, sin aportes jubilatorios, sin trabajos rentados, sin poder terminar las carreras profesionales. Somos un grupo vulnerable y necesitamos ser tenidas en cuenta en cualquier política en relación a los derechos de los niños y las mujeres”, reclamó Urquizo. Desde Materfem están organizando un observatorio de violencia económica y se pusieron en contacto con organizaciones chilenas que de cara a la reforma constitucional en ese país están planteando este tema con fuerza para ser incluido en la nueva norma. “En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde obviamente existe una cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la tasa de niños abandonados por alguno de sus padres”, explicó Javiera Javiera Fuller, vocerade la organización chilena Juntas por Justicia.

Hace unos días hablábamos en estas páginas acerca de los femicidios y de que el foco, desde hace un tiempo, empieza a apuntar sus luces a una zona hasta no hace mucho oscura, siempre velada, protegida: los varones. Lo decíamos en relación a las violencias de género más extremas. Pero también podemos repetirlo acerca de la violencia económica. Porque las violencias no están organizadas en compartimentos estancos, se potencian y retroalimentan. Y porque para no llegar tarde, hay que empezar antes.

Allende la cordillera

“Ad portas de una nueva Constitución, la primera paritaria en el mundo y fuertemente influida por el movimiento feminista, se está replanteando esta problemática, como derecho fundamental de nuestras niñas y niños, y también como tema que afecta fuertemente a las madres cuidadoras. Son las mujeres que hoy en día tienen la carga de la crianza y educación de los niños, pero también viven con la carga económica, ya que no existe el concepto de corresponsabilidad en la crianza”, explicó Javiera Fuller, vocera de la organización chilena Juntas por Justicia.

El estado de pandemia y la crisis económica a raíz de la covid, “puso en jaque el sistema en Chile y se promulgó una ley en agosto de 2020 que autorizó el retiro del 10% de los fondos previsionales destinados a la subsistencia durante este tiempo de quienes tuvieran fondos y los quisieran retirar. Este retiro se volvió a autorizar en el mes de diciembre de 2020”, explicó en diálogo con Página/12. La ley consagró expresamente que este retiro quedaría paralizado por orden judicial, para aquellos deudores de alimentos, para que con dichos fondos se pagaran las deudas acreditadas por este concepto. “Muchas madres volvieron a tramitar antiguas causas en los tribunales de familia, lo que llevó a poder tener cifras oficiales sobre el incumplimiento de alimentos. En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde obviamente existe una cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la tasa de niños abandonados por alguno de sus padres”, comentó.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para Fuller, el problema seguirá siendo que “esto nuevamente quedaría sujeto a la potestad del poder judicial y que si el deudor muestra cierta “apariencia de pago” podría salir de dicho registro. Por lo demás, muchas de las madres afectadas encuentran que es ineficiente, ya que dicho proyecto no contempla a quienes no están en los registros del Estado y que fácilmente será burlado por los deudores, siendo la situación muchísima más precaria en realidad que lo que regula este proyecto de ley”.

Si bien no existe una solución concreta, hoy es un tema que se está tocando en varias artistas, la nueva Constitución, proyectos de ley, políticas públicas e incluso la sanción social. “Hoy contamos con cifras que nos permiten avalar nuestros supuestos y con esos números seguir trabajando para que se le otorgue la importancia que tiene, por nuestra infancia y también por las mujeres que deben maternar solas”, apuntó. Para que una mujer pueda tener un pleno desarrollo en igualdad de condiciones que los hombres, insistió Fuller, “el Estado debe hacerse cargo de dejar de invisibilizarlas, promover la corresponsabilidad y desarrollar políticas públicas que faciliten les faciliten la vida, y sacarlas del centro de la problemática, porque esa situación (en este caso concreto, el cobro) pone a las mujeres en una situación vulnerable frente a su agresor, ya que la violencia económica es un tipo de violencia más”.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/333524-la-pata-economica-de-la-violencia-de-genero

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Comunidades mapuche de Chile presentan querella contra Piñera por genocidio

Noticias

Por: Canal CNC

Los denunciantes alegan que se «ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche», especialmente los que hacen reclamos de territorio.

Comunidades mapuche de la región chilena de La Araucanía presentaron una querella en contra del presidente Sebastián Piñera por el delito de genocidio.

La acción legal fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Temuco, capital de La Araucanía, en la que pidieron que se citara a declarar a Piñera en calidad de imputado.

De acuerdo con una declaración pública, los denunciantes señalan que actualmente se «ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche, especialmente en contra de comunidades que levantan dignos procesos de recuperación territorial».

Las comunidades mapuche añaden que la «militarización» de su territorio «ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en tanto también derechos colectivos».

Además, enumeran algunos de los hechos que han registrado como consecuencia de esa militarización, como «golpes, baleados, torturas y asesinatos», sobre todo a niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas ancianas.

Los denunciantes califican esta situación como una «guerra de baja intensidad», con la cual el Gobierno chileno declara al pueblo mapuche como su «enemigo interno».

«Esta actual y sistemática política de exterminio a nuestro pueblo mapuche se constituye en un genocidio», enfatizan.

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Incidentes en la Araucanía

Desde el año pasado, se han registrado una serie de incidentes en la Araucanía chilena, que no solo comprende a la región homónima, sino también a la provincia de Arauco, al sur de la Región del Biobío, en el sur del país.

El 3 de febrero pasado, se registraron tres ataques incendiarios en diferentes sectores del sur de la provincia de Arauco a una vivienda, unas cabañas de veraneo y una capilla católica. Ese mismo mes fueron incendiados cuatro camiones y hubo ortos ataques similares en varios días.

En marzo continuaron los ataques, un carabinero resultó herido en un procedimiento durante una toma de terrenos, fueron incendiadas maquinarias de uso forestal y el último incidente, registrado el pasado sábado 27, involucró a un equipo periodístico de Televisión Nacional de Chile (TVN), integrado por el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, que fue atacado con disparos.

A pesar de que los hechos siguen bajo investigación, tanto las víctimas de los daños materiales como las fuerzas de seguridad y el Gobierno les atribuyen los ataques a presuntas agrupaciones mapuches radicalizadas, dentro de una disputa por los territorios considerados ancestrales.

Sobre el último hecho, el ataque al equipo periodístico, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), a la que las autoridades atribuyeron este hecho, desmintió esa versión y señaló que podría tratarse de grupos mapuche que han sido «comprados» por las empresas forestales.

Según la versión de Llaitul, Núñez «se encontró con un grupo de personas que son contrarios a la CAM» y al movimiento autonomista. De hecho, aseguró que quienes perpetraron el ataque contra el equipo periodístico son «gente que trabaja para las forestales».

«Lamentablemente son mapuche y están bajo los programas y planes de las forestales», comentó, según reporta Diario Universidad de Chile.

Fuente e imagen:  Canal CNC

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1964: golpe de clase con apoyo militar

Leonardo Boff

Por: Leonardo Boff

Los militares que dieron el golpe en 1964 imaginan que fueron ellos los principales protagonistas de esta nada gloriosa hazaña, actualmente celebrada vergonzosamente bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, famoso defensor del golpe, de la tortura y de la eliminación de opositores. En su indigencia analítica, los militares mal sospechan que fueron, en realidad, usados por fuerzas muchos mayores que las suyas.

René Armand Dreifuss escribió su tesis de doctorado en la Universidad de Glasgow con el título: 1964: La conquista del Estado, acción política, poder y golpe de clase (Vozes 1981). Se trata de un libro de 814 páginas, 326 de las cuales son documentos originales. Mediante estos documentos queda demostrado que lo que hubo Brasil no fue un golpe militar, sino un golpe de clase con uso de la fuerza militar.

Desde los años 60 del siglo pasado, se constituyó el complejo IPES/IBAD/GLC. Explico: el Instituto de Pesquisas y Estudios Sociales (IPES fundado el 29 de noviembre de 1961), el Instituto Brasilero de Acción Democrática (IBAD), el Grupo de Levantamiento de Coyuntura (GLC) y más tarde, oficiales de la Escuela Superior de Guerra (ESG). Formaban una red nacional que divulgaba ideas golpistas, compuesta por grandes empresarios nacionales y multinacionales, banqueros, órganos de la prensa, periodistas, intelectuales, la mayoría listados en el libro de Dreifuss.

Lo que los unificaba, dice el autor, “eran sus relaciones económicas multinacionales y asociadas, o su posicionamiento anticomunista y su ambición de readecuar y reformular el Estado” (p.163) para que fuese útil a sus intereses corporativos. El líder nacional de este grupo era el General Golbery de Couto e Silva que ya “en 1962 preparaba un trabajo estratégico sobre el asalto al poder”(p.186).

La conspiración, pues, estaba en marcha hacía bastante tiempo, llevada adelante, no directamente por los militares sino por el complejo IPES/IBAD/GLC, articulados con la CIA y con la embajada norteamericana que pasaba fondos y acompañaba el desarrollo de todos los hechos.

Aprovechando la confusión política creada en torno al Presidente João Goulart, identificado como el portador del proyecto comunista, este grupo vió la ocasión propicia para realizar su proyecto. Llamó a los militares para dar el golpe y tomar alasalto el Estado. Fue, por tanto, un golpe de la clase dominante, multinacional y asociada a la nacional, usando el poder militar.

CONCLUYE DREIFUSS: “LO OCURRIDO EL 31 DE MARZO DE 1964 NO FUE UN MERO GOLPE MILITAR; FUE UN MOVIMIENTO CIVIL-MILITAR; EL COMPLEJO IPES/IBAD Y OFICIALES DE LA ESG ORGANIZARON LA TOMA DEL PODER DEL APARATO DE ESTADO”(P. 397). ESPECIFICA DREIFUSS: “EL ESTADO DE 1964 ERA DE HECHO UN ESTADO CLASISTA Y, SOBRE TODO, GOBERNADO POR UN BLOQUE DE PODER”(P. 488). ESPECÍFICAMENTE AFIRMA: ”LA HISTORIA DEL BLOQUE DE PODER MULTINACIONAL Y ASOCIADOS EMPEZÓ EL 1º DE ABRIL DE 1964, CUANDO LOS NUEVOS INTERESES SE TORNARON REALMENTE ESTADO, READECUANDO EL RÉGIMEN Y EL SISTEMA POLÍTICO Y REFORMULANDO LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE SUS OBJETIVOS”(P.489).

Para sustentar la dictadura durante tantos años se creó una fuerte articulación de empresarios, algunos de los cualesfinanciaban la represión, los principales medios de comunicación (especialmente la FSP, VEJA, O Globo y otros), magistrados e intelectuales anticomunistas declarados, iniciativas populistas entre otros. La Ideología de Seguridad Nacional no era otra cosa que la Ideología de la Seguridad del Capital.

Los militares inteligentes y nacionalistas de hoy deberían darse cuenta de cómo fueron usados no contra una presunta causa –el combate al peligro comunista– sino al servicio del capital nacional y multinacional que estableció relaciones de alta explotación y de gran acumulación para las élites oligárquicas, las “élites del atraso”, articuladas con el poder militar.

El golpe no sirvió a los intereses nacionales globales, sino a los intereses corporativos de grupos nacionales articulados conlos internacionales bajo la égida del poder dictatorial de los militares. Hoy no es diferente: después del golpe de 2016 con la terminación del mandato de la Presidenta legítimamente elegida, Dilma Rousseff, la creación del Lava Jato, la prisión sincrimen explícito de Lula y la ascensión de Jair Bolsonaro, de extrema-derecha, se obedece a los mismos propósitos de la“élite del atraso” (la oligarquía adinerada y rentista, articulada internacionalmente) como ha sido detallado minuciosamente por Jessé Souza (cf.A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato, Estação Brasil 2020).

Es importante decir con todas las palabras que el asalto al poder fue un crimen contra la constitución. Fue romper las leyes y en su lugar instaurar la arbitrariedad. Fue una ocupación violenta de todos los aparatos del Estado para, desde ellos, montar un orden regido por actos institucionales, por la tiranía, por la represión y por la violencia.

Nada más desgarrador de las relaciones sociales que la ruptura del contrato social. Este permite a todos convivir con un mínimo de seguridad y de paz. Cuando este es destruido, en lugar del derecho entra la arbitrariedad y en lugar de la seguridad se establece el miedo. Bastaba sospechar que alguien era subversivo para que fuera tratado como tal. Incluso detenidos y secuestrados por error, pero sospechosos como opositores, como ocurrió con muchos campesinos inocentes, para luego ser sometidos a sevicias y a sesiones interminables de torturas.

Muchos no resistieron y su muerte equivale a un asesinato. No debemos dejar pasar de largo a los olvidados de los olvidados, que fueron los 246 campesinos muertos o desaparecidos entre 1964-1979.

Lo que los militares cometieron fue un crimen de lesa-patria. Alegaban que se trataba de una guerra civil, un lado queriendo imponer el comunismo y el otro defendiendo el orden democrático. Esta alegación no se sostiene. El comunismo nunca representó una amenaza real. En la histeria de la guerra-fría (Unión Soviética/USA) todos los que querían reformas desde laperspectiva de los históricamente condenados y ofendidos –las grandes mayorías obreras y campesinas – eran prontoacusados de comunistas y de marxistas, aunque fuesen obispos como Dom Helder Câmara. Contra ellos no cabía solo la vigilancia, sino la persecución, la prisión, el interrogatorio humillante, el pau-de-arara feroz, los ahogamientos desesperantes.

Los alegados “suicidios”, como el del periodista Vladimir Herzog, solo camuflaban el puro y simple asesinato. En nombre del combate contra el peligro comunista, asumieron la lógica marxista-estalinista del trato brutal a los detenidos. En algunos casos se incorporó el método nazi de incinerar cadáveres como admitió el ex-agente del Dops Cláudio Guerra y la única superviviente de la CASA DE LA MUERTE de Petrópolis, Inês Etienne Romeu, local donde entre 22-40 militantes fueron terriblemente seviciados, asesinados, sus cuerpos descuartizados e incinerados.

Es indigno e inmoral celebrar los 21 años de una dictadura civil-militar, cuando conocemos el horror que significaron aquellos tiempos sombríos y oscuros, justamente en un momento trágico de nuestra historia en el que las vidas de más de 300 mil brasileros de todas las edades han sido segadas por la Covid-19, con más de 12 millones de infectados.

No debemos olvidar nunca la verdad del hecho mayor de la dominación de una clase traicionera, poderosa, nacional, asociada a la multinacional, que usó el poder discrecional de los militares para garantizar su acumulación privada a costa de la mayoría del pueblo brasilero. Esa amenaza ha vuelto por el comportamiento amenazador del actual presidente, insano e indiferente a la destrucción de miles de vidas, oponiéndose, en contra de todas las recomendaciones científicas, al lockdowny al aislamiento social, amenazando continuamente con un golpe de estado o con decretar el estado de sitio. Las instancias competentes que podrían actuar no actúan e, inertes, asisten también a la tragedia de todo un pueblo.

Encajan aquí las palabras de Ulysses Guimarães, valiente opositor de la dictadura civil-militar y coordinador de la Constitución de 1988: “tengo odio y asco de la dictadura”, palabras repetidas el 31 de marzo de 2021 por Miriam Leitão, periodista y analista de economía en O Globo, una de las víctimas de la represión. “Dictadura nunca más”.

Fuente:  https://leonardoboff.org/2021/04/03/1964-golpe-de-clase-con-apoyo-militar/

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Argentina: Comunicado. Mañana 06 de abril, comienza el paro de 48 horas docentes de las Universidades nacionales

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Ante la falta de respuestas del gobierno nacional a la exigencia de inmediata apertura de la mesa de negociación salarial, docentes de las Universidades Nacionales realizarán, el 6 y 7 de abril, un paro nacional de 48 horas con cese total de actividades tanto presenciales como virtuales. La medida de fuerza fue convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores/as y Creadores/as Universitarios/as, CONADU Histórica.
El 7 de abril, la medida de fuerza confluirá con la jornada Nacional de Protesta convocada por la CTA Autónoma unificando reclamos de los distintos sectores. Ese mismo día, confluyen con paros -en algunos casos también de 48 horas- y movilizaciones los/as trabajadores de la Salud agrupados en FESPROSA, que forma parte de la CTA A, en el marco del Día Mundial de la Salud.
Al día de la fecha, 5 de abril, todavía no hay convocatoria a la Mesa de Negociación salarial del sector docente universitario. La docencia universitaria y preuniversitaria, nucleada en CONADU Histórica, viene manifestando que la paritaria se encuentra vencida desde fines de febrero y con una pérdida en los haberes superior al 20% con relación a la inflación.  Lamentablemente, el Ministerio de Educación ni siquiera cumplió con el compromiso de iniciar las discusiones en el mes de marzo.
CONADU Histórica exige una recomposición salarial que supere las previsiones inflacionarias del presente año, el reconocimiento de gastos en la enseñanza virtual y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo en lo referido a las condiciones y medio ambiente de trabajo en el marco de la pandemia.
El paro de 48 horas se cumplirá con suspensión TOTAL de actividades académicas y de investigación tanto presenciales como virtuales.

• Urgente apertura de la paritaria salarial
• Recuperación del 20% perdido en la paritaria anterior hasta marzo 2021
• Aumento no menor a la inflación en 2021 (cláusula gatillo)
• Reconocimiento de Gastos por conectividad

*Contactos:*
•Luis Tiscornia, Secretario General: 11 6733-1863
•Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta: 11 6725-8433

Fuente: CONDU Histórica-G
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¿Hora de volver a clases presenciales? Gobierno recomendó hacerlo, pero esto dicen padres y maestros

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El objetivo es reducir el impacto que la pandemia del coronavirus ha causado en los niños, niñas y jóvenes. Hay opiniones divididas.

El Gobierno nacional, por medio de los ministerios de Salud y Educación, recomendó, a los colegios y padres de familia el regreso de los niños, niñas y jóvenes a clases presenciales, con el fin de disminuir el impacto que en los menores ha causado la pandemia del coronavirus COVID-19 .

Así lo dio a conocer a través de la circular 26 en la que, además, hace recomendaciones para que puedan avanzar de manera segura en el proceso de apertura gradual de los centros educativos.

Sin embargo, para algunos padres de familia la decisión de enviar a sus hijos al colegio no es para nada fácil.

“Siempre a uno le preocupa la salud que esté en la calle con todos los demás niños, pero también es complicado un poquito el estudio en casa, porque siento que no es lo mismo”, dijo Jonathan Trujillo, padre de familia.

“Me da un poco de temor, porque son niños y, digamos, en el aula de clases no creo que vaya a haber como el protocolo, como lo que es el distanciamiento, como que la profesora esté al pendiente”, señaló, por su parte, Andrea Gallego, madre de familia.

Por otro lado, rectores de instituciones educativas aseguran que también le apuestan a este retorno presencial, pero con algunas exigencias al Gobierno nacional.

“Pensamos para que haya un retorno gradual progresivo y, seguro, requerimos imperiosamente que haya una inversión real en la infraestructura educativa”, sostuvo Óscar Aldana Martínez, rector de la institución educativa Julio Pérez Ferrero de Cúcuta.

Entretanto, César Augusto Ocoró Lucumí, rector de la institución educativa José María Cabal de Cali, agregó que algo también muy importante es “priorizar la vacunación (contra el COVID-19) de maestros y maestras”.

Fecode, la federación conformada por docentes de 33 sindicatos, se resiste a un regreso sin garantías.

“Hoy realmente no existen ni están las condiciones ni se han implementado cada uno de los protocolos de bioseguridad”, anotó Wílliam Velandia, presidente de Fecode.

En la circular también se menciona que, si se presenta un brote de coronavirus en una alguna institución, serán las secretarías de Salud las encargadas de determinar las acciones a seguir.

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Cayó la matrícula en los colegios privados sanjuaninos: 531 alumnos pasaron a la pública. Argentina

Noticias

América del Sur/Argentina/05-04-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

Representa apenas el 1,1% de los alumnos inscriptos en los niveles de enseñanza obligatorios.

El 2020 resultó una verdadera prueba de fuego para los colegios privados en todo el país. El dictado de clases presencial se cortó -como en todas las modalidades- el 20 de marzo y lo que vino fue virtual. Pero esa condición, sumado a la crisis que generó las medidas por la pandemia, dejó huella puertas adentro de estas instituciones, provocando una crisis financiera en varios de los casos.

Según las cifras oficiales, de un año a otro la matrícula cayó de 48.054 en 2020, a 47.523 en 2021, es decir se redujo apenas 1,1% (531 estudiantes menos). El dato surge teniendo en cuenta Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Secundaria Técnica y Formación Profesional, Adultos (Primaria- Secundaria) y Educación Especial.

La morosidad en el pago de las cuotas fue altísima, con instituciones que tuvieron hasta el 90% de su matrícula abonando fuera de fecha y, en muchos casos, directamente no haciéndolo. El propio Ministerio de Educación de la provincia tomó decisiones para proteger los flacos bolsillos de los padres autorizando un incremento recién a fin de año (el restante en marzo de este año), no cobrando interés por la mora y otras facilidades.

Pero claro el inicio del ciclo lectivo 2021 iba a poner blanco sobre negro si iban a poder ponerse al día los morosos, si los colegios tenían margen de ser flexibles o bien se ponían duros con la inscripción anual bajo la condición de primero pagar lo adeudado. En el medio, el lógico temor que baje drásticamente la matrícula y se vuelquen a la parte publica.

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Cayo-la-matricula-en-los-colegios-privados-sanjuaninos-531-estudiantes-se-pasaron-a-la-publica-20210403-0038.html

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Colombia: Corte protege derecho a educación de grupo de niños que exponen su vida para ir al colegio

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Niñas, niños y adolescentes de la vereda Zúñiga, municipio de Coromoro (Santander), deben desplazarse por una vía peligrosa para asistir al colegio en la vereda de Pueblo Viejo.

La Corte Constitucional protegió los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la vereda Zúñiga, municipio de Coromoro (Santander), quienes deben desplazarse por una vía peligrosa para asistir al colegio en la vereda de Pueblo Viejo.

La Corte Constitucional recuerda en una reciente decisión en la que se protege el derecho a la educación, que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zúñiga instauró una tutela contra la Alcaldía de Coromoro y la Gobernación de Santander, debido a la negativa de dichas autoridades de reconstruir el puente “El Derrumbe”, que comunica a las dos veredas y que colapsó en el 2016, producto de las fuertes lluvias.

“Debido a esta situación, los menores de edad se han visto forzados a transitar hacia la vereda Pueblo Viejo por el terreno circundante al lugar en donde se encontraba el puente, arriesgando sus vidas e integridad personal, debido a que en esa zona es recurrente el desprendimiento y caída de rocas”, señala la Corte en una comunicación.

Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-protege-derecho-a-educacion-de-grupo-de-ninos-que-exponen-su-vida-para-ir-al-colegio/202155/

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