América del sur/Argentina/Diciembre 2020/universidadeshoy
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América del sur/Brasil/Diciembre 2020/prensa-latina.cu
El ministro del sector, Milton Ribeiro, reveló a la televisora CNN Brasil que ‘abrirá una consulta pública para escuchar al mundo académico’ antes de tomar una nueva decisión.
Admitió que los establecimientos de estudios superiores ‘no estaban preparados (para ese regreso), al carecer de planificación’.
Tal medida se adoptó tras la renuencia de decanos de universidades federales, quienes anunciaron que incumplirían con la determinación de la cartera.
El rector de la Universidad Federal de Bahía, Joao Carlos Salles, calificó de absurda la vuelta a aulas y confirmó que no acogería la disposición.
‘Nuestra resolución define que el próximo trimestre será fuera del centro docente con la posibilidad de actividades en el recinto siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de nuestra comunidad’, aclaró.
Según el periódico O Estado de Sao Paulo, el texto del ministerio, rubricado por Ribeiro, generó una reacción negativa y fue considerado inconstitucional por los especialistas.
Al respecto, el Sindicato Nacional de Profesores de Instituciones de Educación Superior criticó la decisión.
Publicó una nota para advertir que la medida pondría ‘en riesgo la salud de profesores, estudiantes y personal técnico-administrativo’.
En un momento en que los casos de Covid-19 volvieron a crecer, las tasas de transmisión se aceleran y el sistema de salud pública y privada nuevamente está saturado, ‘la reapertura de instituciones educativas que reúnen a miles de personas cada día no solo es peligro para la salud, sino un acto criminal’, denunció Andes.
Brasil registra hasta la fecha 174 mil 515 decesos y seis millones 436 mil 650 contagios por el patógeno, dígitos que lo confirman entre los países más afectados por la pandemia junto a Estados Unidos y la India.
Por: Daniel Mato
El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.
El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.
En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.
El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior
En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita*.
Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.
El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.
Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).
Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.
Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).
Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.
El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.
Actualizar la IES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional
La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.
Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.
Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.
También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.
Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).
*Leer el Informe de referencia preparado para el Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción – Etnicidad y Educación en Argentina – Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina.
Leer la nota original en Revista Movimiento.
Foto cortesía de Nodal.
Referencias
Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.
Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.
Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.
CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.
DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.
ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del Valle, ENDEPA.
Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).
Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.
Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.
Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.
Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.
Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.
Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.
Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.
ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.
ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.
ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.
Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.
Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.
Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/11/27/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional/#:~:text=En%20el%20sistema%20de%20educaci%C3%B3n%20superior%20argentino%2C%20el,se%20expresa%20de%20diversas%20formas.&text=No%20obstante%2C%20a%20diferencia%20de,decir%2C%20no%20asegura%20estos%20derechos.
América del sur/Brasil/Diciembre 2020/Telesur tv
A partir del 4 de enero del año 2021 miles de estudiantes universitarios deben regresar a los centros educativos.
El Ministerio de Educación de Brasil (MEC) anunció este miércoles la reanudación de clases presenciales en las diferentes instituciones de educación superior, en medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus.
A partir del 4 de enero del año 2021 miles de estudiantes universitarios, así como de instituciones técnicas y tecnológicas deberán regresar a los centros educativos, exceptuando a los grados de educación básica y secundaria.
En ese sentido, los Decretos número 1030 y 572 del MEC establecen que los centros educativos deben adoptar medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios con la Covid-19.
Igualmente, el Ministerio de Educación indicó que los docentes deben hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas en aras de recuperar las horas de clases perdidas durante el confinamiento debido a la complejidad sanitaria de la Covid-19.
“Los recursos educativos digitales, tecnologías de la información y la comunicación u otros medios convencionales se utilizarán de manera complementaria, de manera excepcional, para el pago de las horas de carga docente, en cumplimiento de las medidas para enfrentar la pandemia Covid-19 establecidas en el Protocolo de Bioseguridad establecido en la Ordenanza MEC No. 572, 2020”, expresa el Decreto 1030.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil precisó que hasta la fecha el país suramericano acumula 6.386.787 contagios con la Covid-19 y 173.817 decesos.
Fuente: https://www.telesurtv.net/news/anuncian-reanudacion-clases-presenciales-brasil–20201202-0025.html
América del sur/Ecuador/Diciembre 2020/http://spanish.peopledaily.com.cn/
El Gobierno de Ecuador lanzó hoy martes el programa «Canasta Digital», a través del cual se garantiza la conectividad a internet en todo el país con la instalación de 6.900 zonas wifi y la entrega de tabletas electrónicas para facilitar la educación virtual durante la pandemia del nuevo coronavirus.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó el programa en un acto oficial en el que participó el presidente Lenín Moreno.
«El futuro apunta a ser virtual, habrá que acostumbrarse a esa realidad, y la única forma es tener instrumentos digitales», dijo el mandatario, tras destacar la necesidad de cerrar la brecha digital en Ecuador con un acceso equitativo a la tecnología.
«Es importante que nosotros tengamos equidad digital (…) más aún los pobres, porque sabemos que la brecha que se abre, por las condiciones socioeconómicas y por la brecha científica, puede ser inmensa», apuntó.
Como parte del programa «Canasta Digital», Moreno entregó simbólicamente dos tabletas de un total de 100.000 que el Ministerio de Telecomunicaciones entregará en una primera fase a estudiantes del sistema educativo público para facilitar la teleeducación durante la pandemia.
Por la emergencia sanitaria, Ecuador mantiene suspendidas las clases presenciales en todos sus niveles, y debido a la nueva normalidad se realizan de manera virtual a través de plataformas digitales.
La situación generó dificultades en el aprendizaje, sobre todo en los sectores más pobres del país, debido a la carencia de internet y de dispositivos para acceder a la educación virtual.
En esa línea, Moreno resaltó que «es enorme el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno para poder equiparar oportunidades» con la entrega de tabletas y la instalación de zonas wifi.
El ministro Michelena detalló a su vez que 2.756 puntos wifi se instalarán en parques y plazas públicas, 2.535 en escuelas y 523 en edificios públicos, entre otros espacios.
Además, se implementará la «Van Móvil de Internet», vehículos que recorrerán las 24 provincias del país para llegar con servicio de internet donde no existe conectividad.
«Estos vehículos se han adaptado para tener varios usos, como educación y trámites digitales», apuntó.
De igual manera, indicó que durante este mes se distribuirán 100.000 tabletas a estudiantes de tercer año de bachillerato junto con 50.000 chips, cada uno con 5 GB (gigabytes) de datos móviles gratis.
Ecuador registró 988 nuevos casos de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total se elevó a 193.673 desde el inicio de la pandemia, el pasado 29 de febrero, según el reporte diario del Ministerio de Salud.
Además, la nación andina, sumó 9.052 fallecidos confirmados por el virus y 169.804 pacientes recuperados de la enfermedad en nueve meses de pandemia.
Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/1202/c31617-9794743.html
Por: El diario de la Educación
Perú ha vivido en las últimas semanas una crisis política que supera la ficción: tres presidentes en siete días, una vacancia y protestas multitudinarias en todo el país sudamericano. Esta, sumada a la crisis sanitaria y todos sus efectos en la economía, se ha convertido en el mayor reto de los peruanos de cara al bicentenario de su independencia.
La crisis se acentuó cuando el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia del presidente peruano, Martín Vizcarra. Pero es acertado afirmar que el conflicto y la indignación de los peruanos empezó desde mucho antes. Algunos lo atribuyen a 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones por corta diferencia a su principal contendora, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular.
Desde entonces, la mayoría de los escaños del Congreso ha sido conformada por partidos de la oposición, lo que ha impedido una fluida gobernanza por más de dos años. Kuczynski enfrentó dos mociones de vacancia bajo el supuesto legal de “incapacidad moral”, amparado por la Constitución de 1993. Un término que ahora es cuestionado por constitucionalistas y expertos por su amplia interpretación. Antes del debate de la vacancia, Kuczynski presentó su renuncia tan solo dos años después de haber asumido como primer mandatario del país, dando paso a que su primer vicepresidente, el entonces embajador de Perú en Canadá, Martín Vizcarra, jurara el cargo como nuevo presidente.
Sin embargo, el Congreso continuó asumiendo una posición hostil y poco accesible a la comunicación, imponiendo una barrera entre los poderes legislativo y ejecutivo. Este fue el mayor reto de Vizcarra desde un inicio. En solo dos años de gobierno existieron cinco presidentes del Consejo de Ministros y, por lo tanto, cinco gabinetes, que cambiaban por los procesos de investigación que iniciaba el Congreso en contra del gobierno y que representaba una presión política para que renunciaran a sus cargos ante el presunto delito de corrupción o por la negación al voto de confianza que debían otorgar los congresistas a cada cartera de ministros.
Es imposible no regresar a estos hechos —que fueron aún más conflictivos y complicados de lo que parecen— cuando se pretende entender la indignación de los jóvenes que marchan ahora. Según diversos especialistas, son universitarios y recién licenciados que tienen entre 20 y 30 años. No tienen una ideología particular que los integre, ni posiciones políticas, solo malestar e indignación social y política, el signo de los tiempos y de la juventud en el mundo entero.
La pandemia, que agravó las diferencias sociales y económicas en el país, cumplió también un papel en el agotamiento y frustración. Así como ocurrió en Chile, Guatemala y Estados Unidos, el confinamiento o toques de queda no fueron impedimento para que los jóvenes salieran a protestar ante lo que consideraban injusto y antidemocrático. En una semana de protestas intensas, con enfrentamientos violentos con la policía y el atropello de su derecho a la protesta, empujaron la renuncia de Manuel Merino tras cinco días como presidente de facto, luego de la vacancia de Vizcarra.
Pero lejos de contentarse, los estudiantes continuaron con su protesta, esta vez con mensajes claros: la formación de una Asamblea Constituyente encargada de hacer una nueva Constitución, reformas en el cuerpo policial y justicia para Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados por la policía en medio de los enfrentamientos.
La noche del 14 de noviembre, la primera marcha convocada a nivel nacional, Inti de 24 años recibió cuatro proyectiles de armas de fuego en el tórax; mientras que Bryan, estudiante de derecho de 22 de años, recibió 10 perdigones: cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo izquierdo. Ambos llegaron sin vida al hospital. Días antes, los manifestantes inundaban las redes sociales con imágenes que prueban la violencia policial desmedida usada durante su recorrido por el centro de la ciudad. Decenas denunciaron el uso de perdigones, uso abusivo de bombas lacrimógenas (incluso desde un helicóptero), policías sin identificación encubiertos como civiles (conocidos como “grupo terna”) y desapariciones de hombres y mujeres participantes en la marcha.

El pasado lunes, el congresista Francisco Sagasti asumió como presidente del Congreso y, por lo tanto, como Presidente de la República. Si esta estabilidad continúa, será el último mandatario antes de las elecciones generales planeadas para abril del 2021. Por lo pronto, las manifestaciones en el país no han cesado. Aún sin responsables por el asesinato de los jóvenes y un Congreso manchado por investigaciones de corrupción y otros delitos, los colectivos permanecen en contacto y comunicación permanente.
Las redes sociales, su principal canal, siguen acaparadas con las convocatorias de nuevas marchas, consejos sobre cómo actuar frente a las detenciones, rechazo a la cobertura de medios tradicionales y mensajes hacia sus autoridades. Dentro de las múltiples voces de las redes, una de ellas remarca: “Se metieron con la generación equivocada”.
Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/30/los-estudiantes-lideran-la-protesta-que-ha-tumbado-dos-presidentes-en-peru/
Un colegio de Tierralta, Córdoba, será el primero del país en cambiar su naturaleza y convertirse en escuela normalista, los ‘colegios de los maestros’. Esto es posible gracias a la nueva reglamentación con la que el Ministerio de Educación busca impulsar este tipo de instituciones.
Las escuelas normales superiores fueron las primeras instituciones acreditadas para formar maestros en el país y fueron las únicas en hacerlo hasta 1934, cuando se crearon las primeras facultades de educación.
Pero con el tiempo, las normalistas perdieron protagonismo en su tarea de preparar a los profesores. En 1997 y 2008 la ley les exigió pasar por procesos de acreditación, que disminuyeron su presencia en el sector educativo. De más de 300, ahora solo quedan 137.
Según la Ley General de Educación, la idea es que estas instituciones cumplan un papel de “formación inicial de docentes”, lo que implica el primer paso en una instrucción posterior más completa en licenciaturas y otros estudios. Sin embargo, por las dificultades de acceso a la educación superior (especialmente en las zonas más aisladas del país, donde mayor presencia tienen las normales), muchos normalistas no pueden continuar su carrera.
Por esa razón, en las escuelas rurales y los pueblos apartados del casco urbano estos profesores todavía cumplen un papel destacado en la educación. Además, porque en estas zonas hacen falta docentes.
Las normales funcionan básicamente como una escuela secundaria regular, con una salvedad: después de grado 11, los alumnos pueden cursar un programa de formación complementaria en el que estudian cuatro semestres más y salen calificados para enseñar en preescolar o primaria.
Actualmente, hay 137 escuelas normales superiores en todo el país y se gradúan cerca de 7.000 estudiantes, según cifras de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores de Colombia (Asonen). Esto es, casi la quinta parte de todos los graduados en ciencias de la educación: 37.000 cada año.
El principal objetivo de las escuelas normales es suplir la falta de docentes en colegios de ciertas regiones. – Foto: EducapazDe acuerdo con Miguel Romero, rector de la Institución Educativa Agroecológica Nuevo Oriente, en Tierralta, Córdoba, la importancia de las escuelas normales radica en que pueden formar a los jóvenes del mismo municipio para que, una vez terminen su proceso educativo, puedan ejercer la docencia en ese mismo municipio: “Muchas veces las plazas docentes en municipios alejados, o que han tenido conflicto, no son apetecidas por muchos profesores, razón por la que se hace vital formar el talento de la misma región, dado que así es más fácil que se queden aquí para aportar a la formación de calidad de futuras generaciones”.
Por esa razón, esta institución educativa será la primera del país en cambiar su naturaleza y pasar a convertirse en la Escuela Normal Superior del Alto Sinú. De acuerdo con cifras de Educapaz, entidad que acompaña el proceso de transformación del colegio, la mayoría de los 1.400 estudiantes del colegio viven en el barrio 9 de Agosto, que en algún momento fue una de las invasiones más grandes de Colombia.
El 66 % de la población estudiantil pertenece a familias en situación de desplazamiento forzado, y el 15 % a familias reincorporadas. “Todas las familias son vulnerables. La escuela empezó con unos quioscos de hoja de palma y hoy en día es prácticamente una ciudadela educativa: tiene un centro de desarrollo infantil anexo al colegio y los estudiantes salen como técnicos del SENA con énfasis agroecológico”, explicó el rector.
Desde su fundación, esta institución le apostó a la construcción de paz. Por eso cuenta con numerosas iniciativas propias y alianzas estratégicas con oenegés nacionales, cooperación internacional, universidades de la región y empresas privadas, que le han permitido posicionarse como un laboratorio de paz en el municipio. Además, a fin de ir un paso más allá y a causa de la necesidad de formar talento oriundo de la región, aplicaron al proceso de transformación que adelantaba la Gobernación de Córdoba.
Al tener avances en la doble titulación de bachilleres y trabajar con una población vulnerable, este colegio terminó elegido para ser el primero del país en convertirse en escuela normal superior, a pesar de no haber sido fundado así. Este es un proyecto bandera de la Gobernación de Córdoba, pionera nacional al proponer que, durante los próximos tres años, tres instituciones educativas puedan convertirse en escuelas normales superiores para aportar a la formación de maestros con enfoque de paz y con gran arraigo al territorio, en las zonas más violentas del departamento: el Alto Sinú y el Alto San Jorge, las cuales componen la subregión PDET Sur de Córdoba y Zona Costanera.
De acuerdo con el rector Romero, el proceso de transformación durará cerca de un año. “En 2021 estaremos en la adaptación del proyecto educativo institucional, que se acople con el nuevo enfoque al que pasaremos, acompañados de Educapaz y el ministerio, para así iniciar en 2022 con la formación de nuestros futuros maestros”, concluyó.
El principal objetivo de las escuelas normales es suplir la falta de docentes en colegios de ciertas regiones. – Foto: EducapazLas escuelas normales superiores pasaban por un problema de normatividad bastante particular. Están cobijadas por la Ley 115 (que abarca a las instituciones de educación básica y media) y sus exigencias son, en su mayoría, las de una escuela de primaria y secundaria.
Pero también cumplen funciones de una institución de educación superior, pues gradúan a personas calificadas para el trabajo docente. Por eso, las condiciones de calidad no están niveladas con las que se les exige a los programas de licenciatura. En aspectos como la práctica pedagógica, los normalistas tienen una gran ventaja, pues su formación es práctica casi en su totalidad. Pero en otros temas, como la investigación o el aprendizaje de inglés, están atrasadas.
Además de eso, con el mismo presupuesto que les asignan a las escuelas oficiales, las normales tienen que proveer su programa complementario de dos años más. Solucionar estos problemas implicaba replantear la normativa que regía las normales; por tal razón, hace unas semanas el Ministerio de Educación emitió las novedades en cuanto a la reglamentación, que ha venido trabajando de la mano con Asonen y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Se trata de la expedición del Decreto 1236 del 14 de septiembre de 2020, el cual establece los mecanismos y las rutas para que los educadores normalistas vinculados al sector oficial se profesionalicen al cursar licenciaturas con financiación del 100 % de su valor. De igual manera, le apunta a desarrollar un proyecto normativo para reglamentar su organización y funcionamiento.
Con la nueva norma, se abrió la posibilidad de que las normales suscriban convenios con instituciones de educación superior para ejecutar proyectos de investigación conjuntos, reconocer saberes, organizar las prácticas de los normalistas superiores y darle continuidad a su formación en un programa de licenciatura. A su vez, las escuelas normales podrán recibir estudiantes de licenciatura de las instituciones de educación superior para que hagan sus prácticas profesionales.
Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/el-colegio-de-profesores-llego-el-resurgir-de-las-escuelas-normales/202049/