Los docentes de Secundaria reclaman por un mayor presupuesto para la educación y se concentrarán junto a Ademu a mediodía en Torre Ejecutiva.
La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) resolvió en asamblea este sábado convocar a un paro de 24 horas este lunes 10 de noviembre en los liceos de la capital.
Bajo la consigna «Por un presupuesto digno para la educación pública», los docentes prevén reunirse a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Independencia para elaborar materiales y difundir sus reivindicaciones, para luego concentrarse en Torre Ejecutiva desde el mediodía junto con la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).
El paro de profesores en la capital se suma al de 24 horas anunciado para el lunes por Ademu Montevideo, que completará tres días de paralización tras la situación de violencia extrema registrada en la Escuela 123 de Flor de Maroñas cuando un grupo ingresó al centro educativo y agredió a niños, docentes y familias.
El Movimiento Federal por Más ESI celebrará el 19° aniversario de la sanción de la Ley de Educación Sexual integral el domingo 9 de octubre en Parque Avellaneda para «compartir con toda la comunidad la importancia de esta política pública«.
Recientemente se cumplieron dos aniversarios importantes: el 4 de octubre la sanción de la ley nacional N°26.150 y el 12 de octubre de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.110. Para el Movimiento, la ESI es «un derecho de niños, niñas y jóvenes. Habilita a tener una vida saludable, visibilizar situaciones de abuso sexual en las infancias, prevenir violencias de género y embarazos no intencionales, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, entre muchos otros beneficios demostrados por años de investigación educativa rigurosa».
En contra de la evidencia científica y de las casi dos décadas de «trayectoria exitosa», el Movimiento indica que tanto el Gobierno Nacional como el porteño «están llevando a cabo políticas que impiden o censuran su implementación. A pesar del ataque sistemático contra la ESI, el desfinanciamiento, el retroceso en términos de capacitación y formación docente, seguimos resistiendo y construyendo aprendizajes de manera colaborativa y en clave de ESI».
La cita del Encuentro xmásESI CABA es el domingo 9 de noviembre a las 15 hs. en el Parque Avellaneda (entrada por Directorio y Lacarra, a la izquierda de la Casona). Habrá distintas actividades para conocer la ESI: rondas de conversaciones, juegos, lecturas, espacios para las infancias, postas y kermes, y radio abierta.
Mientras crece la población de niños y niñas en situación de calle, el Gobierno responde con una combinación de mano dura y paliativos. Un sector de la sociedad criminalizado y llevado a la invisibilidad
Sofía tiene 19 años y pide limosna en una estación del subte con sus hijos, mellizos de nueve meses. Agentes de la Red de Atención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le advierten que no puede estar así en la calle y le ofrecen trasladarse a un parador de familia. Ella rechaza la propuesta y los agentes se retiran, pero la historia registrada el 29 de septiembre tiene un final abierto: el Protocolo Cero Niños en la Calle del Gobierno porteño implica el seguimiento de los adultos responsables e intervenciones que contemplan la pérdida de la custodia de los menores a cargo.
El caso fue expuesto en la red X por Gabriel Mraida, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. «No vamos a permitir que haya chicos durmiendo en la calle. Vamos a llegar hasta la última instancia si es necesario, dando curso a la Justicia para que decida si hay que separar temporalmente a los padres de sus hijos», proclamó el funcionario, que además publicó una foto de Sofía con sus hijos.
El protocolo comenzó a implementarse en febrero de 2024. Según Mraida, permite «ser más eficientes y rápidos cuando hay un chico durmiendo en la calle». Sin embargo, antes que resolver problemas crónicos de alojamiento y asistencia, las intervenciones del Gobierno de Jorge Macri siguen la lógica del eslogan «orden y limpieza» con el que expulsa a personas del espacio público sin ofrecer alternativas a la situación de calle.
Carlos Pisoni, del Ministerio Público de la Defensa de CABA, observa una combinación de mano dura y paliativos: «A partir de la asunción de Jorge Macri aumentaron los casos de violencia institucional y las causas judiciales contra personas en situación de calle. Por otra parte hay más Centros de Inclusión Social respecto de los antiguos paradores, pero son insuficientes para la situación actual y el subsidio que se otorga a las personas con problemas de vivienda es la mitad de lo que vale la habitación de un hotel».
Extrema vulneración
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) desarrolla desde 1997 un programa de atención a niños y jóvenes en situación de calle. Elizabeth Quintero, una de las coordinadoras nacionales del organismo, explica que el proyecto inicial puso el foco en brindar asistencia jurídica ante la violencia policial y en 2016 se reformuló con el nombre Aylluman Kutina (Volviendo a la comunidad, en quechua): «Nos propusimos generar vínculos con las familias y espacios que les sirvan a los chicos. Los pibes a los que acompañamos pertenecen a un sector de la sociedad criminalizado y llevado a la invisibilidad».
La campaña «orden y limpieza» de la gestión de Jorge Macri se hizo patente en Constitución, el barrio donde trabaja el Serpaj. «La estación está casi vacía. No se valora que las personas generan vínculos y sentidos de residencia en la calle. Los vendedores de Constitución tenían lugares donde contenerse, donde acompañarse, y de pronto los expulsaron», afirma Quintero. La política no se restringe a la calle: «Teníamos un convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad que garantizaba talleres y guarderías para los chicos. No fue renovado».
El relevamiento nacional realizado por organizaciones sociales en noviembre de 2023 registró 8.028 personas sin techo en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas 909 niños, niñas y adolescentes. La cifra aumentó a más de 11.000 personas según un censo realizado también por organizaciones sociales entre el 26 y 28 de junio de este año. Los Centros de Inclusión Social tienen capacidad para unas 3.000 personas y se estructuran según los grupos, entre ellos mujeres con niños (11,4%) y familias biparentales (14,6%).
Corrientes y 9 de julio. Una mujer y su hija piden ayuda a peatones en la puerta de un supermercado en pleno centro porteño.
«A través de actividades lúdicas tratamos de identificar cuestiones tanto individuales de los niños y adolescentes como integrales de la situación familiar. Los problemas de los pibes no tienen una única solución, hay muchas variantes –explica Yamila Rodríguez, integrante del Serpaj-. Al mismo tiempo generamos vínculos con instituciones públicas y privadas para atender problemas de escolaridad, identidad, salud, discapacidad».
Elizabeth Quintero observa que «los chicos vuelven a inhalar pegamento, son cosas que se ven en momentos de extrema vulneración». Los niños y adolescentes a los que acompaña el programa «pasan muchas horas solos en la calle», entre la zona de Constitución y asentamientos donde viven sus familias. «Al trabajar como vendedores ambulantes pasan cuatro o cinco días fuera de sus hogares, generalmente en zonas desprovistas de servicios básicos, y vuelven únicamente a dormir», agrega Yamila Rodríguez.
El programa incluye un grupo de promotores de derechos humanos que proviene de la misma población de niños y jóvenes y talleres relacionados con artes y oficios. «Nuestra idea básica es decirles a los chicos que no atraviesan una catástrofe de la naturaleza y que ellos tienen derechos. Por eso los acompañamos, no para tomar su lugar sino para que se piensen como sujetos y para que actúen por sí mismos», enfatiza Maximiliano Méndez, también operador de Aylluman Kutina.
Una población invisible La política punitiva y estigmatizadora tiene otro referente en el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien trata de «fisuras» y «delincuentes» a las personas que viven en la calle o subsisten con actividades informales y exhibe desalojos y procedimientos de modo denigrante en sus redes sociales. «En la Ciudad de Buenos Aires se registra el mismo nivel de violencia», afirma Pisoni.
«El Ministerio Público de la Defensa defiende a personas a las que les arman causas judiciales y también a familias que terminan en la calle porque el subsidio habitacional no les alcanza», explica Pisoni, responsable de la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas de Grupos Vulnerables.
Quintero detalla que la policía de la Ciudad y los agentes del Gobierno porteño «se llevan los colchones de los chicos, o se los mojan, y les quitan sus pocas pertenencias». En ese contexto, «se habla de jóvenes en conflicto con la ley, pero el pibe se rebela cuando le sacan lo que tiene, y termina imputado por un delito cuando lo que hay es una violación a los derechos humanos».
Las requisas incluyen el secuestro de documentación, señala Yamila Rodríguez: «La policía retiene documentos de identidad, partidas de nacimiento y certificaciones de discapacidad. Son situaciones que se vienen dando este año y que expresan una negación del derecho a la identidad de las personas en situación de calle, una forma de invisibilizar a esas personas».
Elizabeth Quintero conoció cuatro generaciones de una misma familia que vivió en la calle, a partir de una joven que tuvo su primer hijo a los 13 años. «Lo que pasamos en este momento es horrible, pero el problema es crónico y se agrava», dice la coordinadora del Serpaj. «Si vemos como algo común que un niño o un adolescente esté en la calle tenemos otro problema –destaca Pisoni–. El Estado debe dar una respuesta porque estas personas tienen derechos que cada día son vulnerados».
Con la mirada puesta en la COP30, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, abre en Belém, Brasil, la Cumbre de Líderes, encuentro que congrega a jefes de Estado en torno a una agenda ambiental común.
Desde horas tempranas, el gobernante recibirá a mandatarios en el Parque da Cidade, antes de inaugurar, a media mañana, la sesión del foro en el Salón Plenario, donde se debatirán estrategias de financiación verde y cooperación internacional frente a la crisis climática.
La jornada estará marcada por una intensa agenda diplomática rumbo a la Conferencia de Naciones sobre el Clima (COP30), programada del 10 al 21 de noviembre en esta capital del amazónico y norteño estado de Pará.
Al mediodía, Lula sostendrá una reunión bilateral con el Príncipe de Gales, Guillermo, y el primer ministro británico, Keir Starmer, centrada en inversiones sostenibles y el desarrollo de proyectos conjuntos en energía limpia.
Más tarde, a las 15:00, hora local, el anfitrión se encontrará con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para discutir la ampliación del Fondo Amazonía y nuevas vías de colaboración para la conservación de los bosques tropicales.
Entre ambos encuentros, el jefe de Estado ofrecerá un almuerzo de trabajo a los líderes del Fondo Bosque Tropical para Siempre (TFFF), iniciativa brasileña que busca movilizar recursos internacionales para preservar los grandes pulmones verdes del planeta en América del Sur, África y Asia.
Lula presidirá, en horario vespertino, la primera sesión temática de la Mesa Redonda de Líderes, bajo el lema «Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos», en la que se abordarán los mecanismos de protección ambiental, la financiación climática y la cooperación global.
El programa cierra con la foto oficial de los jefes de delegación y una recepción ofrecida por Lula y la primera dama, Janja Lula da Silva, en el Palacio Presidencial.
Uno de los anuncios más relevantes del día será la presentación conjunta de las presidencias de las COP29, (Azerbaiyán) y COP30 (Brasil), de la denominada Hoja de Ruta Bakú-Belém.
Tal plan internacional aspira a movilizar 1,3 billones de dólares anuales hasta 2035 para financiar acciones climáticas, con énfasis en los países en desarrollo.
El documento propone nuevas fuentes de recaudación como impuestos a la aviación, a los bienes de lujo y a las grandes fortunas, además de reformas en el sistema financiero global para facilitar el crédito y aliviar la deuda de las naciones más vulnerables.
Con esta cita de alto nivel, Brasil reafirma su papel como voz del Sur Global en la lucha contra el cambio climático.
El British Council cita la dificultad financiera y los problemas familiares como motivos de deserción
El estudio señala desigualdades de ingresos y de convivencia con la violencia.
Por: Tulio Kruse
São Paulo
Tres de cada cinco brasileños que interrumpen sus estudios antes de llegar a la educación superior son negros, según una investigación sobre las perspectivas de la juventud brasileña publicada por el British Council —organización de cultura y educación vinculada al gobierno del Reino Unido.
Entre quienes dejan de estudiar antes de terminar la educación secundaria, el 63% son negros y pardos, frente al 33% de blancos, según el estudio. Los datos muestran que, aunque la población negra representa el 55,5% de los brasileños, es minoría entre quienes concluyen el nivel universitario y constituye una mayoría desproporcionada entre los que abandonan los estudios.
La mitad de los jóvenes de entre 19 y 24 años no está estudiando ni tiene título universitario. Los negros y pardos, además de abandonar la educación básica con mayor frecuencia, reportan una convivencia con situaciones de violencia en mayor proporción, forman la mayor parte de la fuerza laboral informal y enfrentan más dificultades para pagar necesidades básicas.
El motivo más común para abandonar los estudios es la restricción financiera (39% de las respuestas), seguida por las responsabilidades familiares y los problemas con el transporte hasta la escuela (19% en ambos casos).
El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, realizado el jueves 30 de octubre con la participación de 84 representantes de las asociaciones de base de todo el país, resolvió dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria.
Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público.
Por ello, CONADU Histórica convoca a un Paro Nacional de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, en el marco de la continuidad del Plan de Lucha en todas las universidades del país.
La medida afectará a todos los liceos de la capital y se enmarca en la lucha presupuestal del gremio
Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo) Diego Battiste
La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo realizará este martes 27 y miércoles 28 de octubre un paro general que abarcará todos los liceos de la capital, con mayor impacto en la zona oeste de la ciudad.
La medida se enmarca en la lucha presupuestal del sindicato y tiene como principal objetivo reclamar la construcción de un nuevo liceo de bachillerato en el barrio La Teja.
En el marco de la jornada de paro, ADES acompañará la ocupación del diferentes liceos de la capital.
La presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, Verónica Méndez, explicó a El Observador que los profesores se van a «distribuir entre los liceos ocupados», motivo por el cual no se dictarán clases en ningún centro público.
La ocupación de «la mayor cantidad de liceos» responde a una resolución de la asamblea para «salir al barrio, hacer volanteadas y talleres de Presupuesto para explicar por qué estamos de paro«, agregó.
La central sindical PIT-CNT realizará un paro general parcial el miércoles 29 de octubre, entre las 9:00 y las 13:00 horas, acompañado por una movilización desde la explanada de la Udelar hasta el Palacio Legislativo, donde se leerá una proclama. La medida se enmarca en la discusión del presupuesto nacional y los reclamos del gremio.
Principales reclamos
El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, destacó que, aunque el presupuesto actual difiere del anterior, sigue siendo insuficiente. Entre los principales reclamos se encuentran:
La aplicación de un impuesto al 1% más rico de la población.
La reducción de la carga horaria laboral.
Aumentos y asignación de recursos en el presupuesto nacional, con un enfoque en los sectores más vulnerables.
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