Argenis es uno de los jóvenes líderes cuyo trabajo se desarrolla en el marco de Alimenta La Solidaridad Falcón. Proactivo, articulado y compenetrado con su comunidad, Argenis siempre es una voz de voluntad y trabajo. Cuando iniciamos nuestra reunión, Argenis señala con orgullo cómo Alimenta Falcón se ha mantenido en funcionamiento durante el complejo año de 2020. “A pesar de todo”, nos cuenta, “hemos llegado a los 17.000 almuerzos servidos en este año”.
Pero los logros alcanzados por Alimenta se producen en un estado Falcón que muestra todos los problemas de la crisis sistémica y la emergencia humanitaria que padece el país. El colapso de servicios primarios, la orfandad institucional de los ciudadanos, las realidades de la migración forzada, la hiperinflación y el caos generado desde la dictadura, convierten el día a día de los falconianos en una odisea ininterrumpida para sobrevivir.
Argenis nos testimonia cómo la crisis de salud lleva a madres de su comunidad a esperar en los pasillos de un centro médico para que puedan cortarles el cordón umbilical, luego de haber dado a luz en sillas o en los estacionamientos. “La situación ha llegado a un punto en que han reaparecido las comadronas ante la imposibilidad de los trabajadores de la salud de poder atender los partos”.
Hay comunidades sin servicio de agua por 7 meses y, de manera oportunista, representantes del Estado entregan una bomba de agua con fines propagandísticos, que luego no dura en funcionamiento más de tres días. En Paraguaná, entre apagones de luz, las personas aprovechan el agua que destila de los aires acondicionados cuando ocasionalmente y por breves horas hay electricidad.
Pero tal vez una de las cuestiones que más preocupa a Argenis es la falta de oportunidades para profesionales y jóvenes en su región. Nos cuenta que muchos docentes en su estado se ven forzados a sembrar conucos para poder tener alimentos a los que no pueden acceder por la situación económica y los problemas de distribución derivados de la falta de combustible. El aumento de la migración entre los jóvenes, que parten por diversas vías buscando medios de supervivencia y fuentes de trabajo para proveer a sus familias, ha aumentado en los últimos meses. De Falcón parten botes pesqueros a Curazao y Aruba, en travesías de gran peligro, en embarcaciones que exceden sus capacidades, ocupadas hasta por 30 pasajeros. Se han producido ya varios volcamientos y naufragios, que no son reconocidos públicamente por los organismos oficiales.
Frente a esta realidad, Argenis resalta la importancia de iniciativas convivenciales como las de Alimenta La Solidaridad, no solo por el abordaje que estos programas hacen de problemas tan prioritarios como la crisis alimentaria, sino también por la vinculación, el encuentro y la organización que plantea nuestro modelo. La articulación de diversos actores sociales, la creación de redes de solidaridad y apoyo, representan en estos momentos los esfuerzos más significativos de la sociedad civil para enfrentar y aliviar los problemas de la terrible situación que hoy padecemos en el país.
Para Argenis es evidente que sin un cambio político no podrán superarse los problemas que estamos atravesando, pero señala la importancia de la organización y articulación de las personas en iniciativas como Alimenta, que están lidiando con la gravedad de lo inmediato y apoyando a las personas, sometidas, reprimidas y olvidadas por el régimen.
robertopatino.com
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/la-realidad-de-la-emergencia/
El programa busca minimizar los índices de trabajo infantil, sensibilizando al ciudadano a no entregar dinero o alimentos a niños, o a adultos con niños, que se encuentren en las calles.
– Esta iniciativa busca crear conciencia ciudadana en torno a una situación que trunca los sueños de los niños.
Diego, a sus 10 años, cambió sus lápices, libros y cuadernos por cajas de dulces, chicles y bolsas de galletas, elementos que día a día ofrece en los semáforos ubicados al norte de la ciudad. La razón, él mismo la dice con la inocencia de sus pocos años de vida: “No hay para comer en mi casa”. Su sueño, cada vez más lejano, “es ser doctor”.
Diego no es consciente de los riesgos que corre al vender dulces en la calle. Solo tiene pocos minutos para acercarse a los carros mientras el semáforo cambia del rojo al verde. Sonríe, espera que un vidrio baje y una mano se extiende con una moneda. Y así, una y muchas veces.
Ese es su día a día. Lo que Diego no sabe es que, aunque le compren dulces todos los días, cada vez está más lejos de cumplir su sueño de ser médico.
Este pequeño es uno de los más 1.094 casos detectados de trabajo infantil en Barranquilla, los cuales han sido identificados a través de las busquedas activas que constantemente realiza la Secretaría de Gestión Social desde su programa de Protección de niños, niñas y adolescentes, en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Gobierno, Migración Colombia y la Policía de Infancia y Adolescencia.
Historias como la de Diego y las cifras de esta problemática fueron justamente las que motivaron a la primera dama del Distrito, Silvana Puello, a liderar acciones para erradicar el trabajo infantil en nuestra ciudad.
Así nació ‘Trabajando por los Niños del Semáforo’, una estrategia que pretende llegar al corazón del ciudadano, haciéndolo consciente del daño que se le hace a la vida de un niño cuando se refuerza la mendicidad y el trabajo en los semáforos.
La alta permanencia de niños y adolescentes en esta condición y buscar mejorar su calidad de vida son los impulsos de este proyecto de la Secretaría de Gestión Social al que se ha unido la fundación Finsocial, una organización que también viene trabajando por los niños que se encuentran en condición de calle, y que será la encargada de recibir y organizar todo lo que las personas deseen donar para luego distribuirlos entre las familias que se encuentren en las búsquedas activas.
‘Trabajando por los Niños del Semáforo’ es una estrategia de ciudad que busca minimizar los índices de trabajo infantil, sensibilizando al ciudadano a no entregar dinero o alimentos a niños, o a adultos con niños, que se encuentren en las calles.
El lanzamiento se realizó en los semáforos ubicados en la calle 99 con carrera 56, frente a los centros comerciales Buenavista y Plaza del Parque, sitios donde diariamente se presenta esta problemática.
La primera dama del Distrito, Silvana Puello, fue la encargada de oficializar el lanzamiento de la campaña al expresar: “Con esta estrategia queremos involucrar y concientizar a los ciudadanos, a que hagan parte de la gran misión que tenemos para que nuestros niños y niñas no sigan siendo utilizados como herramienta de trabajo, porque esto no podemos hacerlo solos, necesitamos del compromiso de todos. Cada vez que damos dinero en las calles contribuimos a multiplicar esta problemática y la responsabilidad de trabajar no es de nuestros niños”.
La primera fase de la campaña
‘Trabajando por los Niños del Semáforo’ comprende actividades pedagógicas en 20 semáforos de la ciudad, ubicados en las localidades Riomar y Norte-Centro Histórico.
“Queremos educar a los ciudadanos, les estamos dando posibilidad de ayudar de una manera diferente a los niños que sufren esta problemática. En cada uno de los 20 semáforos donde estamos mostrando la campaña hay carteles que tienen un código QR que al escanearse les mostrará a los ciudadanos que hay mejores formas de ayudar a estos niños. La mejor manera de decir no al trabajo infantil es no comprando el chicle, la fruta, dando la moneda, hay mejores formas de ayudar y esta es una de ellas”, expresó la directora del programa distrital de Niñez, Adolescencia y Juventud, Leyla Yidios.
Además de las activaciones, se estarán realizando búsquedas activas en el norte de la ciudad, en un trabajo articulado de la Secretaría de Gestión Social, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Gobierno y Migración Colombia.
“El barranquillero es solidario, es generoso. Por eso buscamos estrategias alternas para que el dinero, ropa o alimentos que antes daban a los niños o a los adultos que están en las calles con niños lo hagan a través de Finsocial, que es un gran aliado en el trabajo de rescatar a nuestros niños y niñas de las calles”, expresó el secretario de Gestión Social, Santiago Vásquez.
A la fecha, el programa ‘Trabajando por los Niños del Semáforo’ ha realizado 46 búsquedas activas sensibilizando a 431 niños en el transcurso de este año.
Adías del anuncio del envío de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, este jueves, el Ministerio de Salud aprobó el documento «Atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. Hoja de ruta. Herramientas para oriental el trabajo de los equipos de salud».
Su objetivo, que se encuentra detallado en la Resolución 1841/2020 del Boletín Oficial, es «Promover una atención de calidad a niñas y adolescentes menores de 15 años que cursan un embarazo». El texto afirma que el embarazo infantil y adolescente y su potencial causa, el abuso y la violencia sexual, son «problemas de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales».
Durante 2018 hubo en Argentina 685.394 nacimientos, de los cuales 87.118 fueron de niñas y adolescentes menores de 20 años, asegura el documento. Esa cifra representa el 12,9% del total de los nacimientos de ese año. Además, la tasa de fecundidad adolescente fue de 1,4 nacidos por cada 1.000 niñas y adolescentes, lo que significa entre 6 y 7 nacimientos por día.
El documento se dirige, principalmente, a integrantes de equipos de salud y a los demás organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tales como docentes, operadores y operadoras de diversos sectores, para «lograr que quienes estén en contacto con esta población brinden una asistencia atenta, respetuosa y libre de prejuicios es una condición necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos».
La hoja de ruta contempla, entre otras cosas, que al detectar el embarazo se le de una admisión inmediata de urgencia, que la persona que es paciente reciba atención integral y escucha empática y que se active la Consejería en Derechos. Dentro de esta última se encuentran las opciones de Interrupción Legal del Embarazo o la continuidad del mismo con la posibilidad de gestionar una adopción.
La herramienta también exige una Consejería y anticoncepción inmediata posevento obstétrico, que informe sobre los factores de riesgo y refuerze la información a la persona a tratar sobre la autonomía y consentimiento en el ejercicio de su sexualidad.
Por último, el documento establece que debe realizarse un seguimiento integral, contemplando al entorno social y familiar de la persona y facilitando una red de contención y apoyo.
El 30 de septiembre de 2020 la CIDH presentó a la Corte IDH el caso de violación de los derechos a la vida, el territorio y los derechos económicos de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane. La Corte podría tomarse al menos dos años en sentenciar el caso.
Los Pueblos Indígenas en Aislamiento han sufrido al menos tres matanzas en 17 años y expertos aseguran qie el Estado ecuatoriano no les ha garantizado el derecho a la vida.
Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.
“Los pueblos indígenas en aislamiento son el patrimonio vivo del país”, dice Milagros Aguirre, autora de varios libros sobre los indígenas en aislamiento. Además, Aguirre recuerda que el Estado tiene “una obligación de protección a los más débiles” y de cumplir los pactos internacionales de protección como los de las Naciones Unidas.
El 19 de octubre de 2015, cuando se realizó la audiencia de este caso en la CIDH —encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente— los participantes discutieron sobre la responsabilidad del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de los PIA. El caso fue llevado nueve años antes y denunciaba las matanzas a estos pueblos ocurridas en 2003 y 2006 .
Precisamente el 10 de mayo de 2006, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de los pueblos. Para cumplirlas, el entonces gobierno del Ecuador estableció, un año después, acciones concretas para proteger a los PIA. David Cordero Heredia, abogado de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie), explica que entre esas acciones estuvieron la delimitación y vigilancia en la zona intangible, un espacio protegido donde no se pueden realizar actividades extractivas. Para ello se destacó, además, a un grupo de guardaparques para resguardar el área. Como parte del plan, el gobierno monitoreó con fotografías satelitales la ubicación de los Tagaeri y los Taromenane.
Sin embargo, estas acciones tomadas por el Estado hace 14 años no continuaron y no han sido suficientes para proteger a estos grupos indígenas aislados. El tribunal internacional podría emitir una sentencia dentro de aproximadamente dos años.
Las matanzas que han vivido los PIA
La demanda contra el Estado ecuatoriano llegó a la Comisión porque los PIA han enfrentado tres matanzas, aunque los expertos coinciden en que son más. En el 2003, más de 20 Taromenane fueron asesinados por un grupo waorani, la nacionalidad idígena más cercana a los pueblos aislados. En una nota publicada en el 2003 por el diario El Universo, los waorani justificaron la matanza como una venganza por los ataques que vivían. En ese enfrentamiento, los wao llevaron hasta sus comunidades la cabeza de un Taromenane “como trofeo”, dice la nota.
Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. Audiencia realizada en la CIDH en octubre de 2015, intervino Moi Enomenga.
En el 2006, cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados en un enfrentamiento con madereros, pero en ese momento la ministra de Ambiente Ana Albán dijo que “no se encontraron huellas del enfrentamiento”. El gobierno se comprometió a controlar la extracción ilegal de madera en la zona donde viven los pueblos en aislamiento.
En 2013, los indígenas en aislamiento asesinaron a dos ancianos waorani, Ompure y Buganey. Ompure había alertado en una asamblea que los indígenas en aislamiento le pidieron ollas, machetes y hachas que él les entregó. Sin embargo, otro grupo de indígenas en aislamiento le pidió más cosas que no pudieron entregarse, por lo que los ancianos fueron asesinados. Luego de 20 días, como venganza, los waorani asesinaron a otros 30 indígenas en aislamiento y secuestraron a dos niñas Taromenane. Siete meses después, un grupo de policías élites encapuchados sacaron del territorio waorani a una de las niñas para llevarla a un hospital de la ciudad amazónica del Coca. Activistas y líderes waorani consideraron que fue un secuestro, pero para el gobierno fue un rescate.
El antropólogo Roberto Narváez, estudioso de los PIA y quien ha trabajado durante 20 años en territorio waorani, dice que en estas tres matanzas el Estado no realizó ninguna acción para frenar este tipo de hechos porque “hay prioridades y esas prioridades están marcadas por las industrias extractivas”. La Constitución ecuatoriana dice que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Dice que el Estado “adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”. En concreto, el Estado está obligado a proteger a estos pueblos a través de medidas específicas que no ha cumplido y que, coinciden los expertos, podrían haber evitado matanzas como las de los 30 indígenas aislados para vengar el asesinato de Ompure y Buganey.
Las promesas incumplidas del Estado
Los PIA están desprotegidos por el Estado, dice Milagros Aguirre. Una de las formas para protegerlos fue la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane, pero no ha sido garantía para su protección. Roberto Narváez dice que no existe ninguna política pública o algún instrumento que asegure el aislamiento de los PIA.
En mayo de 2019, el gobierno de Ecuador decidió ampliar la zona intangible del parque nacional Yasuní: pasó de 758 051 hectáreas a un poco más de 818 500. Esto equivale a una ampliación de cerca de 60 000 hectáreas. En ese momento la ampliación de la zona intangible parecía una buena noticia, pero el Estado no tomó en cuenta las evidencias de movilidad de los pueblos indígenas en aislamiento.
Zona intangible. Fotografía cortesía de MAAP
La Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) fue declarada como tal a través del decreto 552 en 1999 como zona “de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”. Narváez dice que el Estado debe considerar que los pueblos en aislamiento se mueven dentro y fuera de la ZITT, porque circulan continuamente en el Yasuní, es su modo de vida. Para Roberto Narváez la delimitación de la zona intangible solo tiene el interés de no afectar la explotación petrolera.
Los Tagaeri y Taromenane son grupos de familias que tienen familiares waorani. Están en constante movimiento por sus actividades de caza y recolección de frutos y esta movilidad hace que surjan conflictos violentos con colonos y madereros que realizan actividades extractivas.
De la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cuando el caso llegó a la Comisión, comparecieron los peticionarios de las medidas y el Estado. Por un lado estuvieron Fernando Ponce, Raúl Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asinbaya, luego se unió la Conaie con sus abogados David Cordero y Mario Melo y el colectivo ambientalista Yasunidos. Como representación del Estado estuvieron funcionarios del entonces Ministerio de Justicia, de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. El Estado ecuatoriano dijo que la petición debía ser “declarada inadmisible”.
Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. La entonces presidenta de la CIDH Rose Marie Belle Antoine escuchando a los testigos del caso.
En octubre de 2015, se realizó la audiencia de fondo de más de dos horas en la que la CIDH recibió testimonios sobre la violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. Luego de la audiencia, la Comisión publicó un informe de fondo en el que concluyó que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane y que con la delimitación de la ZITT, el Estado no respeta el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane.
La Comisión dijo que el Estado ecuatoriano ha afectado la vida de los pueblos indígenas en aislamiento al entregar concesiones petroleras y permitir la explotación de recursos en los territorios intangibles a empresas. Otra de sus conclusiones es que el Ecuador se contradice en su propia Constitución sobre la protección a los PIA. Mientas que el artículo 57 numeral 21 de la Constitución garantiza la protección del territorio de los PIA y dice que violar ese derecho es un delito de etnocidio, el artículo 407 establece la posibilidad de realizar actividades extractivas y explotación forestal en territorios intangibles.
Fotografía de Valentina Tuchie para GK
Otra conclusión de la CIDH es que la zona intangible no es una garantía para proteger a los PIA. La CIDH dijo que se han detectado contacto de los pueblos indígenas en aislamiento con colonos y madereros. También dijo la Comisión que detectó presiones de empresas para que la protección del territorio PIA disminuya.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe enviar el expediente del caso en las próximas semanas tanto a los peticionarios como a la defensa del Estado Ecuatoriano como aviso de que recibió el caso, dice el abogado Cordero. Entre las funciones de la Corte está la “resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias”, tiene una función consultiva y puede dictar medidas provisionales. Cordero dice que el caso de los Tagaeri y Taromenane pasó a la Corte porque el Ecuador no cumplió las recomendaciones que hizo la Comisión al Estado hace cinco años.
zona intangible Yasuni. Fotografía de Valentina Tuchie para GK
El abogado Cordero dice que habrá que esperar entre uno a dos años para tener una sentencia, eso aproximadamente en referencia a casos anteriores. Milagros Aguirre dice que la sentencia de la Corte “es tremendamente lejana” porque recién más de una década de la primera matanza el caso ha llegado a la Corte. “Simbólica o moralmente podría haber una sanción al Estado, pero nadie va a devolver las vidas que se han perdido en la selva por estos hechos de omisión estatal”, dice Aguirre. Según ella, hasta que la Corte emita una sentencia, es probable que se dé otra matanza de pueblos indígenas en aislamiento —quizá ya hubo una, solo que no nos enteramos.
*Imagen principal: Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH. Los peticionarios del caso de violación de derechos de los PIA hacen preguntas a la testigo del caso la líder waorani Alicia Cahuiya.
En un informe, la ONU advirtió que la maternidad temprana es una fábrica de pobres en la región.
El embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, advierte la ONU en un estudio presentado este miércoles 11 de noviembre.
«El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina», señala el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa).
Los efectos de esos embarazos precoces «son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral, de la salud e incluso de las economías nacionales», añade el documento.
«El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina», dice a la AFP Federico Tobar, asesor regional del Unfpa.
El estudio titulado ‘Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe’, analiza la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Según el informe, las niñas y adolescentes que son madres suelen abandonar la escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien remunerado.
Casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas y tienen tres veces menos oportunidades (6,4% frente 18,6%) de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos, indica el estudio.
Asimismo, las mujeres que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de 573 dólares más que aquellas que son madres antes de esa edad.
Estas circunstancias condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la violencia de sus parejas.
No usan condones
Según Unfpa, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5 por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.
República Dominicana (100,6 por cada 1.000), Nicaragua (92,8), Guyana (90,1), Guatemala (84), Guyana francesa (82,6), Venezuela (80,9) y Panamá (78,5) presentan las tasas más altas.
De los seis países del informe, el índice mayor lo presenta Guatemala (84), seguido de Ecuador (77), México (66), Argentina (64), Paraguay (60) y Colombia (57).
Según los especialistas, el embarazo temprano en América Latina tiene varias aristas, aunque principalmente se debe a la ausencia de una educación sexual integral, al desconocimiento, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y barreras culturales.
En muchos países está prohibido, incluso, que las instituciones públicas entreguen esos métodos anticonceptivos, denuncia Unfpa.
«La mayoría de adolescentes tienen su inicio sexual sin usar anticonceptivos», lamenta Tobar.
Gastos millonarios
El estudio también detalla los costos que implican para los países latinoamericanos el tratamiento de los embarazos en adolescentes.
Unfpa advierte sobre la pérdida de ingresos que supone para los estados, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario.
Los seis países del informe «tienen un costo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana de alrededor de 1.242 millones de dólares, lo que equivale a 0,35% del PIB de estos países», afirma Tobar.
El informe detalla que en 2018 los seis países estudiados dejaron de recaudar 746 millones de dólares en impuestos, unos 110 dólares por mujer, ya que las madres adolescentes pagan menos tributos y tienen menor consumo debido a sus condiciones sociales y laborales.
«Si consiguiéramos prevenir el embarazo adolescente todos ganan, gana el Estado, el sistema de salud, la recaudación, pero fundamentalmente ganarían las mujeres y sus hijos porque estamos asumiendo que la gran mayoría de esos chicos van a vivir bajo la línea de pobreza», declara Tobar.
Colombia está entre las naciones de Latinoamérica con mayor variación negativa en el número de ocupados en sus asalariados, un indicador que muestra cómo el impacto laboral ha sido en varios sentidos más fuerte en el territorio nacional que en la región.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cepal, Colombia registra una caída de 24,2% de la ocupación entre los asalariados privados y de 3,6% entre los públicos, lo que genera un descenso total de 22,6%, solo superado por Perú, donde el dato supera el 40%, aunque no se conoce el desagregado.
Con una baja de 44,7%, el país también se encuentra entre los líderes en caída en cuanto a los asalariados en los hogares, mientras que registra un descenso de 30,2% en empleadores, 17,9% en los trabajadores por cuenta propia y una variación negativa de 29,1% en los no remunerados. “En Colombia el desempleo ya venía con aumentos desde 2018 por temas estructurales como los problemas en la tecnificación, y coyunturales como la migración y el incremento de los salarios reales. Hay números que preocupan, hay 2 millones menos de trabajadores asalariados y 600.000 menos por cuenta propia, mientras que la informalidad es superior al 50%. Es una situación muy seria”, aseguró Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal.
Pero lo cierto es que la situación es grave en toda Latinoamérica, pues como afirmó Vinícius Pinheiro, director de la OIT para la región, esta será la más golpeada del mundo. “En temas laborales estamos en cuidados intensivos, y eso tiene que ver con las condiciones preexistentes, como el hecho de que solo seis países tengan seguro de desempleo. De hecho, esta era una crisis sanitaria, que se hizo socioeconómica y puede convertirse en política; tenemos que desactivar esa bomba de tiempo”.
Según el informe, en la región se han destruido cerca de 47 millones de empleos, al tiempo que se han reducido los ingresos laborales en 19,3% hasta el mes de septiembre. La caída en el trabajo formal es del 14%, y en el informal del 25%.
La principal conclusión del informe es que la recuperación tanto económica como del empleo será más lenta de lo esperado. Según las estimaciones, si la región crece al 3%, se volvería a los niveles prepandemia en 2023; si el alza es de 1,8% (como la última década), se demoraría hasta 2025, y si el avance es de 0,4% (el de los últimos seis años), ese regreso tardaría más de 10 años.
No obstante, las dos instituciones dejan claro que ya se empiezan a ver algunas mejoras, pues se estima que 49 millones de personas salieron de sus empleos en la región al segundo trimestre, y que hoy en día 15 millones han vuelto.
Eso sí, Bárcena deja claro que en 2021 habrá más desempleo que en 2020.
El sistema de educación superior chileno tuvo un explosivo crecimiento debido, entre otras razones, al incremento de la oferta y la mayor disponibilidad de ayudas estudiantiles, especialmente el CAE. Así, los estímulos estuvieron puestos en el aumento de la cobertura del sistema a través del financiamiento a la demanda, especialmente aquella asociada a las nuevas instituciones privadas.
La falta de atención del Estado en sus instituciones, a las que puso a competir en un sistema poco regulado hasta hace algunos años, sumado a los impulsos económicos dados a las instituciones privadas, tuvo consecuencias: en los últimos 20 años, las universidades del Estado son las casas de estudio de menor crecimiento en el sistema, pese a ser las que concentran las preferencias de los estudiantes. En otras palabras, se diseñaron políticas públicas que no han permitido a los jóvenes la real opción de elegir.
Al analizar la propuesta presupuestaria de 2021, calculando el flujo incremental (positivo y negativo) entre las principales asignaciones en educación superior, incluyendo la gratuidad, obtenemos que las universidades estatales perderían cerca de $10 mil millones en 2021, cifra similar a las instituciones del G9. En tanto, el flujo hacia las instituciones privadas aumentaría en más de $70 mil millones. En 2021, cerca del 70% de los nuevos recursos inyectados al ítem de gratuidad se irían a cinco nuevas casas de estudio privadas que adscribirían al beneficio.
La reducción de fondos basales a las instituciones estatales para repartirlo en todo el resto del sistema privado refleja ya una tendencia en las propuestas presupuestarias de este gobierno; considerando su evolución entre 2019 y 2021, la suma del AFD y del Aporte Institucional (recursos que explican más del 75% de los fondos basales) ha disminuido en un 11%, llegando a un nivel inferior al observado en 2016.
El financiamiento de la gratuidad a expensas de los fondos basales de las universidades estatales contradice el principio contemplado en la Ley 21.091 que fija un mecanismo objetivo para expandir el beneficio, basado en las condiciones macroeconómicas del país. Así, se suponía que todo avance se haría con nuevos recursos y no con redistribuciones presupuestarias. Esto se ve reforzado tanto por informes de Dipres, que sostienen que la Ley 21.091 “compromete un gasto incremental”, como con el Informe Financiero de la Ley, cuando se refiere al “mayor gasto fiscal” que significaría el avance de la cobertura.
Más allá de las cifras mismas, lo preocupante es el nulo aprendizaje que deja la pandemia y la crisis social. Se ignora la necesidad de una mayor inversión en educación superior en períodos de crisis, particularmente en investigación. Resulta esencial un Ministerio de CTCI fortalecido, la entrega de becas necesarias para crear capital humano avanzado formado en nuestras universidades, y un mayor gasto en el ítem de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. Como antecedente, durante el duro período de la crisis subprime en la UE, países como Alemania y Francia aumentaron su inversión en educación superior pública, particularmente en el área de investigación.
¿Qué medidas son necesarias para enfrentar esta situación? i) Revertir la rebaja presupuestaria de fondos basales y de proyectos correspondientes a las universidades estatales, para recuperar al menos el nivel que presentaban en 2020; ii) Posibilitar el acceso de las universidades a créditos de largo plazo con garantía del Estado, junto con un compromiso del Ejecutivo de permitir procedimientos simplificados y rápida tramitación. En este punto, hay una evidente desigualdad al comparar con las facilidades que tienen las instituciones privadas. En el máximo de los contrasentidos, los créditos con garantía estatal vía Fogape son accesibles solo a las instituciones privadas; iii) Cambiar la redacción de glosas sobre el uso de los excedentes del Fondo Solidario para incluir los excedentes acumulados, sin limitarlos al año anterior y sin la restricción de un máximo de 30% aplicada en 2020; y, finalmente, iv) Autorizar una mayor flexibilidad en el uso de recursos asignados a proyectos, especialmente aquellos correspondientes a bienes de capital.
Todas estas medidas darían algo de oxígeno a instituciones que están siendo muy poco valoradas por el propio Estado, pero que siguen y seguirán cumpliendo un rol crucial para el desarrollo del país.
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