América del Sur

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Entrevista a Elbia Pereira: «Uruguay quedó dividido en dos y en el medio están los niños»

Entrevistas

Por: Alfredo Percovich.

Para la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP), hoy más que nunca se necesita escuchar al otro, al que piensa distinto, reflexionar y valorar la palabra.

En este espacio de ideas y coversatorio, hablamos sobre la escuela vareliana, cómo se hace para educar en un aula a la que llegan niños y niñas con hambre, el rol de las maestras y maestros para detectar la violencia intrafamiliar y los casos de abusos. En relación a las sospechas sobre los gastos en alimentación escolar, dijo que la comparación con lo que costó el Antel Arena fue «vil» y un argumento «muy pobre».

¿Cómo se enfrenta una jornada pedagógica educativa cuando al aula llegan niños o niñas que te dicen que no cenaron?

Es imposible, nadie puede aprender. Ni un niño, ni siquiera un adulto. Todos sabemos que es imprescindible un espacio de contención. Tomar algo calentito forma parte de ese abrazo o vínculo que tenemos las personas. Más allá de eso, las maestras fueron las que alertaron de esa circunstancia. La decisión, para nosotros equivocada o a medias, fue el tema del vaso de leche sin el acompañamiento. El comunicado que circuló alguien lo escribió, lo hizo ver, se aprobó y se difundió. Que se anuncie que se va a dar un vaso de leche saborizada que redunda en una partida de 2,50 pesos por cada niño en plena pandemia, choca. Ahora y siempre choca.

 

Por estos días hay un cierto manto de sospecha en relación a la alimentación escolar. Incluso el ministro de Educación realizó una comparación de los recursos asignados con lo que costó el Antel Arena.

Hablar de lo destinado a alimentación escolar en relación al gasto del Antel Arena, esa comparación fue tan vil, tan pobre, porque tenía argumentos si quería mantener una posición distinta, legítima, hacia una visión de comedores. A diferencia de otros actores que he leído o escuchado, creo que él sabe muy bien cómo se manejan los comedores. Algunos dicen que el ministro no sabe de qué está hablando, pero para mí sí sabe de lo que está hablando, elige qué decir y elige con qué comparar y sabe que a la gente que él le habla tal vez le llega ese discurso.

 

¿Todo está bajo sospecha?

Sí, lo está, es algo que colocaron en campaña electoral y que hay que puntualizar que Uruguay votó sabiendo y acordando con eso. No puede ser considerado una sorpresa porque ellos dijeron que iban a hacer auditorías de todo y a mejorar gestiones. Por eso van hacia esa lógica de revolver todo. Hay una frase, atribuida a la canciller alemana Angela Merkel, que señala que los presidentes no «heredan» problemas desconocidos porque se supone que se prepararon para gobernar y por tanto deberían conocer los problemas desde antes. Esto no parece ser la actual circunstancia. De todos modos, hay que señalar que se presentaron a una campaña electoral diciéndoles a los uruguayos que iban a realizar auditorías para mejorar la gestión y los ciudadanos decidieron -por una diferencia muy mínima-, pero decidieron.

 

¿Los uruguayos decidieron también sobre los contenidos de esta LUC que según la FUM-TEP favorece la privatización de la educación pública?

Yo creo que no. Ahí lo que el uruguayo decidió fue un paquete general con titulares y la LUC no contiene solamente titulares. Es cierto que algunas de las cosas que están incluidas en la LUC fueron dichas con anterioridad. Nosotros tuvimos una instancia con todos los equipos de los presidenciables y vimos que tenían diferencias entre ellos previo a la coalición. Luego tuvieron que unificar y quedó lo que quedó. Pero insisto, yo no creo que el uruguayo cuando votó supiera todo lo que hoy está en la LUC.

 

¿Concretamente en relación a la educación?

Se sabía lo del desmantelamiento de los consejos porque lo habían hablado en el «Compromiso por el país», pero es un tema que seguramente no le llega a buena parte de la ciudadanía, posiblemente para la población en general, el hecho que dirija uno o lo hagan tres es algo que no es un tema que le genere ruido. Pero lo que no se le dijo a la población es que el nivel de tres años no iba a ser obligatorio y que lo que se venía haciendo para universalizar la educación inicial quedaría trunco, se iba a interrumpir este proceso. Estas cosas no son inocentes. Acá hay un cambio de dirección en cuanto a la universalización de la educación y estas son cosas que no se sabían que iban a implementar a partir de la LUC. Como tampoco mucha gente tenía claro que se iba a profundizar el peligro de la privatización de la educación. Por eso se han visto reacciones.

 

¿Por ejemplo?

La reacción en defensa de los comedores y la alimentación escolar fue muy elocuente, quedó clarísimo que buena parte de la población señala que no es por ahí. En lo personal, creo que los ataques fueron una especie de «orejeada» que hicieron y vieron que la gente reaccionó inmediatamente en defensa de la alimentación escolar y todo lo que representa. Y esa fue una muestra que dejó en claro que para la gente, el camino no pasa por la comercialización.

 

Hay quienes sostienen que la escuela vareliana -tal como la conocimos- está en vías de extinción.

Yo no soy tan fatalista, pero me hago cargo de lo que digo y lo que creo es que hay que defender la escuela pública. Lo que está sucediendo con los comedores escolares es un primer pasito: los defiende la gente, incluso más allá de la FUM-TEP. Salió la gente, salió Héctor Florit (exconsejero de Primaria) cuando dijo que el comedor escolar es un espacio de socialización e integración entre iguales y, por supuesto, salimos los trabajadores. También es importante alejarse un poquito de la mirada que tenemos desde dentro del movimiento sindical y observar estos temas desde la perspectiva del ciudadano común.

 

¿Crees que la sociedad está dispuesta a dar la batalla en defensa de la educación pública?

Creo que hay que prepararse para ello y eso implica que debemos acumular con la sociedad y para eso debemos ser muy claros a la hora de salir a conversar, a explicar. En este momento estamos conversando, no es que estemos saliendo a recorrer el país con este tema porque tenemos una forma de organización federativa. Tenemos 30 filiales activas y contacto permanente con las direcciones. Es un hecho de la realidad que la LUC quedó «entreverada» con la pandemia y el miedo -algo tan humano- generó que la gente se alejara y se confinara en su casa. Eso generó cierto paréntesis aunque no en materia de acción sindical. Desde la dirección nacional lo que hicimos fue seguir trabajando con las direcciones de las filiales del interior, pero queríamos evitar cualquier riesgo sanitario para la gente. Entonces por un lado mantenemos contactos virtuales y a nivel de territorio se están desarrollando movilizaciones locales, en una misma línea contra la LUC en todo el país, para acumular. Al principio tuvimos que hablar mucho porque el proceso de la LUC fue muy rápido. Cuando en enero se difundió el borrador y aún no teníamos el coronavirus, desde la Federación fuimos a presentarles a los distintos actores nuestras discrepancias sobre el capítulo de la educación. Dialogamos con todos y, desde el inicio, todos estuvieron informados de nuestras diferencias con el borrador original. Si bien modificaron algunas -y no voy a caer en la soberbia de decir que eso sucedió por nuestra intervención-, la esencia siguió siendo la misma. Se preocuparon de cuidar algunos aspectos que podían tener algún problema de constitucionalidad, pero lo sustancial se mantuvo.

 

Concurrieron al Parlamento a explicar sus puntos de vista, pero no sirvió de mucho.

La verdad es que en el Senado fue un mero trámite, algo realmente vergonzoso, de todas las bancadas.

 

Fueron a dialogar, hablaron unos minutos y se fueron sin que ningún senador les preguntara nada.

No me hables de diálogo, no me hables de una construcción democrática porque eso no lo fue. Cuando decimos y hablamos de la poca calidad democrática, nos referimos -entre otras cosas- a eso que sucedió en el Parlamento. Creo que fue muy fuerte la forma en la que salimos de allí con respecto a esas instancias. Vale mencionar que en Diputados se movió distinto, nos recibieron por separado y no a todos juntos con la CSEU, como en el Senado, que, con (José) Olivera de Fenapes, hablamos durante media hora sin parar ni para respirar.

 

¿Están evaluando los distintos escenarios posibles de acciones ante la LUC?

En relación al proceso jurídico, nosotros definimos que nos paramos dentro del Pit-Cnt y no por fuera. Vamos a actuar desde ese lugar y creemos que desde las distintas filiales del país se le debe llegar a la gente con esa sensibilidad. En cuanto a lo que estamos viendo por parte del gobierno y si uno presta un poquito de atención, todos los días surge algún hecho nuevo, a veces pequeño, otras no tanto, a los que hay que meterles el diente. En determinado momento reflexionamos si verdaderamente teníamos que salir a pelear todas las batallas que nos plantean a diario. ¿Tenemos que responder todos los disparos que nos tiran? Por un lado no te da la vida, pero, además, terminás perdiendo la esencia de la discusión de lo central, y me parece que eso es lo que quieren logar.

 

Hay cierto consenso en señalar que el gobierno maneja, mide, calcula, estudia y ejecuta la comunicación de manera muy eficiente.

Son muy finos y además siempre te lanzan algunos temas con disparos, lo que no suele ser tan público. Todos los días salen con algún tema, es un bombardeo constante.

 

De no olvidar
Elbia habla de Teresita Capurro con reconocimiento, respeto y cariño. Dice que es una grande, una de esas personas que dedicó su vida a la educación pública. Y que fue ella quien le presentó a un referente como Héctor Florit, en la puerta de una casona que ahora es uno de los hogares de la FUM-TEP. «Es un gran maestro que defendió sus ideas siempre y la vida le dio la oportunidad de llevar a la práctica la teoría y lo hizo estupendamente bien, aunque muchas veces nos peleamos porque estábamos en roles distintos». Otra referencia ineludible para Elbia es Fernando Pereira, el presidente del Pit-Cnt, también integrante de la FUM-TEP. «Es un amigo, una persona en quien deposito totalmente mi confianza política y personal. Es la persona que no va a medir nunca nada a la hora de tender una mano a quien sea. Ese es Fernando. Y para mí, es un amigo». Claramente, Elbia volvería a elegir ser maestra sin dudarlo. «Es que yo amo ser maestra».

 

 

Hablemos del abordaje de la violencia intrafamiliar en las escuelas públicas. Más allá del mapa de ruta para las situaciones de maltrato y abuso sexual en niñas, niños y adolescentes detectadas en el ámbito escolar, ¿existe algún marco de contención para maestros y maestras?

La escuela tiene una función social que cumplir que va más allá del maestro, el niño, el cuaderno, es decir, hay una forma de abordaje del aprendizaje que tiene que ser base de un vínculo. Si no se establece ese vínculo con el niño, con la familia y la comunidad, el niño difícilmente aprenda o por lo menos no va a aprender de la mejor manera. Esa función social que tiene la escuela, del mismo modo que lo que sucede cuando un maestro percibe que un niño pasa frío o hambre, es la que genera que nosotros vamos a intentar cubrir esas situaciones sin cuestionamientos. No porque esté escrito en algún lado o porque lo tengamos que hacer. Incluso creo que es mejor que no esté escrito, pero sí forma parte de tu profesión docente, de ser maestra, el mirar si ese niño tiene las mejores condiciones para aprender. Y en ese marco tan grande es que se incluye cuando hay niños que son víctimas de violencia, sea de la forma que sea. Y lamentablemente no son pocos casos. Hay veces que te das cuenta y otras que no, porque los que saben mucho más que nosotros de estos temas de violencia explican que las manifestaciones muchas veces son tan sutiles y están tan escondidas que son difíciles de descubrir. Nosotros tenemos el mapa de ruta que nos va indicando por dónde debemos ir en caso que detectemos algo. En esos casos, hay contención para los niños y niñas

 

¿Qué pasa con las maestras y los compañeritos?

En el caso de los niños, está el programa Escuelas Disfrutables que Primaria tiene desde un tiempo a esta parte. Está compuesto por psicólogos y asistentes sociales, entre otros, que tienen una forma de acción que actúan en el contexto de la escuela, y que el maestro supuestamente estaría también incluido en ese contexto.

 

Eso sucede cuando se visibiliza un caso.

Exacto y es aplicable a todo el país. Pero si existen situaciones que pueden ser de violencia intrafamiliar o cualquier otra, el maestro no tiene ningún tipo de contención, ni emocional ni psicológica. Lo que hace el maestro es acompañar el tránsito de ese mapa de ruta en relación a lo que tiene que hacer con el niño. Pero lo que te pasa a ti como persona, como ser humano, eso que te genera por dentro, al tomar contacto con una situación de violencia que está afectando a un niño, eso no tiene un abordaje formal con un protocolo.

 

¿No lo tiene Primaria ni tampoco el sindicato?

El sindicato tampoco y deberíamos tenerlo.

 

Probablemente, a partir de la actual crisis sanitaria y económica, se profundizarán muchas inequidades. ¿Ustedes se están preparando para educar en una coyuntura crítica en términos sociales?

Hay quienes dicen que cuando pase la pandemia vamos a volver a lo que tuvimos en 2002, al menos algo similar en cuanto a lo social y económico. Yo en esa época trabajaba en el magisterio y recuerdo que esa crisis demandó una atención directa muy importante de la organización sindical, especialmente en contextos que estaban muy desfavorecidos. Yo creo que si volvemos a esa circunstancia y tenemos que hacer lo mismo, no aprendimos nada. Tenemos que ser capaces de proyectar acciones que no sean espejo de lo que vivimos en 2002, sino que tiene que haber existido cierto aprendizaje durante todo este período que permita que nuestras intervenciones sean distintas, de una forma mucho más potente, pero claramente distintas. Lo que va a pasar después se tendrá que ir construyendo. Por razones de edad, yo estaba en el magisterio en el año 2002, pero la inmensa mayoría de los maestros de ahora no estaban, son jóvenes que fueron construyendo otra realidad. Pienso en mis hijos, que cuando discutimos algún tema me dicen: ‘Mamá, yo no lo viví’. Ellos vivieron otra realidad, construyeron sus propias historias, por supuesto que nosotros ayudamos a construirlas también, pero ellos están haciendo su camino. Por ello me parece que no podemos accionar de la misma manera. Este grupo de chiquilines, jóvenes maestros que no estuvieron en esos momentos, tendrán que construir algunas cosas, poniendo en orden lo que ellos entiendan de acuerdo a sus criterios de prioridades.

 

En estos años de crecimiento económico mucho se habló del «nuevo uruguayo», que se acostumbró a una calidad de vida muy ligada el consumo excesivo y a cierta lógica del mercado del «sálvese quien pueda».

Lo que nos unía antes era la solidaridad de aquellos momentos, después vinieron años distintos, las nuevas generaciones han vivido de manera distinta, y allí ingresa esa lógica del «sálvese quien pueda», el consumismo exacerbado, lo inmediato, el «lo quiero ya mismo», y digamos que todos estamos inmersos bajo esa lógica del sistema. Las crisis nos permiten reordenar las prioridades, colocar lo verdaderamente importante y ver lo que no lo era. Tenemos la oportunidad de ver la vida en su trayecto, en un espectro más amplio y no solamente en el momento que se está viviendo, el instante, el presente.

 

¿Cómo se hace para educar en un contexto de desigualdades y con una brecha social tan dolorosa y profunda?

Uruguay en este momento está viviendo una división muy fuerte. Se ha llevado a tal extremo la diferencia que es muy difícil acercarse al otro, al que piensa y siente distinto, no hay cabida para el que no piensa como pienso yo. Creo que juega mucho el tema de las redes sociales, que pueden hacer tanto bien -aunque lo tengo que analizar más profundamente porque por más que lo busques, cuesta encontrar lo bueno de las redes- y si salís a decir algo, sea quien sea que hable, no importa el tema, ya sabemos qué sucederá. Sabemos que la respuesta será desde el lugar de ‘o estoy de un lado o del otro’, no hay matices, no hay lugar posible para escuchar al otro, aquello de que puedas tener una buena idea. Si no estás sentado en el mismo lugar, no es válido lo que piensas y dices. Uruguay quedó muy dividido política y socialmente y acá están los niños en el medio, que se están educando en este contexto de una sociedad que pauta que ‘sos de un lado o del otro’ y no tenés vuelta.

 

¿Y entonces?

Me parece fundamental que eduquemos en la tolerancia. Tenemos que educar y rescatar la tolerancia, el hecho mínimo y natural de -al menos- poder escuchar al otro, algo que ahora no estamos pudiendo hacer. La tolerancia requiere un aprendizaje de todos nosotros. Y no solamente es importante aprender a escuchar, sino también a respetar los tiempos y los silencios. Hay temas que necesitan más tiempo. A veces me pasa que me dicen ‘no hables tanto, no hables como maestra’ y no sé hacerlo de otra manera, no puedo, soy maestra.

 

¿Y cómo se lleva eso a un aula en la que tal vez haya niños con hambre, con urgencias de esas que no dan margen a silencios reflexivos y tiempos de adultos?

Es horrible. Ahí las urgencias son las que imperan. Y ves el esfuerzo que se hace desde la escuela, que hacen las maestras para tratar de compensar si te llega un niño en determinadas condiciones de urgencia. No te digo que le vas a cocinar vos, pero sí le das una mano, los maestros cumplimos esa función y eso no está escrito en ningún lado. Cuando ves que un niño viene por ejemplo con los championes rotos y que son varios hermanitos, en casos así juntamos entre nosotros. Recordemos el ropero escolar que hoy no es tan común porque es verdad que Uruguay vivió un período de crecimiento y que también las familias sintieron ese cambio que no está mal, al contrario, es fundamental que las familias puedan mejorar su calidad de vida, pero no mucho tiempo atrás teníamos en las escuelas el ropero escolar. Había maestros encargados de juntar las ropas, las donaban, muchas veces las reparaban y las llevaban a sus casas y las ponían en sus lavarropas para que quedaran en condiciones para donarlas. Eso no nos coloca en un lugar de superheroínas, pero esa función social que tiene la escuela forma parte del ser escuela pública. Y eso no está escrito en ningún lado.

Fuente de la entrevista: https://www.carasycaretas.com.uy/maestra-elbia-pereira-uruguay-quedo-dividido-en-dos-y-en-el-medio-estan-los-ninos/

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Perú: Las más explotadas de la pandemia

Noticias

Por: Lucía Alvites/Alainet

La pandemia ha puesto en evidencia los vacíos y brechas estructurales del país, lo más evidente y doloroso, sin duda, es la salud pública con un sistema y una infraestructura débil y precaria que ha sido incapaz de atender en tiempos de “normalidad” la demanda de la ciudadanía y que ahora, en la actual crisis, está absolutamente colapsada.

Sin embargo, hay otros problemas que se agudizan y que, si bien no están hoy en el centro del debate, son varias las voces desde la academia y la política que los señalan con preocupación y alerta. El trabajo de cuidado de los niños/as o personas dependientes y el trabajo doméstico es uno de ellos. La cadena de cuidados se ha roto con la cuarentena, exponiendo de manera tajante una labor que recae principal y mayoritariamente en las mujeres, y dejando ver que su tratamiento desde la política pública y los valores que nos articulan como sociedad es de un desdén que llega a ser desprecio.

Un retrato fulminante de esta realidad es el artículo que hace poco se publicó en un diario de circulación nacional, donde la autora llama “hdp” (hija de puta, en abreviatura) a la mujer que trabajaba en su casa por haber usado su día de franco y no haber regresado, tras el anuncio del Estado de Emergencia. El hecho habla del lugar social que se les ha asignado a las mujeres que desarrollan este trabajo, que es reafirmado por una precariedad laboral violatoria del derecho a un trabajo digno.

El trabajo doméstico y de cuidados, no solo es invisible, sino que no califica como digno y valorado. Nadie dice con orgullo hoy cociné, lavé los platos y cuide a dos niños todo el día, por supuesto, tampoco hay nadie al otro lado que lo aplauda.

Hoy, con los colegios cerrados y la imposibilidad de traslado de las mujeres que se dedican al cuidado de otros, sean ellas parte de redes familiares de apoyo o trabajadoras que reciben una remuneración por esta labor, ha quedado un vacío en los hogares que representa un trabajo ineludible que alguien tiene que cumplir.

De acuerdo, a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recogidos en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2010 y tomados del Informe de brechas de género 2018 (INEI 2019), las mujeres dedican 39 horas con 28 minutos a la semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres lo hacen 15 horas con 54 minutos. Es decir, nosotras dedicamos un promedio de 23 horas y media más, a la semana, a las labores de la casa que ellos, sin recibir nada a cambio.

Somos las mujeres las que cuidamos y realizamos las actividades que sostienen y son la base de otras actividades de la sociedad. Sin alguien que cocine, lave la ropa o cuide a los hijos es imposible pensar en otras actividades laborales, paradójicamente, estas tareas básicas nunca han sido entendidas por nuestras políticas de Estado como trabajo de primer orden que debe ser parte de la cosa pública, al igual que la educación o la salud.

Cada familia ha solucionado de acuerdo a sus posibilidades estas labores, con redes familiares de apoyo o, quienes tienen más recursos, contratando a otras mujeres que puedan hacer este trabajo. Con la caída de estas cadenas de cuidado, hoy tenemos mujeres que trabajan cuádruple jornada: teletrabajan, realizan las tareas de la casa, cuidan a los hijos y son, a la vez, las nuevas tutoras que acompañan la escuela virtual.

Esta realidad de cuádruple jornada laboral que afrontan miles de mujeres, es de hecho, una inédita hiper explotación. Que no solo puede traer como consecuencias afectaciones de salud física o mental, sino que, también, significa un impedimento a su desarrollo personal, profesional o político. El “techo de cristal”, ese límite invisible al que nos enfrentamos las mujeres para ascender laboralmente por los roles tradicionales de cuidado o el mandato obligatorio a la maternidad que tiene exigencias sociales que no posee la paternidad, está ahora mismo descendiendo abruptamente con la cuádruple jornada.

Son urgentes políticas que incentiven – de verdad, materialmente, no solo con el puro “llamado” – la co responsabilidad en la tarea de cuidados y el trabajo doméstico, que pasen por medidas que reconozcan remunerativamente este trabajo desde el Estado, porque constituye una actividad base para que la sociedad funcione.

El día de ayer el presidente Vizcarra anunciaba un bono al personal de la Policía, las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la labor fundamental que están realizando, lo mismo debería promoverse para las cuidadoras y cuidadores, muchas de ellas conducen ese 35% de hogares donde las mujeres son jefas de familia.

El cuidado es un trabajo que en tiempos de pandemia se ha incrementado exponencialmente, lo que puede ayudar a abrir una discusión en el Perú sobre la necesidad de un sistema público integral que reconozca este trabajo con una renta a las cuidadores y cuidadores. Esto que parece lejano sucede en otros países, con distintos matices pero que se enfocan en esta problemática, como es la asignación universal por hijo en Argentina o el bono por hijo en Chile.

En el Perú, crecientes voces llaman a seguir el ejemplo de varios países y establecer un bono universal mensual o renta básica para todas las personas que lo requieran, sin excepción. Perfectamente posible, como lo han demostrado muchos especialistas, y absolutamente necesario y urgente, como lo muestra el colapso galopante del país. Que haría, por fin, justicia a las millones de mujeres cuidadoras de sus familias y hogares que también sostienen, de manera decisiva, el país.

La crisis actual ha expuesto los graves problemas del modelo económico que por décadas hizo lucrativo los derechos a la vida digna de las personas y que, además, concilia con las dinámicas patriarcales que ha sometido a las mujeres a una sobreexplotación. Ahora que vemos más claramente todas esas grietas podemos tener la oportunidad de cerrarlas.

https://www.alainet.org/es/articulo/206281
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Colombia. La falacia de la alternancia

Noticias

Por: Vida Digna

Cuando hablamos de educación en tiempos de pandemia, lo primero que se nos viene a la mente es la educación virtual, pero qué lejos estamos en Colombia de que esto sea una realidad para la mayoría de los sectores populares. Según el DANE, para el 2018 solo el 53% de los hogares colombianos contaba con algún tipo de conectividad a Internet. De este porcentaje, más del 80% están ubicados en zonas urbanas. A estas cifras, se debe sumar la ausencia de dispositivos tecnológicos en los hogares. Es evidente, entonces, que los estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a los procesos de formación modelo virtual.

Por MAIS-Fuerza Nacional Magisterial -FUNAMA- Risaralda*. Hace unos días, escuchábamos al exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, afirmar en varios medios de comunicación del país, la necesidad de retornar de inmediato a las aulas de clase. Estamos de acuerdo, Wasserman, necesitamos retornar a las aulas de clase: la educación primaria y secundaria bajo los términos actuales es una catástrofe. Lo que pasa, mi querido Moisés, es que los colegios en Colombia no están preparados para afrontar una educación bajo las condiciones del momento, debido, principalmente, a que la inversión necesaria para hacerlo no existe ni siquiera como proyecto del Gobierno Nacional, el cual ve a la educación básica como un gasto que, de ser posible, debe reducirse a su mínima expresión.

Ávila, uno de los directivos de la Federación Colombiana de Educadores -FECODE-, en el 2018, explicaba que la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 constituyen ejemplos de cómo el Estado somete la financiación del sector educativo a tres reglas mercantiles: políticas de ajuste fiscal, presupuesto dependiente de las fluctuaciones de la demanda y aumento de las responsabilidades locales en el gasto público.

 

Movilización de la FECODE

Nos encontramos entonces ante un panorama muy complejo, dado que el llamado a la presencialidad bajo el modelo de alternancia coincide con el momento más agudo de la pandemia del Covid-19, en términos de contagios y muertes a nivel nacional[1]. Resulta un exabrupto que, precisamente, en el momento en que se retoman medidas para aumentar el distanciamiento social en Medellín, Cali, Bogotá y demás ciudades capitales, el gobierno nacional llame a retomar la presencialidad en los colegios públicos y privados.

El modelo de alternancia –propuesto desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como una forma de educación semipresencial- representa para las instituciones educativas un sinnúmero de adecuaciones en su planta física (de por sí ya en precarias condiciones), aumento de personal de servicios generales y de salud (¿Cuántos colegios cuentan con enfermería?) y reformas organizativas de horarios, espacios y todas las contingencias que traiga consigo la denominada alternancia. Ante estas nuevas necesidades que aparecerían en caso de tener que volver a las instituciones, se nos plantea un interrogante interesante frente a los recursos económicos que se necesitan para hacer todo este tipo de adecuaciones, ya que hemos escuchado a varias secretarías de educación decir que están al tope en gastos, entonces ¿de dónde va a salir el dinero?

No son claros los motivos por los que el gobierno nacional llama a retornar a las aulas en medio de la pandemia y sin recursos económicos para garantizar la bioseguridad de la comunidad educativa que regresaría a las instituciones. Por eso, surge la hipótesis de que el gobierno sabe que no es viable, dado que ellos no van a poner los recursos para la alternancia, pero, que será el magisterio, conociendo la irresponsabilidad de este llamado, quien cargará la cruz de que los niños y las niñas de este país no retornen al aula de clases. FECODE ha denunciado públicamente el llamado a la alternancia al reconocer en él una insensatez y un atentado a la vida y a la salud de los estudiantes y sus familias. La Federación tiene claro que, en estos momentos, la prioridad es defender la vida y extremar precauciones y cuidados en cada uno de los hogares colombianos.

Al parecer, el gobierno nacional quiere lavarse las manos y culpar al magisterio por la crisis que vive la educación hoy en día. El planteamiento anterior tiene asidero en varias medidas tomadas por las secretarías de educación municipales y departamentales, las cuales -tras el llamado a la alternancia- no prepararon ninguna clase de protocolos ni se volcaron a hacer análisis rigurosos de la situación en cada una de las instituciones educativas. La negligencia estatal se evidencia en el intento de cubrir con una encuesta virtual a madres y padres de familia la consulta a las comunidades en torno al retorno de los estudiantes a las clases presenciales.

Claro está que, frente al llamado sensato de decirle no a la propuesta inviable de la alternancia, se mostrará al magisterio como el gran villano. Pero aquí los canallas son otros y no están en las aulas de clase, sino en los escritorios de los ministerios del gobierno nacional.

Cabe entonces preguntarnos alternativas que contribuyan de manera significativa a la actual crisis de la educación dada por la contingencia de la pandemia. Pero estas soluciones requieren de una inyección de recursos significativa, teniendo en cuenta las cifras que nos arroja Julián de Zubiria en su columna titulada “La educación en tiempos de cuarentena”, dado que “el 4% de los municipios tiene buena conectividad, el 63% de los bachilleres del 2018 no tenía acceso a Internet desde sus hogares y, en las zonas rurales, tan solo el 9% de los jóvenes disponen de computador.”[2] Ante este panorama, el llamado al gobierno debe ser a que garantice la conectividad plena de los casi 10 millones de estudiantes de básica primaria y bachillerato. La inyección de recursos debería ir orientada a la generación de unas condiciones dignas que permitan que los y las estudiantes del país tengan acceso a Internet y puedan integrarse a los procesos educativos sin arriesgar su vida ni la de sus familias.

Aunado a lo anterior, otra de las problemáticas de la educación básica en Colombia es que las y los maestros fuimos enviados a la arena sin las herramientas necesarias para afrontar esta ardua tarea. No existe formación frente al uso de las diferentes herramientas tecnológicas para enfrentar las crisis, así, a muchos nos ha tocado echar mano de mil tutoriales de internet y de familiares y conocidos con conocimiento sobre estas plataformas. Si bien la autoformación es un compromiso personal, el Estado colombiano no se puede lavar las manos ni justifica la incompetencia y la total desidia que ha tenido con la capacitación docente para afrontar esta pandemia.

Quedan planteadas más preguntas que certezas frente a la forma como se debe afrontar la crisis, pero debemos tener en cuenta que la alternancia nunca fue una opción que el gobierno quisiera implementar de forma seria. Esta propuesta constituye una nueva cortina de humo que sirve de excusa para argumentar que es el magisterio quien no quiere volver a clases.

La educación debería ser una prioridad en la agenda nacional y, por lo tanto, el gobierno debería dejar de culpar al magisterio y dedicarse a cerrar la brecha tecnológica que desnudó la pandemia, a cumplir y ampliar el Programa de Alimentación Escolar -que hoy día se convirtió en la principal entrada de alimento de cientos de miles de familias- y a invertir en capacitación docente para garantizar los procesos académicos en el país. La solución de esta crisis educativa requiere de un compromiso real por parte del gobierno y de una presión constante de los docentes, estudiantes y sus familias, quienes deben aunar esfuerzos en la exigencia de educación digna que no ponga en riesgo sus vidas.

*Fuerza Nacional Magisterial -FUNAMA- es un espacio de confluencia de maestras y maestros donde, desde las prácticas pedagógicas ligadas a diversas dinámicas de construcción popular en el territorio nacional, se busca la garantía de la educación como derecho y la transformación del modelo actual de país.

[1] Más de 10 mil contagios diarios y 300 muertes al día (última semana del mes de julio)

[2] Tomado de: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-educacion-en-tiempos-de-cuarentena-columna-de-julian-de-zubiria/661969

*Fuente: https://kaosenlared.net/colombia-la-falacia-de-la-alternancia/

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Recortes presupuestales en Uruguay comprometen Educación Superior

Noticias

América del sur/Uruguay/prensa-latina.cu

Drásticos recortes presupuestales que comprometen la Educación Superior en Uruguay acaparan hoy la atención de la comisión de Hacienda del Parlamento a espera de la comparecencia del ministro del ramo.

La senadora del Frente Amplio y exvicepresidenta, Lucía Topolansky objetó que se mantenga en el proyecto gubernamental para el ejercicio 2020-2021 un 15 por ciento de reducciones para la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) el Polo Científico de Pando y el Central de Imagenología Molecular.

Resaltó que ‘el conocimiento científico, la tecnología y la innovación son parte crucial de la soberanía nacional’, para argumentar que ‘no hemos escuchado una sola voz de la comunidad científica proclive al recorte presupuestal’.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados votó por unanimidad la convocatoria del ministro de Educación, Pablo da Silveira, para que informe en torno al recorte de fondos para ese rubro que se aplicaría en el próximo Presupuesto Quinquenal.

El legislador frenteamplista Sebastián Sabini criticó que el gobierno tome la ciencia como ‘un gasto más’ y que Udelar dejará de recibir el equivalente a 13 millones de dólares, lo que calificó de durísimo golpe a la institución uruguaya.

Por su parte, el diputado José Carlos Mahía escribió en su cuenta de Twitter que ‘en tiempos de pandemia valoramos mucho más la necesidad de seguir invirtiendo en investigación, ciencia y tecnología’.

Los trabajadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) expresaron a través de un comunicado que no hay ‘forma de recortar el 15 por ciento sin afectar el funcionamiento y sin poner en riesgo la totalidad de los programas a ejecutar en el segundo semestre’.

Entre las afectaciones inmediatas por dicho recorte figuran las becas de posgrado hoy en curso, así como el fondo para becas de inicio de carreras universitarias, cuyas solicitudes se duplicaron, señaló Mahía.

La UTEC también considera difícil cumplir con la meta de recorte del gasto del 15 por ciento ordenada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en virtud de que hay carreras en ejecución que aún no tienen presupuestados sus últimos años.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=388861&SEO=recortes-presupuestales-en-uruguay-comprometen-educacion-superior
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Brasil en Pandemia: Como educar as 4,8 milhões de crianças brasileiras sem internet?

Noticias

A solução encontrada por muitos educadores e escolas tem sido o uso do bom e velho WhatsApp.

Quando a pandemia de Covid-19 tomou conta do Brasil e as aulas presenciais tiveram que ser interrompidas, Lúcia Cristina Cortez se deparou com um enorme desafio no ensino à distância. A diretora da Escola Municipal Professor Waldir Garcia, em Manaus, percebeu que boa parte dos seus alunos não tinham acesso à internet .

Se a educação brasileira já é palco de desigualdades há muitos anos, a necessidade do ensino remoto evidenciou ainda mais a situação. “É uma desigualdade muito grande. Tudo isso [falta de acesso à internet] já existia, mas estava invisível, e hoje a gente tem essa visibilidade. Todo o brasil foi pego de calças curtas, ninguém estava preparado. Nenhum prefeito, nenhum governador, ninguém tinha se antenado de quanto é importante todos estarem na era digital, conectados», opina Lúcia.

No caso de Manaus, a Secretaria de Educação começou a divulgar aulas através da TV aberta, o que ajuda os alunos que não possuem acesso à internet. Na escola Professor Waldir, porém, as dificuldades continuavam, já quem nem televisores existiam em muitos dos lares dos estudantes.

A desigualdade era presente dentro da própria escola. Dos 227 alunos, 50 são estrangeiros. E, dos estrangeiros, a maior parte viu os pais ficarem desempregados durante a pandemia, tendo até que se mudarem para abrigos. Televisão e celular nesses casos, conta Lúcia, é luxo.

“Isso em Manaus, ali na área urbana. Eu estive conversando com alguns colegas da área rural, ribeirinha, e não tem internet”, lembra Lúcia. A equipe pedagógica da escola, então, se uniu para realizar uma vaquinha online para conseguir doações de celulares , televisores e chips com internet para os alunos.

Depois de uma campanha de sucesso, a escola conseguiu prover celular e tem pago internet para todos os estudantes. Além disso, uma parceria permite que as famílias mais vulneráveis recebam cestas básicas em meio ao difícil cenário atual. “Não adianta dar internet, celular e TV se o principal é a fome”, garante a diretora.

WhatsApp se torna aliado

Diante desse contexto, o WhatsApp acabou se tornando um forte aliado de todos os professores da escola Professor Waldir. Por funcionar bem em qualquer smartphone simples e ser coberto pela maior parte dos pacotes de dados, o aplicativo de mensagens é uma solução mais acessível a todos os alunos.

Os professores têm gravado áudios e vídeos e enviado aos alunos. Contente, Lúcia comemora que muitas crianças estão sendo inclusive alfabetizadas à distância, já que o corpo docente se dedica a realizar ligações individuais com os alunos. “Na aula de literatura, as professoras têm gravado podcast com as histórias infantis”, exemplifica.

A escola, reconhecida nacionalmente pelo bom diálogo com a comunidade, tenta ainda continuar com o contato com as famílias, que são peça fundamental para o aprendizado das crianças, sobretudo neste momento. Para isso, os pais foram ensinados a usarem a plataforma de videoconferência Google Meet , e a escola criou e-mails para que cada um deles pudesse participar.

Para o ensino, porém, o WhatsApp ainda é o principal canal. E isso, mais uma vez, não é exclusividade da escola Professor Waldir. Um  robô criado para funcionar no mensageiro tem feito sucesso no país todo, ajudando cerca de 125 mil alunos de todos os DDDs a estudarem através do celular – 94% deles são de escolas públicas.

“A gente criou justamente por ser um canal acessível e com a hipótese de que a maioria dos alunos não teriam acesso a plataformas mais tradicionais de ensino à distância”, conta Débora Nunes, analista de produtos e soluções da Fundação 1Bi, uma das criadoras do AprendiZap .

Depois de cinco meses em funcionamento, a ferramenta de reforço escolar descobriu que 45% dos alunos que a utilizam estudam, atualmente, apenas pelo WhatsApp. “Esse dado é bom porque a gente está chegando no impacto que a gente quer, mas mostra esse problema que a gente tem no Brasil, que os alunos não estão conseguindo acessar outras plataformas”, traduz Débora.

Criado com o objetivo de ser um reforço, o AprendiZap acabou se tornando a principal plataforma de muitos estudantes e, por isso, algumas mudanças estão a caminho. Os criadores do robô investem, agora, no desenvolvimento de um canal voltado a professores, para que eles consigam direcionar melhor os conteúdos e ajudar seus alunos com mais clareza – tudo através do WhatsApp .

O legado da pandemia

Se a falta de acesso à internet evidenciou ainda mais as desigualdades presentes no sistema educacional brasileiro, pelo menos todo esse período serviu de aprendizado. Lúcia conta que, na sua escola, o corpo docente tinha muito resistência ao uso de tecnologias em sala de aula no cenário pré-pandemia.

Quando as aulas presenciais regressarem, Lúcia acredita que a tecnologia vai continuar a ter um papel fundamental na vida dos alunos e professores. “Com certeza isso a pandemia nos ensinou: o quanto é rica a ferramenta da tecnologia, como ela pode ser nossa aliada na educação. As crianças aprendem, se envolvem e gostam. Foi bom dar essa sacudida para a gente acordar”, confessa.

Fuente: https://tecnologia.ig.com.br/2020-08-08/pandemia-como-educar-as-48-milhoes-de-criancas-brasileiras-sem-internet.html

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Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte

Noticias

Por: hrw.org

Se debe mejorar el acceso de los wayuu a alimentación, agua y atención en salud durante la pandemia.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir a los wayuu, un pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en un informe conjunto y una publicación multimedia que se dieron a conocer hoy.

A causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca. El gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu.

“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19”.

La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu.

En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales. Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a

cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.

Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia. La gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el gobierno en 2018, el 90 % de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.

Si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias. El gobierno no registra todas las muertes, en parte porque muchos niños y niñas mueren en sus hogares. Si bien la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos años, este índice tampoco ha mejorado en el departamento de La Guajira, que actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país.

Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable y activa.

Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención.

Solamente 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención en salud especializada para manejar casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, una región del norte del departamento donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene solamente un hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser transportados a Riohacha, la capital de La Guajira, lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación.

En los últimos años, las autoridades gubernamentales han implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, incluyendo intentos de ampliar el acceso al agua. No obstante, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins concluyeron que estos programas han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados.

La corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud en el departamento. A través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 10 millones) como consecuencia de la corrupción o una administración deficiente de los recursos. A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción, señaló Human Rights Watch. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción.

El Covid-19 introduce un nuevo desafío para los wayuu y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid-19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas wayuu. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid-19 podrían ser devastadores para los wayuu si el virus alcanza una mayor expansión en la región, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Las autoridades habían confirmado más de 397.000 casos de Covid-19 y 13.000 muertes en todo el país por esta enfermedad hasta el 10 de agosto de 2020.

El Covid-19 podría ser transmitido fácilmente dentro de las comunidades wayuu, muchas de las cuales carecen de acceso a un suministro continuo y suficiente de agua que les permita seguir las pautas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Si se contagian, muchos wayuu no tendrán acceso seguro a un hospital.

A su vez, profesionales médicos, funcionarios y residentes locales afirman que las medidas de aislamiento en Colombia, que comenzaron en marzo y continúan al menos hasta el 30 de agosto, así como otras restricciones a la movilidad, limitan gravemente el acceso de los wayuu a alimentos.

De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene la obligación de asegurar, sin discriminación alguna, que todas las personas en el país gocen de un estándar de vida adecuado. Esto incluye como mínimo un suministro suficiente —físicamente accesible y asequible— y seguro de agua, acceso a alimentos nutritivos y a otros bienes esenciales que permiten una vida digna. Las normas internacionales de derechos humanos también protegen el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y obligan a Colombia a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Estos servicios deberían brindarse de modo que resulten culturalmente apropiados y tomen en cuenta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.

“La corrupción gubernamental en La Guajira, que en general queda impune, ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”, señaló Vivanco. “Las autoridades colombianas deben llevar ante la justicia a los responsables de la corrupción, así como asegurarse de manera urgente que la asistencia gubernamental llegue a los wayuu, especialmente durante la pandemia”.

A continuación, se presentan recomendaciones y un análisis de las medidas gubernamentales para abordar la crisis en La Guajira y combatir la corrupción.

Avances limitados en las acciones para garantizar el acceso a alimentos, agua y servicios de salud

En toda América Latina, la pobreza extrema, la degradación ambiental y la pérdida de tierras, territorios y acceso a alimentos tradicionales han contribuido a que las tasas de desnutrición entre los niños y las niñas indígenas dupliquen las de la población general. Durante años, informes sobre La Guajira han sugerido que el impacto desproporcionado de la desnutrición para los wayuu es incluso más agudo.

En La Guajira vive alrededor del 7 % de la población de Colombia, pero el departamento registra más del 20 % de las muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Según datos del gobierno, más del 75 % de las muertes por desnutrición en La Guajira corresponden a niños y niñas indígenas, aunque la población indígena representa el 42 % de la población del departamento.

La llegada masiva de ciudadanos venezolanos desde 2015 ha agravado la situación de los muy limitados sistemas de salud, agua y alimentos en el departamento, conforme lo señalaron médicos, docentes y funcionarios gubernamentales. La Guajira alberga al menos a 161.000 de los 1,8 millones de venezolanos que han migrado a Colombia, escapando de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Cientos de miles de exiliados venezolanos en Colombia atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. El gobierno colombiano y organizaciones humanitarias han adoptado medidas para brindarles apoyo en La Guajira, entre otras cosas, creando un albergue del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otorgando algunos permisos de residencia temporal, pero estas medidas resultan insuficientes ante los enormes desafíos en el departamento.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar al pueblo wayuu el derecho a acceder a alimentos, agua y atención de la salud en varios municipios de La Guajira. En sentencias de 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno que abordara la crisis. En la sentencia de 2017, la corte determinó que, en parte por la inacción gubernamental, los wayuu habían experimentado una “vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud”, y ordenó al gobierno que tomara medidas “urgentes y prioritarias” para asegurar que los niños y niñas wayuu tengan disponibilidad de alimentos, agua y servicios de atención de la salud accesibles y de calidad.

En febrero de 2017, el gobierno nacional intervino las entidades departamentales responsables del suministro de agua y de los servicios de salud y educación en La Guajira y nombró autoridades temporales del gobierno nacional para que se hicieran cargo de su administración y brindaran “orientación técnica”. El 2 de julio de 2020, el gobierno nacional restituyó la supervisión en materia de salud a las autoridades departamentales, pero los servicios de educación, alimentación y agua continúan bajo “intervención” hasta 2022.

El gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar el acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios para los wayuu en el marco de la llegada masiva de exiliados venezolanos a La Guajira, pero ha tenido resultados limitados.

En los últimos cuatro años —salvo por una breve mejora en 2017— las estadísticas sobre niños y niñas de La Guajira que sufren desnutrición aguda no han registrado mejoras significativas. Según datos del gobierno, hubo 1.607 casos de desnutrición grave en La Guajira en 2019; 1.647 en 2018; 993 en 2017 y 1.661 en 2016. En 2019, se registraron 64 muertes relacionadas con la desnutrición, mientras que en 2018 hubo 105; en 2017, 50; en 2016, 85 y en 2015, 48. La tasa de desnutrición y de muertes por desnutrición en comparación con los nacimientos en el departamento tampoco ha mejorado significativamente desde 2016.

Las muertes de niños y niñas de menos de 5 años a causa de diarrea —a menudo vinculadas con acceso a agua contaminada o insuficiente para una buena higiene— han aumentado en los últimos años, según datos del gobierno. En 2019, 46 niños y niñas de menos de 5 años fallecieron por diarrea en el departamento; en 2018, 33; en 2017, 13; en 2016, 23 y en 2015, 6. Las muertes a causa de diarrea, al igual que las muertes por desnutrición, son en gran medida prevenibles. La desproporcionada tasa de muertes por desnutrición en La Guajira, que es cinco veces más alta que el promedio nacional, resalta el pobre acceso a agua y a saneamiento en el departamento.

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins identificaron graves deficiencias en numerosos programas y políticas gubernamentales para abordar la desnutrición en La Guajira.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha establecido dos centros de recuperación en La Guajira para niños y niñas con desnutrición aguda. Además, ha creado unidades móviles para evaluar a los niños y niñas, en cada una de las cuales trabajan un profesional médico, un profesional de enfermería, un trabajador social y un promotor de atención de la salud. Entre 2015 y 2018, el gobierno amplió la cantidad de unidades de 4 a 10. Según cifras aportadas por el gobierno, en estas unidades se evaluaron 27.000 niños en 2018.

No obstante, una autoridad de salud local entrevistada en enero señaló que aproximadamente la mitad de los niños y las niñas con diagnóstico de desnutrición en el departamento no reciben asistencia en el marco de los programas de alimentos o tratamientos de ese organismo. A su vez, las unidades móviles del ICBF solamente funcionaron durante tres meses de 2019, y no han operado al menos entre enero y julio de 2020 debido a la falta de presupuesto, según señalaron funcionarios del organismo a Human Rights Watch.

La falta de familiaridad con los centros de salud y de conocimiento del idioma, así como antecedentes de discriminación y desatención, son otros factores que obstaculizan y limitan el acceso de los wayuu a los servicios de salud. Muchos wayuu hablan únicamente wayuunaiki y no dominan el español, no todos los trabajadores de atención de la salud hablan wayuunaiki y no siempre hay intérpretes disponibles.

El tratamiento por desnutrición puede requerir hospitalizaciones prolongadas, en particular para los niños que tienen tanto desnutrición aguda como otras enfermedades. Es posible que los padres y madres no estén habituados a permanecer en hospitales o en ciudades, o no estén a gusto con la idea de dejar a sus hijas e hijos enfermos con personal médico en el cual no confían, según señalaron autoridades de salud y residentes. Asimismo, residentes y personal médico destacaron que el costo que deben afrontar las familias para permanecer cerca de los hospitales mientras sus hijos se encuentran hospitalizados suele ser prohibitivo.

Las brechas en la cobertura de atención médica también provienen de las dificultades logísticas para llegar a comunidades remotas. Las opciones virtuales como los servicios de telesalud son difíciles de implementar debido a las limitaciones en el acceso a internet en el departamento.

Para aumentar la seguridad alimentaria para los niños y niñas en riesgo, el gobierno también ha invertido millones de dólares en programas de alimentación escolar desde 2014, incluyendo aproximadamente USD 18 millones en 2019. Pero los alimentos proporcionados a veces han sido demasiado escasos o no han estado en buenas condiciones, según señalaron autoridades de la comunidad wayuu, fiscales locales y trabajadores de asistencia regionales. En algunas oportunidades, los contratistas a cargo de alimentos no han tenido en cuenta a los cientos de niños y niñas provenientes de Venezuela y los docentes han tenido que fraccionar las comidas para cubrir las necesidades de esos niños.

Las iniciativas gubernamentales para llevar agua a las comunidades indígenas de La Guajira se están llevando a cabo a un ritmo lento, a pesar de que el agua se está volviendo progresivamente más escasa y su acceso es cada más importante. Las autoridades gubernamentales han creado pozos, puntos provisorios de suministro público de agua y acueductos para mejorar el acceso al agua de las comunidades. Como parte de un programa en el que participan múltiples organismos, la Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira, que comenzó en 2015, el gobierno informó que había construido o reparado 249 “soluciones de agua” hasta fines de 2019, incluidos pozos que funcionan con energía solar y eólica, instalaciones para el almacenamiento de agua y algunos pozos entubados profundos.

Sin embargo, los residentes manifestaron que muchas “soluciones de agua” se han contaminado o dejado de funcionar debido a falta de mantenimiento y que algunas solo funcionan de modo intermitente, puesto que el funcionamiento de sus bombas depende de que haya viento. Indígenas wayuu, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organismos humanitarios señalaron que el agua de estos pozos a veces está sucia, tiene color amarronado o verdoso, o un sabor salado. Human Rights Watch visitó varios pozos y jagüeyes—reservorios indígenas de agua a cielo abierto— en diversas comunidades y encontró que, si bien algunos funcionaban y eran accesibles, el agua era turbia en ciertos casos y había presencia de animales como cabras o perros, lo cual representa un riesgo de contaminación.

El Ministerio de Vivienda ha comenzado a instalar pilas públicas —puntos provisorios de suministro público de agua— como parte del proyecto Guajira Azul, que comenzó en 2018. Aunque estas pilas pueden brindar acceso al agua en este contexto de urgencia, no son soluciones permanentes. En lugar de establecer medidas provisorias, se deberían construir y mantener fuentes de agua potable seguras y sostenibles.

Las soluciones provisorias también están siendo implementadas a un ritmo lento: al mes de marzo, el Ministerio de Vivienda había finalizado solo uno de los 19 puntos provisorios de suministro de agua que planeaba construir con financiamiento de la cooperación internacional antes de 2022. También había obtenido financiamiento para otros cuatro, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de La Guajira. Un funcionario local informó que el plan se encuentra interrumpido en la actualidad a causa de la pandemia.

Otra medida temporal que beneficia a algunas comunidades es la entrega de tanques de agua suministrados por el gobierno. No obstante, la entrega plantea dificultades porque las comunidades wayuu tienden a encontrarse dispersas en zonas rurales. Residentes y autoridades locales explicaron que las entregas a veces son infrecuentes y que en ocasiones deben caminar varias horas para obtener agua. Este sistema no puede garantizar la calidad del agua ni la ausencia de contaminación en los puntos de recolección o de uso, dada la falta de presupuesto suficiente para realizar un monitoreo y tratamiento del agua.

Las autoridades colombianas —incluyendo la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo— también han señalado graves falencias en la respuesta del gobierno ante la crisis. Un funcionario de la Procuraduría, un órgano independiente responsable de proteger los derechos humanos y supervisar las decisiones de los funcionarios gubernamentales, manifestó que “existe incumplimiento por parte de la mayoría de las entidades” para adoptar “medidas adecuadas y necesarias” para abordar la situación de La Guajira. De manera similar, la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe de diciembre de 2019, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, que “[n]o se evidencian avances significativos en las medidas de largo plazo” que se necesitan para enfrentar la crisis.

Obstáculos al juzgamiento de hechos de corrupción

En 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la corrupción fue uno de los principales factores que afectaron el acceso de los niños y las niñas al agua, a los programas de alimentación escolar y a los servicios de salud en La Guajira. La corte determinó que la contratación de estos servicios fue realizada con poca transparencia y señaló que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debían priorizar las medidas para sancionar la corrupción en el departamento.

En los casos sobre programas de salud y de alimentación que se encuentran actualmente bajo investigación, la Fiscalía estima que se han perdido más de 13.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 5 millones) desde el año 2014 a causa de la corrupción en el departamento. A través de 14 auditorías realizadas a programas de alimentación escolar en La Guajira, la Contraloría determinó que se habían perdido cerca de 30.000 millones de pesos (casi USD 10 millones) por razones de corrupción o mala administración. En la mayoría de estos casos, la corrupción se produjo en la ejecución de contratos de prestación de servicios de alimentación y atención de la salud. Dado que estas cifras solo reflejan investigaciones de un grupo limitado de casos, es probable el valor total de los fondos perdidos a causa de la corrupción en La Guajira sea mucho más alto.

En abril de 2020, la Fiscalía, que lleva adelante investigaciones penales, informó a Human Rights Watch que estaba adelantando al menos 28 investigaciones en La Guajira por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinados a servicios de alimentación y salud. Estas incluyen tres contra exgobernadores y cuatro contra exalcaldes. Al mes de marzo, 21 personas habían sido imputadas en casos de corrupción y al menos 13 —incluyendo un exgobernador y cinco contratistas privados— habían sido condenadas, según manifestó la Fiscalía.

Por ejemplo, en dos investigaciones relacionadas con programas del ICBF llevadas a cabo en 2015 y 2016, los investigadores determinaron que funcionarios de gobierno y empleados de un proveedor de salud privado se apropiaron indebidamente de aproximadamente 3.712 millones de pesos (cerca de USD 1,2 millones) destinados a planes para proporcionar alimentos y atención médica integral a más de 28.000 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas o lactantes en 2015. Los fiscales comprobaron que se habían utilizado facturas falsas, inventado nombres falsos y realizado pagos de alquileres por el doble del valor real. Al mes de marzo, la Fiscalía había acusado a 17 personas, incluyendo funcionarios de alto rango del ICBF, algunos de los cuales actualmente están a la espera de un juicio.

En 2017, el entonces alcalde de Riohacha, un municipio de La Guajira, y su entonces secretaria de educación fueron imputados en otro caso por la apropiación indebida en 2016 de más de 1.000 millones de pesos colombianos (USD 385.000) de un plan para alimentar a más de 16.000 niños y niñas de escuelas en comunidades rurales e indígenas de Riohacha. La Fiscalía comprobó que se les había pagado dos veces a algunos contratistas y que había sobrecostos en el  transporte. Algunos alimentos no habían sido entregados y otros no eran “aptos para el consumo humano” o eran de “mala calidad”, según los fiscales a cargo del caso. La Fiscalía informó a Human Rights Watch que el exalcalde y la exsecretaria fueron imputados y enviados a prisión preventiva en febrero de 2017. Otras personas todavía están siendo investigadas como parte del caso.

También se han producido casos de corrupción relacionados con los servicios de agua en La Guajira. Por ejemplo, en noviembre de 2016 la Fiscalía logró la imputación de 11 personas, incluido un exalcalde de Riohacha, por corrupción en la construcción de un acueducto entre 2012 y 2014. El acueducto nunca funcionó y los fiscales estiman que se perdieron más de 12.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 3,9 millones) a causa de la corrupción.

Si bien los fiscales han iniciado y llevado a cabo muchas investigaciones sobre corrupción en La Guajira, estas y futuras investigaciones sobre corrupción en el departamento enfrentan grandes obstáculos.

Un obstáculo fundamental es la cantidad limitada de fiscales que se ocupan de la investigación y el procesamiento de casos de corrupción en La Guajira y el número excesivo de casos que tienen a su cargo, según manifestaron los fiscales a Human Rights Watch. De los 47 fiscales que actualmente trabajan en La Guajira, solamente dos se encargan de casos de corrupción de funcionarios públicos, ambos de ellos en Riohacha. Cada uno tiene más de 400 casos a su cargo, según señaló la Fiscalía.

La cantidad de investigadores que apoyan a los fiscales en su trabajo también es insuficiente. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el área de la Fiscalía que se encarga de brindar apoyo investigativo y forense a los fiscales en procesos penales, cuenta con aproximadamente 60 investigadores en La Guajira. Pero solamente tres de ellos trabajan en los más de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación en este momento. Solamente uno de los tres ha recibido alguna capacitación para llevar adelante investigaciones sobre corrupción. Ninguno tiene formación en contabilidad ni análisis financiero, habilidades que, según señalaron los fiscales, son necesarias para adelantar estas investigaciones.

Los riesgos de seguridad que enfrentan los fiscales e investigadores también han menoscabado su capacidad de investigar delitos. Varios fiscales manifestaron a Human Rights Watch que han recibido amenazas por llevar a cabo investigaciones en la región. En 2016, al menos seis fiscales y cuatro investigadores que manejaban casos de corrupción en La Guajira fueron transferidos a Bogotá porque su seguridad estaba en riesgo, según señalaron los fiscales.

Numerosas investigaciones se llevan a cabo en Bogotá, donde hay muchos más fiscales e investigadores, algunos de los cuales se especializan en investigar la corrupción. De hecho, muchos de los casos en que la Fiscalía de la Nación ha logrado avances sustanciales contra la corrupción en La Guajira han sido investigados por la Unidad Nacional Anticorrupción basada en Bogotá. No obstante, como regla general el derecho colombiano obliga a los fiscales en Bogotá a presentar estos casos ante los tribunales de La Guajira, que también son escasos y enfrentan importantes demoras y problemas por la carga de trabajo atrasado.

El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene la responsabilidad de supervisar el trabajo de los jueces en todo el país, señaló que solo hay seis juzgados en La Guajira que se pueden ocupar de casos de corrupción. Al mes de junio, los juzgados manejaban un promedio de 1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada uno. El departamento tiene un tribunal con dos salas penales, cada una con dos funcionarios, incluyendo al juez. Debido a la abrumadora cantidad de casos, las audiencias de casos de corrupción son programadas aproximadamente cada siete meses, lo cual causa demoras significativas, según señalaron fiscales, autoridades de la Fiscalía y un funcionario de la Procuraduría a Human Rights Watch.

Otros tipos de investigaciones sobre corrupción en La Guajira también han producido avances muy limitados.

La Procuraduría, que está a cargo de llevar adelante investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos, ha logrado avances muy limitados —si es que alguno— en la investigación de hechos de corrupción en La Guajira. La Procuraduría informó a Human Rights Watch que ha iniciado 92 casos de corrupción en La Guajira desde 2016. Dos funcionarios gubernamentales han sido acusados, pero ninguno ha sido sancionado en procedimientos disciplinarios hasta el momento. Una razón clave que explica las demoras es la falta de personal suficiente. Un funcionario de la Procuraduría manifestó en marzo a Human Rights Watch que solo había un procurador a cargo de los casos de corrupción. Al mes de marzo, tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo, así como varias otras tareas.

La Contraloría, que puede sancionar a los funcionarios gubernamentales o a particulares que realicen una mala administración de los recursos públicos, también ha logrado resultados muy limitados. La Contraloría señaló en abril que había iniciado 28 investigaciones sobre corrupción en La Guajira desde 2016, incluyendo 21 que estaban relacionadas con programas de alimentación. En marzo, de esas 28 investigaciones, 23 seguían en curso y 3 se habían archivado.

En otros tres casos, la Contraloría archivó las investigaciones porque las personas investigadas devolvieron parte del dinero presuntamente robado o mal administrado. Entre las personas que están siendo investigadas hay 7 funcionarios gubernamentales, incluyendo dos exalcaldes, y al menos 21 contratistas, incluyendo varios de comunidades indígenas. En relación con casos de presuntas irregularidades en contratos de alimentación y atención en salud ocurridos 2016, la Contraloría había recuperado, hasta marzo de 2020, solamente 8 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2.719) de los casi 6.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2,1 millones) que esta entidad estima que se han perdido a causa de desmanejos y corrupción.

Recomendaciones

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins instan al gobierno del presidente Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de los niños y niñas indígenas wayuu de La Guajira a tener acceso a alimentos, agua y atención de la salud, liderando iniciativas orientadas a lo siguiente:

  • Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura y elementos de higiene suficientes a las familias de La Guajira que están expuestas al mayor riesgo de desnutrición, particularmente mientras las escuelas estén cerradas debido a la pandemia o por otros motivos.
  • Asegurar que, en coordinación con autoridades indígenas, las comunidades wayuu reciban la ayuda financiera nacional y local prometida por el gobierno como parte del paquete de estímulo fiscal por el Covid-19 para Colombia. Los requisitos para la solicitud de asistencia deben ser comunicados de manera clara, en idioma wayuunaiki y en español, y deben ser diseñados de manera apropiada para evitar las barreras técnicas o burocráticas.
  • Brindar pruebas de Covid-19 y atención médica que sean accesibles y asequibles para todas las personas de La Guajira.
  • Garantizar a las comunidades wayuu el acceso inmediato a servicios de salud, lo cual incluye aumentar los fondos para reactivar las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para detectar y tratar la desnutrición; ofrecer asistencia, incluyendo subsidios al transporte de ida y vuelta a los hospitales; y brindar apoyo económico para que las personas accedan a servicios de salud y compren los medicamentos necesarios.
  • Integrar las creencias, las costumbres y los métodos tradicionales de las comunidades wayuu en las prácticas médicas y los centros de atención de la salud. Esto incluye trabajar junto con sanadores tradicionales, asegurar la disponibilidad de intérpretes de wayuunaiki y emplear servicios culturalmente apropiados en los centros médicos; por ejemplo, utilizar hamacas, en las cuales muchos wayuu están habituados a dormir, cuando resulte posible.
  • Priorizar planes para crear establecimientos de atención de la salud permanentes en comunidades wayuu o cerca de ellas, especialmente en la Alta Guajira.
  • Priorizar planes para fortalecer la conectividad del servicio de internet en zonas rurales a fin de implementar servicios de telesalud y mejorar el acceso a información y la consulta de servicios de salud, en coordinación con sanadores locales en quienes la comunidad confía y de conformidad con las normas culturales de los wayuu.
  • Ampliar las iniciativas relacionadas con medios de subsistencia en las comunidades wayuu, así como el apoyo para la extensión de actividades agrícolas, brigadas de salud animal y apoyo para cooperativas agropecuarias o establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático en La Guajira a largo plazo.
  • Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir pilas públicas como una medida temporal en todo el territorio de La Guajira, orientando los esfuerzos particularmente a las comunidades expuestas a un mayor riesgo, y realizar mantenimiento de estas pilas de forma periódica.
  • Agilizar y dar prioridad a los planes para establecer y mantener sistemas permanentes de agua en las comunidades wayuu.
  • Ampliar la capacidad para registrar y brindar asistencia a los migrantes venezolanos que procuran obtener documentos de identidad y permisos.
  • Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, a fin de que esta información sea utilizada para definir políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos.
  • Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que manejen las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada a estos funcionarios para investigar hechos de corrupción.
  • Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira, incluyendo a través de presupuestos participativos y una supervisión comunitaria genuina, y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

La investigación y redacción de este informe fueron llevadas a cabo por personal de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins. Los autores que forman parte de Human Rights Watch son  Hilary Rosenthal, la Leonard H. Sandler Fellow; Nathalye Cotrino, asistente de investigación; Juan Pappier, investigador de las Américas; y Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de las Américas. Shannon Doocy, profesora asociada de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, y la Dra. Alia Sunderji, médica de emergencia pediátrica y MPH de Johns Hopkins, también son autoras de este informe.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte

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Argentina – Libro: La memoria entre la política y la ética

Reseñas

La memoria, entre la política y la ética

Libro

Héctor Schemucler

(Compilación de su obra 1979 – 2015)

Schmucler, Héctor
La memoria, entre la política y la ética / Héctor
Schmucler ; editado por Vanina Papalini ; prólogo de
Hugo Vezzetti. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : CLACSO, 2019.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-722-498-6

 

Este libro constituía uno de los “pendientes” de Héctor Schmucler.
Inicialmente pensado a partir de la insistencia de algunos amigos vinculados al mundo de la edición, hubo una primera –y única– lista que yo misma elaboré para impulsar la tarea, en 2006. El
proyecto no avanzó y nuevos artículos se agregaron a los de entonces. Otros intentos, en 2012 y 2017 –en esta última ocasión,
contando con el auxilio de Oliverio Schmucler–, no superaron la
identificación y acumulación física de revistas y libros. La muerte
cerró ese acervo, pero también lo desordenó de una manera inimaginable. Héctor no llevaba currículum, ni siquiera una nómina
sucinta de su producción; solo ubicaba los libros y las revistas que
contenían sus trabajos en un lugar específico de su estudio radicado en San Ambrosio, en las sierras de Córdoba. Las cajas que llegaron con el desmantelamiento súbito de esa casa no guardaron
sus clasificaciones. En enero de 2019, a la tristeza de la pérdida se
sumó la desesperación: dos habitaciones de nuestro hogar estaban
llenas hasta el techo de cajas y libros. Allí estaban, aguardando ser
descubiertos, muchos de los artículos y capítulos que forman parte de este volumen. (Papalini, p.12)

Descarga el libro completo en este link: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191129044115/La-memoria-entre-la-politica-y-la-etica.pdf

Fuente de la Información: CLACSO Novedad Editorial – Colección Legado

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