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Argentina cerrará el 2020 con casi 63% de niños pobres

América del Sur/Argentina/09-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

Unicef indicó que al culminar el año, el país tendrá 1,2 millones de niños en situación de pobreza.

Al finalizar 2020 habrá 1,2 millones de pobres más entre los niños, niñas y adolescentes de Argentina que el año anterior, según un informe de Unicef elaborado en base a las nuevas proyecciones de caída del PBI que actualizó el que la organización realizó en mayo, que pronosticaba que 750 mil NNYA caerían en situación de pobreza para la misma época, números afectados por la pandemia de coronavirus.

Las nuevas estimaciones presentadas hoy alertan que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad chicas y chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones, con lo cual el porcentaje NNYA pobres alcanzaría casi el 63% (62,9%) al final de este año.

Unicef basa sus cálculos en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y los pronósticos del Producto Bruto Interno (PIB) provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral que el pasado 24 de junio presentó las nuevas proyecciones por países que en el caso de Argentina dan cuenta de un incremento de la pobreza infantil de 4,3 puntos porcentuales en junio en relación a la estimación de mayo, pasando del 58,6% al 62,9% actual.

Estos datos forman parte del informe “Actualización de la estimación de pobreza infantil” que presentó Unicef junto a los resultados de la “Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes”.

La encuesta Unicef muestra que, más allá de la apertura de actividades, de la flexibilización de la cuarentena en parte del país y del programa de asistencia al trabajo y a la producción, aún hay 2,6 millones de hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos, lo que representa 45% del total.

La representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, destacó que -en este contexto- el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza al 47% de los hogares, frente al 22% que lo recibía en abril.

“Son 13 millones de personas que habitan en 2,8 millones de hogares donde al menos un miembro recibe el IFE”, dijo Brumana y señaló que la continuidad de los programas de protección social “es clave para evitar que más hogares caigan en la pobreza extrema”.

“Deben redoblarse los esfuerzos para que ninguna familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera de estos beneficios”, agregó.

Una de las variables en las que impacta con más fuerza la disminución de los ingresos en los sectores vulnerables, es en el consumo de alimentos.

Los programas alimentarios como la Tarjeta Alimentar alcanzan al 36% de los hogares (frente al 19% en abril); el porcentaje de hogares encuestados que dejó de comprar algún alimento por no tener dinero disminuyó levemente del 28 al 26% de acuerdo al informe.

No obstante, la concurrencia a comedores populares aumentó (pasó del 8% al 10%) y mejoró notablemente el acceso: en abril el 8% de las personas que concurrieron a un comedor reportaron problemas para acceder o retirar viandas; en julio este porcentaje se redujo al 1%.

Fuente: https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Argentina-cerrara-el-2020-con-casi-63-de-ninos-pobres-20200805-0054.html

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Colombia: Universidades de Medellín piden más presupuesto para ciencia en 2021

América del Sur/Colombia/09-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com

El grupo G8, compuesto por las principales instituciones educativas de la ciudad, envió una carta al Gobierno manifestando la preocupación frente al bajo monto asignado. Según ellos, lo proyectado “está significativamente por debajo de lo que era el presupuesto asignado a Colciencias” anteriormente.

“Con base en la información presentada a la luz pública en días recientes relacionada con el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el período 2021, manifestamos nuestra preocupación con el bajo monto asignado a la Ciencia, Tecnología e Innovación -CTI.” Así arranca la carta enviada al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a representantes y senadores del país, firmada por los rectores de las principales 8 instituciones de educación superior de Medellín.

Todos, organizados bajo el nombre del Grupo G8, argumentan que para conseguir que “Colombia migre hacia un modelo de sociedad del conocimiento, con el fin de lograr mayor soberanía tecnológica así como un desarrollo social y económico sostenible” es necesario una inyección económica más alta a la proyectada para el próximo año. Puesto que el presupuesto anunciado en el documento borrador es de $256,465,162,527, un monto muy por debajo de lo que venía recibiendo Colciencias, cuya estructura y función se convirtió en MinCiencias.

Para los rectores, con este mensaje no se están acatando las recomendaciones dictadas por la Misión Internacional de Sabios creada el año pasado. Tal proyección es, además, desalentadora frente a la emergencia por el Covid-19 que demanda el apoyo suficiente para el desarrollo científico. De ahí que los representantes de las universidades EAFIT, CES, EIA, Medellín, Nacional, UPB, UdeA y la Corporación Universitaria Lasallista pidan revisar la propuesta actual.

“Hacemos un llamado a revisar dicho componente del Presupuesto General de la Nación, para aproximarse a lo que el Señor Presidente anunció cuando se entregaron las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios sería la inversión proyectada para el año 2028 de 1,20% del PIB en innovación y desarrollo (I+D), donde el 0,80 por ciento corresponda a recursos públicos y el restante 0,40% provenga del sector privado”. Así lo anunciaron en la carta remitida.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/universidades-de-medellin-piden-mas-presupuesto-para-ciencia-en-2021/

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Ecología de los Saberes para la Democracia Cognitiva, Participativa y Protagónica

La Interacción Socioeducativa como práctica para Civilizar la Ciencia y Cientifizar la Ciudadanía.

Oswaldo Espinoza

La Democracia del Siglo XXI, exige una educación del siglo XXI con escuelas y universidades del nuevo milenio, por esta razón en el marco del proceso Bolivariano en Venezuela se ha impulsado la transformación de las relaciones entre las instituciones educativas y la sociedad de la que forman parte, es así como surgen las políticas vinculadas con la triada Escuela – familia – comunidad en el proyecto educativo nacional de educación básica y media y el Proyecto Socio-comunitario, socio-integrador o socieducativo en las universidades nacionales nacidas en el marco del proceso político Revolucionario.

Para la Universidad Bolivariana de Venezuela esta práctica se designa originalmente como Interacción Socioeducativa, el cual en opinión del autor resulta el término adecuado en comparación con el que se asume ahora dentro de la institución: Integración Socioeducativa; la razón es muy sencilla y es que si bien la interacción con las comunidades debería procurarse armoniosa y buscar la integración, la comunidad no es el único actor de la sociedad con las que la institución educativa deberá interactuar en su transformación de torres de marfil e islas académicas en sujetos plenos del proceso de desarrollo y construcción del proyecto de país consagrado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; de hecho con algunos de estos actores la interacción puede ser de necesaria confrontación y denuncia, como por ejemplo con grandes corporaciones que atenten contra la salud de la humanidad o la naturaleza producto de sus prácticas industriales.

Más allá del asunto de la designación de esta práctica socioeducativa, la misma se ha convertido en una forma ciertamente revolucionaria de estrechar los vínculos entre las instituciones educativas, sus estudiantes y docentes con la realidad de sus comunidades de origen para la solución participativa de las problemáticas locales, el aprovechamiento sustentable de sus potencialidades y la producción de conocimiento pertinente y creíble, en tanto contextualizado en la realidad y legitimado por la participación ciudadana. No obstante, las aseveraciones expresadas en estas últimas líneas sufren los embates de dos formas de producción de no existencia de la razón metonímica, de acuerdo a la definición de las Sociologías de las Ausencias realizada por el Boaventura de Souza en el Milenio Huérfano, estas formas son la monocultura del saber y de las clasificaciones sociales, de las cuales la sociedad venezolana, y especialmente los actores académicos no pueden o no quieren desprenderse, reproduciendo dichas lógicas consciente o inconscientemente.

De esta forma, por una parte las escuelas y universidades siguen asumiendose como centros de saber y guardianes del conocimiento único y verdadero produciendo en consecuencia la no existencia de las comunidades como ignorantes e inferiores; esto se evidencia cuando o bien se asume a la comunidad como simple objeto de estudio y fuente de información (riesgo academicista) y por lo tanto necesitada de la iluminación científica, o bien como víctimas incapaces (riesgo asistencialista) necesitada de las soluciones que solo el estado y las instituciones educativas pueden brindar. Ante estos riesgos la comunidad termina no teniendo una participación real, por cuanto no es reconocida como un actor cognoscente, completamente capaz de poseer y producir conocimiento  válido y legítimo a partir de su vivencia, de su experiencia y contacto permanente con su propia realidad; la consecuencia es que se imposibilita un diálogo real de saberes perdiéndose la oportunidad de enriquecimiento mutuo.

Si bien los riesgos citados han provocado sus efectos negativos en la interacción socioeducativa la experiencia en líneas generales ha permitido abrir los canales de diálogo y comunicación, sobre todo para la atención de la realidad comunitaria relacionada con sus problemas locales, sin embargo  se hace necesario profundizar la interacción para la producción de conocimientos en el espíritu de lo expresado por Vaz Moniz (2005) de civilizar la ciencia y cientifizar la ciudadanía; para ello resulta imprescindible en primer lugar el reconocimiento de las comunidades como entidades cognoscentes, al tiempo que las instituciones educativas reconozcan sus propias ignorancias e incluso pongan en duda algunas de sus certezas heredadas del positivismo dominante; también es fundamental para las instituciones educativas dejar de asumirse como actores separados e independientes de la realidad y menos aún como centros de la sociedad, siendo esto último un  error del propio estado nacional que afirma que la escuela es el centro del quehacer comunitario.

Otro aspecto al que se le ha prestado relativamente poca atención tiene que ver con la sustentación y construcción teórica del enfoque de la Interacción Socieducativa, razón por la cual quien escribe ha dedicado hasta ahora dos trabajos de investigación sobre el tema: La Interacción Socioeducativa, una relectura de las relaciones Universidad – Comunidad (2008), y Aportes Teóricos para los procesos de Interacción Socioeducativa Universidad – Comunidad (2013); en este sentido los aportes del trabajo: Ciudadanía, Conocimiento, Ciencia y Educación CTS, Rumbo a Nuevas Dimensiones Epistemológicas (Moniz, 2005), resultará de utilidad para el nuevo proyecto de trabajo de investigación: La Interacción Socioeducativa como Ecología de los Saberes para la Universidad del Siglo XXI.

Volviendo sobre la Interacción Socioeducativa como práctica histórica del proceso bolivariano, es pertinente preguntarnos ¿qué se hace y que es necesario implementar a partir de las lecturas del trabajo de Moniz?; en primer lugar esta experiencia ya vincula a todos los estudiantes de las universidades experimentales y las nacidas en revolución con sus realidades locales a través de Proyecto Socioeducativo a lo largo de todo su proceso formativo, un trabajo que se realiza en, para y sobre todo con la comunidad (aunque este aspecto se ve afectado por los riesgos citados en párrafos anteriores); en este misma dirección los trabajos de investigación de grado surgen de la experiencia de proyecto, evitando de esta forma la fobia TMT (Todo menos tesis) y la perversa práctica de las tesis por encargo; de esta forma se contribuye a la solución de problemas reales comunitarios al tiempo que se promueve la investigación directamente en el entorno social.

Lo expuesto en el párrafo anterior sin lugar a dudas que constituye un logro en el camino correcto, no obstante atendiendo los desafíos de civilizar la ciencia y cientifizar la ciudadanía es necesario profundizar la participación ciudadana y comunitaria, en la toma de decisiones sobre el proceso investigativo y evitar caer en imposiciones incoherentes con el proyecto nacional, como por ejemplo cuando se trató de establecer como orden vertical que todos los proyectos, del Programa de Formación de Grado en Comunicación Social de la UBV, fueran sobre medios de comunicación alternativos sin tomar en cuenta las diversas realidades con las se pudieran encontrar los investigadores en nuestro amplio territorio y nuestra multicultural sociedad. Participar en las decisiones de política académica y de investigación va desde la definición participativa del diseño de líneas de investigación hasta la decisión de cambiar el título o un objetivo en el informe del trabajo final de grado; es decir,  se trata de asumir a la comunidad como Co-investigadora con todas sus implicaciones.

Por otro lado resulta imprescindible reforzar el papel de la comunidad como contralora de la acción política del estado y sus instituciones incluyendo a las universidades con sus “expertos y especialistas”, no solo como una función de vigilancia sino también como acompañamiento calificado, tanto desde el conocer del entorno y su realidad, como desde sus conocimientos y saberes científicos o ancestrales de los que los académicos podemos (y debemos) aprender mucho.

Finalmente es cierto que la participación ciudadana y comunitaria en los proyectos técnicos e investigaciones científicas puede tener sus límites producto de toda una tradición pública centrada históricamente en el asistencialismo y paternalismo de estado que desestimula la participación en los procesos, e incluso en una cultura consumista e individualista heredada del capitalismo y la transculturación que no permiten a la ciudadanía identificar problemas reales y graves, ocultos tras necesidades creadas convertidas en prioridad producto de la colonialidad; en todo caso es allí donde debe intervenir el proceso de cientifizar la ciudadanía, reconociendo y certificando sus conocimientos y saberes, acompañándolos en los procesos de sistematización y tecnificación sustentables de sus experiencias y conocimientos, a la par de brindar las oportunidades para adquirir o crear juntos nuevos conocimientos en el marco de una Ecología de los Saberes.

Referencias:

Castillo-Cubillos, Mónica. El papel de la participación ciudadana en las políticas públicas, bajo el actual escenario de la gobernanza: reflexiones teóricas. CS [online]. 2017, n.23, pp.157-180. ISSN 2011-0324. Disponível em: http://dx.doi.org/10.18046/recs.i23.2281

Vaz Moniz dos Santos, Maria Eduarda. Cidadania, conhecimento, ciência e educação CTS: Rumo a «novas» dimensões epistemológicas. Revista Iberoamericana de Ciencia, tecnología y sociedad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , v. 2, n. 6, p. 137-157, dic. 2005.

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Asociación colombiana de economistas negras: «Lo que queremos es darle poder a la gente; a las mujeres negras»

La economía puede leerse como una herramienta de construcción al servicio de comunidades y personas, si se entiende, interpreta y analiza a la luz de la clase, el género y la raza. A partir de aquí nace la propuesta de la Asociación Colombiana de Economistas Negras por una economía descolonizada.

Según información recopilada del censo nacional de 2018 y publicada por la Asociación Colombiana de Economistas Negras, en Colombia existen 1 millón y medio de mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, de las cuales solo el 43,4% estuvieron ocupadas durante ese año. De igual manera, las mujeres negras solo representan el 0,4% de las personas matriculadas en la educación superior, y su promedio de ingreso supera por poco los 700 mil pesos mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente en el país ($877.803).

“La Asociación nace a raíz de la necesidad principalmente de compartir la invisibilidad estadística que hay actualmente sobre los grupos étnicos y principalmente sobre las mujeres negras afrocolombianas. Aunque muchos documentos, muchas relatorías de organismos internacionales han sugerido que Colombia debe avanzar en la desagregación de sus estadísticas por grupos étnicos para mejorar las políticas públicas con un enfoque diferencial que se realiza, para conocer la situación real y actual de los grupos étnicos y mejorarla, realmente los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no son suficientes”, afirmó Ana María Valencia, integrante de la Asociación Colombiana de Economistas Negras.

La Asociación se declara abierta y participativa y está conformada por mujeres que evalúan de manera crítica las formas a través de las cuales se ha estudiado y ejecutado la economía en el mundo, a partir de la visión del hombre blanco privilegiado. Frente a esto Valencia afirma que “nosotras creemos en la economía como una herramienta al servicio de las comunidades y personas. Para eso, toca descolonizarla, entender una economía desde nosotras, mujeres históricamente discriminadas”.

Así, se concibe la economía como una herramienta que puede contribuir a la apropiación y el empoderamiento de las comunidades, con el fin de “enfrentarse a un Estado que es tecnocráta, un Estado donde sus funcionarios se ufanan de un conocimiento técnico que en ocasiones los representantes de las organizaciones de los Consejos Comunitarios no tienen. La Asociación quiere contribuir con esas herramientas analíticas, metodológicas, consensuales de proyectos de ley, de iniciativas, de temas presupuestales, para que la gente negra organizada tenga mejores herramientas para discutir sus derechos y las garantías de sus derechos con el Estado”, enfatiza Ana María Valencia.

Una de sus propuestas consiste en el contraste de las fuentes que exponen este tema; “evaluar lo que han dicho otras instituciones, investigaciones, lo que nosotros decimos también. Es importante para cuestionar esas cifras, para ponerlas a hablar entre ellas, pero también con la realidad. Por ejemplo cuando el gestor de Departamento Nacional de Planeación -DNP- nos dice que una persona que tiene $250.000 al mes ya hace parte de la clase media. Nosotras tenemos que ir a los documentos a las fuentes de las que se están pegando esos funcionarios para salir con esas teorías (…) Es difícil con entidades oficiales porque esos son los indicadores que se tienen en cuenta para tomar decisiones en el país, pero nuestra tarea es desnudarlos, es primero: darle la información a la gente para que no piense que esa es la última palabra, y segundo: que se sepa que se puede exigir y contribuir a la generación de información”

La mirada crítica que proponen también se puede aplicar a los modelos de crecimiento y desarrollo, cuestionando la visión que ubica a la comunidad y al territorio como elementos lucrativos, “pero que va en detrimento de las cosmogonía y cosmovisión de las comunidades negras. Nosotras como economistas también queremos desarrollo en los territorios afro, pero un desarrollo que sea consultado, que vaya en la misma vía con lo que nosotros pensamos que es el buen vivir y el bienestar”.

En concreto su propuesta busca analizar y ejercer la economía desde una perspectiva de género y de raza que parte de reconocer las dinámicas de poder, basadas en el racismo y género en Colombia.

La Asociación, cuya inauguración fue el pasado 25 de julio, Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, se propone crear acciones enfocadas en la “información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas del pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras”. Esta declaración incluye además un horizonte de valores y principios orientados hacia las garantías de Derechos Humanos y la autodeterminación como derecho colectivo de las comunidades negras.

Por lo pronto, la Asociación Colombiana de Economistas Negras resume su objetivo en «contribuir a que las organizaciones del pueblo negro y de las mujeres en particular puedan tener herramientas para la exigibilidad de los derechos, pero además para que la economía deje de ser ese pedestal de gente que habla cosas que las personas no entienden. Queremos que la economía sea algo cercano, sea visto como una herramienta útil que se pueda entender de forma sencilla y para que no nos metan los dedos a la boca. En últimas lo que queremos con la Asociación es darle poder a la gente, darle poder a las mujeres negras”. 

Fuente: https://www.colombiainforma.info/entrevista-lo-que-queremos-es-darle-poder-a-la-gente-a-las-mujeres-negras/

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Venezuela: Sindicato de Maestros: 5 de cada 10 educadores no podrá iniciar clases a distancia

La dirigente sindical de los maestros en Caracas asegura que no hay un plan para el inicio del nuevo Año Escolar 2020-2021 y refirió que, según los datos manejados por su organización, en el periodo escolar anterior solo 30% de los estudiantes de escuelas del país pudieron cumplir con la carga académica y los parámetros de la educación a distancia

La secretaria de reclamos del Sindicato de Maestros, Griselda Sánchez, reportó que 5 de cada 10 maestros de escuelas nacionales en el país no cuentan con computadores o equipos telefónicos para entablar el encuentro a distancia con sus alumnos en este nuevo Año Escolar 2020-2021, que empezará el 16 de septiembre “con o sin pandemia”, tal como declaró recientemente el dirigente de la cartera de Educación, Aristóbulo Istúriz.

La dirigente sindical en Caracas y vocera del sector educativo para la Unidad refirió que, según los datos manejados por su organización y el gremio docente, en el periodo escolar anterior, cuyos últimos 4 meses se ejecutaron en medio de la cuarentena por la llegada del nuevo COVID-19 a Venezuela, solo 30% de los estudiantes de escuelas del país pudieron cumplir con la carga académica y los parámetros de la educación a distancia.

“De manera irresponsable hemos visto cómo se han promovido a tantos jóvenes de un grado a otro sin haber alcanzado las competencias mínimas… Tenemos casos puntuales de escuelas consultadas donde hemos podido ver que había profesores que no estaban enviando las actividades y, sin embargo, se les colocó la nota a los estudiantes con mucha irresponsabilidad”, destacó Sánchez.

La vocera del gremio docente refirió que las limitaciones no solo son de los educadores, que con sueldos que no superan los cuatro dólares calculados al monto paralelo no pueden acceder a tecnologías, sino que abarcan también a los estudiantes en toda Venezuela que luchan contra las carencias económicas, la falta de equipos y la ausencia de servicios públicos para entregar asignaciones y mantener un proceso educativo autodidáctico en gran medida.

Los datos expuestosa por Sánchez en entrevista telefónica con El Pitazo concuerda lo dicho por la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos afiliados, quienes en un comunicado conjunto tras terminar el Año Escolar 2019-20202, indicaron que programas como el de clases por TV no funcionaron, por la improvisación con que fueron elaborados.

“La modalidad de educación a distancia online, decretada por el actual Gobierno, fracasó, porque en el país no existen las condiciones idóneas para el desarrollo de este programa. Venezuela cuenta con el peor internet de América Latina; la gran mayoría de docentes y estudiantes no cuentan con recursos tecnológicos, como laptop, computadoras, teléfonos inteligentes para el desarrollo y evaluación de los contenidos programáticos y, además, es un hecho público y notorio que hay estados del país que pasan entre ocho y doce horas sin servicio eléctrico”, se desprende del documento.

Desde el Sindicato de Maestros aseguran que hasta el momento no hay ningún plan que se haya dado a los docentes para el inicio del nuevo Año Escolar. Sánchez insiste en que el Magisterio venezolano mantiene su exigencia de ajustes presupuestarios para capacitar tecnológicamente a las instituciones y sueldos equivalentes a los 600 dólares para mejorar las condiciones de los docentes y en concreto de todo el sector educativo.

Fuente: https://elpitazo.net/gran-caracas/griselda-sanchez-cinco-de-cada-diez-maestros-no-pueden-iniciar-ano-escolar-a-distancia/

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Colombia. Matrícula Cero exigen los estudiantes en la Universidad Nacional

Continúa la lucha estudiantil por la «Matrícula Cero»; estudiantes de la Universidad Nacional, realizan la protesta desde el 27 julio de 2020. Se encadenaron en las sedes de Bogotá, Medellín Palmira y Manizales, exigen el no pago de matrícula al Gobierno Nacional.

«No es lógico que en medio de esta emergencia sanitaria se cobre la matrícula en la universidad pública; razón por la que dicen el Estado debe responder».

Las protestas se desarrollan con los protocolos de bioseguridad establecidos; además se instaló un campamento humanitario en la portería de la carrera 26. Carlos, estudiante de Derecho, informó que “Los días previos a la toma de la sede Bogotá, fueron de preparación; se conformaron los comités de salud, pues, obviamente estamos en una pandemia y no podíamos irnos descalzos a realizar esto como si nada, y podíamos dar una excusa para que nos sacaran fácilmente, fue un tiempo de planeación”.

Al inicio de la manifestación los estudiantes tuvieron dificultades con la División de Vigilancia y Seguridad – DVS, de la Universidad Nacional; y aunque explicaron las razones de la protesta se generó un proceso de persecución en contra de los estudiantes que están en esta toma pacífica.

Carlos afirmó: “Estamos en un Estado que le gusta perseguir al pensamiento disidente, y que le gusta perseguir a la población colombiana que piensa diferente, y que tiene una actitud revolucionaria, y que tiene una actitud no conformista frente a la vida, frente a los problemas sociales en general”.

Aunque hubo una gran cobertura y divulgación a través de los distintos medios de comunicación. Según los estudiantes, los medios nacionales tergiversaron la información; afirmando que todos los semestres se le paga a los estratos uno y dos la matricula, lo cual es mentira.

Otra de las tergiversaciones seria que los estudiantes tendrían un 42% de descuento en la matrícula; afirmación que rechazo Carlos y agregó:

“Lo que se ve es que va a haber un alto porcentaje de deserción estudiantil, por la cantidad de estudiantes que están por fuera del rango de los estratos uno y dos, es de un porcentaje muy alto, es increíble”.

El Gobierno Nacional debe responder

Los estudiantes que participan en el plantón, afirman que exigencia  es para el Gobierno Duque; “el gobierno debe cubrir los déficits fiscales históricos que tiene la Universidad Nacional, que hoy es superior a los 70 mil millones y no demora en llegar a los 80 mil millones de peso. Esta es una cifra mucho menor a la que el Gobierno le regaló en plena pandemia a los bancos, suma que se acerca a los 500 mil millones”. Invitan a la comunidad universitaria a unirse a las peticiones y pretensión por Matrícula Cero y pago del déficit fiscal.

Para los estudiantes es un descaro que el Gobierno cobren un derecho fundamental en plena crisis;  La familias están sorteando la crisis en medio de la necesidad, desempleo y problemas económicos. Estas condiciones evidencia la necesidad que plantearse a la gratuidad no solo para este semestre, sino definitiva; además indican que la «Matrícula Cero» también debería aplicar para las universidades privadas.

Violaciones a los Derechos Humanos y estigmatización

“Han sido días de mucha tensión, la División de Vigilancia y seguridad nos ha tenido cercados, no hemos podido ir a buscar leña para hacer una buena fogata, no nos dejan pasar de la portería de la 26 y desde aquí hemos gestionado las necesidades que tenemos, la comunidad ha sido muy amena con nosotros, no solo la comunidad estudiantil, sino también los profesores y administrativos, nos han ayudado con mercado, con agua, sobre todo la comunidad barrial, las organizaciones sociales y movimientos también han venido a apoyarnos”.

Nicolás Garzón Becerra, estudiante de Derecho que desde el primer día les cortaron el servicio de agua que ni siquiera es potable dijo que “darse cuenta de que fuimos a la lavar algo en una llave que hay fuera de un edificio, inmediatamente quitaron el cerrojo de la llave para no dejarnos usarla”. Agregó que reciben apoyo de las familias,  el Padre Campo Elías – Capellán de la Universidad Nacional y la Primera Línea de Bogotá.

Con respecto a la negociación con la universidad; los estudiantes aseguran que: “lo único que ha hecho la universidad es mandar el comunicado número 18 de la rectoría, donde aseguran que los estudiantes son unos irresponsables por no tener en cuenta que estamos en medio de una pandemia”.

Nicolás y Carlos invitaron a los estudiantes de las diferentes universidades en todo el país para que se sumen a este ejercicio de reclamar el no cobro de la matrícula o «Matrícula Cero«.

Carlos manifiesta “que es una discusión que comunidades, sociedades, incluso países en el mundo han resuelto y es que los derechos no pueden estar sujetos al mercado, en esta pandemia nos damos cuenta de que el modelo económico que tenemos en Colombia tiene pies de barro, no es un sistema que pueda sostener una sociedad en general, que además en Colombia se comprueba que es sustancialmente desigual, es decir no puede ser que la buena educación sea un privilegio”.

El acceso a educación universitaria no debe ser un privilegio

En las universidades del país, los estudiantes han luchado porque el acceso no sea un privilegio; es deber de los gobiernos garantizarlo, las luchas iniciadas en la pandemia por «Matrícula Cero«, son semilla para las luchas por la gratuita, una educación científica y al servicio de los colombianos, no del mercado.

El gobierno debe cubrir el déficit histórico,   que solo en la Universidad Nacional asciende a 72 mil millones de pesos semestrales; y que a 2018 se calculaba en 15 billones de pesos. En medio de la pandemia el Gobierno Duque mediante decreto 662, ordenó la entrega recursos de tan solo 5 mil millones de pesos, recursos insignificantes ante déficit y desfinanciación de la educación superior.

Senadores y representantes apoyan las movilizaciones por «Matrícula Cero»

En una carta enviada por los senadores de la Bancada Alternativa a la Ministra de Educación María Victoria Ángulo  voluntad política exigieron asegurar matricula cero para los y las estudiantes de las Universidades públicas. En la comunicación expresan:

“La pandemia ha afectado notablemente los bolsillos de las familias colombianas debido a la pérdida del empleo y las restricciones a la movilidad por las cuarentenas en las distintas ciudades, afectando entre otras, las posibilidades de continuar los estudios de educación superior, calculados en alrededor del 50% de deserción a lo largo y ancho del país, según un comunicado emitido por varios rectores de las principales universidades en días pasados.

La cifra, señalan los congresistas en la misiva, es mucho más preocupante para las y los estudiantes de las universidades públicas, pues las familias de los estratos 1 y 2 que han accedido a la educación superior son quienes más han sido afectados por no contar con garantías laborales, empleo formal o posibilidad de ahorro”.

Fuente: https://kaosenlared.net/colombia-matricula-cero-exigen-los-estudiantes-en-la-universidad-nacional/

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